Las autoridades encontraron este lunes a los tres soldados colombianos que desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de las Farc en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos."Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados", detalló el Ejército en un comunicado.Los uniformados desaparecieron tras los enfrentamientos en la vereda (aldea) Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.Una vez fueron hallados, el Ejército le informó a las familias de los soldados, que "estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos".En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.El EMBF, entre tanto, surgió de la ruptura de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.
La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.
Luego de 25 años, se cierra un capítulo de una larga y prolongada espera en la búsqueda de Orfanid Torres Collo por parte de su familia, que nunca perdió la esperanza de encontrar a su ser querido en Huila.Hoy esa incertidumbre terminó para esta familia oriunda del municipio de La Plata, en el occidente del Huila, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) les hiciera entrega digna del cuerpo de su hija y hermana.“En el marco de la investigación humanitaria extrajudicial que se adelantó en la quinta fase de intervención sobre el Cementerio Central de Neiva, en sitios en tierra, se tenía conocimiento del caso de Orfanid Torres Collo. Este caso fue un reto para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, territorial Huila, por las complejidades de su identificación”, señaló Ángela Patricia Cordon Quintero, investigadora de la UBPD – Huila.Según el testimonio de su familia, Orfanid salió muy joven de su hogar en La Plata y mantuvo comunicación ocasional hasta el año 2000. Desde entonces, no volvieron a tener noticias ciertas sobre su paradero.Durante la cuarta fase de intervención en el Cementerio Central de Neiva, desarrollada entre el 9 y el 21 de diciembre de 2024, con el acompañamiento de personas firmantes del Acuerdo de Paz, se recuperó el cuerpo de Orfanid, quien había sido sepultada como persona no identificada en este camposanto.Para su identificación fue fundamental el trabajo previo de investigación con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros y las familias buscadoras, así como el proceso técnico y forense adelantado por la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, que permitió confirmar plenamente su identidad.“Este resultado fue posible gracias a la articulación interinstitucional que permitió llevar a cabo la entrega digna, junto con el apoyo de entidades municipales, para que la familia pudiera cerrar este ciclo de zozobra al conocer qué ocurrió con su ser querido”, indicó la profesional de la UBPD.A la fecha, en siete intervenciones realizadas en el Cementerio Central de Neiva, se han recuperado al menos 97 cuerpos de personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en medio del conflicto armado.
La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
A casi 30 años de su fallecimiento, el nombre de Baba Vanga continúa despertando interés y controversia en distintos rincones del planeta. La vidente búlgara, reconocida por sus seguidores como la ‘Nostradamus de los Balcanes’, dejó una serie de predicciones que, según sus creyentes, siguen relacionándose con acontecimientos actuales. Una de las más comentadas en los últimos días involucra directamente a la familia real británica y, en particular, al monarca vigente.El reciente escándalo que salpica a Andrés, duque de York, hermano del rey del Reino Unido, volvió a poner en el centro del debate público el futuro de la monarquía. El exmiembro activo de la familia real fue detenido y posteriormente dejado en libertad bajo investigación en medio de las pesquisas relacionadas con su presunta cercanía con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y señalado de mantener una red que involucraba a figuras poderosas.Este hecho generó una nueva ola de presión mediática sobre la Casa Real, que en los últimos años ha enfrentado una serie de episodios complejos, desde controversias familiares hasta problemas de salud que han afectado a sus principales representantes.La salud del rey y la inquietante predicciónEn este contexto, la figura de Carlos III cobra especial relevancia. El monarca reveló en febrero de 2024 que padecía cáncer, sin precisar detalles sobre el tipo de enfermedad. Aunque meses después informó avances positivos en su tratamiento, la situación encendió las alarmas tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.La preocupación aumentó cuando también se conoció el diagnóstico de Catalina, princesa de Gales, esposa de Guillermo, príncipe de Gales, heredero al trono. Si bien la princesa anunció posteriormente que su enfermedad entró en remisión, el impacto de estos episodios reforzó la percepción de un periodo difícil para la monarquía.Es precisamente en este escenario donde resurge una de las predicciones atribuidas a Baba Vanga. Según interpretaciones difundidas por seguidores de la vidente, ella habría anticipado que el reinado de Carlos III sería interrumpido abruptamente, como consecuencia de problemas de salud que marcarían el final de su etapa como soberano.Más allá de las interpretaciones místicas, lo cierto es que la familia real atraviesa uno de los momentos más sensibles de las últimas décadas. El caso judicial que involucra al duque de York, sumado a los antecedentes de su relación con Epstein que datan desde hace años, ha puesto nuevamente bajo escrutinio a la institución.Analistas coinciden en que estas situaciones, junto con el estado de salud del monarca, podrían influir en la estabilidad de la corona británica. Algunos expertos incluso consideran que, de agravarse las condiciones, el rey podría verse obligado a delegar responsabilidades o modificar el rumbo de su reinado.Mientras tanto, las profecías de Baba Vanga vuelven a ser tema de conversación, alimentando teorías y especulaciones. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus visiones, su legado continúa generando debate, especialmente cuando coincide con eventos que sacuden a figuras de gran relevancia mundial.Por ahora, el futuro del rey Carlos III y de la monarquía permanece en desarrollo, en medio de un escenario donde la realidad y las creencias se entrelazan, manteniendo la atención del mundo sobre Buckingham Palace.
Tras el operativo por parte de las Fuerzas Militares de México que llevaron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron algunos hechos de violencia en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayoría del territorio nacional se encuentra en completa normalidad, por lo que hizo un llamado a la calma.Asimismo, reconoció el trabajo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad durante este operativo contra una de las estructuras criminales más influyentes en este país.La presidenta Sheinbaum, señaló que cualquier información sobre la situación de seguridad y orden público en el país será comunicada por las redes sociales del Gabinete de Seguridad.“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.... Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, señaló Claudia Sheinbaum en su comunicación.Por otro lado, el Gobierno de Guanajuato informó que la situación en 23 municipios se encuentra bajo control, luego de los hechos registrados tras el operativo federal en el estado vecino de Jalisco, donde murió Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes.Las autoridades aseguraron que se mantienen en alerta y en coordinación permanente en estos puntos, mientras continúan las labores de vigilancia en los estados que registraron hechos de violencia.
En medio de la tensión política y a pocas semanas de las jornadas electorales, la seguridad en Colombia se consolida como el principal tema de preocupación nacional. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, abordó los desafíos actuales, el panorama del conflicto y el papel de la fuerza pública en el proceso electoral.Con 42 años de servicio, el oficial aseguró que asume el mando en un momento “especial del país” que exige “mucho juicio, mucha disciplina y mucho trabajo”. Subrayó que las Fuerzas Militares de Colombia mantienen altos niveles de favorabilidad y reiteró su compromiso institucional: “Las Fuerzas Militares nunca le han quedado mal al país, nunca, y esta vez no va a ser la opción”.Seguridad y elecciones: prioridad nacionalFrente al reto de garantizar la seguridad durante las elecciones, López Barreto fue enfático: “Estamos desplegados en todo el territorio nacional con una sola intención y es garantizar la seguridad de los colombianos”. Añadió que el objetivo es permitir que “los 42 millones de colombianos que tienen derecho a votar puedan ir a las urnas”.El comandante explicó que el conflicto ha cambiado. “La guerra cambió. Pasamos de lo ideológico (…) a un conflicto económico”, centrado en el control territorial y las rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Esta transformación, dijo, implica nuevas amenazas y retos operacionales.Detalló que regiones como Cauca, Catatumbo, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Nariño concentran esfuerzos estratégicos. “Hoy estamos fortalecidos en el Cauca (…) 7.800 hombres aproximadamente desplegados”, mientras que en el Catatumbo hay “12.000 hombres (…) dedicados a garantizar la seguridad y a estabilizar”.Fuerzas Militares y debate políticoEn medio de cuestionamientos sobre una eventual desmoralización, el general respondió: “Las Fuerzas Militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados”. Insistió en que la institución debe mantenerse al margen del debate electoral: “No nos metan en debates políticos, déjenos cumplir nuestra misión institucional”.Según indicó, actualmente registran “aproximadamente 5.769 resultados operacionales positivos” frente a 177 acciones criminales. Estos resultados incluyen capturas, desmovilizaciones y operaciones contra estructuras ilegales.Caso General HuertasSobre el proceso que involucra al general Huertas, López Barreto indicó que está en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. “Estamos a la espera de decisiones. Le corresponde a estos entes (…) tomar las decisiones correspondientes”, puntualizó.Finalmente, el comandante envió un mensaje a la ciudadanía: “Confíen en sus fuerzas militares. No estamos derrotados, no estamos cansados, estamos trabajando por el bien de Colombia”.Escuche la entrevista completa acá:
Mientras caía la lluvia en la capital colombiana este domingo, 22 de febrero, la cita era en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la Liga BetPlay para el apasionante choque entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.La pelota rodó sobre las 4:03 de la tarde, tres minutos más tarde de lo programado, pero con la misma emoción de siempre. Un estadio rojiblanco, de hinchas cardenales y tiburones, encendió la emociones en el coloso de la 57 de dos equipos que llegaron con la necesidad de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.Fue Independiente Santa Fe el que decidió controlar el ritmo del partido y desde el primer minuto comenzó a atacar la portería defendida por el uruguayo Mauro Silveira, quien fue fuerte ante el ataque de Hugo Rodallega y Omar Fernández por parte de los dirigidos por Pablo Repetto.El primero cayó de los pies de Víctor Moreno al minuto 22' para Independiente Santa Fe, que ya había avistado antes por los errores que estaban cometiendo Jermein Peña y Edwin Herrera y que dejaron el espacio para que el defensor pusiera el grito de gol en El Campín.Sin embargo, la alegría cardenal duró muy poco en un despiste de Emmanuel Olivera y un rebote de Andrés Mosquera Marmolejo, este último termina impactando a Cristian Barrios y William Roldán (tras revisar el VAR) indicó la pena máxima y al minuto 29 lo empató Luis Fernando Muriel.Para el segundo tiempo las cosas no cambiaron mucho y el duelo de uruguayos lo siguió liderando Pablo Repetto, que, con diferencia, tuvo mejor lectura de partido y sus cambios le dieron frescura al ataque cardenal, tanto así, que la salida de Moreno por Scarpetta fue ideal para que cayera el segundo del cuadro capitalino (56').Pese a los cambios de Alfredo Arias, el Junior no encontró su fútbol y con el paso de los minutos el desgaste fue mayor en donde la confianza de un empate comenzó a caer en Teófilo Gutiérrez. La altura, una vez más, le jugó en contra a los tiburones que siguen en esa mala racha cuando visita Bogotá, ya sea contra Santa Fe o Millonarios.De ahí el partido no tuvo mayores emociones y fue un constante choque entre los equipos, de algunas amarillas y palabras de un jugador a otro, hasta que al minuto 90 se fue expulsado Helibelton Palacios por doble amarilla. Así se sentenció el partido para darle la victoria a Santa Fe (2-1).Ahora, los cardenales deberán preparar su próximo partido contra Atlético Nacional el próximo miércoles, 25 de febrero, nuevamente en Bogotá, para seguir escalando posiciones y poderse meter entre los ocho primeros y llegar a los cuadrangulares finales.Por su parte, Junior se prepara para visitar Montería para enfrentar a Jaguares el sábado, 28 de febrero, por la novena fecha de la Liga BetPlay.
La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, en el municipio de Aracataca, Magdalena, como consecuencia de recientes enfrentamientos entre los grupos armados autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).La entidad advirtió que los hechos confirman el riesgo alto señalado en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, donde se ha intensificado la disputa por el control territorial entre estructuras armadas ilegales.De acuerdo con la Defensoría, aunque no se han reportado víctimas civiles hasta el momento, las comunidades continúan expuestas a graves riesgos, entre ellos la posible presencia de artefactos explosivos, la restricción de movilidad y la zozobra generada por los combates. Estas condiciones han obligado a varias familias a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca y otros municipios cercanos.“Si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos. Las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas las motocicletas”, indicó la Defensoría.La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para implementar de manera inmediata las recomendaciones de la alerta temprana y activar los planes de contingencia, con el fin de garantizar atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. También solicitó el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para las víctimas, así como el fortalecimiento de la atención a menores por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno nacional en los procesos de diálogo y a cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
Tras el paro armado anunciado por las disidencias de las FARC hasta el martes 30 de diciembre, en varias comunidades de Caquetá y Putumayo, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las entidades territoriales para que activen acciones preventivas ante posibles situaciones humanitarias.El ente de control pidió poner en marcha los planes de contingencia para atender eventuales escenarios de confinamiento o desplazamiento, priorizando la alimentación, la salud, el albergue y la movilidad de las comunidades afectadas.La Procuraduría recordó que los municipios, como primeros respondientes, deben garantizar la atención a los hechos victimizantes dentro de su jurisdicción y, si la emergencia supera su capacidad de respuesta, acudir al nivel departamental. En caso de que este también se vea desbordado, se deberá solicitar apoyo al orden nacional, a través de la Unidad para las Víctimas.Por último, la Procuraduría pidió a las personerías municipales hacer seguimiento permanente a la situación humanitaria, atender de manera oportuna los casos individuales que se presenten y coordinar las acciones necesarias para responder ante un eventual evento masivo, incluyendo su respectiva caracterización.
Para la mañana de este jueves 11 de diciembre estaba programada una diligencia de desalojo por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE, en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá.Se trata de una orden de desocupación del inmueble donde funciona un Hogar de Paso de la Fundación Colombia Herida, un espacio que actualmente brinda apoyo y alojamiento a 17 personas en condición de especial vulnerabilidad, entre ellas indígenas y víctimas del conflicto armado.El hogar de paso está ubicado en la calle 57B #35A-13 y, según la Fundación, ha sido durante años un lugar de acogida temporal para personas desplazadas y afectadas por la violencia, en su mayoría provenientes del departamento del Caquetá.La fundación, de carácter social y sin ánimo de lucro, asegura que cumple una labor humanitaria orientada a garantizar condiciones mínimas de dignidad a víctimas del conflicto armado que llegan a la capital.De acuerdo con la información conocida, la diligencia de desalojo está relacionada con el vencimiento de un contrato de comodato sobre el inmueble. Aunque la fundación ha manifestado su interés en renovar dicho acuerdo, afirman que ese proceso no se habría concretado.Ante el riesgo inminente de que las 17 personas quedaran sin un lugar donde vivir, Paola Macías, asesora jurídica de la fundación, explica que se interpuso una acción de tutela solicitando como medida provisional la suspensión del desalojo mientras se resuelve el fondo del asunto.Desde la Fundación Colombia Herida advierten que un desalojo en estas condiciones podría implicar la vulneración de derechos como la vivienda digna, el mínimo vital y la protección reforzada que la Constitución reconoce a poblaciones como las víctimas del conflicto armado y los pueblos indígenas. Además, insisten en la necesidad de abrir un espacio de concertación con las partes involucradas que permita encontrar una salida jurídica y social al conflicto, incluida la eventual renovación del comodato.La fundación también subraya que este hogar de paso cumple una función clave para víctimas del conflicto provenientes del Caquetá, departamento históricamente golpeado por la violencia armada, y que para muchas de estas personas el lugar representa su única red de apoyo en Bogotá. Aunque el desalojo no se llevó a cabo el jueves, sigue en pie y en espera para ser reprogramado.
El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, en entrevista en Mañanas Blu 10:30, manifestó el respaldo del gremio al borrador de decreto con el que el Gobierno busca ajustar las reglas del alojamiento turístico y regular plataformas digitales como Airbnb, en el marco del Registro Nacional de Turismo (RNT). Según explicó, la iniciativa no introduce nuevas prohibiciones, sino que busca hacer cumplir normas que ya existen en la legislación colombiana.“Estamos muy de acuerdo con este propósito que encabeza el Gobierno con este decreto, que lo único que pretende es poner de presente todos los requisitos legales que existen para las viviendas turísticas”, señaló Duarte. El dirigente gremial enfatizó que esta tipología de alojamiento está regulada por ley desde 1996 y que el decreto apunta a integrar esas obligaciones al RNT.Duarte advirtió que la falta de control ha generado múltiples problemáticas en los territorios. “Hemos visto una gran cantidad de desafíos en términos de seguridad, convivencia y sostenibilidad en las comunidades”, afirmó, al tiempo que descartó que el decreto busque prohibir plataformas digitales. “La plataforma es bienvenida, la tipología es bienvenida; aquí no se está pretendiendo prohibir nada”, agregó.De acuerdo con cifras citadas por Cotelco, mientras el RNT registra cerca de 67.000 viviendas turísticas, solo en cuatro plataformas digitales se identifican más de 104.000 ofertas, muchas de ellas sin cumplir requisitos mínimos. “Existe un mar de informalidad que no garantiza la seguridad del turista ni de las comunidades”, advirtió.Impacto en consumidores y ofertaFrente a las preocupaciones por un posible aumento de precios o reducción de la oferta, Duarte aseguró que el impacto para el consumidor será mínimo. “La facilidad de reservar no se va a perder; lo que buscamos es que el establecimiento cumpla con estándares mínimos de seguridad y legalidad”, explicó. Entre ellos, contar con la autorización de la propiedad horizontal cuando aplique.Gentrificación y explotación sexualEl presidente de Cotelco también se refirió a fenómenos como la gentrificación y la explotación sexual de menores, especialmente en ciudades como Medellín. “Esto ya está documentado en Colombia y en otros países; el crecimiento desordenado del alojamiento turístico eleva el costo de vida y expulsa a los residentes”, señaló. Sobre la protección de menores, subrayó que el alojamiento formal cumple con protocolos estrictos: “En un hotel se pide cédula, pasaporte y se diligencia la tarjeta de registro; hoy muchas viviendas no lo están haciendo”.Finalmente, Duarte defendió la interoperabilidad con entidades como la Dian y Fontur. “Si hay ingresos, deben reportarse y aportar, como lo hace el alojamiento formal pagando IVA”, concluyó, al señalar que estos recursos son clave para infraestructura, seguridad y desarrollo turístico sostenible en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Este viernes se conocieron duros llamados de atención al Ministerio de Salud por las falencias en el sistema, al desacato de la Corte Constitucional se suma una alerta de la Procuraduría y es que de acuerdo con el Ministerio Público, en los últimos dos años se ha evidenciado un aumento exponencial de quejas, tutelas e incidentes de desacato por parte de los afiliados, lo que refleja una pérdida significativa en la capacidad de respuesta del sistema.Las cifras en poder de la Procuraduría revelan que solo para este año se proyectan más de 131.000 acciones de tutela y más de 33.000 desacatos por quejas en el servicio de salud.Uno de los hallazgos más críticos es que la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud empeoró las condiciones de acceso a los servicios y de la sostenibilidad financiera.En el caso de la Nueva EPS, la Procuraduría advirtió que tras la intervención el costo de la prestación de servicios superó los ingresos, al pasar del 95,6% en 2022 al 121% en 2023. Además, el patrimonio de la entidad se tornó negativo, alcanzando los -4,4 billones de pesos en 2024.Una situación similar se presenta en Coosalud EPS, donde la siniestralidad pasó del 94% en 2022 al 115% en 2025, lo que significa que la entidad gasta 115 pesos por cada 100 que recibe.El informe señala que la falta de acceso a medicamentos es el principal factor detrás del crecimiento histórico de las acciones de tutela y por eso la Procuraduría anunció la apertura de nuevas investigaciones contra funcionarios por acciones y omisiones en las labores de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud¿Posible corrupción en el sistema de salud colombiano?Adicionalmente, la Procuraduría inició una actuación preventiva para verificar denuncias relacionadas con la presunta facturación de servicios médicos a usuarios fallecidos y posibles sobrecostos en medicamentos, hechos que podrían comprometer responsabilidades disciplinarias.“Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones disciplinarias por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos y, particularmente, por el incumplimiento de las órdenes de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760-08, incluyendo el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, señaló la Procuraduría.
Desde el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, la Cancillería llevó a cabo este viernes 12 de diciembre un acto de reconocimiento extrajudicial a las víctimas del montaje judicial derivado del secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri, ocurrido en 1982.Después de 43 años del secuestro y asesinato de la líder defensora de los derechos de campesinos e indígenas, las voces de quienes fueron torturados, desaparecidos, estigmatizados y forzados al exilio por haber sido vinculados injustamente al caso, así como las de sus representantes, fueron escuchadas en este evento.“La Comisión de la Verdad concluyó que la arbitraria intromisión de los militares en los asuntos de la justicia ordinaria lo que logró fue desviar la línea de investigación, dejando totalmente fuera de foco de la justicia a los verdaderos asesinos. (…) Lo peor fue que provocaron una tragedia a 19 familias inocentes, además de que el secuestro y asesinato de Gloria Lara al final quedó impune”, dijo Robinson Rivera Mesa, hijo de una de las víctimas del montaje judicial que falleció hace dos años.El acto, convocado por la Cancillería, estuvo acompañado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esta entidad incluyó en las recomendaciones de su Informe Final el reconocimiento a las víctimas que debieron abandonar el país por persecución o riesgo derivado de responsabilidades militares y políticas.La viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Castro, fue la encargada de entregar las placas de reconocimiento a las víctimas y a sus familiares, en el caso de las víctimas fallecidas y de aquellas que todavía permanecen en el exilio.“A lo largo de estos 43 dolorosos años, las personas afectadas y sus familiares han tenido que cargar con el peso del señalamiento y el exilio. Es hora de dar cierre y reconocer que esto nunca debió suceder, que los agentes del Estado, que tenían la obligación de proteger, fallaron y traicionaron su mandato. Sepan que lamentamos profundamente su dolor”, dijo la viceministra durante la entrega del reconocimiento.Gloria Lara de Echeverri, abogada y directora de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, apareció muerta en Bogotá el 28 de noviembre de 1982, después de 150 días de secuestro.Según la Comisión de la Verdad, la respuesta estatal no se concentró en investigar a los responsables reales, sino en fabricar culpables. La inteligencia militar de la época construyó un montaje judicial que terminó por incriminar a líderes campesinos, estudiantes, sindicalistas y activistas sociales sin ninguna relación con los hechos.Las personas involucradas, provenientes de movimientos como la Democracia Popular —que había tenido cercanía electoral con el Nuevo Liberalismo—, del proyecto político del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y de organizaciones campesinas como la ANUC, fueron convertidas en enemigos internos en un proceso que, décadas después, la Comisión describió como un “falso positivo judicial”.En el proceso de esclarecimiento de este caso se demostró que el Ejército ejecutó torturas físicas y psicológicas para obtener confesiones que luego serían presentadas como pruebas judiciales.Además de golpes, interrogatorios prolongados y amenazas para conseguir falsas confesiones, cuatro personas —dos de ellas menores de edad— fueron víctimas de desaparición forzada.En esa misma vía, el juez 47 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo Mariño, avaló la participación del Ejército en tareas de policía judicial, pese a que el Estatuto de Seguridad ya había sido derogado, lo que agravó las acciones cometidas.Aunque otro juez, Enrique Alford, advirtió irregularidades y ordenó liberar a los detenidos en su momento, el proceso siguió avanzando en distintas instancias hasta cerrarse por prescripción, no por absolución. Como consecuencia, muchas de las víctimas y sus familias también fueron forzadas al exilio.En el acto de reparación, el Estado admitió su responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales y por haber permitido que la persecución política primara sobre la búsqueda de justicia.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La influencia de alias ‘El Mencho’ en el narcotráfico colombiano iba más allá de las fronteras de México. Fuentes de inteligencia señalan que el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, mantenía vínculos directos con estructuras criminales en Colombia, especialmente con el Clan del Golfo, considerado el mayor exportador de cocaína del país.Según información de inteligencia, los nexos entre el cartel mexicano y organizaciones colombianas eran amplios, pero el Clan del Golfo fungía como socio estratégico. Esta estructura aportaba rutas, cargamentos y logística para envíos a gran escala, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más rentable para las redes de narcotráfico transnacional.El rol de ‘El Mencho’ habría sido el de articulador. Inteligencia señala que funcionaba como enlace directo entre productores y traficantes en Colombia y la red de distribución internacional del cartel. Bajo ese esquema, el flujo de droga se mantenía estable, teniendo en cuenta que las organizaciones colombianas aseguraban producción y salida, mientras el cartel mexicano garantizaba recepción, distribución y lavado de activos.Aunque en los últimos años se abrieron corredores hacia Europa, la mayor parte de los envíos continuaba orientada al mercado estadounidense. Esa dependencia hacía que la figura de Oseguera Cervantes fuera clave para sostener la arquitectura criminal que conectaba Sudamérica con Norteamérica.La muerte del capo en México, confirmada por las autoridades y que desató reacomodos dentro del crimen organizado, provocó un remezón inmediato en esas dinámicas. Fuentes señalan que su ausencia obliga a los criminales a replantear rutas, intermediarios y alianzas, especialmente en los corredores que conectan a Colombia con carteles mexicanos.En Colombia, el impacto se sentiría principalmente en el Clan del Golfo, que habría perdido a uno de sus principales interlocutores internacionales. Sin esa figura, las organizaciones deben redefinir canales de negociación, lo que abre escenarios de disputas internas, nuevos intermediarios y posibles fracturas en las cadenas de exportación.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a las elecciones legislativas y presidenciales asegurando que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades del registrador, Hernán Penagos.“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, dijo Eljach.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que, supuestamente, algunas de ellas podrían abrir la puerta al fraude.El procurador también se refirió a una pregunta que hizo el presidente en las últimas horas, en la que planteaba si era posible que los militares fueran testigos electorales.“Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, agregó Eljach.
A puertas de un nuevo ciclo electoral, un estudio nacional puso sobre la mesa lo que piensan los colombianos sobre la democracia: existe preocupación por su rumbo, pero no se ha perdido la confianza en el voto como herramienta de cambio.La iniciativa “Cuidar la democracia”, liderada por once universidades junto a organizaciones empresariales y sociales, presentó los resultados de una encuesta aplicada a 1.700 personas en 81 municipios del país, con cobertura urbana y rural, realizada por Invamer.El 62 % de los encuestados considera que la democracia se está debilitando. Entre las principales razones mencionadas aparecen la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el 92 % afirma que su voto hace la diferencia, lo que evidencia que, pese a la insatisfacción con el desempeño del sistema, se mantiene la convicción de que la participación electoral puede generar cambios.La desinformación es uno de los factores que más inquieta. El 60 % la identifica como una amenaza seria para la democracia. A esto se suma la falta de transparencia, señalada por el 56 % de los consultados. Según el informe, estas percepciones influyen en la desconfianza hacia las instituciones y en la evaluación del sistema democrático.En cuanto a las prioridades ciudadanas, el 56 % considera que mejores oportunidades de educación y trabajo aumentarían su satisfacción con la democracia. También se mencionan la mejora en seguridad (54 %) y en transparencia (50 %) como aspectos clave.El estudio muestra además que la mayoría de los encuestados atribuye la responsabilidad principal de cuidar la democracia al Gobierno nacional (70 %), seguido por el Congreso (59 %), los gobiernos locales (58 %) y las Cortes (57 %). No obstante, la iniciativa plantea que la protección del sistema también requiere la participación de universidades, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía.La alianza está conformada por la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Icesi, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Minuto de Dios, CESA, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con aliados como SURA, Comfama y VélezReyes+.Los resultados serán presentados en la Universidad de los Andes y posteriormente se realizarán foros regionales para discutir propuestas y compromisos de cara a las elecciones de 2026.El informe propone abrir conversaciones públicas en las regiones, fortalecer la calidad del debate y promover compromisos verificables que permitan hacer seguimiento a lo que se promete en campaña.
En diálogo con Mañanas Blu, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó la solidez y las garantías que ofrece el andamiaje institucional de Colombia. Según los representantes de la misión, el país cuenta con un sistema diseñado para proteger la voluntad popular, lo cual se traduce en una estructura transparente que permite el ejercicio democrático sin sesgos ideológicos.Garantías para la alternancia y el cambio políticoUno de los puntos centrales destacados por la Misión, representada en la voz de Gabriel, es la capacidad del sistema para facilitar transiciones de poder de manera legítima. Se subrayó que el sistema electoral colombiano es tan "garantista" que ha permitido, basándose en datos concretos, la llegada al poder de un gobierno de tendencias políticas distintas a las tradicionales, como es el caso del actual gobierno de izquierda que ocupa la Casa de Nariño.Este hecho es interpretado como una prueba de fuego superada por las instituciones electorales, demostrando que las reglas del juego son claras y se respetan, permitiendo que cambios profundos en la tendencia política de los votantes se vean reflejados en los resultados finales sin interferencias sistémicas. La transparencia, por tanto, no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que ha quedado evidenciada en los procesos de escrutinio más recientes.El impacto de la retórica oficial sobre la institucionalidadA pesar de la robustez del sistema, la Misión también fue consultada sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando las figuras de alto nivel cuestionan la integridad de los procesos. Existe una preocupación legítima sobre qué tanto se puede lesionar un proceso electoral cuando un jefe de Estado pone en duda los resultados o el funcionamiento del sistema electoral mismo.Esta situación plantea un desafío para la confianza ciudadana. Si bien el sistema posee mecanismos técnicos de verificación y vigilancia, la narrativa pública que emana desde el poder central puede generar tensiones innecesarias. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad de una democracia depende no solo de la precisión técnica de sus votos, sino también de la responsabilidad en el discurso de los líderes políticos para no minar la credibilidad de las instituciones que ellos mismos presiden.El valor de la observación internacionalLa presencia de la Unión Europea refuerza la idea de que el sistema colombiano está bajo un escrutinio constante y técnico. La transparencia mencionada se sustenta en la posibilidad de auditar cada fase del proceso, asegurando que, a pesar de las dudas que puedan surgir en el debate político cotidiano, la estructura electoral permanezca como un pilar inamovible de la democracia colombiana. Escuche aquí la entrevista:
En una operación militar en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, tropas del Ejército intervinieron 32 unidades de producción minera clandestina. La acción dejó nueve capturas y un fuerte impacto económico sobre estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro en el departamento del Chocó.Durante la intervención, las tropas capturaron a nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los procesos por delitos ambientales y económicos.Uno de los golpes más fuertes fue la destrucción controlada de la maquinaria empleada en los entables ilegales. En el lugar fueron halladas y neutralizadas seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, dos motores tipo Cummins, nueve motores industriales y diez motobombas, equipos clave para sostener la extracción ilegal en la zona selvática.También se inutilizaron 12.000 galones de ACPM que alimentaban la operación minera clandestina, un insumo vital para el funcionamiento continuo de estas estructuras. Solo en maquinaria, las pérdidas superarían los 3.200 millones de pesos.Sin embargo, el mayor impacto estaría en la producción ilegal frenada. De acuerdo con estimaciones oficiales, los entables intervenidos generaban cerca de 31.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16.000 millones de pesos. Sumado al resto de afectaciones, el golpe económico total superaría los 19.000 millones.Además del componente financiero, la operación busca frenar el deterioro ambiental en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal. La intervención reduce la contaminación por mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas, así como la sedimentación de ríos y la afectación a la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En medio de la polémica generada por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, al ambientar la idea de un presunto fraude a 13 días de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los comicios, aseguraron que está garantizada la transparencia de todas las etapas del proceso electoral, especialmente del software de preconteo y escrutinios.Y es que, a la par de las críticas por la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E-14 (acta de escrutinio) en donde no se registren votos por algún candidato o partido en la mesa de votación, el primer mandatario sostiene que el software de cómputo electoral, operado por la unión temporal Disproel (de la que hace parte Thomas Greg & Sons), es un sistema “vulnerable y poco confiable” que ha funcionado en desacato a una orden del Consejo de Estado que exigía su reemplazo desde hace diez años.Según el presidente, la “opacidad” sobre el código fuente permite la ejecución de lo que denomina el “fraude de los algoritmos”, mediante el cual se podrían alterar resultados a través de “iteraciones” o la creación de “mesas fantasmas”, tal como dice que ocurrió en las elecciones de 2022. Para evitar generar suspicacias, pide que se entregue el código fuente completo a expertos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) para una auditoría profunda.En respuesta a las afirmaciones del oficialismo, la Registraduría informó que los sistemas de información y software utilizados en las elecciones de 2026 están siendo auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo internacional con trayectoria en procesos electorales de América Latina. La verificación incluye los software de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación nacional de resultados, en el marco de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas (8 de marzo), primera vuelta presidencial (31 de mayo) y eventual segunda vuelta (21 de junio).“En relación con los sistemas de información y de lo cual pueden dar fe los órganos de control, desde inicio de año venimos llevando a cabo procesos de auditoría al software de preconteo, de escrutinio en sus niveles auxiliar municipal y distrital y del software de consolidación y divulgación nacional. El Centro de Altos Estudios de Promoción Electoral, un organismo con más de 40 años de experiencia y que hace la Secretaría de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, está llevando a cabo esta tarea que ha realizado en diferentes naciones. Este proceso garantiza la integridad de todos los sistemas de información que está utilizando la Registraduría Nacional”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.Adicionalmente, el órgano electoral anunció que a partir del próximo miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.“Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de este código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como lo estimen pertinente. Durante tres días estará expuesto el código fuente para garantizar la integridad y para que haya absoluta tranquilidad de todos los software y los sistemas de información que vamos a utilizar”, agregó Penagos.El jefe de la organización electoral señaló que la participación de CAPEL pretende elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales y que los informes técnicos serán puestos a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control.
El pulso entre los precandidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Roy Barreras (La Fuerza), por la convocatoria de las bases de izquierda y centroizquierda a participar o no en la consulta interpartidista del llamado Frente por la Vida del próximo 8 de marzo, ha llevado a una división al interior de las centrales obreras y principales sindicatos del país, una de las fuerzas electorales más importantes para este sector del espectro político.Y es que, a pesar de que desde el Pacto Histórico están buscando incansablemente que los simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro se abstengan de votar en la consulta interpartidista y respalden directamente a Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, Roy ha logrado importantes adhesiones en la última semana. Uno de ellos es el de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, el más importante sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, quienes consideraron respaldar al exembajador en Londres y expresidente del Congreso por su posición de avanzar en la transición energética sin abandonar la producción de hidrocarburos e incluso avanzar con el fracking.A Barreras también se le sumaron diversos sectores de las tres principales centrales obreras (CUT, CTC y CGT), encabezados por el expresidente de la CUT, Francisco Maltés; así como dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otros, lo que prendió las alertas al interior del Pacto Histórico.La respuesta por parte de Cepeda fue intentar mostrar que los respaldos a Barreras no son absolutos y que no representan a las mayorías de los trabajadores colombianos. Para ello, en la mañana de este lunes, Cepeda publicó una carta de respaldo a su aspiración firmada por más de 900 dirigentes de 301 organizaciones sindicales con presencia en 30 departamentos del país.El documento señala que el apoyo se fundamenta en la confianza en un programa de gobierno que garantice la “continuidad y profundización” de los avances logrados en favor de los trabajadores colombianos, y anuncia la creación de la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas para coordinar el respaldo al candidato del Pacto Histórico.En la declaración, los firmantes afirman compartir con Cepeda su crítica al neoliberalismo y respaldan la necesidad de un “segundo gobierno del cambio” encabezado por él, destacando el compromiso del presidente Gustavo Petro con las reformas sociales y laborales que, según el texto, permitieron recuperar y ampliar derechos laborales y salariales. Asimismo, plantean propuestas orientadas a fortalecer las libertades sindicales, la negociación colectiva, la protección social para trabajadores informales y la reparación colectiva del sindicalismo.