El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año correspondientes a los periodos 2024 y 2025. La decisión se adoptó luego de un diagnóstico técnico, jurídico y financiero iniciado en noviembre de 2025 por la actual administración, tras detectar inconsistencias en la liquidación y desembolso de este beneficio.De acuerdo con el informe oficial, fueron revisados 42.400 pagos que suman $458.799 millones. Del total analizado, se identificaron posibles irregularidades por $260.437 millones, es decir, el 56,8 % de los recursos auditados. Entre los hallazgos figuran 4.405 pagos efectuados a personas que tenían sentencias judiciales en firme que negaban el derecho a la prestación, por un monto superior a $83.082 millones.La revisión también evidenció desembolsos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones por fuera del rango legal, mesadas por encima de los topes permitidos y registros asociados a personas fallecidas. Además, el informe señala que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación aplicada para reconocer la prima, sin que existiera una reforma normativa o una sentencia de unificación que respaldara ese cambio.Otro de los puntos advertidos por el FOMAG fue la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado externo. La denuncia incluye a quienes habrían autorizado y ejecutado los pagos, así como al profesional que recibió la información. El vicepresidente del Fondo, Herman Bayona Abello, aseguró que la actuación busca “proteger los recursos del sistema y a los docentes afiliados”, y confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes.
Un grupo de cerca de 750 integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca llegó a Bogotá y se instaló en la Concha Acústica de la Universidad Nacional. La movilización, que arribó en 14 buses y varios vehículos, busca presionar al Gobierno para que cumpla compromisos firmados con las comunidades. “Decidimos movilizarnos hacia Bogotá en el entendido de que desde el año 86 se han venido firmando acuerdos con nuestras comunidades y esos acuerdos no han sido cumplidos”, explicó el consejero mayor Alexis Mina.El líder comunitario aseguró que el detonante más reciente fue un acuerdo firmado en 2024 tras una protesta en el peaje de Villarrica, relacionada con reforma rural, educación, salud y vivienda. “Hemos elevado comunicación al Gobierno sin respuesta, entonces la comunidad tomó la determinación de salir a Bogotá. Hemos entrado a este claustro universitario de manera pacífica”, afirmó, al señalar que la acción fue denominada simbólicamente como “con el buen modo, se saca el cimarrón del monte”.Mina aclaró que la presencia en la capital no está ligada directamente a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, aunque respaldan varias reformas sociales. “No vamos a acompañar físicamente porque tenemos una agenda propia de movilización alrededor de nuestra agenda de lucha”, sostuvo. Sobre posibles protestas en la ciudad, indicó que la decisión dependerá de lo que defina la asamblea de la organización en las próximas horas.El líder también cuestionó la falta de respuestas institucionales tras reuniones iniciales con delegados del Gobierno. “No hay todavía notificación de funcionarios con capacidad de decisión, no hay trazabilidad de documentación, no hay arquitectura documental”, dijo, señalando preocupación porque ni siquiera existirían actas claras de compromisos previos. Según relató, incluso se les pidió a las comunidades aportar esos documentos.En materia logística, los manifestantes aseguran estar preparados para permanecer el tiempo que sea necesario. “Hemos hecho unas tongas en los territorios, la preparación física de nosotros es inquebrantable”, afirmó Mina, quien aseguró que la duración de la protesta dependerá de la voluntad política del Ejecutivo. “Si el Gobierno toma la decisión de avanzar, en dos o tres días estaríamos desocupándonos de este tema; si no, no tenemos ningún problema en quedarnos acá”.La movilización también busca visibilizar la situación de orden público en el Norte del Cauca, donde, según las comunidades, persisten el reclutamiento de menores, ataques con drones y la expansión de grupos armados ilegales. “Tenemos una situación en territorio que amerita la atención por parte del Gobierno”, concluyó el consejero, insistiendo en que los puntos reclamados incluyen minería, reparación, restitución de tierras y reforma rural integral.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson explicó que, así como los pilotos siguen un checklist para evitar catástrofes, Dios también ha establecido un “listado de verificación” espiritual para quienes desean influir y liderar. Basado en 1 Timoteo 3, señaló que este llamado no es solo para pastores, sino para todos los creyentes, pues Jesús afirmó: “Ustedes son la luz del mundo… dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos”.Uno de los requisitos principales es vivir con integridad, fidelidad y dominio propio. El pastor destacó que un líder debe ser “intachable” y “digno de mucho respeto,” lo que implica cumplir la palabra, ser fiel en sus relaciones y controlar sus impulsos. También subrayó que la santidad personal es fundamental, recordando que Jesús no condena, pero sí llama al cambio: “Yo tampoco te condeno… ve y no peques más.” Finalmente, el mensaje concluyó que el liderazgo espiritual requiere madurez, humildad y una vida coherente tanto en público como en privado. La reputación, el manejo de las relaciones, la familia y la fe personal son parte de este checklist que prepara a una persona para servir. Como enseña la Escritura: “Primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, entonces que sirvan”. Escuche la reflexión completa aquí:
Con personal técnico y maquinaria amarilla autoridades de infraestructura en Antioquia siguen atendiendo emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de los últimos días en diferentes vías del departamento.Según Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, aunque los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, actualmente hay 39 frentes de obra activos atendiendo los puntos críticos por lo que varios de ellos pueden registrar cierres parciales o totales dependiendo de la magnitud de las novedades.En el caso de Urabá, una de las subregiones más afectadas, hay dificultades en los tramos: Carepa – Saiza; El Tres - San Pedro de Urabá; Apartadó - San José de Apartadó; San Pedro de Urabá – Pueblito; San Pedro de Urabá – San Juancito; además de Pueblito – Tres Esquinas y Pueblito – Filo Pancho en San Pedro de Urabá."Tenemos solamente dos vías cerradas, la vía entre Necoclí y San Pedro de Urabá, y la de San Pedro de Urab y Arboletes, por el frente frío que llegó del Norte, que nos tiene afectado a toda esta región. Allá tenemos 18 frentes de los 39 que tenemos en todo el departamento, para dar la solución pronta a la transitabilidad. Ya logramos tener una vía para llevar el gas domiciliario al municipio de Arboletes", destacó el uniformado.El funcionario recordó que hay restricción para vehículos pesados en la vía Puente Iglesias, en el Suroeste, y en general recomendó a los usuarios transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.Por ahora varios de los esfuerzos de las autoridades en el departamento de Antioquia están centrados en 5 kilómetros de la vía Medellín - Bogotá en donde varios movimientos en masa afectan la normalidad en la circulación de vehículos.
Las lluvias no dan tregua en San Vicente de Chucurí y la emergencia vial ya se siente como una crisis humanitaria. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra, caída de rocas de gran tamaño y el colapso de varios tramos de carretera dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde el acceso depende de vías terciarias que hoy están completamente taponadas.De acuerdo con la administración municipal, la pérdida de la banca es total en algunos sectores y la maquinaria disponible no ha sido suficiente para restablecer el paso. Las veredas Campoalegre, Guacamaya, Santa Bárbara, Quináles, Palmira, Palestina y Barro Amarillo presentan los mayores daños, con comunidades aisladas, dificultades para el transporte de alimentos y restricciones para el ingreso de ayudas.El alcalde Óscar San Miguel alertó que la situación se agrava por una falla geológica histórica a la que, según dijo, no se le ha prestado atención técnica, “el invierno ha sido bastante complejocon cada aguacero la montaña se desprende, tenemos derrumbes constantes y pérdida total de la vía; hay una falla geológica que está arrasando con todo, incluso con puentes”, afirmó. El mandatario explicó que una estructura artesanal construida por la propia comunidad para sacar sus cultivos también fue destruida por la fuerza del terreno.La afectación golpea directamente la economía local, San Vicente de Chucurí es considerado la despensa agrícola y cacaotera del departamento, con una economía 100 % agropecuaria. Hoy toneladas de cacao, naranja, banano y yuca permanecen represadas en las fincas, sin posibilidad de transporte, lo que expone a los productores a pérdidas millonarias y al riesgo de que las cosechas se dañen.Mientras continúan las precipitaciones, los habitantes piden intervención urgente del Gobierno departamental y nacional para estabilizar la falla, reforzar taludes y habilitar corredores alternos. Entre tanto, cientos de familias siguen incomunicadas, a la espera de que las vías vuelvan a abrirse y el campo pueda volver a moverse.
Las actos que vulneran la integridad de los animales, especialmente aquellos que son de compañía doméstica, son cada día más rechazadas por las comunidades a nivel global. En las últimas horas se dio a conocer una denuncia de un caso en el que un felino resultó con la cola quemada.Los hechos se registraron exactamente en el municipio de Chigorodó, Uraba Antioqueño, específicamente en inmediaciones del Cementerio Municipal de esta municipalidad, un acto que generó indignación entre sus habitantes y provocó la reacción inmediata de las autoridades locales.Desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, se pronunciaron con respecto a esta situación que prende las alarmas no solo con respecto al maltrato animal, sino también la posible práctica de rituales satánicos. "Rechazamos rotundamente el maltrato animal en el municipio de Chigorodó. Hoy, la Secretaría de Agricultura conoció el caso de una gata donde fue quemada su cola presuntamente para actos de brujería. El municipio estará muy pendiente del cementerio y de todos los sectores del municipio para que no se vuelva a presentar ningún caso de maltrato animal", manifestó el secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, Jhon Edison Pautt Escobar.Desde esta dependencia recordaron que el maltrato animal está protegida por La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece drásticamente las penas por maltrato animal, estableciendo condenas en prisión de 32 a 56 meses para quienes causen la muerte de animales domésticos o silvestres.Y si se trató o no de un acto de brujería, vale la pena resaltar que la quema o maltrato de gatos en viernes 13, día en el que se conocieron los hechos, es una práctica cruel basada en supersticiones antiguas que asocian a estos felinos con mala suerte, brujería y energías negativas. Estas creencias son infundadas y provenientes desde la época medieval.
Con el difícil panorama que enfrentan los colombianos ante la posible suspensión del aumento del salario mínimo, muchos han mostrado preocupación frente a la inflación durante el resto del año. Si llegara a caerse el incremento del SMMLV propuesto por Gustavo Petro, el ahorro podría convertirse en una tendencia clave a lo largo de 2026.Ante ese escenario, una de las alternativas es invertir en un CDT (Certificado de Depósito a Término). En ese contexto, los bancos han buscado ofrecer opciones atractivas; uno de ellos es Bancolombia que, según lo registrado en enero, se presenta como una alternativa interesante para inversiones entre $500.000 y $5.000.000 de pesos.Por lo tanto, si una persona decide invertir alrededor de $1.000.000 en un CDT físico a un plazo de 120 días en Bancolombia, contaría con una rentabilidad anual del 7,05 %, lo que daría un total aproximado de $1.022.049. De igual manera, si el ahorro se proyecta a 180 días, la rentabilidad anual sería de 7,35 %, alcanzando un total cercano a $1.034.654.¿Cómo están las tasas de otros bancos?Si bien Bancolombia ofrece tasas competitivas, no son las más altas del mercado. Existen otras entidades que presentan porcentajes que podrían representar ganancias más significativas e incentivar la inversión en CDT: Banco de Occidente (10,29 %), BBVA (10,28 %) y Banco de Bogotá (10,25 %), seguidos por Davivienda (10,16 %), MiBanco (10,15 %) y Banco W (10,05 %).Sin embargo, para inversiones más extensas, como a 360 días, MiBanco y AV Villas encabezan la lista con 12,69 % y 12,06 %, respectivamente, seguidos por Davivienda, Banco Finandina, Bancolombia y BBVA, con rendimientos cercanos o superiores al 11 %.Esta información puede brindar a la ciudadanía herramientas para enfrentar la inflación y la volatilidad del mercado. Los CDT se perfilan como una opción segura y rentable para los ahorradores, ya que no solo ofrecen tasas de interés atractivas, sino que también consolidan inversiones estables que no afectan el bolsillo de los colombianos.Por otro lado, este fenómeno impulsa una mayor competencia entre las entidades financieras, que buscan ofrecer mejores condiciones para captar a quienes desean estabilidad económica. En ese sentido, bancos como Nu Colombia ofrecen tasas entre 9,7 % y 10,5 % para periodos entre 60 y 180 días.
El presidente Gustavo Petro confirmó durante su alocución de la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el incremento del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el aumento del 23,78 %. El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.La controversia surge luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno nacional emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento no habría contado con el suficiente sustento técnico. Según el alto tribunal, el ajuste debía estar respaldado por indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no responder únicamente a una determinación política, con el fin de garantizar la estabilidad económica y la confianza inversionista.Petro también convocó a movilizaciones en todo el país para este jueves 19 de febrero, al invitar al “pueblo trabajador de Colombia” a concentrarse en las plazas públicas.El mandatario aseguró que solicitará una aclaración frente a las decisiones adoptadas y sostuvo que esta discusión no solo es de carácter jurídico, sino que también debe respaldarse con la movilización ciudadana. “Los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital”, afirmó Petro.En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado."Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación", dijo.El mandatario dejó en claro "que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil", lo que indica que puede variar.
Tras el reporte del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia sobre una embarcación cargada con clorhidrato de cocaína en el Mar Caribe, se activó una operación conjunta que se extendió por más de 72 horas.La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos.La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.De manera inmediata, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar el seguimiento de la embarcación, guiando a las Unidades de Reacción Rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Urabá para ejecutar la interdicción marítima.Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes cambiaron el rumbo hacia las costas colombianas para intentar evadir la presión sostenida de la fuerza pública e internarse en la zona costera. Sin embargo, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 desplegadas en tierra impidieron la maniobra. Ante el asedio, los sujetos emprendieron la huida hacia el Golfo de Urabá, donde finalmente abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora —cargada con 30 canecas de gasolina— en una zona de manglares.Posteriormente, tropas del Batallón de Infantería No. 47 "Francisco de Paula Vélez" del Ejército Nacional realizaron la inspección, judicialización e inutilización de la motonave en coordinación con las autoridades competentes. Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo cual aeronaves del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro.Con el éxito de esta operación, la Fuerza Aeroespacial, en conjunto con la Armada de Colombia y el Ejército Nacional ratifica su presión sostenida contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico, especialmente en la región del Caribe colombiano.
El presidente Gustavo Petro realizará este domingo 15 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche, una alocución presidencial en la que abordará los puntos clave del denominado salario vital y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la suspensión temporal ordenada por el Consejo de Estado al decreto que establecía el aumento del salario mínimo para este año. La intervención será transmitida por los canales oficiales y redes sociales de la Presidencia.El pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,78 % decretado para 2026, decisión que obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el fondo de la demanda. El alto tribunal argumentó que el ajuste debe sustentarse en criterios técnicos como inflación y productividad, y no únicamente en lineamientos de carácter político.Desde el Gobierno han defendido la figura del “salario vital” y han advertido sobre las implicaciones administrativas y jurídicas que podría generar una modificación del decreto, especialmente frente a los pagos ya realizados. Se espera que durante la alocución el presidente precise el camino que seguirá el Ejecutivo para garantizar estabilidad laboral y claridad en la aplicación del salario mínimo en el país."Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado; esto hace que los 8 días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución; lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", señaló Petro.El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.
La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados cuando se movilizaba por zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. De acuerdo con el comunicado emitido en su cuenta de Instagram, durante el hecho fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado.En el documento, la candidata confirmó que ella y su equipo están a salvo, pero rechazó lo ocurrido al advertir que es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas. En el mismo pronunciamiento, aseguró que el hecho refleja la situación que vive el departamento y señaló que “la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación”.La candidata también puso el foco en los riesgos que enfrentan las mujeres en política. “Evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos”, afirmó en el comunicado. Por esa razón, su equipo exigió al Gobierno nacional la adopción de medidas de protección para todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres.Sobre la situación general de seguridad electoral en el país se pronunció el procurador general, Gregorio Eljach, durante una jornada de paz electoral en Bogotá, cuando le preguntaron por el caso de la candidata Guzman. “Estamos preocupados por garantizar seguridad a todos los que están aspirando, a los que componen sus campañas, a las bancadas, a los partidos y en general a toda la ciudadanía, incluyendo testigos electorales y jurados de votación”, afirmó el jefe del Ministerio Público.El procurador también anunció una nueva reunión de evaluación del Plan Democracia con la cúpula militar y policial para revisar el comportamiento de los territorios con mayor riesgo. Según explicó, el encuentro servirá para “mirar cuáles de los 104 puntos con riesgo extremo de violencia electoral se han reducido y cómo vamos avanzando hacia la recuperación del territorio para unas elecciones tranquilas y en paz”.Eljach confirmó que este trabajo se adelanta de manera conjunta con la Misión de Observación Electoral. Además, indicó que en la próxima reunión participarán la cúpula militar y invitados internacionales para evaluar los avances más recientes del programa de protección electoral.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por medio de un comunicado mencionó que las lluvias persistentes en la cuenca alta del río Sinú podrían generar incrementos significativos en los niveles del río, especialmente en municipios cercanos como Tierralta, Montería y Lorica.Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados a comienzos del mes de febrero, no se descartan desbordamientos en zonas puntuales en las que ya existen antecedentes de inundaciones.El pronóstico indica que la creciente podría transitar desde el embalse hacia la parte media y baja de la cuenca durante el 20 de febrero, con caudales que superarían los 1.100 metros cúbicos por segundo en puntos como Montería y Lorica, antes de disminuir hacia la desembocadura.“Los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados (...) Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal” anunció la Hidroeléctrica Urrá en el comunicado oficial de la mañana del 15 de febrero.La alerta roja continúa vigente debido a que se prevén más lluvias en la cuenca alta del río Sinú durante los próximos días. La hidroeléctrica también informó que mantendrá monitoreo constante tanto del embalse como de los caudales del río, mientras el Ideam sigue evaluando el comportamiento hidrológico.Las autoridades recomiendan a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a los comunicados oficiales, reforzar las medidas de prevención y evitar exponerse en sectores con riesgo de inundación.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
La emergencia por inundaciones en Córdoba deja más de 150.000 personas afectadas y pérdidas millonarias, en un panorama que Juan Camilo Restrepo, director del Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS) de la Universidad del Norte en Barranquilla, calificó como “dolorosa, terrible, pavorosa”, en entrevista en Sala de Prensa Blu. Aunque el nivel de las aguas ha comenzado a ceder, la crisis humanitaria persiste en el departamento más golpeado, con impactos también en Sucre, Antioquia, Chocó y Santander.Para Restrepo, la situación tiene tres causas estructurales: variabilidad climática y cambio climático, limitada capacidad de adaptación y debilidades institucionales en la gestión del riesgo.Variabilidad climática y frente fríoDesde el enfoque técnico, Restrepo explicó que el fenómeno se originó en un frente frío asociado al vórtice polar en Norteamérica. “Es un hecho conocido por todos que estamos experimentando cambios de escala global que hacen que ciertos fenómenos adversos como estos sean cada vez más frecuentes y más intensos”, afirmó.Detalló que un frente frío ocurre cuando “hay un encuentro en la atmósfera de dos masas de aire con propiedades diferentes, una fría, una caliente”, lo que genera “un exceso de humedad que genera fuertes precipitaciones, vientos y también marejada ciclónica”. Subrayó que fue inusual registrar ese nivel de lluvias en enero y febrero y confirmó que en Córdoba “en dos días llovió lo que debería llover en dos meses”.Además, recordó que los suelos y embalses ya venían saturados tras los meses de mayor precipitación. “Los suelos que pueden absorber agua también estaban llenos”, señaló.Capacidad de adaptación y gestión del riesgoEl experto enfatizó que, aunque el fenómeno climático no es responsabilidad local, la forma en que se afronta sí lo es. “La forma en que lo padecemos sí puede variar dependiendo de cómo esté el terreno adaptado”, indicó, cuestionando si existían sistemas de alerta temprana y si la infraestructura estratégica estaba protegida.Mencionó hospitales bajo el agua y comunidades incomunicadas por derrumbes de puentes. “Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de alertas tempranas” para evacuar personas y proteger infraestructura, advirtió. También llamó a recuperar la conexión entre el río Sinú y las ciénagas, cuya función natural es retener excesos de agua. Según explicó, la construcción de jarillones, diques y el relleno de ciénagas ha reducido esa capacidad de regulación hídrica.Urrá y la mitigación temporalSobre la hidroeléctrica de Urrá, Restrepo sostuvo que su influencia fue “mínima” y que incluso “mitigó algo que podría ser peor”. Aclaró que la represa acumuló agua durante varios días antes de liberarla, lo que “dio tiempo”. Sin embargo, planteó una reflexión: “Lo triste es qué hicimos con ese tiempo que nos dio Urrá. ¿Nos pudimos preparar?”.Frente a la recuperación económica y social de Córdoba, una región con vocación agropecuaria, Restrepo aludió al concepto del ciclo de los desastres y la etapa de rehabilitación. Citó como ejemplo el Eje Cafetero tras el sismo de 1999: “Ese desastre permitió que esa zona se proyectara a través de una visión”.Finalmente, lamentó que en medio de la emergencia haya divisiones. “Los desastres usualmente nos deben unir”, expresó, insistiendo en que la prioridad debe ser definir “qué queremos hacer de Córdoba” tras esta emergencia invernal.Escuche la entrevista completa acá:
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.
La Arquidiócesis de Bogotá difundió un mensaje con motivo del aniversario número 60 de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que decidió militar en el ELN y que murió en 1966 en su primer combate.“La Iglesia ora por el eterno descanso del padre Camilo y ruega al Señor por el fin definitivo de toda forma de violencia en Colombia. Al mismo tiempo, nos exhorta a trabajar sin desfallecer por la justicia social” dijo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en el comunicado titulado “El amor nos hace pasar de la muerte a la vida”. Esto con la necesidad de consolidar una paz estable y duradera.La Iglesia afirma en ese texto que la guerra y la violencia representan un fracaso humano y una herida persistente para la nación, también subraya el dolor de las familias afectadas por el conflicto y llama a trabajar por la justicia social dentro del marco del Estado Social de Derecho, además, invita a acoger el clamor de los sectores más vulnerables y a promover una sociedad más incluyente.El comunicado concluye reiterando que la reconciliación y la unidad nacional solo serán posibles si se supera la violencia por vías no armadas y si se fortalecen el diálogo y el respeto por la vida.Este pronunciamiento de la Iglesia se produce en un contexto marcado por nuevos avances en torno a la identificación de los restos óseos que podrían corresponder a Camilo Torres, sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aclaró que aún no hay resultados definitivos y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el proceso ha enfrentado limitaciones debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al ELN, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente sobre el hallazgo de restos que podrían corresponderle.Aunque se cuenta con una muestra biológica orientadora, esta no ha permitido por sí sola establecer una identificación científica definitiva, por lo que se siguen adelantando estudios bajo estrictos criterios técnicos.Medicina Legal explicó también, que la identificación humana exige el vínculo de evidencia genética, antropológica y contextual, y anunció “un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”.
Tiendas D1 entregó 46.080 kg de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por la fuerte temporada de lluvias en el país. Esta representa una de las mayores donaciones individuales en esta fase inicial de atención, según informó la compañía desde Bogotá.De acuerdo con las autoridades, la emergencia invernal ha dejado más de 69.500 familias damnificadas en 16 departamentos y 104 municipios, con mayores afectaciones en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó, La Guajira y Santander. Ante este panorama, se activó un corredor humanitario que articula a más de 24 donantes, 11 bancos de alimentos y una diócesis, con el objetivo de acelerar la llegada de ayudas a los territorios más afectados.La donación de Tiendas D1 estuvo compuesta por alimentos, productos de aseo e higiene personal y artículos de cuidado infantil, que serán distribuidos a través de su alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), red que se encarga de coordinar el acopio, el transporte y la entrega a las comunidades priorizadas.Para la compañía, la participación en este corredor humanitario hace parte de una estrategia de apoyo directo a las poblaciones más vulnerables en medio de la crisis climática. “Unirnos a este esfuerzo colectivo nos permite contribuir en una situación tan difícil que atraviesan varias regiones del país”, señaló Silvia Juliana Rueda, vicepresidenta de asuntos corporativos de la empresa.
El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, capturó a alias “Monchi”, quien tenía orden de captura y era señalado como segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN.De acuerdo con las autoridades, alias “Monchi” sería el encargado de manejar las finanzas de esta estructura armada. Su labor consistía en administrar dinero obtenido a través del desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran vendidos en bodegas ubicadas en Bogotá.“Alias ‘Monchi’ sería el principal dinamizador encargado del financiamiento criminal de esta comisión armada, responsable de ejecutar extorsiones a contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y a la población civil en Arauca y el municipio de Arauquita, con el fin de realizar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica”, aseguró el coronel Carlos Angarita Antolínez, comandante del Departamento de Policía Arauca.Las ganancias de esta actividad ilegal eran usadas para comprar material logístico y de intendencia, con el fin de fortalecer las acciones criminales del grupo armado en la región.La operación se realizó de manera simultánea en la vereda La Laguna, la vereda La Pesquera y en el casco urbano del municipio de Arauquita.Durante el procedimiento también fueron capturados alias “Calilla”, alias “Perro” y alias “Zancudo”, presuntos integrantes de esta estructura criminal.El Ejército Nacional aseguró que continuará sus operaciones en el departamento de Arauca para garantizar la seguridad de la población y reiteró que ningún grupo armado está por encima de la ley.
El Instituto Nacional de Medicina confirmó que el proceso de identificación de los restos óseos, que podrían corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo, ha enfrentado limitaciones relevantes debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.En un comunicado oficial, la entidad explicó que desde 2016 adelanta estudios genéticos y antropológicos en el marco de los protocolos vigentes de identificación humana, trabajo que se fortaleció a partir de 2023 con las muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).Según Medicina Legal, aunque se cuenta con una muestra biológica que ofrece información orientadora, esta no permite por sí sola establecer una identificación científica definitiva. Por esta razón, se adelantan estudios complementarios con el fin de confirmar o descartar los resultados preliminares, bajo estrictos criterios de validación técnica.La entidad reiteró que la identificación humana es un proceso científico integral y multidisciplinario, que exige la convergencia de evidencia genética, antropológica y contextual. “En consecuencia, se ha definido un programa metodológico de confirmación que permitirá realizar las confrontaciones y verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”, se lee en el comunicado.Este pronunciamiento se conoce luego de que la Universidad Nacional de Colombia anunciara esta semana que adelanta adecuaciones en un osario de la capilla Cristo Maestro, en el campus de Bogotá, para alojar los restos óseos que podrían corresponder al sacerdote. Frente a esto, la Unidad de Búsqueda insistió en que, por ahora, no existen resultados definitivos.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de los militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente el hallazgo.