La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías, tras su entrada en vigor.El análisis fue realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que revisó la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que ya aplicaba la restricción legal que limita este tipo de contratación por parte de las entidades estatales hasta el final del proceso electoral.En total, la entidad examinó 25.685 contratos por 2,8 billones. Luego de depurar las excepciones contempladas en la norma, que permiten contratación en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito, el organismo de control identificó que 2 billones corresponden a contratos en sectores no exceptuados.Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos reportados durante la vigencia de la Ley de Garantías sin que, en principio, estuvieran cobijados por las excepciones.Seguimiento a posible uso proselitista de recursosLa Contraloría también adelanta un monitoreo al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas en época electoral.Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos directos adicionales por 31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, asociados a este mismo tipo de actividades.El Contralor General señaló que la entidad actúa como garante técnico del correcto uso de los recursos públicos. “En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.La presión presupuestalRodríguez señaló que hay más presiones presupuestales, en parte por el incremento en el pago de la reposición de votos, aunque aclaró y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó el aumento en un ajuste técnico que estaba pendiente. Para 2025, el valor de la reposición por cada voto válido es de 8.433 pesos.
El momento de las definiciones ha llegado. La carrera hacia la Presidencia de 2026 comienza a tomar forma con el primer gran encuentro de los candidatos que integran la Gran Consulta Popular por Colombia, un espacio decisivo para escoger al aspirante único que representará a esta coalición en la primera vuelta presidencial.Bajo la conducción de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, ocho precandidatos se enfrentan en un debate clave que pone sobre la mesa las principales preocupaciones del país: seguridad, economía y salud. Cada intervención busca convencer no solo a los votantes de la coalición, sino a millones de colombianos que observan con atención quién tiene la capacidad de liderar un nuevo rumbo nacional.En el escenario estarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. (Juan Carlos Pinzón canceló a última hora) Cada uno llega con propuestas propias y visiones distintas sobre cómo enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa Colombia.La transmisión inicia con un análisis del tablero político hacia 2026, seguido de la explicación de las reglas del debate. Luego, en el bloque de Visión de País, los aspirantes responden por qué consideran ser la mejor opción para liderar la Gran Consulta. Posteriormente, el eje de seguridad aborda los planes concretos frente al deterioro del orden público y el accionar de estructuras criminales.El debate avanza hacia la economía, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos, con propuestas sobre el costo de vida, la generación de empleo y la crisis de combustibles. En el segmento de salud, los candidatos exponen sus fórmulas para salvar el sistema y garantizar la atención oportuna y eficiente a los colombianos.Los momentos más tensos llegan en el cara a cara, cuando los aspirantes se interpelan directamente, y en la ronda de preguntas rápidas, donde deben responder “sí” o “no” frente a temas que dividen al país. Finalmente, el “Minuto de Oro” cierra la jornada con un mensaje directo al electorado.Este debate no solo define un candidato, sino que marca el tono de la contienda presidencial de 2026. Aquí comienza, en firme, la disputa por el liderazgo del país.
En medio de una operación militar en zona rural del departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares hallaron varias ramplas o “cañones” hechizos diseñados para lanzar artefactos explosivos improvisados tipo balón, una modalidad que está siendo utilizada por las disidencias de las Farc para atacar a la Fuerza Pública a distancia.En la imagen, conocida tras el operativo, se observa una estructura metálica artesanal, anclada a un cilindro rojo con soportes cruzados y asegurada con correas tipo militar. El artefacto, camuflado con pintura verde y roja, estaba dispuesto en medio de la vegetación, lo que sugiere su instalación en un campamento clandestino. Según información de inteligencia, dentro de estas ramplas eran introducidos los llamados balones bomba, artefactos explosivos que, tras ser impulsados, tendrían un alcance aproximado de entre 300 y 350 metros.De acuerdo con fuentes militares, cuando estos balones caen al suelo es cuando detonan, generando una onda explosiva que pone en grave riesgo tanto a uniformados como a la población civil. Se trata de una modalidad que recuerda los explosivos hallados recientemente en una vivienda en Usme, en el sur de Bogotá, donde también fueron encontrados balones acondicionados con carga explosiva.El hallazgo se produjo durante una operación conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares contra la estructura Martín Villa del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. La ofensiva se desarrolló en la vereda Puerto Valencia, municipio de El Retorno, Guaviare, mediante una acción de interdicción aérea y asalto aéreo, en la que participaron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.Como resultado del operativo, fueron capturados dos integrantes de la subestructura, otros dos se sometieron a la justicia y se logró la recuperación de dos menores de edad, a quienes se les activó la ruta de restablecimiento de derechos.Además, se incautaron 30 armas largas, incluidas cinco ametralladoras calibre 7.62; 10 armas cortas; un lanzagranadas M-203; cinco ramplas para el lanzamiento de explosivos; 100 proveedores; más de 30.000 cartuchos; 40 granadas de mortero; 13 granadas para dron y 300 detonadores eléctricos, entre otros elementos de guerra.Durante el desarrollo de la operación, tres militares resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo improvisado y permanecen estables bajo atención médica en el Hospital Militar Central.Las autoridades señalaron que estas ramplas habrían sido preparadas para ejecutar acciones terroristas contra unidades militares y policiales en la región, evidenciando la evolución en las tácticas de ataque de estas estructuras ilegales, que buscan aumentar su capacidad de daño mediante sistemas artesanales de lanzamiento a distancia.
La Registraduría decidió trasladar a la Procuraduría, Fiscalía y Cancillería las denuncias del partido Mira, según las cuales se podrían estar presentando presuntas irregularidades en puestos de votación de España y Estados Unidos."De manera atenta, con fundamento en lo estipulado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se corre traslado por competencia a la Procuraduría General de la Nación de la denuncia presentada por el Partido Político Mira, en la cual se exponen asuntos que pueden tener connotación disciplinaria de su competencia frente a una serie de hechos ocurridos en los consulados de Colombia en el exterior", dice el documento enviado por la Registraduría a la Procuraduría.Según el partido, en algunos puestos de votación de España, algunas mesas de votación no tendrían el espacio suficiente entre unas y otras, lo que podría estar afectando el secreto del voto. Además, dice el Mira, que algunos jurados estarían preguntándoles a las personas si estarían seguros de su voto."En varios consulados de España y Estados Unidos se designaron como jurados de votación a funcionarios consulares, pese a que existen connacionales postulados para esta función que no fueron convocados. Este tipo de prácticas constituyen una vulneración directa a la libertad del sufragio, atentan contra el derecho fundamental al voto libre y secreto y afectan seriamente la transparencia del proceso electoral", dice el comunicado del Mira.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, informó que, a raíz del caso de Juliana Guerrero, el Ministerio inició una revisión que se remonta a 2019 para establecer cuántos estudiantes obtuvieron su título sin cumplir con este requisito.Según el balance entregado por la cartera, de 1.533.807 personas registradas en el periodo analizado, 40.940 no presentaron la prueba Saber Pro, mientras que 822 la realizaron después de haberse graduado. En el nivel técnico, más de 800.000 personas se graduaron, pero más de 37.000 no presentaron el examen. En el último periodo, el 3,27 % de los graduados no cumplió con esta obligación académica.En total, 279 instituciones de educación superior graduaron al menos a un estudiante sin haber presentado la prueba, situación que ahora es objeto de verificación por parte del Ministerio.En paralelo, la Fundación San José es investigada por presuntos convenios irregulares para la oferta de programas académicos, y la revisión se extenderá a otras instituciones que tengan relación con esa entidad.“El ministerio de educación no vacilará en continuar estas medidas y sancionar si así lo ve viable”, indicó el ministro.
En videos quedaron grabados los drones que sobrevolaron la central Hidroituango y que generó alerta y riesgo de posible atentado contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbelaez, trabajadores y cerca de 100 periodistas que viajaban desde la capital antioqueña.En las imágenes se observa cómo se acercan a varios sitios como el vertedero, en la parte alta, uno de los puntos estratégicos en la visita que se haría en el norte de Antioquia y donde EPM insistiría en la tranquilidad de la operación debido a que está al lado de las compuertas.Aunque el general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, se pronunció sobre la cancelación del viaje de prensa al proyecto Hidroituango y explicó, que el Ejército no emitió ninguna alerta formal sobre un plan específico en contra de los mandatarios locales ni contra la infraestructura.“La amenaza y la denuncia que hacen es específica sobre una visita programada al proyecto y la fundamentan en la posible acción terrorista de lanzamiento de artefactos explosivos con drones. Sin embargo, para esta visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que estuviera planeada”, afirmó el general Gómez.A lo que los mandatarios respondieron que con esa información no se juega y la tomaron en serio, por los riesgos que significa las disidencias de alias 'Calarcá', como cuando derribaron un helicóptero donde murieron 13 policías en el municipio de Amalfi.
Más de 200.000 empleos en riesgo en Ecuador, otros 100.000 empleos en Colombia y en miles de empresas en riesgo de desaparecer en medio de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador es el balance que están haciendo los gremios colombianos y ecuatorianos, quienes llaman al diálogo a sus respectivos gobiernos.La guerra arancelaria comenzó a finales de enero con el anuncio de Ecuador del establecimiento de una tasa de seguridad: un arancel de 30 % sobre los productos colombianos en protesta por el deterioro de la seguridad de la frontera. La semana pasada, el gobierno ecuatoriano anunció el incremento de los aranceles a 50 %, mientras que Colombia ya está trabajando en un decreto de respuesta con aranceles de 50 % a más de 190 partidas arancelarias."Esta medida tiene una afectación directa a 2.000 empresas, y en virtud de esas dos mil empresas estamos hablando de que al menos son doscientos mil empleos relacionados", aseguró María Paz Jervis, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y del Comité Empresarial Ecuatoriano. La cifra se refiere exclusivamente a empleos en el lado ecuatoriano de la frontera.Según los cálculos gremiales, desde que comenzaron las restricciones arancelarias, las ventas en dólares de Colombia a Ecuador han caído en un 69 %.Por su parte, la Andi calcula que son unos cien mil empleos en riesgo del lado colombiano. Además, solo en Colombia hay 2.500 compañías directamente afectadas y algunas de ellas serán completamente inviables en las nuevas condiciones."Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países para que la moneda de cambio en las relaciones de ambos países no sea el trabajo de los trabajadores", agregó el presidente de la Andi, Bruce MacMaster.En Colombia, las afectaciones se extienden a sectores de la industria, las autopartes, la química básica, la maquinaria, la cría de cerdo, entre otros.
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones del país. Su dinámica sencilla, lo han convertido en una alternativa popular para quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de ganar.Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 2 de marzo de 2026El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 2 de marzo de 2026 es el 2514 - 7. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 2514Dos últimas cifras: 14Tres últimas cifras: 514La quinta: 7Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día1 marzo 20269426 - 1Chontico Día28 febrero 20261612 - 8Chontico Día27 febrero 20261131 - 1Chontico Día26 febrero 20267566 - 3Chontico Día25 febrero 20262965 - 4Chontico Día24 febrero 20260133 - 2Chontico Día23 febrero 20265243 - 8Chontico Día22 febrero 20264025 - 5Chontico Día20 febrero 20267972 - 8Chontico Día19 febrero 20268976 - 3Modalidades de juego del Chontico DíaUno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles. Estas permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a sus preferencias, ya sea buscando premios mayores o mayores probabilidades de acierto.Las modalidades principales son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a estas alternativas, el sorteo ofrece opciones tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren jugadas con mayores posibilidades de acierto.Cuánto cuesta jugar el Chontico DíaEl valor de las apuestas es otro de los factores que impulsan la participación masiva en este chance. Los montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan ingresar al juego sin dificultad.Los valores establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.Este rango facilita que cada participante decida cuánto invertir según su capacidad económica.Cómo reclamar un premio del Chontico DíaQuienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Es indispensable presentar la documentación exigida para validar el premio y garantizar un trámite seguro.Documentos obligatorios:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: se solicita únicamente el documento y el tiquete original.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente.Este procedimiento busca asegurar transparencia y cumplimiento de la normativa vigente en la entrega de premios.
Una cifra encendió las alertas en el Magdalena a pocos días de las elecciones: la presencia del Clan del Golfo en el departamento habría aumentado en un 653 % desde 2021.La advertencia fue hecha por la gobernadora Margarita Guerra durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, realizada en Santa Marta, donde presentó la cartografía del riesgo electoral en el territorio.Según lo expuesto por la mandataria, el incremento en el número de hombres vinculados a esa estructura armada ilegal obliga a reforzar la presencia institucional en varios municipios priorizados antes de la jornada del próximo domingo 8 de marzo.Los territorios señalados con mayor nivel de atención son Ciénaga, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Santa Ana, San Zenón, Remolino, Pivijay, Salamina, El Piñón y Zapayán, donde se reporta presencia del Clan del Golfo.“En las elecciones pasadas se presentaron alertas en 12 municipios, donde hubo constreñimiento al elector, prohibiciones y temor. Con base en este mapa, desde la institucionalidad hemos trabajado en las Comisiones de Seguimiento Electoral con el fin de que estos hechos no se repitan y les brindemos a los magdalenenses una elección tranquila”, aseguró Guerra ante representantes del orden nacional y departamental.La Gobernación insistió en que el objetivo es prevenir cualquier forma de presión o alteración del orden público que pueda afectar la participación ciudadana y pidió acciones coordinadas para garantizar unas elecciones con plenas garantías en el Magdalena.
El excongresista y líder indígena del departamento del Cauca, Feliciano Valencia, quien acompañó activamente la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, habló en Mañanas Blu, de las serias acusaciones que pesan sobre la vicepresidenta, las cuales sugieren un presunto acuerdo entre ella y las disidencias de las Farc para facilitar su llegada a la Presidencia de Colombia. Estas alegaciones se basan en chats y comunicaciones hallados a alias 'Calarcá' y publicados en un informe de Noticias Caracol.La campaña en el CaucaFeliciano Valencia enfatizó que, si bien él y miles de personas acompañaron la campaña de Petro y Márquez, su participación se limitó a "motivar a la gente" e "invitarlos a votar". El líder indígena fue categórico al afirmar que nunca se involucraron en asuntos financieros.Detallando el funcionamiento de la campaña en el departamento del Cauca, Valencia aseguró que esta fue "muy austera". Señaló que las comunidades fueron las responsables de financiar la logística, el transporte y las salidas a votar. "Fue una campaña de motivación y autosostenimiento el que nosotros hicimos en el departamento del Cauca," afirmó.Insistió en que, hasta donde él conoce, nunca se ofreció dinero ni a los líderes ni a quienes estaban al frente de las campañas."Esperamos que la justicia como debe ser investigue esta situación, aclare esa situación y pues tome las medidas que después de hacer ese ejercicio de investigación corresponda".Valencia advirtió que, si los órganos judiciales determinan que hubo algo "anómalo" o si la investigación diera "positivo", sería "muy lamentable que esto haya sucedido".Clima de violenciaEn relación con la limpieza del proceso electoral en el Cauca, una región históricamente afectada por la violencia y el control de grupos insurgentes, Valencia negó que hubiera existido coerción de grupos armados ilegales.Indicó que, en el norte del Cauca, la Guardia Indígena siempre estuvo en coordinación con el Ejército Nacional y la Registraduría Nacional en los puestos de votación. Aseguró que en esos puntos no se evidenció que los grupos armados estuvieran obligando a la gente a votar.Sin embargo, el excongresista expresó una profunda preocupación por la actual ola de violencia en el departamento. Mencionó específicamente el reciente comunicado de 'Iván Mordisco', que prácticamente declara la guerra al gobierno nacional. Valencia advirtió que la influencia de este actor en el suroccidente colombiano le preocupa sobremanera, temiendo que esta situación "vaya a dar con el traste la jornada electoral del 2026".Escuche aquí la entrevista:
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró en las últimas horas un aumento en los eventos sísmicos relacionados con el movimiento de fluidos del volcán de Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, informó este martes la entidad."En las últimas horas se ha registrado un aumento de las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos (Tremor y Largo Periodo), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé a profundidades menores a 1 kilómetros", expresó el SGC en un comunicado.El organismo afirmó que, además de las señales, ha habido incrementos en la salida de gases con "columnas que han alcanzado hasta 1,6 kilómetros de altura y dispersión hacia el suroccidente", lo cual puede incluir pequeñas emisiones de ceniza."El volcán Puracé permanece en estado de alerta amarilla, en el cual pueden presentarse fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza, incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, ruidos, olores, precipitación de azufre y lahares menores, entre otros", agregó la información.El Puracé -ubicado a 27 kilómetros de Popayán y en cuya zona de influencia viven, principalmente, comunidades indígenas y campesinas- es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos."Se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país", precisó el SGC.La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y, desde 2021, está presentando cambios paulatinos en su actividad.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las revelaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado, al advertir que las decisiones del Gobierno en el manejo del proceso de paz podrían estar facilitando abusos y desviaciones del propósito de terminar la violencia.El organismo recordó que el Presidente de la República tiene la facultad de suspender órdenes de captura para promover la paz, pero señaló que esa herramienta solo puede usarse con fines humanitarios y no para permitir la movilidad de grupos armados o el encubrimiento de delitos.Mencionó como ejemplo el caso de Anorí, en Antioquia, ocurrido en julio de 2024, donde se detectó el traslado de integrantes del EMBF que no tenían suspensión de captura, junto con dinero, armas y un menor de edad.La Defensoría alertó además sobre las contradicciones entre los compromisos del EMBF en la mesa de diálogo y la situación en los territorios. Aunque el grupo prometió suspender el reclutamiento de menores, concentrarse en una zona temporal y avanzar hacia la dejación de armas, en la práctica se registra un aumento de su presencia armada, expansión territorial y control sobre comunidades en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.El comunicado también hace referencia a declaraciones de líderes del EMBF que rechazan públicamente la entrega de armas, así como a revelaciones periodísticas que ponen en duda su voluntad de paz.Ante ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación adelantar investigaciones rápidas e independientes sobre los posibles vínculos entre el grupo armado y funcionarios del Estado, y evaluar el retiro temporal de quienes pudieran estar comprometidos.Finalmente, la entidad insistió en que el país necesita hechos de paz reales y exigió al EMBF la liberación inmediata e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados, como muestra concreta de compromiso con la reconciliación.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición impuesta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para ingresar libremente o residir en Córdoba y otros departamentos donde ejerció influencia como comandante de las AUC y donde dejó miles de víctimas. La decisión mantiene el fallo de primera instancia proferido por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, quien dispuso que cualquier ingreso del excomandante a esos territorios solo puede hacerse mediante autorización judicial o en el marco de actos de perdón validados por las autoridades.Mancuso había solicitado tumbar la restricción argumentando que tenía arraigo en Montería y que la medida le impedía reunirse con su familia. Además, señaló que la decisión lo sometía a un “destierro” indefinido.La Sala Penal, sin embargo, rechazó de plano sus argumentos. Los magistrados concluyeron que la medida es proporcional y necesaria para la protección de los derechos de las víctimas, las cuales se concentran principalmente en los mismos territorios donde Mancuso delinquió. En el fallo se recuerda que la Ley 975 de 2005, que estructura el proceso de Justicia y Paz, fue diseñada precisamente para garantizar los derechos de quienes sufrieron la violencia paramilitar y que, por tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar su efectiva protección.En la decisión, la Corte enfatizó que “aunque Mancuso asemeje la restricción impuesta a un ‘destierro’ por la amplitud de los lugares sobre los que recae, desconoce que ello se debe a que justamente coincide con los territorios en los cuales delinquió y donde se encuentran primordialmente sus víctimas”.También señaló que, si bien reconoce el compromiso de los postulados de Justicia y Paz, los derechos de las víctimas prevalecen y el proceso de reconciliación debe avanzar de manera progresiva y en coherencia con las distintas formas de reparación establecidas.Para la Sala, la centralidad de las víctimas dentro del proceso ratifica que la libertad de los excombatientes debe estar sujeta a garantías de no repetición y a condiciones que favorezcan la reparación y la reconciliación.
El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, tiene estremecido al país. El joven, de tan solo 21 años, fue interceptado el pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, en el Cauca, luego de una presentación musical. De acuerdo con el reporte inicial, hombres armados obligaron a Miguel y a su mánager a bajarse de la camioneta en la que se movilizaban. Sin embargo, el conductor fue quien logró escapar y posteriormente alertar a las autoridades.Desde ese momento, la incertidumbre sobre el bienestar del también joven artista no ha dado tregua. A pesar de los esfuerzos de la familia Ayala y de los mensajes de solidaridad, aún no se conocen detalles sobre su liberación. Giovanny Ayala, notablemente afectado, se ha aferrado a las oraciones y a la esperanza de ver a su hijo sano y salvo.En medio de este escenario, varias voces ajenas a la familia se han pronunciado. Sin embargo, una de ellas generó especial revuelo al asegurar que tenía información sensible sobre el estado actual del joven.Qué dijo la vidente sobre el secuestro de Miguel AyalaSofía del Guercio, conocida en redes sociales como “La bruja más poderosa de Colombia”, realizó una lectura de tarot que dejó un fuerte sinsabor entre sus seguidores. Según la mujer, las cartas mostraron signos de alerta que señalaban peligro y riesgo para la vida del joven.De acuerdo con Del Guercio, aparecieron figuras como La Torre, La Serpiente y El Colgado, símbolos que —según explicó— representan situaciones extremas. “El muchacho está en verdadero riesgo… está en riesgo de ser ejecutado”, afirmó. Además, señaló que el tarot revelaba la participación de las disidencias de las Farc, en especial del grupo Jaime Martínez, tal como lo han indicado las autoridades en sus reportes preliminares.La vidente también habló de un “juicio” en curso, usando cartas como El Juicio y El Diablo para reforzar su lectura. Según ella, Miguel estaría enfrentando un proceso interno por parte de sus captores, lo que haría urgente cualquier gestión de la familia. Sin embargo, mencionó la presencia de una fuerza protectora: “Salió el Padre Eterno… hay algo espiritual cuidándolo”.Del Guercio sugirió que la motivación del secuestro sería principalmente económica, apoyándose en la aparición repetida de la carta de La Rueda de la Fortuna. Aseguró que no se trataría de un ajuste de cuentas, sino de un secuestro con fines extorsivos.Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Miguel. Por su parte, la familia Ayala mantiene la esperanza de que el joven regrese pronto y que el caso no tenga un desenlace lamentable.
Luego de que la Procuraduría solicitara a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto que estableció la primera emergencia económica de su gobierno, el presidente Gustavo Petro respondió con duras críticas y defendió la necesidad de la medida para evitar una crisis fiscal.“La visión de la Procuraduría es miope respecto a la situación económica. No analiza que la emergencia económica inicial es para restablecer el camino de la sostenibilidad de la deuda y reducir la vulnerabilidad a la crisis climática”, afirmó.A través de su cuenta de X dijo también que Colombia enfrenta una senda de posible insostenibilidad de la deuda pública. Explicó que esta situación se presenta cuando hay déficit primario y el crecimiento económico es menor que la tasa de interés real. Según los datos que presentó, el país registra un crecimiento real del 2,6 %, una tasa real de interés del 5 % y un déficit primario de 65,7 billones de pesos.Para Petro, el camino correcto es disminuir progresivamente el déficit fiscal primario, “lo que permitiría bajar la tasa real de interés y fortalecer el crecimiento económico”. En ese sentido, aseguró que su gobierno ha intentado reducir el déficit, pero ha encontrado bloqueos institucionales. “Ni el Congreso ni la Corte Constitucional han permitido hacer disminuir el déficit primario con más impuestos a los más ricos, ni el Banco de la República ha querido disminuir la tasa real de interés y, al contrario, la aumenta”, concluyó.Y continuó su mensaje cuestionando duramente a la Procuraduría: “Procuraduría, mayoría de la junta del Banco de la República, algunos magistrados y la mayoría de congresistas (…) parece no importarles la senda de insostenibilidad de la deuda por la que va el país”.Al término de su mensaje, el mandatario volvió a pedirle a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica y permitir su aplicación.
A dos meses de la intervención de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Migración Colombia reveló un informe sobre el comportamiento del flujo migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela, indicando que la movilidad se ha mantenido estable y dentro de los parámetros normales.En estos dos meses se registraron 6.786.712 movimientos migratorios, de los cuales la mayoría se concentró en la Regional Oriente, con 5 854 992 cruces (86.3 %). Le siguieron la Regional Orinoquía con 791 986 movimientos (11.7 %) y la Regional Guajira con 139 734 registros (2.1 %).Según explicó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, el flujo migratorio está mayoritariamente asociado a actividades laborales, comerciales, educativas y familiares. “El análisis técnico confirma que la frontera mantiene una movilidad alta pero estable. No se registran variaciones extraordinarias ni incrementos inusuales en los flujos. Colombia continúa gestionando una migración ordenada, con presencia institucional activa y seguimiento permanente que nos permite actuar con base en evidencia y no en especulaciones”, dijo.El informe también señala que la migración regular de ciudadanos venezolanos aumentó en 2025, con 1.302.157 movimientos registrados, lo que representa un incremento del 16.6 % frente a los 1.116.104 movimientos de 2024.Entre los principales destinos y países de procedencia de los viajes realizados por venezolanos desde y hacia Colombia está: Estados Unidos (21.6 % del total); Chile con 16.6 %, Panamá y España.
La Procuraduría General de la Nación emitió concepto sobre la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, actualmente bajo estudio de la Corte Constitucional, que previamente había suspendido sus efectos mediante una medida cautelar.El documento, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, solicita que se declare la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en varios de sus apartes, al considerar que no se cumplen los presupuestos constitucionales para la declaratoria del estado de emergencia económica y social.En el concepto se lee: “Asimismo, que declare la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales y el pago de obligaciones atrasadas”.Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público se refiere al sector defensa. Allí advierte: “Ante este panorama, el Ministerio Público considera que no procede la declaratoria del Estado de Emergencia Social y Económica respecto de estos hechos, pues, sin desconocer la relevancia de los mismos y su necesidad de atención, la situación actual es producto de fallas en los procesos de planeación del Gobierno nacional y las entidades públicas involucradas que, al momento de solicitar, asignar y priorizar los gastos, desconocieron el panorama y las realidades del país en materia de seguridad”.En relación con el cambio climático y los desastres naturales, la Procuraduría sostiene que “el Estado ya actuó para la atención de esos eventos, de modo que acudir a los mismos hechos para una declaratoria de emergencia económica y social podría desdibujar la naturaleza de aquellas herramientas de planeación y gestión del riesgo”. Añade además que “no se superó el requisito de sobreviniencia propio del presupuesto fáctico, en tanto el Gobierno nacional no acreditó que el cambio climático y la incidencia estructural que conlleva haya agravado la situación de desastre natural ya advertida en el territorio nacional y en el departamento de Cundinamarca, de donde se deduciría la necesidad de giro de recursos adicionales por el carácter extraordinario de las circunstancias”.Sin embargo, el concepto introduce una excepción en materia de salud. En este punto, la Procuraduría solicita que se declare la exequibilidad del decreto únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud, producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación.Textualmente señala: “Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, ‘por el cual se decreta el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional’, únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación”.Sobre este punto precisa que “el juicio de sobreviniencia se cumple. Además de tratarse de una cuestión relacionada con la problemática estructural en materia de salud, es cierto que la crisis fiscal y de iliquidez acaecida agravó esa situación. Lo anterior, porque para equiparar la prima pura en ambos regímenes se requiere un considerable aumento en los recursos exigidos y así cumplir con la obligación en la vigencia 2026, de manera que la posible falta de pago de estos recursos agudizaría e impactaría negativamente en la problemática estructural”.El concepto del Ministerio Público se convierte en un insumo clave para la decisión de fondo que deberá adoptar la Corte Constitucional sobre la validez del decreto. El mes de abril es la fecha límite para que el alto tribunal comparta su decisión definitiva sobre la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.
Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército, en medio de operaciones militares, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de cinco integrantes del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que, al parecer, había sido vinculada de manera forzada. La operación se logró tras un bombardeo en la zona por parte de las Fuerzas Militares como parte de la ofensiva contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El primer procedimiento se registró en la vereda La Leona, zona rural de San José del Guaviare, donde unidades del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 28 recibieron la presentación voluntaria de tres hombres señalados de pertenecer al Bloque Amazonas, Estructura Primera. Durante el hecho fueron entregados dos fusiles calibre 5,56 milímetros, 16 proveedores metálicos, 886 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos multipropósito, material que quedó a disposición de la autoridad competente.Luego, en la vereda Agua Bonita, también en jurisdicción de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 30 reportaron el sometimiento de otros dos presuntos integrantes de las estructuras 1 y 44 del mismo grupo armado criminal. Según la información oficial, estos se presentaron sin material de guerra, provenientes del sector de Puerto Flórez, en medio de la presión operacional sostenida en la zona.En el mismo procedimiento fue recuperada una adolescente que, de acuerdo con las autoridades, habría permanecido cerca de tres años vinculada de manera forzada a la Estructura 44. La menor fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.Las autoridades señalaron que estos resultados afectan de manera directa las capacidades logísticas, operacionales y financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región, y reiteraron que continuarán las operaciones para fortalecer la seguridad y el control territorial en el Guaviare.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con una empresa de externalización de procesos de negocio. La actuación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, tras una denuncia recibida en 2025 que advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del acuerdo.De acuerdo con la información conocida, la denuncia alerta sobre un supuesto manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales en el marco del contrato. Estos señalamientos llevaron al ente de control a activar una indagación preliminar con el fin de identificar a eventuales responsables dentro de la entidad.Entre los aspectos bajo revisión se encuentra una presunta toma de decisiones administrativas y contractuales calificadas como de extrema gravedad. Según lo advertido en la denuncia, se habría producido la sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existiera evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito debidamente documentados que justificaran dichos cambios.Asimismo, se indaga una posible desmejora deliberada de las condiciones salariales contempladas en el contrato, lo que podría implicar afectaciones a derechos laborales del personal involucrado. Este punto forma parte de las pruebas que el Ministerio Público ordenó practicar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de análisis.Por ahora inició de manera formal una etapa de verificación orientada a recopilar elementos que permitan establecer si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del convenio suscrito por la Unidad de Víctimas.
El Día de la Familia es un beneficio que durante años permitió a los trabajadores formales en Colombia solicitar un día libre remunerado, pero con la implementación total de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el derecho dejaría de existir desde julio de 2026.La medida surge del cruce de dos normas: la Ley 1857 de 2017, que creó el Día de la Familia, y la Ley 2101 de 2021, que ordenó reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual. En esta última se dejó claro que el beneficio solo se mantendría mientras se hacía efectiva la reducción total de la jornada.Reducción de la jornada: ¿hasta cuándo puede pedir el Día de la Familia?En este caso, el cambio de la jornada se hará efectivo entre el 15 y el 16 de julio de 2026, cuando quede plenamente implementado el esquema de 42 horas semanales. A partir de ese momento, si la empresa cumple el nuevo límite semanal, ya no estará obligada por ley a otorgar el Día de la Familia.Durante el primer semestre de 2026, los trabajadores aún podrán solicitar el beneficio, con plazo máximo hasta el 30 de junio. Después de esa fecha, dejará de existir para quienes estén cobijados por la reducción de la jornada laboral.Por lo tanto, cada trabajador deberá verificar si su empresa ya aplicó el cambio de horario. Si no lo ha hecho, el derecho seguirá vigente hasta que la reducción laboral se formalice.Cuántos días se pueden pedir antes de la eliminaciónMientras esté activo, el esquema permite dos días libres remunerados al año, es decir, uno por semestre. Hay tres aspectos clave a tener en cuenta antes de que desaparezca el beneficio:Se puede solicitar solo si la empresa no ha completado la jornada de 42 horas.El plazo máximo para pedirlo en 2026 será el 30 de junio.Los festivos nacionales no dependen de este beneficio y se mantienen intactos.Adicionalmente, la norma contempla un nuevo día de descanso que podría reemplazar el Día de la Familia una vez se reduzca la jornada laboral: se trata del día libre por movilidad sostenible, dirigido a quienes usan la bicicleta como transporte habitual al trabajo. Para acceder, se debe presentar certificación y radicar una solicitud formal.
Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.