Ante el anuncio de la Universidad Nacional de estar adecuando un osario en la capilla Cristo Maestro del campus en Bogotá para alojar los restos óseos que serían de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó nuevos detalles investigaciones insistiendo en que, por ahora, no están los resultados definitivos.“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, reiteraron.En esa línea, la Unidad recordó que la investigación en esa entidad inició en 2019 tras la recibir una solicitud formal por parte del sacerdote jesuita Javier Giraldo, cofundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y uno de los investigadores claves del legado de Camilo Torres.Desde ese momento, tras la recolección de varias pruebas y testimonios, dieron con la localización de un punto en Bucaramanga donde estarían los restos.“El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la recuperación de un cuerpo que, según indicios asociados y morfológicos como edad, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento, podría corresponder al sacerdote desaparecido”, agregó la Unidad.Cabe recordar que el padre murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse sumado al ELN. Esto ocurrió en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda así como Medicina Legal, informaron el hallazgo.Este miércoles, la entidad reveló además que el equipo conformado por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, han adelantado múltiples estudios y recuperado pruebas.“Es así como la inspección inicial practicada al cuerpo de Camilo Torres Restrepo, tras su fallecimiento en el año 1966, describe lesiones que coinciden con traumatismos óseos identificados en las estructuras recuperadas por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda”, detalló la entidad en un comunicado.Así mismo, la Unidad aseguró que ha cotejado muestras óseas con material genético del cuerpo que sería de Torres con el de otros de sus familiares, también exhumados por la entidad en diciembre del 2024.Para esto han contando con el apoyo de varios laboratorios genéticos, uno de ellos ubicado en Estados Unidos, así como de Medicina Legal.Con estos avances y mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad insistió en que la disposición final de los restos, si se confirma plenamente su identidad, será definida por la persona que solicitó adelantar su búsqueda.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador, quien según los protocolos de la entidad es la única persona que puede tomar la decisión de la disposición final del cuerpo”, puntualizaron.
En medio de la crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Juan Manuel Galán sorprendió al mencionar el nombre del único funcionario que, a su juicio, se salva de la actual administración. “Me parece que es honesto, que es íntegro”, dijo en entrevista con Recap Blu, antes de revelar el nombre: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Es un tipo decente, honesto, que le puso la cara a un tema muy complicado y ha sostenido la caña a pesar de la guerra que le han hecho”, agregó.Vale recordar que Carrillo asumió la dirección de la UNGRD luego del escándalo de corrupción que se destapó en el país por cuenta de la carrotanques en La Guajira, que llevaron a juicio a su exdirector Olmedo López y el exsubdirecdor Sneyder Pinilla.Calificación al Gobierno PetroAunque Carrillo se salva en esta administración, Galán dio una muy baja calificación al Gobierno Petro. Cuando se le pidió ponerle una nota de 1 a 10, fue contundente: “Insuficiente en todo”. Incluso evitó asignar un número específico y reiteró que, en su concepto, la administración actual está “rajada”. En ese sentido, cuestionó la alta rotación de ministros, los cambios en manuales de funciones para nombramientos y las dificultades en la política exterior, mencionando como ejemplo la situación de la Cancillería.Más allá de la crítica, Galán planteó lo que sería su apuesta si llega a la Presidencia: reducir el poder del Gobierno central y transferir mayor autonomía a las regiones. Propuso avanzar en un modelo de regionalización que permita a las regiones ejecutar macroproyectos ambientales, de infraestructura y seguridad. Defendió que las regiones puedan consolidarse como verdaderas entidades territoriales con capacidad de gestión.¿Qué cambiaría del país?El dirigente también señaló uno de los problemas estructurales del país: el sistema de financiamiento de la política. A su juicio, mientras no se reforme la manera en que se financian partidos y campañas, cada Gobierno seguirá llegando con sus propios contratistas, desmontando lo anterior y dejando obras inconclusas o “elefantes blancos”, como lo ha advertido la Contraloría.Sobre gobernabilidad, Galán aseguró que buscaría acuerdos amplios en el Congreso, incluso con sectores ideológicamente distintos. Destacó que durante su paso por el Legislativo logró sacar adelante 17 leyes mediante consensos, entre ellas la ley de enfermedades huérfanas, la regulación del cannabis medicinal y la norma que facilita el acceso gratuito al software lector de pantalla JAWS para personas con discapacidad visual. “Colombia necesita un verdadero acuerdo nacional”, concluyó el precandidato de la Gran Consulta por Colombia.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Justicia no ha estado ajena a la crisis que se está viviendo en Montería, Córdoba, por cuenta de las lluvias. Y es que lo que se ha registrado es que muchos trabajadores en sus casas tienen el agua hasta el cuello, esperando aún que baje un poco el nivel y cuidando lo poco que les quedó, mientras que otros tratan de evacuar las aguas y otros de sacar sus cosas en lancha.Algunos de ellos no han podido ni regresar al trabajo y también han sido impactadas algunas sedes judiciales.Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba. Se trata del juzgado primero promiscuo municipal de Canalete, el primero promiscuo municipal de Los Córdobas y el primero promiscuo municipal de Puerto Escondido entre el 11 al 18 de febrero del 2026, mientras se realizan las actividades necesarias para continuar con el funcionamiento de la justicia.Según el informe técnico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, estas sedes requieren trabajos de adecuación para garantizar condiciones seguras de funcionamiento, luego de inundaciones y riesgos estructurales derivados de la emergencia climática.Pero también se ha ordenado una suspensión de términos por este mismo tiempo; se suspenden los procesos, salvo los que tienen relación con las tutelas y habeas corpus. Asimismo, se ha dado a conocer que se mantiene y se reporta la cifra de 127 funcionarios de la justicia que han resultado damnificados.Reporte de afectados en CórdobaEl alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.Este miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".
En la noche de este martes se conoció que el Consejo de Estado determinó que tiene la competencia para tramitar una demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro por hechos relacionados con su labor como senador.La decisión se dio tras resolver una serie de conflictos teniendo en cuenta que, dicha demanda, fue presentada en noviembre de 2022, es decir, cuando Petro ya había asumido como presidente de la República.La reclamación alegaba que Petro faltó a las sesiones plenarias en al menos cinco ocasiones sin justificar adecuadamente las ausencias; una de ellas, por ejemplo, se habría dado por un tema médico pero la excusa firmada por el profesional particular no fue transcrita o validada con la EPS como dice la norma.Ante esto, el demandante pedía declarar la pérdida de investidura pues, según el parágrafo 2 del artículo 183 de la Constitución, esto aplicará por la “inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.Y, aunque inicialmente fue rechazada esta demanda, desde febrero de 2023 se reabrió el debate tras un recurso del demandante y desde ese momento el Consejo de Estado venía estudiando esta solicitud y en especial si podía avanzar teniendo en cuenta el fuero del presidente.Por ahora, la decisión que tome el alto tribunal sobre el ausentismo de Petro no tendría un efecto real pues ya no es senador, pero sí crearía jurisprudencia sobre este tipo de reclamaciones.Además, se sumaría al debate y gran diferencia existentes entre mandatario nacional y las cortes por los fallos tomados en contra de proyectos, decretos o nombramientos del Gobierno Petro.
En una emotiva presentación en el Planetario de Bogotá, Carlos Vives confirmó su regreso a los escenarios en este 2026 con su ‘Tour al Sol’ en donde visitará diferentes ciudades de Colombia, volviendo, además, al Movistar Arena, un venue que confesó tenía muy en su corazón.“Estamos preparando el siglo de la conquista del espacio, de la llegada del hombre a marte. Los vamos a invitar a hacer un viaje al interior de nosotros mismos. Vamos a irnos al sol y darnos cuenta que todos estamos hechos de sol (…) Es algo muy especial y nos tienen muy contentos y emocionados”, fueron las palabras de Vives en el anuncio de la gira que hará de la mano de Páramo Presenta.Con la gira también llegará un nuevo álbum de parte del samario en donde quiere darle una “caricia” a sus seguidores, pensando en que es momento de nuevas energías y lo mejor alrededor del sol.En el caso de Bogotá volverá al Movistar Arena y sobre el por qué nuevamente aquí tras su exitoso concierto en 2023 en El Campín, Vives respondió que en esta arena hay una conexión más cercana con el público de lo que se da en un estadio, que, aunque es especial, no llega a ser algo tan cercano.“La cosa intima del Movistar Arena me permite montar este show de mejor manera y más íntima. Es un lugar que los bogotanos nos sentimos orgullosos (…) Para mí como público y artista le agradezco a ese venue, entonces hay cariño por parte de ellos también y me permite la escena no tan grande que te da el estadio. Más personas. Nos permite más cercanos y recrear cosas que hemos hecho antes”, respondió el samario a Blu Radio.Fechas del 'Tour al Sol' de Carlos Vives en este 2026ColombiaBogotá: 25 y 27 de septiembre — Movistar ArenaIbagué: 18 de septiembre — Arena NéctarBucaramanga: 16 de octubre — CenferMedellín: 17 de octubre — Estadio Polideportivo de EnvigadoPereira: 6 de noviembre — ExpofuturoCali: 21 de noviembre — Arena CañaveralejoEcuadorQuito: 3 de septiembre — Coliseo General RumiñahuiGuayaquil: 5 de septiembre — Estadio Alberto SpencerMás que una serie de conciertos, 'Tour al Sol' es un viaje simbólico que sigue el recorrido del sol: desde el primer rayo del amanecer, cuando la esperanza despierta; pasando por el ardiente mediodía, donde la energía y la alegría estallan en cada canción; hasta llegar al atardecer, ese instante dorado donde todo se transforma en emoción, magia y celebración colectiva.
El Deportivo Táchira consiguió pasar este martes a la Fase 2 de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en el partido de vuelta a The Strongest, que quedó eliminado del torneo internacional tras perder en la tanda de penaltis 5-3.De esta manera, el conjunto venezolano se enfrentará en esta ronda al Deportes Tolima, que ya estaba sembrado en esta fase por su cupo en la reclasificación y el posterior sorteo de la Conmebol.¿Cuándo debuta el Tolima?Así las cosas, el conjunto de Lucas González debutará en el torneo más importante de clubes de Sudamérica el miércoles 18 de febrero en condición de visitante contra el Táchira.Mientras el partido de vuelta será el miércoles 25 de febrero en Ibagué, en la capital musical de Colombia, en el estadio Manuel Murillo Toro.¿A quién eliminó Táchira?Los dirigidos por el exmundialista Álvaro Recoba mantuvieron el dominio los 90 minutos del partido, lo que se materializó en el minuto 32 con un gol del uruguayo Rodrigo Pollero que marcó de cabeza tras un centro de Carlos Sosa.Esto igualó el marcador global 2-2, ya que The Strongest había ganado el partido de ida por 1-2, lo que despertó las esperanzas en el conjunto aurinegro, que perdía balones por imprecisiones en la zona media, lo que obligó a Recoba a hacer un llamado de atención en uno de los descansos del encuentro."Andá sin miedo", le indicó el técnico uruguayo a Adalberto Peñaranda en la primera mitad del partido.En el minuto 44, Pollero consiguió ampliar el marcador pero el gol fue anulado por el VAR por posición adelantada.En el segundo tiempo, los aurinegros siguieron dominando el partido, aunque con menor intensidad que en la primera parte, lo que permitió al conjunto boliviano atacar más, aunque sin oportunidad de rematar directamente al arco.En los minutos 73, 75 y 80, Deportivo Táchira tuvo oportunidades claras de gol con remates de Luis 'Cariaco' González desde la mitad del área que fueron bloqueadas por Rodrigo Banegas, quien se convirtió en la figura más importante del conjunto boliviano.En total, el Deportivo Táchira tuvo ocho tiros al arco, mientras que el conjunto boliviano solo tuvo una oportunidad clara luego de que el árbitro ordenara un penalti porque el argentino Lautaro Lusnig metió la mano dentro del área para evitar un remate, sin embargo, Jesús Camargo pudo atajar el disparo de Víctor Ábrego.Pese a que el árbitro paraguayo Derlis Fabian dio ocho minutos más de tiempo, al final el partido terminó en la tanda de penales, en los que el Táchira anotó cinco contra los tres de The Strongest.De esta forma, el club venezolano se medirá con el tolimense para ver quién tendrá la oportunidad de clasificarse a la fase de grupos.
La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión y apartó de un caso a la jueza Séptima Penal del Circuito de Cali por haber incluido en el expediente judicial un borrador de sentencia condenatoria pese a que no había terminado el juicio y por haberlo redactado con ayuda de inteligencia artificial sin seguir las recomendaciones estipuladas.Y es que la defensa del hombre ya imputado por delitos sexuales contra menores de edad, encontró que, previo a los alegatos de conclusión y el anuncio del sentido del fallo programado para septiembre de 2025, ya estaba en el expediente digital dicho borrador anticipando una condena.Dicho documento incluía un análisis detallado de las pruebas, conclusiones sobre la responsabilidad penal del acusado y hasta una pena ya definida de 18 años de prisión. Pero todo esto ocurrió antes de los alegatos de conclusión, etapa en la que las partes involucradas presentan sus argumentos finales.Para el alto tribunal, se trata de una vulneración al debido proceso y al derecho a un juicio imparcial. Además, demostró que el resultado estaba decidido de antemano afectando así el principio básico de la imparcialidad judicial.“En esas condiciones, la incertidumbre que debe presidir todo proceso penal ya no existe, de modo que las posibilidades de inocencia o culpabilidad se encuentran cerradas de antemano. Desde esta perspectiva, cuando el resultado del proceso se conoce antes de culminar el debate, el juicio pierde su función decisoria y se convierte en un mero ritual, carente de eficacia real para la determinación de la responsabilidad penal”, explicó la Corte.A esto se suma el agravante de que ese borrador fue redactado con ayuda de inteligencia artificial para analizar el testimonio de la víctima, evaluar su credibilidad, revisar la coherencia del relato y concluir que se cumplía el estándar probatorio para condenar.Durante el estudio, la Corte encontró que el texto contenía mensajes propios de una IA, como sugerencias que suele hacer sobre el contenido ya redactado.Para los magistrados, la jueza recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para emitir una condena, sobrepasando los usos permitidos de estas tecnologías en el ámbito judicial.“Si bien el juez puede acudir a sistemas de IA cuando ello resulte necesario y pertinente, su utilización debe ser razonada y ponderada, orientada a la protección de los derechos fundamentales, y sujeta a buenas prácticas, criterios éticos y respeto por los mandatos superiores. El empleo indiscriminado o imprudente de estas tecnologías puede comprometer la responsabilidad del funcionario judicial, por lo que, como presupuesto mínimo, deben observarse el principio de no sustitución de la racionalidad humana y las cargas de transparencia, responsabilidad y privacidad”, alertó la Corte.En otras palabras, el alto tribunal insistió en que la valoración de pruebas y la decisión sobre la culpabilidad de una persona son funciones exclusivas del juez y no pueden ser delegadas en sistemas tecnológicos.Además, la existencia del borrador condenatorio afectó directamente la presunción de inocencia. Mientras no exista una sentencia en firme, toda persona debe ser tratada como inocente. Sin embargo, al quedar registrado un documento que ya daba por culpable al acusado, el proceso perdió su función real de decidir.Por estas razones, la Corte apartó del caso a la jueza original del caso y ordenó que otro despacho judicial continúe con el proceso, pidiendo a los jueces respetar estrictamente las reglas sobre el uso de inteligencia artificial en la justicia.
El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados tras haber sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban de Bogotá hacia su municipioLa operación de rescate fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Las víctimas fueron ubicadas en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, luego de los hechos ocurridos en la vereda La María, en Piendamó.De acuerdo con el Ejército, la rápida activación de los operativos permitió garantizar la liberación del mandatario y su acompañante. Las autoridades informaron que continúan las operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables.El secuestro se produjo pocas horas después de un hecho similar que involucró a la senadora Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada junto a dos escoltas por un grupo armado en zona rural del Cauca.“Nos interceptó un grupo armado en un sitio bastante solo”, relató la congresista, quien aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la fuerza pública y la comunidad permitió su liberación. La camioneta en la que se movilizaba fue hallada posteriormente en jurisdicción de Totoró.Ante la seguidilla de hechos violentos en menos de ocho horas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana y proteger a los líderes y autoridades del departamento.
Cuando adelantaban una brigada de salud en el sector conocido como La Amistad del barrio Oro Negro en el oriente de Neiva, 20 funcionarios de una misión médica que pertenecen a una IPS privada, entre enfermeras y personal auxiliar, fueron atracados por tres delincuentes; dos de ellos portaban armas de fuego.Según información de las autoridades, los asaltantes les hurtaron a las víctimas teléfonos celulares, documentos personales y dinero en efectivo. Uno de los funcionarios resultó lesionado con un golpe en la cabeza al oponer resistencia al atraco.“Fuimos informados de un hecho de hurto en el sector de La Amistad; de inmediato se envió una patrulla. En el sitio, las personas afectadas por el hurto manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud cuando fueron abordadas por dos sujetos y las intimidaron con armas de fuego despojándolas de sus pertenencias, celulares y dinero en efectivo; uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Por su parte, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, dijo que, de acuerdo con el relato de las víctimas del atraco, los delincuentes al parecer habrían manoseado a varias de las auxiliares de enfermería mientras las despojaban de sus pertenencias.Este grave hecho de inseguridad ya fue reportado ante las secretarías de salud municipal y departamental, mientras que la Policía adelanta operativos por varios sectores de la ciudad para dar con la ubicación de los delincuentes y los elementos hurtados.
El aumento del salario mínimo a dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha despertado preocupación en gran parte de la población colombiana frente al incremento en los valores de la canasta familiar, el arriendo e incluso los servicios públicos. En ese escenario, el costo de la factura de la luz es uno de los que más presión genera sobre el presupuesto mensual.Por ello, el Gobierno nacional aplicó un recargo temporal en la tarifa eléctrica que dejó un mensaje claro: no todos los usuarios deberán asumir este cobro adicional.La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca atender una delicada situación financiera de la empresa Air-e, que actualmente se encuentra bajo intervención del Estado, sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables. Ante este panorama, hay un grupo de personas que podrá estar más tranquilo.Facturas de la luz serán más costosas para algunosEl Gobierno reveló que el ajuste corresponde a un cobro aproximado de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido. Este recargo tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de generar recursos para cubrir obligaciones acumuladas de Air-e, cuya situación financiera representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.De no adoptarse medidas urgentes, el problema podría escalar y afectar la continuidad y confiabilidad del servicio en varias regiones del país. El objetivo, insistieron desde el Gobierno, no es encarecer el servicio de forma permanente, sino evitar un escenario más grave que termine impactando a todos los usuarios.Estratos 1 y 2 quedan exentos del nuevo cobro en el servicio de la luzUno de los puntos más relevantes del anuncio es que el recargo no será generalizado. Según lo definido, únicamente los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional en sus facturas.Por su parte, los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 quedarán exentos. La decisión busca proteger el bolsillo de las familias con menores ingresos y evitar que una medida coyuntural se traduzca en una carga económica difícil de asumir. La exclusión se sustenta en la normativa vigente y en los esquemas diferenciales establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.Gobierno busca proteger el sistema eléctrico nacionalLa Superintendencia respaldó la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas un instrumento que refuerce la confiabilidad del sistema.Desde el Gobierno recalcaron que la prioridad es evitar un colapso que termine afectando a millones de colombianos y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones adoptadas mantengan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
Ilesa resultó la subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, luego de que desconocidos dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria, minutos después de realizar, junto con el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en el municipio de La Llanada, el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera, que busca organizar la minería en todos los 64 municipios del departamento.Las autoridades investigan si este atentado iba dirigido contra el mandatario seccional, ya que la camioneta impactada es similar a la que utiliza el gobernador Escobar para realizar sus desplazamientos por los municipios del departamento.Voceros de la Gobernación, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este sábado 17 de enero, minutos después de que la caravana de al menos 15 automotores salía del municipio de La Llanada y se dirigía de regreso a Pasto, luego de una larga jornada de trabajo con mineros de la región.Los vehículos en los que viajaba el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habían tomado una ruta alterna por decisión del equipo de seguridad del mandatario y no se descarta que los atacantes hayan confundido la camioneta, dijo un funcionario de la administración seccional.Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.Nadie sabía de dónde estaban disparando, los conductores agilizaron el paso y se desconocen los autores de este atentado, aseguró el funcionario.Otro de los testigos dijo que minutos antes del ataque el gobernador, junto a varios funcionarios y secretarios de su despacho, habían visitado las minas de explotación aurífera del municipio de La Llanada y aseguró que no se descarta que se trate de delincuencia común y organizada quienes hayan cometido el atentado, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas humanas que lamentar.Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por estos hechos y dijo que se está investigando, ya que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al mandatario seccional sobre un plan para atentar contra la integridad del gobernador de Nariño, luego de que recibiera esa información mediante fuente humana.El mandatario de los nariñenses hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.Funcionarios de la Gobernación exigieron a la Unidad de Protección fortalecer el esquema de seguridad del jefe de la administración seccional, por considerar que las amenazas podrían estar relacionadas, al parecer, con delincuencia común y organizada que estaría detrás del negocio de la explotación del oro en este departamento frontera.
Al menos 30 personas murieron tras intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La situación de orden público llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad en la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, mientras continúan las acciones para establecer con precisión lo ocurrido en esta región del sur del país.De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas. Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la zona, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y capacidades de inteligencia militar, luego de enfrentamientos que se registran desde la noche del viernes.Frente a estos hechos, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la gravedad de la violencia en Guaviare y por la pérdida de vidas, en su mayoría jóvenes, en medio de una confrontación que no cesa. Desde el Episcopado se reiteró el llamado a detener la guerra, a respetar el derecho internacional humanitario y a evitar que continúe el sufrimiento de las comunidades afectadas por el control criminal de estos grupos armados."Estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas, ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país", señaló monseñor Héctor Fabio Henao en Noticias Caracol.
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
En la antesala de San Valentín, las flores colombianas volvieron a abrirse paso en Washington. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, junto con Asocolflores, inició la entrega de arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso.El embajador Daniel García-Peña lideró esta jornada en el Capitolio, donde cada senador y representante recibirá un ramo de flores cultivadas en Colombia.Vale recordar que Colombia es el principal proveedor de flores frescas cortadas para el mercado estadounidense. Solo en enero y febrero de 2025 se exportaron cerca de 720 millones de tallos, equivalentes a 52.000 toneladas, para atender la alta demanda de San Valentín en Estados Unidos. La fecha representa uno de los picos más fuertes del año para el sector, que concentra buena parte de sus ventas en este mercado.La industria floricultora genera empleo para cientos de miles de familias en Colombia y también impacta la economía estadounidense en áreas como transporte, distribución y comercio minorista. Por eso, desde Asocolflores destacan que cada temporada no solo se trata de una celebración, sino de una cadena productiva que conecta a ambos países.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, ya es oficialmente el jefe de esta cartera. Ante los medios de comunicación se refirió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, y aseguró que buscará armonizar la relación.“Tengo que reunirme con altas cortes, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y lo que los una sea el diálogo institucional. Esas discusiones yo no las voy a traer a la agenda del ministerio, aspiro a que se resuelva en instancias institucionales, pero es muy importante que el Gobierno tenga buena relación con todos los actores incluida la Fiscalía”, dijo.El ministro agregó que se reunirá con el procurador Gregorio Eljach y propondrá un debate para reformar las funciones de la Procuraduría y limitar su alcance para destituir funcionarios elegidos popularmente.“Hay que conversar con la rama judicial y esa es un poco la línea de trabajo. Yo pienso que la Procuraduría sea una institución que instruya todos los casos de corrupción y eleve la acusación disciplinaria dependiendo de la competencia, ante jueces penales del circuito o por ejemplo en el caso de gobernadores, ante salas penales tribunales”, explicó.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil derivadas de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias 'Calarcá', y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, dirigido por alias 'Iván Mordisco'.“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, afirmaron en un comunicado.La región ya había sido focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en la Alerta Temprana 001 de 2025, donde se advirtió sobre el riesgo para los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal. No obstante, la Defensoría señaló que los escenarios previstos se han concretado, agravando la crisis humanitaria en el territorio.“El 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en el municipio de Cartagena del Chairá, sumándose al anunciado por este mismo grupo en diciembre de 2025. Cabe señalar que el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones similares desde octubre de 2025, por órdenes emitidas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, lo que ha generado continuas limitaciones a la movilidad y ha dificultado el acceso de las comunidades a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación”, asegura la Defensoría.Ante este panorama, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que no se obstaculicen las acciones humanitarias destinadas a atender y proteger a la población afectada.Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que implementen medidas urgentes que permitan proteger de manera integral a la población en riesgo.
La denuncia fue presentada por los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio, con el respaldo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes señalaron que la excavación se realizó de manera ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos.“El pasado 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, se realizó una excavación ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción se ejecutó sin autorización judicial, violando las medidas cautelares vigentes impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Como afirman en su comunicado, tras conocerse la intervención, la JEP adelantó gestiones para recuperar los elementos hallados durante la excavación y someterlos a análisis técnicos. Como resultado de esos estudios, Medicina Legal confirmó recientemente que uno de los objetos presenta rastros de sangre humana.“Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar”.Ante estos hechos, familiares y organizaciones plantearon la necesidad de esclarecer si en ese lugar pudo haber estado inhumado Pedro Julio Movilla y si la intervención afectó elementos probatorios.Además, pidieron al Estado garantizar la custodia del predio, impedir nuevas intervenciones de personal en general, reconocer el sitio “como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas” y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.En el comunicado, las organizaciones recordaron que “el 22 de junio de 2022 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio”.Señalaron que en esa sentencia el tribunal ordenó, entre otras medidas, continuar con las acciones de búsqueda. Frente a lo ocurrido afirmaron que “en este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia”.Recordemos además que en entrevista con Blu Radio, Jose Dorado, ex agente de inteligencia, también dijo que en ese lugar había sido desaparecida la ex guerrillera del M19, Irma Franco.
Venezuela empezó a hacer retroceder a los guerrilleros colombianos hacia el otro lado de la frontera, dijo este miércoles a la AFP el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lo que marcaría un punto de inflexión tras años en que el territorio venezolano representaba un refugio para estos grupos."Están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los cárteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona", indicó Sánchez durante una entrevista en París, preguntado sobre si hubo cambios en Venezuela luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.Estos grupos solían utilizar Venezuela como retaguardia, pero la situación parece haber cambiado ahora tras la captura de Maduro por Estados Unidos a inicios de enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez.Estas operaciones en la Venezuela dirigida por Rodríguez obligan a estos grupos a moverse "hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera", explicó el funcionario colombiano.Esto "nos ha permitido actuar, como lo hicimos ahorita en frontera con Venezuela, en el Catatumbo", agregó Sánchez, respecto a la operación en la que militares colombianos abatieron la semana pasada al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN.Esta operación se produjo horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, pactaran en la Casa Blanca una mayor cooperación contra los grupos ilegales y el narcotráfico.Esta cooperación se plasmará "principalmente en inteligencia", explicó Sánchez, quien descartó el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia.El objetivo es "cómo articulamos mejor la inteligencia entre Estados Unidos y Colombia para emplear la fuerza colombiana bajo las normas colombianas y el derecho internacional humanitario contra estos grupos criminales que delinquen en Colombia", agregó.Para Sánchez, la inteligencia es clave "para que no haya zonas grises" en el área limítrofe con Venezuela y, en este sentido, indicó que Colombia ya está "articulándose" a nivel diplomático con Caracas, sin dar más detalles."Esperamos que podamos transcender en términos de seguridad", deseó el funcionario, quien consideró el cambio de poder en el país vecino como "una oportunidad única" que "aprovechar" para rehabilitar los canales de comunicación en este ámbito.
Un grupo de oficiales en retiro de la Policía manifestó públicamente su respaldo al general Edwin Masleider Urrego Pedraza, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara su retiro del servicio este 11 de febrero. Urrego fue señalado por el mandatario como involucrado en un supuesto complot para sabotear su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.A través de un comunicado firmado por compañeros del curso 069 de oficiales, los policías en uso de buen retiro calificaron como “injusta” la salida del general Urrego y destacaron su trayectoria de más de 30 años en la institución.“Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”, señala el documento. En el texto también aseguran que su hoja de vida ha sido “intachable”, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen la profesión militar.Los oficiales retirados subrayaron que Urrego “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades” y afirmaron que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo, pese a las circunstancias de su salida.Esta muestra de apoyo llega después de que durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmara que ordenó retirar a un general de la Policía al que señaló de tener una “misión extra” en su contra.Según el mandatario, el oficial habría recibido la orden de introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de sabotear la reunión que sostuvo el 3 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca.Aunque inicialmente no reveló el nombre de Urrego, la decisión se oficializó este miércoles mediante el Decreto 0147, firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se encontraba fuera del país.Horas antes de que se hiciera efectiva su destitución, el general Urrego habló en los micrófonos de Blu Radio y rechazó de manera categórica las acusaciones. Calificó los señalamientos como una “locura” y aseguró que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que comprometa su ética ni la honra de la institución.
La historia de Colombia se repite para los gobernadores del país ante la eventual declaratoria de una nueva emergencia económica en las próximas horas por parte del Gobierno nacional, desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron su preocupación por la posibilidad de que en esta se establezcan nuevos impuestos que podrían impactar los recursos de los departamentos.Es importante destacar que la intranquilidad por parte de la federación se da tras inconformidades expresadas por los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro.En este decreto, propuesto en diciembre de 2025, productos como los licores y los cigarrillos tendrían un nuevo gravamen, el cual, según los mandatarios regionales, podría afectar los ingresos estratégicos para financiar educación, salud y deportes de cada uno de sus territorios, ya que tienen como rentas esenciales dichos productos."Esperamos que no se vuelva a intentar violar la Constitución en utilizar los recursos territoriales cuando hay una salvedad expresa constitucionalmente, que advierte que solo se puede usar en caso de guerra exterior, de la cual mediante decretos el gobierno nacional podría utilizar las rentas territoriales... Nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto salvo el caso de guerra exterior”, aseguró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.Desde Fedepartamentos, le proponen al Gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado y administrado por parte de este, para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta por parte de los gobernadores y aseguró que este dinero requiere un mayor esfuerzo por parte de quienes tienen más capacidad económica en el país.
La emergencia provocada por las fuertes lluvias en Montería y varios municipios de Córdoba mantiene en terreno a la fuerza pública, la Defensa Civil y distintas entidades del Estado, que adelantan un despliegue operacional y humanitario para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, a la fecha han sido rescatadas 7.400 personas en medio de las crecientes y desbordamientos. El Ejército Nacional ha evacuado a 4.100 ciudadanos, la Policía Nacional a 2.500 y la Defensa Civil a 800 más, en operaciones desarrolladas en zonas urbanas y rurales anegadas.“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó el ministro de Defensa encargado, Javier Baquero.En paralelo, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada. El Ejército ha distribuido 4.600, la Defensa Civil 1.800 y la Policía Nacional 1.500, en medio de jornadas de asistencia coordinadas con autoridades locales y departamentales.La Policía, además, ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente en 84 albergues temporales, donde se concentran familias que debieron abandonar sus viviendas. La Defensa Civil, por su parte, ha realizado el censo de cerca de 4.000 afectados, información clave para focalizar la entrega de ayudas y priorizar sectores críticos.En materia de abastecimiento y mitigación del riesgo, el Ejército ha distribuido 30.000 litros de agua potable y removido 310 metros cúbicos de material, labores orientadas a despejar áreas colapsadas y reducir nuevas emergencias. La Policía dispuso un carro tanque en siete municipios para reforzar el suministro en sectores con dificultades de acceso a agua.La Armada Nacional también participa en el operativo con 140 agentes desplegados en la zona. Con cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate, refuerza tareas de evacuación, transporte, protección de diques y movilidad en áreas completamente anegadas.En el componente logístico y de apoyo, se informó que, en articulación con la Dian y otras entidades del Estado, se han gestionado donaciones por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos para los departamentos impactados por la emergencia.“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, afirmó Baquero Maldonado.El operativo continúa activo en al menos 15 municipios, donde la Defensa Civil mantiene 330 voluntarios apoyados con camiones y botes para operaciones fluviales, mientras las autoridades avanzan en la estabilización de las zonas afectadas y en el acompañamiento a las comunidades que enfrentan los efectos de la temporada de lluvias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.