El presidente de Gustavo Petro, ya está en Washington D.C. para cumplir con su encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este evento marca un punto de inflexión tras un periodo de intensas fricciones diplomáticas que comenzaron el 26 de enero de 2025. Hoy, sin embargo, el tono entre ambos mandatarios ha cambiado, abriendo paso a una nueva etapa en la relación bilateral.El encuentro clave en el Despacho OvalLa reunión principal está programada para las 11:00 de la mañana en el Despacho Oval. Es la segunda vez que el mandatario colombiano es recibido en esta oficina por un presidente estadounidense, habiendo ocurrido la primera durante la administración de Joe Biden. Aunque la Casa Blanca ha definido el encuentro como un evento cerrado a la prensa, existe la expectativa de que Trump permita el ingreso de los medios en el último momento, siguiendo su costumbre habitual en este tipo de actos oficiales.En esta importante cita, se espera que el presidente Trump esté acompañado por figuras de alto nivel de su gabinete, incluyendo al Secretario de Estado, Marco Rubio, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y posiblemente el vicepresidente JD Vance.Narcotráfico y seguridad: los temas prioritarios en la mesaEl gobierno estadounidense ya ha adelantado que el narcotráfico será el punto central de la conversación. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y la principal fuente de esta droga hacia los Estados Unidos, una situación que Trump ha calificado como preocupante debido a las "cantidades tremendas" que salen del país sudamericano.Además de la lucha contra las drogas, la agenda contempla la discusión sobre acciones conjuntas contra organizaciones terroristas, específicamente el ELN y las disidencias de las Farc. Marco Rubio ha insistido previamente en que estos grupos son una amenaza para la estabilidad regional y ha denunciado su movilidad en territorio venezolano con el presunto apoyo de las autoridades de dicho país.Un giro en la diplomacia: de la crítica a la amabilidadEl cambio de actitud de Petro ha sido notado por la administración Trump. El mandatario estadounidense señaló que, aunque Petro fue muy crítico en el pasado, su postura se volvió más constructiva tras los recientes eventos en Venezuela. "Él ha sido muy amable durante el último mes o dos... espero verlo, vamos a tener una buena reunión", afirmó Trump recientemente.Conclusiones de la jornada y agenda legislativaPara cerrar el primer día de actividades, el presidente Petro tiene prevista una conferencia de prensa a las 3:30 de la tarde en la Embajada de Colombia, donde compartirá las conclusiones del encuentro con Trump.Sin embargo, la visita no termina allí. La agenda de Petro en Washington incluye reuniones clave en el Congreso de los Estados Unidos con senadores republicanos y demócratas. Entre los legisladores con los que se entrevistará se encuentran Rand Paul (quien facilitó el contacto inicial con Trump), Tommy Tuberville, Kevin Cramer, Peter Welch, Tim Kaine y el colombo-estadounidense Rubén Gallego. Esta ronda de reuniones busca fortalecer el respaldo bipartidista a los temas estratégicos de la relación entre Colombia y Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras un año de sonoros desencuentros en el que Washington ha acusado al mandatario suramericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.Estas son las claves de un cara a cara al que Petro llega en la recta final de su mandato pero que puede ser el más importante de su presidencia.¿Dónde y cuándo es la reunión?El encuentro será a las 11.00 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 16.00 GMT) en la Oficina Oval de la Casa Blanca y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada, aunque Trump suele permitir a última hora el acceso de la prensa.Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense.Le obsequiará a Trump una cesta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca.¿Cómo se deterioró la relación?La relación entre Petro y Trump ha sido tensa desde que el líder republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025.Días después de su investidura, amenazó a Colombia con una guerra arancelaria por la negativa de Petro a recibir vuelos de deportación de migrantes, al denunciar un "trato indigno". La crisis se resolvió el mismo día, pero dejó una herida abierta.En septiembre, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó su visa tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico", mientras que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.Petro condenó además los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, y Trump llegó a sugerir que el mandatario colombiano podría ser "el siguiente" objetivo después del operativo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero ambos acordaron verse en una sorpresiva llamada telefónica del 7 de enero, días después del arresto del líder chavista.¿Qué asuntos están sobre la mesa?Trump afirmó este martes que Petro "ha cambiado mucho su actitud" desde el derrocamiento de Maduro, y se mostró convencido de que tendrán una buena reunión.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, que acompaña a Petro en Washington, también se mostró este martes "muy positiva" sobre el cara a cara y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.Petro llega a la cita en la recta final de su mandato, ya que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 31 de mayo, pero la lista de temas a abordar es variada y compleja.Esos van desde la posible petición del mandatario para ser retirado de la Lista Clinton hasta asuntos migratorios y la eventual colaboración con Washington en sus planes para la transición en Venezuela, país que comparte más de 2.000 kilómetros de porosa frontera con Colombia.El asunto del narcotráfico, sin embargo, es central. "Será fundamental que Petro encuentre puntos en común con Trump en áreas de máxima prioridad para Estados Unidos", dijo a EFE Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.Petro llegará a la Casa Blanca con la intención de demostrar con datos que su política, que apuesta por la sustitución de cultivos en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico, ha sido exitosa.La Casa Blanca denuncia, sin embargo, que el área de cultivos de coca ha aumentado, con base en cifras de Naciones Unidas que, según el Gobierno colombiano, se elaboraron con una "metodología equivocada".Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas, declaró a EFE que Petro todavía tiene margen de maniobra para implementar cambios dado que ejercerá el cargo "durante gran parte de 2026", hasta que en agosto asuma un nuevo mandatario."El presidente Trump buscará compromisos concretos del presidente Petro para intensificar las acciones y frenar el creciente flujo de cocaína que sale de Colombia", pronosticó.
Con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 cada vez más cerca, uno de los pasos clave para los ciudadanos es verificar con tiempo dónde les corresponde votar. Aunque pueda parecer un trámite menor, consultar el puesto de votación evita contratiempos el día de las elecciones y facilita una participación tranquila y organizada.La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de administrar el censo electoral, ya tiene habilitados los canales oficiales para que los colombianos, dentro y fuera del país, puedan confirmar esta información con anticipación.¿Por qué es importante consultar el puesto de votación?Saber con exactitud el lugar asignado para votar permite planear mejor la jornada electoral y evitar desplazamientos innecesarios. No son pocos los casos de personas que llegan a un sitio equivocado por no haber verificado previamente su información.Al hacer la consulta, el ciudadano puede confirmar datos clave como:La localidad o municipio donde está inscrita su cédula.El nombre del puesto de votación.La dirección exacta del lugar.La mesa asignada para sufragar.Además, esta revisión previa ayuda a detectar errores o cambios en el registro y corregirlos antes del día de la votación. Para 2026, el calendario electoral contempla elecciones al Congreso el 8 de marzo, primera vuelta presidencial el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.¿Cómo hacer la consulta del puesto?La forma más rápida y sencilla es a través de la plataforma digital de la Registraduría. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Basta con ingresar al portal oficial del censo electoral y digitar el número de cédula, sin puntos ni comas.El sistema mostrará de inmediato el lugar de votación actual, con todos los datos necesarios. Este servicio está disponible tanto para quienes viven en Colombia como para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a las sedes de la Registraduría en todo el país, donde también se ofrece orientación sobre el estado del registro electoral.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí. La Registraduría permite actualizar el puesto de votación dentro de los plazos definidos en el calendario electoral. Este trámite está pensado para personas que cambiaron de ciudad o desean votar en un lugar diferente.El cambio se puede hacer en jornadas presenciales o a través de las plataformas habilitadas. Para los colombianos en el exterior, los consulados y embajadas funcionan como puntos autorizados para estos trámites.La recomendación de las autoridades es consultar con tiempo, guardar la información y llegar el día de la votación con la cédula original o digital. Prepararse con anticipación hace la diferencia y permite ejercer el derecho al voto sin afanes ni confusiones.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación y anunció el llamado a juicio contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.De acuerdo con la investigación, Garcés Carabalí habría ejercido un ciclo sostenido de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre los años 2011 y 2021. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas agresiones fueron reiteradas y persistentes, al punto de que la mujer decidió separarse. Sin embargo, la ruptura no habría significado el fin de los ataques, pues, conforme al expediente, las intimidaciones y presiones habrían continuado incluso después de terminada la relación.Uno de los ejes centrales del caso está relacionado con las actuaciones que el exdiplomático habría desplegado tras conocer que la mujer inició una nueva relación sentimental. Según la Fiscalía, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y a pruebas de dudosa procedencia para instaurar acciones legales ante una comisaría de familia y un juzgado de familia en Bogotá. El objetivo de estas actuaciones habría sido obtener la custodia de los hijos menores, bajo el argumento de que eran víctimas de maltrato por parte de su madre.Estas decisiones judiciales, basadas en los elementos presentados por el entonces embajador, derivaron en que la mujer no pudiera ver ni compartir con sus hijos durante un periodo prolongado, afectando de manera directa el ejercicio de sus derechos como madre. La Fiscalía sostiene que esta situación fue aprovechada por Garcés Carabalí, quien trasladó a los menores de edad a Ghana, donde se desempeñaba como embajador, y los mantuvo alejados de su madre.El proceso penal contra el exembajador no es el único frente abierto. Según la representación de las víctimas, a cargo del abogado Felipe Alzate, actualmente existen varias líneas de investigación en curso. Una de ellas se enfoca en la actuación de dos testigos que inicialmente declararon en el proceso y que posteriormente habrían cambiado su versión de los hechos. Este aspecto es objeto de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ante la posible comisión del delito de falso testimonio.De manera paralela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta actuaciones relacionadas con el rol del abogado Miguel Ángel del Río, quien ejerce la defensa de Garcés Carabalí. Estas actuaciones buscan establecer si, en el marco del proceso, se incurrió en faltas disciplinarias vinculadas al ejercicio profesional.
El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un contrato por más de 185.000 millones de pesos que tiene que ver con la elaboración de los pasaportes en Colombia.“Producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el objeto del contrato.Es importante recordar que el nuevo modelo de pasaportes debe entrar en vigencia el próximo 1 de abril y, por eso, desde algunos sectores se preguntan si el nuevo convenio entraría en operación, pues este podría abrir la puerta a una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons.“Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, dice la senadora Angélica Lozano.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro pidió hacer cambios en el modelo de expedición de pasaportes, argumentando que se pudieron haber presentado presuntos actos de corrupción con la empresa Thomas Greg & Sons, compañía encargada de la elaboración de los documentos.Aunque el contrato tiene una fecha final, el 31 de diciembre, no aclara la fecha de entrada en vigencia.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una “nómina paralela” mediante la firma de más de 101.400 contratos de prestación de servicios durante el mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, medida que restringe la contratación estatal en tiempos preelectorales. De acuerdo con Briceño, el monto total de estos contratos asciende a 6 billones de pesos, cifra que considera “la más alta en la historia del Estado colombiano”.En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal señaló que, según sus revisiones en el SECOP y los datos abiertos del Gobierno, la firma masiva de contratos “constituye un aumento del 74% en comparación con el último periodo de ley de garantías durante el gobierno Duque”. Briceño sostuvo que, mientras en ese entonces se firmaron contratos por 32 billones, el actual gobierno ya ha comprometido 61 billones de pesos.“Estamos hablando de una cifra récord. Son 101.400 contratistas nuevos en el Gobierno nacional, lo que confirma la existencia de una nómina paralela en un momento en que supuestamente hay crisis fiscal”, aseguró Briceño.Contratos en el límite de la Ley de GarantíasLas denuncias se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa con entidades públicas o la celebración de nuevos contratos en los cuatro meses previos a las elecciones. Según el concejal, la firma masiva de contratos busca asegurar apoyos políticos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026.“Es evidente que se está utilizando la figura de la prestación de servicios para ampliar la nómina estatal con fines políticos”, afirmó el cabildante. “Esto ocurre justo antes de la entrada de la Ley de Garantías, lo que enciende todas las alertas sobre un uso electoral de los recursos públicos”.Entre las entidades mencionadas por Briceño están Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de la Igualdad, donde —dijo— se han creado miles de cargos en planta o mediante contratos temporales.Denuncias específicas y posibles beneficiariosEl concejal apuntó directamente a altos funcionarios y estructuras políticas afines al Pacto Histórico, movimiento que encabeza el presidente Petro. Mencionó un crecimiento atípico de contratistas en la Agencia Nacional de Tierras, donde “la cifra pasó de 1.400 a casi 7.000 personas vinculadas”, lo que —según él— reflejaría “una agenda política orientada a favorecer candidaturas en regiones como el Meta”.Briceño también cuestionó la reasignación de cargos diplomáticos, como el nombramiento del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, en el consulado de Bruselas, Bélgica. “Este tipo de designaciones violan el espíritu de la carrera diplomática y refuerzan la sospecha de un uso discrecional del poder político”, puntualizó.En su intervención, el cabildante denunció además que “hijos de congresistas aliados al Gobierno” han obtenido contratos de prestación de servicios días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Como ejemplo, sostuvo que “el hijo del senador Ahmed Scaf firmó dos contratos con entidades distintas siendo recién graduado, lo que demuestra que estos recursos no son para fortalecer el Estado, sino para beneficiar a los políticamente cercanos”.Incoherencia con la reforma laboral del GobiernoBriceño también calificó como “contradictorio” que el Ejecutivo recurra de forma masiva a las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) mientras impulsa una reforma laboral que busca eliminar dicha figura por considerarla una forma de precarización.“Un gobierno que prometió terminar los contratos de prestación de servicios los está multiplicando. Esto va en contravía de su propio discurso y de la reforma laboral que propone formalización”, dijo el concejal.El cabildante aseguró que algunos cargos contratados “sí son necesarios”, como abogados o técnicos especializados, pero subrayó que otros perfiles, como periodistas digitales contratados por RTVC, “resultan difíciles de justificar en un contexto de crisis fiscal”.Contexto político y reacción pendiente del GobiernoHasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento formal frente a las denuncias. El presidente Petro ha sostenido en ocasiones anteriores que el aumento de contratación en el sector público responde a un proceso de “formalización laboral”, lo cual ha defendido como una medida para regularizar la situación de trabajadores estatales sin vínculo laboral estable.
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de EE.UU. y aguardan una vista judicial el 17 de marzo.Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, penal del que salieron brevemente el día 5 para asistir a su primera audiencia, de lectura de cargos, ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.¿Qué cargos se les imputan?Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.Sus acusaciones forman parte de un amplio caso presentado por la Justicia de EE.UU. en 2020 que argumenta que altos funcionarios venezolanos formaban el Cártel de los Soles, organización designada terrorista por EE.UU., que atribuía su liderazgo a Maduro.Tras su captura, la Fiscalía eliminó en su nueva imputación las alusiones al Cartel de los Soles como organización criminal estructurada, y ya no presenta a Maduro como su líder.¿Cuál es su estatus legal?Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela, que es "un prisionero de guerra" y que ha sido "secuestrado". Cilia Flores también declaró su inocencia.El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante. Flores está representada por otro letrado, que tampoco solicitó libertad bajo fianza.Pollack prometió presentar "numerosos" documentos para reivindicar que Maduro es "jefe de un Estado soberano", tiene "derecho a los privilegios" correspondientes y su "secuestro por parte de militares" fue ilegal.Maduro y Flores están reclusos en el penal de Brooklyn, desde donde han pedido atención médica, según documentos entregados al juez, y la fecha para la siguiente audiencia ante el juez es el 17 de marzo.¿Quién compone la defensa de Maduro?El principal defensor es Barry Pollack, un letrado de alto perfil del bufete Harris St. Laurent & Wechsler conocido por asistir a Julian Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, logrando su liberación.Otro abogado, Bruce Fein, mediático y especializado en constitucional, solicitó sumarse al caso pero Pollack le dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que ha sido apartado.Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.¿Quién es el juez?El magistrado que lleva el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y especialista en casos complejos y de alto perfil, con varios procesos de crimen organizado y transnacional en su currículo.Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, por lo que conoce el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.Ha dirigido otros procesos relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.¿Qué se sabe de su vida en la cárcel?El Departamento de Prisiones indicó que por "privacidad, seguridad y garantías" no habla sobre "las condiciones de confinamiento de ninguna persona", y los detalles que han trascendido son escasos.En el MDC de Brooklyn, denunciado por sus duras condiciones, hay reclusos de alto perfil, como el rapero P. Diddy, por delitos sexuales; Luigi Mangione, por asesinato a un ejecutivo, o Sam Bankman-Fried, por fraude con criptomonedas.Algunas personas han comentado en las redes sociales que han enviado cartas a Maduro para transmitirle el sufrimiento de sus familias o críticas políticas, y otras han grabado vídeos gritando consignas desde la calle donde está el penal.
Un total de 16 personas murieron este domingo en dos accidentes de tráfico en Turquía, nueve de ellos al volcar un autobús de largo recorrido en la provincia de Antalya en el sur del país, y otros siete al chocar dos turismos en la provincia vecina de Burdur.El autobús, con 34 pasajeros a bordo, volcó a las 10.20 hora local (7.20 GMT) tras tomar una curva en la vía de incorporación en un nudo de autopistas en la periferia norte de la ciudad mediterránea de Antalya, precipitándose por un terraplén.Ocho pasajeros fallecieron en el momento, mientras que el conductor murió poco más tarde en el hospital, informó el gobernador de la provincia de Antalya, Hulusu Sahin, en una comparecencia ante los medios, difundida en la cuenta X de su oficina. Además hay 22 heridos, siete de ellos en estado grave.Las primeras pesquisas apuntan a que el bus volcó al tomar con demasiada velocidad la curva, con un firme además mojado, señala la agencia turca Anadolu.El vehículo, propiedad de la empresa de transportes turca Buzlu, había salido la víspera de la ciudad de Tekirdag, en el extremo noroeste de Turquía, y había casi completado su trayecto de 850 kilómetros.Apenas 40 minutos más tarde, sobre las 11.00 hora local (8.00 GMT), dos turismos chocaron en la provincia vecina de Burdu, causando siete muertos y cinco heridos, informó la oficina del gobernador provincial.Este segundo accidente letal ocurrió en una carretera a apenas 60 kilómetros al norte del primero y ha elevado a 16 el número de víctimas mortales por accidente de tráfico en Turquía en una sola mañana.
La recopilación de videos a través de cámaras de seguridad, entre otras evidencias, fue suficiente para que investigadores de la Sijín identificaran y lograran la ubicación del hombre que, con arma de fuego, atacó a un patrullero de la Policía cuando se dirigía a atender un hecho de homicidio registrado el fin de semana anterior en un establecimiento público del corregimiento de Bruselas, en jurisdicción del municipio de Pitalito.Se trata de alias ‘Sombra’, quien, según versiones oficiales, desde una motocicleta, como parrillero, habría disparado un arma de fuego contra el uniformado, que permanece bajo observación médica y fuera de peligro en el hospital de Pitalito, en el sur del Huila.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía en el Huila, indicó que los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la patrulla se desplazaba a atender el homicidio de una persona que se presentó en el corregimiento de Bruselas, hecho que también es materia de investigación.Posteriormente al ataque contra el patrullero, de inmediato se desplegó un plan candado en todo el centro poblado y, según la Policía, los operativos constantes sirvieron como presión para que alias ‘Sombra’ se entregara de manera voluntaria en las últimas horas.“Ante la presión operativa y el cierre total del territorio, alias ‘Sombra’ no tuvo otra alternativa que presentarse ante las autoridades judiciales. La Policía agradece a la ciudadanía la información suministrada, la cual fue clave para la ubicación de este sujeto y su posterior judicialización”, aseguró el coronel Carlos Eduardo Téllez.Alias ‘Sombra’, quien resultó herido en un intercambio de disparos con la patrulla policial, recibe atención médica y, tan pronto sea dado de alta, será llevado a un centro de reclusión por orden de un juez de control de garantías.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
El presidente Gustavo Petro llevará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una ancheta con café de especialidad y chocolates de exportación. Estos productos son cultivados por 20.300 familias que participan en el programa de sustitución de cultivos en Argelia, Cauca, una zona con alta presencia de plantas de coca.El Gobierno nacional indicó que el objetivo de este regalo es mostrar a la Casa Blanca los resultados de la transición de cultivos ilícitos a economías legales. Los chocolates tienen la marca 'Peace Chocolates' y el café es denominado 'Café de la Sustitución'. También llevarán un poncho fabricado por campesinos del departamento de Nariño y canastos hechos por indígenas del Chocó con fibra de palma de Werregue.Otros regalos para el gabinete de TrumpAdemás del regalo para el presidente Trump, la delegación colombiana incluyó objetos para otros funcionarios del gobierno estadounidense: la primera dama Melania Trump, la portavoz Caroline Leavitt, Marco Rubio y JD Vance. Con esta entrega, el presidente Petro busca presentar los avances en sustitución de cultivos e interdicción, en un momento donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado los resultados de la estrategia de seguridad y la expansión de grupos ilegales en el país.La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.
La Concesión Línea Férrea Central anunció el avance en la ejecución del Proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná. El proyecto será el primer corredor estratégico para la reactivación del transporte férreo en el país, que conecta el interior de Colombia con la costa Caribe, el Magdalena Medio y departamentos como Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.Así comenzó la rehabilitación de los 522 kilómetros de vía férrea entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), una obra que tienes una inversión total de 3,4 billones de pesos. La iniciativa busca mejorar la conexión entre el centro productivo de Colombia y la región Caribe, facilitando el transporte de carga y avanzando hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible.“El 2026 es un año determinante para el proyecto, porque comenzamos a traducir el trabajo técnico y de preparación adelantado, en resultados visibles en los territorios. Este avance permitirá generar impactos concretos en conectividad y desarrollo regional, manteniendo una ejecución responsable y articulada con las comunidades y las autoridades”, señaló Germán de la Torre, gerente general de la Concesión Línea Férrea Central.Desde agosto de 2025, cuando se inició el proyecto, se han desarrollado actividades de preparación, como los estudios y diseños de la vía, la rehabilitación de cuatro puentes ferroviarios prioritarios y la planificación de un puente vehicular y peatonal en Río Sogamoso. Además, se diseñaron dos instituciones educativas en Cimitarra (Santander) y se han realizado gestiones ambientales, sociales y prediales en los 25 municipios del área de influencia, para garantizar que las obras se desarrollen.Mientras se prepara la infraestructura, la concesión ha asegurado la continuidad de la operación ferroviaria. Entre agosto y diciembre de 2025, se movilizaron aproximadamente 549.000 toneladas de carga, lo que permite mantener activo el transporte de mercancías y apoyar la logística del país sin interrupciones, incluso mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.En 2026, el proyecto entra en su fase más visible con la ejecución de obras prioritarias que impactan directamente a las comunidades. Entre ellas están la construcción de las instituciones educativas, la rehabilitación de los puentes de Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución que actualiza el marco normativo para la autorización, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en Colombia. La medida desarrolla el artículo 25 de la Ley 84 de 1989 y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para las instituciones públicas y privadas que adelantan actividades de experimentación, investigación, docencia o diagnóstico.Uno de los principales cambios es la obligatoriedad de contar con una autorización formal expedida por el Ministerio de Salud, previa evaluación técnico-científica del Instituto Nacional de Salud (INS). La autorización tendrá una vigencia de dos años y será requisito indispensable para continuar operando. Sin este trámite, los laboratorios no podrán desarrollar actividades que involucren animales de laboratorio.La resolución endurece los requisitos técnicos que deben cumplir las instituciones. Los laboratorios deberán acreditar infraestructura adecuada, bioterios habilitados, personal capacitado y atención médico-veterinaria permanente, además de planes de manejo para los animales en caso de cierre temporal o definitivo de las instalaciones.Otro de los ejes de la norma es el fortalecimiento de los comités de ética para el uso de animales de laboratorio. Las instituciones estarán obligadas a conformar o actualizar estos comités, que deberán evaluar y hacer seguimiento a los protocolos de investigación, garantizando que el uso de animales esté debidamente justificado y documentado.La resolución establece que el uso de animales solo será admisible cuando sea indispensable desde el punto de vista científico, cuando no existan métodos alternativos validados y cuando se apliquen los principios de reemplazo, reducción y refinamiento, conocidos como las “3R”. Esto obliga a los laboratorios a sustentar de manera expresa por qué recurren a modelos animales y qué medidas adoptan para minimizar su uso.En materia de control, se refuerza el papel del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que ejercerá acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos autorizados. En caso de incumplimientos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar animal, podrán adoptarse medidas sanitarias y cancelarse las autorizaciones otorgadas.La norma también ratifica la prohibición de la experimentación cosmética con animales, salvo las excepciones previstas en la Ley 2047 de 2020, y excluye este tipo de actividades del ámbito de autorización ordinaria, con el fin de evitar interpretaciones amplias.Finalmente, se establece un periodo de transición que incluye jornadas de socialización y plazos para que las instituciones ajusten sus procesos internos, adecuen los comités de ética y radiquen la solicitud de autorización. Una vez vencidos estos plazos, el uso de animales de laboratorio sin autorización podrá dar lugar a sanciones administrativas.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
El anuncio se hace luego de que se conociera que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) señalara que se realizarían acciones que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto El Dorado y demás aeropuertos de Colombia tras incumplimientos en acuerdos con el Gobierno.En diciembre del 2024 también se registró un escenario similar, que afectó por completo las operaciones en el aeropuerto El Dorado. Un caso que generó más de 65 retrasos y cancelaciones, afectando a 2.239 pasajeros, a causa de acciones de restricción para que los usuarios pudieran volar. Esto evidencia que cualquier interrupción en los servicios migratorios tiene consecuencias reales y significativas, según como lo menciona la aerolínea.Avianca señaló que se tendrían grandes impactos en el funcionamiento del sector aéreo, en el servicio al pasajero y la competitividad, ya que la eficiencia en los controles migratorios es esencial para garantizar la operatividad de los aeropuertos y la puntualidad de los vuelos, mientras que un control y servicio ágil representa el primer y último contacto del viajero con Colombia, asegurando una experiencia positiva para turistas y ciudadanos. Y por último, la fluidez en los aeropuertos internacionales es clave para mantener la posición de Colombia como principal destino turístico de Sudamérica y para así, atraer inversión extranjera.La aerolínea hizo un llamado urgente a las autoridades y sindicatos para garantizar que el servicio migratorio se mantenga de manera ininterrumpida, subrayando que la aviación solo funciona de forma eficiente cuando todos los actores de la cadena operan coordinadamente. Avianca aseguró que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con el sector para minimizar los impactos potenciales. Cualquier alteración en los procesos de migración no solo afecta a los pasajeros y aerolíneas, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de Colombia y la confianza de los turistas en el país.Asimismo, Wingo emitió una alerta frente al riesgo que se vive en las operaciones en los próximos días.
Las fuertes lluvias que se han registrado en el Huila han ocasionado emergencias en ocho municipios principalmente deslizamientos de tierra, vías rurales colapsadas, viviendas afectadas y crecientes súbitas del ríos y quebradas que han destruido cultivos de plátano y café.Asimismo, en el río Suaza dos operarios de maquinaria amarrilla que adelantaban trabajos de canalización quedaron atrapados en medio de una creciente súbita del afluente, quienes finalmente fueron rescatados sanos y salvos por unidades de la Defensa Civil.Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila, informó que los municipios de Timaná, Teruel, Tello, Algeciras, La Argentina, Pitalito, Campoalegre y Suaza, han reportado emergencias por cuenta de las intensas lluvias que se han presentando en las últimas horas en todo el departamento.“Las lluvias se nos han intensificado en estos últimos cinco días y de las precipitaciones que se han registrado desde la noche anterior han ocasionado emergencias en ocho municipios del Huila. Tenemos reportes de viviendas afectadas y vías rurales colapsadas en Tello, Algeciras, La Argentina, Timaná. Una de las emergencias a la que le hemos dado prioridad ha sido los derrumbes en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadasEl reciente informe entregado por la Oficina de Atención de Desastres en el Huila da cuenta de que hay afectaciones en infraestructura en tres instituciones educativas en los municipios de Neiva, Íquira y La Plata; entre tanto, en Teruel y Campoalegre, dos familias campesinas fueron evacuadas por averías en sus viviendas.Cabe mencionar, que, según el reporte de los organismos de socorro del departamento, en lo corrido del año 2026 hay un registro de 21 municipios que han presentado emergencias por deslizamientos de tierras, afectaciones en acueductos veredales, puentes vehiculares y viviendas averiadas; también crecientes súbitas, que han destruido cultivos de plátano.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026(01 de enero de 2026 a la fecha)● Total de emergencias registradas: 77● Municipios afectados: 21● Tipo de eventos:○ Deslizamientos: 48○ Crecientes súbitas: 12○ Inundaciones: 6○ Caída de árboles: 5○ Hundimientos: 1
Desde Washington, tras una reunión preparatoria para el encuentro bilateral Petro–Trump, el embajador Daniel García-Peña reconoció que la reunión es impredecible, pero aseguró que las garantías brindadas al mandatario colombiano para llegar a Estados Unidos son una buena señal.“Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte. Aquí no está en juego una reunión entre un presidente, sino un momento fundamental para el país, una reunión de estas no se sabe qué puede pasar, pero las garantías que el gobierno Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras”, dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó la extradición de Pipe Tulua para mañana. “El presidente de la República dio una orden clara: el criminal Pipe Tulua debe llegar lo más rápido posible, extraditado de Colombia a EE. UU.”La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo, de máxima importancia para nuestro país”, afirmó.La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. La visita incluirá reuniones con congresistas, estudiantes, empresarios y connacionales.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
Los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el Consejo Nacional electoral (CNE) son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). El conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres). Los conjueces fueron elegidos por sorteo con la presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación.Vale recordar que el CNE es la entidad encargada de determinar si Iván Cepeda, Roy Barrera y Camilo Romero cumplen o no los requisitos para participar de la consulta con la que la izquierda espera elegir el 8 de marzo un candidato único para la primera vuelta presidencial .Los tres candidatos inscribieron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero la semana pasada su coalición denominada 'Frente por la Vida' ante la Registraduría, conformada por el Pacto Histórico, Partido La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.Sin embargo, en su resolución, la entidad electoral rechazó la postulación de Quintero porque ya "participó en una consulta en la que fue derrotado", haciendo referencia al hecho de que el exalcalde, aunque declinó su participación días antes de la elección, apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que ya ganó Cepeda el 29 de octubre pasado.En octubre pasado, el senador izquierdista se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, a la exminsitra de Salud Carolina Corcho.La consulta de la izquierda del 8 de marzo, denominada 'Frente por la Vida', coincidirá con otra similar convocada por sectores de la derecha y con las elecciones legislativas donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio.
En la mañana de este lunes, varios movimientos al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) modificaron lo que parecía un panorama desfavorable para el futuro del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la llamada Consulta del Frente por la Vida.Aunque inicialmente se tenía previsto que la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico (Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez), que avala la participación del senador en la consulta, sería derrotada con seis votos contra tres, al final no se alcanzó la mayoría reglamentaria para adoptar la decisión, y esta debió ser aplazada.Al final, frente a la ponencia, cinco magistrados salvaron el voto (Cristian Quiroz, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Alfonso Campo), tres magistrados avalaron la ponencia (Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry), y un magistrado (Altus Baquero) aclaró el voto, es decir, vota a favor de la ponencia pero con reparos.Ante este hecho, se designaron dos conjueces principales y un suplente para que estudien la ponencia y emitan su voto hasta alcanzar los seis necesarios y así poder adoptar cualquier decisión.Se espera que esta votación se realice a más tardar el próximo miércoles, ya que la fecha límite para dejar en firme la inscripción de las consultas, hacer el sorteo de las posiciones en el tarjetón y autorizar su impresión es el viernes 6 de febrero.