Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes y la madrugada de este miércoles en el occidente de Bogotá, dejando como saldo la muerte de un motociclista en la localidad de Engativá.El hecho ocurrió sobre la avenida Mutis, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali y muy cerca de una de las pistas del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se presentó después de las 11:00 de la noche, momento en el que se activaron los organismos de socorro tras reportarse la muerte de un hombre que se movilizaba en motocicleta.Según versiones conocidas en el lugar, minutos antes un bus del SITP habría pasado por el puente vehicular del sector. Posteriormente, el motociclista aceleró, pero al frenar en un bache presente en ese punto de la vía, no se percató de la presencia de una tractomula tipo cama baja que se desplazaba en sentido oriente–occidente. El conductor del vehículo de carga pesada terminó arrollando al motociclista, quien falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto.La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro a través de su cuenta oficial en la red social X. A las 11:38 p. m., Bogotá Tránsito informó:“Gestión Del Tráfico. Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Engativá, entre tractocamión y motociclista en la Av. Mutis con Av. Cali, sentido oriente-occidente. Unidad de Tránsito y criminalística en desplazamiento. Vía alterna: Av. Boyacá.”Como consecuencia del accidente, la avenida Mutis permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades adelantaban la inspección técnica y las labores de investigación para establecer con exactitud las causas del hecho. El cierre se mantuvo casi hasta las 2:00 de la mañana.Sobre la 1:21 a. m., la entidad distrital actualizó la información y señaló: “Movilidad Ahora. Finalizan labores por parte de criminalística. Se habilita el tránsito sobre la Av. Mutis. Tránsito y Secretaría de Movilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida.”Las autoridades de tránsito continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo el estado de la vía y la dinámica entre los vehículos involucrados.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
El maquinista del tren Iryo que sufrió un siniestro en España alertó en una llamada al centro de mando de Atocha de que había tenido “un enganchón” a la altura de Adamuz, en Córdoba (centro-sur). En una segunda comunicación, informó de que el tren había descarrilado y estaba invadiendo la vía contigua, por lo que solicitó detener el tráfico “urgentemente”.De acuerdo con el audio difundido por Cordópolis/eldiario.es, en la primera llamada el conductor explicó que el tren estaba “bloqueado” y no podía desplazarse, y añadió que necesitaba “reconocer” la situación de la unidad. En el registro también se escucha al personal de Atocha pedirle que bajara los pantógrafos —el sistema que toma electricidad de la catenaria—, a lo que el maquinista respondió: “Más abajo no pueden estar”.En un segundo contacto telefónico, el conductor insistió en la necesidad de parar el tráfico de forma inmediata; desde Atocha le indicaron que “no hay ningún tren llegando”, según el citado medio.Durante la conversación, el maquinista detalló que había un incendio en uno de los vagones, por lo que debía abandonar la cabina para comprobar la situación, y solicitó el envío urgente de bomberos y ambulancias, al asegurar que había personas heridas en el tren.En ese intercambio, sin precisar si fue anterior o posterior al choque con el tren Alvia, en ningún momento el maquinista advirtió de la presencia de dicho convoy.El tren Iryo se dirigía a Madrid procedente de Málaga y descarriló, impactando contra un Alvia que viajaba desde la capital española con destino a Huelva.Escuche aquí el audio:
Una fuerte explosión se registró en la madrugada de este martes en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, luego de que una camioneta cargada con explosivos detonara de manera anticipada mientras iba a ser utilizada en un ataque terrorista.De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el vehículo fue acondicionado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, con el objetivo de atentar contra la Fuerza Pública. La camioneta sería ubicada en inmediaciones de la estación de Policía del corregimiento, pero la carga explotó antes de que lograran posicionarla.La detonación ocurrió en un sector crítico, entre un colegio y varias viviendas, lo que generó momentos de pánico entre los habitantes. Sin embargo, por fortuna no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, pese a la magnitud de la explosión.Las primeras verificaciones indican que el vehículo estaba cargado con cilindros y rampas, elementos comúnmente utilizados para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque planeado contra unidades policiales en la zona.La camioneta quedó completamente destruida y las autoridades adelantan labores de inspección y aseguramiento del área, así como investigaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y los responsables. El corregimiento de El Plateado es una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en la noche del martes en Bucaramanga. Una menor de 16 años fue asesinada y otras dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego que ocurrió adelante de la cancha de tierra del barrio San Miguel.Los hechos se presentaron hacia las 9:38 de la noche en la calle 51, cuando según versiones preliminares y el análisis de cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones.La mujer que murió tras recibir múltiples impactos de bala, entre ellos una herida en el centro del cuello que le causó un hematoma, además de lesiones en una rodilla y en la región glútea. Pese a ser trasladada inicialmente a la Clínica Chicamocha, falleció por la gravedad de las heridas.El general Willian Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio detalles del hecho:"Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al agresor lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando para capturar a los bandidos".En el mismo ataque resultaron lesionadas Mayra Alejandra Colmenares Amado, con una herida superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, que presentó una fractura ósea. Ambas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica.De acuerdo con las autoridades, uno de los agresores vestía pantalón blanco y camisa negra, y huyó del lugar junto a su cómplice con rumbo. En el sitio fueron recolectadas seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles.Las primeras hipótesis indican que el crimen estaría relacionado con problemas pasionales, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con la identificación y captura de los responsables.Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia basada en género en el área metropolitana de Bucaramanga, por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier agresión que ponga en riesgo la vida.
Estados Unidos anunció el domingo que retirará su ayuda financiera al gobierno de Gustavo Petro, a quien calificó de "líder narcotraficante", poco antes de conocerse un mortífero ataque contra un presunto bote cargado con drogas de la guerrilla ELN.La relación entre países que históricamente fueron aliados entró en sus horas más bajas con la llegada al poder del republicano Donald Trump y del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia.El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó el domingo sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron tres supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Horas antes, Trump había suspendido "pagos" y cualquier forma de "subvenciones" a Colombia tras acusar al gobierno de Petro de tolerar la producción de drogas y afirmar que el mandatario es un "líder narcotraficante".El mandatario colombiano, por su parte, le bajó el perfil al anuncio y respondió el lunes en la red X que la denominada "guerra contra las drogas" de Estados Unidos "es una estrategia fracasada" que "ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a Latinoamérica"."Por eso", agregó, "en el Caribe caen misiles (...) sobre lanchas de personas, que sean activas en el narco o no, tienen el derecho de vivir".Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas.Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en bombardeos cuestionados por el presidente colombiano, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales.La cancillería colombiana aseguró que acudirá a "instancias internacionales" en defensa de su "soberanía como Estado"."Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante", dijo Petro a Trump el domingo en X.Minutos antes, el republicano lo había acusado de "fomentar fuertemente la producción masiva de drogas", un mes después de haberle retirado la visa estadounidense a él y varios de sus funcionarios.A bordo del Air Force One, Trump confirmó el domingo las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien aseguró que "se aplicarán importantes aranceles" a los productos colombianos, sobre los que pesa una tarifa del 10%.Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos.Las operaciones de Estados Unidos en el CaribeLa flotilla estadounidense ha creado una gran tensión con Venezuela, con temores de que el objetivo final sea derrocar al presidente izquierdista Nicolás Maduro, quien según Washington lidera un cartel de drogas.En su publicación del domingo, Trump pareció amenazar también con algún tipo de intervención estadounidense en Colombia. "Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos", escribió y afirmó que debería cerrar estos campos de "inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma".Horas después, Hegseth informó del ataque contra la supuesta embarcación del ELN que navegaba en aguas internacionales en una zona bajo la jurisdicción del Comando Sur de Estados Unidos, sin especificar dónde.Colombia tiene costas tanto en el Caribe como en el Pacífico y Petro insistió el domingo en que un pescador colombiano fue asesinado en aguas nacionales a mediados de septiembre en uno de estos ataques.La lancha atacada el mes pasado era de un pescador de la ciudad costera de Santa Marta, dijo, no de un guerrillero, "explíqueme por qué usted ayudó a asesinar un humilde pescador", increpó a Trump.Washington repatrió el sábado a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes de otro ataque, esta vez contra un presunto narcosubmarino, para ser judicializados.- "El problema es con Trump" -Petro asegura que las tasas de crecimiento de narcocultivos y producción de cocaína han bajado durante su gobierno y que la medición de la ONU, que registra un aumento de estos cultivos en Colombia, tiene problemas metodológicos.Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y año tras año rompe su propio récord, según la ONU. Hasta ahora, el Colombia era el que más ayuda financiera recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa. La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas.
En medio del aumento de la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia, luego de que el presidente Donald Trump calificara a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de la cooperación económica y en materia de defensa, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) publicó un comunicado en el que hace un llamado urgente a la prudencia y al restablecimiento del diálogo diplomático entre ambos países.Bruce Mac Master, presidente del gremio empresarial, fue enfático al señalar que las relaciones exteriores de Colombia, especialmente con Estados Unidos —su aliado histórico por más de 200 años—, deben manejarse con seriedad, rigor y exclusivamente por los canales diplomáticos establecidos. Subraya que este tipo de crisis no puede tratarse a través de redes sociales o declaraciones incendiarias que solo agravan el conflicto.“Las relaciones de Colombia con otros países, muy especialmente con Estados Unidos, deben tratarse con seriedad, con rigor y a través de los canales diplomáticos”, afirmó Mac Master.La Andi advirtió que el manejo improvisado de la diplomacia a través de redes sociales no puede convertirse en el estándar de la política exterior colombiana, recalcando que el Ministerio de Relaciones Exteriores y los mecanismos diplomáticos existen precisamente para enfrentar situaciones de alta complejidad internacional.“Es un llamado a la responsabilidad. Las relaciones internacionales son uno de los principales retos y responsabilidades que tienen los distintos gobiernos”, añadió el presidente del gremio empresarial.Los nuevos arancelesPero otro elemento hizo aumentar la tensión. El senador republicano Lindsey Graham afirmó haber conversado con Trump y aseguró que el presidente anunciará la imposición de aranceles contra Colombia como castigo por supuestos vínculos del gobierno Petro con el narcotráfico.“El presidente Trump… me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo… Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, dijo Graham, quien aplaudió el enfoque “duro” del jefe de Estado norteamericano.Y ese comentario fue confirmado por Trump. La confirmación la hizo a bordo del avión Air Force One.Frente a esa amenaza económica directa, Bruce Mac Master reaccionó públicamente, apelando nuevamente a la diplomacia y rechazando cualquier represalia comercial que afecte directamente al país y a su población trabajadora, más allá de quien gobierne.“Senador Lindsey Graham, Colombia ha realizado esfuerzos importantes durante muchos años para combatir el narcotráfico. La idea de atacar económicamente al país no parece estratégicamente correcta”, afirmó Mac Master en su respuesta.También advirtió que un deterioro en el comercio bilateral tendría consecuencias directas sobre la economía real colombiana, en especial sobre el empleo y las condiciones de vida de miles de ciudadanos. “Si se reduce el flujo de comercio internacional entre ambos países, el único efecto significativo será un impacto significativo en la economía real y, por lo tanto, también en la clase trabajadora y el empleo en nuestro país”.La Andi también sumó su llamado al Gobierno nacional para retomar de inmediato un ejercicio diplomático “serio, maduro y sereno”, con el fin de encauzar adecuadamente las relaciones bilaterales y evitar que una crisis política derive en un conflicto económico de grandes proporciones.
La propuesta de vender la participación de Ecopetrol en el Permian, uno de los yacimientos más productivos de hidrocarburos en Estados Unidos, ha sido señalada como un posible riesgo para la estabilidad financiera de la empresa estatal colombiana, de acuerdo a la advertencia de la Unión Sindical Obrera (USO).Para el sindicato de la petrolera se trataría del “negocio más rentable que tiene Ecopetrol en el segmento de los hidrocarburos”, debido a que en el Permian el costo de levantamiento por barril oscila entre 5 y 6 dólares, frente a los 12 a 14 dólares que se registran en Colombia.Blu Radio conoció que la empresa estaba analizando posibles ofertas, lo que encendió las alarmas y llevó a la USO a sacar cuentas. Más allá de algunas coincidencias con el mandatario, en este aspecto, le advierten sobre las consecuencias. Uno de los efectos señalados en caso de concretarse esta venta sería la disminución inmediata de la producción diaria de Ecopetrol en un 15 %, debido a la pérdida de 115 mil barriles equivalentes por día que hoy provienen del Permian.La eventual salida del activo también implicaría una reducción de 189 millones de barriles equivalentes en las reservas totales del Grupo Empresarial Ecopetrol, cifra que representa el 10 % del total actual.Además, se ha advertido que el margen EBITDA del Permian, que alcanza el 76 %, es ampliamente superior al de las operaciones de Ecopetrol en Colombia, donde el mismo indicador se sitúa entre el 35 % y el 40 %.Otro dato incluido en las críticas indica que el Permian aporta el 14 % del EBITDA total del segmento de exploración y producción (upstream) de Ecopetrol, lo que resalta su importancia en la estructura financiera de la empresa.Todas esas alertas se centran en la pérdida de este activo que pondría en riesgo una de las principales fuentes de financiación del Estado colombiano, dado que Ecopetrol transfiere recursos significativos a la Nación por concepto de dividendos, regalías e impuestos.Según cifras de la USO, “de cada $100 pesos que la Nación recibe desde Ecopetrol, 80 pesos provienen del negocio tradicional de los hidrocarburos”.Otro detalle que resalta es que “el gobierno de Petro ha recibido desde Ecopetrol más de $130 billones, generados mayoritariamente por el petróleo y gas que se produce”, lo cual debería ser considerado antes de tomar decisiones que afecten estos ingresos.El sindicato de Ecopetrol advirtió que “de materializarse esta decisión de vender Ecopetrol Permian que pondría en riesgo a Ecopetrol, no le quedará un camino diferente... que adelantar acciones contundentes de movilización y protesta contra estas medidas que marchitan la empresa”.
Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde aseguró que el presidente Gustavo Petro es un jefe del narcotráfico, una parte de la cúpula de ministros ha reaccionado en defensa no solo del presidente, sino también de su labor en la lucha en contra del narcotráfico, e incluso, atacando al jefe de Estado estadounidense.Dentro de las reacciones, está la de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, quien por medio de su cuenta de X, expresó que: “Estas declaraciones recientes contra Colombia y el presidente Gustavo Petro, además de desobligantes, ofenden la dignidad de un país que hoy transforma su historia e ignoran una realidad evidente: nuestro gobierno está construyendo un nuevo paradigma de política de drogas, sustentado en la evidencia, en la corresponsabilidad internacional y en una visión profundamente humana del desarrollo y la seguridad”.También reaccionó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el cual se fue directo contra Donald Trump, afirmando que “las acusaciones de narcotráfico son la nueva versión de las supuestas “armas de destrucción masiva” que en su momento usaron los Estados Unidos para intervenir en la soberanía de otros países”.Irene Vélez, ministra de Ambiente, respaldó al presidente Petro diciendo que “Defendemos la soberanía de Colombia. Apoyamos al presidente Petro en su firme postura frente a una descertificación por parte de EE. UU. que consideramos injusta y políticamente motivada por el presidente Trump”.El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también arremetió contra Trump, comentando que “Las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro son falsas y ofensivas para un país que ha puesto los muertos en la lucha contra el narcotráfico.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un balance positivo sobre los resultados obtenidos por la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el funcionario, los esfuerzos del sector defensa han sido “contundentes e históricos” frente a un fenómeno que calificó como “el cáncer del narcotráfico”, un problema que, afirmó, “no reconoce fronteras y lleva violencia y muerte tanto a los países productores como a los consumidores”.Entre los principales resultados, Sánchez destacó la incautación de 2.652 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 26.000 millones de dosis que dejaron de circular en las calles, con un valor estimado superior a 235.000 millones de dólares. Además, se han destruido 17.735 laboratorios, erradicado 58.216 hectáreas de cultivos ilícitos y neutralizado 11.894 integrantes de los más peligrosos carteles y grupos armados organizados (GAO). A esto se suman 776 extradiciones ejecutadas.En comparación con 2024, los indicadores muestran un crecimiento sostenido: las incautaciones de cocaína aumentaron un 8%, la destrucción de laboratorios 24%, las hectáreas erradicadas 12%, las capturas de integrantes de los GAO 20% y las extradiciones 3%.Sánchez explicó que la estrategia del Gobierno busca ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades. “Bajo la estrategia de sustituir economías ilícitas por lícitas y transformar los territorios, proyectamos para este año la sustitución y erradicación de 30.000 hectáreas de coca. Nuestra estrategia es integral, humana y sostenible”, aseguró.El ministro resaltó, además, el papel de la cooperación internacional en estos logros, con la participación de aliados estratégicos como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Francia, España, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido, entre otros. “Las amenazas transnacionales requieren respuestas coordinadas. Cuando las naciones se unen, los criminales son derrotados”, afirmó.Finalmente, Sánchez subrayó la importancia de la diplomacia y la prudencia en los momentos de tensión internacional, señalando que “la seguridad, la soberanía y la paz son y seguirán siendo intereses supremos”.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.