El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
En un comunicado, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y a quien se le atribuyen numerosos atentados contra la Fuerza Pública en el país, denunció que, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare el pasado viernes 16 de enero, varios de sus integrantes fueron “envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia”, negando que se hubiera presentado un combate con una facción de los hombres al mando de alias ‘Calarcá’.Según ‘Mordisco’, habría una alianza criminal entre el Ejército —más exactamente la Brigada 22 de Selva, que opera en el departamento del Guaviare— y alias ‘Calarcá’, la cual involucraría a altos mandos militares y a miembros de la dirección de inteligencia.De acuerdo con el comunicado, existirían videos que circulan en redes sociales donde, según las disidencias, se evidencia la participación de civiles entre los muertos y la sevicia del operativo.Ante la gravedad de su hipótesis, el grupo de ‘Mordisco’ instó a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal a realizar peritajes técnicos que confirmen o descarten el envenenamiento o la sedación de los cuerpos antes de su entrega a las familias.Los cuerpos de estos presuntos guerrilleros llegaron a Villavicencio, donde se adelanta su plena identificación.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
La televisión francesa mostró por primera vez imágenes del espectacular robo en el Louvre en octubre, grabadas por cámaras de videovigilancia, en las que se ve a dos de los ladrones extraer las joyas de las vitrinas.En las grabaciones, difundidas el domingo por la noche por TF1 y France Télévisions, se distingue claramente a dos de los delincuentes: uno lleva un pasamontañas negro y un chaleco amarillo y el otro viste de negro y utiliza un casco de moto. Ambos se introducen en la galería de Apolo, donde se encontraban las joyas.Las imágenes los muestran entrando en la sala por la ventana, a la que accedieron con un montacargas. Uno de los dos hombres intenta romper el cristal de la vitrina donde está la diadema de la emperatriz Eugenia con una sierra radial. Termina de quebrar el vidrio a puñetazos.Luego va a ayudar al otro individuo, que no consigue romper otra vitrina. Al final, lo logran y extraen rápidamente varias joyas. La operación duró menos de cuatro minutos, ante la mirada de varios agentes que no saben cómo actuar. Uno de ellos levantó un pequeño poste, sin saber realmente qué hacer, según las imágenes de France Télévisions. Los ladrones se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares
La colisión entre dos trenes de alta velocidad el domingo por la noche en el sur de España dejó al menos 39 muertos, una cifra que "no es definitiva", advirtieron el lunes las autoridades, que describen un accidente "tremendamente extraño".El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 muertos a primera hora de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior. El balance previo era de 21 fallecidos.La cifra "no es definitiva", avisó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dirige al lugar del accidente. La catástrofe dejó también unos 123 heridos, cinco de ellos muy graves y 24 graves, según el último balance de Interior. Todos los heridos han sido evacuados de la zona, había asegurado durante la noche el ministro Puente.La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada para apoyar a los equipos de rescate, y se instaló un hospital de campaña en la zona. El lugar del accidente es de difícil acceso, según explicó a la televisión pública Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja española."El acceso es complejo porque solo se puede hacer por un camino de servicio, un camino de tierra por el cual hemos podido entrar y por donde todos los servicios de emergencia estaban trabajando", expuso."Con las primeras luces del día, tendremos una mejor visión de lo que ha pasado exactamente y de la magnitud del accidente", indicó.- ¿Qué ocurrió en España? - La colisión ocurrió a las 19H45 locales (18H45 GMT) cerca de Adamuz, a casi 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid y chocó con tren de la compañía pública Renfe, que iba de la capital a Huelva.Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó con ellos."La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", explicó Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, según el ministro.Imágenes obtenidas por la AFP mostraban dos vagones de un mismo tren, con franjas rojas y azul marino, totalmente fuera de las vías e inclinados, con personas trabajando en el suelo terroso junto a la vía. Otra foto enviada por Iryo muestra un tren completamente tumbado en la vía."Parece una película de terror", relató un pasajero, Lucas Meriako, que se encontraba a bordo del tren de Iryo, al canal La Sexta. "Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer (...) Había muchos heridos por los vidrios", agregó.¿Qué causó el accidente de trenes en España?El ministro de Transportes calificó el accidente de "tremendamente extraño". Puente explicó que el tren era "prácticamente nuevo (...) que no sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada". Según afirmó, se invirtieron unos 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares) en la vía y en mayo se terminaron "los trabajos de sustitución de cambios y de desvíos"."Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente", agregó. La compañía Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su "última revisión se realizó el pasado 15 de enero"."El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en "circunstancias extrañas".Una comisión que se encarga de investigar los accidentes está en el lugar recogiendo pruebas, agregó.- España, conmocionada - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuló su agenda del lunes para acudir al lugar del accidente, anunció su equipo.La Casa Real española indicó, de su lado, que seguía "con gran preocupación" el desarrollo del "grave accidente" entre dos trenes. Ante la situación, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estarán suspendidas "al menos, durante todo el lunes 19 de enero", según anunció en X el gestor de la red Adif.Dirigentes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron o el jefe del Gobierno alemán Friedrich Merz, expresaron sus condolencias por lo ocurrido. En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela (noroeste), que dejó 80 muertos.
Un total de 39 personas han muerto en el accidente de trenes que sucedió ayer domingo en la localidad de Ademuz (Córdoba, sur de España), según han indicado fuentes de la investigación.Un total de 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur de España) a las 18:40 horas de la tarde de este domingo (17:40 GMT) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas (18.39 GMT) e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.En imágenes quedó registrado el impactante accidente de cómo los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.El ministro español de Transportes, Óscar Puente, consideró este lunes, en declaraciones desde la estación de Atocha (Madrid), que este accidente de ferrocarril es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura. Investigación en marchaEl tren Iryo que descarriló había sido revisado el 15 de enero, hace solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la propia compañía, que ha afirmado que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de las pesquisas.El accidente se produjo en un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo, con una inversión de 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares).El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró este lunes que este accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y también se había renovado recientemente la infraestructura.
Los llamados ‘pinchallantas’ volvieron a encender las alertas en Bogotá. Un nuevo caso registrado durante el fin de semana en la localidad de Fontibón terminó con el cierre de un montallantas, luego de que un conductor denunciara un cobro superior a los $3 millones por la reparación de las llantas de su vehículo.El procedimiento fue realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, tras verificar irregularidades en el establecimiento y recibir el testimonio del afectado, quien conducía un carro eléctrico.Según el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, el conductor sufrió inicialmente el pinchazo de una sola llanta mientras transitaba por el sector de la calle 13 con carrera 128. Tras el incidente, fue dirigido a un taller cercano, donde, en un primer momento, le indicaron que la reparación tendría un costo cercano a los $80.000.Sin embargo, la situación cambió minutos después. De acuerdo con el relato del afectado, tras revisar el vehículo nuevamente, los trabajadores del lugar aseguraron que las cuatro llantas estaban pinchadas, situación que el conductor consideró irregular, ya que el daño inicial solo se presentaba en una.El monto exigido por el taller ascendió a más de $3 millones, argumentando que se habían instalado 44 parches en total y que el cobro se realizaba de manera individual por cada uno.Para dimensionar la cifra, un juego completo de llantas nuevas para carros citycars, como el BYD, puede costar entre $3.120.000 y $3.440.000. Es decir, el valor exigido por la reparación era equivalente a comprar las llantas completamente nuevas.Ante la inconformidad, el conductor se negó a pagar y solicitó la intervención de las autoridades.Por qué cerraron montallantas en FontibónTras acudir al lugar, la Policía de Bogotá constató que el establecimiento no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, entre ellos la documentación necesaria para operar. Por esta razón, se ordenó el cierre inmediato del negocio, como parte de los operativos que se vienen adelantando contra prácticas abusivas en talleres y montallantas de la ciudad.Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos buscan proteger a los conductores frente a cobros excesivos, daños intencionales y engaños, especialmente en zonas donde históricamente se han reportado casos de ‘pinchallantas’.El cierre del taller se da en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, los reportes relacionados con pinchallantas aumentaron más de un 124 % en lo corrido del 2025, con alrededor de 140 llamadas registradas a la línea 123.Este incremento llevó a las autoridades a reforzar los controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad, con especial atención en localidades como Fontibón, donde se han concentrado varias denuncias recientes.
Una serie de incendios forestales que avanzan sin control en el sur de Chile este domingo dejan al menos 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo al último balance oficial.En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combatían 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.Las dos regiones se mantienen bajo alerta roja.En el último reporte oficial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, actualizó a 19 la cifra de muertos."El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble", afirmó.Más temprano, al reportar 18 víctimas, el presidente Gabriel Boric aseguró que tenía "la certeza de que ese número va a aumentar".Boric anunció, además, el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco."Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.En Lirquén, militares resguardaban las calles al caer la noche.Sin embargo, pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas alumbrados sólo por linternas, constató un periodista de la AFP en el lugar.El presidente Boric viajó el domingo a Concepción para liderar las labores de control de las llamas. Regresó luego a Santiago y anunció que el lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, "para compartirle información actualizada" de la tragedia."En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el Presidente electo trabajaremos juntos", afirmó el mandatario."No quedó nada parado"El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas."A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco.La velocidad de las llamas fue tal que "tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos veinte minutos más y nos morimos calcinados", agregó.El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que sólo en este lugar murieron calcinadas 14 personas.En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador.El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones". Muchos de los vecinos "se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa", relató a la AFP Alejandro Arredondo, un habitante de Lirquén de 57 años."No quedó nada parado", añadió frente a una imagen dantesca en la mañana del domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas aún ardiendo.Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.Incendios recurrentes Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones, las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos.El lunes se esperaban condiciones similares.En el combate del fuego participan unos 3.700 bomberos.Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de "catástrofe" tras un orden del presidente Boric. La medida implica que las Fuerzas Armadas tomaron el control de ambos lugares.En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.Aquel siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por esos incendios que, de acuerdo a la investigación judicial, fueron iniciados intencionalmente por bomberos y brigadistas forestales.
El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), Franklin Urbina, alertó sobre las deficiencias en la gestión y los sistemas tecnológicos de la Aeronáutica Civil, que —según dijo— están afectando la seguridad operacional del país. “Estamos emitiendo un SOS para atender oportunamente lo que venimos denunciando”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.Urbina explicó que el gremio ha enviado al menos siete cartas a la Aerocivil y al presidente de la República sin obtener soluciones concretas. “Queremos un externo que apoye; algo está definitivamente ocurriendo. Siempre pasamos como un sector invisible, pero cuando estamos en micrófono es porque algo anormal está sucediendo”, señaló.El directivo también se refirió a las recientes demoras y caos en los aeropuertos, como la sucedida en la mañana de este jueves en El Dorado, que atribuyó a una combinación de condiciones meteorológicas y fallas técnicas que ya habían sido advertidas. “Fue una condición meteorológica, situación que alertamos desde 2022, pero la tecnología presenta demasiadas inconsistencias. Hoy la operación fue caótica y tocará recuperarla durante el día”, sostuvo.Según Urbina, los controladores aéreos han documentado de forma reiterada la inestabilidad del sistema tecnológico. “La situación inestable no es producto de nuestra imaginación. El sistema debería estar operando en las mejores condiciones, pero la inestabilidad está debidamente registrada. Tiene que haber una debida gestión de la seguridad operacional”, enfatizó.Finalmente, insistió en que los controladores continuarán denunciando cualquier situación que comprometa la seguridad aérea. “Cuando veamos situaciones que comprometan la seguridad, tomaremos los correctivos del caso”, concluyó Urbina, reiterando su llamado al Gobierno para una intervención urgente en la Aerocivil.
En una mañana marcada por la tensión, el presidente Gustavo Petro estaría valorando un cambio profundo en su equipo de Gobierno: dos ministras saldrían del gabinete en lo que se perfila como un nuevo remezón ministerial. Los nombres que más suenan son los de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas, y la canciller de la República, la señora Rosa Yolanda Villavicencio, así lo confirmó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, con Néstor Morales.La razón de fondo sería el episodio del consejo de ministros televisado del martes pasado, en el que Rivas confrontó al mandatario públicamente sobre la ejecución presupuestal de su cartera. La ministra le recordó al presidente que lo había informado previamente de la crisis en agua potable, saneamiento básico y vivienda social, y cuestionó que la firma del COMPES para adquirir los aviones Gripen se priorizara frente a esas urgencias. En ese escenario, el jefe de Estado la habría enfrentado con mayor severidad de lo habitual, lo que encendió las alarmas sobre su continuidad.En paralelo, la canciller Villavicencio estaría también con la cuenta regresiva. Según el reporte, el jefe de Estado expresó molestia por la falta de una interlocución diplomática adecuada, señalando que Colombia carece de embajador en Washington y que su política exterior “no está siendo defendida”. En ese sentido, el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, también figura entre quienes podrían abandonar el cargo.Hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio formal, pero la evaluación ya está en curso. El presidente estaría analizando los nombres de reemplazo para ambos cargos: para el Ministerio de Vivienda se apunta a una mujer cercana al proceso político del M-19 que conoce de hábitat y ciudad, mientras que para la Cancillería se busca “una persona con peso”, capaz de tener visa diplomática e interlocución de alto nivel con Washington.Este movimiento se produce en un momento clave para la administración Petro, que se encuentra en la recta final de su periodo. La salida de dos ministras tan visibles podría ser interpretada como un intento de dar un giro a la gestión ante críticas de burocratismo, lentitud e incumplimiento en metas sociales tan urgentes como el acceso al agua y la vivienda digna.Si los rumores se confirman, el aparato mediático se activará en las próximas horas con la reorganización del gabinete. El anuncio formal podría llegar en los próximos días, lo que pondría en movimiento un nuevo reordenamiento ministerial que puede tener impacto en la estabilidad política del Gobierno.De esta manera, el presidente Petro estaría moviendo ficha en el tablero ministerial, pues salen la ministra de Vivienda y la Canciller, con el que se busca marcar un nuevo rumbo antes de que arranque el tramo decisivo de su administración.
En el marco del Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo advirtió que, pese a la promulgación de la Ley 2364 de 2024, los avances en la garantía de derechos sociales para estas mujeres siguen siendo limitados.El organismo de control realizó un seguimiento a 33 entidades nacionales y 73 territoriales, encontrando que la mayoría reporta acciones generales para víctimas del conflicto armado, sin enfoques diferenciados para las mujeres buscadoras, incluso aquellas con pertenencia étnica.Entre los progresos identificados destacan los procesos de socialización y capacitación sobre la Ley, impulsados por entidades del Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, así como las acciones de memoria y reconocimiento lideradas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y RTVC. También se reconocen pasos en materia de participación, con la inclusión de las buscadoras en espacios de construcción normativa y política pública.Sin embargo, la Defensoría alertó que no existen medidas específicas en salud, educación ni vivienda, ni mecanismos operativos para poner en marcha el Registro de Mujeres Buscadoras. Mientras el Ministerio de Vivienda apenas diseña instrumentos normativos, no hay políticas concretas en educación para priorizar el acceso de estas mujeres, y en salud no se reportan programas especializados de atención o acompañamiento psicosocial.Durante el acto conmemorativo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rindió homenaje a Yannette Bautista Montañez, pionera en la lucha por la aprobación de la Ley, y subrayó el valor simbólico de esta norma.“La búsqueda es un derecho a saber dónde están nuestros seres queridos, qué les pasó y por qué los niegan. Es un derecho a despedirlos, abrazarlos y llorarlos”, expresó.La Defensoría anunció que continuará capacitando a su personal en las rutas de atención y acompañando a los colectivos de buscadoras en la exigencia de sus derechos, tanto en instancias judiciales como en la reglamentación de la Ley 2364.Entre las principales recomendaciones del ente están:Adaptar la oferta institucional con protocolos diferenciados y registros que reconozcan formalmente a las buscadoras.Fortalecer las rutas de salud, educación y vivienda con enfoque integral y territorial.Garantizar su participación activa y consulta continua en la formulación y evaluación de políticas públicas.Finalmente, Marín Ortiz agradeció a las mujeres buscadoras por su lucha y legado:“Gracias por hacer de la escucha una revolución, transformada en relato y convertida en realidad. Su resistencia sigue siendo un legado vivo para quienes no dejan de buscar”
Anticipándose al paso de la tormenta tropical Melissa por el Caribe colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió desde Bogotá 22,8 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia hacia San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La operación, apoyada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, busca reforzar la preparación y capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el archipiélago.El cargamento incluye 1.000 kits de alimentos, 1.000 de aseo personal, 1.000 de cocina, además de 3.000 sábanas y 3.000 toldillos, con los que se pretende atender de manera oportuna a las familias que puedan resultar afectadas.Según explicó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, “la gestión del riesgo comienza antes de la emergencia”, destacando que el preposicionamiento de ayudas en puntos estratégicos del país garantiza una respuesta rápida y efectiva cuando más se necesita.Esta acción hace parte de la nueva estrategia nacional de la UNGRD que busca anticiparse a los impactos de fenómenos naturales y asegurar que los territorios insulares y continentales cuenten con los insumos necesarios para responder a tiempo.La entidad indica que continuará fortaleciendo la preparación y destinando recursos para proteger la vida y el bienestar de las familias colombianas en todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, habló en Mañanas Blu del borrador de proyecto de ley que busca convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991. A punto de abordar su vuelo de regreso a Colombia desde China, el ministro detalló que la presentación de esta ley dependerá de una iniciativa popular que requiere la recolección de aproximadamente 3 millones de firmas ciudadanas.El ministro explicó que el proyecto de ley fue puesto a consideración de los sectores sociales, con el objetivo de que estos lo discutan y decidan si lo presentan formalmente, constituyéndose en un comité promotor.El borrador de ley y el requisito de las 3 millones de firmasLa propuesta se cataloga como una iniciativa que debe surgir de los ciudadanos, a pesar de que el texto inicial fue redactado por el ministro de Justicia. El funcionario enfatizó que su labor fue presentar este borrador para que sirva como "elemento de trabajo" y "punto de apoyo" para los sectores sociales. Estos sectores, de estar de acuerdo, deberían nombrar un comité promotor y un vocero para la reforma.El ministro confirmó que la idea principal es, efectivamente, reformar la Constitución de 1991. Sin embargo, esta reforma estaría sujeta a límites expresos establecidos en el proyecto. El límite fundamental que se impone es que no puede haber retrocesos en materia de derechos sociales ni en materia de derechos fundamentales.De acuerdo con el documento, la asamblea contaría con 71 constituyentes. Una vez instalada, esta asamblea sesionaría durante un periodo de tres meses. Uno de los puntos más relevantes del texto es que la asamblea operaría sin límites de temario, lo que implica una amplia libertad para abordar diversos temas constitucionales.Además de la convocatoria a la asamblea, el proyecto incluye una disposición sobre poderes ejecutivos. El borrador le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República durante un periodo de seis meses.
La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila reportó que las lluvias registradas en las últimas horas dejan varias emergencias, como vías colapsadas, inundaciones en viviendas rurales, deslizamientos de tierra y cultivos de café y plátano afectados en cuatro municipios del departamento.El geólogo Jorge Leonardo Chaparro, coordinador encargado de la Oficina de Atención de Desastres del Huila, explicó que, pese a la transición de la primera temporada seca del año, según el Ideam, se pronostican lluvias atípicas que podrían generar emergencias en al menos ocho municipios que se encuentran en alerta naranja.“Tenemos eventos reportados en el municipio de Nátaga, vereda La Esmeralda, donde se presentaron deslizamientos de tierra. En La Plata también se nos presentaron derrumbes en el sector Gallego, sobre la vía nacional La Plata–Belén–Popayán. En el municipio de Íquira también tenemos afectaciones en vías terciarias y varias veredas incomunicadas, entre estas San Francisco y San Isidro”, señaló el funcionario.Agregó el coordinador de Gestión del Riesgo que, en coordinación con los consejos municipales de desastres, se vienen articulando trabajos de monitoreo en algunos sectores donde hay antecedentes de remociones en masa y donde, en años anteriores, se han registrado graves emergencias ocasionadas por las lluvias.De igual manera, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila, con el banco de maquinaria amarilla, atiende vías rurales y secundarias que se han visto afectadas por derrumbes, situación que ha dejado a decenas de familias campesinas incomunicadas.De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 se reportan 40 familias damnificadas, tres viviendas urbanas afectadas, tres centros educativos rurales averiados y cinco personas heridas por deslizamientos de tierra y por el colapso de una pared en construcción en el municipio de La Plata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.