Durante la inauguración de un radar en el aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cooperando en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.“Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, dijo el mandatario.El mandatario insistió en que la violencia en Ecuador es el doble que la de Colombia y sugirió que la culpa por la situación en la frontera con ese país es de las autoridades de ambas partes. También defendió el trabajo de Colombia en la lucha contra organizaciones criminales, diciendo que si estos grupos estaban pasando hacia otros países es porque no querían estar en territorio nacional.El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo en Colombia. “Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador para impedir que entren insumos del fentanilo que vienen en contenedores de buques mercantes. Colombia tiene que ser completamente libre, por todos sus puntos cardinales, de cualquier ingreso de esa droga”.Cabe mencionar que Colombia y Ecuador están en medio de una crisis diplomática tras el anuncio del presidente de ese país sobre aranceles. El gobierno colombiano respondió con la misma medida y suspendiendo la venta de energía; sin embargo, insistió en buscar una salida a esto a través del diálogo, planteando un encuentro el próximo 25 de enero en Ipiales, de los ministerios de defensa, energía y comercio de ambos países.
En la mañana de este jueves, 22 de enero, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó al país la plataforma ‘Actores Electorales 2026’: una apuesta por tecnificar el proceso de acreditación, capacitación y seguimiento de los testigos electorales y auditores que ponen los partidos y movimientos políticos para cuidar sus votos en los puestos de votación. La meta es lograr la acreditación y capacitación de seis millones de testigos.“La importancia del testigo electoral es que una vez se realiza el escrutinio por parte de los jurados, los testigos podrán hacer las reclamaciones, que deben hacerse ahí en la mesa y ante los jurados de votación. Si no se hacen ahí por parte de los partidos y movimientos políticos, es muy difícil que después llegue una reclamación. Por eso es tan importante que ellos estén capacitados”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE.Con esta aplicación, los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel, hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia e incluso hacer verificación en tiempo real de los formularios E-14 de conteo de los votos para hacer las reclamaciones en el momento adecuado.A cada uno de estos actores electorales se le entregará una credencial digital la cual se verificará por la fuerza pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación, se expedirá el acto administrativo que detallará el puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por el presidente de la corporación. De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.“Garantizamos la tranquilidad y la reserva de datos que es tan importante para las personas que se van a postular como testigos. La plataforma es tan robusta que puede repeler cualquier ataque. Ya se hicieron pruebas de estrés, pruebas de carga masiva de testigos. Y el componente de seguridad y de tranquilidad para los datos personales está totalmente garantizado”, concluyó Quiroz.Cabe recordar que estos actores de las elecciones se volvieron claves para que el Pacto Histórico recuperara cuatro curules en las elecciones de Senado de 2022, pero también fueron tan importantes que desataron polémica por los millonarios recursos que destinaron para ellos y con el que terminaron saltándose los topes en la campaña Petro Presidente 2022, sancionada por el CNE.
Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. Su llegada habría sido producto de gestiones de ministro del Interior, Armando Benedetti.Mondragón es directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Fue exsecretaria de Gobierno de Cali y exdirectora del Departamento Administrativo de contratación pública en la capital del Valle. De profesión es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Universidad Javeriana.Ahora, llegará a la Casa de Nariño para manejar la agenda del presidente, coordinar los consejos de ministros y ser el enlace entre el gabinete y el mandatario. Esta designación se da luego de que Angie Rodríguez, quien asumió ese cargo desde febrero de 2025, renunciará para asumir en propiedad la gerencia del Fondo de Adaptación. Esto en medio de tensiones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en el Fondo relacionadas con contratos para soluciones en La Mojana.De hecho, el presidente Petro le había pedido la renuncia hace un mes; sin embargo, en ese momento la decisión no se materializó.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que no tiene "temor alguno" a encarar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que está en un proceso de diálogo con la Administración de Donald Trump, más de dos semanas después del ataque militar que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro."Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia", señaló la mandataria en una reunión del Consejo Federal de Gobierno en la que participaron gobernadores y alcaldes, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de los ataques de EE.UU. en Caracas y otros tres estados el pasado 3 de enero que terminaron con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.Desde entonces, Trump afirmó que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE.UU. controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo "indefinido".El martes, Rodríguez anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano "producto de la venta del petróleo", días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo de venta de crudo en Venezuela por 500 millones de dólares.Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Trump.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Así como en buena parte del año anterior, el 2026 inició con un complejo panorama de seguridad en el Suroeste de Antioquia por cuenta de las acciones de bandas criminales locales involucradas en la captura de rentas ilícitas.El hecho más reciente se registró en el municipio de Betulia donde en medio de un proceso de exhumación de un cuerpo hallado en inmediaciones del barrio Antonio Nariño se desató una balacera entre la fuerza pública e integrantes de la banda criminal denominada 20 de Julio.Según el alcalde Néstor Camilo Serna, esa estructura ilegal sería la responsable del homicidio de la víctima que había sido reportada como desaparecida hace varios días por su familia y ahora intentaban impedir su identificación y rescate.En medio de la confrontación armada cuatro integrantes de la banda criminal resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para quedar posteriormente capturados y a disposición de las autoridades judiciales."Se les encautó una pistola, revólver y una escopeta y fueron trasladados al hospital del municipio para que allá se realizaran las actividades médicas, pero a la vez estuviesen también acompañados de la Policía y el Ejército", reportó Serna.El mandatario solicitó mayor apoyo por parte de la fuerza pública para lograr el desmantelamiento del grupo criminal que tiene azotada a esta población del Suroeste de Antioquia y que se dedica principalmente al microtráfico y al cobro de extorsiones."Nos tienen azotado el municipio, la cabecera municipal, con el tema de expendio de droga y ahora descaradamente si por parte de las autoridades que iban a extraer el cuerpo, pues tampoco lo iban a permitir", declaró.Finalmente, la diligencia de exhumación logró ser llevada a cabo por parte de la Fiscalía y aunque aún el cuerpo de la víctima está pendiente de la entrega a sus familiares rasgos físicos indican que efectivamente se trata del hombre que había sido reportado como desaparecido identificado como Didier Andrés Oquendo, de 34 años de edad.
Los gremios económicos están expresando su preocupación a propósito de la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30 % a las importaciones que provengan desde Colombia. La Andi y Asocapitales se pronunciaron no solo solicitando una reconsideración de la medida, sino que además le hacen un llamado al Gobierno Nacional para buscar una solución.Desde la Andi, consideran que esta medida afecta negativamente el comercio bilateral, la inversión y el desarrollo económico regional. También resaltan que en 2024 Colombia tuvo una balanza comercial superlativa con Ecuador por 1.440 millones de dólares, y recuerdan que, al ser Colombia y Ecuador países miembros de la Comunidad Andina, se pueden comerciar productos entre países con 0 % de aranceles.Desde Asocapitales, además de expresar su preocupación, le enviaron un mensaje al Gobierno Nacional a utilizar una solución diplomática y técnica ante esta medida para evitar escaladas comerciales y para restablecer condiciones equitativas de acceso al mercado ecuatoriano.Además, también resaltan que dentro de los sectores más afectados está el sector energético, medicamentos envasados y vehículos de transporte. Asimismo, expone que las ciudades más afectadas por estas medidas serían Pasto, Popayán y Cali, fundamentalmente por su cercanía con la frontera ecuatoriana.
Bogotá se prepara para la versión número 28 del Día sin carro y sin moto el próximo jueves 5 de febrero. La jornada, que nació del mandato ciudadano en la consulta popular del año 2000, restringirá la movilidad de vehículos particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. con el fin de reducir la huella de carbono y promover el uso de medios alternativos en la capital.La Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor confirmaron que el incumplimiento de la medida acarrea una sanción económica de 633.000 pesos, sumada a la inmovilización inmediata del vehículo. Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, enfatizó que la ciudad está diseñada para funcionar sin depender del automóvil privado: "Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando". La funcionaria invitó a los conductores habituales a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva para mejorar la calidad del aire.Quiénes pueden circular y excepciones vigentesEste año se mantiene una rigurosidad estricta sobre los vehículos que podrán estar en las calles. Podrán circular sin restricciones los vehículos eléctricos o cero emisiones, el transporte escolar, vehículos de emergencia, transporte para personas con discapacidad y las carrozas fúnebres. Asimismo, las motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas tecnológicas de domicilios están habilitadas para operar.Es importante destacar que los vehículos híbridos, a gas y aquellos que cuentan con el permiso de 'pico y placa solidario' no podrán circular durante este jueves. En el caso de los usuarios que pagaron por el permiso diario o mensual de movilidad, el Distrito repondrá el día al final del periodo adquirido. Por su parte, los taxis tienen vía libre, a excepción de aquellos cuya placa termine en 7 y 8, que deben cumplir con su restricción habitual.Operación de TransMilenio en Día sin Carro y sin MotoPara absorber la demanda de pasajeros, TransMilenio dispondrá de su capacidad máxima operativa. María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad, confirmó que estarán en las calles 10.482 buses entre troncales, zonales (SITP) y alimentadores. "Tendremos refuerzos en todo el sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control", aseguró Ortiz, quien recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos a través de la aplicación oficial para evitar aglomeraciones en las horas pico.Bogotá también habilitará 683 kilómetros de ciclorrutas y 88 kilómetros de vías para el uso de bicicleta bajo la coordinación del IDRD. Para quienes opten por la bimodalidad, el sistema cuenta con más de 8.000 cupos en cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos clave de las estaciones troncales. La jornada busca, además de un alivio ambiental, un cambio de hábito permanente en la movilidad de los bogotanos.
En medio de la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en la delegación oficial a Nueva York y las preguntas sobre su situación migratoria frente a Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, aclaró que su no asistencia no está relacionada con restricciones diplomáticas, sino con prioridades de agenda y con la coyuntura bilateral entre Bogotá y Washington.Jaramillo explicó que la canciller se encuentra concentrada en la preparación de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para febrero. “La Canciller está preparando la reunión… es un encuentro que requiere de un esfuerzo importantísimo de parte de Cancillería”, afirmó, al señalar que la cartera está dividida entre dos grandes frentes: el multilateral, que él lidera, y el bilateral, que actualmente está volcado a la agenda con Estados Unidos.Sin embargo, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema de la visa, luego de que en septiembre pasado el Departamento de Estado anunciara medidas unilaterales que afectaron al presidente Petro y, posteriormente, la canciller Villavicencio renunciara a su visa estadounidense como gesto político. Frente a ese punto, Jaramillo fue enfático en diferenciar los escenarios: “Son dos temas distintos. Yo estoy acá para responder al informe de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que ha ocurrido con las medidas unilaterales es un tema bilateral que maneja otro despacho”, dijo.El viceministro recordó que tanto el presidente como la canciller tienen derecho a participar en escenarios multilaterales como Naciones Unidas, independientemente de controversias bilaterales. “La ministra y el presidente tienen derecho a asistir a los espacios de Naciones Unidas porque así está contemplado dentro del derecho internacional y las garantías de la multilateralidad”, subrayó.Aunque evitó pronunciarse sobre si la canciller ya cuenta o no con un nuevo visado, Jaramillo confirmó que el tema se está abordando en canales diplomáticos formales. “Es un tema que se está hablando con Estados Unidos, pero no hace parte de mi despacho”, insistió, marcando distancia entre su rol en la agenda multilateral y los asuntos migratorios o políticos con Washington.La ausencia de Villavicencio, por tanto, no refleja un repliegue de Colombia en la diplomacia internacional, sino una redistribución de esfuerzos ante una coyuntura compleja. Mientras el viceministro representa al país en el Consejo de Seguridad, la canciller concentra su gestión en recomponer y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, una de las más sensibles para la política exterior colombiana en el actual escenario global.
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en los departamentos de Cesar y Chocó, tras una serie de operaciones adelantadas en los primeros días de 2026 por unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Armada, con apoyo del Ejército, la Policía y autoridades ambientales.Las acciones se desarrollaron en áreas estratégicas cercanas a los ríos Atrato, Magdalena y Quito, corredores fluviales utilizados por grupos armados organizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en estas regiones.De acuerdo con el balance operacional, fueron neutralizadas 38 unidades de producción minera ilegal y inmovilizadas 32 dragas, además de 30 motobombas, 36 motores y dos retroexcavadoras, maquinaria que era utilizada sin cumplir la normatividad vigente ni los permisos ambientales exigidos por la ley.Durante los procedimientos, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales junto con los equipos incautados, para avanzar en los procesos legales correspondientes. Según estimaciones preliminares, la afectación económica a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad supera los 1.000 millones de pesos.Las autoridades destacaron que estas operaciones no solo impactan las finanzas ilegales, sino que también reducen el daño ambiental, especialmente por el uso de mercurio y otros químicos tóxicos que terminan vertidos en los ríos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades ribereñas y los ecosistemas.Las acciones contra la minería ilegal continúan siendo una prioridad en estas zonas del país, donde la explotación ilícita de recursos naturales se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
Durante este fin de semana, las alcaldías municipales, juntas comunales, padres de familia y rectores de instituciones educativas adelantarán la brigada denominada ‘Camino al Aprendizaje’, que consiste en buscar al menos 9.800 niños y jóvenes que aún faltan por matricularse en los 35 municipios de competencia departamental donde a la fecha solo se han matriculado 110.400 estudiantes.El secretario de Educación, Edgar Martín Lara, explicó que en las 1.440 sedes educativas hay una cubertura para 120.200 estudiantes y les hace un llamado a los padres de familia a no permitir que sus hijos se queden sin asistir a las aulas de clases a pocos días de iniciar oficialmente el calendario escolar.“Estamos convocando a esta brigada a todos los que tenemos la misión de coadyuvar para que nuestros menores se matriculen. Avanzamos en nuestro compromiso para avanzar con la meta de cobertura educativa que tiene el Huila. Recordar que los estudiantes se pueden matricular y deben ser matriculados por sus padres, en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia en cada uno de los 35 municipios no certificados en educación que atendemos como gobierno departamental”, señaló el secretario.Por su parte, la líder de cobertura educativa del Huila, Leidy Gómez Benítez, dijo que también se viene trabajando en otras estrategias de acceso para que antes de iniciar el calendario escolar 2026, se hagan todos los esfuerzos para que se cumpla con el registro del 100% de estudiantes matriculados en el Simat.Dijo finalmente el secretario de educación Edgar Martín Lara, que, con recursos aprobados por la Asamblea del Huila, se han intervenido varias instituciones educativas que se encontraban con dificultades y deterioro en sus estructuras físicas para garantizar una mejor calidad de educación a niños y jóvenes del departamento.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y le atribuyó unas razones distintas a una respuesta recíproca frente a los aranceles del 30 % a productos colombianos anunciados por el jefe del gobierno de Ecuador Daniel Noboa.“No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, escribió.Cabe mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.Palma señaló que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, "incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas", pero advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa "desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética".El Gobierno colombiano respondió también imponiendo el mismo arancel para una lista de 20 productos que todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galan en la Casa de Nariño. El encuentro estaba programado para las 10:00 de la mañana, empezó a las 11 y se extendió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que el mandatario salió del Palacio Presidencial para acudir a dos eventos que tiene programados en Leticia, Amazonas.Al término de la reunión el alcalde Galán entregó declaraciones: “Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.El segundo tema de la conversación tuvo que ver con los Multicampus educativos en Suba y Kennedy. “Ya la nación avanzó con el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos multicampus. Y estamos trabajando para autorizar una intervención inicial previa en los predios habilitados por el distrito”, agregó.Esta reunión se da luego de las tensiones generadas entre el Distrito y el Gobierno nacional por cuenta del incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que tenía los recursos para evitar el alza; sin embargo, esto nunca se concretó y la administración de Galan subió los precios. Durante el encuentro de hoy no se habló al respecto, según el mandatario local.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.
Asopostal defendió el decreto que el Ministerio de las TIC sacó a comentarios y con el que se busca ampliar las capacidades del sector de servicios postales en Colombia. Para el gremio, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera en regiones donde la banca tradicional tiene baja cobertura.Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, explicó en Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio que el origen del debate está en un marco legal vigente desde hace más de una década. “Esto tiene origen en una ley suscrita por Colombia”, afirmó, al recordar que en 2009 se expidió la Ley 1369, que creó un capítulo especial para los servicios postales de pago.De acuerdo con Carreño, dicha norma establece figuras como el giro de efectivo, el depósito postal y las transferencias postales, por lo que el sector viene solicitando que se reglamente un derecho ya existente. En ese sentido, sostuvo que “lo que hemos pedido es que se reglamente ese derecho que tenemos consagrado en un tratado internacional, ratificado por una ley”.El dirigente gremial señaló que el decreto del MinTIC apunta a dar cumplimiento al tratado de Ginebra, lo que permitiría ofrecer el servicio de depósito postal a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. “Vamos a permitir que colombianos de estrato 1, 2 y 3 puedan tener el servicio”, indicó.Frente a las preocupaciones por los controles, Carreño aseguró que el sector postal cuenta con mecanismos de supervisión y operación suficientes. “Tenemos control de la Contraloría, nosotros tenemos un sistema muy robusto”, dijo, al tiempo que resaltó que la red postal podría hacer un trabajo complementario con las entidades financieras.Uno de los principales argumentos de Asopostal es la cobertura territorial. Según Carreño, las cifras muestran que el sector financiero cada vez tiene menor presencia en algunas zonas del país, mientras que la red postal cuenta con cerca de 52.000 puntos. “Tenemos una red complementaria que le ha servido al sector financiero”, afirmó.Finalmente, el presidente de Asopostal señaló que el Gobierno nacional tendrá la última palabra sobre el decreto. Confió en que se haga el estudio pertinente y se analicen las observaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios financieros a través del sector postal.
Preocupadas se pronunciaron las autoridades en el Huila ante los constantes hechos de homicidio que se han presentado en lo que va corrido de 2026, cifra que supera en más del 100 por ciento la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en conversación con Blu Radio, informó que mientras en enero de 2025 se registraban 16 homicidios, en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 35 muertes violentas. Estos hechos han ocurrido bajo diferentes modalidades, como hurto, riñas, sicariato y otros casos atribuidos a grupos armados ilegales.Municipios con más homicidios en Huila“Tenemos un incremento preocupante de homicidios en el Huila. En relación con el mes de enero del año anterior, se habían registrado 16 casos; este año, a la fecha, se registran más de 35 homicidios, lo que representa un aumento del 118 por ciento. Los municipios que generan mayor atención son Pitalito, Neiva, incluyendo su área metropolitana, El Agrado, entre otros”, anotó Casallas.Añadió el funcionario que las modalidades de muertes violentas en el departamento, a la fecha, han sido atribuidas a hurtos, riñas por intolerancia, sicariato y otros casos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en zonas con problemas de orden público.De acuerdo con las cifras, en todo el departamento han sido asesinados en lo que va del mes de enero alrededor de 32 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. No obstante, los municipios con mayor índice de muertes violentas en el Huila son Neiva, Pitalito, Acevedo, Campoalegre, Gigante y Algeciras.Cifras de homicidios en Huila en 2025Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Gobierno del Huila, en el departamento, durante el año 2025, ocurrieron un total de 380 muertes violentas. De ese total, 82 casos se registraron en Neiva, como ciudad capital, y los demás homicidios se presentaron en municipios como Pitalito, La Plata, Algeciras y Campoalegre, entre otros.Para esa misma vigencia, de los 380 homicidios, 339 correspondieron a hombres y 41 a mujeres; de estos últimos, ocho fueron feminicidios ocurridos en Neiva y 33 en otros municipios como Acevedo, Timaná, La Plata y Algeciras. Además, dos menores de edad fueron asesinados en la capital del departamento.
Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.