Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
La preocupación se tomó este miércoles las puertas del Ministerio de Minas y Energía, donde desde muy temprano llegaron trabajadores del sector cañero y palmero del Cauca y el Valle del Cauca. La razón: una crisis que, según los sindicatos, ya golpea la rentabilidad del sector y amenaza directamente el empleo.El tema fue explicado en Mañanas Blu, donde Johnson Torres, directivo nacional de Asintragro y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó una advertencia directa: “Si no hay una solución, empiezan a acabarse los contratos”.Crisis del etanol: importaciones y cambios en la fórmulaTorres explicó que el problema se originó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno modificó la fórmula para calcular el precio del etanol y el biodiésel. Esa decisión, aseguró, redujo la rentabilidad del productor nacional y no tuvo en cuenta el impacto de las importaciones.“El 55 % del etanol que entra al país viene de Estados Unidos y es altamente subsidiado”, dijo. Según el dirigente sindical, los grandes comercializadores han preferido comprar ese etanol importado, dejando represada la producción nacional.Hoy, el sector enfrenta un panorama crítico: “Hay represados 51 millones de litros de etanol, un stock del 300 %. Estamos a puertas de que los ingenios paren”, afirmó Torres al aire.Empleo en riesgo y contratos en pausaEl impacto no es solo industrial. La acumulación de etanol ha frenado la compra de caña y palma, afectando a productores, transportadores y trabajadores de toda la cadena. “Cuando no se puede vender ni producir más, cesan los contratos de trabajo o empiezan las licencias no remuneradas”, advirtió el vocero sindical.Aunque parte de la caña podría destinarse a la producción de azúcar, Torres explicó que ese camino también tiene límites. Colombia ya produce más azúcar de la que consume, lo que obliga a exportar excedentes y genera presiones adicionales sobre precios y pequeños productores, como los paneleros.La propuesta al Gobierno y la reunión claveLos trabajadores no piden cerrar las importaciones, sino una salida técnica. “Si el Gobierno incrementa la mezcla de etanol del 10 % al 12 % o al 15 %, nosotros podemos vender nuestra producción y el país seguiría importando lo que haga falta”, explicó Torres.La decisión está en manos del Ministerio de Minas y Energía, con quien los manifestantes sostuvieron una reunión este miércoles. Mientras tanto, el mensaje del sector es claro: sin una solución de corto plazo, el empleo rural y agroindustrial empezará a resentirse con fuerza.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la ola invernal podría afectar a cerca de 5,5 millones de votantes de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Barrios explicó que, según el más reciente informe presentado ante la Comisión de Seguimiento Electoral, al menos siete subregiones del país se encuentran en alerta roja por parte del IDEAM.“Estamos hablando de casi el 14 % del censo electoral del país y cerca de 3.000 mesas de votación, que equivalen al 15 % del total nacional”, señaló.Tres grandes retos logísticosLa directora de la MOE identificó tres desafíos principales:Reubicación de puestos de votaciónMuchos colegios y coliseos —lugares habituales para votar— están funcionando como albergues para familias afectadas por inundaciones. “Si el colegio está inundado o sirve de refugio, hay que buscar un lugar alternativo, especialmente en zonas rurales”, explicó.Estado de las víasLa situación es crítica en regiones como La Mojana, donde varias vías terciarias y principales están anegadas. Esto complica tanto la instalación de mesas como el transporte y posterior retiro del material electoral.Riesgo de politización de ayudasBarrios advirtió sobre la necesidad de evitar que la entrega de asistencia humanitaria sea utilizada para favorecer candidaturas. “Hay que impedir que se utilicen bienes de ayuda humanitaria con fines electorales”, subrayó.¿Qué pasa con quienes perdieron la cédula?Frente a ciudadanos que perdieron sus documentos en las inundaciones, Barrios destacó que la Registraduría Nacional del Estado Civil está adelantando jornadas rápidas para expedir duplicados de cédula.“Lo último que uno saca cuando se le está inundando la casa es la cédula”, afirmó, al resaltar la importancia de garantizar el derecho al voto de quienes resultaron damnificados.La MOE pidió que cualquier información sobre cambios en puestos de votación sea consultada únicamente en canales oficiales de la Registraduría para evitar desinformación.Transporte, aplazamientos y riesgos legalesSobre la posibilidad de habilitar transporte público para facilitar el acceso a las urnas, Barrios señaló que la medida tiene ventajas y riesgos. Si bien podría ayudar a los votantes, también podría interpretarse como una acción que favorezca determinadas campañas.“Una lectura positiva es que el municipio está ayudando; la negativa es que el transporte favorece a cierta candidatura”, explicó.En cuanto a un eventual aplazamiento de elecciones en municipios afectados, fue enfática: “No se contempla como opción. Para elecciones al Senado no es viable suspender votaciones en algunos municipios”.Tampoco se prevé autorizar el voto con documentos distintos a la cédula, ya que cambios de ese tipo podrían derivar en demandas posteriores contra los resultados.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó mediante un comunicado que suscribió un contrato de prestación de servicios con Ingrid Carolina Plata Navas para apoyar la organización, coordinación y logística de las actividades protocolarias del presidente Petro.En el documento, la entidad señaló que este tipo de funciones han existido en gobiernos anteriores y que actualmente esas tareas se concentran en una sola persona, lo que, según la Casa de Nariño, representa una reducción del 51 % frente a administraciones pasadas.El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos y la polémica que generaron los contratos del Dapre firmados con Plata Navas, amiga de la primera dama Verónica Alcocer y esposa de Danilo Rueda, contratista de PDVSA y compadre del presidente Gustavo Petro. La contratista ha suscrito tres convenios con el Departamento Administrativo de la Presidencia que suman $719.321.778 pesos.El primero fue firmado el 26 de agosto de 2022 y se extendió hasta el 15 de diciembre de ese año, por más de 70 millones, con honorarios mensuales de $19.669.086, para prestar apoyo en actividades protocolarias en escenarios como el Palacio de Nariño, la Hacienda Hato Grande en Sopó y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. El segundo, el de mayor cuantía, se firmó el 16 de diciembre de 2022 por $482.480.725. El tercero fue adjudicado el 18 de diciembre del año pasado por $166.032.343, con vigencia hasta el 31 de julio.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Después de la retención de casi 1.500 funcionarios en el CAN, el Distrito aclaró por qué no pudo intervenir para recuperar el orden público en esta zona. Como lo había anticipado el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, no se solicitó una intervención por parte del Gobierno nacional, a quien estaban dirigidas las propuestas y quien es propietario de los edificios afectados.Ante esto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, concluyó que “por la postura del Gobierno de mantener el diálogo, se cerró la posibilidad de intervenir”.“En los edificios públicos donde ayer ocurrieron esos hechos no era nuestra responsabilidad. Y la postura del Gobierno nacional de mantener una actitud de diálogo o un canal abierto nos cerró la posibilidad de restituir el orden. Cuando el Gobierno nacional abre esos espacios, la única manera de actuar con los mecanismos de restitución del orden es por pedido expreso y público de las autoridades responsables de esas instituciones, de esos edificios”, concluyó el secretario de Seguridad, César Restrepo.Por otro lado, desde el Distrito rechazaron lo sucedido en las afueras de los edificios del DANE, MinEnergía, Invías y MinEducación, y enviaron un mensaje al Gobierno para que sea garante de la seguridad de las personas que no están inmersas en las manifestaciones.Para las manifestaciones convocadas para el próximo jueves 19 de febrero, el Distrito ya tiene listo el esquema de cuidado y protección para la ciudad, que incluye el despliegue de gestores de convivencia con el fin de evitar alteraciones del orden público.
La más reciente Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una disminución en los niveles de hurto y una mejora en la percepción de seguridad en la capital del país. Los resultados fueron socializados este martes por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó avances en 14 de las 20 localidades evaluadas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.De acuerdo con la encuesta —considerada la medición técnica más amplia del país en materia de seguridad urbana—, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó pasó de 69,4 % en 2024 a 66 % en 2025. Asimismo, la proporción de ciudadanos que fueron víctimas de al menos un delito se redujo de 15,3 % a 14,9 %.Uno de los datos más relevantes está relacionado con la percepción en los barrios. El porcentaje de personas que consideran que su sector es seguro pasó del 31 % al 43 %, lo que representa un incremento cercano al 35 % en el número de ciudadanos que expresan sentirse tranquilos en su entorno. Para la administración distrital, este resultado responde a estrategias como las Zonas Seguras y el trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal y los frentes locales de seguridad.En el sistema de TransMilenio también se evidenció una mejora. El porcentaje de usuarios que considera que el servicio no es seguro disminuyó de 70,6 % en 2024 a 62,7 % en 2025.La encuesta igualmente mostró una reducción en la extorsión, que pasó de 7,3 % en 2024 a 4,6 % en 2025, tras dos años consecutivos de incrementos. Para el alcalde, estos indicadores deben complementarse con el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, una herramienta clave para conocer la dimensión real del delito.No obstante, el mandatario advirtió que persisten desafíos estructurales. Señaló que 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia recuperan la libertad, al igual que 95 de cada 100 detenidos por otros delitos, lo que —según afirmó— obliga a abrir una discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de garantizar sanciones efectivas.“Evidentemente, tenemos todavía un número alto de ciudadanos que manifiestan percepción de inseguridad. Yo creo que esa es la mayor importancia de esta reforma constitucional, es decir, eso es significativo, pero sigue siendo insuficiente también. En la mayoría de los delitos sigue habiendo muchos casos. Si yo les menciono que pasamos, tal vez, de 130.000 o 129.000 a 123.000, pues es una baja de 7.000 o menos, pero sigue habiendo 123.000. Y eso seguramente explica esa percepción, que, aunque bajó, sigue siendo alta”.Aunque reconoció que los avances son graduales, Galán reiteró que el objetivo es consolidar la tendencia positiva y profundizar las acciones territoriales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.
El general Hugo López, nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que la cúpula militar adelanta un recorrido por las regiones con mayores afectaciones de orden público, iniciando en el departamento del Cauca y continuando hacia el Catatumbo, en Norte de Santander.En Mañanas Blu, el alto oficial señaló que actualmente se encuentra en Popayán, donde se realiza una revisión detallada de la situación operacional del Cauca, territorio que fue catalogado como prioridad dentro de la planeación militar para 2026.El comandante explicó que el diagnóstico evidencia acciones persistentes de grupos armados organizados, por lo que se evalúa reforzar dispositivos, ingresar nuevas capacidades y replantear el despliegue de tropas. “Si toca reforzar dispositivos o ingresar más capacidades, lo vamos a hacer”, aseguró. En relación con los recientes ataques registrados en municipios del norte del Cauca, el general indicó que se fortalecerá el control militar en cascos urbanos, vías estratégicas y la carretera Panamericana, en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales. “Este no puede ser solo un esfuerzo militar, tiene que ser un esfuerzo unificado”, sostuvo. Sobre la situación en el Catatumbo, confirmó que se presentaron confrontaciones entre el ELN y la estructura 33, hechos que provocaron el desplazamiento de población civil desde el caserío de Filogringo hacia El Tarra y Ocaña. “No podemos permitir que existan zonas vedadas para el control militar”, enfatizó. El general López explicó que, aunque el Gobierno mantiene una intención de paz, las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones contra cualquier estructura que siga delinquiendo. “Mientras sigan afectando a la población civil, nosotros seguimos con operaciones militares”, indicó. Frente a la percepción de desmotivación en las tropas, el comandante la descartó y aseguró que los soldados mantienen su compromiso con el país. Finalmente, resaltó que el fortalecimiento de los grupos ilegales está ligado a las economías ilícitas, por lo que la estrategia para 2026 estará enfocada en atacar el narcotráfico, la minería ilegal y otras fuentes de financiación criminal.
La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa concentrando la atención pública. El joven murió el pasado 31 de octubre en Bogotá tras recibir varios golpes mortales, y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que resultan clave para dar con el paradero de una de las personas señaladas como pieza central en el crimen.Se trata de la mujer conocida como “la del vestido azul”, identificada luego de la difusión de videos y testimonios que la ubican en el lugar de los hechos y la señalan como posible incitadora del ataque contra Moreno. Su presunta salida del país llevó a que la búsqueda del caso escalara a un escenario de cooperación internacional, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar su captura.Fiscalía confirma paradero de la mujer del vestido azulLa Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estaría actualmente en Venezuela, su país de origen. Con base en esta información, el ente acusador solicitó formalmente a Interpol la emisión de la circular roja, la cual ya se encuentra activa.Este mecanismo permite a los países miembros de Interpol localizar y capturar de manera provisional a una persona requerida por la justicia, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes. Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, la medida busca agilizar la ubicación de Fernández y facilitar una eventual judicialización en Colombia.Desde la Fiscalía se insiste en que la cooperación internacional será determinante para que el proceso avance y no quede en la impunidad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.Qué se sabe del crimen ocurrido en ChapineroEl homicidio de Jaime Esteban Moreno ocurrió la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, luego de que el joven saliera de la discoteca Before Club junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, Moreno intentó evitar una confrontación, pero fue seguido por varios sujetos y posteriormente atacado.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, señalan que Juan Carlos Suárez habría sido el autor material del ataque, con apoyo de Ricardo González. En este contexto, Kleidymar Paola Fernández es señalada de haber incitado la agresión, alentando a los atacantes y acusando a la víctima de comportamientos inapropiados dentro del establecimiento.Para el ente acusador, ese rol la ubica como presunta determinadora del homicidio, una figura penal que implica responsabilidad directa por impulsar la comisión del delito.En caso de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Colombia contra los otros dos implicados.La Fiscalía no descarta la posibilidad de preacuerdos, especialmente con Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, quien ha sostenido acercamientos con el ente investigador. Frente a este escenario, la familia de Jaime Esteban Moreno ha señalado que estas salidas jurídicas serían aceptables siempre y cuando se garantice verdad, responsabilidad penal y justicia.
Este martes, el Ministerio de Salud definió cuál será el aumento para la Unidad de Pago Por Capitación para 2026 y son varias las reacciones de preocupación entre aseguradores, prestadores y sectores críticos, quienes advierten que los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación del sistema, especialmente tras el reciente ajuste del salario mínimo.Para el 2026, el incremento se definió en un 9% para el régimen contributivo y un 16.5% para el régimen subsidiado, lo que representa un agregado superior al 12% para todo el sistema.Si bien desde gremios como ACEMI se reconoce que el aumento en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y podría ser un "alivio para más de la mitad de la población", la cifra para el contributivo es vista como un retroceso técnico.Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, este aumento del 9% representa, en términos reales, sólo un "4-5% sobre la base de la inflación para el año 2025", ignorando que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.“Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego este incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025”, detalló Vesga.El "desfase" con el salario mínimo y la crisis de liquidezUno de los puntos más críticos señalados por Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la desconexión entre el aumento de la UPC y las obligaciones laborales."Existe un desfase importante que hay entre el incremento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC", señaló Giraldo, añadiendo que esperaban una correlación más estrecha para cubrir sus gastos obligatorios. Esta situación se agrava al considerar que más del 40% del gasto en salud está expresado en nóminas.Ante este panorama, la Asociación solicitó al Gobierno expedir circulares que obliguen a trasladar este incremento a las tarifas con las IPS, buscando mantener un "equilibrio" en un sector que ya sufre por el mal flujo de recursos y la disfunción del sistema, particularmente en las entidades intervenidas.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la cifra del 9.03% dista mucho de los análisis técnicos que sugerían la necesidad de un aumento superior a los 15 puntos y por ello lamentó que la cifra se haya "impuesto" tras mesas de concertación fallidas, advirtiendo que los únicos afectados serán los usuarios:"Seguimos aumentando una brecha que seguramente, fundamentalmente, perjudicará la vida de los colombianos”, sentenció.Y uno de los pronunciamientos más fuerte llegó desde Pacientes Colombia, la asociación que reúne a los afiliados del sistema de salud y que en múltiples momentos ha denunciado el deterioro en la atención y entrega de medicamentos.Denis Silva, su vocero, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al señalar que estaba priorizando una línea ideológica sobre la financiación debida del sistema incumpliendo todos las órdenes de la Corte Constitucional.“Presidente Petro, ¿cuántos muertos más necesita usted para parar la crisis de la salud? ¿Cuántos muertos más necesita para entender que un sistema de salud hay que financiarlo debidamente? Libere al sistema de salud, presidente Petro, de su línea ideológica. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, pidió Silva.Todos los sectores coinciden en que esta decisión del Gobierno agravará el rezago en solucionar los problemas financieros, cerrando la puerta a una solución técnica concertada. Por ello, los aseguradores han anunciado que volverán a la Corte Constitucional para buscar una conclusión técnica que garantice la transparencia y la sostenibilidad del sistema, mientras los prestadores exigen un "plan extraordinario de liquidez" para evitar el colapso de la atención debida a la comunidad.
El presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que se refirió a sus tensiones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero también al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe, en Venezuela, en contra de esas organizaciones narcotraficantes y también envió un mensaje al ELN que hoy está incrementando la guerra que tiene con las disidencias causando nuevos desplazamientos en la región del Catatumbo.Incluso, el mandatario colombiano volvió a cuestionar la política antidrogas de la administración de Donald Trump y las operaciones de interdicción marítima, al asegurar que muchas de las lanchas atacadas con misiles en el Caribe no transportaban cocaína sino cannabis.“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, señaló Petro mediante su cuenta de X.En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro también se refirió además a la situación de orden público en el Catatumbo y sostuvo que el ELN y el frente 33 de las disidencias deben decidir si continúan compitiendo por el negocio de la cocaína o si optan por la paz.Según el presidente, solo cerca del 5 % de la cocaína producida en Colombia pasa por esa región hacia Estados Unidos.
El Ministerio de Salud dio a conocer la Resolución 2764, mediante la cual se oficializa el aumento de los recursos destinados a financiar la atención en salud de los afiliados al sistema durante 2026. Estos recursos corresponden a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada persona afiliada para cubrir sus servicios de salud.De acuerdo con la entidad, y siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, el incremento será diferenciado, según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento será del 9,03 %, mientras que, para el régimen subsidiado, el ajuste alcanzará el 16,49 %. Le puede interesar: MinSalud descarta reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores pese a orden de la CorteHay que recordar que Acemi y la Andi pedían un incremento para el régimen contributivo un aumento por encima del 15%.Así las cosas, Con este ajuste, el total de recursos destinados al aseguramiento en salud en 2026 aumentará en 11,6 billones de pesos. De esta manera, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento global del 12,94 % en la UPC.
Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda y una de las organizaciones que se ha "puesto las botas" para ayudar a los daminificados por lluvias en Córdoba, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta emergencia y la gravedad de la situación.“Cuando ya tú te pones las botas y empiezas a caminar los municipios, los corregimientos, te das cuenta de la magnitud de los damnificados y de la magnitud de las inundaciones. La gente está todavía con el agua, ya no al cuello, ya la tienen a la rodilla, pero siguen teniendo el problema de la inundación”, indicó Barguil, quien hizo un llamado a la constancia en la ayuda."No nos suelten sus manos, porque después vamos a necesitar más cuando pase todo esto, porque ya es cuando viene el mosquito, las enfermedades, los parásitos. Lo que yo no quiero es que nos echen al olvido. Por eso pedí ayuda a todos”, aseveró Barguil. Sobre su compromiso con la región, Barguil dijo que seguirán firmes ayudando al departamento, no solo a ciudadanos en Montería, sino incluso a los sitios donde ha sido difícil el acceso. "Seguiremos aquí con la camiseta y ahora con las botas puestas para poder seguir llegando a los más necesitados”, enfatizó.La Fundación A la Rueda Rueda se encuentra desplegando brigadas en corregimientos como Murindó, Palo de Agua y Pelayo, este último en compañía de la Cruz Roja para brindar actividades lúdicas a los niños afectados. Las ayudas recolectadas se están entregando directamente en albergues y puntos críticos censados por la organizaciónPara quienes deseen colaborar desde otras ciudades, se ha dispuesto un centro de acopio en Bogotá de la Fundación A la Rueda Rueda ubicado en la carrera 11a # 96-51, donde se reciben donaciones que son transportadas en camiones hacia la región Caribe. Escuche la entrevista:
De cara a las elecciones del 8 de marzo, la izquierda sigue dividida tras la decisión del Consejo Nacional Electoral que dejó por fuera al candidato Iván Cepeda. El precandidato Roy Barreras siguió adelante con su consulta del Frente por la Vida en la que participa con Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.Esto generó molestia al interior del sector que apoya a Cepeda e incluso en el mismo candidato. Este miércoles se conoció una circular interna en la que el Pacto Histórico le pide a sus militantes no votar las consultas y advierte también sanciones a quienes decidan hacerlo; frente a esto respondió en un video Barreras, asegurando que es una petición que responde al miedo.“Compañeros, no se equivoquen. La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos”, dijo.También se refirió a las amenazas sobre sanciones: “No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos. Yo sé unir al país y, por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años. Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos. Estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha, de derrotar la consulta uribista y luego de unir a Colombia”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro pidió una reunión entre el Gobierno y el sector bancario para buscar acuerdos alrededor de la inversión forzosa, una de las medidas que su administración ha defendido en medio de la emergencia por las inundaciones que ha dejado el frente frío en varias regiones del país. El mandatario insiste en que los bancos deben destinar un porcentaje de los recursos que captan (como depósitos y ahorros) a instrumentos específicos definidos por el Ejecutivo para atender, entre otros temas, la emergencia climática.A través de su cuenta de X, el jefe de Estado defendió esta figura y aseguró que las inversiones forzosas existen en Colombia desde 1960 y continúan vigentes. “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el contralor?”, escribió.Las declaraciones del presidente se dieron en medio de las protestas de más de 200 líderes sindicales del sector cañero y de palma africana, quienes se tomaron la entrada del Ministerio de Minas y Energía para exigir garantías para la producción nacional de etanol y biodiésel. Frente a la situación, Petro responsabilizó al sector bancario. “Si hay una sobreproducción de etanol, es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y un uso ineficiente de la tierra”, afirmó.Por ahora, Asobancaria asegura que no ha sido citada formalmente a dicho encuentro. Sin embargo, el gremio ha reiterado su postura frente a la inversión forzosa, advirtiendo que este tipo de medidas podría poner en vilo los ahorros de los colombianos.
El candidato a la presidencia David Luna interpuso ante la Fiscalía una solicitud formal para que se abra indagación preliminar y se investigue el caso de Kevin Acosta, el menor de siete años que murió esperando una medicina para la hemofilia.Luna asegura en el documento que se debe determinar si en este caso sí pudo haber cometido algún delito y, de ser así, pide que se identifique a los responsables.“Nuestra intención no es la de realizar señalamientos directos o concluyentes, sino la de poner en conocimiento de la autoridad competente una serie de hechos de público conocimiento que, por su gravedad, amerita. Una investigación exhaustiva y diligente”, dice Luna en el documento.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha generado una polémica al referirse al tema, pues ha dicho que la familia debió haber tomado medidas de prevención y una de ellas era no permitirle montar en la bicicleta.El mandatario también ha ordenado una investigación para poder esclarecer los hechos.El candidato Luna, al referirse a su solicitud a la Fiscalía, dijo: “He pedido que se determinen posibles responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que terminó en su muerte, y que se evalúe la actuación del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el marco de sus funciones.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Seis exministros de Hacienda rechazaron este miércoles el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar la emergencia económica para enfrentar la intensa temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.A través de una carta abierta a la opinión pública, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry, y Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestaron que esas inversiones forzosas: ”No son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.Aclaran que su pronunciamiento se basa en su experiencia, alejados de posturas partidistas. Los exministros le recuerdan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, “y no la premura de una emergencia”.Citan además la experiencia internacional y concluyen que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.“Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. Menciona la carta los casos de Bolivia y Venezuela que han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. “Referentes que difícilmente debería seguir Colombia”.“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, señalan en la comunicación los exministros.“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluyen.
La definición de fondo sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional vuelve a aplazarse. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Mañanas Blu con Néstor Morales, durante la emisión de este martes, al explicar que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el análisis del expediente.Según se conoció, el impedimento —que será estudiado por los demás integrantes de la Sala Plena— tendría altas probabilidades de ser aceptado. De confirmarse esa decisión, la Corte deberá designar un nuevo magistrado ponente, lo que implica reiniciar parte del estudio jurídico de la reforma pensional y, en consecuencia, prolongar los tiempos de una decisión que el Gobierno espera desde hace meses.Impedimento del ponente retrasa el trámiteDurante la conversación, se recordó que el magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días presidía la Corte, había radicado formalmente su solicitud de impedimento luego de una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública, el magistrado se refirió al trámite de la ley pensional y habló de un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos por un eventual prejuzgamiento.De acuerdo con Ospina, si la Sala Plena acepta el impedimento, el expediente cambiará de manos. Conforme a las reglas internas del alto tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Ese paso obligaría a presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los demás magistrados.Posible impacto en los tiempos de decisiónLos panelistas advirtieron que este cambio podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio. La razón es que la nueva ponencia deberá construirse desde cero en términos formales, revisando el expediente completo, que gira en torno a la legalidad del trámite legislativo de la reforma y a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes.También se mencionó que la situación podría tener efectos en la figura del conjuez designado previamente, pues la recomposición de mayorías y quórum en la Sala dependerá de cómo se configure la votación tras la aceptación del impedimento.Reforma pensional: incertidumbre jurídicaEl análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para la agenda social del Gobierno.Tal como se explicó en el Mañanas Blu, el aplazamiento no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, sino una reconfiguración del proceso interno del tribunal. Sin embargo, en la práctica, significa más tiempo de incertidumbre jurídica mientras la Corte retoma el estudio bajo una nueva ponencia.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.