Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de ir a una consulta interpartidista en marzo con diferentes sectores y candidatos opositores al Gobierno Petro. Pinzón asegura que los dos partidos que avalan su candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la consulta."El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país", dijo Pinzón.Es importante recordar que esta semana el partido Liberal le ofreció a Héctor Olimpo avalar su candidatura presidencial, en el documento enviado al exgobernador de Sucre el partido señalaba que la idea es participar en la consulta de marzo."En el marco de los diálogos adelantados con diversas colectividades para realizar una Consulta Popular Interpartidista en marzo de 2026 —mecanismo democrático que permitirá escoger un candidato único presidencial— el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia", decía la carta enviada a Olimpo.Es importante recordar que en las últimas horas el abogado Abelardo de la Espriella descartó las posibilidad de ir a la consulta de marzo. Por otro lado, Sergio Fajardo, quien aparece de tercero en la intención de voto de la encuesta Invamer, ha descartado alianzas con De la Espriella.Mientras que desde le Centro Democrático han dicho que es importante ir a la consulta de marzo, incluso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha planteado la idea de buscar una alianza desde Fajardo hasta De la Espriella.
Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares, anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjuntoLa oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.Netflix y Comcast se sumaron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre. Pero sus ofertas eran solo por una parte de la compañía, sin incluir Discovery Global.Paramount denunció ayer en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix.¿Cómo será la fusión de Netflix y HBO?La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wyzard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'."Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter- con títulos que definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'The Squid Game'".Mientras que el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan"
El Centro Internacional de Especialistas (CIE), ubicado en la capital santandereana, en alianza con la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), inauguró este viernes el primer monumento en Santander dedicado a los trabajadores de la salud que perdieron la vida durante la pandemia de Covid-19. La obra busca rendir un homenaje permanente a quienes enfrentaron, en la primera línea, la emergencia sanitaria más desafiante del siglo.Durante el acto, representantes del sector salud y líderes empresariales destacaron la valentía y entrega del personal médico, de enfermería y de apoyo asistencial que trabajó sin descanso en los momentos de mayor incertidumbre. También hubo espacio para reconocer a las familias que acompañaron, muchas veces en silencio, las largas jornadas y la carga emocional que dejaron aquellos meses críticos.El monumento, una escultura de 3,5 metros de altura tallada en piedra Villanueva, pretende simbolizar la solidez, resistencia y dignidad del personal homenajeado. Su elaboración tomó tres meses y requirió la colaboración de artistas y artesanos de Villanueva y Barichara, quienes aportaron técnicas tradicionales y una lectura sensible de lo que representó la pandemia para el país y el mundo.La estatua, nombrada como ‘Eco de la vocación’, representa a un profesional de la salud, quien incluso usa un tapabocas. En el fondo se divisan unas alas y en la parte inferior hay una placa, también tallada, que dice “En memoria de quienes sanaron hasta el final. Su entrega no se olvida”.Ubicada en el campus del Centro Internacional de Especialistas, la obra se convierte en un nuevo punto de memoria para Santander, una región que, como el resto del país, vivió de cerca el impacto de la crisis sanitaria. Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan preservar el legado de quienes dieron su vida en el cumplimiento de su labor y mantener vivo el reconocimiento social hacia el personal de salud.
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó que no participará en la consulta interpartidista de marzo, decisión que atribuye a lo que denomina un “mandato popular” derivado de los más de cinco millones de firmas que respaldaron su aspiración. Durante una extensa entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el también abogado insistió en que su candidatura constituye un fenómeno ciudadano que no puede someterse —según afirmó— a “los mecanismos tradicionales de la política”.“Yo no puedo traicionar a esos millones de compatriotas que firmaron por mí”, sostuvo, descartando cualquier posibilidad de medirse en una consulta oficial. Su negativa contrasta con las expectativas dentro de sectores de centroderecha que buscan una unificación antes de la primera vuelta.Un respaldo simbólico que supera lo legalDe la Espriella destacó que, pese a que la ley exige 650.000 firmas para inscribir una candidatura presidencial, su movimiento presentó casi ocho veces ese número. Aseguró que la recolección fue completamente voluntaria y sin recursos económicos de por medio.“No he pagado un peso por esas firmas, aquí no hay dádivas, no hay castas políticas, es fervor popular”, afirmó. Según él, los kits se agotaron en todo el país y las planillas llegaron de manera espontánea desde “todos los rincones de Colombia”.Para el precandidato, ese masivo respaldo no es solo un requisito administrativo sino una señal política contundente: “Esto no es una candidatura, es un fenómeno popular”.La discusión sobre la consulta de marzo: coherencia vs. estrategiaUno de los puntos más polémicos de la entrevista giró en torno a la consulta interpartidista de marzo, mecanismo que busca unificar candidaturas del sector no afín al petrismo. Morales le preguntó si participar no le daría un mayor impulso electoral. De la Espriella respondió con firmeza: “Yo no tengo cálculos políticos (…) así supiera que me voy a ganar sobrado la consulta, no lo haría bajo ninguna circunstancia”.Según explicó, su alternativa era una encuesta pagada por los propios precandidatos, “rápida, verificable y sin costos para el Estado”. Aseguró que esta propuesta fue ignorada y que dejar solo durante cinco meses al candidato de izquierda, Iván Cepeda, representaría un error estratégico similar al que —según él— permitió el triunfo de Petro en 2022.Relación de la Espriella con el expresidente Uribe y tensiones internasEl expresidente Álvaro Uribe ha insistido públicamente en la necesidad de un mecanismo de unidad. De la Espriella aseguró respetarlo profundamente, pero reiteró que ya le comunicó su negativa.“Debo honrar ese mandato popular. Se lo dije con todo el respeto al mejor presidente de la historia de Colombia”, expresó tras afirmar que su decisión no obedece a cálculos políticos sino a convicción personal.El precandidato también abordó el episodio con Miguel Uribe Londoño, a quien dijo haber ofrecido la vicepresidencia hace tres meses. Aunque Uribe Londoño lo negó, De la Espriella enfatizó que se trató de una propuesta auténtica que luego perdió vigencia: “Él reconsideró, pero ya esa posibilidad no estaba”.Acusaciones de persecución y seguridad personalEn otro segmento, reaccionó al señalamiento del expresidente Uribe sobre presuntos intentos de sectores afines a Cepeda para afectar jurídica o físicamente a ambos. De la Espriella afirmó: “Tengo claro que están tratando de armarme un expediente judicial. Y sí, también hay un plan para asesinarme”.Sin embargo, recalcó que no busca victimizase: “Llegué tarde a la repartición del miedo”.Propuestas de Abelardo de la EspriellaSeguridad, economía, juventud y reducción del EstadoConsultado por el momento para presentar propuestas concretas, el precandidato afirmó que la campaña formal comienza en enero, pero que ya ha planteado las líneas generales: seguridad, recuperación del sistema de salud, lucha contra la corrupción, reducción del tamaño del Estado, oportunidades para jóvenes, programas sociales como “Colombia País de Propietarios” y “Matemos el Hambre”.“Lo que hay es propuestas, todo en su momento”, dijo, defendiendo que su equipo programático y electoral “funciona como un relojito”.También rechazó etiquetas ideológicas: “No puede ser extrema derecha alguien que cree en el imperio de la ley (…) Lo que defiendo es extrema coherencia”.Relación con otros líderes políticosFajardo, vetos y posibilidades de unidadEl precandidato aseguró no tener inconvenientes en dialogar con Sergio Fajardo, pese a la lejanía política evidente: “Me parece un hombre respetable; yo me sentaría con él”. No obstante, señaló que varios actores políticos lo han vetado: “Me han dicho que conmigo ni a la esquina”.
La reconocida chef Leonor Espinosa confirmó su incursión en la política, asumiendo la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, en representación del Partido Liberal.Al ser consultada sobre si su nuevo rol significaría abandonar sus restaurantes y los fogones, Espinosa fue enfática en que por supuesto que no lo hará. La chef aclaró que puede seguir siendo la creativa del restaurante y que, de hecho, todo lo que realiza a través de la cocina ya es, de cierta manera, política. Este oficio es inherente a ella y cohabita en sí misma.Gastronomía y PolíticaLa motivación de Espinosa para entrar en el ámbito político se basa en su profunda conexión territorial con la gastronomía. La chef ha trabajado durante 17 años con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esta extensa experiencia le ha permitido conocer de primera mano cómo se produce, transforma y circula el alimento.Su visión culinaria siempre se ha fundamentado en una cocina que busca plantear una solución a la problemática de la cultura gastronómica de Colombia. Ella promueve una cocina que da solución a la necesidad de reconectar ingredientes de la biodiversidad con nuevos productores, buscando siempre una dinámica justa. Para Espinosa, la gastronomía es un motor de desarrollo, además de ser cultura.Su experiencia territorial le permite pensar políticas que puedan fortalecer la cadena alimentaria y que demuestren cómo la gastronomía puede generar empleo y bienestar. Además, la gastronomía le ha enseñado a identificar las historias detrás de cada ingrediente y oficio, dándole la sensibilidad necesaria para comprender la diversidad cultural de Bogotá.La llegada al Partido LiberalEspinosa mencionó que el "bichito" de la política lo lleva por dentro, pero recibió una comunicación directa del Partido Liberal. Confirmó que recibió un mensaje del secretario del Partido Liberal. Este proceso se inició tras consultarlo con una persona de su confianza, Héctor Olimpo Espinoza, quien es paisano de la chef y con quien mantiene una relación familiar.Posteriormente, la candidatura se afianzó a través de María Paz Gaviria, quien es candidata al Senado en el número 100. Leonor Espinosa se considera una especie de fórmula de Maripaz Gaviria, ya que ambas coinciden en la importancia de la cultura para el desarrollo del país.Aunque las banderas específicas de su campaña aún están en proceso de definición, el proyecto se está construyendo sobre pilares que buscan que la gastronomía sea entendida como un elemento clave para Bogotá. La chef busca que la ciudadanía comprenda que la gastronomía es economía, que es dignidad, que es cultura y que es un derecho.Escuche aquí la entrevista:
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
Airbus ordenó una actualización urgente para más de 6.000 aviones A320 en el mundo, una medida que también afectará parte de la flota en Colombia. Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), explicó en entrevista con Recap, de Blu Radio, que el cambio responde a posibles afectaciones por radiación en un computador de vuelo instalado en aeronaves modernas.Villa señaló que la instrucción aplica especialmente a equipos recién incorporados. “Las que tienen que reemplazar este computador de vuelo son aeronaves de la más alta tecnología, con equipos muy nuevos y modernos; los otros son un poco más antiguas”, afirmó. Airbus pidió volver temporalmente al computador previo para identificar con claridad el origen de la falla.El dirigente advirtió que la radiación podría estar alterando la señal y la data interna del sistema, lo que obliga a una acción inmediata. “El problema de la radiación es que afecta la señal y la data dentro del computador, entonces para evitar situaciones, hay que reemplazarlo”, dijo. Villa fue claro sobre el impacto regulatorio: “Ninguna aeronave que tenga este computador podrá volar desde el 30 de noviembre, hasta que no se haga el cambio”.El proceso, según Villa, representará un reto operativo para las aerolíneas: “El reemplazo puede demorar dos horas por aeronave; ahí se puede estimar el tiempo que puede demorar cambiar todos los equipos”, detalló. Cada empresa deberá programar su plan técnico para evitar mayores afectaciones en itinerarios.El presidente de ACDAC recordó que las compañías aéreas son responsables de ejecutar el cambio, mientras la Aeronáutica Civil verificará su cumplimiento. “La Aeronáutica Civil va a ser garante de estos cambios, pero es muy positivo que empresas de Colombia empiecen a informar el impacto para que los colombianos entiendan que es totalmente ajeno a la industria”, señaló.Villa reiteró que la contingencia podría generar traumatismos en la operación aérea, pero subrayó que la actualización es esencial. Enfatizó que el caso tiene especial relevancia al estar directamente relacionado con la seguridad aérea, un aspecto prioritario para el sector y para los usuarios.
Este viernes, 28 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Alcaldía de Bogotá se dieron cita para develar una placa conmemorativa en el Palacio Liévano, en el marco de la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. La nueva placa fue elaborada tras una orden de la JEP para reemplazar una antigua; sin embargo, la jornada estuvo marcada por diferencias e inconformidades. Los cuestionamientos, esta vez, vinieron por parte de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.Urán Bidegain fue una de las asistentes al acto de conmemoración y allí pronunció un duro discurso sobre lo que las investigaciones, a lo largo de los años, han revelado en cuanto a las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.“En instancias militares no solo se violentó la ley y la verdad: allí se torturó, se cometió violencia sexual y se humilló de manera sistemática a seres humanos. Las voces de aquellos sobrevivientes a ese infierno han sido silenciadas durante décadas, y ellos más que nadie deberían estar hoy aquí presentes con nosotros”, dijo Helena Urán.La hija del magistrado Urán, quien ha sido durante años una abanderada de que se conozcan detalles aún inéditos de lo que sucedió en el corazón de la justicia en aquella fatídica jornada del 85, afirmó que “el negacionismo en torno al Palacio de Justicia ha sido una constante”, y que hoy ha evolucionado en discursos que no cuentan la totalidad de la verdad.En diálogo con Blu Radio, Helena Urán aseguró que el malestar está relacionado con que el Estado aún no ha reconocido a todas las víctimas del holocausto, y que cambiar una placa es un acto simbólico necesario, pero no suficiente.La crítica de Helena Urán se centra en una de las frases inscritas en la placa develada tras la orden de la JEP. Para ella, “aceptar una frase que celebra esa decisión (la de la CIDH de condenar al Estado colombiano) como si fuera el cierre definitivo de todas las heridas es desconocer a quienes aún no han sido reconocidas como víctimas por el Estado”.Si bien destaca que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un avance, considera que no se puede “celebrar” una placa.
Avianca anunció la inmovilización temporal de más del 70% de su flota de aviones A320, luego de que Airbus notificara la necesidad de realizar una actualización urgente de software en estos equipos. La instrucción implica que los aviones involucrados deberán permanecer en tierra en cuanto lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que la modificación sea realizada.La aerolínea advirtió que la medida generará disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días, razón por la cual decidió cerrar la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar nuevos inconvenientes y reacomodar a los pasajeros afectados. Avianca aseguró que notificará directamente a los viajeros sobre las alternativas disponibles para ajustar sus planes.Ante esto, la Superintendencia de Transporte activó un protocolo urgente para acompañar a los pasajeros afectados por este hecho de fuerza mayor que no está bajo control de la aerolínea.La entidad recomendó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, revisar con frecuencia los canales oficiales de Avianca para recibir información de reacomodaciones y cancelaciones, no presentar PQR si aún no hay afectación confirmada y conservar los soportes de su reserva.La Superintendencia aseguró que mantendrá vigilancia permanente y coordinación con la aerolínea para garantizar que las medidas se ejecuten de forma ordenada y que la operación se restablezca lo antes posible.Por su parte, Álvaro Mujica, Secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil, indicó que adelantan también sus protocolos para garantizar la conectividad del país.“Hemos permanecido en constante comunicación para buscar mecanismos que permitan mitigar la afectación que va a tener la operación y la conectividad aérea en el país, dentro de los cuales están el reagendamiento de vuelos, el endoso de pasajeros, la operación con aerolíneas que no han sido afectadas, el trabajo de mantenimiento desde esta misma noche para poder tener las aeronaves máximas operativas a la mayor brevedad”, detalló
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión voluntaria al exalcalde de Bojayá Manuel Joaquín Palacios Asprilla, vinculado al Caso 04 y al Subcaso Región Atrato del Caso 09. Su comparecencia, realizada el lunes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, se dio en calidad de aspirante a compareciente como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.De acuerdo con la JEP, su citación responde a su solicitud de sometimiento y a informes de víctimas y organizaciones, que lo señalan de presuntos acuerdos con paramilitares. Estos reportes lo relacionan con acciones que habrían facilitado operaciones de las antiguas AUC en el Atrato, hechos que hoy son materia de investigación y contraste judicial.Palacios Asprilla fue condenado por concierto para delinquir agravado debido a señalamientos del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. La justicia ordinaria le impuso una pena de 90 meses de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos, proceso por el cual obtuvo libertad condicional en 2024.Durante la diligencia, convocada por la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, la Sala buscó que Palacios Asprilla entregara información nueva, verificable y coherente con su trayectoria política. Fue alcalde de Bojayá entre 1995 y 1997, diputado del Chocó entre 2001 y 2004 —periodo en el que ocurrió la masacre de Bojayá— y nuevamente alcalde entre 2008 y 2010.La JEP indicó que la Sala de Reconocimiento evaluará la utilidad y veracidad de los aportes entregados, antes de remitir el análisis a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esta última determinará si Palacios Asprilla cumple con el compromiso de aportar verdad plena, requisito para avanzar en su proceso de sometimiento.En la audiencia estuvieron presentes víctimas y autoridades de los cuatro pueblos indígenas, así como representantes de consejos comunitarios. La diligencia fue acompañada por traductores y equipos psicosociales en una sala espejo habilitada en Quibdó, garantizando la centralidad de las víctimas y un enfoque restaurativo.La JEP reiteró que quienes buscan someterse a esta Jurisdicción deben hacer aportes efectivos y contrastables que permitan esclarecer patrones de victimización. Además, reafirmó su compromiso con la participación plena de las víctimas y la protección integral de sus derechos en cada etapa del proceso.
Sin que haya comenzado el período formal de vigilancia por Navidad y fin de año, Caldas ya suma siete personas quemadas con pólvora. Así lo confirmó el gobernador Henry Gutiérrez Ángel durante el lanzamiento de la campaña “Brilla tú Primero, Pólvora Cero”, con la que el departamento busca frenar el uso de estos artefactos.De los casos reportados, Manizales y Samaná registran dos lesionados cada uno, mientras que los otros tres pertenecen a diferentes municipios.El gobernador, médico de profesión, advirtió que la situación es preocupante. Recordó que se aproxima una cadena de fechas críticas: el inicio de la temporada navideña, las noches de velitas del 7 y 8 de diciembre, el cierre de año y la Feria de Manizales. “La cifra es alta y apenas estamos comenzando”, señaló.En el mismo período de vigilancia del año pasado —diciembre y enero—, el departamento contabilizó 37 quemados, 16 de ellos en Manizales.Las autoridades anunciaron un plan de seguridad que incluye controles a la venta de pólvora, seguimiento en los municipios y operativos especiales en zonas donde tradicionalmente se comercializan estos productos. El objetivo: evitar que la cifra se dispare cuando ni siquiera ha empezado la temporada alta.
El Consejo Nacional Electoral publicó un comunicado el que rechazan los ataques personas y señalamientos en contra de algunos de sus magistrados y conjueces que decidieron votar a favor de la sanción contra la campaña Petro Presidente la cual, según el CNE, violó los topes electorales y recibió financiación prohibida, por cerca de $6.000 millones.“Es necesario resaltar que todas las actuaciones de la corporación se desarrollan dentro de un proceso estrictamente ceñido a la Constitución, la ley y los reglamentos internos, y que las decisiones se adoptan de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender, presiones políticas, mediáticas o particulares”, dice el comunicado del CNE.En el mismo sentido el Consejo Nacional Electoral asegura que es importante salvaguardar a los magistrados y conjueces de la corporación de los ataques que presenten deslegitimar o desacreditar su labor.“Finalmente, debe ser claro que todo acto administrativo es proferido por esta corporación atendiendo los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, valorando los medios probatorios y con una deliberación rigurosa, garantizando la imparcialidad y lealtad con la administración pública”, dice el comunicado del CNE.