Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
Tras el anuncio de el fin del ‘Ferxxo’, el artista paisa ha estado alejado del ojo público y sin hablar de música, hasta ahora. Gracias a Luis Fonsi, Salomón Villada Hoyos volvió, pero en una faceta nunca vista: cantando salsa y tocando raíces de ritmos tropicales.“Cambiaré” de Fonsi y Feid apunta a volverse en un himno musical de dos artistas orgullosos de sus raíces. La canción -estrenada este 20 de enero- llegó en un momento especial para que los fans de ambos artistas arranque desde la alegría y el sentir.“Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo,” explicó Luis Fonsi. “Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa ‘clave’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución.”Ahora que el género urbano se ha puesto en la tarea de volver a conectar con ritmos tropicales, esta canción le da un subidón a ola del reguetón de salir de esa zona de confort que durante décadas estuvo marcada.“Cuando grabé la maqueta supe que quería una voz con un color distinto, que aporta otra perspectiva. Quería trabajar con alguien fresco, con una energía muy actual y con un artista a quien admiro profundamente. Sentí que era el momento perfecto para que Feid y yo hiciéramos algo completamente diferente y, a la vez, muy especial para el público”, añadió Fonsi.Cabe destacar que Fonsi y Feid se encontraron en Las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, Puerto Rico, donde sorprendieron con un adelanto exclusivo de “Cambiaré” ante la concurrida multitud reunida en las calles y en cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular masivamente en plataformas, convirtiendo la aparición en uno de los momentos más comentados del fin de semana.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró este martes su respaldo al "alto mando político" liderado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura del líder chavista por fuerzas estadounidenses."Enviamos desde La Guaira todo el apoyo al alto mando político, al equipo que Nicolás Maduro Moros dejó aquí, a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez", declaró el parlamentario al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), tras participar en una marcha en ese estado, uno de los tres afectados durante los ataques militares de EE.UU.La manifestación, dijo, se inició al atardecer y tuvo como objetivo pedir la "libertad" del gobernante y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes se encuentran encarcelados en Nueva York.En este sentido, Maduro Guerra aseguró que en la marcha se sintió un "espíritu de mucha unidad" y de "mucha conciencia", y llamó al chavismo a "estar a la altura" de la situación."Nos verán en las calles al frente, liderando la lucha por la dignidad", añadió.El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses protagonizaron sendos ataques en Caracas y otros tres estados de Venezuela, incluyendo La Guaira, en los cuales capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y presentados ante un tribunal federal.Dos días después, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que preside su hermano, el diputado Jorge Rodríguez.Desde entonces, la mandataria encargada ha hecho varios cambios en el gabinete ministerial y ha anunciado designaciones en distintas entidades, mientras que se ha mostrado acompañada de su hermano y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en diversos actos públicos.El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron durante la operación militar, una cifra que se suma a 32 militares cubanos fallecidos, según reportó el Gobierno de la isla.El Ejecutivo venezolano ascendió y condecoró a los militares fallecidos en un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.El chavismo ha salido a las calles de Caracas a protestar diariamente desde la detención de Maduro y Flores, hecho que denuncian como un "secuestro", y han pedido su libertad y regreso a Venezuela.
La eliminación de la prima especial de servicios de 16 millones de pesos que reciben los congresistas volvió a poner en el centro del debate público el alto salario del Legislativo y las implicaciones reales de la decisión adoptada por el Gobierno nacional mediante decreto.La senadora Angélica Lozano, una de las principales impulsoras de la reducción salarial desde hace más de una década, defendió en Recap Blu la decisión y aseguró que se trata de una medida de "equidad", más que de un cálculo fiscal o político. Según explicó, el salario de los congresistas en Colombia es uno de los más altos del mundo, incluso en comparación con parlamentos europeos, lo que ha generado históricamente una brecha profunda frente al ingreso del ciudadano promedio.¿En cuánto quedará el salario de congresistas?Actualmente, el salario mensual bruto de un congresista asciende a 51,5 millones de pesos, compuesto por tres rubros: un sueldo básico cercano a los 12 millones, una prima especial de servicios de aproximadamente 16,9 millones y los gastos de representación. Con la entrada en vigencia del decreto, esta prima desaparecerá a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso.Esto significa que los nuevos congresistas arrancarán su periodo con un ingreso de 16,9 millones de pesos menor al actual. Además, al disminuir el ingreso total, también se reducirán proporcionalmente los descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y aportes solidarios, lo que ajustará el neto mensual recibido.Hoy, tras las deducciones legales —que rondan los 18,6 millones de pesos—, un congresista recibe en promedio 32 millones de pesos netos. Con la eliminación de la prima, el ingreso final será menor, aunque seguirá sujeto al aumento anual que se realiza con base en el promedio del ajuste salarial de los servidores públicos, generalmente aplicado entre abril y diciembre.Lozano aclaró que la decisión de que la medida rija desde el 20 de julio obedece a razones jurídicas, ya que quienes se posesionan en esa fecha inician un nuevo vínculo laboral, lo que reduce el riesgo de demandas por derechos adquiridos. Esta explicación contrasta con declaraciones previas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien había sugerido que el recorte debía aplicarse de manera inmediata.Reducen salario ad portas de eleccionesMás allá del debate técnico, la senadora reconoció que el decreto llega en un contexto preelectoral, coincidiendo con otras decisiones populares como el aumento del salario mínimo o la reducción del precio de la gasolina. Sin embargo, insistió en que la lucha por bajar el salario de los congresistas no es nueva y recordó los múltiples intentos fallidos en el Congreso, así como la consulta anticorrupción de 2018, que estuvo a punto de superar el umbral.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.
El presidente Gustavo Petro ha matizado la instrucción que dio, hace 24 horas, de suspender la entrega de información de inteligencia a agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos.Aunque en su primera publicación señaló que la medida iría mientras ese país continuara con los ataques contra embarcaciones con droga en el Caribe y el Pacífico, en nuevos pronunciamientos ha cambiado el sentido de la instrucción.En la publicación más reciente en X, Petro aseguró que Colombia respeta el derecho internacional y por ello, la información compartida, debe ir en esa línea.“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas", escribió el jefe de Estado.Es decir, sí habrá intercambio de información reservada de inteligencia siempre y cuando se garantice que será usada para operaciones de interdicción con capturas y no bombardeos que dejen muertos.“Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas”, agregó Petro.Con esto, se confirma que no habrá una especie de ruptura total entre las fuerzas y agencias de inteligencia de ambos países, una relación que ya ha afectado en varias ocasiones por la inclusión de Petro en la Lista Clinton y las declaraciones del mandatario colombiano donde ha pedido que el país trabaje de manera conjunta con la inteligencia de Venezuela, una posición que no ha sido bien recibida en Estados Unidos.Petro, por ahora, mantienen su crítica a el presidente Donald Trump por los bombardeos y el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.“De nuevo, solicito al Gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, han sido sus declaraciones.
En varios municipios del Caquetá, los funcionarios de la EPS Asmet Salud —entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional— realizaron una jornada de protesta pacífica denominada “Cartelatón”, con la que exigieron el pago de los salarios que les adeudan desde hace más de 55 días.La manifestación consistió en la instalación de carteles y mensajes alusivos al derecho al pago oportuno en las diferentes sedes de la entidad en el departamento. Con esta acción simbólica, los trabajadores expresaron su inconformidad y preocupación por la difícil situación económica que atraviesan cientos de familias que dependen de la EPS.A pesar del descontento, los empleados aclararon que la jornada se desarrolló de manera pacífica y respetuosa, sin afectar la atención a los usuarios.Los manifestantes esperan que el interventor, Raúl Múnevar, y el Gobierno Nacional adopten medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales y eviten mayores afectaciones en la prestación del servicio de salud en Caquetá.
Cuarenta años después de la tragedia, Armero sigue sin conocer con precisión el número de víctimas que dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que arrasó la ciudad colombiana, reconoció este miércoles la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz."Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre", admitió Marín durante la presentación del estudio 'Armero ¿40 años de vulneración de derechos?', un informe sobre las persistentes vulneraciones de derechos humanos derivadas de aquel desastre.La rueda de prensa se llevó a cabo en el municipio de Honda, a pocos kilómetros de las ruinas del antiguo Armero, la ciudad del departamento del Tolima que desapareció bajo una avalancha de lodo y escombros tras la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.Armero estaba ubicada en el norte de ese departamento, en el valle del río Lagunilla, y fue arrasada por completo en cuestión de minutos.La defensora recordó que la erupción provocó la muerte de unas 25.000 personas, el desplazamiento de 8.000 sobrevivientes y la separación de cerca de 500 niños de sus familias, y subrayó que "el reto de la reunificación familiar sigue siendo otra deuda pendiente".Según el informe, la tragedia no ha concluido, pues persisten la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos en los municipios donde fueron reubicadas las familias, además de graves secuelas psicológicas y la "ausencia de atención psicosocial integral"."El 70 % de los sobrevivientes reconoce impactos psicológicos y más del 80 % asegura no haber recibido acompañamiento especializado", denunció Marín.El documento advierte también que no existe un censo único ni datos consolidados sobre las ayudas otorgadas o las viviendas entregadas, y que el registro único de propietarios de Armero, previsto por ley para reconocer derechos sobre los predios destruidos, sigue inconcluso.Marín calificó el desastre como una "herida abierta" que evidencia omisiones del Estado en la prevención del riesgo y en la reparación de las víctimas."La tragedia de Armero no es un hecho concluido en el pasado, sino una problemática viviente con efectos acumulativos y estructurales", afirmó.El informe de la Defensoría plantea además la necesidad de fortalecer la institucionalidad local para la gestión del riesgo con un enfoque de derechos humanos y de reconocer la historia de Armero como un caso de desplazamiento forzado causado por un desastre natural."Las pérdidas no solo fueron materiales, económicas y culturales, sino de vidas humanas, de familias rotas y de una memoria colectiva que aún busca reconstruirse", concluyó Marín.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que avance en la discusión y aprobación del proyecto de ley ordinaria que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un instrumento clave para garantizar justicia en el campo colombiano y cumplir con los compromisos del acuerdo de paz.“La justicia agraria es una discusión urgente y necesaria. Este Gobierno tiene toda la disposición de encontrar las rutas jurídicas para el mejor proyecto de ley, para devolverle la esperanza a los colombianos y colombianas que trabajan la tierra”, afirmó la ministra durante su intervención ante la plenaria.El debate estaba programado para este martes, pero fue suspendido luego de que los representantes disolvieron el quórum, evitando así la discusión. Carvajalino lamentó la decisión, recordando que desde el pasado 28 de octubre el ministerio ha asistido a todas las sesiones en las que el proyecto ha sido agendado.“A pesar de que logramos acuerdos con distintas bancadas, no hemos conseguido que el Congreso inicie el debate en la última legislatura posible. Con sorpresa debo decir que se ha bloqueado la discusión”, denunció.La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural busca resolver conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra representando, según el Gobierno, una deuda histórica con la ruralidad colombiana.Carvajalino también aclaró que el proyecto no resta facultades a la justicia ordinaria, sino que llena un vacío legal dejado por el decreto ley 902 de 2017.“No es cierto que le estemos quitando competencias a la justicia. Lo que hacemos es ordenar un vacío jurídico. Que el miedo y las voces sin justificación técnica no impidan que el país asuma este debate tan importante para el campesinado”, enfatizó.Con esta iniciativa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca fortalecer los derechos del campesinado y avanzar en las reformas rurales que garanticen equidad, acceso a la tierra y desarrollo en el territorio.
La Andi y Fenalco entregaron un reporte sobre el registro de vehículos de carga durante los meses de enero y diciembre del 2025. De acuerdo a lo expuesto por las dos agremiaciones, el registro de vehículos de carga creció un 34,6 % con respecto al mismo periodo del 2024, con un total de 12.405 vehículos.Esto representó una recuperación del sector con respecto a los dos últimos años donde se habían presentado caídas. En el 2023 pasaron de 16.814 registros a 10.797 y en 2024 a 9.217.Según el informe, el segmento que tuvo más crecimiento fue el de tractocamiones de entre 17 y 18 toneladas con 95 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 53,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Le siguen los tractocamiones de 2 y 3 ejes con 702 vehículos registrados y un aumento del 47,2 % y 45,4 % frente al 2024.El informe resalta que los vehículos que más se registraron utilizan como combustible el diésel, con el 98 % de los vehículos registrados. Los camiones que utilizan gas natural solo representan el 1,6 % de los registrados y los eléctricos el 0,2 %.En el acumulado del año, la marca con más registros fue la marca china Foton, con el 25,4 %; le sigue Chevrolet con el 21,6 %, luego JAC con el 7,7 %, International con el 5,1 % y Kenworth cierra el top 5 con el 5 % del total registrado.En cuanto a los departamentos donde más se presentaron registros, Cundinamarca lideró ampliamente con 5.940 vehículos, seguido de Antioquia con 2.044 y Santander con 902. En áreas metropolitanas, Funza, Medellín y Mosquera son los principales puntos donde se registran este tipo de vehículos.
Diferentes candidatos a la presidencia se pronunciaron tras la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones desde Colombia. Según el presidente ecuatoriano, el Gobierno colombiano no ha tomado las medidas suficientes para combatir a las estructuras ilegales en la frontera.“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, dijo Noboa.El candidato a la presidencia Daniel Palacios fue uno de los que le pidió a Noboa reconsiderar esta decisión.“Quiero solicitarle al presidente Noboa que reconsidere o suspenda el incremento arancelario a Colombia. Si bien esto sale de la frustración del Gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador de Ecuador y de Colombia”, dijo Palacios.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata Vicky Dávila, quien asegura que con esta medida pierden todos los colombianos.“Le pido que tan pronto ganemos las elecciones nos encontremos. Usted y su pueblo podrán confiar en Colombia y nosotros en ustedes. Los aranceles que usted ha impuesto, por más razones que tenga, dañan mercados, empresas y empresarios. Perdemos los colombianos y los ecuatorianos. Ya casi se acaba la pesadilla”, dijo Dávila.Para el candidato Roy Barreras, esta decisión del Gobierno ecuatoriano puede estimular el contrabando.“Esta decisión golpea la economía del sur del país, estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales. De nuevo, la diplomacia estratégica debe funcionar, y más entre países hermanos”, dijo Barreras.
El Ministerio de Minas y Energía rechazó la medida arancelaria del 30 % que fue impuesta por el Gobierno ecuatoriano para todos los productos exportados desde Colombia, tachando la medida como unilateral, que afecta la integración regional y la relación comercial entre ambos países.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Además, añadió que, aun cuando Colombia enfrentaba una de las épocas más críticas de sequía de toda la historia por efectos del cambio climático, se garantizó tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de los compromisos internacionales.El ministro recordó que, ante el riesgo de bajos niveles en los embalses de Mazar y Coca Codo Sinclair, el Gobierno colombiano había expedido recientemente una resolución para permitir la participación de iniciativas privadas en la venta de energía entre varios países, con el fin de ampliar la cooperación binacional y evitar déficits, pero ahora el ministro ordenó desmontar esta medida.La inseguridad también fue un punto de partida. El ministro hizo referencia a los impactos de la inseguridad que ha tenido Colombia en el suroccidente del país, específicamente en la infraestructura energética. En diciembre pasado, un atentado contra redes eléctricas en el suroccidente del país afectó temporalmente la capacidad de exportación; sin embargo, una acción coordinada entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red y el operador del sistema permitió reconfigurar los circuitos y mantener los volúmenes de energía que Ecuador requería.De acuerdo con cifras oficiales, la demanda diaria de energía eléctrica en Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios hora. Aun después del atentado, Colombia ha mantenido exportaciones cercanas a los 8 gigavatios hora diarios, lo que equivale a entre el 8 % y el 10 % del consumo total del país vecino, gracias a la fortaleza de su infraestructura eléctrica y a los acuerdos vigentes de la Comunidad Andina de Naciones.Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró el llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas que permitan preservar la cooperación energética y comercial entre Colombia y Ecuador.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.Los cargos del Estado que más ganan en ColombiaDe acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:Cargo: Subsecretario general del Senado.Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.Sueldo: 94.700.000 COP.Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.Sueldo: 91.000.000 COP.Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.Sueldo: 59.000.000 COP.Cargo: Secretario general del Senado.Sueldo: 53.600.000 COP.Cargo: Secretario general de la Cámara.Sueldo: 53.600.000 COP.Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.
El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor a partir del primero de febrero y que fue presentada por el mandatario ecuatoriano como una “tasa de seguridad”.El mensaje del Gobierno colombiano puso el foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad. Según el Ministerio de Defensa, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército del Ecuador permitió la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.La acción se logró, según Colombia, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señaló el Ministerio, evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana y representó una afectación económica superior a los 13 millones de dólares para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.En su pronunciamiento, la cartera de Defensa aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger a las comunidades que habitan en estas regiones.El mensaje contrasta con las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien horas antes había anunciado la decisión de imponer el nuevo arancel a productos colombianos. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que Ecuador ha hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”, pese a registrar, según dijo, un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales.Noboa aseguró que, mientras su Gobierno ha insistido en el diálogo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentando en la frontera a grupos criminales ligados al narcotráfico “sin cooperación alguna”. Bajo ese argumento, justificó la aplicación de la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas.El presidente ecuatoriano advirtió que la medida se mantendrá vigente hasta que, en su criterio, exista un compromiso “real” y acciones firmes para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con el mismo nivel de decisión que hoy asume Ecuador.En complemento a ese panorama, las Fuerzas Militares reportaron que, en los últimos años, han sostenido una ofensiva permanente en la frontera con Ecuador, con operaciones orientadas a debilitar de manera directa a los grupos armados organizados y a las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe. De acuerdo con los resultados, estas acciones han impactado a estructuras del ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, con una afectación acumulada de más de 1.200 integrantes, además de 2.899 capturas y 255 personas sometidas a la justicia.En el mismo periodo, las operaciones permitieron la recuperación de 136 menores de edad y la incautación de más de 2.000 armas y cerca de 15.000 artefactos explosivos.En el frente del narcotráfico, las FF. MM. señalaron que los golpes han sido continuos y de alto impacto, con la incautación de más de 209 toneladas de cocaína, la destrucción de más de 5.500 laboratorios para el procesamiento de droga y la erradicación de más de 28 millones de matas de coca en zonas de frontera.A estos resultados se suma la neutralización de semisumergibles, embarcaciones, vehículos e insumos utilizados por las redes criminales, así como 196 combates registrados, la ubicación de 2.011 depósitos ilegales y la neutralización de 988 artefactos explosivos, cifras con las que Colombia busca respaldar su postura frente a los señalamientos de falta de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.