Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.Escuche el informe completo aquí:
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
Las autoridades en Argentina avanzan en la investigación de un hecho ocurrido en la localidad de Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 61 años murió tras verse involucrado en una violenta riña con integrantes de su propia familia.El episodio quedó registrado en video por cámaras de seguridad del sector y muestra a Óscar Laureano Mendoza agrediendo con un palo a una joven y a otros familiares en plena vía pública. En las imágenes se observa cómo, tras ser reducido por allegados que intentaron frenar la agresión, el hombre se desploma frente a su vivienda.De acuerdo con las primeras hipótesis de la justicia, el enfrentamiento se habría originado por un conflicto familiar de larga data relacionado con la posesión de una vivienda y disputas por herencia. La discusión escaló rápidamente hasta derivar en el forcejeo que precedió al fallecimiento.Luego de ser contenido, Mendoza sufrió una descompensación repentina y quedó tendido en la calle. Aunque en un primer momento los familiares pensaron que se trataba de una reacción momentánea, personal de emergencias confirmó minutos después que el hombre no presentaba signos vitales.Según se confirmó, la víctima tenía antecedentes médicos relevantes, entre ellos un accidente cerebrovascular reciente y una cirugía cardíaca, condiciones que habrían influido en el paro cardíaco que, según la autopsia, causó su muerte en medio del episodio de alta tensión en la familia.El caso es investigado por la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, bajo la conducción del fiscal Claudio Fornaro, quien ordenó peritajes adicionales y la toma de declaraciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades en el forcejeo previo al deceso.
Una comunidad universitaria atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse la muerte de dos jóvenes que fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo estacionado. El hecho, que ocurrió a comienzos de esta semana, ha sido catalogado por las autoridades como un trágico accidente y ha generado múltiples reacciones de solidaridad.El caso se registró en la Franciscan University, ubicada en Ohio, donde unidades de la Policía de Steubenville acudieron hacia las 12:30 del mediodía del lunes 19 de enero al sector del St. Agnes Hall, luego de recibir una solicitud para verificar el estado de dos personas que permanecían dentro de un automóvil.Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer inconscientes en el interior del carro y ambos fueron declarados muertos en el sitio. Según los reportes oficiales, no se hallaron signos de violencia ni indicios de consumo de sustancias ilícitas.¿Cuál es la causa de muerte de los jóvenes?Posteriormente, la Oficina del Forense del Condado de Jefferson confirmó que las muertes se produjeron por intoxicación con monóxido de carbono, aparentemente causada por una falla en el sistema de escape del vehículo. El hecho fue clasificado como accidental.Las víctimas fueron identificadas como Luke Reimer y Mary Mich, ambos de 20 años y estudiantes activos de la institución. De acuerdo con mensajes publicados en redes sociales, la pareja mantenía una relación sentimental desde hacía más de un año y era muy apreciada por sus compañeros y docentes.El rector de la universidad, el padre Dave Pivonka, expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó que la comunidad académica se encuentra de luto. “Lloramos la partida de estos dos jóvenes y acompañamos a sus familias y amigos en este momento de dolor”, indicó en un comunicado.Como medida de acompañamiento, la universidad suspendió temporalmente algunas actividades académicas y habilitó servicios de apoyo psicológico y espiritual. Asimismo, a través de sus plataformas digitales, rindió homenaje a los estudiantes e invitó a la comunidad a unirse en oración por su descanso eterno.Las autoridades continúan adelantando las revisiones técnicas al vehículo para esclarecer por completo las causas del accidente y reiteraron el llamado a revisar periódicamente los sistemas de escape para prevenir situaciones similares.
Sentado en su moto, bajo el recio sol habanero y en medio de una larga fila para repostar gasolina, Jesús Méndez, de 66 años de edad, con el clásico humor caribeño, analiza la situación de Cuba sin el suministro de petróleo venezolano: «(Esto) está duro… y tomó viagra para estar duro».El cierre del grifo en Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho que reaparezca un viejo conocido en la isla, que viene y va según se presenta una nueva crisis en un país acostumbrado a vivir al límite: las colas en los servicentros (gasolineras).Aunque esta vez es distinto, según considera Yanely, una cubana de 46 años que lleva una hora sin avanzar en la fila de vehículos.Ya no son las colas fantasma que esperan hasta días en gasolineras vacías para aguardar a que llegue una «pipa» (camión cisterna). Lo de ahora, argumenta Yanely, son filas de pánico ante la incertidumbre que significa que La Habana se quede sin su principal proveedor de carburantes.El 30 % de las necesidades energéticas«Por eso es que se ve esa aglomeración de personas. Porque la gente toma prevención si va a ocurrir algo. Entonces, viene a abastecerse, a llenar por temor… simplemente por eso», concluye frente a una estación de servicio frente al Malecón.Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. Su desaparición abre una brecha que el Estado cubano no puede cerrar, principalmente, por falta de divisas para importar desde otros proveedores.Varios automóviles más atrás que Yanely, Ramón García, un jubilado de 70 años, coincide con ella. Él ya se había acostumbrado a almacenar gasolina en su casa. Pero cuando vio el operativo militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero supo que tenía que adelantarse ante el peor escenario.«A mí me quedaba un poquitico en la casa y vine a eso, porque no sé lo que pueda pasar mañana. Estoy casi seguro de que se va a notar, porque estoy siguiendo más o menos la situación», explica a EFE.Gasolina en dólares en CubaA la incertidumbre se le suma otro ingrediente: esta nueva vuelta de tuerca en la crisis cubana no afecta por igual a todos. Según pudo comprobar EFE en un recorrido por La Habana, Cuba, las largas filas en las gasolineras en dólares contrastan con las estaciones de servicio que cobran en pesos cubanos, con conos naranjas frente a los surtidores y sin autos porque no tienen combustible en absoluto.El Gobierno cubano dolarizó el año pasado una serie de servicentros, como parte de las medidas para suplir la caída en picado del turismo y el negocio de las remesas, y ahora ha priorizado su suministro.Carlos, de 76 años, lleva esperando ya cuatro horas para llenar el depósito de su auto. Consiguió unos dólares en el mercado negro para hacerlo porque se cansó de esperar su turno en Ticket, la aplicación móvil estatal de gestión de filas cuyos tiempos de espera en La Habana puede ser de hasta dos meses.Impacto económico«En moneda nacional no han surtido más, entonces hay que comprar en divisa (…) Usted bien sabe que aquí no gana nadie en dólares. Hay que seguir luchando, no queda de otra», dice a EFE con resignación.Un estudio facilitado la semana pasada a EFE por el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, estima que el impacto económico del fin de los envíos petroleros de Venezuela podría suponer una caída del 27 % del producto interno bruto (PIB), un encarecimiento del 60 % de los alimentos y del 75 % del transporte.En ese sentido, Jesús Méndez, el motociclista de 66 años que aún espera en la fila, deja la duda en el aire: «Mientras aprieten los rubios de enfrente (Estados Unidos), ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar gasolina si aquí el petróleo que hay en Cuba está lleno de azufre y no sirve para nada?»
Al menos 700 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé en el municipio colombiano de Santa Bárbara, en el departamento de Nariño (suroeste), una emergencia que ha dejado graves daños en zonas rurales y en el casco urbano, alertó este domingo la Defensoría del Pueblo."La Defensoría del Pueblo urge la intervención inmediata del Gobierno nacional (...) para atender por lo menos a 700 familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé", señaló la entidad en X, al advertir sobre la magnitud de la emergencia registrada desde que comenzó a llover el jueves pasado.Según ese organismo, los aguaceros persistentes y la creciente del río han ocasionado la destrucción parcial o total de cerca de mil viviendas en el municipio, de las cuales unas 200 quedaron completamente destruidas.El número exacto de personas afectadas, entre las que se encuentran personas mayores y niños, aún no ha podido establecerse debido a las difíciles condiciones de acceso y a que las precipitaciones continúan en la parte alta del territorio.La Defensoría advirtió además sobre necesidades de ayuda humanitaria y de medidas de protección para las comunidades damnificadas, que además de perder sus hogares se enfrentan a riesgos de picaduras de serpientes y alacranes, riesgos que se han incrementado por las inundaciones.Por su parte, la Gobernación de Nariño informó que activó acciones de atención, acompañamiento y coordinación interinstitucional tras el desbordamiento del río Iscuandé.Según, informes preliminares, 28 zonas rurales resultaron impactadas y se estima que la cifra de al menos 700 familias damnificadas podría aumentar por la inundación progresiva del área urbana.El balance de la autoridad departamental indica además la interrupción de servicios públicos, de la atención hospitalaria y las actividades educativas como consecuencia de la emergencia."Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las comunidades afectadas. Desde el departamento articulamos esfuerzos para atender la emergencia y gestionar el apoyo requerido ante la magnitud de las afectaciones", afirmó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, citado en un comunicado.En el mismo sentido, el alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barrios Pinillos, aseguró que el municipio atraviesa "una crisis humanitaria" y reiteró la necesidad urgente de ayudas, como colchonetas y alimentación, para la población damnificada.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que ya se están haciendo evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y aclaró que no hay fallecidos ni heridos, aunque al menos 40 personas, en su mayoría adultas mayores, recibieron atención por afectaciones asociadas a la emergencia.
Bogotá continúa conmocionada tras confirmarse el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.En la madrugada del 22 de enero las autoridades localizaron los cuerpos del menor y de su padre, Marco Antonio Pinzón, en inmediaciones de la iglesia de Los Laches, en Bogotá. El procedimiento fue realizado por unidades de la Fiscalía General de la Nación y del CTI, que acordonaron la zona y adelantaron el respectivo levantamiento e identificación de los cuerpos.La desaparición del niño había sido reportada luego de que saliera de su vivienda en el sector de Lucero Bajo, tras un permiso concedido por su custodia legal. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación con ninguno de los dos, ya que sus teléfonos celulares permanecieron apagados durante varios días, situación que activó los protocolos de búsqueda.Las autoridades manejan como hipótesis principal un caso de homicidio de Marco Antonio al menor, seguido de suicidio.En entrevista con el diario El Tiempo, la familia de Adrián había revelado duros detalles sobre el hombre y amenazas previas. “Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”, dijo Daniela, la tía del menor.Según narró la mujer, Adrián vivía con ella. “Él decía que quería recuperar el tiempo perdido, que sentía que el niño ya se había olvidado de él", por eso la mujer accedió a que se vieran. Tras estar horas en un parque, aseguró, el hombre le quitó el celular al menor y lo apagó."En la noche ya no supimos nada más de ellos. Después, el teléfono apareció bloqueado". Posteriormente, el hombre habría enviado mensajes de amenazas a la madre, afirmando que le haría daño al niño. Presuntamente, uno de los mensajes tenía imágenes de un arma de fuego.El medio aseguró que, presuntamente, el hombre habría hecho una videollamada a la madre afirmando que iba a matar a Adrián. Por ahora, el hecho continúa en etapa de investigación y que serán los análisis forenses y judiciales los que determinen con precisión lo ocurrido.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
El Ejército abrió un nuevo proceso de incorporación para formar suboficiales, una convocatoria dirigida a jóvenes colombianos que buscan iniciar una carrera con formación militar, estabilidad laboral y proyección profesional.Las inscripciones se realizan a través de la Escuela Militar de Suboficiales y constituyen el primer paso para acceder al Curso de Suboficiales. El proceso estará habilitado hasta marzo de 2026 y toda la información oficial está disponible en la página web institucional, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, etapas de selección, costos aproximados y contactos regionales.Entre los requisitos básicos se encuentra tener entre 17 y 23 años, ser bachiller académico, contar con los resultados de las Pruebas Saber 11, no registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, y acreditar conocimientos básicos de natación.Quienes se postulen deberán superar varias fases del proceso, que incluyen pruebas psicométricas y psicológicas, exámenes médicos, evaluaciones físicas en tierra y agua, así como entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía.Durante la etapa de formación, los alumnos reciben una bonificación mensual y cuentan con alojamiento, alimentación, dotación y acceso a movilidad académica. Además, el programa contempla la obtención de una doble titulación académica. Una vez finalizado el curso, los nuevos suboficiales acceden a ocupación laboral inmediata dentro de la institución.Las autoridades recordaron que el proceso de incorporación no tiene intermediarios y advirtieron sobre posibles estafas, recomendando no realizar pagos a personas o cuentas no oficiales. Para ampliar la información, los interesados pueden acudir a las zonas de reclutamiento, distritos militares o consultar directamente los canales oficiales de la Escuela Militar de Suboficiales.
En las 1.440 sedes educativas de los 35 municipios no certificados del Huila, que son competencia del gobierno departamental, arrancó este lunes el calendario escolar 2026 con más de 112.000 estudiantes matriculados tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales.En el caso de Neiva, también iniciaron clases 32.500 niños y jóvenes en las 169 sedes educativas del municipio y con el suministro del programa de alimentación escolar PAE que tuvo una inversión inicial por encima de los 20.000 millones de pesos. “El proceso de negociación a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se cerró exitosamente por un valor de 20 mil millones de pesos y hemos verificado todas las condiciones técnicas, sanitarias y operativas del operador. Además, la entrega de los alimentos coincide con la fecha de la apertura oficial del calendario escolar” así lo confirmó Olga Lucía Castaño, secretaria de educación municipal.En el Huila la secretaría de educación, confirmó que el programa PAE inició a media marcha en algunas instituciones y se espera que para la próxima semana este cubierto en un cien por ciento la alimentación escolar en todos los municipios del departamento.Desde la oficina del PAE Huila, informaron que la semana inmediatamente anterior quedó adjudicado el contrato para que se inicie a operar el programa de alimentación escolar a partir de la primera semana de febrero.
Un tripulante de la motonave Cetus Narwhal falleció luego de sufrir un grave accidente mientras la embarcación navegaba frente a Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, quien se desempeñaba como bosun o contramaestre, cayó al interior de una de las bodegas de carga del buque, lo que desencadenó una operación de emergencia en alta mar.El reporte del incidente fue recibido por la Dirección General Marítima cuando la nave se encontraba a unas 30 millas náuticas al este de la boya de mar de Buenaventura. Tras la alerta, se activaron los protocolos de atención y se coordinó una operación de búsqueda y rescate para evacuar al tripulante herido.Inicialmente, se dispuso una unidad de Guardacostas para atender la emergencia, pero las condiciones del mar impidieron la evacuación por vía marítima. Ante este escenario, se solicitó apoyo aéreo y un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico realizó la extracción del tripulante a unas 15 millas náuticas del puerto.El hombre fue trasladado por vía aeromédica hasta instalaciones militares en Buenaventura y posteriormente remitido a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.Tras el incidente, la motonave fue retornada y fondeada en el puerto de Buenaventura para adelantar las actuaciones correspondientes. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.“La Dirección General Marítima iniciará el proceso jurisdiccional respectivo, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el incidente, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó la autoridad marítima colombiana.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los detalles de una de las apuestas más estratégicas para la seguridad nacional: la creación del Escudo Nacional Antidrones. Este proyecto surge como respuesta a la creciente amenaza de grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos en diversas regiones del país.Un proyecto de vanguardia tecnológicaEl sistema, calificado por el ministro como una iniciativa de vanguardia, tiene una valoración total de 6.2 billones de pesos, de los cuales se espera invertir un billón de pesos durante el presente año. El escudo no consiste en un único dispositivo, sino en un sistema de múltiples capas diseñado para proteger a la tropa en movimiento, buques, vehículos e instalaciones fijas. Según el jefe de la cartera de Defensa, la tecnología debe permitir que estos sistemas interactúen de forma automática y en segundos, dada la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.Preferencia por tecnología occidental y autonomía nacionalRespecto a la procedencia de la tecnología, el ministro Sánchez fue enfático en que la orientación de Colombia es hacia la tecnología de tipo occidental. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa, permitiendo que los sistemas "hablen el mismo idioma" en la lucha contra el crimen transnacional.A pesar de que empresas chinas han presentado ofertas, el gobierno colombiano prioriza estándares que sean compatibles con sus tácticas, procedimientos y economía de escala. El ministro aclaró que, aunque se ha discutido el tema con Estados Unidos, no existe un condicionamiento o veto por parte de Washington para adquirir exclusivamente tecnología estadounidense; la decisión sigue siendo una muestra de la autonomía colombiana basada en sus propios intereses de seguridad.Cooperación fronteriza y resultados operativosTambién abordó la tensión con Ecuador. Sánchez desestimó las quejas del presidente Daniel Noboa sobre la falta de cooperación en la frontera, calificándolas como opuestas a la realidad. Destacó que, bajo la administración actual, la incautación de cocaína ha aumentado en un 321%, sumando 286 toneladas, y se han desplegado 10,700 hombres en la zona fronteriza de Nariño y Putumayo, logrando reducciones significativas en las tasas de homicidio.Conflictos internos y derechos humanosFinalmente, el ministro se refirió a la situación de orden público en el Meta, donde se mantienen enfrentamientos contra las disidencias de 'Calarcá', específicamente contra la estructura de alias "Patepalo". Sánchez expresó su preocupación por la muerte de personas en circunstancias extrañas que sugieren ejecuciones, incluyendo a cuatro menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente. El caso está bajo investigación de la Fiscalía para esclarecer si las víctimas fueron sedadas antes de recibir tiros de gracia por parte de otros grupos disidentes.Escuche aquí la entrevista:
La madrugada del sábado pasado, Nicolás Alcocer —hijo adoptivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro— fue víctima de un robo mientras se encontraba en la céntrica Gran Vía de Madrid. Según confirmó la Policía Nacional de España, el joven fue abordado por un individuo que le arrebató una cadena de oro cuando se disponía a subir a un taxi.Carlos Quero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), explicó los pormenores del caso en entrevista con Mañanas Blu. “Se encontraba por la noche, de madrugada, en una calle céntrica de Madrid, como es la Gran Vía, y cuando se estaba montando en un taxi, llegó un individuo por la espalda y le dio un tirón de una cadena que portaba, que parecía ser de oro”, relató el funcionario.De acuerdo con Quero, el propio Nicolás Alcocer pidió auxilio de inmediato y su reacción permitió que una patrulla cercana iniciara la persecución del delincuente. “Había una patrulla que emprendió la persecución a pie por las calles del centro de la capital y finalmente lo terminó apresando unas calles posteriores”, añadió.La rápida intervención policial permitió recuperar el objetoEl portavoz confirmó que la cadena fue recuperada en el lugar del arresto y devuelta a su propietario esa misma noche. “Cuando se recuperan, se le hace un acta de entrega a la persona portadora, para no privarle de su objeto”, explicó Quero, detallando que no fue necesario poner la joya a disposición judicial, dada su pronta recuperación.Alcocer presentó una denuncia formal y, además, “firmó el libro de felicitaciones por la rápida intervención policial”, según informó el subinspector. El valor de la cadena fue estimado en unos 6.000 euros, equivalentes a unos 25 millones de pesos colombianos.El presunto ladrón y situación judicialEl detenido fue identificado como un joven de nacionalidad marroquí de aproximadamente 23 años. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo tenía antecedentes por robo. “Por lo que ha trascendido, sí, es reincidente”, señaló Quero.El presunto delincuente fue puesto a disposición judicial dentro del plazo establecido por la legislación española —máximo de 72 horas bajo custodia policial— y, según el vocero, lo más probable es que haya quedado en libertad con cargos mientras avanza el proceso judicial. “A menos que se haya empleado una violencia inusual, no se suele meter en la cárcel a este tipo de personas”, explicó.Sin escolta ni protección oficialSobre si el hijo del presidente contaba con algún tipo de seguridad o acompañamiento en el momento del robo, el portavoz fue enfático: “No, que nosotros sepamos”, aseguró. De hecho, Quero confirmó que Nicolás Alcocer reside en España y que suele movilizarse sin escolta.El funcionario también aclaró que Alcocer se identificó formalmente en la comisaría, una vez se informó sobre su relación familiar con el mandatario colombiano. “Es conveniente decir este hecho, puesto que se trata del hijo de un mandatario extranjero”, comentó.El incidente ha generado atención tanto en España como en Colombia por tratarse de un familiar directo del presidente Gustavo Petro. Medios locales subrayan que el robo ocurrió en una de las zonas más transitadas y seguras de Madrid, donde hay fuerte presencia policial y vigilancia nocturna. La rápida reacción de los agentes permitió evitar mayores consecuencias.Nicolás Alcocer, quien adoptó el apellido Petro tras su proceso de adopción hace algunos años, reside en territorio español donde realiza actividades privadas. Aunque el hecho no dejó heridos ni mayores daños, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de figuras públicas y sus familiares en el extranjero.El procedimiento judicial contra el presunto autor del robo continuará en las próximas semanas ante un juez de primera instancia madrileño, mientras la Policía Nacional cierra el informe oficial del caso.
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava , actual defensor del exministro Ricardo Bonilla y Nicolás Dupont Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución presidencial que dio origen a estas zonas y la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.La demanda cuestiona la Resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026.Según el documento radicado, estas zonas fueron acordadas el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, durante las conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del Clan del Golfo, en el marco del documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”. Allí se pactó la creación de las ZUT como parte del proceso de conversación sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal.No obstante, los demandantes sostienen que, aunque la paz es un objetivo constitucional, no puede construirse al margen del orden jurídico. En el texto de la demanda se advierte que “la paz es un fin constitucional irrenunciable, pero no puede construirse al margen del orden constitucional. Cuando el Ejecutivo actúa sin sujeción a la ley, incluso con fines legítimos, se compromete el propio Estado de Derecho”. Con base en ese argumento, solicitan que se declare la nulidad de la Resolución por infracción de las normas en que debía fundarse y por falta de competencia.Uno de los ejes centrales de la acción judicial es que la creación de las ZUT y los beneficios asociados , como la suspensión de órdenes de captura para integrantes, no estaría respaldada por el andamiaje jurídico de la política de “paz total”, aprobada por el Congreso y avalada de manera parcial por la Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.La demanda recuerda que, para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de Ley de Sometimiento, que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de Zonas de Ubicación Temporal como las pactadas en Doha, menos aún en regiones como Chocó y Córdoba, que han sido históricamente epicentro de la acción criminal y del control armado del Clan del Golfo.“El Congreso de la República, y no el Ejecutivo, es el llamado a definir el marco normativo del sometimiento a la justicia y las condiciones bajo las cuales pueden establecerse Zonas de Ubicación Temporal”, señala el escrito. Y agrega que, al expedir la resolución sin ese respaldo legal, el presidente habría invadido una competencia exclusiva del legislador, actuando “en ausencia total de la ley habilitante requerida”.Ahora será el Consejo de Estado el encargado de analizar los argumentos de la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se resuelve de fondo la legalidad de las ZUT.
En menos de 24 horas, unidades del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada de ocho artefactos explosivos de alto poder en varias zonas estratégicas del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el uso de explosivos improvisados.Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales de los municipios de El Tarra, Tibú y Teorama, donde tropas especializadas en explosivos y desminado adelantaron maniobras para neutralizar los artefactos que habían sido instalados en corredores utilizados por la población civil y por las FF. MM.En Teorama, mientras se adelantaban las labores de verificación y destrucción, las tropas fueron hostigadas por integrantes del ELN, lo que derivó en un combate que se prolongó por cerca de una hora. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron afectaciones ni bajas en las filas del Ejército, y las operaciones continuaron una vez se aseguró el área.Según las autoridades, los artefactos destruidos corresponden a explosivos de fabricación artesanal y alto poder destructivo, diseñados para ser activados al paso de personas o vehículos, una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que operan en la región.Las Fuerzas Militares indicaron que las maniobras de control territorial y desminado continúan en el Catatumbo, con el objetivo de ubicar y destruir de forma controlada otros artefactos que habrían sido instalados recientemente, ante el riesgo permanente que representan para la población civil.Estas operaciones se intensificaron tras el reciente caso ocurrido en área rural de Tibú, donde un menor de edad resultó gravemente herido al pisar un campo minado, perdiendo sus extremidades, un hecho que volvió a encender las alertas sobre el impacto humanitario del uso indiscriminado de explosivos en esta zona del país.
Una nueva jornada de combates entre el Ejército Nacional y disidentes de las FARC, pertenecientes al grupo de alias Calarcá, estremeció el pasado fin de semana al municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. En medio de la tensión y los reportes iniciales de crisis humanitaria, el alcalde Juan Andrés Gómez aseguró que no se registraron víctimas ni desaparecidos civiles, pese a la cercanía de los enfrentamientos con zonas pobladas.“Gracias a Dios no tuvimos ningún civil muerto, no hubo ningún desaparecido. Se tenía información al respecto, pero las personas fueron encontradas. El balance ha sido positivo porque los campesinos se encuentran bien”, afirmó Gómez en diálogo con Mañanas Blu.Combates en la vereda LaurelSegún el mandatario, los enfrentamientos se registraron en la vereda Laurel, una zona rural ubicada a tres horas del casco urbano de Vistahermosa. Allí se produjeron choques entre las tropas del Ejército y las disidencias del frente de Calarcá, dejando como resultado dos muertos pertenecientes a ese grupo armado.Durante varias horas de la noche del viernes, habitantes de la vereda grabaron y difundieron videos que mostraban la intensidad de los combates y el temor generalizado entre la población. Gómez explicó que “las balas pasaban por los techos de las viviendas”, lo que llevó a muchos campesinos a resguardarse mientras se escuchaban helicópteros y detonaciones.“El enfrentamiento duró un par de horas en la noche. Las personas estaban muy asustadas, llamaban preocupadas por los ruidos y los sobrevuelos. Pero, como reitero, no hubo civiles afectados”, insistió el mandatario local.Investigación y presencia militar en la zonaEl alcalde Gómez señaló que al día siguiente de los combates, el Ejército permanecía en la zona a la espera de una orden de allanamiento para ingresar a una finca donde, según versiones, podría encontrarse un cabecilla de las disidencias. Sin embargo, la operación no se concretó.“La Fiscalía no dio la orden de manera oportuna, por lo que el Ejército tuvo que retirarse del lugar”, explicó. Añadió que campesinos de la zona se acercaron con preocupación al sitio, lo que aumentó la tensión entre la comunidad y las fuerzas militares.Gómez aclaró que, tras los hechos, el orden público fue restablecido y que no se registró confinamiento de la población rural. “Dimos un consejo de seguridad con presencia del coronel encargado de la misión y se confirmó que no hubo heridos ni civiles afectados”, aseguró.Reaparición de las disidencias de CalarcáEl alcalde reconoció que la presencia de las disidencias en el sur del municipio no es nueva. Vistahermosa, antigua zona de distensión durante las negociaciones de paz del gobierno Pastrana con las FARC, ha sido históricamente escenario del conflicto armado.“En estos momentos, en el casco urbano no tenemos presencia de grupos armados, pero en la zona sur —que comunica con La Macarena— siempre ha habido presencia de disidencias”, explicó.El mandatario aprovechó la entrevista para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. “Necesitamos que el Estado mire hacia Vistahermosa. Aquí en el casco urbano contamos con apenas 15 policías y en la zona rural el número de tropas es muy reducido. Nos toca con lo poquito que tenemos hacer presencia y proteger a la comunidad”, dijo Gómez.Temor y resiliencia entre los campesinosAunque la calma ha retornado momentáneamente a la vereda Laurel, el miedo persiste entre los habitantes rurales, quienes viven con la incertidumbre de nuevos enfrentamientos. El alcalde reconoció el sentimiento de zozobra, pero destacó la valentía de la población campesina que, a pesar de las amenazas históricas del conflicto, permanece en su territorio.
El presidente Gustavo Petro, manifestó este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyas diferencias dieron pie a la imposición de aranceles del 30 % en el comercio bilateral."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.El mandatario colombiano agregó que "los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo".El mensaje de Petro se produce en momentos en que los dos países están también a la espera de una posible reunión la próxima semana de las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.El mandatario ecuatoriano anunció el miércoles que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Resultados en guerra contra las drogasPetro insiste, con cifras en la mano, en que no ha bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico, cuyas bandas "crecen en Ecuador" y "han sumido a nuestro hermano país en la violencia", según dijo hoy, y añadió que hay que "establecer un férreo control" sobre los insumos para la producción de fentanilo que entran por los puertos del Pacífico."El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína", agregó.En ese sentido, el mandatario colombiano recordó que su Gobierno se ha esforzado para que haya "una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías, y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia".Según datos del Gobierno, las incautaciones de cocaína hechas en conjunto con Ecuador pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024 y subieron a 195.862 en 2025."Me reuní con la delegada del Gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa", recordó hoy Petro sobre el encuentro que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en esa ciudad brasileña, con motivo de la apertura del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía.Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros, y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa.