El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
Al menos 2.000 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llegaron este lunes a Jalisco (oeste de México) para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.“Han llegado 2.000 nuevos elementos (militares) de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos estos elementos. Tenemos a todo nuestro personal de seguridad, de Protección Civil a quienes también les reconozco todo su trabajo en calle", señaló en una reunión el mandatario.Lemus afirmó que su gobierno está trabajando "fuertemente" en recuperar de forma paulatina la normalidad en el estado."El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, el día de mañana pueda estar trabajando al 100 % el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos", aseveró.El domingo, Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.El mandatario estatal pidió a la población actuar con "mucha seriedad, con mucha prudencia" y recordó que se cancelaron eventos masivos en el estado hasta nuevo aviso, además de la suspensión de clases presenciales."Este es un momento de unidad mantenernos trabajando en equipo, que la sociedad vea nuestro compromiso por recuperar la paz y la normalidad en el estado de Jalisco”, apuntó.Asimismo, exaltó la "coordinación absoluta" con autoridades federales, estatales y municipales porque el objetivo, dijo es "que la ciudadanía recupere su normalidad, la tranquilidad y la paz".Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 miembros del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayor parte en Jalisco.Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.
La Lotería de Cundinamarca volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país con la realización del sorteo número 4791, efectuado en la noche del lunes 23 de febrero de 2026. En esta edición, el premio mayor alcanzó los $6.000 millones, una de las bolsas más atractivas del panorama lotero nacional.A continuación, se presentan los resultados oficiales y el detalle completo del plan de premios.Premio Mayor – Sorteo 4791El número ganador del premio mayor fue: 8901 de la serie 121. El afortunado poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más esperadas de cada semana.Resultados premios secos Lotería de Cundinamarca 4791Además del premio mayor, el sorteo 4791 entregó múltiples premios en diferentes categorías:Tunjo de Oro – $300 millones1299 – Serie 120Guaca Secreta – $100 millones1965 – Serie 11432 Tesoros de $6 millones0796 – Serie 2948397 – Serie 2263396 – Serie 1475746 – Serie 1138191 – Serie 1930936 – Serie 1684496 – Serie 1704489 – Serie 0119170 – Serie 1137673 – Serie 2430936 – Serie 1549502 – Serie 0662224 – Serie 1426543 – Serie 1586479 – Serie 2614160 – Serie 0984358 – Serie 2772868 – Serie 1841138 – Serie 2974933 – Serie 2898206 – Serie 2321420 – Serie 1610614 – Serie 2990382 – Serie 2309171 – Serie 1853862 – Serie 1122010 – Serie 1660984 – Serie 0370220 – Serie 1211529 – Serie 0351274 – Serie 1645902 – Serie 06915 Tesoros de $10 millones6810 – Serie 0686677 – Serie 1579490 – Serie 0829126 – Serie 2855069 – Serie 2717024 – Serie 2853797 – Serie 0304165 – Serie 2238602 – Serie 0064272 – Serie 0028245 – Serie 1253132 – Serie 0269420 – Serie 1106464 – Serie 2854518 – Serie 0005 Tesoros de $20 millones2761 – Serie 1041730 – Serie 2226653 – Serie 1665252 – Serie 0364203 – Serie 009Se recomienda verificar tanto el número como la serie del billete frente a la imagen oficial del sorteo 4790 publicada por la entidad, para confirmar cualquier premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la entidad, donde también se publican los resultados una vez finaliza el sorteo.¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?Los billetes pueden adquirirse:De forma virtual en la página oficial.A través de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo.De manera física en puntos oficiales de Paga Todo.¿Cómo reclamar los premios?Los ganadores cuentan con 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.Para el cobro es obligatorio presentar:El billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad.Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es descontado directamente por la lotería o el operador autorizado al momento del pago.Plan de premios Lotería de CundinamarcaEl plan de premios está encabezado por:Premio Mayor: $6.000 millones.Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones (por fracción: $100 millones).Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).Una lotería con más de dos siglos de historiaLa historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, es considerada una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.Con cada sorteo, esta tradicional lotería reafirma su lugar en el calendario de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que, semana tras semana, sueñan con acertar el número ganador.
Aunque Bancolombia informó ayer hacia las 7:20 de la noche que estaba realizando “ajustes en sus sistemas” para restablecer plenamente los servicios, lo cierto es que lo que vino después fue una ola de molestias y reclamos de los usuarios.Desde las 7:30 p.m., tanto los canales digitales como los físicos quedaron temporalmente fuera de servicio: la aplicación móvil, la sucursal virtual, las oficinas y otros puntos de atención. La entidad habló de trabajos técnicos necesarios, pero no precisó a qué hora volvería todo a la normalidad, lo que aumentó la incertidumbre entre los clientes.Más tarde, a las 9:52 de la noche, el banco aseguró que algunos servicios ya estaban habilitados: el uso de tarjetas débito y crédito y los retiros en cajeros. Sin embargo, ese fue el último mensaje publicado en su cuenta de X, y para muchos usuarios la situación estaba lejos de resolverse.A esta hora, aunque la plataforma virtual y la aplicación funcionan, las redes sociales siguen llenas de quejas. Varias personas reportan que realizaron transferencias y el dinero no llegó a su destino; otros afirman que recibieron consignaciones que no se reflejan en sus cuentas. También hay casos de movimientos que inicialmente aparecían como rechazados y que ahora figuran como efectivos, generando confusión y preocupación sobre posibles dobles cobros o inconsistencias.Los reclamos se concentran en la falta de información clara y oportuna, así como en el impacto que estas fallas han tenido en pagos, compras y obligaciones financieras. Desde el sábado ya se venían reportando dificultades para ingresar a la aplicación, hacer transferencias y consultar saldos.Mientras la entidad afirma que continuará monitoreando su plataforma tecnológica, los usuarios piden explicaciones más detalladas y garantías de que este tipo de fallas no volverán a repetirse hoy ni en los próximos días.Nestor¿Qué servicios de Bancolombia no estaban funcionando?De acuerdo con lo reportado, ningún servicio estaba en funcionamiento en ese momento. Esto incluye:🔴 App Bancolombia🔴 Sucursal Virtual Personas y Empresas🔴 Pagos y transferencias electrónicas🔴 Retiros y pagos con tarjetas débito🔴 Recargas de la tarjeta Cívica del Metro🔴 Tarjetas débito Cívica de Bancolombia
Los hechos violentos el domingo en el estado mexicano de Jalisco (oeste) tras la muerte de El Mencho en un operativo federal, que incluyó cortes de carretera, quema de vehículos o actos de saqueo, se saldaron con la detención de al menos 41 personas, informó este lunes el Gobierno estatal.En un comunicado, el Ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar "actos de violencia" y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.Los individuos acusados de cometer violencia fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional, así como por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal.Las autoridades explicaron que se vieron afectados 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 establecimientos comerciales Oxxo, tanto en área metropolitana de la capital, Guadalajara, como en otros lugares de Jalisco.Además, hubo 91 vehículos particulares con daños y se registraron 37 enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con civiles armados.No obstante, en la mañana de este lunes el Gobierno estatal reanudó en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras "avanzan, de manera paulatina, en restablecer su frecuencia".Por su parte, la Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases presenciales de todos los niveles durante el día de hoy, de igual forma que la de Salud ha pausado la jornada de vacunación en una de las entidades federativas más golpeadas por el brote de sarampión."El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población", concluyó la Administración del estado mexicano.En respuesta a la captura de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ayer comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur del estado, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas.Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.
Tras más de 24 horas de angustia e incertidumbre para su familia y las autoridades, finalmente se confirmó el paradero de Diana Ospina, la mujer que había desaparecido en la madrugada del pasado 22 de febrero en el noroccidente de la capital. El reporte oficial indica que Ospina apareció en las inmediaciones del CAI Mirador de la Policía de Bogotá, ubicado en la vía que conduce hacia el municipio de Choachí.La víctima fue trasladada de inmediato bajo custodia policial hacia el casco urbano de la ciudad para recibir atención médica prioritaria. Según las autoridades, el protocolo actual busca estabilizar su estado de salud física y emocional antes de que proceda a rendir su declaración formal ante la Fiscalía General de la Nación, pieza clave para judicializar a los responsables.Una cronología de terror: De Chapinero a EngativáLa reconstrucción minuciosa de los hechos, apoyada en cámaras de seguridad del sector, revela una operación delictiva calculada. Diana Ospina salió a las 2:23 a.m. de un establecimiento comercial ubicado en la calle 57 con carrera 13, en el corazón de la localidad de Chapinero. Allí abordó un taxi con destino a su residencia en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá.El trayecto, que duró apenas 11 minutos, terminó en una emboscada. Al llegar a su destino, un segundo vehículo de servicio público interceptó el taxi en el que viajaba la mujer. En ese momento, los delincuentes abordaron el automotor original, iniciando lo que en el argot criminal se denomina un ‘paseo millonario’.Durante el tiempo que permaneció retenida, los criminales no solo ejercieron presión psicológica y física, sino que procedieron a despojarla de su patrimonio digital. Se estima que los delincuentes lograron sustraer más de 50 millones de pesos mediante transferencias desde sus cuentas bancarias e intentaron vulnerar las claves de aplicaciones de servicios y supermercados para agotar todos sus activos disponibles.El giro en la investigación: El conductor se presentaUn elemento crucial en el avance de las pesquisas fue revelado por Edwar Porras, el ‘Ojo de la noche’, de Noticias Caracol. Según el comunicador, el conductor del primer taxi —el vehículo que trasladó a la joven desde Chapinero— se habría presentado voluntariamente ante las autoridades en compañía de un abogado. Su objetivo sería colaborar con la justicia para esclarecer si hubo algún grado de complicidad o si, por el contrario, también fue víctima de amenazas por parte de la banda criminal.Actualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá centra sus esfuerzos en la identificación y captura de los dos sujetos que descendieron del segundo taxi para ejecutar el secuestro y el hurto. El material audiovisual recolectado en la zona de Santa María del Lago está siendo procesado por peritos forenses para determinar la placa del vehículo implicado y la identidad de los atacantes.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el cofundador y codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, explicó por qué, según un reciente informe de esa organización, la negociación de paz con el ELN nunca tuvo una posibilidad real de éxito mientras la guerrilla mantenga su estructura y respaldo en Venezuela.McDermott señaló que actualmente el ELN debe entenderse como un grupo colombo-venezolano, con presencia en ocho de los 24 estados de Venezuela, donde no solo se ha expandido territorialmente, sino que ha consolidado centros de entrenamiento, logística, liderazgo e ingresos.“Hoy en día el ELN es un grupo colombo-venezolano, entonces es imposible hacer la paz solo de un lado. Eso tiene que ser algo acordado entre Venezuela y Colombia”, afirmó.Relación con el régimen venezolanoSegún el investigador, la presencia del ELN en territorio venezolano ha sido posible por acuerdos locales con sectores de las Fuerzas Armadas, los cuales se han fortalecido por la crisis económica que atraviesa el país vecino. McDermott explicó que, ante la imposibilidad del Gobierno de Nicolás Maduro de sostener económicamente a sus generales, se les ha permitido el acceso a rentas criminales, muchas de ellas controladas por la guerrilla colombiana.En ese contexto, se refirió al denominado Cartel de los Soles, al que describió como una estructura de narcotráfico manejada desde el Estado venezolano, principalmente por sectores militares, cuya operación se remonta incluso a antes del gobierno de Hugo Chávez.“Para mantener la lealtad de los generales, se les ha otorgado acceso a rentas criminales. Y quien maneja muchas de esas rentas es la guerrilla, particularmente el ELN”, indicó. No obstante, aclaró que no se trata de una estructura unificada a nivel nacional, sino de relaciones negociadas de forma local entre militares y frentes guerrilleros.Un aliado del régimen en VenezuelaMcDermott fue enfático al señalar que el ELN no actúa como una fuerza insurgente contra el Gobierno venezolano, sino como un grupo aliado al régimen de Nicolás Maduro.“En Colombia el ELN es una fuerza insurgente. En Venezuela es un grupo paramilitar pro régimen”, afirmó. En caso de un cambio violento de poder en Venezuela, el experto advirtió que el estatus del ELN podría cambiar radicalmente, pasando a convertirse en una fuerza insurgente dentro de ese país, lo que generaría riesgos de conflicto civil con posibles repercusiones para Colombia.El ELN pierde terreno en Colombia y se fortalece en VenezuelaEl directivo de Insight Crime explicó que mientras en Colombia el ELN ha venido perdiendo fuerza, especialmente frente a estructuras como el Clan del Golfo en regiones como Chocó y el sur de Bolívar, en Venezuela su crecimiento ha sido sostenido.“Donde está más creciendo el ELN no es en Colombia, es en Venezuela, y eso tiene implicaciones para cualquier proceso de paz”, señaló. Por esta razón, concluyó que ningún proceso de negociación será viable si no se aborda de manera conjunta la dimensión binacional del grupo armado, ya que una parte significativa de su poder hoy se encuentra fuera del territorio colombiano.
Unicef alertó que 14,1 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe necesitarán asistencia humanitaria en 2026 debido al aumento del desplazamiento forzado, la migración, la violencia armada y los desastres climáticos en la región. En su nuevo llamado de Acción Humanitaria para la Infancia, el organismo señala que estos factores continúan afectando de manera directa a países como Colombia, donde persisten múltiples desafíos humanitarios.Aunque el informe presenta un panorama regional, Colombia ocupa un lugar central por el impacto del conflicto armado interno y el aumento del desplazamiento de menores. Según los datos divulgados por Unicef, el país registró más de 450 casos de reclutamiento de niños por grupos armados durante el último año, una cifra que evidencia la continuidad de dinámicas de violencia que afectan gravemente a la niñez y a sus comunidades.Además, los movimientos migratorios que atraviesan la región también tienen implicaciones directas en el territorio colombiano. Reportes citados por Unicef indican que uno de cada cinco migrantes que transitan por Panamá rumbo a Colombia son niños y niñas, muchos de ellos expuestos a riesgos como trata de personas, explotación, abuso o ahogamiento durante la ruta. Esta situación presiona la capacidad de respuesta en zonas fronterizas, donde el acceso a servicios básicos es limitado.A estos retos se suman los efectos de los desastres relacionados con el clima. La región ha enfrentado inundaciones, sequías y tormentas severas que han sobrecargado los sistemas locales de respuesta. Aunque el huracán Melissa afectó principalmente al Caribe, situaciones similares han impactado a Colombia en años recientes, especialmente en municipios con alta vulnerabilidad ambiental. Unicef indica que estos eventos aumentan la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias en el país y en la región.En su llamamiento humanitario, la organización solicita 581,3 millones de dólares para responder a las crisis en América Latina y el Caribe, de los cuales 27,1 millones están dirigidos específicamente a Colombia, con el fin de cubrir necesidades críticas de 254.800 personas, incluidos más de 180.000 niños y niñas. Estos fondos buscan reforzar acciones de protección, acceso a agua segura, educación, salud y apoyo psicosocial.En palabras de su Director Regional, Roberto Benes, “si no actuamos ahora, no solo estamos poniendo en riesgo su seguridad y bienestar, sino también la estabilidad de los países y las sociedades”.La organización insistió en la necesidad de fortalecer los sistemas de protección y respuesta en países como Colombia, donde miles de niños siguen expuestos a riesgos relacionados con el conflicto y la movilidad humana, y dependen de apoyo humanitario para garantizar su derecho a la protección, el desarrollo y el acceso a servicios esenciales.
Aunque el presidente Gustavo Petro insiste en defender la negociación que adelanta su gobierno con las disidencias de alias 'Calarcá', las cifras oficiales desmienten que haya existido un desescalamiento del conflicto armado como consecuencia de los diálogos de paz.En un mensaje divulgado anoche en sus redes sociales, el presidente Petro dijo que se negocia con un grupo ilegal para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad, lo cual evidentemente no ha ocurrido con las disidencias de 'Calarcá'. Adicionalmente, el presidente dijo que la negociación ha detenido la degradación de ese grupo ilegal, sin embargo, los hechos y las cifras los desmienten.Según cifras de la gobernación de Antioquia, el número de integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' ha crecido en un 16% en los últimos siete meses. Adicionalmente, se puede observar que durante 2024 hubo cero combates de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc, y apenas hubo cinco capturas. Sin contar con que, en agosto de este año, esas mismas disidencias mataron a 13 policías tras atacar con explosivos un helicóptero en Amalfi.Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de múltiples crímenes cometidos por hombres de las disidencias de alias 'Calarc' durante el 2025, entre ellos: 11 menores de edad reclutados en febrero, una mujer en embarazo secuestrada, tres contratistas de EPM secuestrados, uno de ellos posteriormente asesinado, otros dos hermanos secuestrados, cuatro adolescentes desaparecidas en Tibú, otra adolescente reclutada-secuestrada y el atentado contra la casa de la familia de la esposa del gobernador de Caquetá.Aunque el presidente Gustavo Petro dijo anoche que en el séptimo ciclo de negociaciones con las disidencias de alias 'Calarcá' se acordó cesar el reclutamiento de menores de 18 años y liberar a todos los menores que hoy están en su poder, eso no ha ocurrido, entre otras cosas porque no hay un mecanismo de verificación que permita garantizar que los criminales dejaron de reclutar menores tras el acuerdo firmado el 18 de noviembre.La Defensoría del Pueblo ha pedido la liberación de todos los menores reclutados pero informalmente las disidencias de 'Calarcá' han dicho que no los van a devolver porque dicen que su compromiso es no seguir reclutando hacia el futuro.Eso es un grave problema, porque mientras no devuelvan a los menores, seguirán cometiendo el delito de reclutamiento de niños, algo que es contrario al compromiso que firmaron con el gobierno y con delegados extranjeros como garantes.Llama la atención que el presidente diga que perdió el apoyo de la Fiscal General a la solución socio-jurídica del conflicto, cuando ella es la responsable de liderar la política criminal del Estado y garantizar que las leyes se cumplan.
Desesperadas se encuentran dos madres de familia de Neiva, quienes desde hace varios meses vienen exigiendo a Colsubsidio que les entreguen los medicamentos para el tratamiento de sus hijos que padecen de enfermedades muy complejas y que deben llevar un estricto control, según criterio médico.Las dos mujeres, identificadas Mirlelly Rodríguez España y Sandra Milena Garzón Perdomo, decidieron encerrarse desde el día anterior y amanecer dentro de la sede de la Nueva EPS de Neiva, reclamando los derechos de la salud de sus hijos.Mirlelly Rodríguez relató a Blu Radio que su hija de 30 años también requiere con urgencia una silla de ruedas especializada al indicar que se trata de una persona en condición de discapacidad.“Decidimos quedarnos aquí en la Nueva EPS, porque no nos están entregando los medicamentos para nuestros hijos para controlarles la epilepsia. Llevamos más de cuatro meses que no nos entregan los medicamentos en Colsubsidio cuando uno va a reclamarlos, siempre nos dicen que están pendientes. En el caso de mi hija no le suministro los medicamentos formulados, ella puede convulsionar y se me puede morir” narró con tristeza la madre de familia.Blu Radio habló con el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, quien atendió la situación de las dos mujeres y respondió que “quiero informarles que, de estos dos casos, como Personería tenemos dos incidentes de desacato en un caso y otro incidente en el otro caso, teniendo en cuenta que las señoras están acá en la Nueva EPS voy a radicar otro incidente de desacato, porque en ambos casos ya les hemos radicado tutelas”.Las dos madres de familia expresaron que están decididas a mantenerse en huelga de hambre hasta que tengan una respuesta oportuna por parte de la Nueva EPS y Colsubsidio con la entrega de los medicamentos para poder controlar las enfermedades de sus hijos.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política de Venezuela, a propósito de la entrega del Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado. El mandatario se refirió a la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, cuestionando esta posibilidad, pero insistiendo en la necesidad de un gobierno de transición en el vecino país.“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel”, escribió.El mandatario lanzó una propuesta diciendo que el gran problema de Venezuela era la democracia. “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, agregó.Cabe mencionar que la tensión entre Colombia y Estados Unidos se da en parte por los bombardeos del gobierno Trump en el Pacífico y el Caribe en el marco de su lucha antidrogas y de la presión que se está ejerciendo al régimen. Petro ha rechazado cualquier tipo de acción militar en territorio venezolano argumentando que viola la soberanía, pero también ha dicho que su gobierno no apoya a Maduro, a pesar de que las relaciones con el régimen cada día son más cercanas.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.