Cuando recibían la suma de 10 millones de pesos producto de una exigencia extorsiva a un comerciante de Neiva, el grupo Gaula de la Policía capturó a Jhoan Solain Murillo Calderón y Joel Figueredo Terán, a quienes les hallaron en su poder un panfleto citatorio, dos celulares y dinero en efectivo.Según las investigaciones de las autoridades, estas dos personas se identificaban como integrantes del frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc para amedrentar a las víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.“El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Bosque de San Luis comuna seis, en el momento exacto en que los presuntos delincuentes recibían la suma de diez millones de pesos producto de una exigencia económica a cambio de no atentar contra la integridad personal de la víctima ni contra su empresa”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.De acuerdo con las evidencias recaudadas, desde diciembre del año anterior la víctima venía siendo intimidada mediante panfletos extorsivos y se hacían pasar por el frente ‘Darío Gutiérrez’ de las disidencias de las Farc, quienes inicialmente exigían la suma de 40 millones de pesos.Los dos capturados fueron judicializados por el delito de extorsión agravado y un juez les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La actuación de la jueza Carmen Luisa Terán en torno a la decisión de darle libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López el pasado 29 de diciembre, por supuestamente presentar buena conducta y estar estudiando y trabajando mientras cumplía con su medida en prisión, está siendo revisada.De acuerdo con la Comisión Judicial de Disciplina, es necesario investigar la conducta de la funcionaria, para lo que solicitaron que el caso sea sometido a reparto “lo más pronto posible en la primera instancia disciplinaria”.Según resume este tribunal, la jueza ha estado asociada desde su despacho del juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla a varias decisiones. Inicialmente le redujo la condena de 39 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir a 29 años.Además, posteriormente le dio la libertad condicional, lo que fue revertido por orden de un segundo juzgado, lo que lo llevó a regresar a la Penitenciaría El Bosque.“Aunque la decisión judicial adoptada antes de finalizar 2025 estaría soportada bajo argumentos de buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio en prisión, la Comisión de Disciplina Judicial considera que hay méritos para revisar esa actuación”.
De nuevo, la misión médica en el Valle del Cauca se ha visto afectada por la violencia. Pues en las últimas horas, un paciente del hospital Luis Ablanque de la Plata fue asesinado dentro de este centro médico, cuando sujetos armados lograron ingresar y lo atacaron a disparos.La víctima de este crimen fue identificada como Dayan Caicedo Morales, quien se encontraba en la sala post quirúrgica del hospital, recuperándose de una cirugía que le habían realizado tras llegar días atrás gravemente herido."La víctima había sido objeto d eun ataque sicarial en días anteriores. La Policía rechaza cualquier acto de violencia que ponga en peligro la integridad de personas que se encuentran en el cumplimiento de las actividades propias de los centros hospitalarios", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.Las autoridades avanzan en la búsqueda de los agresores de esta persona, para capturarlos y judicializarlos. Los responsables de este crimen serían integrantes de la banda criminal 'Los Espartanos', quienes ya habían atacado a la víctima días atrás, en un tiroteo registrado en el barrio Nayita. Los hechos estarían relacionados con un presunto ajuste de cuentas."Hay que rechazar este clase de acciones que vulneran a la misión médica, que debe ser lo más respetado en derechos humanos. El hospital, las ambulancias, el personal de la salud y todo lo relacionado a la misión médica. Le pido a la comunidad que nos ayude, para que de información de quienes fueron los responsables de cometer este hecho atroz, de entrar a un hospital y ultimar a una persona por una disputa económica", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, confirmó en Mañanas Blu 10:30 que presentó su carta de renuncia al cargo, decisión que calificó como “natural”, tras la publicación de un informe preliminar de vigilancia especial emitido por el Ministerio de Educación el 1 de diciembre de 2025.Arboleda explicó que su dimisión busca facilitar la estabilidad administrativa de la institución, pero dejó claro que no acepta los señalamientos contenidos en dicho informe y que se reserva el derecho de emprender las acciones necesarias para defender su nombre y la dignidad del cargo.Déficit financiero y retrasos del gobiernoEl ahora exrector sostuvo que el informe incurre en una “falsa motivación”, al atribuirle responsabilidades sobre un déficit estructural y sistémico de la universidad pública.Según Arboleda, la desfinanciación de la Universidad de Antioquia no es resultado de su gestión —que ya completaba su tercer periodo— sino de un problema histórico del sistema universitario estatal.Recordó que el propio Gobierno aprobó recientemente modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, reconociendo que la financiación de las universidades públicas es insuficiente desde hace más de 32 años.Además, Arboleda señaló que persisten retrasos en transferencias del Gobierno nacional, incluidos recursos de la ley de gratuidad, lo que ha agravado la situación financiera. Añadió que la universidad debe asumir pagos mensuales de pensiones con recursos propios, mientras las transferencias oficiales se realizan solo dos veces al año, afectando directamente la caja.También explicó que, por ley, la proporción de transferencias es de 10 a 1: por cada 10 pesos del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia aporta uno, recursos que apenas cubren entre el 50 % y 55 % del presupuesto total de funcionamiento.Presupuesto 2026 en medio de tensiones políticasArboleda confirmó que el presupuesto proyectado para 2026 pasó de 2 billones a 1,7 billones de pesos, tras un ajuste exigido por las autoridades. El resto de los recursos, explicó, debe ser gestionado por la universidad mediante consultorías, proyectos y fondos especiales, lo que —a su juicio— no debería reemplazar la obligación del Estado de garantizar la financiación básica.Finalmente, lamentó que la universidad quede atrapada en medio de las tensiones políticas entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración departamental encabezada por Andrés Julián Rendón, situación que desembocó en su salida del cargo.Escuche la entrevista completa aquí:
La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación por la muerte de la cadete Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, al sostener nuevamente que los hechos corresponden a un suicidio y que no existió conducta homicida. La petición fue presentada en una audiencia reservada, a pocos días de que el proceso prescriba.El fallecimiento de la joven cadete no solo marcó a su familia, sino que se convirtió en uno de los episodios más sensibles dentro del escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una presunta red de prostitución y explotación sexual que habría operado durante años al interior de la Policía Nacional. En ese contexto, la muerte de Lina Zapata fue inicialmente catalogada como un suicidio, tesis con la que el caso fue cerrado. Diez años después, la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio, pero ahora, nuevamente, el ente acusador retoma la hipótesis de una autolesión.Durante la diligencia, la Fiscalía sustentó su solicitud en la causal tercera de preclusión, correspondiente a la inexistencia del hecho investigado. Según explicó, esta causal procede cuando las pruebas recaudadas demuestran que la conducta delictiva denunciada nunca ocurrió. En este caso, sostuvo el fiscal, no habría existido un homicidio.Entre los elementos probatorios expuestos, el fiscal afirmó que “Lina Maritza Zapata Gómez el día de los hechos presentaba un episodio depresivo mayor”, y señaló que la causa principal de esa depresión habría sido la ruptura con su novio, a quien llamaba “el Gordo”, así como la negativa de este de acompañarla a la ceremonia de ascenso prevista para el 27 de enero, dos días después de su muerte. También aseguró que la cadete “dejó una nota suicida el día de los hechos cuando estaba en clase de tránsito”.La Fiscalía insistió en que Lina Zapata se encontraba sola en el alojamiento femenino al momento de los hechos. Según el expediente, “no se encontraba ninguna otra persona, pues Lucumí, el cadete encargado de acompañarla, estaba afuera del alojamiento esperándola”. Añadió que la joven “salió corriendo por su propia voluntad hacia el alojamiento femenino” y que “nadie la obligó ni la condujo por la fuerza”. Sobre el resultado negativo de las pruebas de residuos de disparo, el fiscal sostuvo que se trató de “un falso negativo”.Para reforzar su tesis, el ente acusador también aludió a un presunto intento de suicidio previo. En audiencia, el fiscal afirmó: “Zapata Gómez, cuatro meses antes, había intentado suicidarse. Señoría, considero que ocurrió una autolesión, una autolesión en este caso por parte de Lina Zapata Gómez (…) los mismos compañeros han mencionado cómo Lina María, esos días después de que llegó de vacaciones, presentaba una depresión permanente, lloraba todos los días”.La solicitud de preclusión fue rechazada por la representación de las víctimas, que pidió que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción y permitir un esclarecimiento integral. El abogado Jesús Vergara, representante de la familia Zapata, recordó que el expediente ya fue cerrado una vez bajo la tesis del suicidio. “Inicialmente se manejó el caso como un suicidio y la Fiscalía procedió a su cierre. Posteriormente, a través de una investigación que aportó la víctima, se determinó que existían algunas inconsistencias”, explicó.Entre esas inconsistencias, Vergara mencionó irregularidades en los patrones de manchas de sangre, que no coincidirían con la ubicación del cuerpo; la existencia de un sable que aparece en registros fotográficos y en el bosque topográfico, pero que nunca fue sometido a cadena de custodia; y presuntas anomalías con el uniforme que vestía la cadete el día de su muerte.Para la familia, cerrar nuevamente el caso impediría acudir a instancias internacionales. Según el abogado, existen peritajes que descartan una tendencia suicida en Lina Zapata y antecedentes en los que la propia Fiscalía reconoció que no se logró establecer con certeza que se tratara de un suicidio.Ahora será el juez quien deba resolver si avala la solicitud de la Fiscalía o si, por el contrario, da trámite a la oposición de las víctimas en un caso que lleva casi 20 años sin una decisión clara o definitiva.
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten a diario a través del canal regional Teleantioquia.Este juego se caracteriza por su dinámica sencilla y accesible, lo que lo convierte en una opción muy popular entre los apostadores. Permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, seleccionando una serie de números que deben coincidir, en el mismo orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.Número ganador de Paisita Día hoy, viernes 16 de enero de 2025El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 16 de enero de 2026 es el 7555 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 7555Dos últimas cifras: 55Tres últimas cifras: 555La quinta: 3Desde 2025, el Chance Paisita Día incorporó una novedad: la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, en horarios establecidos que facilitan a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados oportunamente:De lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.¿Cómo se juega el chance?El Chance Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, experiencia y expectativas de premio.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día varía según el monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con una vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.
Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa revelan que enero y septiembre de 2025 se registraron 10.220 homicidios en todo el país, un número preocupante que evidencia un incremento del 3 % frente al mismo periodo de tiempo del año pasado y que cada día 37 personas fueron asesinadas en todo el país.Pero el dato más alarmante corresponde a los miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio. En total, 146 uniformados fueron asesinados en lo corrido del año, frente a 64 casos registrados en 2024, lo que equivale a un incremento del 128 %.El informe detalla que los soldados son el grupo más afectado, con 68 víctimas mortales, seguidos por los suboficiales, con 14. En el nivel ejecutivo y entre los oficiales también se reportan aumentos significativos. 2025, en línea con el reporte, es el año con más asesinatos de miembros de la fuerza pública en servicio desde 2022 y el más alto de la última décadaEl número de uniformados heridos en actos del servicio también aumentó de manera considerable: 597 casos, frente a 340 en 2024, lo que representa un incremento del 76 %. Entre los lesionados, los soldados pasaron de 173 a 317 casos y los suboficiales de 30 a 54, evidenciando el aumento de ataques y enfrentamientos en zonas de conflicto.El repunte de los ataques contra la Fuerza Pública ocurre en un contexto de expansión de estructuras armadas ilegales y disputas por control territorial, especialmente en regiones del sur, oriente y Pacífico colombiano.Las autoridades han atribuido gran parte de la violencia a enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el ELN y bandas del narcotráfico, que buscan dominar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas.
El director de la Policía, general William Rincón, habló sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, señalado de ser el enlace de la Segunda Marquetalia, estructura que habría ordenado el magnicidio del senador Miguel Uribe, según lo indica la hipótesis más fuerte de las autoridades.El general Rincón explicó que se trata de “una captura de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”, y aseguró que las investigaciones avanzan con evidencias que apuntan a la participación directa de esa disidencia de las Farc.“A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio, que sería la Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, señaló el alto oficial.El general Rincón resaltó que esta es la captura más importante dentro de la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la cual ya deja nueve personas detenidas que estarían vinculadas al magnicidio.“Esta captura es resultado de un trabajo metodológico que ha permitido avanzar en la identificación de toda la cadena criminal detrás de este hecho. Los responsables, todos los responsables, los vamos a capturar”, enfatizó.El operativo contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de las Fuerzas Militares, que aportaron labores de inteligencia y coordinación en el terreno.“Damos un reconocimiento especial a la Fiscalía General de la Nación y a toda nuestra Fuerza Aeroespacial, que nos apoyó en todo momento en esta investigación desde los puntos de inteligencia”, afirmó el general Rincón.Las autoridades indicaron que continúan las labores operativas y de inteligencia para capturar a otros integrantes de la red criminal vinculada con la planificación y ejecución del homicidio.
El exsenador Gustavo Bolívar se refirió a la polémica interna que vive el Pacto Histórico tras la consulta del pasado domingo, en la que surgió un conflicto por quién debe encabezar la lista al Senado de esa colectividad. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bolívar reconoció que el movimiento enfrenta “un chicharrón”, como él mismo lo llamó, debido a los acuerdos previos firmados entre los precandidatos y las nuevas decisiones adoptadas con posterioridad.¿Por qué hay problema dentro del Pacto por las listas al Senado?Bolívar explicó que en un primer momento existió un acuerdo, firmado también por él, según el cual la persona que obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial encabezaría la lista al Senado. Ese pacto beneficiaría a Carolina Corcho, quien fue la segunda más votada. “Se le firmó un acuerdo donde los precandidatos nos pusimos de acuerdo en que el segundo de la consulta debería encabezar la lista”, señaló.Sin embargo, posteriormente —dijo Bolívar— se hizo otro acuerdo con María José Pizarro para que ella encabezara la lista, luego de que decidiera retirar su precandidatura para mantener la unidad del movimiento. “Posteriormente se hizo otro acuerdo ya con María José Pizarro en el sentido de que ella encabezara la lista a cambio de aportarle a la unidad su bajada de la precandidatura”, explicó el exsenador.Ante esa contradicción, Bolívar planteó que la situación se convirtió en un dilema para el Pacto Histórico, aunque aclaró que es un “dulce problema” porque las dos figuras tienen méritos y trayectoria. “Desperdiciar el potencial electoral que mostró Carolina el domingo sería una bobada, porque fueron votos conseguidos en la Colombia profunda, recorriendo el país sin dinero, seduciendo con ideas”, expresó.¿Cómo solucionar el problema dentro del Pacto Histórico?El exsenador advirtió que la decisión no será fácil para las directivas del movimiento, pues cualquier salida podría generar inconformidades internas. Una de las propuestas que ha escuchado es incluir a ambas en la lista, pero eso —según Bolívar— “implicaría mover arriba en el puesto 20 y pico a otras personas que después podrían demandar diciendo ‘yo participé y me gané este puesto, no me pueden desplazar a bolígrafo’”.Frente a las posibles salidas, Bolívar lanzó una idea propia que, según dijo, “se le ocurrió anoche y esta mañana”: que Carolina Corcho sea la fórmula vicepresidencial y María José Pizarro encabece la lista al Senado. “Es algo que tiro aquí así de la nada (…) para aprovechar el potencial de ambas, eso sería una gran cosa”, afirmó.No obstante, dejó claro que la última palabra la tendrá el Frente Amplio, donde el Pacto Histórico participará junto con otros sectores políticos. “Obviamente quien gane el Frente Amplio es el que va a decidir, o yo no sé si habrá alguna regla en ese Frente Amplio que también obligue a que el segundo del Frente Amplio, como pasó hace cuatro años con Francia Márquez, sea la fórmula vicepresidencial”, señaló.El exsenador también reconoció que parte del problema actual se debe a la falta de claridad desde el inicio. “Esto pasa porque no se dejan las cosas claras desde el comienzo. Como es un partido que están haciendo, van apareciendo vacíos que no resolvimos porque no preveímos esas situaciones”, admitió.Sobre los resultados de la consulta, Bolívar aseguró que la gran mayoría de votos fueron genuinos y no comprados, en especial los obtenidos por Corcho. “Puedo asegurar que ni uno solo de esos votos es comprado”, enfatizó. Sin embargo, cuestionó algunos apoyos dentro del movimiento y criticó la presencia de sectores tradicionales. “Hay casos como el de la esposa del alcalde de Barrancabermeja, que está a punto de ir a juicio por corrupción electoral y es ahora una de las mayores votaciones nuestras. Eso no tiene presentación”, manifestó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Gobierno de Estados Unidos confirmó en la mañana de este martes 28 de octubre de 2025 el desarrollo de una nueva ofensiva en aguas internacionales del océano Pacífico, con un operativo que resultó en la muerte de 14 presuntos narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó que, por orden directa del presidente Donald Trump, se ejecutaron tres ataques simultáneos dirigidos contra cuatro embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, estaban siendo utilizadas para el tráfico de narcóticos. Hegseth enfatizó que estos individuos eran considerados "narcoterroristas" y que las cuatro lanchas atacadas transitaban por rutas marítimas bien conocidas por las redes de tráfico de drogas. Los reportes detallan que, si bien 14 personas fueron "eliminadas", una persona sobrevivió al ataque.A propósito de esta operación y en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, afirmó que: “No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz y no parece estar dirigida a esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas".También añadió que "es 30 veces más peligroso un fentanilo que la cocaína, y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína, la única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos y la cocaína sí”, dijo“Al ser yo independiente y soberano, como buen hijo de Bolívar, pues se me castiga, tratando de que los demás presidentes latinoamericanos bajen la cabeza”, concluyó el presidente Gustavo Petro.
En una operación coordinada entre la Fuerza de Tarea Omega del Ejército y la Policía, fue capturado alias ‘Campoalegre’, señalado como presunto autor del homicidio del líder campesino Isidoro Bautista Ortiz, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en el municipio de Campoalegre, Huila.El operativo, desarrollado en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se llevó a cabo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y de la Operación Themis 2.0, que tiene como objetivo desmantelar las redes criminales del Bloque Jorge Suárez Briceño. Alias Campoalegre era uno de los hombres más buscados por las autoridades en esa zona del país.Según información de inteligencia militar, el capturado sería integrante de la estructura ‘Arturo Ruiz’, una de las facciones del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias ‘Calarcá’. Esta organización criminal es responsable de múltiples acciones delictivas, entre ellas homicidios selectivos, extorsiones y control armado en corredores estratégicos del sur del país.Alias ‘Campoalegre’ enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Militares, además del homicidio del líder social.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor