El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal, se ha convertido en una referencia nacional dentro de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 16 de enero de 2026, es el 6133 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.Número ganador: 6133Dos últimas cifras: 33Tres últimas cifras: 133La quinta: 2¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?Los premios dependen de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostadoÚltima cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostadoDesde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los resultados como parte de su rutina diaria.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.
Desde este viernes comenzaron a regir nuevas tarifas en seis peajes de Antioquia, operados por la ANI, ajuste que impacta tanto a vehículos particulares como al transporte de carga pesada. Los incrementos aplican en corredores estratégicos del departamento.¿Qué peajes en Antioquia aumentaron su valor para 2026?El peaje de Cisneros se convirtió en el más costoso, de los operados por la ANI en el departamento, para los vehículos livianos, con una tarifa de 29.400 pesos para automóvil, campero y camioneta. En el caso de los camiones de seis ejes o más, el valor asciende a 123.700 pesos, siendo el más alto entre los seis puntos.En el peaje de Cabildo Trapiche, las nuevas tarifas quedaron en 20.300 pesos para vehículos particulares y 86.500 pesos para camiones de mayor capacidad. Este corredor es clave para la conexión con el norte del departamento y el movimiento de carga regional.El peaje Pandequeso fijó su tarifa en 17.700 pesos para automóviles y 60.300 pesos para camiones de seis ejes o más. Aunque no es el más alto, el ajuste también incide en los costos de desplazamiento para quienes usan esta vía de manera frecuente.Por su parte, el peaje de Copacabana (Guarne) estableció un cobro de 18.500 pesos para vehículos livianos y 90.400 pesos para carga pesada. Este punto es uno de los más transitados del área metropolitana y del Oriente antioqueño.En el peaje Palmas El Retiro, uno de los más usados hacia el oriente cercano, la tarifa quedó en 13.500 pesos para automóviles, la más baja del listado. Sin embargo, los camiones de seis ejes o más deberán pagar 53.700 pesos.Finalmente, el peaje de Amagá fijó sus nuevos valores en 20.600 pesos para automóvil, campero y camioneta, y 80.500 pesos para camiones de gran capacidad. Este ajuste impacta a uno de los corredores clave hacia el suroeste antioqueño.La preocupación de los transportadores obedece, además del aumento de los peajes, al aumento en el precio del diésel y el salario mínimo que, según ellos, ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando: "Este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”", indicó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga,
Girón, uno de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga que ha tenido mayores inconvenientes en las elecciones de alcalde, vuelve a las urnas este domingo para una jornada de comicios atípicos después de la destitución de Campo Elías Ramírez por doble militancia.Y es que el caso de este municipio santandereano ha llamado la atención incluso de los entes de control por los líos jurídicos. Aunque el periodo de mandato de un alcalde es de cuatro años, Girón tuvo seis alcaldes entre los años 2020 y 2023 por múltiples demandas.En este cuatrienio el panorama no fue diferente y a finales de octubre del año pasado la Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez para el periodo 2024–2027.A pesar de la destitución, Campo Elías Ramírez nuevamente se presenta en las elecciones atípicas pese a que abogados y expertos sostienen que estaría inhabilitado para ser candidato, pues fue ordenador del gasto en los últimos 12 meses. El exalcalde y ahora candidato vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta (31.226 sufragios frente a los 35.263 con los que ganó Campo Elías Ramírez). Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.De acuerdo con la Registraduría Nacional, el censo electoral en Girón habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.
El centrocampista colombiano Richard Ríos sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho" durante el partido del miércoles entre su equipo, el Benfica, y el Oporto y no jugará este fin de semana, según lo confirmado por el Benfica este viernes, 16 de enero, a la agencia EFE, sin ofrecer más detalles.Ríos tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre el Oporto y el Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando desclasificado.El próximo sábado, 17 de enero, las 'águilas' se enfrentarán como visitante ante el equipo Rio Ave en la fecha 18 de la Liga de Portugal en el Estadio dos Arcos de la ciudad de Vila do Conde.Richard Ríos se lesiona en Portugal: ¿se perdería el Mundial 2026?El próximo partido que tiene la selección de Colombia en la previa al Mundial 2026 es un amistoso, que se desarrollará el próximo 26 de marzo, frente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.Aunque el Benfica aún no ha emitido un parte médico oficial de Ríos posterior al partido, este incidente también abre interrogantes sobre su disponibilidad para futuras convocatorias de la Selección Colombia de camino al Mundial 2026, en las que ha sido una de las piezas habituales en las dentro de la lista de jugadores del técnico Néstor Lorenzo durante las eliminatorias sudamericanas.Mientras tanto, el Benfica deberá afrontar su próximo partido de liga ante el Rio Ave, en la decimoctava fecha de la Liga, sin la presencia de Ríos y con la duda instalada sobre la participación del centrocampista en las próximas fechas del equipo.
Ante los hechos de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y funcionarios de las alcaldías por parte de grupos armados ilegales, la Gobernación del Huila, en coordinación con las autoridades, adelantó un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que presuntas disidencias de las Farc han venido intimidando a la población civil y exigiendo cuotas extorsivas a gremios productivos, campesinos y contratistas de las alcaldías en el norte del departamento.“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, dijo el gobernador Villalba Mosquera.Por su parte, un habitante de la zona rural de Baraya, quien pidió reserva de su identidad, manifestó su preocupación por las citaciones extorsivas y agregó que también les prohíben a las comunidades transitar en horas de la noche.“Soy de la vereda El Doche. Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante. Les hacemos un llamado al señor presidente para que nos ponga cuidado”, narró un campesino de la zona.A su turno, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que, como parte de los acuerdos establecidos en el consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se definieron operativos militares y labores de inteligencia por parte del Gaula Militar y de la Sijín.“Se intensificará la acción de la Fuerza Pública en el territorio con unidades motorizadas que estarán realizando controles, patrullajes y presencia permanente. Vamos a fortalecer la inteligencia con unidades de la SIJÍN, el GAULA, equipos de investigación y, adicionalmente, con capacidades del CEAES, un grupo especial de prevención contra la extorsión, sumado a otras medidas preventivas que ya están en marcha”, concluyó Casallas Rivas.Cabe mencionar que en los municipios del norte del Huila, como Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, delinque el frente ‘Darío Gutiérrez’ del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Calarcá.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
El Gobierno Nacional expidió el decreto 1138 de 2025, una norma que cambia las reglas sobre el uso del cannabis en Colombia y autoriza por primera vez el uso de la flor de esta planta con fines médicos. A partir de ahora, las farmacias y droguerías podrán vender el producto a personas con certificaciones médicas.El decreto establece que la flor de cannabis podrá utilizarse para producir medicamentos, cremas o preparaciones recetadas, siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades de salud. También permite que los pequeños y medianos cultivadores participen en este mercado legal, con trámites más sencillos y apoyo del Estado para fortalecer sus proyectos.Según el Ministerio de Salud, esta decisión busca garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos seguros y de calidad, basados en estudios que demuestran los beneficios terapéuticos del cannabis. Además, el Gobierno espera que esta medida impulse la economía rural y contribuya a cambiar la percepción sobre el uso médico de la planta.El decreto también establece licencias extraordinarias para la investigación no comercial, regula la fabricación de derivados psicoactivos y no psicoactivos, y define que los productos con bajo contenido de tetrahidro cannabinol (THC) no serán fiscalizados. Además, introduce lineamientos técnicos para las preparaciones magistrales a base de cannabis, que deberán ser elaboradas únicamente por establecimientos farmacéuticos y bajo supervisión de químicos farmacéuticos certificados.Durante los próximos meses, los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud deberán definir las normas técnicas para la venta y producción del cannabis medicinal, así como las condiciones para la investigación científica. Mientras tanto, los cultivadores actuales tendrán dos años para adaptarse a las nuevas reglas.
En las redes sociales hay varias denuncias contra funcionarios o ministros por aparente participación indebida en política, muchas de ellas en el contexto de la consulta del Pacto Histórico que se realizó el 26 de octubre. Sin embargo, varias de ellas no se habrían tramitado formalmente.Entre las que destacan está una contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, que sí fue radicada formalmente por el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. El congresista argumentó que “la funcionaria habría vulnerado el deber de neutralidad política que rige a todos los servidores públicos, al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que invita a los ciudadanos a participar en la consulta interna”.Según Espinal “constituye una conducta incompatible con los principios de imparcialidad y moralidad administrativa establecidos en la Constitución Política, así como con las prohibiciones expresas contenidas en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011”.En la queja, el congresista solicita a la Procuraduría adoptar “las medidas necesarias para preservar la moralidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública”. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reconoció que hubo varios hechos ventilados en redes sociales, pero recordó que solo con una publicación no basta para denunciar."Se conocen primero por medios o por las redes, que no es un medio institucional de uno entender. Invitamos a quienes tienen esas quejas a que lo hagan por el correo electrónico oficial institucional de la Procuraduría o directamente en las oficinas de la sede del centro. No puede el Procurador andar pendiente de cuántas redes existen en Colombia y cuánto tuitero hay para ver si le pareció bien o no las elecciones. Recibimos las quejas y las tramitamos como corresponde", expresó Eljach.También confesó que estimaba que habría más quejas en el contexto de la jornada electoral del Pacto Histórico: "Sí, hubo varias. No tantas como se hubiera podido esperar. Se comenzaron a tramitar, ya se iniciaron las preliminares y pronto vamos a tener resultados".
Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa revelan que enero y septiembre de 2025 se registraron 10.220 homicidios en todo el país, un número preocupante que evidencia un incremento del 3 % frente al mismo periodo de tiempo del año pasado y que cada día 37 personas fueron asesinadas en todo el país.Pero el dato más alarmante corresponde a los miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio. En total, 146 uniformados fueron asesinados en lo corrido del año, frente a 64 casos registrados en 2024, lo que equivale a un incremento del 128 %.El informe detalla que los soldados son el grupo más afectado, con 68 víctimas mortales, seguidos por los suboficiales, con 14. En el nivel ejecutivo y entre los oficiales también se reportan aumentos significativos. 2025, en línea con el reporte, es el año con más asesinatos de miembros de la fuerza pública en servicio desde 2022 y el más alto de la última décadaEl número de uniformados heridos en actos del servicio también aumentó de manera considerable: 597 casos, frente a 340 en 2024, lo que representa un incremento del 76 %. Entre los lesionados, los soldados pasaron de 173 a 317 casos y los suboficiales de 30 a 54, evidenciando el aumento de ataques y enfrentamientos en zonas de conflicto.El repunte de los ataques contra la Fuerza Pública ocurre en un contexto de expansión de estructuras armadas ilegales y disputas por control territorial, especialmente en regiones del sur, oriente y Pacífico colombiano.Las autoridades han atribuido gran parte de la violencia a enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el ELN y bandas del narcotráfico, que buscan dominar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas.
El director de la Policía, general William Rincón, habló sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, señalado de ser el enlace de la Segunda Marquetalia, estructura que habría ordenado el magnicidio del senador Miguel Uribe, según lo indica la hipótesis más fuerte de las autoridades.El general Rincón explicó que se trata de “una captura de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”, y aseguró que las investigaciones avanzan con evidencias que apuntan a la participación directa de esa disidencia de las Farc.“A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio, que sería la Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, señaló el alto oficial.El general Rincón resaltó que esta es la captura más importante dentro de la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la cual ya deja nueve personas detenidas que estarían vinculadas al magnicidio.“Esta captura es resultado de un trabajo metodológico que ha permitido avanzar en la identificación de toda la cadena criminal detrás de este hecho. Los responsables, todos los responsables, los vamos a capturar”, enfatizó.El operativo contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de las Fuerzas Militares, que aportaron labores de inteligencia y coordinación en el terreno.“Damos un reconocimiento especial a la Fiscalía General de la Nación y a toda nuestra Fuerza Aeroespacial, que nos apoyó en todo momento en esta investigación desde los puntos de inteligencia”, afirmó el general Rincón.Las autoridades indicaron que continúan las labores operativas y de inteligencia para capturar a otros integrantes de la red criminal vinculada con la planificación y ejecución del homicidio.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.