El Ejército colombiano investiga la muerte de un número indeterminado de guerrilleros en combates entre dos disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, donde según informaciones preliminares podrían haber fallecido hasta 30 integrantes de ambos bandos.Según el Ejército, los combates fueron entre el Bloque Amazonas, que hace parte de la facción liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá."Las tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), donde en las últimas horas se reportó la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones", señaló la institución en un comunicado.Según informaciones preliminares del Ejército, "los cuerpos hallados corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa", que hace parte del Bloque Amazonas, a su vez un componente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.Los combates, al parecer, fueron motivados por disputas en torno al control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare.Medios locales publicaron este sábado fotos y videos en los que se ven varios cuerpos sobre una carretera, aunque de momento no se ha confirmado su identidad ni pertenencia a grupos armados ilegales involucrados.Desde la noche del viernes, aeronaves de la Fuerza Aérea hacen sobrevuelos en la zona, mientras que el Ejército desplegó tropas y elementos de inteligencia militar para "establecer el alcance de los combates y sus implicaciones, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades de esta zona del país".El EMC, liderado por Iván Mordisco, está integrado por antiguos frentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o se apartaron posteriormente del proceso de reincorporación.Aunque el Gobierno colombiano mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las FARC en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.El Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.
El gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, explicó que uno de los puntos más sensibles del decreto expedido por el Gobierno está relacionado con los impuestos a los licores, al señalar que el IVA del impuesto de consumo se eleva del 5 por ciento al 19 por ciento y estimula el contrabando uno de los flagelos que preocupa a las autoridades de la región.Agregó el mandatario seccional, que la emergencia económica también compromete directamente las finanzas del departamento y podría poner en riesgo los recursos que van destinados para salud y la educación.“El Gobierno, amparado en la emergencia económica, regula aspectos como el impuesto al licor, afectando el impuesto al consumo, elevando el IVA del 5% al 19%, lo que distorsiona el mercado regional, estimula el contrabando —que ya ronda el 30%— y constituye una medida regresiva frente a los avances logrados en descentralización administrativa y fiscal” anotó Villalba Mosquera.Señaló además el gobernador de los huilenses que esta medida afecta la descentralización política, administrativa y fiscal de los gobiernos departamentales “Los gobernadores tenemos el deber constitucional de defender nuestras rentas y la descentralización política, estas medidas afectan gravemente los ingresos departamentales y resultan, a todas luces, inconstitucionales”.Finalmente, el gobernador Villalba Mosquera, aclaró que su postura frente al decreto de la emergencia económica, no se trata de una confrontación con el gobierno nacional, sino, de un ejercicio responsable de análisis institucional y financiero para el departamento.
Cuando recibían la suma de 10 millones de pesos producto de una exigencia extorsiva a un comerciante de Neiva, el grupo Gaula de la Policía capturó a Jhoan Solain Murillo Calderón y Joel Figueredo Terán, a quienes les hallaron en su poder un panfleto citatorio, dos celulares y dinero en efectivo.Según las investigaciones de las autoridades, estas dos personas se identificaban como integrantes del frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc para amedrentar a las víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.“El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Bosque de San Luis comuna seis, en el momento exacto en que los presuntos delincuentes recibían la suma de diez millones de pesos producto de una exigencia económica a cambio de no atentar contra la integridad personal de la víctima ni contra su empresa”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.De acuerdo con las evidencias recaudadas, desde diciembre del año anterior la víctima venía siendo intimidada mediante panfletos extorsivos y se hacían pasar por el frente ‘Darío Gutiérrez’ de las disidencias de las Farc, quienes inicialmente exigían la suma de 40 millones de pesos.Los dos capturados fueron judicializados por el delito de extorsión agravado y un juez les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La reciente actualización de la pirámide nutricional en Estados Unidos ha despertado un intenso debate entre expertos en salud y nutrición. Para entender mejor sus implicaciones, el endocrinólogo y nutricionista Antelm Pujol, con formación de posgrado en endocrinología clínica en Harvard, explicó en entrevista en Mañanas Blub 10:30 los aspectos positivos y las inconsistencias del nuevo modelo alimentario, que busca orientar los hábitos de millones de ciudadanos.Según Pujol, el cambio no es menor. “El cambio implica cambiar los hábitos de la población, porque al final si nosotros tenemos un modelo a seguir, la gente va a seguir esas recomendaciones que da el Gobierno y las instituciones oficiales”, afirmó, subrayando la responsabilidad que tienen estas guías en la salud pública. Por eso, insistió en que deben estar alineadas con la evidencia científica.Uno de los puntos que el especialista destacó como más relevantes es el énfasis en consumir “comida real”. Por primera vez, las guías oficiales desaconsejan de forma explícita los ultraprocesados. “Son las primeras guías de la historia que desaconsejan el consumo de estos alimentos, que sabemos están vinculados a riesgo cardiovascular, cáncer y obesidad”, señaló Pujol, quien considera este avance como un paso fundamental para combatir enfermedades crónicas.Sin embargo, el médico también advirtió inconsistencias entre la imagen de la pirámide y el contenido de las recomendaciones escritas. Mientras el gráfico ubica carnes rojas, huevos y productos altos en grasa en lugares destacados, el texto sugiere limitar la grasa saturada a menos del 10 % de la ingesta diaria. “Lo que dice dentro del texto no se corresponde con la imagen de la pirámide, y eso genera confusión”, explicó.Sobre las grasas, Pujol fue claro: no todas son iguales. “La evidencia científica dice que las grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate o el pescado, tienen efectos protectores a nivel cardiovascular”, indicó, diferenciándolas de las grasas saturadas provenientes de carnes procesadas.En cuanto a los lácteos, un tema históricamente polémico, el endocrinólogo aseguró que la evidencia actual respalda su consumo. “Los lácteos sí tienen un efecto beneficioso para la salud y pueden reducir el riesgo cardiovascular, siempre que sean de calidad”, puntualizó, resaltando que no todos los productos lácteos ofrecen los mismos beneficios.Respecto a los carbohidratos, Pujol explicó que la recomendación es priorizar los de buena calidad, provenientes de frutas, verduras y granos enteros. “Estos alimentos tienen un beneficio cardiovascular muy importante”, dijo, especialmente en contextos como el latinoamericano, donde el consumo de arroz, plátano y otros carbohidratos refinados es elevado.Finalmente, el especialista defendió el consumo de frutas, incluso aquellas con mayor contenido de azúcar natural. “No es lo mismo la fructosa que viene en una fruta que la que se encuentra en un ultraprocesado, porque la fruta aporta una matriz nutricional que mejora su efecto en el organismo”, concluyó.El mensaje central, coincidieron entrevistadores y experto, es claro: priorizar alimentos reales, frescos y mínimamente procesados, más allá de gráficos o modas dietéticas. La nueva pirámide, aunque perfectible, abre una conversación necesaria sobre cómo comer mejor para vivir más y mejor.
El fenómeno de la extorsión sigue latente en Antioquia y por ello las autoridades mantienen encendidas las alarmas. Esta vez, fue la Alcaldía del municipio de Anorí la que informó que se han recibido múltiples denuncias de ciudadanos que han sido objeto de llamadas telefónicas con amenazas y extorsiones.Según el reporte oficial, dichas llamadas son realizadas por personas que se presentan como presuntos comandantes de grupos armados ilegales. Ante esta situación, la Administración Municipal pidió a la comunidad adoptar medidas preventivas para evitar posibles hechos de intimidación o afectaciones a la seguridad ciudadana.Entre las recomendaciones de la Alcaldía está no contestar llamadas provenientes de números desconocidos; en caso de responder, no entablar conversación, colgar de inmediato y bloquear el número; así como denunciar la llamada ante la SIJIN y registrar el número desde el cual se realizó el contacto.Por lo pronto, las autoridades pidieron calma ante la situación y recordaron a la comunidad la importancia de no caer en engaños ni ceder ante este tipo de intimidaciones, e insistió en la necesidad de denunciar oportunamente para permitir la actuación de las autoridades competentes. Incluso, allí, la Policía adelanta capacitaciones a integrantes de la comunidad para instruirlos sobre las modalidades de extorsión y cómo actuar ante estas. Otros ejemplos en el departamentoRecientemente el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que se han registrado otros casos en el departamento, donde fueron instaldas banderas o grafitis de un grupo armado para luego llamar a extorsionar a los pobladores. Ese fue el caso de una unidad residencial en El Retiro, pero también ocurrió en Andes, donde un hombre bajo en alias de 'Yosa' es señalado de instalar estos emblemas para probar la supuesta presencia del ELN en el Suroeste del departamento. "En El Retiro instalaron una bandera, era delincuencia común, y una vez instalada la bandera empezaron a llamar a a la a los ciudadanos de esa parcelación, diciéndoles que eran del ELN y que tenían que aportarles dinero. Entonces, generalmente, los delincuentes hacen esto para poder generar, digamos, más temor en en una comunidad", expuso.
En medio del panorama nacional en el que gobernadores, alcaldes y sectores económicos se han mostrado en desacuerdo al decreto de emergencia económica del Gobierno nacional y los nuevos impuestos que esto acarrea, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia formal a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín que busca frenar sus efectos.Tal y como lo sustentó el alcalde Federico Gutiérrez, Asocapitales argumentó en un comunicado que los hechos invocados por el Gobierno Nacional no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, al tratarse de situaciones estructuradas y previsibles que deben atenderse mediante instrumentos ordinarios.El palabras del mandatario paisa se trata de una crisis generada por el propio Gobierno como la grave situación del sistema de salud, la seguridad, el pago de sentencias judiciales y la ola invernal, temas que a su juicio no corresponden a hechos nuevos ni extraordinarios. Por ello, insistió a diferentes sectores para que se sumen a esta acción judicial."Yo he hablado con algunos alcaldes y dentro de Asocapitales he compartido esto públicamente, que es un documento de 48 hojas que nosotros venimos trabajando desde el día que ellos anunciaron el decreto de emergencia económica, ¿Qué le he dicho yo a alcaldes, a gobernadores, a gremio, a cualquier ciudadano? No tienen que presentar una demanda nueva ni una medida cautelar, se pueden suscribir a esta", aseguró el mandatario.Por lo pronto, a diferencia de Antioquia y los otros 19 departamentos que optaron por no cobrar los nuevos impuestos que acarrean el decreto de emergencia económica, Gutiérrez manifestó que esperará la decisión que tome en las próximas semanas la Corte, teniendo en cuenta que el declararla inconstitucional tardaría más, pero la medida cautelar sería resuelta de manera prioritaria.
El caso se presentó el pasado 11 de enero en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55, sin mediar una sola palabra, apuñalaron a un ciudadano en situación de calle de aproximadamente 35 años de edad, quien se encontraba durmiendo en una acera del sector.Con información proporcionada por la ciudadanía a las autoridades se establecieron labores de patrullaje, que acompañadas de la verificación de cámaras de seguridad, permitió identificar a los presuntos agresores, quienes fueron aprehendidos momentos después en el mismo barrio.Durante las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación oficializó la judicialización de los responsables de este hecho, se trata de un hombre mayor de edad identificado como Kevin Alejandro Rojas Londoño y de un menor de 17 años, involucrados en el crimen de este habitante de calle.De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, durante el procedimiento judicial al menor de edad le fue incautada el arma corto punzante con la que se habría cometido el delito aquella noche del 11 de enero del presente año.Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el cargo por el delito de homicidio agravado a Rojas Londoño, quien se declaró no culpable de estos hechos y no aceptó los cargos por los que se le acusa.Por otra parte, al menor de edad, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Para Adolescentes le impuso el mismo cargo por el que se acusa a su cómplice, y el adolecente si aceptó su participación en este hecho ilícito.De acuerdo con la decisión tomada por el fiscal que lleva este caso, al adulto, que tiene 24 años de edad, se le remitió a centro carcelario, mientras que al menor de edad, le fue impuesta medida de internamiento preventiva en un centro especializado de la capital antioqueña.
En una operación coordinada entre la Fuerza de Tarea Omega del Ejército y la Policía, fue capturado alias ‘Campoalegre’, señalado como presunto autor del homicidio del líder campesino Isidoro Bautista Ortiz, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en el municipio de Campoalegre, Huila.El operativo, desarrollado en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se llevó a cabo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y de la Operación Themis 2.0, que tiene como objetivo desmantelar las redes criminales del Bloque Jorge Suárez Briceño. Alias Campoalegre era uno de los hombres más buscados por las autoridades en esa zona del país.Según información de inteligencia militar, el capturado sería integrante de la estructura ‘Arturo Ruiz’, una de las facciones del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias ‘Calarcá’. Esta organización criminal es responsable de múltiples acciones delictivas, entre ellas homicidios selectivos, extorsiones y control armado en corredores estratégicos del sur del país.Alias ‘Campoalegre’ enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Militares, además del homicidio del líder social.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han dejado importantes afectaciones en la red vial nacional, según reportó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. En total, 12 departamentos del país presentan dificultades en la movilidad, con cinco cierres totales y 25 cierres parciales en diferentes carreteras, producto de deslizamientos de tierra, caída de árboles y aumento de caudales en quebradas y ríos cercanos.Los cierres totales se mantienen en cinco puntos críticos:En Cundinamarca, la vía Cáqueza – Vía Antigua – Cáqueza (Km 3, sector Cáqueza).En Risaralda, el corredor Balboa – La Virginia (Km 10, sector La Quiebra).En Nariño, la vía Rumichaca – Pasto (Km 51+100, sector Tablón Obraje).En Antioquia, el perímetro urbano de Dabeiba, sobre la Carrera 10.En Meta, la vía Bogotá – Villavicencio (Km 81+700, sector Quebrada Linda).La general Susana Blanco, directora de la Ditra, informó que uniformados de la Policía de Tránsito se encuentran desplegados en los puntos más críticos del país, acompañando a los conductores y regulando el flujo vehicular en las zonas de mayor riesgo.“Nuestros policías están en terreno, orientando el tránsito y brindando información oportuna a los ciudadanos. Este trabajo busca mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes se movilizan durante la temporada de lluvias”, afirmó la general.Además, hizo un llamado a los actores viales para conducir con precaución, “es fundamental disminuir la velocidad en zonas de alta pluviosidad, mantener las luces encendidas y verificar el estado mecánico de los vehículos antes de viajar. La prevención es la mejor herramienta para evitar accidentes”, enfatizó.
La Contraloría General de la República solicitó a Ecopetrol, bajo la dirección de su presidente Ricardo Roa, un informe detallado sobre la posible venta de su participación en la cuenca de Permian, en Estados Unidos, donde la empresa participa en proyectos de fracking. La solicitud se formula en medio de tensiones internas y presiones políticas por la desinversión en actividades extractivas.Ecopetrol debe entregar información técnica y jurídicaEl ente de control, a través de la Delegada para el Sector de Minas y Energía, pidió a la compañía remitir informes técnicos, financieros y jurídicos que sustenten la eventual enajenación del activo. Además, solicitó las actas de la junta directiva en las que se haya discutido el tema, junto con las evaluaciones de riesgo reputacional, fiscal y financiero que podría generar una decisión de tal magnitud.El documento señala que el activo de Permian representa cerca del 15 % de la producción total de Ecopetrol y el 14 % del EBITDA del segmento upstream. Su venta, advierte la Contraloría, podría reducir el valor de la acción hasta en un 30 %, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la rentabilidad de la empresa a largo plazo.Por otra parte, el organismo de control pidió certificar que cualquier decisión sobre la venta se ajuste a los principios del gobierno corporativo y al interés social, conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995.Contraloría investiga operaciones internacionales de EcopetrolEcopetrol deberá entregar la información solicitada en un plazo máximo de 24 horas. La Contraloría advirtió que la omisión o entrega incompleta de los documentos podría acarrear sanciones, según lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.El requerimiento ocurre en un contexto de alta presión política. El presidente Gustavo Petro ha reiterado su intención de que Ecopetrol se retire de los negocios relacionados con el fracking y los combustibles fósiles, lo que habría motivado la salida de la expresidenta de la junta directiva, Mónica de Greiff, y generado tensiones con el sindicato.Ecopetrol, que ya recibe ofertas de inversionistas interesados en el activo, enfrenta ahora el desafío de justificar técnica y económicamente una decisión que podría redefinir su estrategia internacional.
En menos de siete días, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo tres encargos distintos, para que luego el Gobierno finalmente confirmara a Bernardo Camacho como superintendente en propiedad, tras la salida de Giovanni Rubiano.Durante los días previos al nombramiento, la Superintendencia fue asumida de manera temporal por dos funcionarios del Ministerio de Salud: el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, quienes estuvieron en encargo de forma consecutiva. Finalmente, el Ejecutivo decidió ratificar a Camacho en el cargo.El nombre de Camacho ya había sido anunciado semanas atrás, cuando su hoja de vida fue publicada en la plataforma de Aspirantes de la Presidencia de la República. Antes de su designación, se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, periodo en el que la entidad fue intervenida por el Gobierno Nacional.El nombramiento no estuvo exento de controversia. Sectores políticos y de oposición expresaron reservas frente a la llegada de Camacho al cargo, argumentando posibles conflictos de interés debido a su relación reciente con la aseguradora más grande del país.El representante a la Cámara, Andrés Forero, advirtió públicamente que el nuevo superintendente deberá declararse impedido en decisiones que involucren a la Nueva EPS, dado su papel anterior como interventor. Y también anunció que le solicitaría a la Procuraduría una investigación.“El cinismo y descaro de Bernardo Camacho, flamante superintendente, no tienen nombre. Fue interventor de Nueva EPS hasta agosto pasado y, a pesar de eso, no declaró que tiene un interés directo al conocer sobre sus propias actuaciones. Pediré a la Procuraduría investigar esta sinvergüencería", señaló en su red social de X el representante.Recordemos que Camacho ha ocupado otros cargos dentro del sistema de salud y ahora asume la dirección de la Superintendencia en un momento de vigilancia reforzada sobre las entidades administradoras de recursos del sistema.
Los gritos de auxilio de una adolescente de 17 años alertaron a una patrulla de vigilancia en el barrio La Caraguaja, en Campoalegre, Huila. Gracias a la rápida reacción de los uniformados, la joven, que permanecía retenida en un establecimiento de lenocinio por una supuesta deuda económica, fue rescatada.Según el reporte policial, la adolescente, que pedía ayuda desde una ventana, les manifestó a los uniformados que el administrador del establecimiento la mantenía retenida debido a una deuda de 200 mil pesos, dinero que él afirmaba haberle enviado para cubrir su traslado desde la ciudad de Cali, con el propósito de que trabajara en su negocio.“En el municipio de Campoalegre logramos rescatar a una adolescente de 17 años que se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un establecimiento de lenocinio en el barrio La Caraguaja, donde nuestros uniformados atendieron los gritos de auxilio de la joven, quien manifestó que había llegado desde la ciudad de Cali y había sido retenida por una supuesta deuda económica”, señaló el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourth, comandante del Departamento de Policía Huila.Los uniformados procedieron a la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno por el delito de proxenetismo con menor de edad.Ante este grave hecho, se conoció que se iniciaron operativos de control en estos establecimientos de comercio con el fin de prevenir delitos como el proxenetismo y la trata de personas.“Hemos dispuesto planes especiales de control y verificación en establecimientos abiertos al público, en articulación con nuestro Grupo de Infancia y Adolescencia, comisarías de familia y demás entidades competentes, para prevenir toda forma de explotación sexual y garantizar los derechos de la niñez y la juventud huilense”, puntualizó el oficial.La Policía Nacional reiteró su llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad, a través de la línea 123 o en la estación de Policía más cercana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.