El presidente Gustavo Petro trasladó su pulso político a la organización de las elecciones, al convertir el sistema electoral y los formularios E-14 en el eje de una nueva confrontación pública con la Registraduría Nacional, a menos de dos semanas de los comicios del 8 de marzo.El jefe de Estado llegó a esta nueva disputa después de una jornada de manifestaciones que no logró la masividad esperada por el Gobierno en varias ciudades del país y que, en el caso de Bogotá, dejó una Plaza de Bolívar lejos del “llenazo” que el oficialismo había proyectado. Ese aumento, del 23,7%, dejó fijado el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, según el decreto ya expedido por el Gobierno, lo que restó tensión a la protesta, pues la principal reivindicación –mantener el ajuste– ya estaba asegurada para los trabajadores que dependen de esa remuneración y para los sectores atentos al impacto en bienes y servicios. En esa tribuna, el presidente aprovechó para cambiar el eje del discurso: del salario mínimo pasó a una diatriba contra el resultado de las elecciones, la organización electoral y lo que describió como riesgo de fraude, abriendo un nuevo frente de choque institucional con el registrador nacional, Hernán Penagos.Desde la Plaza de Bolívar y luego en una intensa cadena de mensajes en la red X, con cerca de 30 publicaciones tras bajarse de la tarima, Petro empezó a “permear la idea de un presunto fraude” en las elecciones del 8 de marzo, apuntando sus críticas a la forma de diligenciar los formularios E-14, al software de preconteo y escrutinio y a las empresas privadas contratadas para esos procesos. “No deben dejarse casilleros en blanco en los formularios, el software de Thomas Gregg debe ser auditado por expertos a profundidad, el software de Indra ya es un resumen”, escribió el mandatario, al insistir en que la combinación entre el manejo de bases de datos de colombianos y el cómputo electoral configura, en sus palabras, un “100% de riesgo de fraude”.En su discurso en la plaza, el presidente aseguró ante los asistentes: “Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Y yo tengo que denunciárselo a ustedes de frente”. Petro recordó además el caso del movimiento Mira, al afirmar que “ya la firma Thomas Gregg hizo un fraude contra un movimiento político que se llama Mira, y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude”, y sostuvo que en las pasadas elecciones legislativas su sector perdió 700.000 votos que solo se habrían salvado por la presencia de testigos electorales.Los cuestionamientos del mandatario se concentraron en el diligenciamiento del formulario E-14, el acta general de escrutinio que tiene tres copias: una para los claveros, otra para los delegados de la Registraduría que la publican en la página web y una tercera para el área de transmisión que alimenta el preconteo. Petro rechazó la instrucción del registrador, que pidió a los jurados dejar en blanco las casillas donde no se registren votos, y defendió que esos espacios se marquen para, según él, cerrar la puerta a manipulaciones posteriores. “Ya vivimos fraude poniendo formularios con guion, ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo”, afirmó el presidente, quien pidió convocar la Comisión de Garantías y llamó a los partidos a formar al menos 123.000 testigos “bien preparados” para impugnar en mesa y fotografiar los formularios.La respuesta institucional llegó desde la cumbre de gobernadores, donde Hernán Penagos defendió la autonomía de la Registraduría frente a las presiones del Ejecutivo. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”, dijo el registrador, quien advirtió sobre “actitudes de asedio” y subrayó que “nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.Penagos explicó, además, que la instrucción de no llenar con equis o tachones las casillas sin votos obedece a dificultades técnicas detectadas en procesos anteriores, cuando la sobrecarga de marcas en los E-14 generó problemas de digitalización, transmisión y escrutinio. El funcionario recordó la presencia de misiones de observación internacional, en particular de la Unión Europea, y reiteró que el órgano electoral está implementando el calendario, definiendo instrucciones y adelantando simulacros para garantizar la integridad del proceso.Mientras tanto, Petro insistió en que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, al tiempo que mantuvo sus críticas al uso de software privado en el cómputo de votos y al papel de compañías como Thomas Greg & Sons en el manejo de datos sensibles y procesos electorales. Con el salario mínimo ya definido en decreto y una movilización menos multitudinaria de lo esperado, el centro de la confrontación política del Gobierno se desplazó así al corazón del sistema electoral, que ahora se configura como su nuevo frente de batalla.
Juan David Pérez, reconocido deportista colombiano que hace parte de la selección nacional de fútbol 5 para ciegos, publicó un video en sus redes sociales contando, con sorpresa, que él y varios amigos con discapacidad visual fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Pérez señaló que la citación les llegó sin ningún filtro que considerara sus condiciones, pese a los problemas que representaría para las funciones técnicas y de vigilancia que implica la tarea.“¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”, dijo en un video en su cuenta de Instagram ante la imposibilidad de desempeñar esas labores sin visión.El deportista acudió a la Registraduría para tramitar su exoneración, presentando los documentos requeridos y el certificado que acredita su condición de discapacidad visual total, pero la la respuesta de la entidad fue que debían presentar un documento “más actualizado”, aunque se trata de una condición médica que no cambia y, por ende, los respaldos no requieren renovación.Ante esto, la Registraduría emitió un pronunciamiento público tras la difusión del video y aclaró que, aunque inicialmente el sorteo los incluyó debido a la falta de información sobre su discapacidad, una vez conocida su condición, Pérez y quienes estaban en la misma situación fueron exonerados de forma inmediata de la responsabilidad como jurados de votación.“Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”, aseveró la entidad.Finalmente, la Registraduría ofreció disculpas por el inconveniente y reiteró que aquellos ciudadanos con discapacidades permanentes deben informar formalmente a los empleadores o a quienes generan los listados para evitar su inclusión en el proceso automatizado de selección.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró en entrevista con Recap Blu que, pese a las diferencias del pasado con Abelardo De La Espriella, espera que a toda la oposición de vaya bien, incluyendo al abogado, pues recalcó que al único candidato al que considera una amenaza para el país en las próximas elecciones es Iván Cepeda."Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza", afirmó la también periodista.En esa misma línea, expresó que espera que los colombianos voten por el candidato que más les gusta, pero reiteró que Cepeda afectaría al país por seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro."Que elijan lo que quieran, para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda ni por Roy, porque Roy ahí va con nadadito de perro, ahí va. Y le digo sinceramente que Roy también representa cosas muy feas de la política. Hoy la gran amenaza es Iván Cepeda. Ni un voto por Cepeda", agregó.Polémica Ecopetrol, Constituyente y saludEn materia económica y energética, fue contundente frente al manejo de Ecopetrol y cuestionó la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Propuso reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking “técnico y responsable”, y recuperar el gobierno corporativo de la empresa. "El señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol", afirmó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, la precandidata manifestó que no prosperará y sostuvo que el actual gobierno “tiene fecha de vencimiento”. En ese contexto, señaló que la oposición debe mantenerse unida frente a lo que considera una amenaza política representada por Iván Cepeda, a quien calificó como el principal riesgo electoral.Finalmente, sobre la crisis del sistema de salud, Dávila planteó pagar de inmediato las deudas del sistema de salud para normalizar la entrega de medicamentos, mantener las mejores EPS y sacar del sistema a las que no cumplan estándares. "Las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó", concluyó.
La posibilidad de que la inteligencia artificial alcance un nivel de razonamiento comparable al humano ya no se plantea como una hipótesis lejana. El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, aseguró que ese punto podría alcanzarse en un plazo estimado de entre cinco y ocho años.La declaración fue realizada durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA 2026, celebrada en Nueva Delhi, un evento que reunió a líderes políticos y representantes de la industria tecnológica para debatir el futuro de esta tecnología.¿Cuándo podría la IA razonar como un ser humano?Según Hassabis, el desarrollo de la llamada inteligencia artificial general —un sistema capaz de comprender, aprender y aplicar conocimientos en distintos contextos como lo hace una persona— podría concretarse dentro de un rango de cinco a ocho años.El directivo explicó que el ritmo de evolución de los sistemas actuales ha sido acelerado y que los avances recientes permiten proyectar una etapa en la que las máquinas no solo procesen información, sino que también puedan razonar de manera similar a la mente humana.Actualmente, indicó, los modelos más avanzados funcionan como grandes repositorios de conocimiento capaces de responder con rapidez, pero todavía no alcanzan un nivel de creatividad científica comparable al humano.¿Qué es el “Test de Einstein” propuesto por Google DeepMind?Para medir ese salto cualitativo, Hassabis propuso un nuevo estándar de evaluación denominado “Test de Einstein”. La idea consiste en entrenar un sistema de inteligencia artificial con toda la información disponible de la humanidad, pero limitando los datos hasta el año 1911.A partir de esa base, el reto sería comprobar si el algoritmo puede, por sí mismo, formular la teoría de la relatividad general, desarrollada por Albert Einstein en 1915.El planteamiento busca ir más allá de la simple reproducción de conocimientos existentes. El objetivo es determinar si una máquina puede generar hipótesis originales de gran impacto científico sin haber sido entrenada directamente con esa información específica.¿Qué limitaciones tienen los modelos de IA actuales?De acuerdo con el responsable de Google DeepMind, las herramientas de lenguaje masivo actuales operan como expertos enciclopédicos altamente eficientes. Sin embargo, todavía dependen de patrones ya contenidos en los datos con los que fueron entrenados.En ese sentido, no estarían diseñadas para producir descubrimientos completamente novedosos, sino para reorganizar y sintetizar información previamente existente.La transición hacia sistemas con mayor autonomía intelectual requeriría integrar capacidades de planificación avanzada —como las vistas en desarrollos estratégicos tipo AlphaGo— con el poder de procesamiento de los modelos fundacionales contemporáneos.Hassabis señaló que plataformas como Gemini formarían parte esencial de esa evolución, que funcionarían como una representación estructurada del mundo, sobre la cual podrían ejecutarse procesos de aprendizaje más sofisticados.El objetivo final sería que la inteligencia artificial deje de limitarse a responder consultas y pueda convertirse en una herramienta capaz de impulsar descubrimientos científicos.
Diez años después, Shakira volvió a grabar en Barranquilla un video musical, luego de hacerlo en 2016 con Carlos Vives para la canción La bicicleta. La sorpresa la dio a sus seguidores en la noche de este miércoles en el sector del barrio Abajo, donde un área a la redonda de al menos seis calles fue clausurado al paso por un dispositivo de seguridad que buscaba permitir la ubicación de las cámaras, las luces y el personal para la grabación del videoclip que está bajo la dirección de Jaime de la Iguana y la producción de Keityn.En realidad, se trataba de la segunda jornada de grabación, pues la noche anterior, Shakira logró un despliegue de su equipo de producción, en el sector del Malecón, empleando locaciones como el Pabellón de Cristal y el Puerta de Oro, sin ser notada por sus seguidores.Pero esto fue inevitable este miércoles al ubicarse en el conocido museo a cielo abierto, en pleno corazón del barrio Abajo, donde hay varios murales alusivos a la cultura barranquillera. Hasta allí llegó el alcalde Alejandro Char a saludarla y agradecerle por su visita."Me encanta saludarte, ¿cómo has visto a tu Barranquilla?", le preguntó el mandatario. A lo que la artista respondió "Divina... lo que has hecho es uff". Para el rodaje del video llamó la atención que fue empleado un bus que tenía un letrero que decía Barranquilla en la zona frontal. Este era arrastrado por una grúa, mientras Shakira estaba al volante, junto a Beéle, recorriendo la zona del museo a cielo abierto. Además, fueron invitados los miembros de conocidos grupos folclóricos de la ciudad, así como miembros de las marimondas del Barrio Abajo, del Rumbón Normalista, el Congo Grande, entre otros, quienes tenían a cargo un momento de baile. Esto motivó a muchos a especular que juntos podrían estar haciendo una nueva versión del tema Te Olvidé, pero en realidad se trataría de un tema musical inédito. Ahora, sus seguidores cuestionan si el video que Beéle publicó con Shakira en el que la llamó “Coletica” sería una pista del contenido de la nueva letra. "Estoy aquí con mi coletica. Se está poniendo brilli mi coletica. Va a salir a bembear conmigo, mira allá va, allá viene", dice Beéle, mientras Shakira ríe. Coletica, una palabra que se relaciona con un asunto de identidad cultural para hacer referencia al estilo de vida en los barrios populares, es una expresión que el artista ha popularizado en los últimos meses, para lo que incluso utiliza en sus gorras letreros como "La coletera los hará libres". La grabación se extendió hasta las 5 de la mañana, luego de que la artista aterrizara en el sitio hacia las 10:50 de la mañana. Esta sería la última jornada, para lo que Shakira se prepara para descansar, junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes están junto con ella y sus padres.
La muerte del actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la serie 'Dawson’s Creek', a los 48 años tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa avanzada, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de conocer los síntomas de esta enfermedad y detectarla a tiempo. Este tipo de cáncer, que afecta el intestino grueso, es uno de los más comunes y también uno de los más mortales en el mundo.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal representa cerca del 10 % de todos los diagnósticos de cáncer a nivel global, lo que lo convierte en el tercer tipo más frecuente. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer, una cifra que preocupa a los expertos en salud pública.Qué es el cáncer de colon y por qué es peligrosoEl cáncer de colon se origina cuando células anormales comienzan a crecer sin control en el colon o el recto, partes fundamentales del sistema digestivo. Esta enfermedad puede desarrollarse lentamente durante años, y en muchos casos no presenta señales evidentes en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.Aunque históricamente se ha asociado con personas mayores de 50 años, especialistas han alertado sobre un aumento en casos entre adultos jóvenes, incluso entre los 30 y 50 años. Los hombres presentan un riesgo ligeramente mayor que las mujeres, aunque puede afectar a ambos sexos.Cuando no se detecta a tiempo, el cáncer colorrectal puede extenderse a otros órganos, reduciendo significativamente las probabilidades de supervivencia.Síntomas del cáncer de colon que no se deben ignorarUno de los principales retos de esta enfermedad es que los síntomas pueden ser leves o confundirse con otros problemas digestivos. Sin embargo, hay señales de alerta que requieren atención médica inmediata:Cambios persistentes en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o variación en la forma de las heces.Presencia de sangre en las heces, ya sea roja brillante o de color oscuro.Dolor abdominal frecuente, cólicos o sensación de hinchazón constante.Pérdida de peso sin razón aparente.Fatiga o debilidad prolongada.Anemia causada por sangrado interno crónico.Los especialistas advierten que estos síntomas no siempre significan cáncer, pero sí son motivo suficiente para acudir a un médico y realizar estudios.Factores que aumentan el riesgoEl estilo de vida juega un papel clave en el desarrollo del cáncer de colon. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran:Dieta alta en carnes procesadas y baja en fibra.Sobrepeso u obesidad.Falta de actividad física.Consumo de alcohol.Tabaquismo.Antecedentes familiares de cáncer colorrectal.La combinación de estos factores puede aumentar significativamente la probabilidad de desarrollar la enfermedad.Cómo se diagnostica el cáncer colorrectalEl diagnóstico suele incluir varios procedimientos médicos que permiten confirmar la presencia de tumores y evaluar su avance. Entre los más utilizados están:Colonoscopia, que permite observar el interior del colon.Biopsia, para analizar muestras de tejido.Tomografía computarizada o resonancia magnética.Pruebas moleculares para detectar alteraciones genéticas.Detectar la enfermedad en fases tempranas puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un pronóstico más complicado.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Los juristas cuestionan la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuando no se han establecido causales de impedimento sobre los magistrados."Como un precedente nefasto para la administración de justicia", calificó el grupo de los 38, integrado por reconocidos juristas y abogados la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de abrir una investigación contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que el 14 de octubre de 2025, absolvieron al expresidente Alvaro Uribe, por el escándalo de los falsos testigos.La medida cobija a los magistrados: Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes integran la Sala Penal del alto tribunal.La investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra los magistrados del tribunal, inició con la ponencia del magistrados Juan Carlos Granados Becerra, con base en una queja disciplinaria presentada desde Taiwán por el Inder Alonso Ramírez Pérez, quien actúa como delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones - Asia y veedor internacional.Para los integrantes del Grupo de los 38, quien interpone el recurso judicial contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, no hace parte del proceso penal y cuestionan además que justifica su queja disciplinaria “es especulaciones derivadas de información de prensa” sobre el impedimento de uno de los magistrados.Los juristas cuestionan además la teoría del demandante en el sentido de que el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, habría sido distrito si se hubiera declarado impedido, “cuando la realidad es que la Comisión no ha establecido siquiera la existencia de una causal de impedimento concreta y debidamente acreditada”.“La apertura de una investigación disciplinaria contra los magistrados, originada no en una denuncia fundada de corrupción, prevaricato o una falta ética manifiesta, sino en el descontento con el resultado de una providencia judicial, sienta un precedente nefasto para la administración de justicia en Colombia”, argumentan los juristas en un comunicado.Consideran que las acciones judiciales generan un "efecto amedrentador" sobre toda la judicatura, cuando los jueces pueden ser perseguidos disciplinariamente por sus interpretaciones del derecho o por la valoración de las pruebas, se fomenta la autocensura judicial.A través de un comunicado los integrantes del Grupo de los 38 asegura que la “la legitimidad del sistema de justicia depende de que los jueces puedan ejercer su labor sin temor a represalias por el contenido de sus decisiones”.Finalmente, instaron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a actuar con prudencia y con apego a los más altos estándares constitucionales e internacionales que protegen la independencia judicial.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
El exministro Juan Fernando Cristo, candidato a la presidencia, invitó a otros candidatos a firmar una carta abierta en la que fijarían una posición común frente al proceso electoral y el momento político que atraviesa el país. El documento, según Cristo, busca dejar constancia pública de que la contienda se dará dentro de las reglas democráticas y sin desconocer la institucionalidad vigente.La carta señala que en Colombia siguen funcionando las instituciones y que existe un marco democrático en el que operan la separación de poderes, los controles del Estado y el cumplimiento de la Constitución. El mensaje apunta a desmarcarse de discursos que ponen en duda la legitimidad del sistema político o anticipan escenarios de ruptura institucional antes de las elecciones.El documento también describe un compromiso de respetar la Constitución y las normas que rigen la competencia electoral. En ese contexto, afirma que las diferencias ideológicas y programáticas entre los candidatos se resolverán exclusivamente en las urnas, durante las elecciones presidenciales de mayo y, si ningún aspirante alcanza la mayoría requerida, en una segunda vuelta prevista para junio.Uno de los puntos más claros del pronunciamiento es el reconocimiento previo de los resultados electorales. Según la carta, quien resulte elegido por la mayoría de los votantes asumirá la Presidencia el 7 de agosto con legitimidad democrática, una afirmación que busca reducir tensiones políticas y enviar una señal de estabilidad frente al próximo cambio de gobierno.El documento también incluye un rechazo expreso a cualquier tipo de intervención extranjera en el proceso político colombiano. En caso de ser firmado por los otros candidatos, se sostendría que las decisiones sobre el futuro del país deben ser tomadas únicamente por los colombianos y advierten sobre los riesgos de presiones externas sobre las instituciones y el desarrollo de las elecciones.Finalmente, la carta plantea este acuerdo como un mínimo común entre campañas rivales: defender la democracia, la soberanía y la estabilidad del país, incluso en medio de una contienda marcada por profundas diferencias políticas.
La Registraduría Nacional recordó que hasta el próximo 10 de enero vence el plazo para que entidades públicas, empresas, instituciones educativas, así como partidos y movimientos políticos, carguen en la plataforma oficial los listados de ciudadanos que podrían ser designados como jurados de votación para las elecciones de Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026.Desde noviembre de 2025, la Registraduría habilitó el sistema para que las diferentes organizaciones suministren la información de los posibles jurados, un paso clave dentro de la organización del proceso electoral. Según la entidad, se estima que más de 850.000 ciudadanos prestarán este servicio durante la jornada electoral, lo que convierte esta etapa en una de las más importantes de la logística.El director nacional de Gestión Electoral, Rafael Antonio Vargas, hizo un llamado a los responsables de adelantar este trámite para que cumplan oportunamente con la obligación. “Hacemos un llamado a los jefes de personal, nominadores o quienes hagan sus veces, que aún no han realizado la postulación de los ciudadanos, para que suban la respectiva información al sistema. Su oportuno cumplimiento es fundamental para garantizar la correcta organización de este proceso democrático”, señaló el funcionario.La Registraduría advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones. De acuerdo con el parágrafo 1.° del artículo 5 de la Ley 163 de 1994, los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar a los empleados o trabajadores aptos para ser jurados de votación podrán ser destituidos del cargo si son servidores públicos. En el caso de particulares, la norma contempla multas de hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se destinan al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Una vez las entidades cargan la información en la plataforma, la Registraduría adelanta un proceso de verificación mediante el cruce de datos con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el censo electoral. Este procedimiento permite confirmar que las personas postuladas cumplen con los requisitos legales exigidos para ejercer como jurados, entre ellos ser mayores de 18 años, no superar los 60 años y contar con un nivel educativo mínimo de décimo grado.Con la información validada, la entidad procederá a realizar los sorteos para la designación oficial de los jurados de votación, los cuales están programados entre el 21 y el 23 de enero de 2026. Estos sorteos definen quiénes serán los ciudadanos encargados de atender las mesas de votación durante la jornada electoral.Finalmente, la Registraduría precisó que, conforme al calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República, la fecha límite para la publicación de las listas definitivas de jurados de votación designados será el próximo 26 de febrero. A partir de ese momento, los ciudadanos seleccionados deberán estar atentos a las citaciones y capacitaciones correspondientes para cumplir con esta función obligatoria dentro del proceso democrático.
Este martes fue citada en Casa de Nariño una declaración del gabinete en pleno para respaldar al presidente Gustavo Petro tras las amenazas de Donald Trump. La rueda de prensa fue liderada por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien aseguró que Colombia estaba siendo irrespetada.“No solo están amenazando a nuestra nación y a nuestro presidente, sino a la paz mundial. Invitamos a la movilización de los pueblos no solo de Colombia, sino del mundo en la defensa de la vida, la democracia, la soberanía y el respeto de la diversidad autodeterminación de los pueblos. Respaldamos al presidente y defendemos la decisión popular expresada en las urnas”, dijo Rodríguez.La funcionaria insistió en un llamado a los ciudadanos para que participen de las marchas convocadas para mañana.Al término de esta declaración también se pronunció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, negando que las marchas tuvieran un propósito electoral de cara a los comicios que se realizarán este año de Congreso y Presidencia.“Hay sectores políticos de la derecha opositora que quieren aprovechar electoralmente esas amenazas de Trump a su favor, que además están invitando. Son cada vez menos porque se han dado cuenta como el jefe de EE. UU. dejó colgados de la brocha a María Corina Machado y a Edmundo González en Venezuela”, agregó el ministro.
En medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, después de la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el Ministerio de Defensa emitió este un comunicado en el que hace un llamado a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a respetar la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática.El pronunciamiento recuerda que una de las misiones fundamentales del Estado colombiano es proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, así como garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Bajo esa premisa, la cartera de Defensa insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad, mesura y apego estricto a la Constitución y la ley.“El Estado somos todos”, señala el comunicado, en el que se advierte que, en escenarios de tensión como el actual, el país requiere un comportamiento ejemplar por parte de dirigentes, instituciones y ciudadanía en general.Según el Ministerio, la defensa del interés nacional no puede derivar en acciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional de Colombia ni en conductas que pongan en riesgo la unidad nacional o la integridad del territorio.En ese sentido, el documento enfatiza que cualquier actuación contraria al ordenamiento jurídico debe ser investigada por las autoridades competentes, dejando claro que la defensa de la soberanía no es compatible con la promoción de la ilegalidad o la desinstitucionalización.El Ministerio de Defensa también recordó los deberes ciudadanos consagrados en el artículo 95 de la Constitución Política, en particular la obligación de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. Según la entidad, este respaldo institucional es una condición esencial para preservar la independencia, la estabilidad y la integridad nacional.El pronunciamiento se da días después del reforzamiento en seguridad instalado por el ministerio en la frontera con Venezuela y de la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la región.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
Blu radio conoció la denuncia de varios contratistas del Ministerio del Interior que aseguran no han recibido el pago de su sueldo de diciembre del año pasado.“Hoy es 19 de febrero del 2026 y aún no nos pagan y no nos dan razón de cuando se realizará el pago. Tengo hijos, mi espos@ recibe un salario menor al mío y aunque hemos tratado de resolver con créditos, ya los bancos no nos esperan más. Tengo compañeros que no ha recibido pagos desde noviembre y sobre los pagos de enero, no tenemos explicación”, narró una persona afectada.Vía correo electrónico, el Ministerio del Interior explicó a sus funcionarios que las cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025 fueron constituidas como reserva presupuestal, es decir, que el pago quedó aplazado para este año y debe surtir un trámite administrativo antes de desembolsarse.Explicaron que el 4 de febrero comenzaron a generar las cuentas por pagar y que ese proceso debía quedar listo máximo el 9 de febrero; luego, el 10 y 11 de febrero se solicita el PAC Reserva al Ministerio de Hacienda, trámite clave para que autoricen los recursos. Advierten que, si alguna cuenta es devuelta para ajustes y no queda obligada antes del 10 de febrero, el pago se corre al mes siguiente, porque Hacienda solo habilita dos días para pedir ese PAC. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda puede tardar entre tres y cinco días hábiles, y solo después de eso tesorería inicia los desembolsos, que, según el cronograma, comenzarían aproximadamente a partir del 23 de febrero de 2026.Cabe mencionar que el PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la nación.Esta situación ha afectado a cerca de 1.400 contratistas del ministerio. Por otro lado, Blu radio conoció otro testimonio de un contratista que trabaja en el despacho del ministro Armando Benedetti; el último pago se lo hicieron el 10 de diciembre, fue correspondiente a noviembre, y desde esa fecha no recibe sueldo.Este medio también contactó al Ministerio de Hacienda para preguntar por su presunta responsabilidad en la falta de pagos; sin embargo, por ahora no hubo respuesta.
En el marco de un evento sobre regalías realizado en el auditorio Jockey Club, en el centro de Bogotá, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y elcontralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunciaron sobre el caso del menor Kevin Acosta y la situación del sistema de salud en el país.El procurador Gregorio Eljach aseguró que la forma en que el presidente de la República y el ministro de Salud se refirieron al caso que generó indignación entre los colombianos y pidió a los funcionarios del Gobierno moderar su lenguaje.“Hago un llamado vehemente a todo servidor público especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.Eljach afirmó que su mensaje surgía desde lo más profundo de su sentir, al tratarse de un niño y pidió respeto por la memoria del menor y por sus padres. También recordó que Colombia atraviesa un momento convulsionado y que los altos funcionarios deben promover la unidad y el respeto.Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la crisis del sistema de salud, asegurando que la Contraloría había advertido sobre la situación y que esta trajo consecuencias graves, como la muerte del menor.“Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser” indicó.Rodríguez señaló que las decisiones tomadas han generado responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Gobierno debe revisar en qué está fallando. Además, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para su auditoría y recordó que la Superintendencia de Salud debe dedicarse a labores de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades.