Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
Fitch Ratings señaló que tanto flujos de caja operativos como los márgenes de las empresas colombianas entrarían en mayor presión en los próximos 12 a 18 meses. Esto, debido a las elevadas tasas de intereses, la inflación, las cargas tributarias que cada vez son mayores y la restricción en el acceso a mercados internacionales.Los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública han sido la consecuencia de la baja calificación soberana que obtuvo Colombia en diciembre de 2025, hecho que dejó 6 rebajas en la calificación, por lo que “la inflación y las preocupaciones fiscales probablemente limitarán la flexibilización monetaria”, según Fitch Ratings.Esto afecta no solo al Gobierno, sino también a las empresas, porque eleva los costos de financiamiento, mantiene altas las tasas de interés y reduce la capacidad de las compañías para cubrir sus gastos con el dinero que generan. A esto se suma una fuerte incertidumbre política, agravada por la suspensión de medidas tributarias que el Gobierno había decretado para recaudar recursos, lo que deja dudas sobre cómo se financiará el Estado en el corto plazo.Además, Fitch Ratings señaló que la suspensión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno en diciembre de 2025 profundizó la incertidumbre sobre el rumbo fiscal del país, al frenar de manera temporal las medidas tributarias que buscaban aliviar las finanzas públicas tras el fracaso de la reforma fiscal en el Congreso. La decisión de la Corte Constitucional dejó en el aire impuestos sobre el patrimonio y las transacciones financieras, un gravamen del 1 % sobre las ventas y exportaciones de petróleo y carbón, y los cargos al sector eléctrico, reduciendo la visibilidad sobre los ingresos del Estado en el corto plazo.Este escenario, sumado al clima político previo a las elecciones legislativas y presidenciales, aumenta el riesgo de cambios totales en la política económica, presiona los márgenes de las empresas y podría afectar negativamente la calificación crediticia de los emisores más endeudados o con menor capacidad financiera, según lo que menciona la agencia.Esta falta de claridad en las reglas de juego genera preocupación entre inversionistas y calificadoras, que ven un riesgo de cambios repentinos en las políticas económicas, especialmente antes de las elecciones legislativas y presidenciales.Uno de los sectores más afectados es el de energía, donde las decisiones del Gobierno suelen priorizar el control de precios sobre la estabilidad financiera de las empresas. Esto ha elevado los riesgos de liquidez para generadoras y distribuidoras y podría afectar la inversión futura con posibles problemas de abastecimiento. Aunque muchas de estas empresas siguen siendo financieramente sólidas, el panorama para 2026 se ha deteriorado.Otros sectores también enfrentan presiones. El aumento del salario mínimo podría impulsar el consumo a corto plazo, según como lo explica la agencia, pero también puede presionar la inflación y reducir los márgenes de las empresas, sobre todo si hay controles de precios.En la construcción de vivienda, especialmente la de interés social, las compañías tienen dificultades para trasladar mayores costos a los compradores debido a la baja capacidad de pago y a las altas tasas de interés. En el sector de alimentos y consumo, el mayor ingreso de los hogares puede ayudar, pero el aumento de costos laborales afecta especialmente a restaurantes y cafeterías, donde la mano de obra representa una parte importante de los gastos.Finalmente, el aumento del riesgo país dificulta el acceso de las empresas a los mercados internacionales de capital. Ante este escenario, muchas han optado por endeudarse con bancos locales en lugar de emitir bonos. Aun así, Fitch considera que el riesgo está parcialmente controlado, ya que la mayoría de las empresas mantiene niveles de deuda moderados y un calendario de pagos bien distribuido, lo que reduce el riesgo de una crisis financiera inmediata.
Migración Colombia informó que un ciudadano estadounidense procedente de Miami fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova luego de que se detectaron algunos indicios de turismo con fines de explotación sexual en Medellín. El caso se conoció en una entrevista migratoria, por lo que se inició el debido proceso de inspección.Al ser sometido a varias preguntas, las autoridades habrían detectado algunas inconsistencias que llevaron a que se le revisara el equipaje, encontrándose una cantidad mínima de ropa para los días que supuestamente estaría en la ciudad.Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades es que se encontraron cerca de 50 discos compactos sin verificar contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas con posiciones sexuales y una cantidad desproporcionada de preservativos, pero al consultado el hombre insistió que iba a visitar unas amigas.Los hallazgos realizados por las autoridades migratorias hicieron que se aplicarán los protocolos de prevención del turismo con fines de explotación sexual y por ello se determinó la inadmisión del estadounidense, siendo el cuarto extranjero inadmitido en la terminal aérea del Oriente antioqueño.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión que tomó Migración Colombia e indicó que, “este resultado reafirma nuestro compromiso con la protección de la niñez, la prevención de delitos y el mensaje claro de que en Medellín no hay espacio para la explotación sexual”.
Tal y como ocurrió una vez fue aprobado el proyecto de ordenanza que le dio el aval a la Gobernación de Antioquia para cobrar el polémico impuesto de la tasa de seguridad, Fenalco e Intergremial volvieron a poner sobre la mesa las afectaciones que están teniendo por este nuevo costo, que se extenderá hasta el año 2027.Por ello, en un comunicado conjunto solicitaron al ente departamental suspender este cobro, indicando que las empresas en Antioquia ya no toleran más impuestos regionales, porque, en sus palabras, “esta tasa, sumada a la ya alta carga tributaria que se tiene, las medidas económicas recientes decretadas por el Gobierno nacional, el alto incremento del salario mínimo, entre otros, están perjudicando los presupuestos y asfixiando a las empresas”.Su principal argumento es que esta situación no solo afecta las finanzas del sector empresarial, sino que también perjudica el empleo formal y la productividad, y va en detrimento de las empresas, que en casos muy extremos deben cerrar.Por su parte, María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, aseguró que la situación financiera impacta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.“La situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente en los costos, especialmente de las mipymes del departamento. Estamos abiertos al diálogo y a buscar conjuntamente alternativas diferentes a poner un impuesto más a las empresas que en este momento no la están pasando bien y que están luchando por sobrevivir en el mercado”, señaló Bernal.Mientras avanza la controversia, vale la pena recordar que la Asamblea de Antioquia aprobó el descuento por pronto pago del 10 % de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana hasta el día 10 de cada mes.
En medio de una rueda de prensa, la precandidata a la Presidencia Vicky Dávila pidió a Iván Cepeda, también candidato a que aspira llegar a la Casa de Nariño, a mostrar las pruebas de quién le está subsidiando la campaña electoral.“Iván Cepeda le exijo en nombre de más de 50 millones de colombianos, en nombre de la democracia, en nombre de la decencia, que nos diga quién lo está financiando, de dónde está sacando la plata para su campaña, de dónde sale la plata para esas manifestaciones multitudinarias, de dónde sale la plata para sus viajes y para todo el andamiaje de su campaña que dista mucho de una campaña austera como la que sí estamos haciendo nosotros para los colombianos”, señaló la precandidata.Esto se da luego de que Dávila conociera un audio de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', en el que se explicaba habría entregado presuntamente dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro. Según la denuncia, existirían pruebas que serían entregadas a las autoridades tras la extradición del narcotraficante a Estados Unidos.En el mensaje, Dávila advirtió sobre una supuesta infiltración del narcotráfico y la corrupción en campañas presidenciales y pidió a los colombianos no permitir que estos dineros vuelvan a influir en la elección de un presidente.
Desde Washington, en una rueda de prensa, el presidente Gustavo Petro aseguró que, pese a las diferencias con su homólogo Donald Trump en asuntos como las sanciones a Venezuela, la reunión en la Casa Blanca tuvo un balance positivo y abre un nuevo camino en la relación bilateral. Agregó que el punto de partida del diálogo fue la libertad.El mandatario calificó el encuentro como “un pequeño paso que distensiona la posibilidad de una hoguera” y señaló que durante el diálogo con el presidente Donald Trump abordaron la reactivación de Venezuela dentro de un “pacto por la vida y la libertad”, basado en la cooperación regional y no en la condena. En ese contexto, destacó el papel de Colombia en la frontera y planteó la necesidad de que Estados Unidos reevalúe las sanciones para permitir una mayor relación entre las personas.Aunque se había especulado que uno de los temas sobre la mesa sería su inclusión en la lista OFAC —así como la de su esposa, su hijo y el ministro del Interior—, el mandatario aseguró que durante la reunión con Donald Trump no se habló de ese asunto y afirmó que no actúa “bajo chantajes”. Además, contó que invitó a Trump a visitar Cartagena, y que la describió como “un lugar muy chévere y bello para estar y vivir”.Durante el encuentro también hubo intercambio de regalos: por parte de Estados Unidos, Trump le obsequió al mandatario colombiano una gorra con el lema Make America Great Again; mientras que Petro entregó un vestido para Melania Trump, una ancheta con café y cacao, y artesanías colombianas.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desplegó una aeronave C-40 desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para trasladar 533 computadores, 15 pantallas inteligentes y 16 sistemas de internet satelital hacia Riohacha, destinados a fortalecer la educación en La Guajira.El cargamento, enviado desde Bogotá en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, tiene como objetivo principal reducir la brecha digital en las zonas más apartadas del norte del país.Tras el aterrizaje en la capital del departamento, el Gobierno Nacional inició la distribución de estas herramientas en siete instituciones educativas: cuatro ubicadas en la Alta Guajira y tres en la Baja Guajira.Esta misión logística forma parte de un proyecto nacional que busca entregar 3.770 equipos de cómputo en escuelas rurales de ocho departamentos de Colombia. La iniciativa pretende aumentar las capacidades académicas de los estudiantes mediante el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información.“Esas son las misiones que hacemos todos los días, poder apoyar a los niños y a las poblaciones más vulnerables alejadas de nuestro territorio nacional”, destacó el piloto del avión C-40 mayor Jonathan Urbina.
El presidente de Satena, Óscar Zuluaga, entregó este jueves nuevas declaraciones sobre el accidente aéreo ocurrido en el Catatumbo, Norte de Santander, que dejó al menos 15 personas fallecidas, entre ellas el representante a la Cámara por la curul de paz, Diógenes Quintero. Durante una rueda de prensa, el directivo aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de presiones externas, fallas operativas ni problemas asociados a la fatiga de la tripulación.Zuluaga comenzó enviando un mensaje de tranquilidad a los usuarios y a las comunidades que dependen de la aerolínea estatal. “Satena seguirá volando, seguirá cumpliendo sus itinerarios como los tiene programados y continuará llevando conectividad a las regiones más apartadas del país”, afirmó, destacando que la compañía mantiene sus operaciones normales pese al siniestro.Uno de los temas centrales abordados en la conferencia fue la posibilidad de que la fatiga del piloto hubiera influido en el accidente, dado que la aeronave cubría una ruta exigente con múltiples aterrizajes entre Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú. Frente a esto, voceros técnicos de la compañía explicaron que, de acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, las tripulaciones pueden volar hasta ocho horas diarias y cumplir hasta 12 horas y media de servicio. En este caso, el vuelo tenía una duración aproximada de cuatro horas y media, por lo que no superaba los límites permitidos.“El piloto tenía más de 10.000 horas de vuelo y una experiencia superior a los 20 años, mientras que el copiloto contaba con más de 7.000 horas de vuelo. No hay ningún elemento que permita inferir que hubo fatiga o presión externa en la operación”, aseguró Zuluaga.Otro de los interrogantes planteados por los periodistas estuvo relacionado con el contexto de orden público en la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por el conflicto armado. Frente a esto, el presidente de Satena señaló que, hasta el momento, no existe información que indique la intervención de factores externos o de seguridad en el accidente. “La comunicación entre la tripulación y el control de tráfico aéreo fue normal, sin ningún tipo de alerta o presión”, dijo, agregando que será la Aeronáutica Civil la encargada de establecer las causas definitivas del siniestro.Zuluaga también respondió a cuestionamientos sobre posibles presiones económicas para mantener los vuelos a pesar de condiciones adversas. En ese sentido, fue enfático en afirmar que los estándares de seguridad de Satena y de la empresa operadora CEARCA son altos y que no se evidenció ninguna situación que comprometiera la seguridad de la operación. “No había hipótesis sobre mal tiempo ni sobre condiciones externas que afectaran el vuelo”, indicó.Mientras avanzan las investigaciones oficiales, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad aérea y con la conectividad de regiones apartadas como el Catatumbo, donde Satena cumple un papel clave en el transporte de pasajeros y en la integración territorial.Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas del accidente ocurrido en jurisdicción de Playa de Belén, Norte de Santander, un hecho que ha generado conmoción nacional y que enluta al país por la pérdida de varias vidas, entre ellas líderes políticos y sociales de la región.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo señalamiento que revive las tensiones internas en su gobierno y vuelve a poner en el centro de la polémica a la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. Durante un evento realizado en el Salón Gobelinos, el mandatario aseguró que fue engañado en el proceso de designación de interventores de EPS, lo que -según dijo- terminó afectando la intervención al sistema de salud y la reforma que impulsaba su administración.En su intervención, Petro relató que había pedido que no se nombrara “un solo interventor por política” y que se eligiera a los mejores perfiles técnicos. Sin embargo, afirmó que se entregaron hojas de vida que él no había autorizado, pero que fueron presentadas como si provinieran de su despacho. En ese contexto, mencionó directamente a Laura Sarabia, a quien acusó de haber inducido al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a creer en esos nombramientos.“El resultado fue un año perdido en la intervención y en la reforma a la salud”, señaló el presidente, quien sostuvo que los interventores terminaron haciendo “un business” con los recursos del sistema. Aunque Petro aseguró que posteriormente los retiró de sus cargos, reconoció que la demora permitió desvíos de recursos.Las declaraciones del mandatario hacen referencia a denuncias conocidas en febrero de 2025, que derivaron en la salida de Leal de la Superintendencia de Salud. De acuerdo con esas denuncias, un grupo de clínicas, centros de diagnóstico, farmacias y otros operadores habría recibido un trato preferencial en el flujo de recursos públicos. Detrás de esos pagos estaría presuntamente un asesor identificado como Mario Urán, quien habría manejado en la sombra varias EPS intervenidas.En su momento, Leal aseguró que desde la Casa de Nariño las hojas de vida de los interventores eran entregadas por Jaime Ramírez Cobo, asesor cercano a Laura Sarabia.Tras las recientes declaraciones de Petro, la embajadora respondió a través de su cuenta en X, afirmando que su gestión fue “trazable y documentada” y negando haber participado en la designación de interventores, asegurando que el presidente y el ministro de Salud conocían esa versión desde hace más de un año.
La política exterior feminista fue una de las promesas de este gobierno. Una de sus líderes es una académica muy respetada que pronto dejará su cargo, pero que desde sus columnas y desde las aulas ha hecho análisis del panorama internacional y el mundo diplomático.Arlene B. Tickner, analista internacional y actualmente embajadora de Colombia para Asuntos de Género, habló en Mañanas Blu analizó los retos de esta reunión bilateral, el futuro de la política exterior feminista y las tensiones generadas por el discurso del mandatario colombiano."La política exterior feminista consiste, en un proceso de avance y de desmonte del patriarcado. Mi labor ha sido enfocada en los derechos LGBTIQ+, derechos sexuales y reproductivos", indicó Tickner. Además, dijo que el gobierno actual tiene "voluntad política para avanzar en temas de género y diversidad"."Yo soy la responsable de realizar las gestiones diplomáticas fuera de Colombia en todo lo relacionado con asuntos de género y política exterior feminista. Lo que creo que hay en el fondo es una voluntad política de este gobierno de avanzar en temas de género y diversidad, en momentos en los cuales estas dos agendas (Colombia-EE.UU) están bajo ataque a nivel mundial", dijo. Por otro lado, reveló que el equipo diplomático en Washington trabaja "día y noche" en la preparación del próximo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Sabemos que Trump es un presidente transaccional, sobre todo, y yo confío en que el gobierno colombiano llevará a la reunión algunas propuestas susceptibles de garantizar la defensa de los objetivos nuestros. Lo importante es garantizar en este espacio es que cada uno sienta que ganó algo con este encuentro", afirmó. Escuche la entrevista aquí:
A pocas semanas de las elecciones al Congreso, el registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una grave advertencia sobre posibles riesgos para la transparencia del proceso electoral en varias regiones del país.Tras la revisión de 312 municipios, la Registraduría identificó zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales, en donde se estarían presentando dinámicas que podrían afectar la libertad del voto, ya sea por presiones directas o por intereses de estas estructuras que buscan influir en las elecciones.Según explicó Penagos, en cerca del 40 % de los municipios analizados se evidencia un interés político-electoral por parte de estas estructuras armadas.“En 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”, advirtió el registrador.Penagos explicó que mientras en algunos territorios la alta violencia coincide con bajos niveles de participación electoral, en otros casos ocurre lo contrario.“Hay algunos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. (…) Pero también tenemos algunos lugares en el noroccidente de Colombia donde hay alta violencia, de acuerdo a los estudios que han presentado, inclusive la fuerza pública”, señaló.Para el registrador, esto podría indicar escenarios de instrumentalización del voto y coacción a los electores, por lo que subrayó que es importante que “se adviertan circunstancias de esa naturaleza para atacarlos de manera permanente”.Frente a estas advertencias, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han insistido en la necesidad de redoblar las medidas de seguridad en las zonas con presencia de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar el proceso electoral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.
El más reciente informe mundial de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en Colombia es categórico: el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales han llevado al país a “una de las peores crisis humanitarias de la década”.La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, presentó las conclusiones del documento en entrevista con Mañanas Blu, en donde enfatizó que la política gubernamental de “Paz Total” no solo ha resultado ineficaz, sino que “ha puesto en riesgo adicional a la población civil”.De acuerdo con los datos citados por la organización, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas fueron confinadas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En ese mismo periodo, 544 personas murieron o resultaron heridas por artefactos explosivos, lo que significó un aumento del 145% frente a 2024.“Los grupos armados se fortalecieron con las negociaciones”Goebertus explicó que el informe global de HRW, que abarca 13 países del continente, dedica un capítulo extenso a Colombia debido a la magnitud del deterioro registrado entre 2022 y 2025.“El reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, advirtió la directora.Según HRW, la estrategia de llevar conversaciones en paralelo con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sin una política de seguridad efectiva, permitió que estos grupos ampliaran su control territorial y se fortalecieran aprovechando los espacios de diálogo.“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse”, señaló Goebertus.Catatumbo y Putumayo, epicentros del conflictoEl informe describe con especial preocupación la situación en Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han desatado una ola de violencia contra la población. Allí, HRW documentó casos de asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles acusados de colaborar con el grupo contrario.“La suplantación del Estado es total”, explicó la directora. “Vimos al Frente 33 estableciendo campos de castigo y al ELN imponiendo sus propias normas. Esto muestra el vacío de autoridad y el debilitamiento del deber estatal de protección”.En el Putumayo, las disidencias armadas habrían replicado un esquema similar, obligando a campesinos a trabajar en la construcción de vías bajo la amenaza de sanciones, una dinámica que según HRW “profundiza la pérdida del control institucional” y perpetúa el poder local de las estructuras ilegales.Deficiencias institucionales y omisiones del EstadoEl informe también llama la atención sobre la falta de capacidad judicial y las omisiones de las autoridades militares y civiles en la protección de los habitantes de las zonas afectadas.Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de miembros de la fuerza pública, advierte “un aumento en las omisiones en la protección de la población”.Goebertus señaló que el Estado tiene el deber de adoptar una política integral que combine seguridad y justicia. “La justicia debe concentrar sus esfuerzos en los eslabones más altos de las redes criminales, investigando delitos como lavado de activos, reclutamiento de menores y corrupción. Sin esa estrategia, es imposible desmantelar las estructuras que sostienen a los grupos armados”, afirmó.Un llamado urgente al gobierno colombianoLa representante de HRW concluyó que la prioridad para el Estado colombiano debe ser recuperar el control territorial y garantizar el acceso a la justicia en las regiones más golpeadas por la violencia. “No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó.
El Clan del Golfo suspenderá las negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, en rechazo a los acuerdos del presidente con Donald Trump para atacar a su líder.La organización responsable del mayor volumen de exportación de cocaína desde Colombia protestó luego de que los mandatarios priorizaron las acciones militares y de inteligencia contra su jefe Chiquito Malo, durante una reunión el martes en la Casa Blanca.Al margen de los diálogos de paz en Doha, Petro expresó a Trump la necesidad de atacar al líder del Clan del Golfo, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez."Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos" asumidos hasta el momento en Catar, aseguró en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones "provisionalmente" mientras sus miembros hacen consultas sobre el anuncio."El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", agregó.Cambio de rumboMiembros del gobierno confirmaron que la cuenta que publicó el mensaje pertenece a la organización de origen paramilitar, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.Esta nueva estrategia entre los dos países cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían afectado por los constantes enfrentamientos en redes entre Trump y Petro.Antes de reunirse con Trump, el presidente izquierdista de Colombia era presionado por su supuesta falta de mano dura contra las mafias, razón por la que Estados Unidos le impuso sanciones.El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Catar con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.Petro ha enfrentado fuertes críticas por su política de negociar la paz con los principales grupos armados del país, que se habrían fortalecido durante su mandato. En el caso del Clan del Golfo, el mismo gobierno reconoce que aumentó en número de miembros.VenezuelaAdemás de Chiquito Malo, Colombia apuntó frente a Trump contra 'Iván Mordisco', el líder de la principal disidencia de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y Pablito, un hombre fuerte de la guerrilla ELN que opera en la frontera con Venezuela."No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos", dijo el ministro Sánchez a Caracol Radio.Chiquito Malo asumió el liderazgo del Clan tras la captura en octubre de 2021 de Otoniel, extraditado a Estados Unidos. El segundo al mando del grupo, alias Gonzalito, murió el fin de semana ahogado tras sufrir un accidente en una embarcación cuando iba rumbo a una zona de paz pactada con el gobierno.En enero el comandante del ELN, Antonio García, dijo que estaba dispuesto a unirse con 'Iván Mordisco' para enfrentar a Washington.Sánchez añadió que Colombia y Estados Unidos invitarán a la Venezuela a unirse a su nueva ofensiva para combatir al narcotráfico.Esta ofensiva "significa interactuar con mayores capacidades en términos de inteligencia, pero aplicando la fuerza en cada territorio según la soberanía de las mismas naciones". La intención "es que Venezuela también se integre en esta línea", sostuvo Sánchez.El ministro precisó que en el caso de Colombia, Estados Unidos colaboraría en labores de inteligencia, pero "la aplicación de la fuerza se hará" por parte de las fuerzas del orden colombianas.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a la desinformación que se presenta durante las jornadas electorales, advirtiendo que esto polariza a la sociedad y perjudica a los adversarios políticos. Sin embargo, Ibáñez también señala que esto puede limitar la participación de los votantes y llevar a que se ponga en duda el resultado de las elecciones, lo que erosiona la democracia.“Por eso, las elecciones son periodos especialmente críticos desde el punto de vista informativo y el Estado, en consecuencia, tiene el deber de proteger de manera simultánea la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral”, dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez durante el Gran Foro Colombia 2026.Además, hizo un llamado a los partidos políticos, asegurando que tienen la responsabilidad de aceptar el ejercicio democrático y de respetar a la oposición; también le hizo un llamado al sector privado y a la ciudadanía en general.“La democracia constitucional requiere una participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia. No basta con votar, hay que saber votar, hay que saber deliberar, hay que saber escuchar, hay que saber exigir razones, hay que saber criticar sin destruir, hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Hay que saber defender las instituciones”, agregó Ibáñez.