Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
El consumo de lácteos en Colombia mostró una recuperación durante 2025, marcando un punto de inflexión para un sector que venía de atravesar años complejos. De acuerdo con el índice de gasto de los hogares de Raddar, el consumo de leche y derivados creció 3,5 % al cierre del año, consolidándose como el repunte más importante de los últimos cuatro años.En 2024 el aumento fue leve, de apenas 0,9 %, mientras que en 2023 y 2022 se presentaron caídas pronunciadas del 6 % y 9 %, respectivamente. Estos descensos encendieron las alertas dentro de la industria, que tuvo que responder con estrategias enfocadas en fortalecer la cadena productiva, innovar en la oferta y promover información basada en evidencia sobre los beneficios nutricionales de estos productos.Según Asoleche, gremio que agrupa a la industria láctea, junto con el Ministerio de Agricultura se adelantó un estudio para entender las razones detrás de la reducción en el consumo. El análisis reveló que uno de los principales factores fue la influencia de recomendaciones difundidas por figuras públicas y creadores de contenido en redes sociales.“Encontramos dos fenómenos preocupantes. Primero, profesionales de la salud que, incluso sin un diagnóstico clínico que lo justifique, eliminan sistemáticamente los lácteos de la dieta de sus pacientes. Segundo, influencers y figuras públicas que, sin ningún sustento científico, desaconsejan el consumo de leche en redes sociales”, explicó Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche.Desde el gremio insisten en que la nutrición debe abordarse desde el equilibrio y no desde la prohibición. Recuerdan que los lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D, fósforo y grasas esenciales para el funcionamiento del organismo.Con este repunte en 2025, el sector lácteo no solo evidencia una recuperación económica, sino también un cambio en la dinámica de consumo de los hogares colombianos, que vuelven a incluir estos productos de manera más activa en su dieta diaria.
El documento establece topes máximos para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y obliga a los vendedores a mantener el precio de las viviendas sociales en pesos, sin atarlo al salario mínimo, desde el momento en que el comprador manifieste su interés.El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto que modifica el marco regulatorio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con el objetivo de fortalecer la protección de los hogares de menores ingresos y garantizar una mayor transparencia en la comercialización de proyectos habitacionales.Uno de los cambios más relevantes es la obligación para los oferentes de informar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el momento en que el comprador manifieste su intención de adquirirla, ya sea mediante promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros mecanismos contractuales. Ese valor será el único exigible durante la ejecución del contrato, con el fin de evitar incrementos asociados al salario mínimo que no reflejen los costos reales de construcción.La norma establece que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), mientras que la Vivienda de Interés Prioritario tendrá un tope de 90 salarios mínimos. En el caso del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene un régimen excepcional que permite precios de hasta 280 salarios mínimos para vivienda rural, debido a sus condiciones territoriales y logísticas.El decreto también introduce el principio de interpretación favorable al consumidor y refuerza las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, que verificará el cumplimiento de las nuevas reglas.Según el Ministerio de Vivienda, la medida busca reducir los riesgos financieros para los hogares de menores ingresos, mejorar la transparencia del mercado inmobiliario y garantizar el acceso efectivo al derecho constitucional a una vivienda digna.
Pasan los años y la historia de Shakira en la industria musical sigue creciendo como una de las mayores exponentes latinas ante el mundo, tendencia que con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' se termina de potenciar con cifras históricas en todos los escenarios que se ha presentado y, ahora, ad-portas de pisar suelo territorio asiático.Pero hay un país en especial que más ha disfrutado de esta gira: México, con más de 11 shows en pocos meses y, en 2026, no será la excepción ya que la ‘Loba’ regresa al país azteca el 1 de marzo en un concierto totalmente gratuito de la mano del Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo en el Zócalo capitalino a las 8:00 de la noche, que, además, será transmitido.“Este magno concierto de Shakira en la Ciudad de México, producido por OCESA, dispondrá de pantallas en las calles aledañas al Zócalo (20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo) y pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución”, indicaron desde la organización.¿Cómo se podrá ver el concierto de Shakira en Colombia?En redes sociales, la ‘Loba’ confirmó la noticia y expresó su felicidad de regresar a territorio mexicano, en especial al Zócalo, lugar en el que se presentó en el 2007. Además, expresó que era una de sus formas de devolverles el cariño a todos sus fans.“¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX”, expresó.Pero su público latino también lo podrá ver, incluyendo a Colombia, a través de sus redes sociales. Información que la propia artista irá dando en sus redes sociales para el link, al igual que horarios, entre otros datos.
El número de soldados muertos en el ataque de la víspera contra una base militar en la localidad de Agucachica, en el departamento del Cesar, subió a siete y el de heridos a 30, informó el Ejército, según el cual la guerrilla del ELN utilizó drones en ese atentado.El ataque contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN, agregó el Ejército, que en un primer comunicado anoche había informado de cuatro muertos y siete heridos.Drones en el conflicto colombiano"En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales", expresó el Ejército en un comunicado.Los militares estaban descansando en hamacas después de una jornada de entrenamiento cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos.En el ataque murieron los soldados Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, dijo en Mañanas Blu que desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros hicieron en el departamento de Cauca el primer ataque con drones, el Ejército contabiliza 395 atentados con esos artefactos, que son "una amenaza multidominio que llegó para quedarse" en el conflicto armado colombiano.La base militar atacada anoche está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, región donde opera principalmente el ELN, que esta semana hizo cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia."El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población. Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército en Aguachica", dijo hoy en su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.El ministro añadió que aunque las Fuerza Militares "han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional".El pasado martes, disidencias de las Farc se tomaron durante más de siete horas la localidad de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), donde ocho policías quedaron heridos y parte de las edificaciones de ese pueblo fueron destruidas.
En un puesto de control instalado por tropas de la Novena Brigada, en el sector de la vereda Panorama, sobre la vía La Plata–Inzá–Popayán, occidente del Huila, fue detenido un vehículo de carga tipo turbo, en el cual hallaron 550 kilos de marihuana que habrían sido aforados en el departamento del Cauca.De acuerdo con las autoridades, este cargamento de marihuana pertenecería al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y, al parecer, pretendían llevarlo hacia el exterior, principalmente a Brasil, donde su valor aumentaría de manera significativa en el mercado internacional.El teniente coronel Cristian Arturo Fajardo, comandante del Batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada, confirmó que durante la incautación del alucinógeno el conductor del vehículo inspeccionado fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes.“En el procedimiento de verificación fue hallada en el automotor una carga compuesta por 549 paquetes, para un peso total de 549 kilos de marihuana. Este estupefaciente pertenecía al grupo armado residual bloque central Isaías Pardo de las Farc, frente Hernando González Acosta, y como resultado de la operación un hombre fue capturado”, afirmó el teniente coronel Fajardo.Es importante mencionar que, en lo corrido del año 2025, las autoridades han incautado alrededor de 28 toneladas de marihuana y base de coca en las carreteras del Huila, estupefacientes que en su mayoría provienen de estructuras criminales y grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca y el sur del país.
Tras el cruento atentado perpetrado por el ELN contra la base militar de Aguachica, Cesar, que resultó en el asesinato de seis soldados profesionales y dejó a 31 heridos, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, advirtió sobre la peligrosa transformación del conflicto en Colombia. Según el alto oficial, las fuerzas militares no solo luchan contra insurgentes tradicionales, sino contra estructuras criminales con una capacidad financiera sin precedentes que les permite acceder a tecnología de punta para atacar a la población y a las tropas.Una guerra impulsada por el narcotráfico y el oroEl general Cardozo fue enfático al describir al enemigo actual como una "guerrilla rica", asegurando que en ninguna otra época estos grupos habían tenido tantos recursos económicos como hoy. Esta bonanza financiera proviene principalmente del narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros, especialmente el oro en regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo.Esta solvencia les permite comprar bodegas, casas y drones a través de internet, además de contratar entrenamiento de personal extranjero para operar estos sistemas y coordinar ataques complejos,. "Aquí no hay una guerrilla que esté pensando en cambiar el sistema de gobierno; aquí hay unos carteles que se están enriqueciendo y adquiriendo capacidades de desestabilización", afirmó el comandante.La masificación de los ataques con dronesLa magnitud de la amenaza tecnológica es alarmante. Entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones. Esta modalidad, que inició en Argelia, Cauca, se ha expandido a zonas como el Chocó, Guaviare y Putumayo, convirtiéndose en la herramienta predilecta de grupos como el ELN y las disidencias de alias 'Mordisco' y 'Calarcá'.El desafío para las tropas es mayúsculo, pues los criminales lanzan estos artefactos desde el patio de casas en caseríos civiles, utilizándolos como escudos humanos para evitar la respuesta militar y generar daños colaterales. El general advirtió que la tecnología está evolucionando hacia el uso de "drones kamikaze", los cuales pueden impactar objetivos a velocidades de 100 km/h, aumentando la letalidad de las acciones terroristas.El costo de la defensa y la respuesta institucionalFrente a esta situación, el Ejército busca una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer la protección de sus bases fijas. Actualmente, la adquisición de tecnología de detección e inhibición es limitada debido a sus altos costos; un solo equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos.Escuche aquí la entrevista:
En una reciente declaración que pone de manifiesto la evolución del conflicto armado en Colombia, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, confirmó que el panorama de la seguridad en el país ha dado un giro drástico debido al uso masivo de tecnología. Tras un devastador ataque del ELN contra una base de entrenamiento en Aguachica, Cesar, que dejó seis soldados asesinados y 31 heridos, el alto mando militar advirtió que las tácticas convencionales están siendo superadas por nuevas modalidades delictivas.Una escalada tecnológica sin precedentesEl general Cardozo reveló cifras contundentes sobre esta nueva amenaza: entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, se han registrado 393 ataques con drones perpetrados por diversos grupos criminales. Lo que inició como una problemática localizada en el municipio de Argelia, Cauca, se ha extendido rápidamente hacia regiones estratégicas como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Chocó, Guaviare y Putumayo. Según el comandante, estos artefactos son adquiridos con facilidad en el mercado internacional o por internet, para luego ser adaptados con artefactos explosivos de manera artesanal.El desafío de enfrentar a una "guerrilla rica"El Ejército sostiene que se enfrenta a una "guerrilla rica" que cuenta con una capacidad financiera superior a la de épocas anteriores, producto del narcotráfico y la extracción ilícita de oro. Esta solvencia económica les permite no solo comprar equipos tecnológicos, sino también recibir entrenamiento de personal extranjero para la operación de drones y la coordinación de ataques combinados. El general explicó que los criminales suelen activar estos drones desde el patio de casas en zonas civiles para usar a la población como escudo y evitar la respuesta militar.Presupuesto y líneas de defensa: el plan de respuestaPara contrarrestar esta situación, el Ejército ha definido tres líneas de acción principales: el reentrenamiento de las tropas, la adquisición de tecnología de detección e inhibición, y la implementación de radares con armas autónomas. Sin embargo, la implementación es compleja debido a los altos costos; un equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos. Actualmente, se está gestionando una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer las bases militares fijas, ya que hasta ahora se ha priorizado la protección de unidades con aeronaves.Escuche aquí la entrevista:
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, negó cualquier contacto entre altos mandos militares colombianos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras recientes afirmaciones del mandatario vecino. La declaración la entregó en Mañanas Blu, de Blu Radio, este miércoles.Durante la entrevista, el general Cardozo fue enfático en que las Fuerzas Militares de Colombia actúan bajo el marco constitucional. “Somos un Ejército constitucional que cumple la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte”, aseguró el alto oficial.Frente a las versiones sobre supuestos diálogos con generales colombianos y llamados de apoyo al gobierno venezolano, el comandante fue claro. “No hay nadie del Ejército hablando con ningún presidente”, afirmó, al reiterar que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.Cardozo explicó que cualquier asunto de relacionamiento con otros países corresponde exclusivamente a la Cancillería colombiana. En ese sentido, señaló que el Ejército mantiene su enfoque en los problemas internos y en el cumplimiento de su misión institucional.El general también reafirmó el compromiso de la institución con la democracia y el Estado de derecho. Indicó que los soldados están concentrados en proteger a la población y en garantizar los derechos y libertades de los colombianos.Finalmente, el comandante del Ejército llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en las Fuerzas Militares: “Nuestros soldados lo entregan todo", concluyó.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.