Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
La Contraloría General de la República archivó los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, obras ejecutadas durante su gestión como alcalde de Rionegro entre los años 2016 y 2019, al concluir que no existió daño patrimonial ni perjuicio alguno para los recursos públicos.De acuerdo con el organismo de control, la decisión se fundamenta en la inexistencia de detrimento fiscal, ya que las obras sí fueron ejecutadas, recibidas formalmente y destinadas al fin para el cual fueron contratadas.La Contraloría determinó que los recursos invertidos no se perdieron y que los bienes existen, están habilitados administrativamente y prestan servicio a la comunidad, lo que descarta cualquier menoscabo definitivo del patrimonio público.En su análisis, el Despacho estableció que la inversión pública cumplió su finalidad y que no se produjo perjuicio al erario. Por esta razón, y al no demostrarse daño fiscal, no es posible declarar responsabilidad fiscal en contra del mandatario. “Sin daño probado, no puede declararse responsabilidad fiscal”, señala la decisión.El fallo precisa que la infraestructura del CAI de San Antonio de Pereira fue entregada y recibida por la Policía Nacional, y que su destinación al servicio de seguridad ciudadana quedó acreditada mediante contrato de comodato, actas de entrega y las órdenes de servicio correspondientes. Similar situación se describe con el CAI de Cuatro esquinas.En el proceso se concluyó que los recursos se orientaron a satisfacer una necesidad pública, se articularon con la política de seguridad ciudadana y se ajustaron a los parámetros de planeación institucional y metodológica adoptados por la Policía Nacional.Tras la práctica de una visita técnica y la elaboración de un informe especializado, mencionado en la decisión como sustento, se comprobó que las obras se encuentran en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fueron contratadas.
En operaciones recientes, tropas del Ejército Nacional desmantelaron y destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, utilizados por el Clan del Golfo, y confiscaron toneladas de insumos empleados en la producción de estupefacientes en el departamento de Chocó.Estas acciones fueron desarrolladas por unidades adscritas a la Brigada 15, con participación directa del Batallón de Selva número 54 Bajo Atrato, en una zona estratégica para el tráfico de drogas y el abastecimiento logístico de estructuras ilegales.De manera simultánea, el Batallón de Ingenieros Primero de Línea número 12 adelantó labores de control que permitieron la incautación de grandes cantidades de insumos sólidos y líquidos, fundamentales para el funcionamiento de los laboratorios clandestinos.De acuerdo con la información compartida por el Ejército, durante las operaciones se destruyó droga en proceso, equipos artesanales utilizados para la transformación de la hoja de coca y combustibles empleados para el procesamiento y transporte del alcaloide.Además, las tropas lograron confiscar 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM, que eran movilizados de manera ilegal para abastecer la infraestructura criminal del Clan del Golfo. El cemento y el combustible son elementos clave para la construcción y funcionamiento de laboratorios, pistas clandestinas y campamentos, por lo que su incautación limita la continuidad de las actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.
La disminución en el precio de la gasolina en Colombia generó preocupación en el sector transportador de carga, que advierte un posible efecto contrario sobre el precio del diésel. Desde Fedetranscarga señalan que el Gobierno había mantenido estable el valor del ACPM porque los altos precios de la gasolina estaban compensando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Por lo que, alertan que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.El gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento. Recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.Actualmente, el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.Según la federación, esto implica que en el país el combustible es cerca de un 60 % más costoso que en Estados Unidos, pese a que el salario mínimo en ese país supera los seis millones de pesos, mientras que en Colombia ronda los dos millones. Fedetranscarga recordó además que cuando inició el actual Gobierno, el precio de la gasolina estaba alrededor de 10.160 pesos, y que hoy supera los 16.400 pesos, lo que representa un incremento cercano al 62 %, un dato que, aseguran, no puede pasarse por alto ahora que se anuncia una reducciónFedetranscarga también puso sobre la mesa el peso que tiene el combustible en los costos del sector. Según cálculos del Dane realizados en 2015, el diésel representaba el 41,6 % del costo total de operación de un vehículo de carga. Sin embargo, el gremio señaló que estos indicadores no se han actualizado en más de 10 años y que, con los incrementos recientes y la política de fijar precios con referencia internacional, ese porcentaje podría estar hoy por encima del 45 % del costo total de operación de un camión en cualquier ruta del país.Ante este panorama, el gremio reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se instalen las mesas técnicas prometidas desde septiembre de 2024, tras el paro transportador, con el fin de definir una fórmula de precios acorde con la realidad del país como productor y refinador de combustibles. Señalan que esta promesa sigue sin cumplirse y que es necesario ser transparentes con los costos reales de extracción, refinación y comercialización del ACPM y la gasolina.“Colombia necesita una claridad total sobre las condiciones bajo las cuales se fijan los precios de combustibles en el país. Las decisiones de los precios de los combustibles gasolina y ACPM no pueden continuar siendo decisiones estrictamente políticas. Esas decisiones tienen que acomodarse a la técnica y a estudios muy serios de productividad y obviamente la industria petrolera” señaló Pedro Cuervo, presidente de Fedetranscarga.La organización pidió mayor inversión en las refinerías nacionales para reducir la dependencia de importaciones y de los precios internacionales. Para el gremio, el país necesita reglas claras y coherentes que garanticen combustibles a precios justos, teniendo en cuenta que el transporte y la economía colombiana se mueven, en gran medida, sobre ruedas y con diésel.
El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow no solo marcó un nuevo capítulo para la exitosa producción colombiana, sino también un momento clave en la vida del actor Carlos Torres, quien da vida al icónico personaje de Charlie Flow. En una entrevista concedida al programa Travesía Blu, el barranquillero abrió comentó y reflexionó sobre el alcance inesperado de la serie y el profundo cambio que significó en su trayectoria.Torres aseguró que, aunque como actor siempre soñó con protagonizar un proyecto exitoso, jamás imaginó que sería La Reina del Flow la producción que lo llevaría a conectar con audiencias en distintos continentes. Para él, el éxito en Colombia ya representaba una meta cumplida, pues la serie logró altos niveles de audiencia y un fuerte impacto cultural. Sin embargo, lo que vino después superó sus expectativas.Uno de los momentos más significativos de esta nueva temporada fue el viaje del elenco a Europa, específicamente a Islas Canarias, donde se grabaron escenas que simularon un concierto real frente a miles de personas. Carlos Torres relató que encontrarse con más de 10.000 seguidores en otro continente fue una experiencia que lo dejó sin palabras y le confirmó que la historia había trascendido idiomas y culturas.Según explicó, el rodaje se realizó con una dinámica muy cercana a la de un concierto real, con largas tomas sin interrupciones, lo que permitió que el público viviera la experiencia de forma auténtica. Para el actor, ese contacto directo con los fans fue uno de los mayores regalos que le dejó la serie.La Reina del Flow, el proyecto que cambió la vida de Carlos TorresMencionó también, que gracias al impacto de La Reina del Flow, Carlos Torres logró abrir puertas internacionales como España y Estados Unidos, algo que, según él, habría sido mucho más difícil sin el respaldo de una producción de tal magnitud. El actor reconoció que el éxito del proyecto trajo consigo invitaciones, eventos y oportunidades que transformaron su vida profesional.Más allá de lo laboral, Torres destacó el crecimiento personal que le dejó la serie. Aseguró que el cariño del público, dentro y fuera de Colombia, le permitió valorar aún más su oficio y asumir con responsabilidad su rol como representante del talento colombiano en el exterior.Durante la entrevista, el actor también resaltó el orgullo que siente al ver cómo la serie despertó interés por Colombia. Ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá se convirtieron en destinos frecuentes para seguidores de la producción, quienes buscan conocer los lugares que aparecen en la historia.Torres señaló que Medellín, en particular, se volvió un referente gracias a la narrativa de la serie y al vínculo con la música urbana, un género que conecta con públicos de distintas edades y países.Además, confesó que, aunque su corazón musical se inclina por el vallenato y el género urbano, interpretar a Charlie Flow le permitió acercarse aún más a la industria musical y conocer artistas reales que fortalecieron su respeto por ese mundo. Hoy, afirma vivir este momento con gratitud y entusiasmo, consciente de que La Reina del Flow marcó un antes y un después en su vida.“El sueño de todo actor es hacer un proyecto que conecte con la gente, y esto superó todo lo que imaginé”, concluyó Torres, dejando claro que la historia de Charlie Flow sigue siendo, también, parte de su propia historia.
Una investigación realizada por La Red de Caracol Televisión reveló nuevos videos, testimonios y detalles sobre el accidente aéreo que cobró la vida de Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años.El siniestro se registró en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, luego de que la aeronave en la que se movilizaba el artista junto a su equipo de trabajo se precipitara a tierra, provocando una explosión que terminó con la vida de todos sus ocupantes.En uno de los registros audiovisuales, grabado por campesinos de la zona, se escucha a la persona que filma decir: “La gasolina… ¿quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”. Se trata de una mujer que trabajaba en el sector y fue testigo directo del accidente.En entrevista con La Red, la mujer relató que la situación fue profundamente traumática. “Eso fue bastante traumático porque yo era la que iba gritando. Como los muchachos estaban todos ahí, las explosiones fueron muy fuertes y, tristemente, no se pudo hacer nada por ellos”, afirmó.Otro de los testigos, Uris Mier, quien intentó acercarse para auxiliar a los ocupantes de la aeronave, narró cómo ocurrió el hecho: “Veo que la avioneta sube, llega al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor, el piloto gira hacia la derecha, vuelve y prende, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles, se le vuelve a apagar”.Un tercer testigo indicó que el piloto habría intentado regresar a la pista. “El piloto buscó como regresarse a la pista de Paipa; cuando dio la vuelta, el avión se fue de pico, rebotó en el sembradío y se produjo la primera explosión”, señaló.El familiar de la mujer que grita en el video explicó que varias personas intentaron ayudar, pero las explosiones lo impidieron. “Nos acercamos a ayudar, pero ocurrió una segunda explosión y tuvimos que alejarnos porque era muy peligroso. La llama era muy fuerte. En el tercer intento hubo otra explosión y ya no había nada que hacer. Hicimos todo lo posible, pero se nos fue de las manos”, relató.Tras el impacto, Uris Mier regresó al lugar y captó imágenes del incendio y de algunos restos de la avioneta, como una de sus ventanas. Finalmente, una de las testigos clave aseguró que los ocupantes no alcanzaron a pedir auxilio: “En ningún momento gritaron. El golpe fue inmediato y la explosión fue muy fuerte”.
La situación internacional en el inicio del año pone en evidencia tres escenarios que concentran la atención estratégica de Estados Unidos bajo la influencia de la administración de Donald Trump: la crisis política en Venezuela, la inestabilidad interna en Irán y el interés creciente por Groenlandia. Estos frentes revelan una política exterior marcada por el pragmatismo económico, energético y militar, incluso por encima de alianzas tradicionales. Así lo explicó Teresita Aya, analista internacional de Noticias Caracol en entrevista con El Radar de Blu Radio.Venezuela: señales de transición y reacomodo políticoEl panorama venezolano apunta a una posible transición política que, según Aya, no sería inmediata ni incluiría necesariamente a todos los sectores de la oposición actual. Movimientos diplomáticos recientes desde Washington sugieren un cambio de enfoque frente a liderazgos opositores tradicionales, entre ellos el de María Corina Machado.La analista internacional Teresita destacó la distancia que ha tomado Donald Trump frente a Machado, contrastándola con gestos de apertura hacia figuras del régimen como la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Para la experta, el mensaje es claro: “Tiene que haber una transición, pero no va a ser tan rápida como muchos esperan; puede tardar cerca de un año”.Según este análisis, el liderazgo de Machado pierde peso frente a sectores que controlan activos estratégicos como el Ejército y la industria petrolera. “Trump ha dado señales de que ella no cuenta con la confianza de quienes hoy manejan el poder militar y energético”, afirmó Teresita, quien no descartó que el escenario termine favoreciendo a figuras más moderadas, como Henrique Capriles, que permanecen en el país.Irán, presión interna y el factor ChinaLa situación venezolana no puede desligarse de su red de aliados internacionales, especialmente Irán. El régimen de los ayatolás enfrenta una presión social creciente, con protestas que han pasado de exigir libertades civiles a cuestionar directamente la continuidad del sistema político.El vínculo entre Caracas y Teherán se sostiene, en gran parte, por su dependencia de China como comprador de petróleo sancionado. De acuerdo con el análisis expuesto, China obtiene cerca del 4 % de su consumo petrolero desde Venezuela y alrededor del 15 % desde Irán, lo que convierte el control energético en una pieza clave de la estrategia estadounidense.“La base de estos regímenes autoritarios ha sido el miedo, pero eso es precisamente lo que están perdiendo en ambos países”, señaló la analista, advirtiendo que la erosión del control social debilita la estabilidad que durante años sostuvieron estos gobiernos.Groenlandia: minerales críticos y seguridad globalMás allá del petróleo, la atención de Donald Trump se ha concentrado en Groenlandia, un territorio estratégico tanto por su ubicación geopolítica como por su riqueza en minerales críticos. De los 34 minerales considerados esenciales a nivel mundial, 25 se encuentran en esta isla, fundamentales para el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y la industria de defensa.“El interés principal ahora son los minerales críticos, con los que se fabrican, por ejemplo, aviones invisibles al radar”, explicó Teresita. A esto se suma el valor militar de Groenlandia como punto de alerta temprana ante posibles ataques con misiles desde Rusia, debido a su posición en el Círculo Polar Ártico.
Ilesa resultó la subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, luego de que desconocidos dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria, minutos después de realizar, junto con el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en el municipio de La Llanada, el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera, que busca organizar la minería en todos los 64 municipios del departamento.Las autoridades investigan si este atentado iba dirigido contra el mandatario seccional, ya que la camioneta impactada es similar a la que utiliza el gobernador Escobar para realizar sus desplazamientos por los municipios del departamento.Voceros de la Gobernación, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este sábado 17 de enero, minutos después de que la caravana de al menos 15 automotores salía del municipio de La Llanada y se dirigía de regreso a Pasto, luego de una larga jornada de trabajo con mineros de la región.Los vehículos en los que viajaba el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habían tomado una ruta alterna por decisión del equipo de seguridad del mandatario y no se descarta que los atacantes hayan confundido la camioneta, dijo un funcionario de la administración seccional.Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.Nadie sabía de dónde estaban disparando, los conductores agilizaron el paso y se desconocen los autores de este atentado, aseguró el funcionario.Otro de los testigos dijo que minutos antes del ataque el gobernador, junto a varios funcionarios y secretarios de su despacho, habían visitado las minas de explotación aurífera del municipio de La Llanada y aseguró que no se descarta que se trate de delincuencia común y organizada quienes hayan cometido el atentado, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas humanas que lamentar.Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por estos hechos y dijo que se está investigando, ya que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al mandatario seccional sobre un plan para atentar contra la integridad del gobernador de Nariño, luego de que recibiera esa información mediante fuente humana.El mandatario de los nariñenses hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.Funcionarios de la Gobernación exigieron a la Unidad de Protección fortalecer el esquema de seguridad del jefe de la administración seccional, por considerar que las amenazas podrían estar relacionadas, al parecer, con delincuencia común y organizada que estaría detrás del negocio de la explotación del oro en este departamento frontera.
Atlético Nacional inició con autoridad su participación en Liga Betplay al vencer 4-0 este sábado a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot, en un partido que tuvo como punto culminante un gol de media cancha marcado por Edwin Cardona.El conjunto verdolaga abrió el marcador al minuto 41, cuando Andrés Sarmiento culminó una jugada colectiva iniciada por Dairon Asprilla y definió con precisión dentro del área para romper el equilibrio antes del descanso.Nacional, dominante en la posesión y con presión alta, fue superior en el primer tiempo ante un Chicó ordenado, pero replegado en su campo.En el complemento, el local amplió la ventaja con una acción de alto impacto. Al minuto 55, Edwin Cardona sorprendió con un potente remate desde la mitad del campo, aprovechando al arquero adelantado, y firmó el 2-0, lo que desató la ovación del público en Medellín.El 3-0 llegó al 77' cuando el creativo Juan Manuel Rengifo lanzó un tiro de esquina que mandó al fondo de la red con un cabezazo el central William Tesillo.El 4-0 definitivo lo anotó al 84 el creativo argentino Juan Bauzá en un contragolpe letal ante un rival completamente entregado al ataque.La primera fecha de la Liga BetplayEl gol sentenció el partido y confirmó el control del equipo antioqueño, que administró la ventaja sin sobresaltos hasta el final.En otro partido jugado este sábado por la primera fecha del Apertura, América de Cali brilló con luz propia en su debut al golear 3-0 al debutante Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero.La jornada inaugural de la liga colombiana de 2026 comenzó el viernes con triunfos que marcaron el pulso: Llaneros FC se impuso 2-0 a Deportivo Pereira con goles de Daniel Mantilla (56’) y Jhon Vásquez, de penal, (67’) tras una expulsión del local que inclinó la balanza.Por su parte, Fortaleza venció 1-0 a Alianza FC con una anotación tardía de Richardson Rivas al minuto 82, en un duelo táctico que se definió en la recta final.Con estos resultados, Nacional y América aparecen como los grandes protagonistas de la primera jornada, mientras que Llaneros y Fortaleza también suman sus primeros tres puntos y se consolidan con un arranque positivo en la tabla provisional.Partidos pendientes por completar la fechaEl domingo Jaguares de Córdoba, que regresa a la primera categoría del fútbol colombiano, recibe en Montería al Deportivo Cali, mientras que Deportivo Pasto hará lo propio en el estadio Libertad de la capital de Nariño (suroeste) ante el Independiente Medellín.Junior y Deportes Tolima reeditarán la final del Clausura de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo que promete emociones y posiblemente goles.Santa Fe y Águilas Doradas se medirán en el último encuentro dominical, en un compromiso de alto voltaje en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el lunes Cúcuta Deportivo y Once Caldas cerrarán el telón de la primera fecha.El Apertura de 2026 se disputa este semestre bajo un formato ajustado, con modificaciones en su calendario y en el sistema de competencia, orientadas a responder a los compromisos internacionales y logísticos de los clubes, así como por la participación de la selección colombiana en el Mundial.
La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a audiencia de conciliación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de resolver las diferencias surgidas en el trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”. El proceso busca determinar si se produjo un posible daño patrimonial al Distrito por presuntos errores administrativos durante la formulación de dicho plan.La actuación se originó a raíz de una solicitud presentada por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que proyectaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social en el sur de la ciudad, una zona con alto déficit habitacional.El conflicto jurídico se remonta a diciembre de 2021, cuando la empresa radicó la solicitud de formulación del Plan Parcial ante la Secretaría Distrital de Planeación. Según la normativa vigente, la entidad tenía 60 días hábiles para emitir una respuesta. Al no recibir comunicación dentro del plazo, los solicitantes entendieron que operaba el silencio administrativo positivo, lo que implicaba la aprobación automática del trámite.Sin embargo, la Secretaría sostuvo que sí había respondido oportunamente, aunque más tarde se comprobó que la notificación fue enviada a una dirección electrónica incorrecta. Este error impidió que los solicitantes conocieran la decisión y ejercieran su derecho a apelación, dejando el proceso en un limbo jurídico.Con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el terreno perdió su clasificación como suelo urbanizable, lo que afectó la viabilidad del proyecto y redujo significativamente su valor comercial. Según los promotores, esta situación representó una pérdida superior al 80 % del valor del terreno y frenó una iniciativa que buscaba ofrecer soluciones de vivienda en una de las zonas más necesitadas de la capital.“No reconocen el error de notificación, y eso priva a la ciudad de una alternativa habitacional viable”, aseguró Eduardo Romano, representante legal del Grupo Malkenu.Por su parte, el abogado Rodolfo Correa, especialista en responsabilidad del Estado, interpuso una demanda de reparación directa por más de 2 billones de pesos, actualmente en etapa de conciliación como paso previo a un eventual proceso judicial.La audiencia de conciliación se llevará a cabo en enero de 2026. Se espera que la Secretaría Distrital de Planeación, bajo la dirección de Úrsula Ablanque Mejía, logre una salida concertada que evite la judicialización del caso. De no alcanzarse un acuerdo, el proceso podría derivar en consecuencias fiscales y disciplinarias para la administración distrital, dado que la Personería de Bogotá ya confirmó la existencia del error y evalúa la apertura de una investigación.
La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.
Hombres armados le salieron al paso a varios vehículos cargados con combustible artesanal tipo 'pategrillo' y, después de obligar a los conductores a descender, los incineraron en un paraje de la vía que comunica al corregimiento de Ayacucho en La Gloria, en el Cesar, con el corregimiento de Guamalito en el Carmen Norte de Santander.Algunos videos que fueron grabados por habitantes de la zona muestran la magnitud de la emergencia que ocurrió muy cerca de unas viviendas y en una vía transitada para la comunicación terrestre entre el Cesar y el Catatumbo.La quema de estos vehículos la protagonizan hombres armados en medio de la disputa territorial que existe entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Además, porque este combustible artesanal que se produce en refinerías ilegales después de hurtar el crudo del oleoducto, es vital para la producción de clorhidrato de cocaína.
Con el banco de maquinaria amarilla la Gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias de las últimas dos semanas en 10 municipios del departamento.El secretario de Vías e Infraestructura del Huila el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blu Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias.“Por orden del gobernador Rodrigo Villalba, se activó todo el banco de maquinaria amarilla y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera simultánea en diez municipios del departamento. Hoy la maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbes para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Gigante, Isnos y Suaza, estamos recuperando puntos críticos donde las comunidades campesinas más lo necesitan” explicó el funcionario de la gobernación del Huila.Agregó el secretario de Vías que por ejemplo en el municipio de Acevedo, la maquinaria interviene los corredores San Adolfo, La Esperanza, San Marcos, La Victoria y La Tocora, mejorando la movilidad y el acceso a zonas rurales estratégicas, teniendo en cuenta que esta zona es de alta producción cafetera.Asimismo, en el municipio de La Plata, los trabajos se desarrollan en el centro poblado San Andrés y en la vereda San Isidro, fortaleciendo la conectividad y el transporte de productos agrícolas. De igual manera en Pitalito, se atiende los sectores de Bruselas, La Primavera, El Carmen, El Pénsil y La Esperanza, con labores de mantenimiento vial y atención de emergencias.Cabe recordar, que en diciembre del año anterior con una inversión de 20.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila.
Cuando adelantaban una brigada de salud en el sector conocido como La Amistad del barrio Oro Negro en el oriente de Neiva, 20 funcionarios de una misión médica que pertenecen a una IPS privada, entre enfermeras y personal auxiliar, fueron atracados por tres delincuentes; dos de ellos portaban armas de fuego.Según información de las autoridades, los asaltantes les hurtaron a las víctimas teléfonos celulares, documentos personales y dinero en efectivo. Uno de los funcionarios resultó lesionado con un golpe en la cabeza al oponer resistencia al atraco.“Fuimos informados de un hecho de hurto en el sector de La Amistad; de inmediato se envió una patrulla. En el sitio, las personas afectadas por el hurto manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud cuando fueron abordadas por dos sujetos y las intimidaron con armas de fuego despojándolas de sus pertenencias, celulares y dinero en efectivo; uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Por su parte, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, dijo que, de acuerdo con el relato de las víctimas del atraco, los delincuentes al parecer habrían manoseado a varias de las auxiliares de enfermería mientras las despojaban de sus pertenencias.Este grave hecho de inseguridad ya fue reportado ante las secretarías de salud municipal y departamental, mientras que la Policía adelanta operativos por varios sectores de la ciudad para dar con la ubicación de los delincuentes y los elementos hurtados.
El aumento del salario mínimo a dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha despertado preocupación en gran parte de la población colombiana frente al incremento en los valores de la canasta familiar, el arriendo e incluso los servicios públicos. En ese escenario, el costo de la factura de la luz es uno de los que más presión genera sobre el presupuesto mensual.Por ello, el Gobierno nacional aplicó un recargo temporal en la tarifa eléctrica que dejó un mensaje claro: no todos los usuarios deberán asumir este cobro adicional.La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca atender una delicada situación financiera de la empresa Air-e, que actualmente se encuentra bajo intervención del Estado, sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables. Ante este panorama, hay un grupo de personas que podrá estar más tranquilo.Facturas de la luz serán más costosas para algunosEl Gobierno reveló que el ajuste corresponde a un cobro aproximado de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido. Este recargo tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de generar recursos para cubrir obligaciones acumuladas de Air-e, cuya situación financiera representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.De no adoptarse medidas urgentes, el problema podría escalar y afectar la continuidad y confiabilidad del servicio en varias regiones del país. El objetivo, insistieron desde el Gobierno, no es encarecer el servicio de forma permanente, sino evitar un escenario más grave que termine impactando a todos los usuarios.Estratos 1 y 2 quedan exentos del nuevo cobro en el servicio de la luzUno de los puntos más relevantes del anuncio es que el recargo no será generalizado. Según lo definido, únicamente los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional en sus facturas.Por su parte, los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 quedarán exentos. La decisión busca proteger el bolsillo de las familias con menores ingresos y evitar que una medida coyuntural se traduzca en una carga económica difícil de asumir. La exclusión se sustenta en la normativa vigente y en los esquemas diferenciales establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.Gobierno busca proteger el sistema eléctrico nacionalLa Superintendencia respaldó la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas un instrumento que refuerce la confiabilidad del sistema.Desde el Gobierno recalcaron que la prioridad es evitar un colapso que termine afectando a millones de colombianos y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones adoptadas mantengan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
Al menos 30 personas murieron tras intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La situación de orden público llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad en la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, mientras continúan las acciones para establecer con precisión lo ocurrido en esta región del sur del país.De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas. Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la zona, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y capacidades de inteligencia militar, luego de enfrentamientos que se registran desde la noche del viernes.Frente a estos hechos, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la gravedad de la violencia en Guaviare y por la pérdida de vidas, en su mayoría jóvenes, en medio de una confrontación que no cesa. Desde el Episcopado se reiteró el llamado a detener la guerra, a respetar el derecho internacional humanitario y a evitar que continúe el sufrimiento de las comunidades afectadas por el control criminal de estos grupos armados."Estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas, ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país", señaló monseñor Héctor Fabio Henao en Noticias Caracol.
En este acto los subtenientes fallecidos fueron ascendidos de manera póstuma al grado de tenientes gracias a la Ley 2483 de 2025, en donde también se les reconocieron los derechos prestacionales y pensionales a sus familias, esto como un acto de reparación simbólica y material.La conmemoración inició con una eucaristía en la que participaron el viceministro de Defensa; Javier Andrés Vaquero Maldonado, el director de la Policía Nacional; general William Rincón Zambrano, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa; Alexandra González, también oficiales y suboficiales, así como las familias de las víctimas.Posteriormente, en el campo de Paradas de la Escuela se llevó a cabo la ceremonia de ascenso póstumo. Las familias recibieron una medalla y una placa conmemorativa en la que resalta el sacrificio y servicio a la patria de los jóvenes cadetes. En la placa decía: El viceministro Baquero agradeció también la labor diaria de los uniformados de la Policía Nacional y se dirigió a los familiares de los nuevos tenientes: "Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”.Por su parte, el director de la Policía Nacional hizo un llamado contundente a rechazar la violencia hacia la fuerza pública y aseguró que seguirán trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos.También se pronunció Alexandra González, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa refiriéndose al homenaje y a la Ley 2483 de 2025 “no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”.Por último, se realizó una ofrenda floral con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y a quienes hoy, ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.
Mientras millones de estudiantes vuelven a las aulas en Colombia, en la próxima semana, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no logra arrancar al mismo ritmo en buena parte del país.A pocos días del inicio del calendario académico, al menos 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) aún no han culminado los procesos contractuales necesarios para garantizar la entrega de alimentos en los colegios públicos.De acuerdo con la información oficial, los retrasos afectan tanto al PAE convencional como a los esquemas diferenciales dirigidos a poblaciones étnicas. En el caso del PAE convencional, las demoras se concentran en Antioquia, Boyacá, Cesar, Facatativá, La Guajira, Magdalena, Maicao, Palmira, Pitalito y Yumbo, territorios donde miles de estudiantes comenzaron clases sin la certeza de recibir su alimento diario.La situación es aún más crítica para las comunidades indígenas. Cerca de 199.880 estudiantes de pueblos indígenas se estarían viendo afectados en Antioquia, Boyacá, Cesar, La Guajira, Maicao y Pitalito, además de Buenaventura, Chocó, Quibdó, Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Uribia. El retraso compromete no solo a niños y niñas indígenas, sino también a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en zonas históricamente golpeadas por la desigualdad.“Hacemos un llamado muy respetuoso, pero muy vehemente, para que tomen las medidas del caso hoy mismo, de manera que el lunes estos niños y niñas cuenten con su derecho a la alimentación escolar”, señaló Sebastián Rivera Ariza, Director UApA.A este panorama se suma un problema estructural, en donde, 32 entidades territoriales habrían desfinanciado el PAE en cerca de $342.000 millones, incumpliendo la obligación legal de aportar recursos de manera progresiva y suficiente. Desde el Ministerio de Educación se reiteró que el programa no es opcional y que su financiación debe garantizarse en términos reales.“Este año fortaleceremos la inspección y vigilancia para que nadie desfinancie el PAE. El Gobierno del Cambio destinó 3 billones de pesos para 2026, con los que se espera atender a cerca de 6 millones de niños y niñas en todo el país”, añadió el director UApA.Finalmente, la cartera y la Unidad de Alimentos para Aprender insistieron en que desde el nivel nacional se cumplieron todas las etapas previas: orientaciones técnicas, llamados oportunos, definición de valores de referencia y condiciones contractuales para que el programa iniciara desde el primer día de clases. Ahora, la responsabilidad recae en los territorios que aún no responden.
El Ministerio de Salud y Protección Social dejó claro su respaldo al aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco, una decisión que, según la entidad, representa una acción clave para proteger la salud pública y fortalecer la estabilidad económica del país. El pronunciamiento se dio en el marco del decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno busca responder de manera integral a problemáticas estructurales que afectan a la población colombiana.Desde el ministerio se insistió en que esta medida no es únicamente fiscal, sino profundamente social. La entidad sostiene que elevar los impuestos a estos productos contribuye a salvar vidas, reducir enfermedades prevenibles y disminuir las muertes asociadas a su consumo. Al mismo tiempo, recalca que esta política permite reducir la presión sobre el sistema de salud y generar recursos esenciales para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.El enfoque del Ministerio parte de una premisa clara: los llamados impuestos saludables benefician a toda la sociedad. Al encarecer productos nocivos, se desincentiva su consumo, se previene que niños y jóvenes inicien hábitos perjudiciales y se reduce la carga de enfermedad que hoy afecta a miles de familias. Para la entidad, esta es una herramienta efectiva para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.Frente al alcohol, la entidad advirtió que esta sustancia se ha convertido en el principal factor de riesgo de muerte en personas entre 15 y 49 años. En ese contexto, el aumento de precios busca reducir el consumo intensivo y atacar de manera directa las enfermedades, lesiones y muertes asociadas. Las proyecciones oficiales indican que el consumo de vino disminuiría en un 20 %, pasando de 31,5 millones a 25,2 millones de litros. De igual forma, las bebidas con mayor grado de alcohol registrarían una reducción del 16 %, al pasar de 115 millones a 95 millones de litros consumidos.En el caso del tabaco, el Ministerio recordó que, de acuerdo con el Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Colombia mantiene precios de cigarrillos por debajo de los dos dólares, siendo de los más bajos de la región. Con el aumento de los impuestos, se proyecta que la comercialización de cajetillas de 20 unidades se reduzca de 409 millones a 244 millones. Este impacto estaría asociado a la posibilidad de triplicar la tarifa impositiva a los cigarrillos, lo que, según las estimaciones, permitiría salvar hasta medio millón de vidas.A este panorama se suma el uso de vapeadores. Entre 2022 y 2024, cerca de 500 mil estudiantes en Colombia tuvieron acceso a estos dispositivos. Con la nueva medida tributaria, el consumo pasaría de 134 millones de mililitros a 67 millones de mililitros, una reducción que, para el Ministerio, resulta clave para frenar el avance de esta práctica entre niños y jóvenes.La entidad también enfatizó que el consumo de alcohol y tabaco no solo genera altos costos en salud, sino que limita el desarrollo del país, amplía brechas sociales y afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, afirmando que el aumento de los impuestos no pone en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recursos departamentales. Por lo que, rechazó, de manera categórica los discursos que relacionan estas medidas con un aumento del comercio ilícito, señalando que esa narrativa ha sido impulsada por intereses industriales y no por evidencia independiente.“Los impuestos saludables ofrecen una doble ganancia en términos de política pública. Por un lado, actúan sobre el comportamiento del consumidor, reduciendo la prevalencia del consumo de productos nocivos, especialmente entre jóvenes y poblaciones de menores ingresos; y por otro, fortalecen el recaudo fiscal, generando recursos adicionales que pueden destinarse a la financiación de programas de salud, educación y otros servicios públicos esenciales”, señaló el Ministerio de Salud.Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que su respaldo al aumento de impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco que fortalece la capacidad del gobierno para regular protege a la población de riesgos evitables y marca un avance decisivo hacia una política pública centrada en el bienestar colectivo.
Una tragedia enluta hoy al municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, tras un accidente de tren que dejó como saldo una mujer embarazada muerta, un menor de edad herido y al menos otros dos lesionados.Los hechos ocurrieron en la mañana del 17 de enero, cuando dos vagones de un tren de carga que transportaba polines de concreto se desacoplaron de la locomotora y comenzaron a desplazarse sin control por la línea férrea que atraviesa varios sectores de la ciudad.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y confirmada en un comunicado de la Alcaldía de Duitama, el tren era operado por el Consorcio FerreoBelén y el siniestro se habría originado durante la operación ferroviaria, cuando se presentó el desacople de los dos vagones, los cuales se desbocaron.El recorrido sin control de los vagones inició en el sector de la Plaza de Mercado, donde se registró un primer accidente de tránsito sin personas lesionadas. Posteriormente, los vagones continuaron su desplazamiento por la línea férrea, atravesando zonas altamente concurridas como la Avenida de Las Américas, hasta llegar a la glorieta del Hospital, donde ocurrió el hecho de mayor gravedad.En este punto, uno de los vagones impactó violentamente un automóvil particular, un Chevrolet Aveo de color negro, provocando la muerte de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien se encontraba en estado de gestación. En el mismo vehículo resultaron heridos su esposo, quien conducía el automóvil, y su hijo de cinco años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde actualmente recibe atención médica.Adicionalmente, un ayudante del operador del tren presentó lesiones y se encuentra bajo valoración médica, según confirmaron las autoridades.Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y personal de la Fiscalía hicieron presencia inmediata en los puntos afectados, atendiendo la emergencia, asegurando la zona y adelantando las labores judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal.Finalmente, la Alcaldía expresó su profundo rechazo y solidaridad con los familiares de la víctima, lamentando el fallecimiento de la ciudadana y de su bebé, y reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de esta tragedia.
El Ejército colombiano investiga la muerte de un número indeterminado de guerrilleros en combates entre dos disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, donde según informaciones preliminares podrían haber fallecido hasta 30 integrantes de ambos bandos.Según el Ejército Nacional, los combates fueron entre el bloque Amazonas, que hace parte de la facción liderada por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el criminal más buscado de Colombia, y el bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Díaz, alias 'Calarcá'."Las tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), donde en las últimas horas se reportó la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones", señaló la institución en un comunicado.Según informaciones preliminares del Ejército, "los cuerpos hallados corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa", que hace parte del Bloque Amazonas, a su vez un componente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc.Los combates, al parecer, fueron motivados por disputas en torno al control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare.Medios locales publicaron este sábado fotos y videos en los que se ven varios cuerpos sobre una carretera, aunque de momento no se ha confirmado su identidad ni pertenencia a grupos armados ilegales involucrados.Desde la noche del viernes, aeronaves de la Fuerza Aérea hacen sobrevuelos en la zona, mientras que el Ejército desplegó tropas y elementos de inteligencia militar para "establecer el alcance de los combates y sus implicaciones, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades de esta zona del país".El EMC, liderado por 'Iván Mordisco', está integrado por antiguos frentes de las Farc que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o se apartaron posteriormente del proceso de reincorporación.Aunque el gobierno colombiano mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las Farc en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.El Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.
El gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, explicó que uno de los puntos más sensibles del decreto expedido por el Gobierno está relacionado con los impuestos a los licores, al señalar que el IVA del impuesto de consumo se eleva del 5 por ciento al 19 por ciento y estimula el contrabando uno de los flagelos que preocupa a las autoridades de la región.Agregó el mandatario seccional, que la emergencia económica también compromete directamente las finanzas del departamento y podría poner en riesgo los recursos que van destinados para salud y la educación.“El Gobierno, amparado en la emergencia económica, regula aspectos como el impuesto al licor, afectando el impuesto al consumo, elevando el IVA del 5% al 19%, lo que distorsiona el mercado regional, estimula el contrabando —que ya ronda el 30%— y constituye una medida regresiva frente a los avances logrados en descentralización administrativa y fiscal” anotó Villalba Mosquera.Señaló además el gobernador de los huilenses que esta medida afecta la descentralización política, administrativa y fiscal de los gobiernos departamentales “Los gobernadores tenemos el deber constitucional de defender nuestras rentas y la descentralización política, estas medidas afectan gravemente los ingresos departamentales y resultan, a todas luces, inconstitucionales”.Finalmente, el gobernador Villalba Mosquera, aclaró que su postura frente al decreto de la emergencia económica, no se trata de una confrontación con el gobierno nacional, sino, de un ejercicio responsable de análisis institucional y financiero para el departamento.
Cuando recibían la suma de 10 millones de pesos producto de una exigencia extorsiva a un comerciante de Neiva, el grupo Gaula de la Policía capturó a Jhoan Solain Murillo Calderón y Joel Figueredo Terán, a quienes les hallaron en su poder un panfleto citatorio, dos celulares y dinero en efectivo.Según las investigaciones de las autoridades, estas dos personas se identificaban como integrantes del frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc para amedrentar a las víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.“El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Bosque de San Luis comuna seis, en el momento exacto en que los presuntos delincuentes recibían la suma de diez millones de pesos producto de una exigencia económica a cambio de no atentar contra la integridad personal de la víctima ni contra su empresa”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.De acuerdo con las evidencias recaudadas, desde diciembre del año anterior la víctima venía siendo intimidada mediante panfletos extorsivos y se hacían pasar por el frente ‘Darío Gutiérrez’ de las disidencias de las Farc, quienes inicialmente exigían la suma de 40 millones de pesos.Los dos capturados fueron judicializados por el delito de extorsión agravado y un juez les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.