En el municipio de Pelaya, Cesar, sobre las 11:10 p.m., apareció en la carrera 9 con calle 10 el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, quien denunció haber sido retenido contra su voluntad y tras permanecer desaparecido durante varias horas, un hecho que condenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y posteriormente lo trasladó, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana del municipio. Allí habría permanecido retenido por varias horas.Vásquez indicó que la retención estaría relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, precisó que las personas que lo retuvieron no se identificaron como integrantes de ninguna estructura criminal con injerencia en la zona.Tras su aparición, se conoció que será trasladado a Aguachica para rendir entrevista formal ante las autoridades y ampliar su declaración. Posteriormente, manifestó su intención de desplazarse de inmediato hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.
En Honda, Tolima, mientras la precandidata presidencial Paloma Valencia adelantaba un acto de campaña al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Policía Nacional capturó una mujer en el punto que se encontraba armada. Según lo conocido, se encontraba de vacaciones y su presencia en el acto obedecía de acuerdo con la institución a una actuación estrictamente personal y ajena a cualquier misión oficial.El evento comenzó casi sobre las 11:00 de la mañana. En la tarima estaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes de la colectividad. La seguridad, según le contó a Blu radio, Holman Guevara, director del partido en el Tolima, superaba los 60 hombres entre Policía, GOES, esquema privado y uniformados de cuadrante."Había una seguridad muy importante, yo creo que la seguridad cumplió con su función. Una señora se acerca con el celular, tratando de dar a entender que estaba grabando el evento y empezó a aproximarse. El de seguridad identifica que no está grabando, entonces dan la orden de intervenirla", contó, pero lo que llamó la atención es que no estaba grabando y esto alertó al esquema de seguridad de la precandidata.Una vez capturada, la Policía encontró que estaba mujer cargaba con una pistola pequeña sin permiso para portarla, que, según Guevera, podría ser una calibre 25 o 22, con cinco cartuchos y, además, tenía en su posesión Tusi."Era una pistola muy fácil de esconder", relató. La captura fue inmediata y silenciosa. Ni el expresidente ni los demás dirigentes en tarima se percataron de lo ocurrido. La caravana continuó sin novedad y solo más tarde, ya en Mariquita (Tolima), se les informó del episodio.La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. También deberá responder por la droga incautada. Actualmente está a la espera de la audiencia de legalización de captura, donde se definirá su situación jurídica."Nos preguntamos qué hacía una señora dragoneante del INPEC, de vacaciones, con un arma de fuego, con cinco cartuchos y con Tusi en sus pertenencias, aproximándose al presidente Álvaro Uribe y a la candidata Paloma (..) El esquema fue muy rápido, muy eficiente, muy eficaz y logró controlar la situación", aseveró.Sin embargo, el episodio causó preocupación sobre las intenciones que podía tener esta mujer y reforzó el debate sobre la seguridad en actos políticos en plena campaña electoral.
El precandidato presidencial Daniel Quintero habló sobre el sistema salud colombiano en entrevista en Recap Blu, donde indicó que la crisis no es reciente y que la actual administración agravó una situación estructural que viene de años atrás.“La salud no está funcionando para nadie. La salud es el sistema quizás más corrupto de este país”, afirmó. Y añadió que: “La salud venía mal y este gobierno terminó de empujarlo, y el otro lo va a rematar”.Según Quintero, el problema no se resuelve con un cambio de presidente, sino con una transformación de fondo. “Lo que necesita el sistema de salud no es un nuevo presidente, lo que necesita el sistema de salud es una reingeniería profunda”, sostuvo.Crisis estructural y falta de liderazgoEl precandidato ubicó la crisis en un problema de liderazgo y diseño institucional. “Ni Santos ni Duque ni Petro, nadie puede con el sistema de salud porque no estamos pensando el sistema como un sistema”, señaló, al insistir en que el modelo actual carece de una visión integral.También advirtió sobre fallas en la prevención y en los determinantes sociales. “Tenemos 2 millones y medio de colombianos que lo que comen no es suficiente ni siquiera para mantener su peso”, afirmó, al relacionar la mala alimentación con la presión sobre hospitales y servicios médicos.Tecnología y datos: la apuesta por la prevenciónQuintero cuestionó que en Colombia no se haya implementado la historia clínica electrónica. “Yo traté hace unos años de que se aprobara en Colombia la historia clínica electrónica, no pasó. Las mafias no dejaron que pasara, porque si hay historia clínica electrónica, entonces podemos saber realmente qué tratamientos hicieron y qué tratamientos no se hicieron”, declaró. Para el precandidato, la tecnología en salud y el acceso a la información médica deben ser un derecho. Relató su experiencia con pruebas genéticas: “Gracias a esa prueba de ADN que yo tengo, yo sé de qué 3 cosas me puedo morir”. Y agregó: “Eso salvaría muchas vidas, evitaría muchos problemas y reduciría el costo del sistema de salud”.En su diagnóstico, la reforma a la salud debe centrarse en prevención, información y rediseño institucional, más que en ajustes superficiales.Vea la entrevista completa acá:
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, analizó en Recap Blu los recientes resultados de la encuesta Invamer, que lo sitúan con una ventaja abrumadora de cara a la consulta del "Frente por la Vida" que se llevará a cabo el 8 de marzo.Con un 68.1% de intención de voto frente al 23% de Roy Barreras, Quintero no solo celebró las cifras, sino que lanzó fuertes críticas al modelo político que, según él, representa su contrincante.La lucha contra las “estructuras invencibles” Quintero fue tajante al describir la figura de Roy Barreras dentro del panorama electoral. Aseguró que, hasta hace pocos días, la percepción general era que él no tendría opción frente a Barreras, a quien calificó como el representante de una “política de estructuras"."Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, indicó el exalcalde Quintero.Para el exalcalde, su liderazgo en las encuestas es una sorpresa para quienes creían que las estructuras tradicionales dominarían la contienda.“Si esta entrevista me la hubieran hecho antes de ayer, me hubieran dicho, usted no tiene ninguna opción contra Roy Barreras'”, afirmó, subrayando que su campaña, a diferencia de la de su rival, es “pura de opinión” y carece de los apoyos tradicionales del gobierno o de grandes maquinarias.Le puede interesar: Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campañaDurante la entrevista, Quintero se identificó como “El Renacido” o “Lázaro”, argumentando que su presencia en el tarjetón es casi un milagro tras los intentos de la Registraduría y otros sectores por inhabilitarlo. El candidato también reveló las precariedades de su actual campaña. Dijo que no posee cuenta bancaria debido a trabas legales, lo que le impide financiar viajes o publicidad tradicional.“No hay publicidad, pero a quienes me la piden yo les mando el tarjetón por el WhatsApp”, comentó Quintero, destacando que su crecimiento en los sondeos ha provocado que sectores progresistas, liberales e independientes se sumen a su causa al ver que es posible derrotar a las estructuras de Barreras.Finalmente, pese al optimismo por los resultados de Invamer, Quintero advirtió que no se puede confiar."Todos sabemos que ahora empiezan las maquinarias a moverse”, afirmó Quintero, refiriéndose a la aparición de prácticas cómo la compra de votos o el fraude. Ante la falta de testigos electorales propios, hizo un llamado a la ciudadanía y a los simpatizantes del Pacto Histórico para que ayuden a proteger sus votos el próximo domingo.La entrevista aquí:
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación."La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva."Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.
El mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece a nivel global de entre todas las drogas y la ONU atribuye esa expansión al aumento de la producción en Sudamérica, especialmente en Colombia, y a una creciente demanda en otras regiones emergentes como África y Asia.El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado este jueves en Viena, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales.La JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señala que el crecimiento del mercado no es solo cuantitativo sino que también se ha diversificado y es más global.Aunque los dos mayores mercados de la cocaína siguen siendo Europa y América del Norte, las rutas ilegales de esta droga alcanzan ya "todas las regiones del mundo", incluida África, que hasta hace poco era sólo una región de tránsito, o Asia, donde su presencia hasta hace poco era residual.En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, confirmando a la región como el principal destino de esta droga.Según la JIFE, entre enero de 2019 y junio de 2024 se incautaron más de 1.826 toneladas de drogas con destino a puertos europeos, y el 82 % de ese volumen correspondió a la cocaína con 1.487 toneladas.El aumento de la producción de cocaína impulsa la expansión de esa droga en nuevas regiones, como África, donde las incautaciones crecieron un 48 % en 2023 respecto a 2022.Entre 2013 y 2023, el número de consumidores de cocaína habría pasado de 17 a 25 millones, con señales de expansión hacia África y Asia, señala el informe, que cita datos de Naciones Unidas."Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años", señala el informe sobre África.En el sur de Asia, la JIFE destaca un importante aumento de incautaciones, lo que muestra un mercado en expansión. El documento advierte además de técnicas de ocultación cada vez más sofisticadas, como alterar químicamente la cocaína para que no sea detectable en controles rutinarios, y camuflarla mezclándola o integrándola en "materiales portadores" como plásticos o tejidos.En Sudamérica, el informe ilustra el efecto corrosivo del auge del narcotráfico con el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, más de un 30 % por encima de 2023, en un entorno marcado por la violencia."En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales", señala la JIFE.En ese país, se registraron 6.964 muertes violentas en 2024, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supone que esa tasa se quintuplicó en cinco años.
Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional denominada Paz Electoral, una iniciativa orientada a fortalecer la confianza ciudadana y blindar el proceso democrático frente a riesgos que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la legitimidad de los comicios.Como parte de esta campaña institucional, equipos del Ministerio Público se desplegaron en los principales accesos viales de las ciudades capitales para recibir a miles de colombianos que regresaban de sus vacaciones de inicio de año. Allí, los funcionarios entregaron mensajes pedagógicos e invitaron a los ciudadanos a asumir un papel activo en la protección de la democracia mediante el ejercicio responsable del voto.La iniciativa es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde finales del año pasado inició un recorrido por distintas regiones del país con el propósito de sensibilizar a instituciones, sectores productivos, líderes sociales y ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar unas elecciones libres y respetadas por todos.Jornadas clave de elecciones en Colombia 2026El contexto electoral de este año incluye tres jornadas decisivas: el 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio, de ser necesario, se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir al jefe de Estado. Este panorama ha motivado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas.La estrategia surgió en medio de preocupaciones expresadas desde distintos sectores sobre posibles amenazas al proceso electoral. Incluso, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó en varios escenarios públicos que existían inquietudes ciudadanas sobre la realización de las elecciones. Frente a este panorama, la Procuraduría asumió como una prioridad institucional la defensa del orden democrático y el cumplimiento del calendario electoral.En este esfuerzo, la Procuraduría trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, entidades que han reiterado su compromiso conjunto para garantizar la transparencia del proceso. Esta alianza busca prevenir irregularidades, vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que los funcionarios no interfieran indebidamente en política.Entre los principales riesgos identificados por las autoridades se encuentran la posible incidencia de grupos armados ilegales, la difusión de desinformación y eventuales ciberataques. Ante estos desafíos, el Ministerio Público ha enfatizado la necesidad de mantener una vigilancia permanente y una participación activa de todos los sectores del Estado y la sociedad.Además de promover el voto libre y consciente, Paz Electoral también busca asegurar que los candidatos desarrollen sus campañas con garantías y responsabilidad, y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con plena confianza en el sistema electoral.La Procuraduría continuará con jornadas pedagógicas y presencia territorial durante todo el año, en lo que ha denominado una cátedra pública permanente sobre la importancia de proteger la democracia. El objetivo final es que, una vez concluido el proceso electoral, el país cuente con instituciones fortalecidas y con resultados legítimos, respaldados por la voluntad soberana de los colombianos.
Un depósito clandestino de explosivos del ELN fue descubierto en una vivienda ubicada en la localidad de Usme, barrio Chico, en el sur de Bogotá. En el lugar, según estableció BLU Radio, estaba alias ‘Plumilla’, señalado como el encargado de fabricar los artefactos explosivos improvisados que serían utilizados en acciones terroristas en la capital del país.La operación fue el resultado de más de cinco meses de seguimiento por parte del Gaula Militar Cundinamarca y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). De acuerdo con fuentes militares, incluso hubo agentes infiltrados que lograron documentar los movimientos del grupo, que cambiaba constantemente de residencia para evadir a las autoridades. Permanecían máximo un mes en una casa y luego se trasladaban a otra, alternando únicamente entre dos inmuebles.En las imágenes conocidas por BLU Radio se observan planos y estructuras tipo balón que estaban siendo adaptadas con explosivos. La novedad en esta investigación es que los criminales elaboraban los artefactos explosivos improvisados con plástico, con el fin de reducir su peso y facilitar su instalación en drones. El objetivo, según inteligencia, era emplearlos para atacar a la fuerza pública e incluso a la población civil.Las autoridades confirmaron que alias ‘Plumilla’ hacía parte del Frente de Guerra Urbano Nacional ‘Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo’, Frente Urbano “Jorge Eliécer Gaitán”, estructura del ELN que venía adelantando actividades ilícitas en Bogotá mediante redes milicianas. El material incautado, de acuerdo con los investigadores, estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas, especialmente en el marco de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal: 896 cartuchos calibre 5.56 mm, tres cartuchos calibre 7.62 mm, 100 iniciadores de cartucho, un revólver, dos escopetas, un lanzagranadas, proveedores para Mini Uzi, cuerpos de granadas de 60 mm, espoletas de 40 mm, cilindros para granadas de 85 mm, cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, entre otros elementos.Según fuentes de inteligencia, con las piezas halladas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados. Además, fueron encontrados cuerpos cilíndricos, sistemas tipo MGL, metralla y componentes para la fabricación en serie de granadas artesanales.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles atentados que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna en el sur de la capital.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
Más de 32.300 docentes han recibido actividades de seguridad y salud en el trabajo a través de los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud del FOMAG, según el balance presentado en Medellín por Herman Bayona Abello, vicepresidente de Fiduprevisora para Fomag.La estrategia, que hace parte del acuerdo 003 de 2024 y constituye el eje del nuevo modelo de atención para los maestros del país, inició operación en noviembre con cuatro IPS en Antioquia, Caquetá, La Guajira y Meta. En esta primera fase se pusieron en marcha 54 equipos conformados por 216 profesionales, alcanzando cerca del 10% de los establecimientos educativos contratados. Bayona señaló que “estas acciones han beneficiado a 32.370 docentes en 753 establecimientos educativos”.El plan continuará su expansión el 15 de diciembre, cuando se incorporarán 19 IPS privadas y 6 Empresas Sociales del Estado en 15 departamentos adicionales. Con esta ampliación se sumarán 191 equipos que cubrirán un 34% más del territorio, alcanzando 2.665 establecimientos educativos y 114.488 docentes. Entre los departamentos que entran en esta fase están Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.La proyección para enero de 2026 incluye la contratación de 36 IPS y Empresas Sociales del Estado adicionales, con lo que se garantizará la cobertura total del modelo de atención en salud laboral para todos los docentes afiliados al Fomag. En total, la estrategia cubrirá 7.840 establecimientos educativos, 39.886 sedes, 336.828 docentes y activará 562 equipos distribuidos en todo el país. La inversión destinada por el Gobierno asciende a 132.000 millones de pesos, con el fin de consolidar un modelo de atención integral, oportuno y territorializado.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró este jueves, 4 de diciembre, su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud"."Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos."Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país.Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989.Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".Hace un mes, la Justicia rusa condenó a 13 años de prisión a José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos acusados de participar como mercenarios en las filas del Ejército ucraniano y extraditados a este país desde Venezuela.Ambos bandos han contado desde el comienzo de la guerra con mercenarios extranjeros en sus filas y decenas de colombianos han muerto peleando en el lado ucraniano, según la prensa internacional.Decenas de mercenarios colombianos participan también en otros conflictos, como el de Sudán, donde hacen parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combate en la región de Darfur.Un comando de 26 mercenarios colombianos también participó en julio de 2021 en el asesinato en Puerto Príncipe del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.
En circunstancias que son materia de investigación se reportó la muerte de un joven de 21 años, identificado como Kevin Ferney Marulanda, al interior de del cantón militar de la Fuerza Aérea de Apiay, en Villavicencio.El joven llevaba apenas 5 meses prestando su servicio militar en esta unidad del departamento del Meta.En conversación con BLU Radio, los padres de Kevin pidieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para establecer los motivos de la muerte de su hijo, pues no creen que se haya tratado de un caso de suicidio.“Nosotros queremos que esto quede claro sea lo que sea, pero que quede claro, que uno no quede con la incertidumbre, porque es que todas las personas que son cercanas a él, incluyéndonos nosotros, los familiares, incluyendo a nosotros los papás, se nos hace muy extraño que él haya tomado una medida tan drástica, tan determinante”, aseguró Ferney Marulanda, padre del joven.Le puede interesar: Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, AntioquiaOficialmente, la Fuerza Aérea emitió un comunicado de prensa con poca información sobre el caso, el cual fue publicado en su cuenta de X.“En hechos que son materia de investigación, el Soldado Marulanda Gallo Kevin Ferney, integrante del segundo contingente del 2025 y quien prestaba el servicio militar en el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, fue hallado sin vida en su puesto de guardia. Tan pronto se conoció el hecho, se realizaron los actos urgentes por parte de las autoridades competentes”, dice el comunicado.Por ahora, la familia está a la espera de una investigación formal sobre lo ocurrido, mientras despiden al joven de 21 años que dejó un vacío en sus corazones.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
Con la entrada en vigor del nuevo modelo de pasaporte colombiano en abril de 2026, una de las principales dudas entre los viajeros es qué ocurrirá con los documentos actuales que tienen visas activas.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el rediseño del pasaporte y aseguró que estará entre los cuatro más seguros del mundo. Según explicó, entre las actualizaciones hay una reestructuración del modelo de contratación, con el fin de brindar una mayor protección de los datos personales.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.¿Qué pasará con los pasaportes actuales?La Cancillería de Colombia aclaró que, aunque el nuevo modelo comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que aparece en cada libreta.Esto significa que:Si su pasaporte está vigente, no debe cambiarlo por el nuevo diseño.Puede seguir utilizándolo para viajar al exterior sin inconvenientes hasta que expire.En Colombia, los pasaportes ordinarios y ejecutivos tienen una vigencia de 10 años desde su expedición.¿Qué ocurre si hay visas activas?Para quienes tienen visas vigentes estampadas en su pasaporte actual, esto aclara la Cancillería:Si el pasaporte aún está vigente, puede seguir utilizándolo normalmente con sus visas activas.Si el pasaporte se vence antes que la visa, deberá renovarlo, pero podrá viajar portando ambos documentos: el pasaporte nuevo vigente y el pasaporte anterior donde está la visa estampada.Esta práctica es común y aceptada por autoridades migratorias de distintos países, siempre que la visa esté en buen estado y no haya sido anulada.Recomendación para viajerosAunque no es obligatorio cambiar el pasaporte antes de abril si está vigente, la Cancillería recomienda revisar con anticipación la fecha de expiración, especialmente si se tienen viajes programados. Lo ideal es renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento, ya que muchos países exigen ese margen mínimo de validez para permitir el ingreso.Por lo tanto, la implementación del nuevo modelo no afectará la validez de los pasaportes actuales ni de las visas activas. El cambio será progresivo y respetará la vigencia de los documentos ya expedidos.
De cara a las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo, el precandidato presidencial Daniel Quintero, en diálogo con Recap de Blu Radio, recordó su trabajo cuando fue alcalde de Medellín y sus propuestas de ser elegido presidente, en caso de hacer parte de la lista en la primera vuelta.Bajo su dirección, Medellín se vio envuelta en diferentes casos de corrupción y algunos miembros de su administración se encuentran bajo la lupa de la justicia, como el caso de Aguas Vivas o Buen Comienzo, en donde Quintero dijo que "gracias a Dios no hay nadie condenado"."Yo no estoy involucrado, pues yo no hago parte de eso, pero algunos casos, en la medida que tengo tiempo, trato de investigarlos y de ver si es verdad que ocurrió tal cosa o no. En el caso de Buen Comienzo, ya la Contraloría también informó que no hubo detrimento patrimonial, es decir, no se perdió un solo peso. Ahí habían dicho que se han perdido, la Fiscalía, recuerden, $1.200 millones, y resulta que la Contraloría terminó reconociendo ahorros por 500 millones de pesos. Y además dice algo más, más crítico, y es es que el contrato ni se liquidó ni se pagó. Fue literalmente una estrategia de persecución", dijo el exalcalde y ahora precandidato presidencial.En sus palabras, Quintero aseguró que "nunca había visto" a funcionarios públicos hacerle presión a jueces y uno de ellos, según él, ha sido el actual alcalde Federico Gutiérrez que busca "desprestigiarlo" en su candidatura que "termina siendo algo grosero y violento", a quien además acusó de usar recursos públicos de la Alcaldía de Medellín para hacer campaña con su hermana y algunos de sus allegados."El alcalde sale todos los días con una gorra y una camisa con los mismos logos de la lista de Creemos, que es su partido político en donde está su hermana. Están usando camionetas de la Alcaldía, del Consejo e incluso de la Policía para montar a su hermana en carroza ¿no? Como si fuera un carro de bomberos y ella fuera una héroe. Y la montan con Abelardo de la Espriella por toda la ciudad y la muestran. Hay vallas en toda la ciudad, el alcalde promocionando su lista. Lo que dice uno entonces es: allá hay una confianza plena por parte del alcalde Federico Gutiérrez de que la ley no aplica para él. Él tiene control, al parecer, de la justicia en Medellín. Yo he reclamado garantías al respecto y pues he atendido a todos los procesos con mucho cuidado, con mucha atención, y afortunadamente estoy convencido que que eso lo vamos a ganar y va a terminar dando la vuelta en contra del alcalde Federico Gutiérrez, que fue el que firmó el contrato (el caso de Hidroituango)", dijo Daniel Quintero.Dijo que cuando 'Fico' se volvió alcalde de Medellín contrató a la fiscal seccional que llevaba el caso de Hidroituango ha trabajar con él, que, según él, habían puesto la denuncia contra él y cambian en la Fiscalía el argumento al decir que era su administración la mala por haber terminado el contrato. "Es un proceso que está nulidad, los abogados defensores han pedido que se anule el proceso", dijo.
El sector transportador lanzó una alerta por lo que considera una emergencia silenciosa: la caída y el grave deterioro de puentes en distintas regiones del país. Colfecar resaltó que las cifras son preocupantes, pues en los últimos 12 años se han caído o sufrido daños graves 29 puentes en Colombia. Pero lo más alarmante es que 18 de esos casos (el 62 %) ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026. Y solo en los primeros meses de este año ya van cinco colapsos.“Desde el 2023 al 2025 se cayeron 13 puentes y en lo que va corrido del 2026 ya se han caído 5 puentes. De estos puentes, en total 13 son responsabilidad del INVIAS y 9 están asignados a la ANI. En lo corrido del 2026, debido a la ola invernal, se registraron 5 puentes caídos, lo que ocasionó grandes afectaciones a la movilidad en la región del Uraba Antioqueño, Córdoba y Magdalena”, explicó Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.Desde el gremio sostienen que detrás de cada colapso hay empresas paralizadas, conductores sin trabajo, retrasos en entregas y sobrecostos que terminan afectando a comerciantes y consumidores.Además, cuestionaron la lentitud en las respuestas. En el caso del puente de Mendihuaca, en Magdalena, se anunció un paso provisional, pero en otras zonas como la vía Necoclí–Arboletes, en Antioquia, la comisión del INVIAS llegó más de 20 días después del colapso y aún no se restablece el tránsito.“Desde 1996 existe el sistema SIPU-COL, administrado por el INVIAS, que contiene el inventario y la información técnica sobre el estado estructural de todos los puentes del país. La información ya existe. Lo que falta es decisión en la asignación presupuestal”, afirmó Hernández, quien aseguró que el país sí tiene como anticiparse a estas emergencias.En este sentido, pidieron revisar los contratos de mantenimiento para que incluyan intervenciones estructurales y no solo arreglos superficiales y que se definan cronogramas y presupuestos claros para soluciones definitivas, no temporales.Colfecar detalló cuáles son los puentes que han colapsado en lo corrido de 2026. El 2 de febrero se cayó el puente El Chima, en Córdoba, afectando la movilidad en la vía Lorica–Chinú. Un día después, el 3 de febrero, se registraron tres colapsos en dos departamentos: en Magdalena cayó el puente Mendihuaca, complicando el tránsito entre Santa Marta y el río Palomino; y en Antioquia se desplomaron los puentes San Juan y Mulatos, en la vía Necoclí–Arboletes, dejando afectados tramos de 63 y 17 kilómetros, respectivamente. Finalmente, el 8 de febrero, también por cuenta de las lluvias, colapsó el puente Jalisco, en Córdoba, afectando la conexión entre Puerto Rey y Montería.Los transportadores dicen que están dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero insisten en que no se puede normalizar que los puentes sigan cayéndose. Para ellos, esta ya es otra emergencia que requiere atención urgente.
“Lo que necesitamos es mostrarle a Colombia que no son solamente las malas noticias del Cauca. En el Cauca pasan cosas maravillosas”, afirmó Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.Actualmente, el departamento del Cauca envía café a 99 países y recientemente abrió mercados como Mongolia y Ucrania.“El día que ustedes vayan y se tomen un café en la sala VIP del Corte Inglés en Madrid, el café que se van a tomar es de reincorporados de las Farc del municipio de Cajibío, Cauca. Cuando vayan a un supermercado en Corea del Sur, el café que van a encontrar en las vitrinas va a ser café de la Federación Campesina del Cauca”, señaló Muñoz.El cacao, por su parte, ya es el séptimo renglón de exportaciones del Cauca y entre 2024 y 2025 creció un 79%. Actualmente, el departamento exporta 167 productos y es el segundo en Colombia en bienes de alto desarrollo tecnológico. "Software hecho en el Departamento del Cauca lo utiliza en este momento Disney. Se utiliza en Vietnam para manejar el cultivo del café”, agregó.En paralelo, señalaron que el sector empresarial muestra un crecimiento, ya que, en los últimos cinco años, el número total de empresas en el departamento aumentó 25,5%, mientras que las relacionadas con el turismo crecieron 31%.Desde la cámara de comercio afirman que hoy el turismo representa cerca del 16% del total de empresas del Cauca y el 53% de estas son lideradas por mujeres. Además, más del 44% tiene más de cinco años de operación, en su mayoría microempresas que dinamizan la economía local.En 2025, el departamento registró 5.973 visitantes extranjeros y 1.175 nacionales. La mayor afluencia se concentró en Semana Santa, temporada que consolida a Popayán como uno de los destinos religiosos, culturales y patrimoniales más importantes del país.“Así como ya hay países como Francia, como Inglaterra, como Italia, como Alemania, que están llegando al Departamento del Cauca, necesitamos que los colombianos también lo hagan”, señaló. Según explicó, turistas alemanes llegan a Silvia, españoles visitan Guapi y hasta viajeros rusos están llegando a Piamonte.Aunque la presidenta de la Cámara reconoció que el turismo todavía no tiene un peso determinante en el Producto Interno Bruto del departamento, insistió en que el sector representa una oportunidad estratégica.“El turismo nos permite trascender, hacerle un homenaje a esas culturas y permitir que la gente vaya y crezca aprendiendo en territorio”, afirmó, al referirse a un departamento históricamente atravesado por tensiones y conflictos sociales.La oferta que buscan posicionar combina naturaleza, cultura y experiencias comunitarias. “Tenemos un turismo de aventura maravilloso en el sur del departamento, el parapente en el Balcón de la Empatía es espectacular; podemos ir a ver las ballenas y oírlas cantar debajo del agua”, describió. También destacó el turismo comunitario, “Uno puede recolectar piangua con las mujeres piangüeras o remar en potrillos por el río Guapi”.Frente a la preocupación por la situación de orden público, Muñoz sostuvo que el Cauca no es el único territorio con zonas complejas. "Sí hay zonas que son complejas, pero hay zonas complejas en el Departamento de Cundinamarca, en el Departamento del Valle, en el Departamento de Bolívar, en el Departamento de Antioquia y la gente va, porque ahí también se resaltan las cosas buenas. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo hoy: resaltar lo bueno del Cauca”, concluyó.
Tras el fallo que restableció su designación, el rector José Ismael Peña Reyes empezó a conformar su nuevo equipo directivo en la Universidad Nacional de Colombia, con cambios en las principales vicerrectorías del nivel central y en varias sedes regionales. Estos reordenamientos administrativos se dan en un contexto de tensión, luego de que se anunciara un nuevo paro académico en la sede Bogotá, que se extenderá hasta el 20 de marzo.En el nivel central de la institución, Luz Arabany Ramírez Castañeda, profesora titular de la Facultad de Administración de la sede Manizales asumirá la Vicerrectoría General; María Alejandra Guzmán Pardo, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, estará al frente de la Vicerrectoría Académica; y Olga Janneth Gómez Ramírez, profesora asociada y exdirectora de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, dirigirá la Vicerrectoría de Investigación.Por otro lado, Édgar Cortés Reyes, profesor titular de la Facultad de Medicina, fue designado como nuevo secretario general de la universidad y, al mismo tiempo, como vicerrector encargado de la sede Bogotá.En las sedes regionales también quedaron confirmados nuevos nombramientos. Johnny Alexander Tamayo Arias, profesor titular de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, será el vicerrector de la sede Manizales; Johanna Vásquez Velásquez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, asumirá la Vicerrectoría de la sede Medellín; Mario Augusto García Dávila, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es el nuevo vicerrector de la sede Palmira.Además, Jimmy Jolman Vargas Duarte, profesor asociado con experiencia en investigación y extensión, es el nuevo vicerrector de la sede de La Paz y Onésimo del Carmen de Arco Canoles, profesora asociada, es la directora de la sede Tumaco.También se realizaron otros seis nombramientos a nivel nacional, entre esos cambios en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, la Dirección de la Editorial UNAL, entre otros.Durante el anuncio, el rector también hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia académica, como base para la gestión institucional en los próximos años.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó que los escoltas de la candidata Ana Guetio, desaparecida en el Cauca, reportaron a la entidad que su vehículo fue robado. Según explicó, en este momento se dirigen al municipio de El Tambo en un carro particular. “El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, dijo.Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles, no conocían su paradero. Según informaron a través de un comunicado, la candidata se desplazaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella. En el momento de la desaparición, Guetio cumplía compromisos propios del cierre de campaña en los departamentos de Nariño y Cauca y horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en el municipio de El Tambo.Por ahora, no es claro que fue lo que ocurrió durante las horas en las que no se supo sobre su paradero. En la misma situación está Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar y ahora está desaparecido.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a esto:“El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero si el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información de comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.El jefe de la cartera de defensa insistió en que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita deducir qué pasó con los candidatos al congreso. “No tenemos información de qué se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad así que ha medida de que avance, informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el César, estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.