A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.En desarrollo...
En el sur de Santander, la vida cotidiana se ha convertido en una prueba de supervivencia. En el municipio de San Andrés, cientos de familias campesinas enfrentan a diario un peligro silencioso pero constante: cruzar pasos improvisados sobre el río Congreso ante la ausencia de un puente seguro que garantice su movilidad.La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud que dejó incomunicada a buena parte del sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores deben arriesgar su vida para llegar a centros educativos, citas médicas o cumplir con sus labores agrícolas, atravesando estructuras artesanales que no ofrecen ninguna garantía de seguridad.Las lluvias y las crecientes del río han empeorado la situación. En varias ocasiones, los pasos improvisados han colapsado, obligando a las comunidades a quedar totalmente aisladas durante días. La angustia es mayor para quienes dependen del transporte de productos como café y panela, base de la economía local y sustento de cientos de hogares.Ante la falta de una solución definitiva, los habitantes solicitan alternativas urgentes que permitan al menos el paso seguro de alimentos y mercancías, mientras se avanza en una obra estructural que restablezca la conexión entre el casco urbano y las veredas.Desde la Gobernación de Santander se han adelantado intervenciones para mitigar la emergencia, incluyendo la instalación de un puente provisional y trabajos de recuperación vial. Sin embargo, las autoridades reconocen que las condiciones del terreno y la magnitud del deslizamiento hacen necesaria una inversión adicional para proteger la infraestructura y evitar nuevos colapsos.Aunque ya se han destinado recursos para atender la emergencia, la falta de financiación nacional ha retrasado una solución definitiva. Entre tanto, las comunidades continúan expuestas a un riesgo permanente, a la espera de una respuesta que les permita recuperar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad que hoy no tienen.
Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras una investigación que permitió desmantelar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, un negocio ilegal que se movía desde hace meses en el Valle de Aburrá.Los operativos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. En estos puntos, las autoridades practicaron allanamientos que terminaron con la detención de los presuntos integrantes de la estructura, quienes deberán responder por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal al país.De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de comercializar y distribuir cigarrillos de contrabando en distintos sectores de Medellín. La mercancía, al parecer, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela y era transportada en vehículos de servicio público, una modalidad que les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.A la par, las autoridades determinaron que el negocio no solo se sostenía en la venta directa al consumidor, sino también en el abastecimiento de pequeños comercios, donde los cigarrillos eran ofrecidos a menor precio frente a los productos legales. Esta práctica, además de representar un riesgo para la salud de los compradores, habría generado un fuerte golpe económico.Las estimaciones indican que la red habría causado un daño superior a los 2.000 millones de pesos, producto de impuestos que dejaron de pagarse y de la circulación de productos sin ningún tipo de control sanitario.Por lo pronto, con estas capturas, la investigación entra en una nueva etapa para establecer si hay más personas involucradas en la red y si el contrabando se extendía a otros municipios del área metropolitana. Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
El próximo 27 de enero comenzarán los cierres durante cinco horas diarias y por al menos 10 meses en el sector Las Areneras con el fin de que se haga la construcción del Retorno 2 - Paso Nivel en la vía Pacífico 1; no obstante, la medida anunciada por la concesión Covipacífico sigue generando molestia entre los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño y la misma Gobernación de Antioquia.Recientemente, las autoridades departamentales y locales mostraron nuevamente su rechazo al cierre en el municipio de Amagá, ya que esto generaría graves afectaciones a la movilidad de la subregión, el turismo y el transporte de pasajeros y productos. El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, aseguró que, de hacerse el cierre, sería un duro golpe para todos los municipios del suroeste antioqueño."No podemos tolerar más cierres en estas vías, en las areneras, lo que pasó en el Repecho de la Cianifana. Hoy en día es una odisea usted viajar a la ciudad de Medellín. Si a esto le sumamos un cierre tan prolongado en las areneras, creo que sería una verdadera pandemia", indicó.Aunque aún no se ha conocido un pronunciamiento por parte de la Concesión Covipacífico ni de la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Gobernación de Antioquia se hizo una propuesta para aprovechar una vía veredal con la que se podría retirar el material de las obras sin afectar la movilidad de vehículos y que, eventualmente, solamente se necesitarían unos cierres temporales o parciales durante un corto tiempo.Mientras las entidades correspondientes estudian las alternativas, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, cuestionó el cierre de cinco horas y aseguró que cree que las medidas pueden ser más cortas para no afectar económicamente al Suroeste antioqueño."Este cierre que está proponiendo Pacífico 1, nosotros lo vemos exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector. Podemos disminuir el tiempo del cierre, sabemos que hay momentos en que se tienen que hacer los cierres, pero que no sean tan prolongados", aseguró.Por ahora, la Gobernación de Antioquia reiteró al Gobierno nacional, a través de la ANI, que avancen en las labores sobre la vía Pacífico 1, que ha tenido serios retrasos y que sigue generando afectaciones graves para el desarrollo de la subregión antioqueña.
En entrevista en Sala de Prensa el decano de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, expresó fuertes reparos frente a las recientes decisiones económicas del Gobierno nacional, especialmente la declaratoria de emergencia económica, el aumento del salario mínimo, los cambios tributarios sobre licores y tabaco, y la política de endeudamiento.Herrera recordó que el artículo 215 de la Constitución solo permite declarar una emergencia económica cuando existen hechos “extraordinarios, imprevisibles y sobrevinientes”, condiciones que, según él, no se cumplen en este caso. “Difícilmente se puede catalogar como un hecho sorpresivo que el Congreso no haya aprobado los recursos del presupuesto, porque el Gobierno sabía desde el primer momento que eso podía suceder”, afirmó. Incluso usó una metáfora doméstica: “Es como hacer el presupuesto de la casa con un crédito que el banco aún no ha aprobado”.El economista también cuestionó que el déficit fiscal sea presentado como un hecho inesperado. Recordó que fue el propio Gobierno el que activó la cláusula de escape de la regla fiscal. “Desde junio ya se sabía que esto iba a generar una presión de déficit cercana al 6,8 % del PIB”, subrayó.Sobre el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, Herrera alertó por el impacto directo en las finanzas regionales. “Menos rentas departamentales afectan directamente la salud y la educación”, señaló, pero además advirtió sobre el efecto en los hogares: “El consumo de estos bienes es inelástico; la gente seguirá comprándolos y eso reducirá su capacidad de pago para otros productos esenciales”.En cuanto al aumento del salario mínimo del 23,7 %, el decano expresó preocupación por el análisis presentado por el presidente. “No se puede concluir que no habrá inflación mirando precios de Corabastos solo durante 15 días”, afirmó. Además, destacó que el impacto real se verá cuando las empresas enfrenten el alza en sus estructuras de costos: “Estamos hablando de incrementar el salario casi en una cuarta parte, lo que afecta transversalmente las cadenas productivas y de servicios”.Otro punto crítico fue la emisión de bonos del Tesoro. Herrera explicó que se trata de deuda y no de un logro automático: “Uno puede colocar bonos porque ofrece tasas muy altas, pero eso no significa necesariamente confianza; es como cuando el banco presta, pero cobra más interés porque percibe mayor riesgo”. Según él, Colombia “se sigue endeudando sin resolver el problema de fondo”.Sobre la caída del dólar, señaló que obedece, entre otros factores, al ingreso de divisas por deuda, remesas y posibles flujos ilícitos, lo que podría estar generando una tasa “artificialmente baja”.Finalmente, cuestionó que el Gobierno atribuya la situación actual únicamente a la administración anterior. “Llama la atención que, faltando seis meses para terminar el mandato, se sigan tomando decisiones improvisadas y mirando solo por el espejo retrovisor”, dijo. Y concluyó: “La Superintendencia de Industria y Comercio no está para controlar precios; su función es proteger la libre competencia. En una economía de mercado, lo que necesitamos es dinamizar la oferta y la demanda”.
Los beneficios de trabajar en el exterior son muchos, pues, además de salarios más altos, también existe una amplia posibilidad del desarrollo profesional, obtener mayores contactos, conocer otras culturas y aprender otros idiomas.Sin embargo, aceptar una propuesta de empleo fuera del país también puede implicar un riesgo considerable. En múltiples ocasiones, estas ofertas no corresponden a trabajos legítimos, sino que forman parte de engaños en los que grupos delincuenciales se aprovechan de quienes buscan oportunidades laborales.El Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como la Cancillería de Colombia, es la entidad responsable de conducir la política exterior nacional, velar por los derechos e intereses de los colombianos en el extranjero y prestar servicios consulares como la expedición de pasaportes, trámites de visas y asistencia a connacionales fuera del país.En este contexto, desde dicha cartera se emitieron advertencias sobre las situaciones que deben reconocerse para evitar caer en estafas y falsas propuestas de empleo en el exterior.Trabajo en el exterior: desconfíe si identifica estos seis casosLa Cancillería informó que muchas propuestas pueden esconder graves riesgos que afectan la integridad de las personas; por ello es importante identificar las señales de alerta antes de aceptar la oferta laboral en el exterior, estos son los seis casos de los que hay que desconfiar:No hay un contrato claro o está en un idioma que no se comprende.Piden salir rápido del país.No explican quién lo contrata.Prometen altos pagos sin garantías.Piden dinero por adelantado.Evitan canales.Lo que debe tener en cuenta antes de salir de viaje a otro paísAdemás de identificar las anteriores situaciones de alerta, hay que conocer el panorama del país al que se va a viajar: conocer las ventajas y desventajas de las condiciones sociales, económicas y ambientales. Los servicios de salud y educación.Consultar información sobre el mercado laboral del país de interés:Situación del empleo y desempleo.Ocupaciones de alta/baja demanda.salario mínimo promedio;Legislación laboral.Costos de vida.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que interpondrá una demanda contra el proyecto de decreto del Gobierno nacional que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos que se hagan mediante billeteras electrónicas y pasarelas de pago como Bre-B, Nequi, Daviplata, al considerar que la medida “atenta contra la libertad económica y golpea a los sectores más vulnerables del país”.“Vuelve y nos quiere robar Gustavo Petro con un proyecto de decreto donde grava las transacciones de las billeteras digitales. ¿Acaso el afán no es formalizar al informal, bancarizar al no bancarizado?¿Quién no usa Nequi? ¿Quién no usa todas estas ofertas de servicio tecnológico hoy desde su celular?, que es más barato,a robarle la platica a la gente, la platica de la transferencia. Que bien el gobierno comunista dejando más pobres a los pobres”, expresó Cabal en un video divulgado en sus redes sociales.La senadora, quien aspira a la Presidencia en 2026, señaló además que la decisión del Ejecutivo “contradice el discurso de inclusión financiera” y advirtió que el cobro podría empujar a muchos ciudadanos “de nuevo a la informalidad”, al desincentivar el uso de servicios digitales gratuitos.El proyecto de decreto, actualmente en evaluación, contempla que los pagos por medios digitales estén sujetos a retención en la fuente por cuenta del IVA, de la misma forma en que ya ocurre con los pagos realizados mediante tarjetas bancarias. La medida busca establecer reglas uniformes entre plataformas.Sin embargo, varios economistas y exfuncionarios expresaron su preocupación. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que “gravar las transacciones digitales con una retención del 1,5 %, equivalente al 15 por mil, va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”. Según Mejía, esta decisión encarecería las operaciones electrónicas y desincentivaría el uso de canales digitales.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazaron la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 0858, con el que el Gobierno buscaba implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, aparte de la reforma de la salud.Petro aseguró que suspender un sistema preventivo era ir en contra de la vida humana.Luego, en otra publicación, el presidente trasladó su crítica a las EPS y otras entidades, así como al Consejo de Estado por su decisión.“El sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público, de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio. Lamentable aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho”, añadió Petro.Jaramillo amplió la posición y calificó como inadmisible frenar este decreto que implica la adopción del modelo preventivo y predictivo para fortalecer la atención primaria en salud.“Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación”, escribió Jaramillo.En su publicación, el ministro de Salud volvió a arremeter contra el sector privado que dirige las EPS e IPS del país.“Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, reiteró.Ahora, el Gobierno deberá defender ante el Consejo de Estado por qué se debe continuar con la ejecución de este decreto, aunque será un debate de varios meses.El decreto implicaba, entre otras, la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) como primer punto de contacto con la población y base territorial para la atención. Las clínicas y hospitales también se reorganizarán bajo este nuevo esquema, mientras las EPS mantendrán su existencia, pero con funciones limitadas, ya que los departamentos y municipios asumirán la organización de las redes hospitalarias y su funcionamiento.Expertos, agremiaciones de pacientes y organizaciones de profesionales de salud alertaron que el documento generaba varias confusiones en las responsabilidades de cada actor y no estaba claro cuál sería la fuente de financiación para los cambios.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufre un nuevo revés, esta vez, por cuenta de la decisión que tomó el Consejo de Estado al decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno Nacional había puesto en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, piedra angular de su reforma sanitaria.Esta decisión se da dentro de una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.Esto, para el Consejo de Estado, implicó una modificación sustancial del modelo de prestación del servicio público de salud.“Al adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno nacional extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley, en los aspectos que fueron invocados por el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Además, la demanda sostiene que el decreto omitió la consulta previa con comunidades indígenas, pese a que las nuevas disposiciones podrían impactar el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural.
Habitantes de 14 veredas de San José del Guaviare protestan por el mantenimiento de una vía que los comunica con el sector urbano y, debido a la manifestación, no hay acceso al municipio esta tarde de miercoles 23 de octubre.Según información, la comunidad exige la intervención de una vía en la vereda El Capricho, la cual está ubicada en una zona de reserva natural.Precisamente, esta sería la causa por la que ni el municipio ni el departamento podrían hacer inversiones en esta vía.José Alexander Corgua, secretario de Asojuntas de la vereda El Capricho, asegura que hay una normatividad que permite la ejecución de recursos, pero las entidades territoriales se pasan la pelota de un lado al otro sin encontrar una solución.La falta de mantenimiento de esta vía tiene incomunicadas a cerca de 10.000 personas que habitan en estas 14 veredas y municipio, incluida El Capricho.Por su parte, el alcalde municipal, Willy Rodríguez, señaló que la situación de invierno ha dificultado aún más la situación, y señaló que es necesario que el Gobierno nacional autorice a la alcaldía para poder hacer intervenciones preventiva y correctiva en esta vía.Ante la situación, las comunidades hacen un llamado al Gobierno nacional y autoridades ambientales a revisar su situación y encontrar soluciones.
El presidente Gustavo Petro calificó este jueves de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia"."Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que EE.UU. anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.Petro afirmó además que Trump lo ha "calumniado y ha insultado a Colombia". El inquilino de la Casa Blanca lo tachó ayer de "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la guerra contra las drogas.Hasta la fecha, la Administración Trump ha informado de al menos nueve ataques de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe y en el Pacífico desde que el Pentágono inició en agosto una operación antidrogas, en los que, según el Gobierno de EE.UU., han muerto unas treinta personas.Según Petro, su Gobierno ha identificado a un colombiano entre estas víctimas mortales, un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta, identificado como Alejandro Carranza y fallecido presuntamente en un ataque a mediados de septiembre.Sin embargo, advirtió que podrían ser más los ciudadanos colombianos abatidos, ya que "el lanchero colombiano tiene una mayor proporción que los demás países del Caribe o del Pacífico".Por otro lado, Colombia recibió el fin de semana a un ciudadano herido en uno de los ataques, identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años, que llegó con "traumatismo cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador" y se mantiene en estado crítico en un hospital del barrio de Kennedy, en el sur de Bogotá, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Petro señaló que las lanchas atacadas, con motor fuera de borda, "jamás" podrían navegar más de siete horas o llegar a Estados Unidos, por lo que pidió considerar a los lancheros como "obreros del narcotráfico" y no como narcotraficantes.Reiteró, en ese sentido, que los "capos" del narcotráfico "no viven en las lanchas bombardeadas ni en los campos de coca que hay en Colombia" sino "en las grandes ciudades del lujo del mundo"."Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína o sea que no, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza, castigado por el derecho internacional humanitario", sostuvo.Consultado sobre la posibilidad de que la Administración Trump imponga nuevos aranceles a Colombia —que ya paga un 10 % en la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, la tasa base que Washington aplica a varios países en su guerra comercial—, Petro reconoció que sería "obviamente un problema", aunque dijo que afectaría solo al 10 % de las exportaciones totales colombianas.Colombia destina a su principal socio comercial, Estados Unidos, el 26 % de sus exportaciones. De esa cifra, el 60 % corresponde a petróleo y carbón, por lo que, según Petro, el país norteamericano solo impondría mayores gravámenes al 40 % restante.
Fueron liberados los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo el pasado 6 de enero. Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría. Se trata de Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.En desarrollo...
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Las campañas para la consulta del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho han generado polémica tras la revisión de los documentos de financiación.En el caso de Corcho, los documentos señalan que obtuvo un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.La ahora candidata al Senado se refirió al tema, negando cualquier irregularidad.“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, señala la aspirante al Senado en un comunicado.Además, señaló que se estaban haciendo acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento contra su campaña.“Dichos servicios fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias. La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, agregó Corcho.
A raíz de las constantes denuncias de cientos de usuarios de la Nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos en Neiva, las autoridades de salud y los entes de control se reunieron para analizar y buscar medidas urgentes con el Gobierno nacional para que se les garantice el derecho a los afiliados.La secretaria de salud municipal, Lilibeth Johana Galván, dijo que esta situación hace parte de la grave crisis estructural que enfrentan las EPS en el país, especialmente, en el suministro de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos entre esos Discolmets y Colsubisidio.“Esta situación hace parte de una crisis estructural en la prestación de los servicios de salud, que no es reciente y que ha venido afectando de manera progresiva, especialmente, en el suministro de medicamentos. Frente a este panorama, la Secretaría de Salud Municipal ha adelantado mesas de trabajo y reportes permanentes con la Secretaría de Salud Departamental y la Supersalud. Con Nueva EPS hemos venido surtiendo algunas acciones de vigilancia toda la situación que ha venido afectando a la población”, indicó la secretaria de salud de Neiva.Le puede interesar: “Hoy hay muerte, dolor y ruina”: pacientes denuncian colapso de la Nueva EPSDurante la reunión que se cumplió este fin de semana con la Supersalud, Procuraduría y Personería municipal, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, informó que uno de los compromisos del gestor farmacéutico Discolmets es hacer entrega de medicamentos correspondientes a fórmulas expedidas a partir del 6 de diciembre del año 2025.¿Qué dicen los usuarios?Blu Radio también consultó con los usuarios de la Nueva EPS y esto fue lo que respondieron con respecto a la entrega de medicamentos en Discolmets."Mi nombre es Domingo Mahecha, yo he venido solicitando los medicamentos para mi esposa que le hicieron una cirugía de cráneo, vine hace 20 días y la respuesta es que los medicamentos siguen pendientes y así me tienen", dijo uno de los afiliados a Blu Radio.Gloria González, otra afiliada, dijo que lleva seis meses reclamando los medicamentos para su esposo que es diabético y no le han entregado, igual que Argenis Ledesma, quien lleva el mismo tiempo intentando recibir los medicamentos de diabetes e hipertensión.Por último, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, le hizo un llamado al Ministerio de Salud buscar soluciones de fondo ante esta grave situación que padecen los usuarios de la Nueva EPS, donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo que necesitan urgente el suministro de los medicamentos.“En nuestro despacho, entre el 2025 y a la fecha, llevamos 118 tutelas radicadas solo en casos de salud, es decir, de usuarios y personas que llevan meses reclamando medicamentos y citas con especialistas. Nosotros hemos estado muy vigilantes de este tema de la salud, son más de 130.000 afiliados de la Nueva EPS en Neiva y en el Huila. Esta situación requiere una solución de fondo y por eso le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que actúe bajo los parámetros legales”, concluyó el personero de Neiva.
Comprar vivienda propia en Colombia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil de alcanzar y, lejos de aliviarse, todo indica que su costo será más alto en 2026. El reciente aumento del salario mínimo, que quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, impacta de forma directa el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), lo que volvió a encender las alarmas para quienes sueñan con estrenar casa este año.En ciudades como Bogotá, por ejemplo, el precio de un apartamento VIS puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, es decir, cerca de $262 millones, una cifra que para muchos hogares se siente cada vez más lejana. Por ello, cada ajuste termina afectando de manera directa al comprador.Salario mínimo impacta la compra de vivienda VIS y VIPLa relación entre el salario mínimo y la vivienda VIS y VIP es estrecha y, con el tiempo, castiga más el bolsillo de los colombianos. Con el aumento del ingreso base, el tope máximo de estas viviendas sube de inmediato, reduciendo el margen de maniobra para quienes dependen de subsidios o créditos hipotecarios.Ante este panorama, el Gobierno nacional puso sobre la mesa una propuesta que ha generado debate: desvincular el valor de la vivienda VIS y VIP del salario mínimo. La idea es que los precios no continúen creciendo al mismo ritmo del ingreso base del país, lo que podría convertirse en una alternativa para evitar sobrecostos en los inmuebles.Construcción también afecta la compra de viviendaSin embargo, el problema no se limita únicamente al incremento del salario mínimo. Los costos de construcción siguen siendo un factor determinante. Si bien el DANE reportó una variación moderada del 0,13 % en noviembre en el índice de costos de obras civiles, otros rubros continúan presionando al sector:Transporte, con un aumento del 1,61 %Herramientas menoresEquipos utilizados en obraAunque los materiales, que representan más del 50 % de la estructura de costos, tuvieron un alza leve, siguen siendo el componente que más pesa al momento de definir el precio final de la vivienda.“Los resultados de noviembre confirman que el sector continúa enfrentando presiones de costos, y el reto para 2026 será implementar soluciones que mejoren la eficiencia sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad de las obras”, afirma Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.¿Se puede comprar casa más barato?En medio de este escenario, las constructoras buscan estrategias para no trasladar todo el impacto al comprador. La digitalización y el uso de herramientas como el modelado BIM aparecen como aliados para mejorar la eficiencia, reducir reprocesos y anticipar sobrecostos.Pese a ello, mientras no se defina con claridad qué ocurrirá con el Gobierno frente a la indexación del salario mínimo, la compra de vivienda sigue siendo un dolor de cabeza para miles de familias en Colombia.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló sobre la tensa situación que se vive en el municipio de Necoclí tras las protestas de familias que se sienten excluidas de la adjudicación de un predio de aproximadamente 1.143 hectáreas. Harman fue enfático al señalar que, contrario a lo que circula en versiones locales, la entidad aún no ha formalizado la entrega de las tierras, ya que actualmente se adelanta un operativo de desalojo contra un ocupante indebido.Desinformación y sabotaje políticoSegún el director de la ANT, existe una "desinformación profunda" que busca sabotear las diligencias legales de la agencia. Harman identificó directamente al exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, como el presunto responsable de promover invasiones y difundir falsos rumores, como la supuesta entrega de tierras a personas foráneas provenientes del Catatumbo. "Él es el que está promoviendo las invasiones para sabotear el desalojo y que este señor [el ocupante actual] no desocupe la finca", afirmó el funcionario.El objetivo de esta narrativa, según el Gobierno, sería favorecer a una empresa ganadera que ha ocupado el predio durante los últimos tres años sin pagar contraprestación alguna al Estado.El origen y futuro del predioLa finca en disputa tiene una carga histórica significativa, pues Harman la describió como una de las propiedades más poderosas de la región, donde anteriormente se reunían figuras paramilitares como Rito Alejo del Río y 'El Alemán' para coordinar acciones criminales en el Golfo de Urabá. El terreno formaba parte de los bienes de Justicia y Paz entregados por paramilitares en 2005.Respecto al destino de las hectáreas recuperadas, el director explicó que se ha llegado a un acuerdo institucional para beneficiar a la comunidad local. El municipio de Necoclí contará con un banco de suelo para vivienda urbana, mientras que el resto del terreno será destinado a campesinos seleccionados a través del Comité Municipal de Reforma Agraria.Proceso de desalojo en cursoHarman aclaró que lo ocurrido el pasado viernes no fue una entrega oficial, sino una "diligencia de aprehensión" y una asamblea informativa con 120 familias locales para definir las reglas de postulación. Actualmente, el ocupante ilegal dispone de un plazo de cinco días para retirar su ganado y bienes del lugar. "Seríamos absolutamente irresponsables de entregar una finca con unos bienes de un indebido ocupante... eso sí que generaría más conflicto en la región", puntualizó el director, quien también confirmó una próxima reunión con el actual alcalde para finiquitar el saneamiento del predio. Escuche aquí la entrevista:
El Ejército colombiano confirmó este lunes, 19 de enero, la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas Farc que tuvieron lugar el pasado viernes en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país."En este momento se han recuperado 26 cadáveres" a los que ya se les está haciendo "el proceso correspondiente en la parte judicial", dijo el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque en diálogo con Mañanas Blu.El enfrentamiento tuvo lugar el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, 'alias Iván Mordisco', el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, 'alias Calarcá'."Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", agregó el general Roque.En fotos y videos publicados el sábado por medios locales se ven varios cadáveres uniformados tendidos sobre una carretera del Guaviare, donde hace solo doce días el Ejército activó la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 con el fin de combatir a los distintos grupos armados ilegales que operan en la zona.Según el oficial, desde el viernes "no hay más confrontaciones" entre los dos grupos de las disidencias que están enfrascados en una disputa territorial por las zonas cocaleras de El Guaviare, que definió como "un conflicto por el control de las economías ilícitas"."Ya las tropas están en el terreno retomando el control de la situación (...) protegiendo la población civil que se encuentra en la zona", agregó.Ante la delicada situación de orden público en El Retorno, la Procuraduría General (Ministerio Público) pidió a las autoridades "protección inmediata a sus comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes".