Preocupadas se pronunciaron las autoridades en el Huila ante los constantes hechos de homicidio que se han presentado en lo que va corrido de 2026, cifra que supera en más del 100 por ciento la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en conversación con Blu Radio, informó que mientras en enero de 2025 se registraban 16 homicidios, en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 35 muertes violentas. Estos hechos han ocurrido bajo diferentes modalidades, como hurto, riñas, sicariato y otros casos atribuidos a grupos armados ilegales.Municipios con más homicidios en Huila“Tenemos un incremento preocupante de homicidios en el Huila. En relación con el mes de enero del año anterior, se habían registrado 16 casos; este año, a la fecha, se registran más de 35 homicidios, lo que representa un aumento del 118 por ciento. Los municipios que generan mayor atención son Pitalito, Neiva, incluyendo su área metropolitana, El Agrado, entre otros”, anotó Casallas.Añadió el funcionario que las modalidades de muertes violentas en el departamento, a la fecha, han sido atribuidas a hurtos, riñas por intolerancia, sicariato y otros casos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en zonas con problemas de orden público.De acuerdo con las cifras, en todo el departamento han sido asesinados en lo que va del mes de enero alrededor de 32 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. No obstante, los municipios con mayor índice de muertes violentas en el Huila son Neiva, Pitalito, Acevedo, Campoalegre, Gigante y Algeciras.Cifras de homicidios en Huila en 2025Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Gobierno del Huila, en el departamento, durante el año 2025, ocurrieron un total de 380 muertes violentas. De ese total, 82 casos se registraron en Neiva, como ciudad capital, y los demás homicidios se presentaron en municipios como Pitalito, La Plata, Algeciras y Campoalegre, entre otros.Para esa misma vigencia, de los 380 homicidios, 339 correspondieron a hombres y 41 a mujeres; de estos últimos, ocho fueron feminicidios ocurridos en Neiva y 33 en otros municipios como Acevedo, Timaná, La Plata y Algeciras. Además, dos menores de edad fueron asesinados en la capital del departamento.
Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
Un estremecedor hallazgo mantiene consternadas a autoridades y ciudadanos tras conocerse la muerte de una joven de apenas 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la madrugada rodeado por una jauría de perros salvajes en una playa aislada. La escena fue descubierta por dos hombres que transitaban por la zona y alertaron de inmediato a los organismos de emergencia, luego de notar a varios animales agrupados alrededor de lo que inicialmente parecía un objeto en la arena.En el segundo reporte oficial se confirmó que se trataba de Piper James, una joven canadiense que se encontraba en Australia y que había llegado semanas atrás para vivir una experiencia laboral y de viaje en la isla de K’gari, en el estado de Queensland. Según las autoridades, estaba residiendo junto a una amiga mientras trabajaban en un albergue para mochileros.De acuerdo con la investigación preliminar, la joven habría salido a nadar alrededor de las 5:00 de la mañana en una playa que no cuenta con servicio de salvavidas y que es reconocida por sus fuertes corrientes marinas. Aproximadamente una hora después fue hallada sin vida, en circunstancias que aún son materia de análisis por parte de las autoridades locales.Familiares describieron a Piper como una joven valiente, soñadora y apasionada por la aventura. Antes de viajar, había trabajado como bombera forestal en su país y tenía planes claros para su futuro: al regresar, esperaba iniciar estudios para obtener su licencia de piloto. Su amiga, con quien compartía estadía, se encuentra recibiendo apoyo psicológico tras lo ocurrido, pues el impacto emocional ha sido profundo.La últimas palabras de la joven antes de ser hallada sin vidaLos padres de la joven también recordaron los últimos mensajes que intercambiaron con su hija antes de su partida. Aunque inicialmente mostraron temor por el viaje, Piper les respondió con firmeza: “¡Tengo 18 años y no puedes detenerme!”, palabras que hoy cobran un significado especialmente doloroso. Todd James, su padre, publicó un mensaje de despedida en redes sociales donde expresó: “Nos destroza el corazón compartir la trágica pérdida de nuestra hermosa hija. Siempre recordaremos su risa contagiosa y su espíritu bondadoso”.El caso generó reacción a nivel gubernamental. El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, calificó la situación como “realmente preocupante” y aseguró que se llegará hasta el fondo para esclarecer qué ocurrió exactamente en las horas previas a su muerte.
La muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos de la música popular en Colombia, sigue generando impacto más allá de los homenajes y despedidas. A días del trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, en Boyacá, una nueva controversia tomó fuerza en redes sociales y varias declaraciones de Mhoni Vidente reavivaron el debate sobre las causas del siniestro.Mhoni Vidente habla de brujería tras muerte de Yeison JiménezEn un video publicado en su canal de YouTube, la vidente aseguró que la muerte del cantante no habría sido solo un accidente. Según afirmó, la tragedia estaría relacionada con un acto de brujería que, en sus palabras, estaría “muy bien hecho” y habría sido ejecutado por una mujer del entorno cercano del artista.“La carta del Diablo me dice que fue una brujería muy bien hecha por parte de una mujer”, afirmó la vidente, una declaración que se hizo viral rápidamente y que dividió opiniones entre seguidores y críticos. Mhoni señaló que estas supuestas energías negativas se habrían gestado hace más de un año.Sueños premonitorios que Jiménez no habría atendidoUno de los aspectos que más llamó la atención tiene que ver con los sueños que Yeison Jiménez habría tenido antes de morir. De acuerdo con la astróloga, esos episodios nocturnos en los que el cantante hablaba de accidentes aéreos habrían sido señales claras de advertencia.“Él lo presentía, lo soñaba, lo comentaba”, dijo Mhoni, al tiempo que sugirió que esas visiones eran mensajes de protección que no se atendieron a tiempo. Además, resaltó las cualidades personales del cantante e indicó que “no era mala persona”, pero que su error fue ser demasiado confiado.Estas afirmaciones no son del todo nuevas. Años atrás ya habían circulado teorías sobre supuestas brujerías en contra del artista, aunque en ese momento no tuvieron mayor eco mediático.Las palabras de Mhoni Vidente se suman a otras voces del mundo esotérico que han opinado tras la tragedia, generando un debate público intenso. Mientras algunos seguidores recuerdan aciertos pasados de la astróloga en predicciones internacionales, otros piden prudencia y respeto por las víctimas, recordando que en el accidente también murieron cinco personas más.
El alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, fue sancionado por el Tribunal Administrativo de Santander tras comprobarse el incumplimiento de una orden judicial que ordenaba la recuperación del parque Santander, uno de los principales espacios públicos del municipio, ocupado desde hace años por ventas informales.La decisión adoptada el 16 de enero de 2026 confirma, en segunda instancia, la sanción impuesta en primera instancia, que consiste en una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y la obligación de dar cumplimiento inmediato a la sentencia de 2018, en la cual se determinó la vulneración de derechos colectivos como el disfrute del espacio público, la moralidad administrativa y el derecho a un ambiente sano.En ese fallo se ordenó al municipio de San Gil adelantar, bajo la responsabilidad directa del alcalde, medidas concretas para la restitución del parque Santander, la prevención de nuevas ocupaciones, la reubicación de los vendedores informales y la conformación de un comité encargado de verificar el cumplimiento.Aunque la decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en marzo de 2022, las órdenes no se materializaron. Situación que motivó, en septiembre de 2025, la solicitud de apertura de un incidente de desacato por parte de un ciudadano, quien advirtió que el parque continuaba ocupado y que no existían acciones administrativas verificables orientadas a su recuperación.El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil abrió el incidente y notificó al mandatario local, sin que este presentara descargos ni aportara documentos que demostraran avances en la ejecución del fallo. Ante la ausencia de respuesta, el despacho aplicó la sanción económica, decisión que fue remitida al Tribunal para su revisión obligatoria.El tribunal advirtió que no reposan en el expediente actos administrativos, planes, informes ni evidencias de gestión que respalden acciones efectivas para la recuperación del espacio público, y resaltó que la falta de pronunciamiento del alcalde durante el trámite evidenció una conducta omisiva frente a un mandato judicial expreso.
El municipio de Toledo, en Norte de Santander, fue declarado como el primero del departamento en contar con una zona libre de sospecha de minas antipersonal, tras un proceso de verificación adelantado en su zona rural. La medida se produce en un territorio que ha sido históricamente afectado por este tipo de artefactos y que figura entre los cinco departamentos con mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país.La zona certificada corresponde a la denominada Zona 1, que agrupa 50 de las 84 veredas del municipio. Según el expediente municipal suministrado por el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), en Toledo se han documentado 34 eventos relacionados con minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con registros del sistema IMSMA.De esos 34 eventos, seis estaban asociados a la Zona 1 y permanecían abiertos. Tras el proceso de verificación en terreno, estos casos fueron investigados y cerrados, lo que permitió cumplir los criterios técnicos exigidos para declarar el área libre de sospecha de contaminación.Los trabajos de Estudios No Técnicos comenzaron en marzo de 2023, cuando equipos especializados ingresaron al municipio para realizar análisis históricos, entrevistas comunitarias, revisión de registros y delimitación del territorio. El proceso permitió descartar la presencia de riesgo en los sectores evaluados, en una zona caracterizada por su vocación agrícola y pecuaria.Durante el acto de entrega de la certificación, el comandante del Batallón de Desminado Humanitario N.° 3 del Ejército, teniente coronel Luis Germán Echevarría Zapata, explicó que el ingreso al departamento implicó retos de seguridad, pero destacó que la información aportada por la comunidad fue determinante para descartar la sospecha de minas en el área intervenida.Habitantes de Toledo también se refirieron al impacto de la declaratoria. Mayerdy Carrillo, residente del municipio, afirmó que la certificación permite recuperar la movilidad en el territorio y retomar actividades productivas como el cultivo de café y la ganadería, que habían estado limitadas por el temor a la presencia de explosivos.La declaratoria de esta zona representa un avance en un departamento que ha sido fuertemente impactado por el uso de minas antipersonal durante el conflicto armado y se enmarca en los esfuerzos por reducir el riesgo para la población civil, facilitar el desarrollo rural y permitir el uso seguro del territorio.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
Durante 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recopiló 19 registros audiovisuales que muestran actos de violencia física, trabajos forzados, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. Las víctimas fueron obligadas a exhibirse con mensajes de arrepentimiento y a realizar labores forzadas como forma de castigo.De acuerdo con la ONU, estos hechos se atribuyen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado que mantiene control territorial en zonas rurales de Santa Marta y la Sierra Nevada. Entre las víctimas hay mujeres sometidas a agresiones y humillaciones que, según el organismo, podrían considerarse formas de violencia de género y tortura simbólica.El informe advierte que estas prácticas vulneran el Derecho Internacional Humanitario y tratados como la Convención contra la Tortura, lo que podría configurar crímenes de guerra o de lesa humanidad. La ONU también alertó que estas acciones socavan la gobernabilidad local y refuerzan el control social violento de los grupos armados.El organismo internacional pidió al Estado colombiano investigar, sancionar y prevenir estos hechos, garantizar la protección de las comunidades afectadas y reforzar la presencia institucional en la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, instó a aplicar de manera efectiva la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con énfasis en la protección de la población civil.
La Superintendencia de Transporte impuso una medida administrativa a la aerolínea Wingo, ordenando a la compañía modificar de inmediato los contenidos de la página web, al analizar que no cumplen con los parámetros legales de claridad, precisión y accesibilidad exigidos por la normativa vigente.“No podemos permitir que la desinformación o la falta de claridad en los procesos se conviertan en nuevas barreras para la movilidad. Cada persona, sin excepción, debe poder ejercer su derecho a moverse con dignidad y en igualdad de condiciones”, denunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.El caso se da luego de que tres ciudadanas en condición de discapacidad denunciaran el pasado 1 de octubre de 2025 que en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se les impidiera abordar un vuelo con destino a Medellín. Tras conocer la denuncia, se comenzó con la investigación por parte de la Delegatura para la Protección de los Usuarios, que posteriormente evidenció falencias en el proceso de compra en línea de la aerolínea.“Negar o dificultar el acceso a información clara, accesible y suficiente sobre las condiciones del transporte implica perpetuar la exclusión y vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la movilidad y la dignidad humana de las personas con discapacidad.Con esta medida administrativa les cumplimos con dignidad a las ciudadanías, ya que es un mensaje contundente para las empresas del modo aéreo”, señaló Alfredo Enrique Piñeres Olave, superintendente de Transporte.Por lo que, en la página, mientras el usuario hace el proceso de compra de tiquete, se debe brindar la información y opciones necesarias para que el viajero pueda especificar su condición y características, con el fin de establecer los tipos de asistencias a brindar, como: “Necesito silla de ruedas, puedo caminar”, “Necesito silla de ruedas, no puedo subir escaleras”, “Soy completamente inmóvil” y “Tengo otra discapacidad”.Además, señalando que las categorías se acomoden a las necesidades especiales de los pasajeros, como: “silla de ruedas de rampa”, “silla de ruedas de escaleras” y “silla de ruedas de cabina”.Adicionalmente, se deberá adjuntar la Política de Pasajeros con Necesidades Especiales, que no solo especificará el servicio para las personas en silla de ruedas, sino que su contenido debe tener los requisitos del viaje para otras personas con diferentes discapacidades y la necesidad de un acompañante.Para realizar este cambio, SuperTransporte dio un plazo de cinco días hábiles para que la empresa implemente las modificaciones necesarias en su página web. De lo contrario, el incumplimiento de esta orden podría acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo que establece la Ley 1437 de 2011.
El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana.Benedetti aseguró que Lombana era delincuente y loca, lo anterior, tras un allanamiento a su vivienda en Barranquilla.El precandidato presidencial Enrique Peñalosa aseguró que Benedetti debe enfrentar consecuencias por sus declaraciones.“Benedetti posa de muy respetuoso con su perro, pero cree que puede violentar física o verbalmente a todas las mujeres, en esta ocasión insultó a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Peñalosa.Es importante recordar que la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Benedetti por este hecho.“Ojalá las consecuencias sean lo suficientemente duras para que aprenda que tiene que respetar a todas las mujeres y que tiene que respetar a la justicia en Colombia”, agregó Peñalosa.
El asesinato de líderes sociales no se detiene en Colombia. Con el crimen de José Efrén Vallejo Ruiz, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el municipio de Patía, Cauca, ya son 166 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año. Vallejo Ruiz era un reconocido dirigente comunitario, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de El Hoyo, y promovía procesos de organización rural y convivencia en su comunidad.Riesgos advertidos por la Defensoría del PuebloLa Defensoría del Pueblo había advertido del peligro en la zona a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye al municipio de Patía por el avance de grupos armados y la imposición de formas de gobernanza ilegal. La entidad señaló que la presencia del Frente Carlos Patiño —estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc—, así como el posible ingreso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y células del ELN, generan un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos.Esta advertencia se suma a la Alerta Temprana 008 de 2025, que ya documentaba amenazas, desplazamientos individuales y control social ejercido por actores armados en el sur del Cauca, y a la AT 019 de 2023, que resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo social en el país.Violencia persistente en el sur del CaucaLos hechos en Patía se enmarcan en un contexto de reconfiguración armada y disputa territorial entre el Frente Carlos Patiño, el ELN y bandas locales. En esta zona, bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, las comunidades rurales conviven entre la presión de los grupos ilegales y la limitada presencia institucional.Organizaciones de derechos humanos han reiterado que la ausencia de garantías y la falta de respuesta efectiva del Estado han dejado a los líderes comunitarios expuestos a la violencia y la persecución.Un país que sigue perdiendo a sus líderesEl homicidio de José Efrén Vallejo Ruiz vuelve a poner en evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia. En lo que va de 2025, cada semana ha sido asesinada al menos una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana o el trabajo comunitario.La muerte de Vallejo Ruiz no solo representa una pérdida para su comunidad en Patía, sino también un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección, presencia institucional y acciones concretas que garanticen el derecho a la vida y al liderazgo social en todo el territorio nacional.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.