La incertidumbre reina en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la pérdida de contacto con una aeronave que cumplía rutas comerciales para la aerolínea Satena. La aeronave, que debía aterrizar en el mediodía de este miércoles, ha activado todas las alarmas de los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas del país.De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave —con capacidad para 15 pasajeros— perdió comunicación con los centros de control de tráfico aéreo poco antes de su llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la cual estaba programada para las 12:10 p. m.El último registro de los radares ubicó al avión en una zona geográfica compleja, comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en el corazón de la región del Catatumbo. Ante la desaparición, la aerolínea Satena procedió de inmediato a la cancelación de los trayectos subsiguientes que el aparato debía cubrir hacia Cúcuta y Tibú.Este es el avión de Satena que desapareció en Norte de SantanderSegún la información técnica recolectada, el avión en el que se movilizaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes, se identifica con la matrícula HK4709.La aeronave es de la empresa Searca (vuelos privados y comerciales) bajo servicios para Satena y es un modelo Beechcraft 1900.En desarrollo...
Una emergencia aérea se registró este miércoles 28 de enero de 2026 en el noreste del país, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, en la que se movilizaban 15 personas.El avión se perdió en una zona montañosa ubicada entre Ocaña y la capital de Norte de Santander, según el último registro de la plataforma de seguimiento aéreo. La aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y se desplazaba con rumbo oeste cuando desapareció del radar. Preliminarmente se conoció que al avión le faltaban entre 7 - 8 minutos de vuelo para llegar a Ocaña, exactamente 20 millas.De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras a las 12:10 del mediodía, lo que no ocurrió, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.Según información preliminar, los radares ubicaron por última vez el avión en la región del Catatumbo, en un sector comprendido entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, una zona de difícil acceso. Hasta ese punto se desplazaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, que adelantan labores para establecer el paradero del avión y de sus ocupantes.Entre tanto, en el municipio de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata lidera una mesa de crisis junto a las autoridades locales y directivos del aeropuerto, con el fin de coordinar la atención de la emergencia y mantener comunicación con los organismos nacionales.Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los pasajeros ni las causas de la pérdida de comunicación, a la espera de información oficial conforme avancen las labores de búsqueda.
Una situación de emergencia aérea se vive en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la desaparición de un avión Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena. La aeronave, identificada con la matrícula HK-4709, realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña tras haber cumplido una ruta inicial desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Según el reporte oficial actualizado, a bordo del aparato viajan 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes.El vuelo despegó de la capital nortesantandereana a las 11:40 a. m. y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m. Sin embargo, el contacto se perdió minutos antes de su llegada. Ante la gravedad de los hechos, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un helicóptero de búsqueda desde la base militar de Palanquero para sobrevolar la zona del Catatumbo, donde se registró el último rastro del radar.La desaparición movilizó de inmediato al Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC), que ya coordina esfuerzos con las autoridades locales de Ocaña y el concesionario del aeropuerto en Medellín. Según fuentes de la empresa Searca, propietaria de la aeronave que opera bajo la modalidad de alquiler para Satena, se están verificando las coordenadas exactas entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.Detalles técnicos de la aeronave desaparecidaEl Beechcraft 1900 es un avión bimotor turbohélice de alto desempeño, diseñado para operar en geografías difíciles como la colombiana. Estas son sus especificaciones principales:Capacidad: hasta 19 pasajeros (en este vuelo viajaban 13).Velocidad: 440 kilómetros por hora (240 nudos).Alcance: cabina presurizada capaz de volar hasta los 25,000 pies de altura.Autonomía: hasta 6 horas y 30 minutos de vuelo continuo.Ante la pérdida de comunicación, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informó que se encuentra en la etapa de recolección de información técnica y operativa. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU (Puesto de Mando Unificado)", señaló la entidad a través de sus canales oficiales, enfatizando que trabajarán de la mano con el Ministerio de Transporte para coordinar la respuesta.¿Qué tipos de aviones tiene Satena?La flota actual de la compañía se consolida con 19 unidades: diez ATR 42, cinco ATR 72, dos Embraer ERJ 145 y dos Twin Otter. Esta infraestructura se complementa, como en el caso del vuelo desaparecido, con servicios de terceros para cubrir otras rutas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el ofrecimiento de un diálogo para tratar los problemas comunes, entre ellos el narcotráfico y la guerra arancelaria en la que están inmersos los dos países."Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos", dijo Petro dirigiéndose a Noboa, con quien coincidió hoy en Panamá en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, que reúne a ocho mandatarios de la región con el objetivo de buscar nuevos caminos para su inserción en el escenario global.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.Según Petro, la guerra contra las drogas "no ha servido para detener el narcotráfico", que en su opinión, "crece, crece y crece, y no es regional, presidente Noboa, es mundial y universal"."La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares no es de mafias colombianas, los compradores, ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericanas, es una multinacional internacional", agregó.En ese negocio ilícito "hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses", señaló Petro, quien subrayó que "el camino" en esa lucha "es la integración policial"."Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencia", manifestó.Lucha fronterizaEl presidente agregó que entre Colombia y Ecuador hay "una de las grandes fronteras de la droga" y por eso "hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana que ya la tenemos, sino abrirla, para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto".Tras el anuncio ecuatoriano de los aranceles, el Gobierno colombiano apeló al principio de reciprocidad e impuso una sobretasa del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, lista que será ampliada próximamente, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó el lunes con una nueva medida, la subida de tres a 30 dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).El pasado sábado Petro manifestó por primera vez su disposición a reunirse con Noboa para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, que fue la manzana de la discordia con Ecuador."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en su cuenta de X.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo ayer que se le propuso a Ecuador una reunión de Petro y Noboa hoy en Panamá, pero que no ha habían recibido una respuesta a esa solicitud.En la agenda de Petro en Ciudad de Panamá hoy figuran tres reuniones bilaterales pero con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
El abuso sexual a menores de edad es una las problemáticas que hoy en día tiene preocupando a la cuidadanía, los casos no se detienen y las autoridades continúan su trabajo para poner tras las rejas a aquellos que atentan contra la integridad fisica, psicologica y emocional de las víctimas.La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer la captura, mediante orden judicial, de un hombre investigado por el delito de acto sexual violento, en reiteradas ocasiones, en hechos que ocurrieron el año pasado en el barrio Santa Cruz, nororiente del municipio de Medellín.De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el victimario sostenía una relación sentimental desde el 2023 con la madre de la víctima. Los hechos ocurrieron exactamente el 13 de julio de 2025, ese día, el hombre quedó al cuidado de la menor, y cometió el delito por el que hoy se le captura.“Este depravado tenía una relación sentimental de tres años con la madre de la menor que él mismo abusaba. En una ocasión la mujer lo dejó precisamente al cuidado de la adolescente de tan solo 15 años, momento en el que el sujeto presuntamente le tocó las partes íntimas a la menor de edad. El hecho se presentó en la residencia que está ubicada en el barrio Santa Cruz y la investigación tuvo una duración de casi siete meses”, detalló el secretario de seguridad y convivencia Manuel Villa MejíaSegún los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, la estadística ha demostrado que, el 81 % de las víctimas de abuso sexual son mujeres y el 90 % de los agresores son hombres, siendo los familiares con un 40,7 % los que mas cometen este delito y las parejas o exparejas en 19 % por ciento los principales responsables de los abusos.El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación para establecer responsabilidades y continuar con el proceso judicial. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y del acompañamiento institucional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio
No ha empezado el Mundial de la Fifa del 2026, pero hay un partido que ha llamado la atención de los aficionados y millones de personas quieren asistir. Se trata de lo que será el enfrentamiento entre la Selección Colombia contra Portugal por la tercera fecha del Grupo K.A menos de cuatro meses para que comiencen a conocerse las convocatorias mundialistas, el propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, aseguró en entrevista con Blu Radio que este será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas, en un evento que paralizará al planeta durante más de 30 días.En medio de ese contexto, Infantino reveló una cifra que sorprendió incluso a los más optimistas: alrededor de 30 millones de personas quieren asistir al partido entre Colombia y Portugal, un duelo que se perfila como uno de los más atractivos de toda la fase de grupos. Según explicó el dirigente, la demanda de boletas para este encuentro es “espectacular” y confirma el impacto global que tendrá el certamen.Durante la entrevista, el presidente de la Fifa destacó que la locura por las entradas no solo se vive en Colombia, sino en todo el mundo. También resaltó que los estadios en Norteamérica y la magnitud de la organización harán de este Mundial una experiencia nunca antes vista.El Colombia vs. Portugal, además de su atractivo mediático, será clave en lo deportivo. El compromiso cerrará la primera fase del Grupo K y podría definir el liderato de la zona. En Blog Deportivo se analizó que la Selección Colombia deberá llegar ya clasificada a ese encuentro para evitar riesgos y disputar mano a mano el primer lugar con el combinado europeo.La dificultad para conseguir boletas ya es una realidad. Incluso Blog Deportivo conoció que aficionados colombianos han manifestado que resulta casi imposible obtener entradas para este partido, pese a que aún faltan meses para el inicio del torneo.
El Ministerio de Salud expidió recientemente una nueva circular en la que solicita reforzar y reportar la vacunación contra la fiebre amarilla, ante el aumento de contagios registrado este año. La medida se adopta luego de que, en lo corrido de 2026, se hayan confirmado 13 casos de la enfermedad en el país, de los cuales 10 han terminado en fallecimientos, la mayoría durante el mes de enero. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el principal foco de transmisión se concentra en el departamento del Tolima.Uno de los aspectos que motivó la actualización de las directrices es que dos de las personas fallecidas ya contaban con el antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla. Ante este escenario, la nueva circular establece que será necesario aplicar un refuerzo de la vacuna cada 10 años en personas que residan o se desplacen a zonas donde el virus circula de manera activa.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la decisión busca fortalecer la protección de la población expuesta al riesgo y mejorar el control epidemiológico en los territorios priorizados. Según indicó, la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad, que no cuenta con tratamiento específico.De acuerdo con el Ministerio de Salud, el Tolima concentra la mayor carga de la fiebre amarilla en el país, con 139 casos confirmados y 58 fallecimientos, cifras que representan más del 85 % de los contagios reportados desde 2024. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia en este departamento, especialmente en zonas donde se ha identificado circulación del virus.Además del Tolima, se han registrado casos en otros territorios. En Putumayo se reportan ocho contagios, seis de ellos con desenlace fatal, mientras que en el departamento del Meta se han confirmado tres casos, todos con fallecimientos asociados.La circular también solicita a las entidades territoriales y a las EPS intensificar el reporte de la vacunación y las acciones de seguimiento, con el fin de reducir el riesgo de nuevos contagios y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a la fiebre amarilla en el país.
Los dos gigantes tecnológicos Meta y YouTube enfrentan esta semana un histórico juicio en el estado de California por acusaciones de que sus plataformas alimentan una crisis de adicción juvenil.El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense. El proceso arrancó este martes con el inicio de la selección de un jurado.La demanda fue interpuesta por una joven de 19 años quien afirmó haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido al diseño atractivo de Instagram, TikTok y Snapchat, según la demanda a la que tuvo acceso CNN.La demanda incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron llegar a un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.Esta denuncia es una de las varias que forman parte de un litigio abierto contra estas empresas, el cual abarca más de 1.500 casos en los que se alegan lesiones personales debido al uso excesivo de las plataformas.A ello se suma una investigación que abrió el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, contra TikTok a un grupo empresarial alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump."Nuestra oficina ha recibido informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California", informó el despacho del gobernador en X.
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez es una de las autoras de la ley de salud mental, iniciativa que busca una atención diferente e integral en el país frente a este tema.La representante dice que los colombianos no pueden vivir entre el miedo y la violencia, agregando que la salud mental en Colombia es una prioridad nacional.“En Colombia, 2 de cada 3 personas en algún momento de su vida ha enfrentado un problema emocional; el 44 % de los jóvenes presenta un trastorno en su salud mental”, agregó la representante. Es por eso que la congresista dice que la ley de salud mental no puede ser letra muerta.“Por primera vez en Colombia hay una nueva ley de salud mental, por primera vez en Colombia hay una nueva política articulada con la ley. Nuestra ley generó recursos, una subcuenta para la salud mental. En el año 2026 la salud mental en Colombia va a tener más de medio billón de pesos”, señaló la congresista.Por otro lado, se refirió a la decisión del Gobierno de acoger una de las propuestas de Velásquez que tiene que ver con los alivios tributarios.“Son fundamentalmente para el empresariado del país, para personas naturales y jurídicas que tienen deudas con la Dian. Permite desahogar a miles de colombianos que aún arrastran deudas desde la pandemia. Los descuentos son del 80 % en intereses y del 85 % en sanciones. Representa un respiro real y una oportunidad para ponerse al día. A la fecha se han recaudado cerca de 300 mil millones de pesos y mi invitación es a todos los colombianos que aprovechen este alivio tributario que está vigente hasta el 31 de marzo; se cumplen obligaciones tributarias pendientes, los alivios representan reactivación económica, progreso y evitar que una empresa cierre”, dijo la congresista Velásquez.
La investigación administrativa por la muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años que desapareció y fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, avanza, pues el abogado Julián Quintana, representante legal de la familia, confirmó que recibió recientemente un radicado de la Gobernación de Cundinamarca en el que se informa que desde noviembre pasado fue emitido un auto de formulación de cargos contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.De acuerdo con el apoderado, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor. “¿Por qué es importante? Porque es como una acusación. Y, precisamente, es por la negligencia en el cuidado. Nos enteramos hasta ahora, porque ayer nos llegó el oficio, pero es muy importante, porque es la primera acusación en un proceso, ahora disciplinario, frente al colegio”, explicó Quintana.El abogado señaló que esta actuación se suma a otras decisiones como la medida cautelar de la CAR. “Siempre ha mantenido ellos la tesis de que no ha pasado nada, que nunca les han llamado la atención, entonces ya son dos cosas: la medida cautelar de la CAR y ahora el pliego de cargos de la Gobernación. Dicen allí que en marzo ya tendrán decisiones”, precisó.En el radicado oficial, la Gobernación de Cundinamarca detalló el estado actual del proceso disciplinario contra la institución educativa. “A la fecha, nos permitimos informar, en lo que resulta hito procesal relevante, que desde el pasado 5 de noviembre fue emitido auto de cargos en contra de la institución, el cual fue notificado a la representante legal el día inmediatamente siguiente”, señala el documento.La comunicación agrega que el colegio, a través de su apoderado, ya presentó descargos y que el proceso se encuentra en la fase probatoria. “Nos encontramos en emisión de auto que decreta pruebas, las cuales son de tipo documental aportadas por el establecimiento educativo; de igual forma, se decretaron testimoniales, los cuales serán escuchados en audiencia, y se requirió allegar video de cámaras de seguridad del Colegio Gimnasio Campestre Laureles”, se lee en el oficio.Según la autoridad departamental, esta etapa probatoria se espera concluir el 23 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se abrirá el término para la presentación de alegatos de conclusión. “Agotadas las etapas mencionadas, se emitirá decisión de fondo, la cual podría habilitarse para el mes de marzo del año que avanza, entendiendo que pueden presentarse acciones que, conforme al ordenamiento jurídico, pudieren variar excepcionalmente tal contexto”, puntualiza el radicado.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del presidente Gustavo Petro, lo anterior, ya que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender sus servicios hacia Petro, según argumenta Vargas Lleras.“De acuerdo con la legislación estadounidense, todas las empresas bajo su jurisdicción —incluida X Corp— están obligadas a suspender cualquier servicio o transacción con personas sancionadas”, dice Vargas Lleras.Vargas Lleras además señala que la cuenta de Petro en X podría estar contraviniendo las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.“Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la cuenta identificada como @petrogustavo pertenece a una persona actualmente incluida en la lista de nacionalmente designados solicito respetuosamente que X Corp verifique si se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios al señor Petro Urrego, que puedan contravenir la normativa vigente de los Estados Unidos”, agrega Vargas Lleras.
A 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el debate sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz ha resurgido con fuerza, impulsado por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro ha defendido la toma del Palacio como un "acto de insurrección" o una "genialidad" del M-19. Además, ha sugerido la teoría, vía redes sociales, de que Gaona salió vivo del baño del Palacio, lo que implicaría que fue asesinado por el Ejército, no por el M-19.Frente a esta tesis presidencial, que el historiador Óscar Alarcón califica de "totalmente contravidente", el abogado, periodista y amigo personal de Gaona, revela que todos los documentos y testimonios la desmienten.Alarcón, quien escribió una crónica reciente sobre la tragedia en El Espectador, subraya que la muerte de Gaona fue un golpe doblemente doloroso para él, pues atropelló la justicia y se llevó a varios amigos, muchos de ellos externadistas.Testimonio de los sobrevivientesÓscar Alarcón confirma, basado en la información recogida de las investigaciones y lo escrito por el hijo de la víctima, Mauricio Gaona, que existen testigos que aseguran que Manuel Gaona fue asesinado por el M-19.El trágico suceso ocurrió a la salida de un baño ubicado en los entrepisos, entre el tercero y cuarto piso del Palacio de Justicia. Alarcón relata que Almarales le dio la orden a uno de los guerrilleros de matar a ese señor. Así, Gaona murió allí mismo, y no salió con vida. El historiador aclara que, a diferencia de Gaona, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, sí fue visto saliendo vivo del Palacio en video.Alarcón también ratifica un detalle doloroso del episodio en el baño: el magistrado Gaona le suplicó a Almarales que no lo matara, argumentando que tenía una hija recién nacida. M-19Recientemente, la figura de Gaona ha sido objeto de una polémica sobre su supuesta cercanía ideológica con el M-19. Alarcón niega categóricamente esta afirmación, asegurando que Gaona no tenía "ninguna relación" con el grupo guerrillero.De hecho, Gaona era cercano a la campaña de Virgilio Barco, para quien había elaborado documentos. Alarcón recuerda que Gaona, en su último escrito, dejó un mensaje pidiendo que hablaran con él o con el doctor Inestrosa, lo cual el historiador interpreta como un intento desesperado de transmitirle un mensaje al doctor Virgilio Barco para que lo ayudaran a salir con vida.El historiador lamentó los intentos de manchar la memoria del magistrado, señalando que la tutela ganada por la familia Gaona contra una película que sugería su cercanía al M-19 estaba plenamente justificada, ya que eso es una "ficción que metieron ahí".Escuche aquí la entrevista:
El presidente del partido Comunes y exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, envió una carta al presidente Gustavo Petro Urrego en la que solicita gestionar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una ampliación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, con el fin de que esta pueda acompañar y supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En la misiva, Londoño, quien firmó como representante de una de las partes contratantes del Acuerdo Final de Paz, recordó que el pacto suscrito en 2016 fue un “hito histórico” que permitió poner fin a más de cinco décadas de guerra y avanzar en procesos de justicia, reparación y reforma rural. Señaló que, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 31 de octubre una nueva resolución que renueva el mandato de la misión, lamentó que el componente de justicia y el capítulo étnico no fueran incluidos dentro de las tareas de verificación.El líder del partido Comunes citó el punto 5.1.2 del acuerdo final, que establece la creación de un mecanismo internacional para verificar el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. En ese sentido, pidió al presidente Petro elevar una solicitud conjunta con el secretario general de la ONU y la Presidencia del Consejo de Seguridad para que se incluya dicha función en el mandato de la misión.“Es fundamental para el éxito del Acuerdo que la comunidad internacional respalde esta etapa sancionatoria. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, expresó Londoño en la carta.El excomandante de las Farc también manifestó su disposición de reunirse con el mandatario “cuando lo considere pertinente”, con el propósito de ampliar la motivación de la solicitud y fortalecer el respaldo al sistema de justicia transicional.Con esta comunicación, Londoño busca reactivar el acompañamiento internacional en una de las fases más sensibles del proceso de paz: la aplicación de las sanciones restaurativas por parte de la JEP, consideradas clave para consolidar la verdad, la justicia y la reparación en el país.
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exmagistrado Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia (2008), narró los hechos ocurridos hace 40 años. Según Pinilla, el Movimiento 19 de Abril (M-19) fue el gran responsable de la tragedia, y su accionar no respondió a razones políticas sino a un plan de venganza financiado por el narcotráfico.“El gran responsable de eso es el M-19, porque entró a asesinar al Palacio con una gran mentira: que iban a hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur”, afirmó Pinilla durante la entrevista.El exmagistrado recordó que el grupo insurgente ingresó al edificio de la Corte Suprema el 6 de noviembre de 1985, asesinando a los vigilantes y al administrador del edificio, y dirigiéndose directamente al cuarto piso donde sesionaban las Salas Constitucional y Penal. “Fueron a matar a los magistrados porque Pablo Escobar los había financiado para que lo hicieran así”, sostuvo.Financiación del narcotráfico y objetivo de la tomaDe acuerdo con Pinilla, las conclusiones de la Comisión de la Verdad apuntaron a que el cartel de Medellín tuvo una participación determinante en la planificación del ataque. El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', y de la periodista Virginia Vallejo, sirvió como base para establecer los nexos entre el M-19 y Pablo Escobar.“Pablo Escobar les dijo: les doy dinero y armas, pero ya que se van a tomar el Palacio, enséñenles a esos hijueputas de la Sala Penal y Constitucional que conmigo no se metan”, relató Pinilla. Según el exmagistrado, la operación tuvo como trasfondo el debate que en ese momento adelantaba la Corte Suprema sobre la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, tema que afectaba directamente los intereses del cartel de Medellín.Críticas al papel de la Fuerza PúblicaAunque Pinilla responsabiliza al M-19 por el inicio del ataque, también reconoció graves excesos cometidos por la Fuerza Pública durante la retoma del edificio. Señaló directamente al teniente coronel Alfonso Plazas Vega, a quien calificó de actuar “con un gatillo fácil”.“El teniente coronel del Ejército dio órdenes para disparar a la loca con tanques de guerra... confesando que en combate primero se asesina y luego se averigua quién fue muerto”, aseguró. El exmagistrado indicó que tanto Ejército como Policía intervinieron sin coordinación, generando una “balacera alocada” que terminó con la vida de rehenes y guerrilleros. También recordó que once empleados de la cafetería salieron vivos del Palacio, pero posteriormente fueron desaparecidos, lo que dio origen a la condena del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.Petro y las “verdades a medias” sobre el PalacioEn un momento de la entrevista Néstor Morales citó las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre los magistrados que supuestamente salieron vivos del baño durante la toma. Ante ello, Pinilla respondió con firmeza: “Eso es parcialmente cierto. Esas son las verdades a medias que suele decir un mentirosillo incorregible como es nuestro presidente de la República”, expresó, aludiendo a Petro por tergiversar, según él, la historia de los hechos.El exmagistrado aclaró que el magistrado Manuel Gaona Cruz fue asesinado “por la espalda” por un guerrillero del M-19, y no por fuego del Ejército, como ha sostenido el mandatario. “A Gaona lo mata un guerrillero del M-19 cumpliendo la consigna de Escobar de acabar con los magistrados”, precisó.La deuda del Estado con la verdadPinilla lamentó que, a pesar de los años y de los informes producidos, el país aún no conozca toda la verdad sobre lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue reducido a escombros. Recordó que la Comisión de la Verdad fue conformada ante la inacción de las autoridades y que incluso el entonces presidente Belisario Betancur fue “dejado al margen” por los mandos militares.“Belisario fue convertido en un pelele... Nos dijo que había ordenado recuperar el Palacio respetando la vida de rehenes y guerrilleros, pero no supo qué hacer cuando vio la balacera”, relató Pinilla.A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, las palabras del exmagistrado Nilson Pinilla reavivan el debate sobre las responsabilidades compartidas entre guerrilla, narcotráfico, fuerza pública y Estado. Una tragedia que, como él mismo lo resumió, “sigue siendo una herida abierta que Colombia aún no ha sabido cerrar”.
El presidenteGustavo Petro, volvió a referirse a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será "determinante" para él y para "la vida de la humanidad"."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.En el mismo escenario, Petro cuestionó el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, tras un discurso improvisado a favor de la causa Palestina en septiembre pasado en Nueva York después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para otorgársela ahora, previo a su viaje a Washington el próximo domingo."Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero", indicó el mandatario.Además, Petro reveló que norteamericanos le dijeron al presidente Trump que su esposa, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había recibido dineros de Nicolás Maduro para financiar a grupos en Colombia, una acusación que, da a entender, EE.UU. desestimó."Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira", dijo."Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo 'indictment' (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro", prosiguió.Más temprano este martes, en otro evento oficial también en Bogotá, Petro manifestó que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario chavista."Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.Las declaraciones de Petro se dan a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Petro, que se presenta a sí mismo como un jaguar suramericano que rivaliza con el águila estadounidense y que temía una operación militar en su contra como la que depuso a Maduro, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.Sin embargo, la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.