Siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, el Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la frontera, luego de que confirmaran ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, en Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al detallar las medidas adoptadas ante el actual contexto de riesgo en la zona limítrofe.“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, se activó el Puesto de Mando Unificado para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, al explicar que el dispositivo busca una respuesta integral tanto en materia social como de seguridad.El ministro advirtió que, de manera paralela, se ordenó la activación de todas las capacidades operativas de la fuerza pública para anticipar y neutralizar posibles acciones violentas de estructuras armadas ilegales que operan en la región. En ese sentido, fue enfático en señalar a organizaciones criminales de carácter transnacional como la principal amenaza.“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN u otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, afirmó Sánchez, al tiempo que precisó que “las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.Dentro del paquete de medidas adoptadas, el Gobierno también decidió reforzar la seguridad de las sedes diplomáticas consideradas estratégicas. Según el ministro, se incrementó el esquema de protección de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el fin de garantizar su integridad y prevenir cualquier incidente.“Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, indicó el ministro, al subrayar que estas acciones hacen parte de los protocolos preventivos activados en el marco de la coyuntura regional.Finalmente, el ministro de Defensa reiteró que el manejo de la política exterior y las relaciones internacionales es una atribución exclusiva del jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución. “Acorde a la Constitución, las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, concluyó.Las autoridades aseguraron que el PMU permanecerá activo y en permanente evaluación, mientras se mantiene el despliegue de seguridad en la frontera y la atención a las comunidades que puedan verse afectadas por la situación.
En un mensaje de la Cancillería, replicado por el presidente Gustavo Petro, se fijó la posición del gobierno rechazando lo que ocurre en territorio vecino.En esa medida, el Gobierno siguiendo en línea con lo dicho por el presidente Petro más temprano, pidió respeto a la soberanía y la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias internacionales."El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", reiteraron.Así mismo, se dispuso de las medidas necesarias para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias."La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada", puntualidad el comunicado.Finalmente, el presidente Gustavo Petro agregó en su publicación la siguiente frase: "Que Bolívar proteja al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano".
Un balance positivo en materia de seguridad entregó la Policía Nacional al cierre de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que se evidenció una reducción sostenida de varios delitos de alto impacto en Colombia, con énfasis en el homicidio.De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, durante esos dos meses los homicidios se redujeron en un 5,5 %. En diciembre, la tasa nacional alcanzó los 26 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se registraba desde hace 20 años en época decembrina.El comportamiento a nivel regional mostró una disminución importante en varios departamentos. Putumayo reportó la mayor reducción del país, con un 72 % menos de homicidios, seguido de Risaralda, con una disminución del 43 %; Atlántico, con el 29 %; Antioquia, con el 13 %; y Cundinamarca, con el 9 %.Para el brigadier general Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, estas cifras son el resultado de la implementación de estrategias focalizadas, el fortalecimiento del control territorial y la intensificación de las acciones preventivas en zonas priorizadas. “Lo que significan 158 vidas salvadas frente al mismo periodo del año 2024. Detrás de cada cifra hay una familia que hoy no llora una ausencia. Este avance se siente en el territorio: 16 departamentos y 264 municipios registraron disminuciones significativas, con resultados destacados como Bogotá, Barranquilla y Pereira”, señaló el general.En total, 364 municipios del país registraron menos homicidios. Bogotá presentó una reducción del 17 %, equivalente a 47 casos menos; Barranquilla, una disminución del 36 %, con 41 homicidios menos, mientras que Pereira se destacó con una reducción del 64 %, lo que representa 38 casos menos frente al mismo periodo anterior.En términos de modalidades, se evidenció que el homicidio cometido por medio del sicariato disminuyó en un 3 %, pasando de 1.790 a 1.728 casos en los últimos tres meses del año. Asimismo, las muertes derivadas de riñas descendieron de manera significativa, con una reducción del 14 %, correspondiente a 75 casos menos.A la par, la violencia intrafamiliar se redujo en un 18 %, mientras que los feminicidios presentaron una disminución del 27 %, de acuerdo con los registros oficiales.Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia “Una Navidad con Propósito”, que incluyó un mayor despliegue policial en toda Colombia. En medio de las labores, se logró la captura de 802 personas por homicidio y la incautación de 2.698 armas de fuego, acciones que, según la Policía, fueron determinantes para la reducción de los indicadores de violencia al cierre de 2025.
Al menos tres muertos y cuatro detenidos dejó este viernes una operación militar contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, en el departamento del Amazonas informaron fuentes oficiales.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló en X que desde "el 1 de enero en el área del río Caquetá, área no municipalizada Mirití-Paraná, Amazonas", la fuerza pública avanza en "una operación ofensiva" contra Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', jefe del EMC y el criminal más buscado de Colombia."No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias 'Mordisco' es desmovilizarse", agregó Sánchez.El alto funcionario señaló que la operación, que combina "inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acción judicial actuando con precisión y contundencia", ha dejado tres muertos, cuatro heridos y tres menores reclutados por este grupo recuperados.También fue incautado "armamento de alto poder, munición y equipos de campaña" y "medios fluviales usados para el crimen"."A quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano, el llamado es claro y permanente: abandonen la violencia y entréguense. Persistir en la guerra solo es un dolor para su propia familia", expresó el ministro.El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a 'Iván Mordisco', a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.
El Comité Autónomo en la Regla Fiscal está encendiendo las alertas por los impactos que tendrá el incremento del salario mínimo en las finanzas del Gobierno nacional y calcula que solo en 2026 el déficit aumentarán 5,3 millones de pesos, lo que aleja la posibilidad de volver a la senda fijada por la Regla Fiscal.El Gobierno elevó el salario mínimo en 23,7% bajo el argumento de que es necesario cerrar las brechas entre las ganancias de los trabajadores y el costo de la canasta de vida. Incluso el Gobierno está cambiando el concepto y ya no habla de salario mínimo sino de salario vital.Sin embargo, la decisión podría tener un impacto severo en unas finanzas públicas que ya están golpeadas y que ya llevaron a la declaratoria de un estado de emergencia económica. Vale recordar que el Gobierno suspendió la aplicación de las regla fiscal, argumentando que quería evitar un colapso en la prestación de servicios del estado debido a la falta de recursos."Cálculos preliminares y parciales del Carf indican que el efecto el aumento en el SMMLV aumentará el déficit fiscal de 2026 en, por lo menos, COP 5,3 billones (0,3% del PIB) y COP 8 billones (0,4% del PIB) de 2027 en adelante", señaló el cómité en un comunicado.Los principales caminos por los cuales el salario mínimo afecta las finanzas del Gobierno nacional no solamente incluye el pago de salarios, sino también el pago de pensiones y la posibilidad de que las empresas en Colombia tengan menos utilidades y paguen un menor impuesto a la renta.Además, el gobierno nacional tendría que pagar valores adicionales por los servicios de aseo y cafetería que hoy en día lo están a cargo de funcionarios públicos, sino más bien de empresas contratistas.Uno de los impactos más importantes es la posibilidad de que se reduzcan las utilidades de las compañías. Este tema por sí solo podría costarle a la nación 2,7 billones de pesos de menores impuestos para el año 2027.El argumento principal del Gobierno es que un mayor salario servirá para impulsar el crecimiento económico y sostiene que las empresas tendrán mayores ganancias. Sin embargo, esa posibilidad no está contemplada dentro de los cálculos del comité.
Pese a la solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación donde se abrió la investigación disciplinaria y adopción de medidas preventivas al alcalde de Barbosa, Marco Cortés, por el evento taurino que no contaba con todos los requerimientos legales, el líder del municipio hizo caso omiso a la circular del ente de control.En video quedó registrado cómo el alcalde, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, insulta y agrede a la comunidad, lanzando objetos, ante los reclamos que le realizaban por el maltrato animal que estaban sufriendo los toros.El evento que terminó en riña, fue denunciado por el diputado Danovis Lozano, “eso es algo de verdad de las peores cosas que hemos visto aquí y los pobres toros, los pobres toros maltratados. Ayer, pues intentamos a toda costa evitar que asesinaran a estos pobres animales que el único delito que cometieron fue haber nacido”.La polémica logró que los animales que se encontraban en la feria, no fueran sacrificados. Danovis Lozazon, afirmó que días anteriores Marco Cortés había hecho comentarios despectivos por las redes institucionales de la alcaldía a quienes rechazaban la “Temporada taurina”.“Un alcalde borracho, un alcalde que insultaba, que hacía señas, gestos con los dedos de forma obscena, eso da para una investigación en Procuraduría y también con las escenas que grabamos del maltrato a los animales también la ley tiene que entrar en acción”, indicó Lozano.El Representante a la Cámara junto con el congresista Cristian Avendaño, el concejal Camilo Machado y Carlos Parra y mi persona están elaborando un informe completo, para radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por maltrato animal, con evidencias de videos."También ante la Procuraduría vamos a extender esta denuncia que habíamos hecho porque las evidencias están. La gente nos contó que no tenían una póliza para poder realizar este evento", señaló el diputado Lozano.
Las historias de infidelidad siguen ocupando un lugar protagónico en redes sociales, donde miles de usuarios comparten experiencias personales que, por lo impactantes, terminan volviéndose virales. Una de las más recientes es la de una mujer que descubrió que su esposo le era infiel con una de sus mejores amigas, un relato que ha generado indignación y debate entre internautas.La historia fue contada por una creadora de contenido identificada como “Jessica con J”, quien explicó que todo ocurrió dentro de un grupo de tres amigas muy unidas. Según su relato, dos de ellas estaban casadas y la tercera era soltera. Durante años, su amistad fue cercana y constante, hasta que una confesión cambió por completo la dinámica entre ellas.De acuerdo con Jessica, la amiga soltera, a quien llamó “Anita”, les reveló que se sentía atraída por un hombre casado, padre de dos hijas, y que además conocía a su esposa. La noticia causó sorpresa, y aunque Jessica intentó advertirle sobre las consecuencias de involucrarse en una relación así, otra integrante del grupo la animó a seguir adelante sin sentirse culpable.Pese a las advertencias, Anita continuó viéndose con el hombre. Con el paso de los días, compartió detalles cada vez más comprometedores, incluso una fotografía que evidenciaba que se encontraba en un hotel con él. Jessica aseguró que pidió no saber más del tema, mientras que la otra amiga celebraba la situación.La tensión aumentó cuando la amiga casada contó que había tenido una discusión con su esposo y que él se había marchado de casa. Horas después, al no tener noticias de él, decidió rastrear su celular y descubrió que su ubicación coincidía con un hotel. Alarmada, contactó a Jessica y juntas se dirigieron al lugar.Al llegar, la mujer se encontró cara a cara con la dura verdad: su esposo estaba allí con Anita. Según el testimonio, la confrontación fue directa y marcó el final definitivo de la amistad entre las tres. Desde ese momento, no volvieron a tener contacto.El video en el que Jessica relata lo sucedido se difundió rápidamente en redes sociales y ya suma millones de reproducciones.
El incremento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23 % y defendido por el presidente Gustavo Petro como una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, genera preocupación en el gremio del servicio doméstico. Así lo expresó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, en Mañanas Blu, en la que advirtió que la medida podría traducirse en despidos y mayor informalidad.El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Sin embargo, desde el sector del trabajo doméstico aseguran que el impacto real va más allá del ingreso mensual.“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado. Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada supera ampliamente el salario base. “Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, señaló, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.La dirigente sindical advirtió que esta situación ya está generando decisiones por parte de los empleadores. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, aseguró. En su concepto, solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir ese costo: “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”.Hurtado cuestionó, además, las cifras oficiales sobre el número de personas que trabajan en este sector. Mientras el DANE habla de alrededor de 700.000, ella sostiene que la cifra real es mucho mayor. “Según lo que manejamos los sindicatos, hay casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras del hogar en Colombia”, dijo, y agregó que “el Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”.Uno de los grupos más afectados sería el de quienes trabajan por días. De acuerdo con la presidenta del sindicato, unas 350.000 personas laboran bajo esta modalidad. “La que más gana por día recibe 100.000 pesos y ahí va todo: no hay contrato, no hay prestaciones y muchas veces ni siquiera les dan alimentación”, explicó. También denunció que, tras la pandemia, muchas empleadoras exigen que el trabajo de varios días se haga en una sola jornada.Sobre la posibilidad de reclamar derechos, Hurtado fue contundente: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar? Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; yo llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”.La situación de las trabajadoras internas tampoco es clara, según indicó. “Hay que esperar con qué van a salir las patronas. Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por el posible aumento del desempleo en el sector.Finalmente, Hurtado cuestionó la falta de representación del gremio en la negociación del salario mínimo. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló. También criticó la falta de apoyo institucional: “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”.
En un gigantesco operativo fue capturado en el barrio Ciudad Meléndez, al sur de Cali, alias ‘Gato Celi’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Chone Killers’, una organización criminal de tipo narcoterrorista transnacional con injerencia en Ecuador.Según la Policía, este hombre se escondía en Cali para evadir a las autoridades ecuatorianas, ya que era buscado por múltiples delitos. A alias ‘Gato Celi’ se le atribuyen más de 48 homicidios, además de desapariciones, secuestros, extorsiones y torturas.“Logramos la captura de Cristian Eduardo Pastor Valverde, alias ‘Gato Celi’, cuando realizaba compras en un establecimiento comercial. Ya contábamos con información precisa sobre su ubicación y, gracias a la articulación entre las autoridades, se concretó esta captura, que es de gran importancia para Ecuador”, señaló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.Le puede interesar: Con diálogos con bandas criminales, Gobierno Petro intenta salvar la paz total del fracaso totalEl detenido era solicitado por los delitos de concierto para delinquir y delincuencia organizada en Ecuador. Fue dejado a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para adelantar el proceso judicial correspondiente.“Ecuador tiene un plazo aproximado de entre tres y cinco días para solicitar formalmente a Colombia la extradición del capturado. Una vez se reciba la solicitud del gobierno ecuatoriano, se iniciarán los trámites administrativos y judiciales necesarios para hacer efectiva la extradición”, explicó el general.Las autoridades también informaron que alias ‘Gato Celi’ habría llegado a Cali en octubre de 2024. Se presume que cambiaba de residencia mensualmente y utilizaba identidades falsas para alquilar apartamentos a través de plataformas virtuales, con el fin de evadir la acción de las autoridades.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a las personas que lo siguen enviar una carta al presidente Trump exigiendo el respeto a su libertad de expresión y también su retiro de la lista Ofac. El mandatario calificó esto como toda una campaña para llenar las oficinas de la Casa Blanca y también la del senador Marco Rubio de misivas en las que se solicite la exclusión de dicho listado, por el cual bloquean sus cuentas y le impiden hacer cualquier tipo de negocio con EE. UU.“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, dijoEl mandatario insistió en que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína. “Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: Saquen a Petro de la Ofac".El mandatario también se refirió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del mandatario argumentando que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender servicios que lo cobijen.“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.”, concluyó.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
En una semana marcada por la sombría conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985), las imágenes de la tragedia reviven con una intensidad dolorosa, recordándonos la violencia que se desató en la mismísima Plaza de Bolívar de Bogotá. La radio y la prensa de la época jugaron un rol crucial, llevando a los hogares el horror con un despliegue informativo inédito. Varios medios titularon la tragedia de manera impactante: hubo reportes que hablaban de un palacio "A sangre y fuego, arrasado", otros sentenciaban que "Fue una muerte anunciada", y algunos más afirmaban que "La muerte pasó por aquí".Cuatro décadas después, el debate no ha cesado. La controversia se mantiene viva no solo por las incógnitas judiciales, sino por la profunda cicatriz emocional y política que el Holocausto dejó en el país. En medio de este ambiente de reflexión, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia, puso el dedo en la llaga al confesar que, tras tanto tiempo, "lo más fuerte es la sensación de abandono".El trauma colectivo y la inmadurez democráticaLa sensación de abandono a la que se refiere Urán no es solo personal o familiar, sino institucional y social. La directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, enfatizó que el país no ha logrado superar la confrontación que inició el conflicto armado, manteniéndose en una peligrosa inmadurez democrática y emocional."No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar y cómo exigir valores democráticos", aseveró, señalando que el trauma colectivo es tan grande que impide una conversación honesta. Según su análisis, es "mucho más fácil echarle la culpa al otro" que tener el coraje de mirar de frente lo sucedido. De hecho, lamentó que, incluso en un contexto de contienda electoral, los hechos del Palacio de Justicia "se utilicen como causa política de lado y lado", calificando la instrumentalización política de la tragedia como "absolutamente inaceptable" y ofensiva contra las víctimas.Cuando la política desdibuja la verdadUn punto de profunda indignación para Elena Urán fue la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente pareció equiparar a su padre con víctimas que sí empuñaron las armas. "Él también hace uso de estos para defender una postura política," reclamó, agregando que, en el caso del mandatario, la gravedad es mayor porque "pretende equiparar a sus víctimas (...) con las víctimas que no empuñaron las armas y de una otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M19 frente a los hechos".Su reclamo es que esta confrontación y la manipulación del relato solo favorecen a los "actores armados", y no permiten a la sociedad civil construir "unos diálogos con más altura". Además, criticó la actitud de algunos magistrados de las altas cortes que utilizan estos hechos para posicionar su postura política, olvidando su labor como administradores de justicia y pasando a ser "un político más".En el caso particular de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya historia es especialmente trágica (salió vivo y luego apareció muerto con un disparo en la cabeza), la lucha por la verdad continúa. A pesar de una sentencia internacional, Elena Urán lamenta que las decisiones de la Fiscalía han sido "revisionistas", llegando a "desconocer pruebas". Confirmó que el proceso sigue abierto, pues aunque la situación es "lamentable", todavía hay un camino por recorrer para desentrañar lo que realmente sucedió con su padre.
El Partido Político Comunes denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependencia creada en 2017 como resultado del Acuerdo Final de Paz.De acuerdo con la colectividad, alrededor de 18 personas que prestaban servicios profesionales en esta Subdirección fueron notificadas en las últimas semanas de la no continuidad de sus contratos para el año 2026, sin que existan llamados de atención o incumplimientos que sustenten la decisión.“Es importante destacar que, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, se creó en el año 2017 como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz, cuyo objetivo es el de brindar las garantías de seguridad y protección a Firmantes del Acuerdo, integrantes de Comunes y los familiares de los dos anteriores, por tanto, es necesario que funcionarios y colaboradoras que prestan sus servicios Subdirección cuenten con el aval de confianza”, explican en el comunicado.El partido manifestó su preocupación porque entre las personas afectadas hay trabajadores en condición de discapacidad, y porque la decisión se adopta antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, lo que limitaría sus posibilidades de acceder a un nuevo empleo y afectaría su sustento económico.“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, con el aval de la dirección de la misma entidad, es decir, con la venia del doctor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que tomar la decisión de prescindir de los servicios profesionales de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sin razón alguna que lo justifique, deja ver la falta de respeto y empatía para con las personas que decidieron darle la oportunidad de paz al país”, denunciaron desde el partido.Finalmente, Comunes responsabilizó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a la subdirectora Natalia Margarita Parada Garzón, por la presunta vulneración de derechos laborales y reiteró su llamado a respetar la confianza legítima, el debido proceso y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.La decisión quedó consignada en uno de los varios decretos que tradicionalmente se expiden al cierre del año y fue publicada por el Ministerio de Defensa.El documento, fechado el 31 de diciembre de 2025, extiende la vigencia de la suspensión desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, en los mismos términos y condiciones establecidos en normas anteriores.En particular, hace referencia a lo dispuesto en el Decreto 2362 de 2018 y a las facultades conferidas al presidente por la Constitución y la ley para preservar el orden público.El decreto establece que su vigencia comienza a partir de la fecha de publicación y ordena su cumplimiento en todo el país. La norma fue firmada por el presidente y por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Cabe mencionar que en Colombia se ha debatido el porte de armas durante muchos años. Hay un proyecto que propone eliminar la figura del porte especial y fue planteado por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez.Implica que personas sin antecedentes ni penales ni psiquiátricos puedan acceder a un arma para su defensa; sin embargo, este tipo de iniciativas no han prosperado en el legislativo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que hubo "lancheros" que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe."Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU.En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas.Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, lo que dejó tres muertos.El país norteamericano mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.Las tensiones escalaron tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.En ese sentido Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses.Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos delincuentes son capturados por agentes de la Policía Metropolitana de Popayán, en el sur del país, durante la noche del pasado 31 de diciembre de 2025.Las imágenes, compartidas inicialmente por usuarios y replicadas en plataformas como X e Instagram, evidencian cómo, mientras los uniformados proceden a la detención, uno de los hombres implora que no lo arresten alegando a las autoridades que “es 31 de diciembre", y que les "colaboren".El hecho fue capturado por un transeúnte de la zona, quien posteriormente fue amenazado por uno de los detenidos, quien expresó, en tono intimidante: "Cuando me lo encuentre...". Además, los hombres acompañaron la amenaza con un gesto obsceno, mostrando el dedo medio a la cámara mientras eran filmados. En ese instante, los agentes cierran la puerta de la camioneta para llevar a los dos hombres a la comisaría.Pese a que, hasta el momento, no se ha divulgado un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Popayán ni de la Fiscalía General de la Nación que detalle el motivo específico de la captura de los dos hombres, como el delito por el cual los individuos estaban siendo requisados o si existieron denuncias previas que motivaran la intervención, ya son varias las reacciones a este hecho en redes sociales.Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cargos que enfrentarían los dos hombres capturados, ni se ha confirmado si ya fueron judicializados o puestos a disposición de un juez de control de garantías.
La justicia envió a prisión a John Jairo Leguia González, pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia, aprovechándose de su rol como guía espiritual y de la confianza que las víctimas depositaban en él.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría utilizado la posición de reconocimiento y liderazgo que ostentaba dentro de la congregación para engañar y manipular a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”.Durante estas reuniones, según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el pastor les proponía realizar rituales en los que debían desnudarse, bajo el argumento de aplicarles un “aceite ungido” como parte del proceso espiritual. En ese contexto de fe, confianza e indefensión, las mujeres eran presuntamente presionadas y coaccionadas para permitir tocamientos y actos de carácter sexual, haciéndoles creer que hacían parte del rito religioso.La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres, todas mayores de edad, habrían sido víctimas de estos hechos. Para la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en un entorno especialmente sensible, en el que el procesado se valía de su investidura religiosa para someter a las víctimas.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que se trató de un “aberrante abuso sexual”, cometido por quien fungía como líder espiritual de la iglesia. Según explicó, Leguia González citaba a las feligresas con el pretexto de realizar oraciones y rituales, mientras les aplicaba aceite de oliva en todo el cuerpo, incluidas partes íntimas.Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés imputó al pastor los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, una juez penal de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión con la que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
El mercado de motocicletas en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante diciembre se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,86% frente al mismo mes de 2024.En el acumulado entre enero y diciembre de 2025, el sector alcanzó un crecimiento del 34,94%, superando el millón cien mil unidades matriculadas en todo el año. El informe destaca que este comportamiento reafirma el papel de la motocicleta como un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.Por marcas, Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de registros en diciembre, con Bajaj a la cabeza al alcanzar una participación del 16,43%. En cuanto a segmentos, la mayor demanda se concentró en motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos, que representaron el 46,02% del total del mercado.A nivel territorial, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,76% de los registros del país. En el ámbito municipal, Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) fueron las localidades con mayor número de motocicletas nuevas matriculadas durante el mes.El informe concluye que la motocicleta continúa siendo un vehículo clave para la movilidad y la generación de ingresos en los hogares colombianos, particularmente en los de menores recursos.
La reciente discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el servicio doméstico abrió un nuevo frente de debate político y social. En Mañanas Blu, Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia, cuestionó duramente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta Francia Márquez frente a las problemáticas del gremio, pese a que en el pasado aseguró haber sido trabajadora doméstica y representar a este sector desde el Gobierno.Para Hurtado, el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, está generando efectos adversos en el empleo del sector. Sin embargo, el momento más crítico de la entrevista se dio cuando se le preguntó por el respaldo real de la Vicepresidencia a las trabajadoras del hogar.“Nunca nos llamó, nunca nos escuchó”La líder sindical aseguró que, pese a la visibilidad política de Francia Márquez, no ha existido un acercamiento real con las organizaciones del servicio doméstico. “Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada. Cuando pedí una cita, tenía la agenda llena por dos años y nunca nos atendió”, afirmó Hurtado.Según su testimonio, ni ella ni otras representantes del gremio lograron ser recibidas por el equipo de la Vicepresidencia. “Sus asistentes no nos dejaron pasar. Intentamos por varios medios y nunca fue posible”, señaló, al tiempo que puso en duda el relato de representación que, según dijo, se ha usado en escenarios políticos.Hurtado fue más allá y cuestionó el discurso de identificación de Márquez con el servicio doméstico. “Espero que las compañeras no vuelvan a caer en la trampa de creer que porque dijo que fue empleada doméstica nos representa. Si de verdad lo fuera, se habría interesado más por este gremio”, expresó.En uno de los momentos más duros de la entrevista, la líder sindical afirmó: “Para mí eso es puro cuento. Nunca la vi interesada en las trabajadoras del hogar y ahora, como vienen elecciones, vuelve a hablar del tema”.Sin voz en las decisiones claveLa presidenta del sindicato también denunció que las trabajadoras domésticas no participan en las mesas donde se negocia el salario mínimo, pese a ser uno de los sectores más impactados. “Nunca nos preguntan qué pensamos. Nos dicen que nos representan centrales obreras a las que muchas ni siquiera estamos afiliadas”, explicó.Adicionalmente, Hurtado advirtió que el discurso oficial sobre “trabajo digno” no se refleja en la realidad del sector. “Eso no se está aplicando con las trabajadoras del hogar. Van a quedar muchas desempleadas y no vemos una salida”, concluyó.Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la Vicepresidencia y la representación efectiva de uno de los gremios más invisibilizados del país, en un momento clave para el futuro laboral de miles de trabajadoras domésticas en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El más reciente informe entregado por las autoridades de salud, entre la noche de 31 de diciembre y durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 13 personas quemadas con pólvora en varios municipios del Huila, en su mayoría adultos, donde también resultó afectado un menor de edad.El secretario de salud departamental, el médico César Germán Roa, confirmó que entre el primero de diciembre y en lo que va de la temporada de fiestas, la cifra es de 41 personas lesionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos, entre los afectados hay siete menores de edad.“Entre la noche del 31 y el 1 de enero de Año Nuevo se presentaron 13 casos en el Huila, un caso en Algeciras, El Agrado, La Plata, dos casos en Aipe, dos en Pitalito y seis quemados en Neiva, de los seis lesionados en Neiva, uno de ellos es un menor de 13 años de edad. En total se consolidan 41 personas afectadas por pólvora de las cales siete son menores de edad en lo que va de la temporada de fiestas”, anotó el médico Roa Trujillo.Le puede interesar: Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edadAgregó el funcionario de la Gobernación del Huila que la mayoría de las personas lesionadas por el uso irresponsable de pólvora, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que los menores afectados están bajo vigilancia del Bienestar Familiar.“Los municipios donde se han presentado eventos de lesionados por pólvora son El Agrado, Gigante, La Argentina, Algeciras, Suaza, Tarqui, Timaná, Acevedo, Aipe, Guadalupe, La Plata, Oporapa, entre tanto, Pitalito y Neiva son los municipios que más registran casos de quemados, solo Neiva tiene 17 casos” añadió el secretario de salud César Roa.A propósito, el funcionario de salud departamental hizo un fuerte llamado a los ciudadanos en el Huila a evitar la manipulación de estos elementos pirotécnicos, teniendo en cuenta que falta la celebración de Reyes Magos.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.El costo de pensionarse aumenta radicalmenteHasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado. Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.Este cambio implica que el "sueño de la pensión" para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.Una década más de trabajo para los colombianosLa consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional. "El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década", afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscalEl decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia. La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido. Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.Además, Velasco advierte sobre un "tiro por la culata" fiscal. Al agotarse más rápido el Fondo de Garantía de Pensión Mínima —que cuenta con unos 55 billones de pesos—, será el propio Estado quien deba asumir estos pagos en el futuro con los impuestos de todos los colombianos, lo que anularía cualquier ahorro a corto plazo que el Gobierno pretenda lograr.La polémica repatriación de capitalesFinalmente, el presidente de Asofondos criticó la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Velasco argumenta que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, ya que se verían obligados a "vender barato" afuera y "comprar caro" activos locales. Actualmente, cerca del 50% de los 520 billones de pesos administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.Para entender esta situación, imagine que usted ha estado ahorrando durante años para comprar una casa y, de repente, el vendedor le informa que el precio subió drásticamente. Ahora, usted no solo debe ahorrar mucho más dinero del previsto, sino que se ve obligado a trabajar muchos más años de los que planeaba simplemente para mantener la misma meta que antes sentía al alcance de su mano.Escuche aquí la entrevista: