La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó su preocupación por los efectos del Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, al advertir que introduce cambios que alteran las reglas del sector eléctrico y generan incertidumbre para las inversiones necesarias para garantizar la energía del país.Según el gremio, el decreto establece nuevas obligaciones para las empresas generadoras, como una “contribución obligatoria” y la entrega de energía en especie para atender empresas intervenidas, medidas que, aunque buscan enfrentar una situación coyuntural, terminan afectando la sostenibilidad financiera de quienes producen la energía.Acolgen señaló que estas disposiciones tienen un impacto directo sobre el cargo por confiabilidad, el mecanismo que permite asegurar que Colombia cuente con suficiente energía en momentos críticos, como sequías o picos de demanda. El gremio advirtió que cambiar las condiciones bajo las cuales operan las plantas actuales y futuras reduce los incentivos para invertir y participar en nuevas subastas.“Estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables que vendrían del proceso anunciado por el Ministerio de contratación de largo plazo y, por lo tanto, afectar la transición energética del país”, advirtió Acolgen a través de un comunicado.En el decreto, el Gobierno faculta al Ministerio de Minas y Energía para adoptar medidas extraordinarias con el fin de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica”, lo que, según Acolgen, genera dudas sobre la estabilidad de las reglas que respaldan las inversiones de largo plazo.Otro de los puntos que más inquieta al gremio es el impacto sobre los nuevos proyectos de energías renovables. Acolgen recordó que el Ministerio de Minas y Energía anunció procesos de contratación de largo plazo, claves para viabilizar proyectos solares, eólicos e hidráulicos. Sin embargo, el decreto introduce un escenario de incertidumbre que puede dificultar el cierre financiero de estas iniciativas.Aunque Acolgen reconoce la necesidad de atender la situación financiera de algunos prestadores del servicio, especialmente en la región Caribe, cuestionó que estas medidas se adopten por una vía excepcional, cuando el propio decreto reconoce la existencia de problemas estructurales en el sector.“La situación de la costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”, indicaron.Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance de las medidas, abrir espacios de diálogo técnico y garantizar estabilidad regulatoria, advirtiendo que sin confianza y reglas claras será difícil avanzar en la confiabilidad del sistema eléctrico y en la transición energética que el país necesita.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvieron un encuentro estratégico en Bogotá para robustecer la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado. La visita de alto nivel, que contó con el respaldo del embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, busca blindar la seguridad pública y optimizar la persecución judicial de las mafias trasnacionales.El encuentro centró sus esfuerzos en una hoja de ruta que trasciende el control de estupefacientes. Según confirmó la Fiscalía General, el propósito central fue "fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia", abordando delitos críticos como el tráfico ilegal de armas y la falsificación de moneda, factores que han dinamizado la violencia en diversas regiones de Colombia."Se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional", informó el ente acusador.Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia agregó en su cuenta de X: "El administrador de la DEA, Terrence Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia".
Durante la inauguración de un radar en el aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cooperando en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.“Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, dijo el mandatario.El mandatario insistió en que la violencia en Ecuador es el doble que la de Colombia y sugirió que la culpa por la situación en la frontera con ese país es de las autoridades de ambas partes. También defendió el trabajo de Colombia en la lucha contra organizaciones criminales, diciendo que si estos grupos estaban pasando hacia otros países es porque no querían estar en territorio nacional.El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo en Colombia. “Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador para impedir que entren insumos del fentanilo que vienen en contenedores de buques mercantes. Colombia tiene que ser completamente libre, por todos sus puntos cardinales, de cualquier ingreso de esa droga”.Cabe mencionar que Colombia y Ecuador están en medio de una crisis diplomática tras el anuncio del presidente de ese país sobre aranceles. El gobierno colombiano respondió con la misma medida y suspendiendo la venta de energía; sin embargo, insistió en buscar una salida a esto a través del diálogo, planteando un encuentro el próximo 25 de enero en Ipiales, de los ministerios de defensa, energía y comercio de ambos países.
En la mañana de este jueves, 22 de enero, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó al país la plataforma ‘Actores Electorales 2026’: una apuesta por tecnificar el proceso de acreditación, capacitación y seguimiento de los testigos electorales y auditores que ponen los partidos y movimientos políticos para cuidar sus votos en los puestos de votación. La meta es lograr la acreditación y capacitación de seis millones de testigos.“La importancia del testigo electoral es que una vez se realiza el escrutinio por parte de los jurados, los testigos podrán hacer las reclamaciones, que deben hacerse ahí en la mesa y ante los jurados de votación. Si no se hacen ahí por parte de los partidos y movimientos políticos, es muy difícil que después llegue una reclamación. Por eso es tan importante que ellos estén capacitados”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE.Con esta aplicación, los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel, hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia e incluso hacer verificación en tiempo real de los formularios E-14 de conteo de los votos para hacer las reclamaciones en el momento adecuado.A cada uno de estos actores electorales se le entregará una credencial digital la cual se verificará por la fuerza pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación, se expedirá el acto administrativo que detallará el puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por el presidente de la corporación. De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.“Garantizamos la tranquilidad y la reserva de datos que es tan importante para las personas que se van a postular como testigos. La plataforma es tan robusta que puede repeler cualquier ataque. Ya se hicieron pruebas de estrés, pruebas de carga masiva de testigos. Y el componente de seguridad y de tranquilidad para los datos personales está totalmente garantizado”, concluyó Quiroz.Cabe recordar que estos actores de las elecciones se volvieron claves para que el Pacto Histórico recuperara cuatro curules en las elecciones de Senado de 2022, pero también fueron tan importantes que desataron polémica por los millonarios recursos que destinaron para ellos y con el que terminaron saltándose los topes en la campaña Petro Presidente 2022, sancionada por el CNE.
La Contraloría emitió un concepto sobre las transacciones con títulos de deuda hechas por el Gobierno nacional en diciembre del 2025, con la venta de TES por 23 billones de pesos a la empresa Pimco y la operación de venta de TES por 4.950 millones. Según el ente de control, la venta hecha en 2025 no representa una nueva emisión de deuda. Sin embargo, asegura que la operación hecha en el primer mes del 2026 sí lo hace, dejando una preocupación en el aire por la acumulación de deuda para el 2029, que de acuerdo con el informe, el Gobierno de ese entonces deberá pagar aproximadamente 89,6 billones de pesos.“El Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno. La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda.” Afirmó la Contraloría.Sin embargo, para el ente de control es preocupante la operación que hizo el gobierno nacional con la emisión de bonos externos por 4.950 millones. Por su parte, afirman que para la vigencia del 2026, el plan financiero del Gobierno requería de 13.096 millones de crédito externo para su financiamiento, de los cuales 9.000 millones de dólares se obtuvieron por la emisión de bonos globales. Entretanto, al hacer esta operación, la Contraloría alerta que esto implica endeudamiento, pero cubrirá las necesidades de recursos externos que quedaron en el Presupuesto General aprobado por el Congreso.Por otro lado, el informe de la Contraloría acepta que Colombia, históricamente, ha sido responsable con el pago de la deuda, pero advierte que los esfuerzos fiscales deben hacerse en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con ese pago de deuda.Sin embargo, hace una alerta sobre la alta cancelación de bonos globales desde el año 2029 que modifican el perfil de la deuda cuando coinciden pagos de bonos globales, TES B en pesos y en UVR, y Títulos de Solidaridad emitidos en la pandemia, por un total cercano a $89,6 billones. Esta situación exigirá una gestión fiscal rigurosa del Ministerio de Hacienda en los próximos años.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Ipiales (Nariño), José Amilcar Pantoja, expresó su profunda preocupación por el deterioro de los vínculos binacionales. Según el mandatario local, las decisiones tomadas desde el Palacio de Carondelet reflejan una desconexión absoluta con la realidad que se vive en los territorios fronterizos, afectando la estabilidad social y económica de la región.Una desconexión con la realidad fronterizaPara el alcalde Pantoja, las tensiones no son nuevas, sino que responden a una serie de acciones que él denomina como "afrentas" de tipo social, económico y político. Recordó con malestar el episodio ocurrido hace unos meses, cuando el gobierno de Daniel Noboa envió a la frontera a más de 800 presos colombianos "literalmente sin basarse en ningún protocolo binacional o internacional", dejándolos en territorio fronterizo sin previo aviso.Esta falta de coordinación diplomática es vista por el alcalde como una muestra de que el presidente de Ecuador no comprende las dinámicas locales, donde la prioridad debería ser mantener un buen relacionamiento para garantizar la convivencia ciudadana.Impacto económico: aranceles y contrabandoLa imposición de aranceles del 30% a productos colombianos por parte de Ecuador y las posibles restricciones energéticas y petroleras han generado un clima de gran incertidumbre. Pantoja advirtió que estas medidas no solo frenan la inversión en la zona de frontera, sino que estimularán fuertemente las dinámicas de contrabando de insumos básicos.La economía de Ipiales, que el alcalde describe como una "economía pendular" dependiente del valor del dólar, ya venía en descenso. Actualmente, aunque cerca de 3,000 vehículos ecuatorianos ingresan a Ipiales cada fin de semana para adquirir tecnología, electrodomésticos y ropa, la inseguridad y las nuevas trabas comerciales amenazan con profundizar esta crisis. Además, el mandatario señaló que existen vacíos legales históricos, ya que aún no se ha definido con claridad qué productos conforman la canasta básica permitida para el comercio fronterizo.Seguridad: ¿Falta de colaboración o realidad distorsionada?El pretexto del presidente Noboa para imponer los aranceles es la supuesta falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Pantoja desmintió tajantemente esta versión, asegurando que existe una colaboración total y permanente entre el Ejército y la Policía de ambos países a través de estrategias como el "Plan Espejo".De hecho, el alcalde enfatizó que la violencia actual está más presente del lado ecuatoriano. Citó como ejemplos las capturas en Nariño de miembros de 'Los Choneros', una banda de origen ecuatoriano que intentó expandir sus operaciones a Colombia, y el asesinato de dos cambistas en pleno parque principal de Tulcán a plena luz del día.Escuche aquí la entrevista:
En la noche del miércoles 21 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.608 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia. Según el reporte oficial de la entidad, los premios mayores de ambas modalidades no fueron asignados, lo que permite que el acumulado conjunto para la próxima jornada alcance la cifra de 32.100 millones de pesos.A pesar de que los premios principales se mantuvieron intactos, la jornada fue productiva para miles de apostadores en todo el territorio nacional, quienes lograron aciertos en las categorías inferiores de premiación.Resultados detallados de BalotoPara la modalidad tradicional de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $18.000 millones de pesos, los números seleccionados por las balotas fueron: 07 - 14 - 21 - 23 - 38 y la Super Balota 01.El informe técnico revela que no hubo ganadores para el premio mayor (5 aciertos + Super Balota). No obstante, un total de 16.586 personas resultaron ganadoras en otros niveles:Un solo ganador logró acertar los 5 números sin la Super Balota, llevándose un premio de $32.505.850.Cinco apostadores obtuvieron el premio de 4 números + Super Balota, con una recompensa individual de $1.302.950.En total, la premiación distribuida en este sorteo para la modalidad tradicional ascendió a $164.187.750.Debido a que el premio mayor quedó vacante, el nuevo acumulado para el próximo sorteo del sábado 24 de enero se sitúa en $18.400 millones de pesos.Resultados detallados de RevanchaPor su parte, la modalidad de Revancha presentaba un acumulado de $13.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 03 - 04 - 08 - 17 - 31 y la Super Balota 11.Al igual que en el sorteo principal, nadie logró la combinación completa para el gran acumulado. Sin embargo, Revancha registró una mayor cantidad de ganadores totales, sumando 19.620 personas premiadas. Entre los resultados más destacados se encuentran:Un ganador con 5 aciertos, quien recibió un premio de $15.400.900.Ocho ganadores con 4 aciertos + Super Balota, con un premio individual de $385.850.El monto total de premiación entregado en Revancha fue de $85.186.300.El nuevo acumulado para Revancha se ha fijado en $13.700 millones de pesos para la siguiente jornada.Contribución al sector saludBaloto es un juego de suerte y azar bajo la modalidad de novedoso, operado bajo la supervisión de Coljuegos. Este tipo de sorteos no solo tienen un impacto en los ganadores individuales, sino que representan una fuente de financiamiento crucial para el sistema de salud en Colombia. Un porcentaje significativo de cada tiquete vendido se transfiere directamente para fortalecer los servicios sanitarios públicos del país.Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar cinco números del 1 al 43 y una Super Balota del 1 al 16. Las probabilidades de obtener el gran acumulado son de 1 en 15,4 millones, lo que explica la frecuencia con la que los premios suelen acumularse durante varias semanas antes de encontrar un ganador.El próximo sorteo se realizará el sábado 24 de enero de 2026, donde los colombianos tendrán una nueva oportunidad de participar por la bolsa combinada de más de 32 mil millones de pesos.
Una tragedia enluta a una familia tras la muerte de una adolescente de 15 años que sufrió una descarga eléctrica mientras utilizaba su teléfono celular conectado al cargador. El hecho ocurrió dentro de su vivienda y, pese a que fue auxiliada rápidamente y trasladada a varios centros médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.El caso se registró en una zona rural del municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, en Brasil, donde la joven residía junto a su familia. La víctima fue identificada como Beatriz Costa Diniz, quien se encontraba en su casa la noche del jueves 15 cuando ocurrió el accidente que terminó cobrándole la vida días después.De acuerdo con los primeros informes, Beatriz estaba usando su celular mientras este permanecía conectado a una toma de corriente, momento en el que recibió una descarga eléctrica que la hizo caer al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue atendida inicialmente por vecinos y familiares antes de ser trasladada a un centro asistencial en Bragança.Debido a la complejidad de su estado de salud, la adolescente fue remitida posteriormente al Hospital Metropolitano de Urgencias de Ananindeua, donde fue sometida a una cirugía e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció el lunes 19 por complicaciones derivadas de las lesiones.La Policía Científica confirmó su muerte y entregó el cuerpo a sus familiares el martes 20 al mediodía. Entretanto, la Policía Civil abrió una investigación por muerte accidental y ordenó exámenes forenses para esclarecer las causas exactas del suceso.Una de las hipótesis que manejan las autoridades es una posible fluctuación eléctrica, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. Por su parte, la empresa de energía Equatorial Pará aseguró que un equipo técnico revisó la red de la zona sin encontrar interrupciones en los últimos 30 días, pero insistió en la necesidad de no manipular dispositivos electrónicos mientras estén conectados a la corriente.La muerte de Beatriz generó profunda consternación entre sus vecinos y amigos, quienes la recordaron en redes sociales como una joven solidaria que ayudaba a su familia vendiendo tapioca en los autobuses de la región.
El Gobierno colombiano decidió suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador para priorizar la soberanía energética del país, en respuesta a la imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas por parte del Gobierno ecuatoriano. La medida busca “proteger la seguridad energética colombiana”, ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, según informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Ecuador, que mantiene una interconexión eléctrica de 400 kilovatios con Colombia, depende en buena parte del suministro colombiano para cubrir su demanda interna, especialmente durante los periodos de sequía. En los últimos dos años, Colombia había duplicado sus envíos de energía al vecino país, mitigando los apagones sufridos entre 2023 y 2024.“Ecuador depende en un 8% de Colombia”En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explicó que Ecuador enfrenta una situación de vulnerabilidad energética tras la decisión del gobierno colombiano.“Ecuador consume diariamente cerca de 95 gigavatios hora y de ese total, Colombia estaba suministrando 8 gigas diarios, lo que representa alrededor del 8% de su demanda”, precisó Gutiérrez. La dirigente gremial advirtió que, en años anteriores, durante los picos de sequía, ese porcentaje llegó hasta el 12%. “En diciembre de 2024, ambos países atravesamos una época crítica. Colombia aportó energía para evitar apagones de hasta 14 horas en Ecuador”, recordó.Riesgo de apagones si se agudiza la sequíaDe acuerdo con Gutiérrez, la magnitud del impacto en Ecuador dependerá del nivel de lluvias en los próximos meses y de la capacidad del país para activar su parque térmico. “Entendemos que Ecuador ha tomado medidas para mejorar su confiabilidad, pero no está claro si podrá enfrentar otro periodo de sequía si el fenómeno de El Niño regresa”, señaló.La líder gremial insistió en que la decisión colombiana tiene respaldo técnico y busca evitar una eventual crisis interna. “Como sector, ya habíamos pedido en otras ocasiones que se suspendieran las exportaciones cuando el país enfrenta hidrología crítica. No podemos poner en riesgo la confiabilidad de nuestro propio sistema eléctrico”, puntualizó.Llamado al diálogo y a la cooperación bilateralGutiérrez llamó a reactivar los canales diplomáticos y técnicos entre Bogotá y Quito para evitar que una disputa comercial afecte sectores estratégicos. “Las herramientas económicas no deben usarse como mecanismos de discusión política”, enfatizó. A su juicio, la relación energética entre ambos países “ha sido histórica y de apoyo mutuo”, y debe preservarse sobre la base de la cooperación regional.Además de presidir Acolgen, Natalia Gutiérrez lidera el Consejo Gremial Nacional, desde donde expresó preocupación por las repercusiones del nuevo arancel ecuatoriano sobre las exportaciones colombianas. “Ecuador es el sexto destino de nuestras exportaciones. En 2025, Colombia le vendió bienes por 1.600 millones de dólares, de los cuales dependen miles de empleos en ambos países”, subrayó.Los sectores más golpeados serían el energético, petroquímico, farmacéutico, automotor y de maquinaria, que en conjunto representan cerca del 49% de las exportaciones colombianas hacia el vecino país. Las regiones más expuestas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar, según datos gremiales.“Esta discusión que parece política erosiona la confianza. Hay que activar los canales diplomáticos y resolver la crisis rápidamente”, concluyó Gutiérrez, insistiendo en que la cooperación energética entre Colombia y Ecuador debe prevalecer sobre las tensiones coyunturales.La región andina enfrenta un panorama complejo ante la posibilidad del retorno del fenómeno de El Niño, que amenaza con reducir los niveles de los embalses y afectar la producción hidroeléctrica, fuente principal de energía en ambos países. En este escenario, la suspensión temporal de las exportaciones podría servir para blindar el suministro interno colombiano, pero también dejaría a Ecuador en una posición crítica si sus fuentes hídricas no logran recuperarse a tiempo.La decisión abre, además, un nuevo capítulo en la relación comercial entre los dos países, históricamente interdependientes en materia energética y exportadora. En los próximos días, se espera que los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa retomen canales diplomáticos para buscar una salida técnica a la crisis.
El incremento inusual en las inscripciones de cédulas en diferentes municipios del país, así como el aumento de la violencia en zonas como el Catatumbo motivaron al procurador general Gregorio Eljach a designar por primera vez a un procurador que se encargará de los asuntos técnicos de las elecciones como vigilar los puntos de votaciones, la entrega de tarjetones y la seguridad.Se trata de José María Sarmiento, quien fue posesionado en horas de la tarde de este jueves para asumir lo que el procurador ha llamado un laboratorio.“Tenemos una organización que vamos a estrenar. Vamos a hacer un laboratorio de protección a las elecciones con mira a las demás votaciones que vienen, las consultas de los partidos, la elección de congreso en marzo, le primera vuelta presidencial en mayo y la eventual segunda vuelta en junio”, expresó el procurador.De esta manera ya no solo van a hacer una vigilancia a las autoridades electorales y a los funcionarios públicos, sino que ampliarán su función a actividades técnicas.El procurador reiteró que la entidad ha emitido alertas por aumentos inusuales en la inscripción de cédulas en cuatro departamentos. Indicó que a corte de marzo de este año se inscribieron 92.318 mil nuevas cédulas en el país.“Casi la mitad de estos ciudadanos se registraron en cuatro departamentos de los 32, más el distrito capital: Antioquia, Meta, Cundinamarca y Norte de Santander, que coinciden con fenómenos consuetudinarios y estructurales de violencia rural y no tanto urbanas. Estas alertas buscan proteger la legitimidad democrática”, detalló.El procurador detalló que entre los casos más destacados están Puerto Gaitán (Meta) registró un incremento del 80 %, La Jagua del Pilar (La Guajira) del 44 %, y Acacías (Meta) del 23,3 %. Según Eljach, estas advertencias buscan prevenir el trasteo de electores.
El presidente Gustavo Petro tiene un plazo de cinco días para retractarse públicamente de las afirmaciones que realizó durante un consejo de ministros en septiembre de 2025, cuando aseguró que “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”.La decisión judicial responde a una tutela interpuesta por Tatiana Echavarría Arango, quien pidió la protección de sus derechos y los de su hija, al considerar que el comentario del mandatario “relega a la mujer a un papel meramente corporal, dañando la dignidad y autonomía femenina, además de afectar la formación de principios democráticos en los menores que presencian ese discurso” aseguró en la tutela.La tutelante agregó que hubo afectación en el plano familiar, educativo y en la formación política de sus hijos “al ver estas transmisiones oficiales junto con mis hijos, intento que comprendan la importancia de la política y la democracia. Pero cuando el discurso público se llena de calificativos odiosos, insultos, comentarios racistas, misóginos o clasistas, se distorsiona la enseñanza” haciendo referencia a esta y otras expresiones controversiales como la de “Los Brayans”.El juzgado concluyó que la expresión del jefe de Estado reproduce estereotipos sexistas y patriarcales “En efecto, la expresión reproduce estereotipos de género, de tipo sexista y patriarcal que afectan directamente la integridad moral, la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres”.El fallo advierte que las palabras del presidente Petro sobrepasan los límites de la libertad de expresión: “Si bien la Constitución protege el derecho a la opinión como manifestación de la libertad de expresión, tal derecho como todos, tiene límites. Así como sucede en este caso, que involucra actos de discriminación que reproducen la violencia estructural contras las mujeres en razón a su género”.El despacho resaltó que las afirmaciones del mandatario tienen un impacto mayor debido a su investidura a quien, el juzgado asegura se le impone mayor prudencia, cuidado y diligencia en el ejercicio de sus funciones. Por esa razón, el juez ordenó que la retractación se realice en un nuevo consejo de ministros transmitido por los mismos canales oficiales, con disculpas dirigidas tanto a la accionante y su hija como a todas las mujeres del país.Además, la decisión judicial dispone que el presidente Petro participe en un curso de sensibilización en género, igualdad y no discriminación, impartido por la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo.El juez también advirtió que, en adelante, el mandatario deberá abstenerse de emitir expresiones o manifestaciones que vulneren los derechos de las mujeres o refuercen estereotipos de género.
El Centro Democrático denunció que uno de sus candidatos a los Consejos Municipales de Juventud, en Puerto Rondón, Arauca, recibió una amenaza de muerte por medio de WhatsApp, el mensaje llegó desde un número desconocido.“Una vez más, los líderes y candidatos del Centro Democrático son objeto de intimidaciones y amenazas en distintas regiones del país. La amenaza, enviada a su WhatsApp desde un número desconocido, constituye un hecho de extrema gravedad que exige la acción inmediata de las autoridades competentes”, señalaron desde el Centro Democrático.Es importante recordar que las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud se van a realizar este domingo, 19 de octubre, en todo el territorio nacional.“Solicitamos que se inicie una investigación urgente y que se adopten medidas efectivas de protección para salvaguardar la vida e integridad de nuestro candidato. El Centro Democrático rechaza categóricamente estos actos cobardes que atentan contra la democracia, la participación juvenil y la libertad política en Colombia”, agregaron desde ese partido político.
La Contraloría General de la República advirtió sobre el atraso en la actualización del sistema nacional de información sobre la propiedad horizontal (catastro multipropósito) en la mayoría de municipios del país. Según el estudio, más del 91% del área rural y el 72% del área urbana no cuentan con la información catastral actualizada. Este retraso ha impedido avanzar en proyectos clave como la formalización de la propiedad y la implementación de la reforma rural.“Pese a que la asignación presupuestal para la implementación de la política de catastro multipropósito ha sido considerable, se evidencia una subejecución significativa de los recursos disponibles”, se lee en el documento del ente de control.La Contraloría analizó una década de gestión, es decir, entre 2014 y 2024. El informe reveló que de los 1.102 municipios que hay en el país, solo 73, o sea el 6,6%, han completado su actualización catastral, pese a las metas del Gobierno. El organismo reportó también pérdidas de hasta 46% entre 2020 y 2023, en los recursos destinados a este fin.Según el organismo de control, estos retrasos comprometen los objetivos del Acuerdo de Paz de 2016, que planteaba la formalización y redistribución de la tierra como parte de la reforma rural integral. Sin datos claros y actualizados, advirtió la entidad, es imposible saber cuántos predios están formalizados o dónde priorizar la compra de tierras para campesinos y comunidades afectadas por el conflicto.El ente de control también alertó sobre la falta de integración entre los sistemas de catastro y registro y el impacto social que esta desactualización genera, especialmente en territorios rurales afectados por el conflicto y la pobreza. El organismo hizo un llamado a acelerar la cobertura y mejorar la gestión presupuestal para cumplir con los compromisos de ordenamiento territorial y paz rural.Finalmente, pidieron al Gobierno acelerar la actualización del catastro, priorizando los municipios con mayores rezagos y mejorando la coordinación entre las entidades encargadas de administrar la información sobre tierras y propiedades.
Este domingo, 19 de octubre, se realizarán en el país las elecciones de los Consejos de Juventud, un mecanismo de participación, vigilancia y control de la gestión pública conformado por jóvenes entre los 14 a 28 años, según detalló la Registraduría Nacional.Para estas elecciones, la entidad, a modo de sorteo, escoge a las personas que serán jurados de votación y que por ley deberán asistir a las mesas para acompañar el proceso electoral ese día. Dos meses antes, a cada seleccionado le debió llegar un correo notificándole su participación.Estas son las multas y consecuencias por no asistir como jurado de votaciónEn caso de que los jurados no hayan visto el correo o que “sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen”, deberán pagar una multa o sanción social. La Registraduría explicó los casos:Si son servidores públicos, se harán “acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan”.De no serlo, les corresponderá una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.Al tratarse de Consejos de Juventud, el menor de edad que sea jurado de votación y no esté este 19 de octubre en su mesa correspondiente, deberá asumir una sanción diferente.“Deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas y el rector de la entidad educativa al que pertenece verificará el cumplimiento de esta disposición”, aseveró la Registraduría.¿Qué hace un jurado de votación?En términos generales, los jurados de votación deberán atender todo el proceso de las votaciones. De acuerdo con la entidad, estas son las funciones:Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10.Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11.Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.Custodiar la urna.Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral (si lo hubiere) con el documento de identidad.Efectuar los escrutinios de mesa.Registrar los resultados en los documentos electorales.Entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría.¿Dónde consultar si soy jurado de votación?La Registraduría habilitó un botón de consulta para que todas las personas puedan buscar si fueron seleccionados para estas elecciones. Solo deberán escribir su número de cédula o identificación. Una vez lo haga, le saldrá un letrero informándole si es o no jurado de votación.Este es el encale para consultar: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado
Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. Su llegada habría sido producto de gestiones de ministro del Interior, Armando Benedetti.Mondragón es directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Fue exsecretaria de Gobierno de Cali y exdirectora del Departamento Administrativo de contratación pública en la capital del Valle. De profesión es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Universidad Javeriana.Ahora, llegará a la Casa de Nariño para manejar la agenda del presidente, coordinar los consejos de ministros y ser el enlace entre el gabinete y el mandatario. Esta designación se da luego de que Angie Rodríguez, quien asumió ese cargo desde febrero de 2025, renunciará para asumir en propiedad la gerencia del Fondo de Adaptación. Esto en medio de tensiones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en el Fondo relacionadas con contratos para soluciones en La Mojana.De hecho, el presidente Petro le había pedido la renuncia hace un mes; sin embargo, en ese momento la decisión no se materializó.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
En medio de la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en la delegación oficial a Nueva York y las preguntas sobre su situación migratoria frente a Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, aclaró que su no asistencia no está relacionada con restricciones diplomáticas, sino con prioridades de agenda y con la coyuntura bilateral entre Bogotá y Washington.Jaramillo explicó que la canciller se encuentra concentrada en la preparación de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para febrero. “La Canciller está preparando la reunión… es un encuentro que requiere de un esfuerzo importantísimo de parte de Cancillería”, afirmó, al señalar que la cartera está dividida entre dos grandes frentes: el multilateral, que él lidera, y el bilateral, que actualmente está volcado a la agenda con Estados Unidos.Sin embargo, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema de la visa, luego de que en septiembre pasado el Departamento de Estado anunciara medidas unilaterales que afectaron al presidente Petro y, posteriormente, la canciller Villavicencio renunciara a su visa estadounidense como gesto político. Frente a ese punto, Jaramillo fue enfático en diferenciar los escenarios: “Son dos temas distintos. Yo estoy acá para responder al informe de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que ha ocurrido con las medidas unilaterales es un tema bilateral que maneja otro despacho”, dijo.El viceministro recordó que tanto el presidente como la canciller tienen derecho a participar en escenarios multilaterales como Naciones Unidas, independientemente de controversias bilaterales. “La ministra y el presidente tienen derecho a asistir a los espacios de Naciones Unidas porque así está contemplado dentro del derecho internacional y las garantías de la multilateralidad”, subrayó.Aunque evitó pronunciarse sobre si la canciller ya cuenta o no con un nuevo visado, Jaramillo confirmó que el tema se está abordando en canales diplomáticos formales. “Es un tema que se está hablando con Estados Unidos, pero no hace parte de mi despacho”, insistió, marcando distancia entre su rol en la agenda multilateral y los asuntos migratorios o políticos con Washington.La ausencia de Villavicencio, por tanto, no refleja un repliegue de Colombia en la diplomacia internacional, sino una redistribución de esfuerzos ante una coyuntura compleja. Mientras el viceministro representa al país en el Consejo de Seguridad, la canciller concentra su gestión en recomponer y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, una de las más sensibles para la política exterior colombiana en el actual escenario global.
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en los departamentos de Cesar y Chocó, tras una serie de operaciones adelantadas en los primeros días de 2026 por unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Armada, con apoyo del Ejército, la Policía y autoridades ambientales.Las acciones se desarrollaron en áreas estratégicas cercanas a los ríos Atrato, Magdalena y Quito, corredores fluviales utilizados por grupos armados organizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en estas regiones.De acuerdo con el balance operacional, fueron neutralizadas 38 unidades de producción minera ilegal y inmovilizadas 32 dragas, además de 30 motobombas, 36 motores y dos retroexcavadoras, maquinaria que era utilizada sin cumplir la normatividad vigente ni los permisos ambientales exigidos por la ley.Durante los procedimientos, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales junto con los equipos incautados, para avanzar en los procesos legales correspondientes. Según estimaciones preliminares, la afectación económica a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad supera los 1.000 millones de pesos.Las autoridades destacaron que estas operaciones no solo impactan las finanzas ilegales, sino que también reducen el daño ambiental, especialmente por el uso de mercurio y otros químicos tóxicos que terminan vertidos en los ríos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades ribereñas y los ecosistemas.Las acciones contra la minería ilegal continúan siendo una prioridad en estas zonas del país, donde la explotación ilícita de recursos naturales se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
Durante este fin de semana, las alcaldías municipales, juntas comunales, padres de familia y rectores de instituciones educativas adelantarán la brigada denominada ‘Camino al Aprendizaje’, que consiste en buscar al menos 9.800 niños y jóvenes que aún faltan por matricularse en los 35 municipios de competencia departamental donde a la fecha solo se han matriculado 110.400 estudiantes.El secretario de Educación, Edgar Martín Lara, explicó que en las 1.440 sedes educativas hay una cubertura para 120.200 estudiantes y les hace un llamado a los padres de familia a no permitir que sus hijos se queden sin asistir a las aulas de clases a pocos días de iniciar oficialmente el calendario escolar.“Estamos convocando a esta brigada a todos los que tenemos la misión de coadyuvar para que nuestros menores se matriculen. Avanzamos en nuestro compromiso para avanzar con la meta de cobertura educativa que tiene el Huila. Recordar que los estudiantes se pueden matricular y deben ser matriculados por sus padres, en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia en cada uno de los 35 municipios no certificados en educación que atendemos como gobierno departamental”, señaló el secretario.Por su parte, la líder de cobertura educativa del Huila, Leidy Gómez Benítez, dijo que también se viene trabajando en otras estrategias de acceso para que antes de iniciar el calendario escolar 2026, se hagan todos los esfuerzos para que se cumpla con el registro del 100% de estudiantes matriculados en el Simat.Dijo finalmente el secretario de educación Edgar Martín Lara, que, con recursos aprobados por la Asamblea del Huila, se han intervenido varias instituciones educativas que se encontraban con dificultades y deterioro en sus estructuras físicas para garantizar una mejor calidad de educación a niños y jóvenes del departamento.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y le atribuyó unas razones distintas a una respuesta recíproca frente a los aranceles del 30 % a productos colombianos anunciados por el jefe del gobierno de Ecuador Daniel Noboa.“No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, escribió.Cabe mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.Palma señaló que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, "incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas", pero advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa "desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética".El Gobierno colombiano respondió también imponiendo el mismo arancel para una lista de 20 productos que todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galan en la Casa de Nariño. El encuentro estaba programado para las 10:00 de la mañana, empezó a las 11 y se extendió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que el mandatario salió del Palacio Presidencial para acudir a dos eventos que tiene programados en Leticia, Amazonas.Al término de la reunión el alcalde Galán entregó declaraciones: “Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.El segundo tema de la conversación tuvo que ver con los Multicampus educativos en Suba y Kennedy. “Ya la nación avanzó con el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos multicampus. Y estamos trabajando para autorizar una intervención inicial previa en los predios habilitados por el distrito”, agregó.Esta reunión se da luego de las tensiones generadas entre el Distrito y el Gobierno nacional por cuenta del incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que tenía los recursos para evitar el alza; sin embargo, esto nunca se concretó y la administración de Galan subió los precios. Durante el encuentro de hoy no se habló al respecto, según el mandatario local.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.