El invierno dejó de ser una advertencia y pasó a convertirse en una emergencia de alcance departamental. Las autoridades del Tolima declararon alerta general ante el recrudecimiento de la temporada de lluvias, luego de confirmar que el 100 % del territorio presenta algún tipo de afectación , con deslizamientos, desbordamientos de ríos, vías colapsadas y comunidades en riesgo.La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas. Según el balance oficial, el departamento pasó de tener cerca del 80 % de sus municipios afectados a un escenario de impacto total, lo que obligó a activar un monitoreo permanente y medidas de respuesta inmediata.Actualmente, 22 municipios se encuentran en alerta naranja por amenaza de deslizamientos, mientras que nueve están en alerta roja , el nivel más alto de riesgo. Estos son: Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Purificación, Mariquita, Santa Isabel y Venadillo.Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que la declaratoria no es un trámite administrativo, sino una fase de reacción activa ante la magnitud de la emergencia.“Desde la Gobernación del Tolima estamos realizando un monitoreo permanente y una respuesta acorde a la actual temporada de lluvias. En las últimas horas, a través de nuestro centro de monitoreo y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, hemos atendido emergencias en varios municipios”, señaló la funcionaria en diálogo con Blu Radio.Mayorquín detalló que en Dolores se reportó una vivienda afectada en el casco urbano. En Villahermosa , un deslizamiento bloqueó la vía que conduce a la vereda Yarumal; y en Ataco , se presentó un hundimiento de terreno en la carretera hacia la vereda La Reforma.“Tenemos 22 municipios en alerta naranja y nueve en alerta roja por deslizamientos. En estos territorios el riesgo es alto y se requiere máxima precaución por parte de la comunidad”, recalcó.Las autoridades advirtieron que, de continuar las lluvias con la misma intensidad, no se descartan evacuaciones preventivas , especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a ríos y laderas inestables. El llamado a la ciudadanía es a evitar transitar por vías afectadas, no intentar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a la información oficial.La emergencia invernal también tuvo impacto en otros frentes abordados durante el consejo. En materia de salud pública , se reforzó el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla y se anunció una estrategia para aliviar la crisis en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Entre las medidas está la habilitación del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, como punto alterno, con el fin de evitar largas filas a la intemperie en medio de las lluvias.Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen en alistamiento permanente y el departamento continúa bajo vigilancia diaria, en un invierno que ya dejó de ser estacional para convertirse en una amenaza constante.
La Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Huila les hace seguimiento a los municipios aguas abajo del río Magdalena por aumento de su caudal a raíz de las fuertes lluvias que no cesan en la región y como consecuencia de la apertura de las compuertas de la represa de Betania por parte de la empresa Enel Colombia.Asimismo, en Neiva los organismos de socorro activaron un plan de contingencia desde la noche anterior, quienes han venido monitoreando el comportamiento del río Magdalena situación que podría afectar a las comunidades ribereñas tanto urbanas como rurales.Nancy Trujillo Monje, jefe de la oficina de gestión de riesgo de Neiva dijo que tras los comunicados notificados de manera oficial desde la empresa Enel Colombia, fue necesario activar la sala de crisis como medida preventiva para evitar afectaciones graves a las comunidades ribereñas.“Teniendo en cuenta la apertura de compuertas de la hidroeléctrica de Betania el río Magdalena va a tener un caudal de 975 metros cúbicos por segundo y es así que la oficina de gestión de riesgo del municipio toma medidas sobre lo informado por Enel hemos activado la sala de crisis para monitorear el comportamiento del río Magdalena y de las fuentes hídricas como el río Las Ceibas que abastece de agua al acueducto municipal” señaló Trujillo Monje.Recomendaciones a las comunidades ribereñas• Mantenerse informada a través de los canales oficiales de la alcaldía y los organismos de socorro.• Evitar acercarse a las orillas del río Magdalena y a zonas ribereñas, especialmente, durante periodos de lluvias intensas.• No realizar actividades recreativas, de pesca o navegación en el río mientras se mantiene la alerta.• Reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo, inundación o afectación a las autoridades competentes.Emergencias por lluvias en la vía Neiva – PitalitoEntre tanto, en los municipios de Hobo, Oporapa, Campoalegre, Gigante, Garzón y La Plata, también se registraron emergencias en sus áreas urbanas y rurales como consecuencia de las lluvias como caída de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.Asimismo, la concesionaria Ruta al Sur con maquinaria amarilla y los organismos de socorro continúan con la remoción de piedras y lodo de los derrumbes que se registraron en el sector de Los Altares entre los municipios de Hobo y Gigante sobre la Ruta 45 que comunica a Neiva con el sur del Huila.Es importante anotar, que desde la noche anterior las autoridades dieron paso a un carril donde se presentaron las emergencias, sin embargo, se recomienda conductores y transportadores respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad teniendo en cuenta la situación climatológica en la región.
La canciller Rosa Villavicencio está en Washington y desde allí, en conversación con Blu radio, reveló detalles de la reunión con el presidente de EE.UU Donald Trump y lo conversado en torno a Venezuela.Blu Radio: canciller, el balance de la reunión fue positivo, ¿pero, qué sigue ahora?Canciller: En esto como en una operación los más importante es el postoperatorio, ya que lograr el objetivo de que todo se encauce y vaya por buen camino. De todo lo que se habló lo más importante es que las sanciones a Venezuela no han producido ningún efecto positivo y han parado la economía en ese país. En este momento se trata de reactivar su economía para llevar bienestar a la población y aprovechar las oportunidades de hidrocarburos. Sobre esa necesidad de levantar sanciones se habló y yo le debo hacer el seguimiento dado que hay un acuerdo tácito de que no es beneficioso para el objetivo que se persigue.Blu radio: ¿Cómo se va a manejar la relación con Venezuela, hubo alguna instrucción?Vamos a hablar con Delcy Rodríguez y vamos a procurar un encuentro personal. Hay una conexión para gas que debe ser restablecida.Blu radio: ¿Colombia va a tener algún papel en una transición en el vecino país?Todo depende de los acuerdos que hagan internamente las diferentes fuerzas políticas. En este momento este tema no se ha planteado, hay estabilidad en el ejecutivo.Blu radio: ¿habrá una visita oficial de la presidenta encargada de ese país?En este momento no, pero está pendiente concretarla porque acepto la invitación del presidente.Blu radio: ¿Ve posible una visita de Trump a Colombia tras la invitación del presidente Petro?El presidente Trump no conoce América latina, creo que tiene muchas ideas de lo que le cuentan y él preguntó mucho por el tema de la violencia, le explicamos que fue crítico pero hoy en día se ha ido controlando. A la invitación del presidente se quedó pensando pero no ha dicho nada, ni que sí ni que no, esperamos que pueda venirBlu radio: ¿Qué va a pasar con su visa?Tengo que ir a Nueva York al consejo de seguridad, por ahora tengo la visa para un tiempo mucho más largo que nos permite terminar el periodo de gobierno y venir las veces que sea necesario. Después de eso no sabemos qué pasará.Blu radio: a propósito de Venezuela, ¿cuál es la propuesta sobre Ecopetrol y Monómeros?Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidadBlu radio: el presidente Petro ayer insistió en que no está de acuerdo con ninguna invasión, ¿Colombia insiste en que la captura de Nicolás Maduro fue un secuestro?Seguimos defendiendo la soberanía de los pueblos, el trato entre iguales y hechos como esos constituyen sobrepasar el DIH. Pero de eso no hablamos en la reunión, fue una mirada hacia adelante, ver cómo podemos activar el diálogo y restablecer las relaciones.
Con una inversión superior a los 64.000 millones de pesos con recursos de sistema general de regalías y del Ministerio de Educación Nacional, se inició el primer periodo académico del 2026 con la cobertura en un 90% del programa de alimentación escolar que beneficia a 100.000 estudiantes en las 1.440 sedes educativas del Huila.“Estos recursos iniciales garantiza un total de 111 días calendario escolar y permite a la entidad prestar el servicio hasta finales del mes de julio para este PAE convencional, que cubre las cinco subregiones del departamento”, dijo el secretario de educación Edgar Martín Lara.Explicó el secretario Lara que aún está pendiente la asignación de más recursos, por parte del ministerio, a través de la Unidad Especial de Alimentación Escolar UAPA para garantizar el programa durante todo el año lectivo 2026.“Estamos prestando la operación de este vital servicio sin ningún contratiempo en nuestras instituciones educativas oficiales, en las cinco sub regiones, la norte, sur, occidente, oriente y centro. Este importante programa tuvo el respaldo para la presente vigencia 2026, por la Asamblea del Huila que aprobó la disponibilidad de recursos para beneficiar a cerca de 100.000 estudiantes del área rural y urbana del territorio departamental” declaró el secretario.Puntualizó el funcionario que el programa PAE para la población escolar indígena del Huila está totalmente garantizado y para este primer periodo del presente año tuvo una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Huila y el Consejo Regional Indígena CRIHU.
En medio de la polémica por las listas del Pacto Histórico al Congreso, Mañanas Blu 10:30 retomó la conversación con el exregistrador delegado electoral Nicolás Farfán y con el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quienes expusieron posiciones opuestas sobre las demandas y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).Farfán explicó que presentó 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional, cada una con causales específicas.“Yo presenté en total 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional. Eso sí, cada una con una causal específica, de las cuales 8 de ellas versan sobre la violación del artículo 262 de la Constitución Política por haber superado el 15% del umbral”.Sobre su motivación, aseguró que no actúa por encargo político. “A mí no me está pagando nadie, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie. Yo estoy haciendo esto para que se cumpla la Constitución”.Según el exregistrador, el problema de fondo es que se pretende desconocer la Constitución dependiendo de la conveniencia política.“En Colombia no puede seguir echando camino que la Constitución y la ley está de adorno y que se acomoda según la conveniencia del operador político”.En cuanto a las decisiones del CNE, detalló que en San Andrés y Nariño los fallos fueron definitivos en su contra; en Caldas, la decisión inicial también fue negativa, pero interpuso recurso de reposición; mientras que en Valle del Cauca el fallo fue a su favor, aunque está pendiente de revisión.Farfán explicó que las decisiones varían según la causal analizada y defendió la postura del CNE cuando falla en contra del Pacto Histórico, al tiempo que criticó que se cuestione al organismo solo cuando las decisiones no son favorables.“Las instituciones y las autoridades que toman decisiones no pueden catalogarse como buenas o malas según como le fallan”.Sobre el caso de Bogotá, afirmó que guarda similitudes con el del Valle del Cauca y que, si el CNE mantiene la misma línea jurídica, la lista también debería ser revocada.“La Constitución en ningún lado señala que cuando uno tiene una fuerza electoral importante o mayoritaria, está facultado o autorizado para violar la Constitución”.Agregó que permitir ese tipo de situaciones sería más grave para la democracia. “Yo creo que es muy grave para la democracia colombiana que una fuerza política viole la Constitución (…) Claramente a mí me parece más grave permitirlo que no permitirlo”.Farfán también se refirió a la recusación presentada contra el magistrado Álvaro Echeverry y a la participación de Iván Cepeda en la consulta, señalando que el trámite no se ajustó a lo establecido en el reglamento del CNE.“Sorprendentemente el Consejo Nacional Electoral no le dio el trámite que establece el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral”.Por su parte, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó los argumentos del exregistrador y sostuvo que se trata de una acción política coordinada en contra de su colectividad.“Esto es el arte del engaño. Aquí no es un tema en derecho”. Ocampo aseguró que el CNE ha puesto obstáculos desde hace meses y cuestionó directamente a Farfán. “Esto viene armado desde adentro”.También afirmó que existe una intención de impedir que el Pacto Histórico participe con listas fuertes en departamentos como el Valle del Cauca. “Esto no es un tema político. El que presenta el fallo es el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático”.Frente a los escenarios jurídicos, Ocampo explicó que evalúan modificar las listas o presentar recursos, de acuerdo con lo permitido por la ley. “La 1475 dice que cuando hay revocatorias (…) tenemos hasta un mes antes de las elecciones para modificar la lista”.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa y factores de riesgo electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026. El estudio fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.Una de las principales alarmas que se encienden es la identificación de 170 municipios en los que coinciden factores indicativos de fraude electoral y violencia física. Este panorama representa un incremento del 29.77 % en comparación con los comicios nacionales de 2022, evidenciando lo que los expertos califican como un deterioro cualitativo de la integridad democrática en los territorios.También se presenta un aumento de municipios con riesgo extremo. Esta categoría, donde la amenaza es máxima, pasó de 49 municipios en el periodo anterior a 81 para las próximas elecciones, lo que supone un crecimiento del 65.31 %. Departamentos como Cauca (19 municipios) y Antioquia (18 municipios) se consolidan como los epicentros de este panorama negativo, seguidos por zonas críticas en Bolívar, Chocó y Nariño.Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca (Arauquita, Fortul, Saravena), Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano (33 municipios tienen riesgo extremo), Norte del Cauca, Suroriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.El riesgo identificado por la MOE no es unidimensional. Por un lado, las variables de fraude analizan atipicidades estadísticas como niveles inusuales de participación, votos nulos y el dominio electoral de ciertos grupos. En total, 383 municipios presentan riesgos para la Cámara de Representantes y 334 para el Senado, con repuntes significativos de anomalías en regiones como la Amazonía (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el Pacífico caucano.Por otro lado, la violencia condiciona la libertad del voto en 339 municipios. La injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades y la violencia contra liderazgos políticos y periodistas han creado escenarios de “gobernanza criminal”. Estas dinámicas se ven agravadas por la inestabilidad en las negociaciones de la Paz Total, que en algunos casos ha intensificado las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.La recomendación central es priorizar la presencia institucional y las Comisiones de Seguimiento Electoral en estos 170 territorios para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni manipulaciones estadísticas.
De acuerdo con el reporte del Ideam, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suan, sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas; mientras que en la estación Calamar, que se halla en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros.Las mediciones anteriores activan las alarmas, si se tiene en cuenta que los niveles del río en su paso por esta zona hacia el Canal del Dique tienden a ubicarse entre los 2 y 3 metros durante esta época, días en los que más bien suele preocupar la sequía por estos bajos niveles, tanto así, que en algunos puntos a duras penas la corriente alcanza el metro de altura.Uriel Ávila, líder de la zona, afirma que la situación de nuevo pone en riesgo de inundaciones a las comunidades de Atlántico y Bolívar, mientras el Gobierno sigue poniendo trabas a la inversión que se requiere para llevar a cabo el megaproyecto del Canal del Dique."¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Pues que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al Gobierno nacional su intervención, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del Gobierno, no vemos una voluntad de las autoridades público administrativas y queremos que inicien cuanto antes las obras de mitigación", expresó Ávila.Las comunidades advierten que por los altos niveles que se están dando, se podría dar un desbordamiento inminente del canal cuando se presenten las lluvias habituales, pues la zona no tiene dónde recibir más caudal para aliviar la presión del Magdalena.
El Gobierno iraní aprobó un decreto que autoriza la expedición de permisos de conducir motocicletas a mujeres, lo que pone fin a una prohibición que se remonta a la fundación de la República Islámica hace 47 años.El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, firmó el decreto que "ordena a la Policía de la República Islámica emitir permisos de conducir para mujeres", informó este miércoles la agencia ISNA.El decreto establece además que la Policía debe formar a las aspirantes a conductoras, así como llevar a cabo los exámenes para obtener el permiso.¿Por qué las mujeres no podían conducir moto? La aprobación de la medida se produce tras meses de debates en el país acerca de si se debía permitir a las mujeres conducir motos, algo que en realidad ya ocurriría con numerosas féminas haciendo uso de los vehículos de dos ruedas aunque en la práctica era ilegal.El motivo oficial era que el artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a "hombres" en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas y ello ha llevado a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora.Hace una semana, la vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció que esto cambiaría en los próximos días y explicó que las mujeres deberán atender cursos impartidos por instructoras féminas y "en caso de escasez de personal, por hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas".La aprobación de la medida se produce tras las protestas más violentas en la historia de la República Islámica, que comenzaron por motivos económicos a finales de diciembre pero pronto pasaron a pedir el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales han causado 3.117 muertos, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúa la cifra en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.En su informe anual emitido hoy, Human Rights Watch denunció que en la República Islámica las mujeres y las niñas continúan haciendo frente a una grave discriminación y violencia, debido a leyes que les niegan derechos iguales a los de los hombres, en el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, y las relegan a ser ciudadanas de segunda clase.
La investigación administrativa por la muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años que desapareció y fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, avanza, pues el abogado Julián Quintana, representante legal de la familia, confirmó que recibió recientemente un radicado de la Gobernación de Cundinamarca en el que se informa que desde noviembre pasado fue emitido un auto de formulación de cargos contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.De acuerdo con el apoderado, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor. “¿Por qué es importante? Porque es como una acusación. Y, precisamente, es por la negligencia en el cuidado. Nos enteramos hasta ahora, porque ayer nos llegó el oficio, pero es muy importante, porque es la primera acusación en un proceso, ahora disciplinario, frente al colegio”, explicó Quintana.El abogado señaló que esta actuación se suma a otras decisiones como la medida cautelar de la CAR. “Siempre ha mantenido ellos la tesis de que no ha pasado nada, que nunca les han llamado la atención, entonces ya son dos cosas: la medida cautelar de la CAR y ahora el pliego de cargos de la Gobernación. Dicen allí que en marzo ya tendrán decisiones”, precisó.En el radicado oficial, la Gobernación de Cundinamarca detalló el estado actual del proceso disciplinario contra la institución educativa. “A la fecha, nos permitimos informar, en lo que resulta hito procesal relevante, que desde el pasado 5 de noviembre fue emitido auto de cargos en contra de la institución, el cual fue notificado a la representante legal el día inmediatamente siguiente”, señala el documento.La comunicación agrega que el colegio, a través de su apoderado, ya presentó descargos y que el proceso se encuentra en la fase probatoria. “Nos encontramos en emisión de auto que decreta pruebas, las cuales son de tipo documental aportadas por el establecimiento educativo; de igual forma, se decretaron testimoniales, los cuales serán escuchados en audiencia, y se requirió allegar video de cámaras de seguridad del Colegio Gimnasio Campestre Laureles”, se lee en el oficio.Según la autoridad departamental, esta etapa probatoria se espera concluir el 23 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se abrirá el término para la presentación de alegatos de conclusión. “Agotadas las etapas mencionadas, se emitirá decisión de fondo, la cual podría habilitarse para el mes de marzo del año que avanza, entendiendo que pueden presentarse acciones que, conforme al ordenamiento jurídico, pudieren variar excepcionalmente tal contexto”, puntualiza el radicado.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo en Blu Radio que no habrá una extensión adicional del acuerdo con la empresa Thomas Greg & Sons y que, en consecuencia, el nuevo modelo de pasaportes entrará en operación el 1 de abril como estaba previsto desde hace meses. “No. El cronograma que hemos establecido desde el año pasado va marchando sobre los tiempos y tendremos el pasaporte nuevo y con garantías a partir de abril”, dijo.Esta declaración se da en medio de la preocupación que ha generado el nuevo modelo de pasaportes que deja por fuera del proceso a la compañía que llevaba más de una década a cargo.El Gobierno Petro firmó un convenio con la Imprenta Nacional y la casa de la moneda de Portugal para asumir la producción de estos documentos, que aseguran será mejor. Este esquema pretende que Colombia, a largo plazo, pueda fabricar sus propios documentos con tecnología y conocimiento adquirido del actor extranjero, pero en el proceso, para evitar el desabastecimiento de pasaportes se han dado múltiples prórrogas y declaratorias de urgencia manifiesta para mantener a Thomas Greg operando hasta marzo de 2026.Por su parte, la Contraloría ha advertido riesgos en el proceso, señalando que los retrasos, la falta de claridad en el cronograma y posibles problemas financieros podrían poner en entredicho la implementación oportuna del nuevo modelo.La ministra insistió en que, pese a esas preocupaciones, todo saldrá como está previsto por el Gobierno nacional.
En una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron un golpe contundente contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Este operativo marca un hito en la política de defensa actual, siendo el primer bombardeo directo contra este grupo guerrillero en los últimos cinco años y el primero durante el mandato del presidente Gustavo Petro.Inteligencia y planificación de precisiónLa operación, descrita por el general Hugo López, en Mañanas Blu, como fruto de una "inteligencia dominante", no fue un evento fortuito. El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, se combinaron labores de inteligencia técnica y humana, complementadas con la observación constante de aviones de reconocimiento especializados que permitieron fijar el blanco de manera exacta.A pesar de la coincidencia temporal con encuentros diplomáticos internacionales, el alto mando militar enfatizó que se trató de una operación planificada detalladamente y ejecutada el pasado 4 de febrero a la medianoche. La decisión final para la aplicación de la fuerza aérea sobre este objetivo estratégico fue autorizada directamente por el presidente de la República.Golpes a la estructura del Frente de Guerra NororientalEl objetivo primordial del ataque fue una estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes que delinquían en la vereda Arangalia. Como resultado del bombardeo y los combates posteriores en tierra, se confirmó la muerte de siete combatientes, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera. Además, se logró la captura de un sujeto conocido como alias 'Elías'.En el lugar, las tropas hallaron un arsenal significativo que incluía 15 fusiles, armas cortas, abundante munición y más de 200 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI para determinar su procedencia y especificaciones técnicas.Ante las preocupaciones sobre la presencia de menores de edad en el campamento, el general López aseguró que la operación se planeó bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario para evitar afectaciones a la población civil. Aunque se reconoce que el ELN realiza reclutamiento forzoso de menores, los dictámenes preliminares de Medicina Legal no han reportado menores de edad entre los fallecidos hasta el momento.Finalmente, las fuerzas militares confirmaron que, aunque este operativo no tenía como blanco a alias 'Pablito', máximo cabecilla del ELN, las labores de inteligencia para dar con su paradero continúan de manera intensa. Se sospecha que este cabecilla podría encontrarse en territorio venezolano, por lo que se mantienen desplegadas más de 12,000 tropas en la zona fronteriza del Catatumbo para asegurar la soberanía nacional.Escuche aquí la entrevista:
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Susto en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.