Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
Información de inteligencia de las Fuerzas Militares advierte que estructuras guerrilleras estarían reforzándose en el Catatumbo para quedarse con el control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela. Esta situación podría aumentar los enfrentamientos con disidencias de las Farc y ataques contra la fuerza pública.El caso fue dado a conocer por el alto consejero de paz, Luis Fernando Niño.“La Fuerza Pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente, por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander. En este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela, y ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”, explicó.El funcionario indicó que, desde los espacios de diálogo, se busca evitar una escalada violenta en la región.“Lo que estamos tratando de evitar desde las mesas que aún quedan en diálogo, en el caso de la estructura del Frente 33 de las Farc, y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio y que, en vez de reforzarse, lo que estemos es planteando la posibilidad de no atacar a la población civil, de disminuir las acciones de ataque y por supuesto de poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto. Se acaba de decir algo muy importante, población civil”, agregó.Las alertas se concentran en municipios como El Carmen, Tibú y El Tarra, donde estarían llegando integrantes de estos grupos armados y donde ya se registran hechos violentos. Las autoridades mantienen operativos para contener la situación y proteger a la población civil.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado la designación del abogado y académico Jorge Iván Cuervo como el nuevo ministro de Justicia, poniendo fin a cuatro meses de interinidad en la cartera. Cuervo se convierte así en el quinto ministro en ocupar este cargo en menos de cuatro años de administración. Un perfil académico para una cartera en "turbulenciaA pesar de la alta rotación en el ministerio, que ha pasado por las manos de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre (en calidad de asesor de agenda) y Andrés Idárraga (encargado), el nuevo ministro asegura que existe una continuidad institucional mayor a la esperada. Cuervo, abogado de la Universidad Externado con más de 20 años de experiencia en el estudio de políticas públicas de justicia, llega con la premisa de ser un "articulador" técnico más que una figura política."Mi nombramiento es del presidente. No le debo mi nombramiento a ningún político ni a ninguna persona dentro del gobierno", enfatizó Cuervo, quien se define como un hombre de ideas liberales y progresistas. Ante los rumores de divisiones internas en la Casa de Nariño, el funcionario fue claro en señalar que no llega a tomar partido por ningún bando, sino a trabajar para que el sector justicia culmine con éxito el periodo presidencial."Yo llego con una agenda, puede sonar a cliché, una agenda técnica, es decir, una agenda de alguien que es un académico que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años", dijo el nuevo ministro de Justicia. Con solo seis meses por delante, la hoja de ruta de Cuervo se centra en dar cierre a procesos iniciados por sus antecesores. Sus prioridades incluyen: plan nacional de política criminal, plan decenal de justicia (2028-2038, descongestión judicial, extradiciones y política carcelaria.En materia de seguridad y relaciones internacionales, el ministro confirmó que la línea de extradición no ha cambiado. Según cifras citadas por el funcionario, este gobierno ha concretado más de 814 extradiciones."La línea de política no ha cambiado. Las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado", dijo. Finalmente, respecto a la crisis carcelaria, Cuervo se mostró abierto a explorar alianzas público-privadas (APP) para la administración de centros de reclusión, especialmente para perfiles de baja peligrosidad o mujeres cabeza de familia, diferenciando este modelo de una "privatización radical". "Hay que perderle el miedo a esos escenarios que podrían ser eficientes y garantistas de los derechos", concluyó.Escuche la entrevista:
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de febrero de 2026:Hostigan estación de Policía en Cajibío, Cauca, en medio de alteraciones de orden público.Hallan restos humanos en el centro de Cali; investigan posible vínculo con guerra narco en México.El Carmen, Norte de Santander, completa tres días bajo ataque del ELN.Alertan riesgo de reclutamiento forzado del ELN en El Carmen, Norte de SantanderEstados Unidos sigue la pista a responsables del ataque que dejó 13 policías muertos y derribó un Black Hawk.DEA y autoridades colombianas asestan golpe a disidiencias de 'Calarcá' y destruyen laboratorio de cocaína.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 11 de febrero de 2026:Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, habló de la petición del partido de detener la impresión de material electoral mientras se resuelve la tutela contra el Pacto Histórico.Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió acerca del aumento de los apagones en Cuba. Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, comentó sobre el impuesto a compras por internet que venía dentro de la suspendida emergencia económica.Daniel Rojas, ministro de Educación, habló de las medidas preventivas y administrativas que adoptó esta cartera contra la Fundación de Educación Superior San José.Escuche el programa completo aquí:
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme el juicio contra Miguel Polo Polo por presunta injuria, asimismo, negó varias de las pruebas solicitadas por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por presuntas afirmaciones injuriosas contra Gustavo Bolívar relacionadas con los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos.Polo Polo es investigado por publicaciones realizadas en redes sociales en las que vinculó al hoy funcionario Gustavo Bolívar con la muerte de ambos jóvenes, hechos ocurridos en 2021."Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho. Una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó. Por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, dijo Polo Polo en X.El alto tribunal resolvió las solicitudes probatorias presentadas por el abogado y descartó, por falta de pertinencia, varios testimonios y documentos que pretendían ser incorporados al expediente.Uno de los elementos negados fue la incorporación de un video publicado por la un medio de comunicación en la red social X, en el que se hacía una supuesta trazabilidad del “matoneo cibernético” que habría sufrido Felipe Pasos antes de su muerte.Según la Corte, la defensa no logró demostrar cómo ese material tendría relación directa con los hechos investigados.“No se logra determinar cómo la existencia de un ‘matoneo cibernético’ contra Felipe Pasos tiene relación con el suicidio de Diego Díaz, sin que el interesado haya propuesto algún otro argumento de pertinencia”, se lee en el falloNo obstante, la Sala sí aceptó repetir el testimonio de Bruno Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, quien ya había declarado en la etapa de instrucción. La defensa argumentó que cuenta con nuevos artículos de prensa en los que Díaz habría responsabilizado públicamente a Gustavo Bolívar por la muerte de su hijo.La Corte Suprema de Justicia consideró pertinente esa prueba, pero la limitó estrictamente al contenido de dichos artículos periodísticos y estableció que solo podrán utilizarse máximo seis publicaciones durante el interrogatorio.
Sigue siendo crítica la situación de orden público en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, por los múltiples hechos de inseguridad que se presentan a diario sobre el corredor que conecta a estas dos ciudades del suroccidente del país. El más reciente hecho ocurrió con el alcalde de Morales, Óscar Guachenta, y el secretario de Gobierno de ese municipio, quienes fueron secuestrados por hombres armados en La María, en Piendamó, y luego rescatados en Siberia, en el municipio de Caldono.Estos hechos han sido cuestionados por los diferentes gremios empresariales, quienes exigen, una vez más, que se refuerce la seguridad de la vía Panamericana, así lo manifestó Julio Torres, director del Comité Intergremial y Empresarial del Cauca."Desde el sector productivo advertimos y reiteramos que se requieren medidas contundentes, sostenidas y coordinadas. El fortalecimiento que debe prestar el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, es clave, pues el comercio regional y municipal se ha venido afectando con estos hechos", dijo Torres.A este llamado se suma el gremio de los transportadores, quienes también se han visto perjudicados por los casos de hurto a los vehículos, los atracos, los atentados terroristas y varios casos de extorsión, entre otros delitos que cometen los delincuentes a lo largo del corredor de la vía Panamericana."Hay personas en moto que han ido a atracar a los carros, personas han perdido la vida por quitarles la moto. Entonces, realmente estamos desprotegidos en la vía Panamericana. Necesitamos que el Ejército haga más presencia; que la misma Policía haga presencia. Nosotros estamos solos", señaló Fernando García, representante del gremio Intermunicipal de Transportadores del Cauca.Horas antes del secuestro del alcalde de Morales, en la vía Panamericana, en otro punto del Cauca, también fue secuestrada la senadora Aída Quilcué. Por ello, el gobernador de ese departamento, Octavio Guzmán, en su cuenta de X, le solicitó nuevamente al Gobierno Nacional reforzar la seguridad en el corredor entre Cauca y Valle del Cauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.
En un encendido discurso en Ibagué, el precandidato presidencial y exministro Juan Carlos Pinzón lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, utilizando un tono irónico y un lenguaje que generó inmediata controversia en el escenario político nacional.Durante su intervención pública, Pinzón se refirió al mandatario como un “H* honorable presidente”, una expresión que repitió varias veces para cuestionar lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas públicas.“El honorable presidente es todo un h*, como dicen por ahí. Es un honorable presidente, honorable presidente. Yo por eso reitero lo que estoy diciendo, pero la verdad es que vive metiendo la mano al bolsillo de los colombianos”, afirmó el exministro ante los asistentes.Pinzón centró sus críticas en el incremento de la contratación estatal y el gasto público durante el actual Gobierno. Aseguró que, según cifras de la Contraloría, en enero se firmaron contratos por 14 billones de pesos que, en su opinión, tendrían fines políticos y no responderían a las necesidades del país.“Firmó en el mes de enero 14 billones de pesos, cuenta la Contraloría, para hacer política, no para ayudar a Colombia. Y cuando se presenta una tragedia como esa, entonces no tiene con qué, solo rabia y solo cuentos”, señaló.El precandidato también cuestionó la capacidad administrativa del Ejecutivo y advirtió sobre lo que considera improvisación en el manejo del Estado. “El país no puede seguir manejado de esta manera. Esto es manejar las finanzas públicas a las patadas, a través de la ignorancia”, expresó.En otro aparte de su discurso, lanzó una crítica más amplia al panorama electoral y a quienes aspiran a dirigir el país. "Me aterra que aún hoy haya candidatos que en su vida han manejado siquiera la cuenta corriente de su casa y van a querer manejar el país. Olvídenlo, el país no se puede dar el lujo de improvisar”, afirmó.Finalmente, cuestionó la declaratoria de una eventual emergencia económica y sugirió que podría obedecer más a problemas de gestión que a soluciones estructurales. “Me duele mucho que se inventen una emergencia económica de último momento. La pregunta es si realmente responde a unas soluciones o al desgreño administrativo y gerencial que hemos tenido en estos años”, concluyó.Las declaraciones de Pinzón provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, tanto por el tono utilizado como por el trasfondo del debate sobre el gasto público, la contratación estatal y la conducción económica del país en medio de un clima preelectoral cada vez más polarizado.
La Registraduría anunció la activación de un plan de contingencia electoral para Córdoba de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Desde la entidad explicaron que, pese a la emergencia por el invierno, se va a garantizar la instalación de 595 puestos y 4.320 mesas de votación en el departamento.“Primero, debemos solidarizarnos con todas las personas de Córdoba y Sucre, quienes atraviesan una situación muy difícil por la situación climática. En segundo lugar, para el caso de Córdoba, nosotros ya contamos con un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el registrador Hernán Penagos.En el mismo sentido, la entidad adelanta un plan gratuito para entregar documentos de identidad a los damnificados y que de esta manera no sean vulnerados sus derechos políticos, ya que el documento es indispensable para poder ejercer el derecho al voto.“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, agregó Penagos.
En un operativo las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una fábrica de falsificación de moneda que operaba en una vivienda del departamento de Boyacá. La acción dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares en billetes falsos y la captura en flagrancia de un hombre señalado de operar el centro de producción.La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió ubicar el inmueble donde se imprimían billetes de 50 y 20 dólares destinados al mercado ilegal. El allanamiento fue ejecutado por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, la Policía y el Gaula Militar del Ejército.Durante el procedimiento fueron hallados exactamente 1.123.600 dólares falsificados, cuyo valor en el mercado negro superaría los 4.272 millones de pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero estaba listo para ser distribuido.En el lugar también se incautó maquinaria especializada utilizada para la fabricación del papel moneda, entre ella impresoras de alta tecnología, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar las características de seguridad del dólar estadounidense.Una fuente vinculada a la investigación señaló “esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y será procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de la red de distribución y no descartan que esta estructura tenga vínculos con organizaciones de crimen organizado transnacional.
A 24 días de los comicios en los que los colombianos y colombianas elegirán a los próximos congresistas y participarán en las consultas interpartidistas para escoger a tres aspirantes presidenciales para la primera vuelta del 31 de mayo, no se conoce el documento público y oficial de la Fiscalía General de la Nación con la estrategia para prevenir, intervenir y judicializar la realización de delitos electorales y combatir la criminalidad electoral en el país.La historia es así: la ley 1864 de 2017, que establece las disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática, señala en un parágrafo de su artículo 17 que, cuatro meses antes de las elecciones, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deben presentar ante la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral.Este documento público contiene la estrategia integral y coordinada entre estas dos autoridades para proteger los certámenes electorales y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura.Este instrumento permite a las autoridades prevenir, investigar y judicializar los 16 delitos electorales tipificados en la ley (tales como el constreñimiento y fraude al sufragante, tráfico de votos, financiación con fuentes prohibidas, violación de topes, entre otros), utilizando herramientas como mapas de riesgo para identificar y priorizar las zonas del país más vulnerables a la corrupción, el fraude o la violencia.El mapa de riesgo tiene en cuenta factores de fraude o violencia en los municipios y puestos de votación, tales como amenazas de corrupción, atipicidad en las inscripciones de cédulas, presencia de actores armados ilegales, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra dirigentes políticos, fraude electoral y denuncias en la plataforma URIEL.Incluso en los documentos establecidos para los comicios anteriores (elecciones nacionales 2022 y elecciones regionales 2023), se estableció el número de fiscales, agentes del CTI, asistentes de fiscales, y funcionarios disponibles para la jornada electoral; se determinó la coordinación interna entre seccionales de la Fiscalía, la dirección anticorrupción, la de seguridad ciudadana y el CTI; se establecía el plan de capacitación, campañas de prevención del delito; y hasta los canales de atención permanente como la línea 112 y la plataforma URIEL. Su propósito fundamental es fortalecer la transparencia de los comicios y la confianza en la democracia, asegurando una reacción inmediata ante cualquier irregularidad antes, durante y después de la jornada de votación.Sin embargo, según pudo establecer BLU Radio, a la fecha no se conoce el documento estratégico de la cabeza de la política criminal, tanto para las elecciones del 8 de marzo, como para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta previstas para el 31 de mayo y el 21 de junio de 2026.A diferencia de la Fiscalía, el pasado 5 de diciembre, la Policía Nacional presentó su estrategia basada en ocho componentes que abarcan inteligencia, ciberdefensa, protección a candidatos y logística electoral. El plan incluye herramientas como el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), que mediante 36 variables construye el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral para priorizar 1.122 territorios; el equipo ECODE para judicializar delitos en coordinación con la Fiscalía; el Centro Cibernético Policial con monitoreo 24/7 contra la desinformación; redes de apoyo ciudadano con más de 416.000 integrantes y el “Plan Diamante” para la seguridad de aspirantes, todo supervisado a través del sistema SIPDE con mapas GIS que permiten seguimiento y reacción en tiempo real.BLU Radio consultó con el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, así como la directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, fuentes al interior de la entidad aseguran que el plan ya fue socializado por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el Registrador Nacional, Hernán Penagos; y se están trabajando en mesas con las diferentes entidades e instituciones, para articular las acciones de prevención de delitos electorales; sin embargo el tiempo apremia.Cabe resaltar que este instrumento es indispensable para que las entidades del orden nacional puedan articularse con el ente acusador con el fin de dar respuestas efectivas contra la criminalidad; pero también el mapa de riesgos electorales se hace indispensable para tener certeza de la información junto con los mapas presentados por la MOE, la Policía y otras autoridades.
Las autoridades encendieron las alertas frente a una modalidad de falsificación que combina conocimientos técnicos y procesos químicos para transformar billetes extranjeros devaluados en dólares falsos.De acuerdo con información conocida en medio de una investigación, las redes criminales estarían adquiriendo grandes cantidades de moneda extranjera de bajo valor en el mercado internacional. El objetivo no es ponerla en circulación, sino utilizar el papel moneda original como base para la falsificación.Según explica el mayor Cristian Guevara, jefe del grupo contra la falsificación de moneda de la Dijin de la Policía, los delincuentes someten esos billetes a un proceso químico que elimina las tintas y elementos gráficos originales, dejando el papel prácticamente en blanco, pero conservando sus características físicas, como textura y composición de fibras.En algunos casos, incluso, se ha detectado la participación de personas con conocimientos en química, incluidos estudiantes, quienes aplican procedimientos técnicos específicos para lograr el “lavado” del billete sin deteriorar el material base.“Ellos adquieren monedas devaluadas de otros países en grandes cantidades. Lo que hacen es, mediante un proceso químico, inclusive hay personas con conocimientos de química, algunos estudiantes, donde utilizan un proceso ya establecido para ello, lavan la moneda extranjera, el billete extranjero, adquieren el papel moneda y sobre este imprimen las diferentes denominaciones de dólares”, dijo el mayor.Una vez obtenido el papel limpio, los falsificadores imprimen sobre este las diferentes denominaciones del dólar estadounidense. Posteriormente, ajustan el tamaño del billete utilizando cortadoras industriales, ya que las dimensiones del papel extranjero pueden variar frente a las medidas oficiales del dólar. El corte se realiza con precisión para que coincida exactamente con la denominación que desean replicar.Las autoridades continúan investigando el alcance de esta modalidad, que representa un reto adicional en la lucha contra la falsificación de moneda, debido a que el papel utilizado no es convencional, sino que proviene de billetes auténticos emitidos por otros países.
El Ministerio de Minas y Energía rechazó la medida arancelaria del 30 % que fue impuesta por el Gobierno ecuatoriano para todos los productos exportados desde Colombia, tachando la medida como unilateral, que afecta la integración regional y la relación comercial entre ambos países.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Además, añadió que, aun cuando Colombia enfrentaba una de las épocas más críticas de sequía de toda la historia por efectos del cambio climático, se garantizó tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de los compromisos internacionales.El ministro recordó que, ante el riesgo de bajos niveles en los embalses de Mazar y Coca Codo Sinclair, el Gobierno colombiano había expedido recientemente una resolución para permitir la participación de iniciativas privadas en la venta de energía entre varios países, con el fin de ampliar la cooperación binacional y evitar déficits, pero ahora el ministro ordenó desmontar esta medida.La inseguridad también fue un punto de partida. El ministro hizo referencia a los impactos de la inseguridad que ha tenido Colombia en el suroccidente del país, específicamente en la infraestructura energética. En diciembre pasado, un atentado contra redes eléctricas en el suroccidente del país afectó temporalmente la capacidad de exportación; sin embargo, una acción coordinada entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red y el operador del sistema permitió reconfigurar los circuitos y mantener los volúmenes de energía que Ecuador requería.De acuerdo con cifras oficiales, la demanda diaria de energía eléctrica en Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios hora. Aun después del atentado, Colombia ha mantenido exportaciones cercanas a los 8 gigavatios hora diarios, lo que equivale a entre el 8 % y el 10 % del consumo total del país vecino, gracias a la fortaleza de su infraestructura eléctrica y a los acuerdos vigentes de la Comunidad Andina de Naciones.Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró el llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas que permitan preservar la cooperación energética y comercial entre Colombia y Ecuador.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.Los cargos del Estado que más ganan en ColombiaDe acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:Cargo: Subsecretario general del Senado.Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.Sueldo: 94.700.000 COP.Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.Sueldo: 91.000.000 COP.Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.Sueldo: 59.000.000 COP.Cargo: Secretario general del Senado.Sueldo: 53.600.000 COP.Cargo: Secretario general de la Cámara.Sueldo: 53.600.000 COP.Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.
El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor a partir del primero de febrero y que fue presentada por el mandatario ecuatoriano como una “tasa de seguridad”.El mensaje del Gobierno colombiano puso el foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad. Según el Ministerio de Defensa, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército del Ecuador permitió la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.La acción se logró, según Colombia, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señaló el Ministerio, evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana y representó una afectación económica superior a los 13 millones de dólares para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.En su pronunciamiento, la cartera de Defensa aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger a las comunidades que habitan en estas regiones.El mensaje contrasta con las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien horas antes había anunciado la decisión de imponer el nuevo arancel a productos colombianos. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que Ecuador ha hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”, pese a registrar, según dijo, un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales.Noboa aseguró que, mientras su Gobierno ha insistido en el diálogo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentando en la frontera a grupos criminales ligados al narcotráfico “sin cooperación alguna”. Bajo ese argumento, justificó la aplicación de la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas.El presidente ecuatoriano advirtió que la medida se mantendrá vigente hasta que, en su criterio, exista un compromiso “real” y acciones firmes para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con el mismo nivel de decisión que hoy asume Ecuador.En complemento a ese panorama, las Fuerzas Militares reportaron que, en los últimos años, han sostenido una ofensiva permanente en la frontera con Ecuador, con operaciones orientadas a debilitar de manera directa a los grupos armados organizados y a las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe. De acuerdo con los resultados, estas acciones han impactado a estructuras del ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, con una afectación acumulada de más de 1.200 integrantes, además de 2.899 capturas y 255 personas sometidas a la justicia.En el mismo periodo, las operaciones permitieron la recuperación de 136 menores de edad y la incautación de más de 2.000 armas y cerca de 15.000 artefactos explosivos.En el frente del narcotráfico, las FF. MM. señalaron que los golpes han sido continuos y de alto impacto, con la incautación de más de 209 toneladas de cocaína, la destrucción de más de 5.500 laboratorios para el procesamiento de droga y la erradicación de más de 28 millones de matas de coca en zonas de frontera.A estos resultados se suma la neutralización de semisumergibles, embarcaciones, vehículos e insumos utilizados por las redes criminales, así como 196 combates registrados, la ubicación de 2.011 depósitos ilegales y la neutralización de 988 artefactos explosivos, cifras con las que Colombia busca respaldar su postura frente a los señalamientos de falta de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.
El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un posible hackeo de su teléfono celular y lo que calificó como un “entrampamiento” promovido por actores políticos para desprestigiar su gestión en la Contraloría. Según confirmó, el ente investigador ya ordenó verificar las denuncias y avanzar en las indagaciones correspondientes y aseguró que entregó información detallada y nombres de personas que, presuntamente, estarían detrás de los hechos.“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos, mujeres del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabana Larga”, dijo el Vicecontralor.De acuerdo con su versión, existiría una estrategia orientada a fabricar señalamientos en su contra. “Hemos puesto en conocimiento las informaciones que hemos recibido relacionadas con la búsqueda de testigos falsos para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso, corrupción y hechos que van a ser replicados por bodegas y por robos este fin de semana y el siguiente”, afirmó.Zuluaga indicó que la Fiscalía ya tiene conocimiento detallado de los hechos y confía en que estas investigaciones se desarrollen lo más pronto posible. El caso queda ahora en manos del ente acusador, que deberá establecer si existió un intento de acceso ilegal a dispositivos del alto funcionario y si hay evidencia de un plan para afectar su imagen mediante denuncias falsas.
A nueve meses del secuestro de dos agentes del CTI y dos miembros de la Dijín en poder del ELN, sus familias aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte del Gobierno nacional ni de la Fiscalía frente a una eventual gestión para lograr su liberación.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, uno de los agentes del CTI retenidos, afirmó que la situación ha estado marcada por el silencio institucional.“Es muy triste la situación porque Rodrigo Antonio, Jesús Antonio y los dos miembros de la Dijín en varios videos han expresado su frustración y desesperanza debido a la falta de gestión del Gobierno nacional y la fiscal para lograr su liberación”, señaló.Según explicó, han pasado nueve meses desde el secuestro y cuatro meses desde el último video conocido, fechado el 30 de septiembre. “No sabemos nada de ellos y es muy triste porque preguntamos al Gobierno, a la fiscal, a los entes encargados de este proceso, y absolutamente no hay respuesta a nuestras preguntas. No hay respuesta”, reiteró.Macualo indicó que desde el primer momento las familias actuaron con cautela, siguiendo lo que los propios secuestrados manifestaron en un primer video divulgado el 9 de mayo. “Desde el primer momento nos tocó quedarnos quietos porque ellos mismos en el primer video dijeron que tocaba tener que quedarnos quietos, no hacer nada hasta que no saliera el segundo video”, explicó.Posteriormente, en una nueva prueba de supervivencia, los retenidos pidieron a sus familiares acudir ante el presidente de la República, la Fiscalía y otras entidades para gestionar su liberación. De acuerdo con la esposa del agente del CTI, las familias han acudido a la Fiscalía, la Presidencia, la ONU, organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. “Es un completo silencio, absolutamente. No hay respuesta a todas nuestras preguntas”, afirmó.En la misma entrevista participó Alejandra Sanabria, esposa de Franklin Esley Hoyos, agente de la Dijín también secuestrado. Señaló que en una de las pruebas difundidas por el ELN se mencionó la intención de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad. “Indicaron que querían hacer un intercambio de presos. Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, ni del Gobierno ni pronunciamiento”, dijo.Sanabria aseguró que han enviado cartas y comunicados a distintas entidades, incluido el Ministerio de Defensa, sin obtener una respuesta concreta. “Nosotros hemos vuelto a escribir y enviar muchas cartas y comunicados para que nos atiendan, pero la respuesta ha sido nula. Simplemente lo que hacen es enviarse correos entre todos, como una forma de evasiva al caso”, sostuvo.Frente a la posibilidad de un acercamiento a través de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, indicó que han tenido comunicación con uno de los delegados de paz, aunque no directamente con el comisionado.“La razón que hasta el momento nos dan es que ellos están trabajando y van a hacer lo posible. Pero ya vamos para siete meses y no se ha hecho ninguna gestión real”, manifestó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila entregó un reciente balance de las emergencias que se han registrado en varios municipios por cuenta de las lluvias acompañadas de vendavales y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Municipios como Íquira, Saladoblanco, La Plata, Gigante, Pitalito y Palermo, han reportado daños en puentes veredales, vías terciarias, un acueducto averiado y al menos 15 cabezas de ganado que murieron impactadas por una descarga eléctrica en una finca del municipio de Teruel.De acuerdo con el boletín oficial de Gestión de Riesgo, en el departamento van hasta el momento 11 municipios que han declarado la calamidad pública como medida para atender de manera urgente a las familias que han resultado damnificadas y también afectaciones en obras de infraestructura.“Tenemos desde el día anterior varios deslizamientos en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45, allí cayeron rocas en la vía principal, también tenemos una emergencia en la vereda La Armenia de Teruel, donde afectó varias cabezas de ganado y un equino alcanzados por una descarga eléctrica. En Palermo desde hace dos días se presentó daños en la red principal del acueducto municipal, pero esta emergencia ya está siendo superada por la empresa de servicios públicos de Palermo”, dijo Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión en el Huila.Según el boletín oficial, a la fecha hay un registro de 196 familias damnificadas, 277 viviendas averiadas y destruidas, 118 deslizamientos de tierra, 176 vías entre principales y terciarias afectadas, emergencias censadas en 30 municipios del departamento.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
Un documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” pone bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con politicos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Incluso, menciona en sus conclusiones que no se descarta que la información tenga un propósito negativo en contra de los oficiales mencionados, “sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos”.No obstante, sí menciona que no se descarta la posibilidad de que estas personas, incluyendo al general Urrego, pudieran haber sido abordadas por alguna agencia extranjera, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines y que su cercanía con círculos políticos desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la “eventual realización de hechos de carácter delictivo”.El nombre del general Urrego en el centro del análisis del informeEl documento menciona expresamente al general Edwin Urrego, detallando su trayectoria institucional, cargos desempeñados, entre ellos Subdirector de la Dijín (2023-2024) y Director de Investigación Criminal e Interpol (2024-2025), y su actual responsabilidad como comandante en Barranquilla desde el 12 de mayo de 2025.El informe relaciona procesos judiciales en los que ha sido mencionado como demandado en su calidad de director de la Dijín o comandante, así como consultas en bases de datos donde figura como denunciante en casos de “transferencia no consentida de activos” y “hurto por medios informáticos”, todos en estado inactivo.Uno de los elementos citados en el documento es un artículo de que recuerda que “varios policías, entre ellos el mayor Edwin Mosleider Urrego, brindaron una protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive durante su comparecencia ante la Fiscalía en 2014”, hecho que, según el documento, “generó controversia”.El análisis en el informe incluye referencias a denuncias internas, entre ellas, que “desde la llegada de Edwin Masleider Urrego Pedraza como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se denuncia una negativa sistemática al suministro de información a los medios y a la ciudadanía”.También alude a declaraciones de un patrullero de la Policía que identifican como Burbano, sobre “interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’”, así como a investigaciones sobre presuntos vínculos de oficiales con redes de contrabando. En ese contexto, el documento plantea que “se podría verificar si hay alguna conexión laboral o de mayor confianza entre los dos oficiales”, en referencia a relaciones internas dentro de la Dijín.En otro apartado se menciona a la oficial María Paula Cifuentes Rojas, quien “se desempeña actualmente como ayudante del Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza”, y a su esposo, el teniente coronel Óscar Moreno, adscrito también en Barranquilla. El texto señala que Moreno Arroyave “tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la DIJÍN” y recoge versiones según las cuales habría sido señalado por “posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al señor general”, aunque aclara que en verificaciones de antecedentes “no se encontró ningún antecedente vigente”.El documento incluye un capítulo titulado “Las hipótesis detrás del relevo”, donde relaciona operativos policiales en octubre y noviembre de 2025 con la salida intempestiva de Urrego de la Metropolitana de Barranquilla y su posterior designación en otra unidad. Allí se afirma que “la cercanía temporal entre este operativo y el relevo en el cargo fortalece la percepción de que la salida de Urrego obedeció a presiones políticas y no a un cambio rutinario”.“El primero ocurrió el 30 de octubre, cuando disturbios en la Universidad del Atlántico motivaron un operativo policial con sobrevuelo de helicóptero. El segundo episodio ocurrió el 11 de noviembre, cuando se realizó un allanamiento en Lagos del Caujaral autorizado por la Corte Suprema y ejecutado por varias unidades policiales”, destaca el documento, haciendo referencia a la casa del ministro Benedetti que fue allanada.Lo que concluye en informe de inteligencia en contra del general UrregoEn sus consideraciones finales, el informe advierte que: “No se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”. Asimismo, señala que “la cercanía del señor oficial con ciertos círculos políticos, desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la eventual realización de hechos de carácter delictivo”.Sin embargo, el mismo documento también plantea que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales”, sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos.
La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas) anunció formalmente que renunciará a la representación jurídica de 127 víctimas de la fuerza pública acreditadas ante la JEP, al denunciar falta de garantías para su participación en el Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc.La organización aseguró que la decisión obedece a una “vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva” y a la ausencia de respaldo institucional para ejercer una defensa digna.En una comunicación dirigida al procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos Támara, la corporación afirmó que durante más de ocho años ha ejercido labores de manera gratuita, sin financiación estatal ni cooperación internacional.Actualmente, MilVíctimas representa a 127 personas acreditadas en el Macrocaso 01, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas. Según la organización, han acompañado audiencias de versiones voluntarias, presentado observaciones, preparado a las víctimas en el componente psicosocial y participado en decisiones clave como Sentencias y Autos relacionados con los bloques Oriental y Sur.Sin embargo, denuncian que han enfrentado “serias limitaciones institucionales” que afectan el ejercicio de la representación, entre ellas dificultades en la convocatoria y concentración de las víctimas, entrega tardía de información, falta de espacios adecuados para la socialización de decisiones y ausencia de acompañamiento logístico mínimo.“Estas dificultades se ven agravadas por un fenómeno persistente de estigmatización hacia las víctimas de la Fuerza Pública, quienes continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, desconociendo su condición de víctimas y profundizando procesos de revictimización institucional”, aseguran en el documento.La organización también alertó sobre la falta de enfoque diferencial, el reconocimiento limitado y la débil articulación institucional, factores que, en su concepto, vulneran el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la participación real de sus representados.“En consecuencia, la Corporación MilVíctimas anuncia formalmente su decisión de renunciar a la representación jurídica de las 127 víctimas acreditadas en el Macrocaso 01, por la imposibilidad material, jurídica y operativa de continuar ejerciendo una representación digna, eficaz y respetuosa de sus derechos”, afirmaron.Señalaron además que la renuncia “no obedece a falta de compromiso”, “sino que constituye una consecuencia directa de la vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva de las víctimas militares y policiales”.“Advertimos respetuosamente que esta renuncia forzada dejaría en estado de indefensión a más de un centenar de víctimas, si no se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades competentes”, agregaron.