Dos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente a la justicia en zona rural de López de Micay, en el departamento del Cauca. Tras una operación conjunta de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, los hombres, pertenecientes a la estructura ‘Jaime Martínez’, vinculada a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se presentaron ante las autoridades.Los hombres manifestaron su intención de abandonar las armas tras la presión sostenida de operaciones ofensivas en esta zona estratégica del departamento del Cauca. La entrega se produjo en una región marcada por el accionar de grupos armados ilegales, donde las comunidades han denunciado constantes riesgos por combates, explosivos y presencia de estructuras criminales.Durante el procedimiento, los sometidos entregaron un arsenal de armas, entre ellos 12 fusiles, dos pistolas, 26 proveedores y más de 600 cartuchos, además de dos granadas y cañones cortos para ametralladora M-60. También fueron puestos en manos de las autoridades artefactos explosivos improvisados, entre ellos dos cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos cada uno, detonadores eléctricos y unos 600 metros de cordón detonante, material que representaba un alto riesgo para la población civil.Junto al armamento, se incautaron equipos de comunicación y elementos de intendencia utilizados por la estructura armada. Tras asegurar el área, los hombres recibieron atención médica y quedaron bajo custodia para iniciar su proceso judicial y eventual reintegración, en medio de los protocolos establecidos para este tipo de sometimientos.
La Contraloría General de la República anunció la activación de un mecanismo de Especial Seguimiento a los recursos destinados para atender la emergencia invernal que golpea al país, en medio del recrudecimiento de la temporada de lluvias y tras múltiples denuncias ciudadanas sobre la ejecución de ayudas y contratos. La medida se concentra en la gestión fiscal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en la implementación del nuevo Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional.De acuerdo con el más reciente balance oficial, con corte al 6 de febrero de 2026, se han registrado 293 eventos asociados a la temporada de lluvias en 24 departamentos y 188 municipios. La emergencia deja 209.839 personas afectadas —correspondientes a 51.979 familias—, así como 26 fallecidos, 9 heridos y 3 desaparecidos en todo el territorio nacional.Aunque la situación es de alcance nacional, el ente de control encendió las alertas por la magnitud de la afectación en Córdoba. De las 4.597 viviendas destruidas en el país, 4.298 se concentran en ese departamento, donde además se reportan 4.023 viviendas afectadas, cinco personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas. A esto se suma la declaratoria de alerta roja en el embalse de Urrá, lo que agrava el panorama regional.El Especial Seguimiento anunciado por la Contraloría consiste en un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia. El objetivo es verificar en tiempo real el cumplimiento de metas, la correcta destinación presupuestal y la transparencia en la contratación de obras y servicios para la reconstrucción y atención humanitaria.Entre las acciones adoptadas se encuentran requerimientos formales a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE), articulación con comités departamentales y municipales de gestión del riesgo, participación en Puestos de Mando Unificado (PMU) y verificaciones en territorio con apoyo de personerías y veedurías ciudadanas.La entidad también advirtió que el mayor desafío identificado es la falta de articulación entre municipios, departamentos y la UNGRD. Asimismo, señaló que la entrega de ayudas humanitarias aún no cubre a la totalidad de los afectados y que algunos municipios no han reportado oportunamente el Registro Único de Damnificados, lo que dificulta la focalización de los recursos.En materia presupuestal, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con $1,69 billones disponibles para 2026 y reservas presupuestales cercanas a $1 billón correspondientes a 2025, recursos que podrían utilizarse de manera inmediata en la porción no comprometida. La Contraloría vigilará además el paquete de medidas tributarias que acompañará el Decreto de Emergencia, insistiendo en que cada peso recaudado debe destinarse exclusivamente a la atención de la crisis.
En medio de la recta final hacia las elecciones del próximo 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso de la controversia generada por la instrucción impartida a los jurados de votación sobre cómo diligenciar el formulario E-14, documento clave en el proceso de escrutinio electoral en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario fue enfático en señalar que la directriz de dejar en blanco las casillas donde los partidos no obtienen votos “se ha hecho por décadas” y no constituye ningún riesgo de fraude, como lo sugirió el presidente Gustavo Petro en redes sociales.¿Qué es el formulario E-14 y por qué es clave en las elecciones?El formulario E-14 es el acta electoral que diligencian los jurados de votación una vez concluye el conteo de los votos en cada mesa. Este documento contiene el número de votos obtenidos por cada partido o candidato y sirve como base para el preconteo y el escrutinio oficial.La polémica surgió luego de que el presidente Petro cuestionara que se dejaran casillas en blanco en el E-14, argumentando que ello podría abrir la puerta a manipulaciones posteriores. Frente a ello, el registrador explicó que marcar con equis, tachones o círculos los espacios sin votos genera dificultades técnicas.“Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, sostuvo.Penagos precisó que la instrucción actual busca evitar problemas en la lectura óptica y en la publicación de las actas, las cuales serán digitalizadas y puestas a disposición de la ciudadanía. “Dejarlos en blanco es la posibilidad para que no se generen contratiempos en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, reiteró.Transparencia electoral y control ciudadanoUno de los puntos centrales de la entrevista fue la garantía de transparencia en el proceso electoral. El registrador recordó que en cada mesa hay seis jurados de votación, testigos electorales designados por los partidos, delegados de la Procuraduría y observadores internacionales.Además, explicó que los testigos pueden tomar fotografías de cada E-14 al momento de su diligenciamiento, lo que permite comparar posteriormente las actas publicadas en la página oficial de la Registraduría. “No hay ninguna posibilidad de que se alteren las actas electorales porque hay fotos de ellas y porque se van a digitalizar”, aseguró.Penagos también fue contundente al señalar dónde, a su juicio, radican los verdaderos riesgos para la democracia: “¿Sabe dónde está el fraude? El fraude está en la compra de votos, en la intervención de recursos públicos en campañas, en el constreñimiento al elector. Ahí es donde está el fraude en Colombia”.Córdoba y la contingencia por la ola invernalMás allá de la controversia por el E-14, la Registraduría enfrenta retos logísticos en el departamento de Córdoba, especialmente en Montería, debido a las inundaciones provocadas por la ola invernal. Algunos puestos de votación han sido afectados o utilizados como albergues.El registrador anunció jornadas especiales de identificación para ciudadanos que perdieron su cédula. “No se está cobrando por la obtención del documento en razón a la tragedia”, indicó.Asimismo, descartó por ahora la suspensión o aplazamiento de elecciones en esa región. “Estamos buscando mecanismos alternativos para trasladar los puestos y las mesas. Vamos a garantizar que la gente pueda salir a votar sin dificultades”, enfatizó.Jurados de votación y testigos electoralesDe cara al 8 de marzo, ya fueron sorteados cerca de 860.000 jurados de votación, quienes se encuentran en proceso de capacitación desde el 9 de febrero. Penagos hizo un llamado a asistir a las jornadas formativas: “Si no lo hacen, pueden ser sujetos de sanción, pero además es fundamental que entiendan cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas”.En cuanto a los testigos electorales, recordó que son designados exclusivamente por los partidos y candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. “Puede haber cerca de 35 testigos por cada mesa de votación. La gente que está alrededor del proceso electoral es muy grande”, explicó.Resultados y orden del preconteoSobre la entrega de resultados, el registrador detalló que el preconteo se realizará en tres fases: primero las consultas populares, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes. La Registraduría realizará simulacros adicionales antes de la jornada para verificar el funcionamiento del sistema.“Desde lo operativo y lo gerencial estamos muy organizados y todo ha funcionado muy bien”, concluyó.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año correspondientes a los periodos 2024 y 2025. La decisión se adoptó luego de un diagnóstico técnico, jurídico y financiero iniciado en noviembre de 2025 por la actual administración, tras detectar inconsistencias en la liquidación y desembolso de este beneficio.De acuerdo con el informe oficial, fueron revisados 42.400 pagos que suman $458.799 millones. Del total analizado, se identificaron posibles irregularidades por $260.437 millones, es decir, el 56,8 % de los recursos auditados. Entre los hallazgos figuran 4.405 pagos efectuados a personas que tenían sentencias judiciales en firme que negaban el derecho a la prestación, por un monto superior a $83.082 millones.La revisión también evidenció desembolsos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones por fuera del rango legal, mesadas por encima de los topes permitidos y registros asociados a personas fallecidas. Además, el informe señala que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación aplicada para reconocer la prima, sin que existiera una reforma normativa o una sentencia de unificación que respaldara ese cambio.Otro de los puntos advertidos por el FOMAG fue la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado externo. La denuncia incluye a quienes habrían autorizado y ejecutado los pagos, así como al profesional que recibió la información. El vicepresidente del Fondo, Herman Bayona Abello, aseguró que la actuación busca “proteger los recursos del sistema y a los docentes afiliados”, y confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional informó que llegaron alrededor de 750 personas a la Ciudad Universitaria en 17 buses, aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de febrero. En los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Aunque la solicitud para alojarse dentro del campus no fue autorizada, las y los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la Concha Acústica. Ante esta situación, la vicerrectora, Carolina Jiménez, estableció contacto con las vocerías de la movilización social, activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) nacional y distrital, con el apoyo de las entidades competentes. La primera sesión del PMU se realizará a las 11:00 de la mañana.Los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior informaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización para presentar exigencias ante el Gobierno nacional. La Universidad reiteró que sus instalaciones no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia no están diseñados para atender este tipo de situaciones.Las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, excepto las actividades deportivas en la Concha Acústica, que fueron suspendidas.
El frizz es uno de los problemas capilares más frecuentes y molestos para quienes buscan un cabello suave, brillante y fácil de peinar. Este fenómeno, conocido popularmente como “melena de león”, ocurre cuando el cabello absorbe la humedad del ambiente, lo que provoca que las cutículas capilares se abran y generen una apariencia esponjada y sin control.Frente a esta situación, Tiendas D1 lanzó un nuevo producto que está llamando la atención de miles de consumidores en Colombia por sus beneficios y su precio accesible. Se trata del sérum de la marca Kerabelle Profesional en su presentación de 100 ml, disponible por tan solo $12.950, una alternativa económica que promete dejar el cabello más suave, brillante y libre de frizz.Este producto capilar ha ganado popularidad rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacan sus resultados visibles y su bajo costo frente a otras opciones del mercado.El sérum capilar económico que está causando furorEl sérum capilar D1 contiene vitamina E y aceite de marula, dos ingredientes reconocidos por sus propiedades hidratantes y reparadoras.Estos componentes ayudan a sellar la cutícula capilar, lo que permite mantener la hidratación y proteger el cabello de factores externos como la humedad, el calor o la contaminación. Como resultado, el cabello luce más brillante, suave y manejable.Entre sus principales beneficios destacan:Reduce el frizz visible.Aporta brillo natural al cabello.Mejora la suavidad y textura.Protege la fibra capilar.Es fácil de aplicar y rendidor.Su precio de $12.950 lo convierte en una opción asequible para quienes buscan mejorar su rutina capilar sin gastar grandes sumas de dinero.Cómo usar correctamente el sérum Kerabelle ProfesionalPara obtener mejores resultados, es importante aplicar el producto de forma adecuada. El sérum debe utilizarse sobre el cabello limpio y húmedo, después de retirar el exceso de agua con una toalla, sin restregar.Luego, se deben colocar unas gotas en la palma de la mano y distribuir el producto de medios a puntas, evitando la raíz. La cantidad dependerá de la longitud y volumen del cabello. Este paso ayuda a sellar la hidratación, reducir el frizz y proteger el cabello durante el peinado.Hábitos clave para tener un cabello sin frizz y más saludableAdemás del uso de productos especializados como sérums, adoptar buenos hábitos puede marcar una gran diferencia en la salud capilar. Estas son algunas recomendaciones:Evitar el uso excesivo de planchas y secadores.Usar toallas de microfibra o camisetas de algodón.Dormir con fundas o gorros de satín o seda.Aplicar acondicionador y mascarillas regularmente.Utilizar peines de dientes anchos.Estos cuidados ayudan a mantener la cutícula capilar cerrada y a reducir el frizz.El lanzamiento del sérum de la marca Kerabelle Profesional en Tiendas D1 refleja una tendencia creciente en el mercado: productos de cuidado personal efectivos y a precios accesibles. Su combinación de ingredientes nutritivos, facilidad de uso y bajo costo lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar la apariencia de su cabello sin realizar grandes inversiones.Con el uso adecuado y una rutina capilar saludable, es posible reducir significativamente el frizz y lograr un cabello más brillante, suave y manejable, utilizando productos al alcance de todos los bolsillos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a una de las operaciones más polémicas en los últimos meses en territorio latinoamericano. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, Rubio defendió con firmeza el ataque militar ordenado desde Washington sobre Venezuela, que dio como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo que provocó el rechazo internacional.Rubio no solo calificó la operación como “necesaria”, sino que subrayó que la crítica de otros países no minimiza el actuar de su país. “A muchos países no les gustó lo que hicimos en Venezuela. No pasa nada. Era por el interés nacional”, comentó y aseguró que las discrepancias entre Estados no impiden mantener una buena relación y seguir cooperando.Estados Unidos recibe críticas por operación en VenezuelaEl mensaje de Rubio reconoce algo que era una verdad a puerta cerrada, pues ni siquiera aliados cercanos estuvieron de acuerdo con la operación contra el país sudamericano, según sus declaraciones. “Los países expresan su opinión constantemente. Tenemos aliados muy cercanos a los que no les gustó lo que hicimos al respecto”, indicó Rubio, aunque añadió que eso no debilita la alianza existente con dichas naciones. Pese a ello, desde la administración estadounidense se describe la operación como “un éxito”, y Rubio admitió que aún “queda mucho por hacer”, insistiendo en que la acción ofrece a Venezuela “una oportunidad de un nuevo futuro”.Este argumento contrasta con las voces que han surgido desde Caracas y desde distintos gobiernos alrededor del mundo. El Gobierno venezolano calificó lo ocurrido como una “gravísima agresión militar” y aseguró que el objetivo de Estados Unidos es apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo y los minerales.Además, países como Rusia y China, entre otros, solicitaron la inmediata liberación de Maduro y su esposa, señalando que Venezuela tiene el derecho a decidir sobre su destino sin injerencias extranjeras.Otro de los puntos que ha generado tensión es la decisión estadounidense sobre el control unilateral de la industria petrolera por un tiempo “indefinido”, además de afirmar que Washington solo autorizará las ventas de petróleo venezolano.Las declaraciones de Rubio se enmarcan en un contexto de debate global sobre la legalidad y las consecuencias de la intervención, con críticos que sostienen que el ataque establece un precedente peligroso bajo el derecho internacional.
La Fiscalía General de la Nación informó que fue enviado a la cárcel Johan Stiven Marino Mosquera, el hombre que sería responsable de retener a su pareja sentimental y luego someterla a agresiones físicas y psicológicas en el barrio Manrique de Medellín.La mujer que permaneció secuestrada por 48 horas fue rescatada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y se conoció que la situación se habría ocasionado porque el hombre quería inducir a abortar a la mujer que, al parecer, ya había perdido al bebé días atrás.Los detalles que entregan las autoridades es que el hombre golpeaba con objetos contundentes a la mujer que habría perdido el conocimiento en diferentes oportunidades. "Inflingió dolores y sufrimientos físicos, con el fin de obtener de ella información sobre su vida íntima. Igualmente, le inflingió dolores por haber sostenido relaciones íntimas o sentimentales con otros hombres diferentes a él", manifestó la fiscal del caso durante las audiencias de imputación.Según reveló la Fiscalía General de la Nación mientras mantenía a la mujer secuestrada en una vivienda de la capital de Antioquia, Marino llamaba a la mamá de su pareja sentimental y le pidió dos millones de pesos a cambio de no golpear a la víctima y luego dejarla en libertad.Durante el procedimiento de captura se lograron incautar cuatro teléfonos celulares y dinero efectivo, mientras que un fiscal le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura, mismos que no fueron aceptados y por ello fue enviado a un centro carcelario.
Buen inicio de temporada para Brandon Rivera. El colombiano firmó un top 3 en la clasificación general del Tour de la Provence 2026, una competencia disputada en el sur de Francia y que estuvo marcada por condiciones exigentes, incluida la presencia de nieve durante el desarrollo de la carrera.La prueba recorrió la región de Provenza y combinó largas distancias con jornadas determinantes para la general. El cierre se dio este domingo 15 de febrero con una etapa de 205,1 kilómetros entre Rognac y Arles, el tramo más extenso del desenlace, que terminó de definir el podio tras tres días de competencia.El título quedó en manos del estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), mientras que el segundo lugar fue para el español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) aseguró la tercera posición de la clasificación general, consolidando una actuación destacada en su debut europeo de la temporada 2026. El colombiano respondió en una carrera que no solo exigió por el kilometraje, sino también por las condiciones climáticas adversas, con jornadas marcadas por la nieve, que aumentaron el nivel de dificultad en el trazado francés.El podio en la Provence confirma el buen arranque de año de Rivera.
Corficolombiana anunció que adquirió el 51% de las acciones de Sencia SAS, la empresa encargada de la asociación público- privada que desarrollará la renovación y construcción del complejo deportivo del estadio El Campín, en Bogotá.La concesión tendrá una duración aproximada de 29 años, con una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos y un periodo de construcción estimado de cinco años.El proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio moderno con capacidad para 50.000 espectadores, además de un hotel, zonas comerciales y oficinas. También incluye un amplio espacio público con plazas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y áreas recreativas para los ciudadanos.La presidenta de la compañía, Milena López, afirmó que, con esta adquisición, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, diversifica su portafolio y fortalece su participación en proyectos de construcción y operación sin depender de recursos públicos.“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía”, señaló Milena López, presidente de Corficolombiana.Dentro del complejo se construirá un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para 2.000 personas, una sala alterna para 500 espectadores y una zona cubierta para la práctica de deportes.A esto se suma un parqueadero con cerca de 3.000 cupos para carros, motos y bicicletas, lo que aportará a la movilidad de la ciudad.
Aunque el Gobierno Nacional esperaba una nueva ola migratoria y hasta evaluó un decreto de emergencia para la zona de frontera con Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, los comportamientos migratorios de los últimos días han reportado normalidad.Migración Colombia informó que en los últimos 30 días, es decir, desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero, se registraron 83.308 ingresos y 77.976 salidas de ciudadanos venezolanos del país, una cifra usual en la dinámica que se observó el año pasado. Entre el 1 y el 4 de este mes se registraron 6.117 entradas y 5.390 salidas, un comportamiento que también es acorde a las dinámicas normales de fin de año.“El reporte de Migración Colombia señala que el análisis comparativo de las entradas registradas en enero de 2026 frente al histórico de enero de 2025 evidencia una tendencia similar e incluso inferior en algunos momentos, y que el comportamiento de los flujos pendulares entre el 1 y el 4 de enero no muestra incrementos súbitos o anormales que indiquen cambios en el patrón habitual de la dinámica migratoria en la frontera colombo-venezolana”, se lee en el documentoCabe mencionar que el gobierno nacional desplegó 30.000 uniformados en la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad y evitar que grupos al margen de la ley tomen el control de la región.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), que agrupa a más de 6.200 empresarios del comercio minorista independiente de medicamentos y genera más de 30.000 empleos directos, fijó su posición institucional frente al nuevo escenario salarial.El gremio parte de un punto que califica como ética y es que el salario es el sustento de la dignidad de las familias y no una variable meramente contable. En ese sentido, Asocoldro manifestó que comparte el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y proteger su poder adquisitivo, destacando que empresarios y empleados hacen parte de un mismo tejido productivo cuya estabilidad es interdependiente.No obstante, la asociación advirtió que las aspiraciones sociales deben estar respaldadas por realidades económicas sostenibles. Citando el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordó que la fijación del salario mínimo debe considerar no solo las necesidades de los trabajadores, sino también factores como la productividad y la capacidad de mantener niveles adecuados de empleo.Según Asocoldro, el aumento del ingreso mínimo a dos millones de pesos, muy por encima de las proyecciones de inflación y productividad, introduce una presión significativa sobre la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base de la generación de empleo formal en el país. El impacto, señala el gremio, no es homogéneo y revela una brecha estructural entre los grandes conglomerados del retail farmacéutico y los empresarios independientes.Entre las principales dificultades se encuentra la competencia por el talento humano, ya que los droguistas independientes deben asumir el mismo incremento de costos laborales que las grandes cadenas, pero sin contar con economías de escala o respaldo financiero equivalente. A esto se suma una limitada capacidad de maniobra operativa, derivada de márgenes estrechos y altos costos fijos.Asocoldro consideró contradictorio que, en medio de una emergencia económica y social asociada a la estrechez fiscal, no se hayan anunciado medidas compensatorias inmediatas.Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo orientadas a un plan de respaldo que incluya alivios a la nómina, acciones contra la informalidad y apoyo a la liquidez, con el fin de preservar la viabilidad empresarial y la sostenibilidad del empleo formal en el sector.
Un grupo de cerca de 750 integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca llegó a Bogotá y se instaló en la Concha Acústica de la Universidad Nacional. La movilización, que arribó en 14 buses y varios vehículos, busca presionar al Gobierno para que cumpla compromisos firmados con las comunidades. “Decidimos movilizarnos hacia Bogotá en el entendido de que desde el año 86 se han venido firmando acuerdos con nuestras comunidades y esos acuerdos no han sido cumplidos”, explicó el consejero mayor Alexis Mina.El líder comunitario aseguró que el detonante más reciente fue un acuerdo firmado en 2024 tras una protesta en el peaje de Villarrica, relacionada con reforma rural, educación, salud y vivienda. “Hemos elevado comunicación al Gobierno sin respuesta, entonces la comunidad tomó la determinación de salir a Bogotá. Hemos entrado a este claustro universitario de manera pacífica”, afirmó, al señalar que la acción fue denominada simbólicamente como “con el buen modo, se saca el cimarrón del monte”.Mina aclaró que la presencia en la capital no está ligada directamente a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, aunque respaldan varias reformas sociales. “No vamos a acompañar físicamente porque tenemos una agenda propia de movilización alrededor de nuestra agenda de lucha”, sostuvo. Sobre posibles protestas en la ciudad, indicó que la decisión dependerá de lo que defina la asamblea de la organización en las próximas horas.El líder también cuestionó la falta de respuestas institucionales tras reuniones iniciales con delegados del Gobierno. “No hay todavía notificación de funcionarios con capacidad de decisión, no hay trazabilidad de documentación, no hay arquitectura documental”, dijo, señalando preocupación porque ni siquiera existirían actas claras de compromisos previos. Según relató, incluso se les pidió a las comunidades aportar esos documentos.En materia logística, los manifestantes aseguran estar preparados para permanecer el tiempo que sea necesario. “Hemos hecho unas tongas en los territorios, la preparación física de nosotros es inquebrantable”, afirmó Mina, quien aseguró que la duración de la protesta dependerá de la voluntad política del Ejecutivo. “Si el Gobierno toma la decisión de avanzar, en dos o tres días estaríamos desocupándonos de este tema; si no, no tenemos ningún problema en quedarnos acá”.La movilización también busca visibilizar la situación de orden público en el Norte del Cauca, donde, según las comunidades, persisten el reclutamiento de menores, ataques con drones y la expansión de grupos armados ilegales. “Tenemos una situación en territorio que amerita la atención por parte del Gobierno”, concluyó el consejero, insistiendo en que los puntos reclamados incluyen minería, reparación, restitución de tierras y reforma rural integral.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
El presidente Gustavo Petro confirmó durante su alocución de la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el incremento del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el aumento del 23,78 %. El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.La controversia surge luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno nacional emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento no habría contado con el suficiente sustento técnico. Según el alto tribunal, el ajuste debía estar respaldado por indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no responder únicamente a una determinación política, con el fin de garantizar la estabilidad económica y la confianza inversionista.Petro también convocó a movilizaciones en todo el país para este jueves 19 de febrero, al invitar al “pueblo trabajador de Colombia” a concentrarse en las plazas públicas.El mandatario aseguró que solicitará una aclaración frente a las decisiones adoptadas y sostuvo que esta discusión no solo es de carácter jurídico, sino que también debe respaldarse con la movilización ciudadana. “Los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital”, afirmó Petro.En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado."Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación", dijo.El mandatario dejó en claro "que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil", lo que indica que puede variar.
Tras el reporte del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia sobre una embarcación cargada con clorhidrato de cocaína en el Mar Caribe, se activó una operación conjunta que se extendió por más de 72 horas.La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos.La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.De manera inmediata, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar el seguimiento de la embarcación, guiando a las Unidades de Reacción Rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Urabá para ejecutar la interdicción marítima.Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes cambiaron el rumbo hacia las costas colombianas para intentar evadir la presión sostenida de la fuerza pública e internarse en la zona costera. Sin embargo, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 desplegadas en tierra impidieron la maniobra. Ante el asedio, los sujetos emprendieron la huida hacia el Golfo de Urabá, donde finalmente abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora —cargada con 30 canecas de gasolina— en una zona de manglares.Posteriormente, tropas del Batallón de Infantería No. 47 "Francisco de Paula Vélez" del Ejército Nacional realizaron la inspección, judicialización e inutilización de la motonave en coordinación con las autoridades competentes. Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo cual aeronaves del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro.Con el éxito de esta operación, la Fuerza Aeroespacial, en conjunto con la Armada de Colombia y el Ejército Nacional ratifica su presión sostenida contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico, especialmente en la región del Caribe colombiano.
El presidente Gustavo Petro realizará este domingo 15 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche, una alocución presidencial en la que abordará los puntos clave del denominado salario vital y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la suspensión temporal ordenada por el Consejo de Estado al decreto que establecía el aumento del salario mínimo para este año. La intervención será transmitida por los canales oficiales y redes sociales de la Presidencia.El pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,78 % decretado para 2026, decisión que obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el fondo de la demanda. El alto tribunal argumentó que el ajuste debe sustentarse en criterios técnicos como inflación y productividad, y no únicamente en lineamientos de carácter político.Desde el Gobierno han defendido la figura del “salario vital” y han advertido sobre las implicaciones administrativas y jurídicas que podría generar una modificación del decreto, especialmente frente a los pagos ya realizados. Se espera que durante la alocución el presidente precise el camino que seguirá el Ejecutivo para garantizar estabilidad laboral y claridad en la aplicación del salario mínimo en el país."Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado; esto hace que los 8 días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución; lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", señaló Petro.El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.
La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados cuando se movilizaba por zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. De acuerdo con el comunicado emitido en su cuenta de Instagram, durante el hecho fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado.En el documento, la candidata confirmó que ella y su equipo están a salvo, pero rechazó lo ocurrido al advertir que es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas. En el mismo pronunciamiento, aseguró que el hecho refleja la situación que vive el departamento y señaló que “la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación”.La candidata también puso el foco en los riesgos que enfrentan las mujeres en política. “Evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos”, afirmó en el comunicado. Por esa razón, su equipo exigió al Gobierno nacional la adopción de medidas de protección para todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres.Sobre la situación general de seguridad electoral en el país se pronunció el procurador general, Gregorio Eljach, durante una jornada de paz electoral en Bogotá, cuando le preguntaron por el caso de la candidata Guzman. “Estamos preocupados por garantizar seguridad a todos los que están aspirando, a los que componen sus campañas, a las bancadas, a los partidos y en general a toda la ciudadanía, incluyendo testigos electorales y jurados de votación”, afirmó el jefe del Ministerio Público.El procurador también anunció una nueva reunión de evaluación del Plan Democracia con la cúpula militar y policial para revisar el comportamiento de los territorios con mayor riesgo. Según explicó, el encuentro servirá para “mirar cuáles de los 104 puntos con riesgo extremo de violencia electoral se han reducido y cómo vamos avanzando hacia la recuperación del territorio para unas elecciones tranquilas y en paz”.Eljach confirmó que este trabajo se adelanta de manera conjunta con la Misión de Observación Electoral. Además, indicó que en la próxima reunión participarán la cúpula militar y invitados internacionales para evaluar los avances más recientes del programa de protección electoral.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por medio de un comunicado mencionó que las lluvias persistentes en la cuenca alta del río Sinú podrían generar incrementos significativos en los niveles del río, especialmente en municipios cercanos como Tierralta, Montería y Lorica.Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados a comienzos del mes de febrero, no se descartan desbordamientos en zonas puntuales en las que ya existen antecedentes de inundaciones.El pronóstico indica que la creciente podría transitar desde el embalse hacia la parte media y baja de la cuenca durante el 20 de febrero, con caudales que superarían los 1.100 metros cúbicos por segundo en puntos como Montería y Lorica, antes de disminuir hacia la desembocadura.“Los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados (...) Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal” anunció la Hidroeléctrica Urrá en el comunicado oficial de la mañana del 15 de febrero.La alerta roja continúa vigente debido a que se prevén más lluvias en la cuenca alta del río Sinú durante los próximos días. La hidroeléctrica también informó que mantendrá monitoreo constante tanto del embalse como de los caudales del río, mientras el Ideam sigue evaluando el comportamiento hidrológico.Las autoridades recomiendan a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a los comunicados oficiales, reforzar las medidas de prevención y evitar exponerse en sectores con riesgo de inundación.
La emergencia por inundaciones en Córdoba deja más de 150.000 personas afectadas y pérdidas millonarias, en un panorama que Juan Camilo Restrepo, director del Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS) de la Universidad del Norte en Barranquilla, calificó como “dolorosa, terrible, pavorosa”, en entrevista en Sala de Prensa Blu. Aunque el nivel de las aguas ha comenzado a ceder, la crisis humanitaria persiste en el departamento más golpeado, con impactos también en Sucre, Antioquia, Chocó y Santander.Para Restrepo, la situación tiene tres causas estructurales: variabilidad climática y cambio climático, limitada capacidad de adaptación y debilidades institucionales en la gestión del riesgo.Variabilidad climática y frente fríoDesde el enfoque técnico, Restrepo explicó que el fenómeno se originó en un frente frío asociado al vórtice polar en Norteamérica. “Es un hecho conocido por todos que estamos experimentando cambios de escala global que hacen que ciertos fenómenos adversos como estos sean cada vez más frecuentes y más intensos”, afirmó.Detalló que un frente frío ocurre cuando “hay un encuentro en la atmósfera de dos masas de aire con propiedades diferentes, una fría, una caliente”, lo que genera “un exceso de humedad que genera fuertes precipitaciones, vientos y también marejada ciclónica”. Subrayó que fue inusual registrar ese nivel de lluvias en enero y febrero y confirmó que en Córdoba “en dos días llovió lo que debería llover en dos meses”.Además, recordó que los suelos y embalses ya venían saturados tras los meses de mayor precipitación. “Los suelos que pueden absorber agua también estaban llenos”, señaló.Capacidad de adaptación y gestión del riesgoEl experto enfatizó que, aunque el fenómeno climático no es responsabilidad local, la forma en que se afronta sí lo es. “La forma en que lo padecemos sí puede variar dependiendo de cómo esté el terreno adaptado”, indicó, cuestionando si existían sistemas de alerta temprana y si la infraestructura estratégica estaba protegida.Mencionó hospitales bajo el agua y comunidades incomunicadas por derrumbes de puentes. “Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de alertas tempranas” para evacuar personas y proteger infraestructura, advirtió. También llamó a recuperar la conexión entre el río Sinú y las ciénagas, cuya función natural es retener excesos de agua. Según explicó, la construcción de jarillones, diques y el relleno de ciénagas ha reducido esa capacidad de regulación hídrica.Urrá y la mitigación temporalSobre la hidroeléctrica de Urrá, Restrepo sostuvo que su influencia fue “mínima” y que incluso “mitigó algo que podría ser peor”. Aclaró que la represa acumuló agua durante varios días antes de liberarla, lo que “dio tiempo”. Sin embargo, planteó una reflexión: “Lo triste es qué hicimos con ese tiempo que nos dio Urrá. ¿Nos pudimos preparar?”.Frente a la recuperación económica y social de Córdoba, una región con vocación agropecuaria, Restrepo aludió al concepto del ciclo de los desastres y la etapa de rehabilitación. Citó como ejemplo el Eje Cafetero tras el sismo de 1999: “Ese desastre permitió que esa zona se proyectara a través de una visión”.Finalmente, lamentó que en medio de la emergencia haya divisiones. “Los desastres usualmente nos deben unir”, expresó, insistiendo en que la prioridad debe ser definir “qué queremos hacer de Córdoba” tras esta emergencia invernal.Escuche la entrevista completa acá:
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.