En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.De acuerdo con la entidad, el principal factor de riesgo en la zona es el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Aunque este grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, actualmente no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El distrito de Medellín avanza en la ejecución de la Cárcel Metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, un proyecto de infraestructura carcelaria que ya alcanza el 10% de avance. Con una inversión total de 675.000 millones de pesos, esta obra se consolida como el segundo proyecto más importante de la ciudad, después del Metro de la 80.La obra es liderada por la Agencia APP de Medellín bajo un esquema de alianza público-privada. La licitación, adjudicada en 2023, fue ganada por el concesionario Carmet Medellín SAS, cuyos socios mayoritarios son la empresa mexicana Prodemex, firma con amplia experiencia en la gestión de penales en México.Javier Rodas, subdirector Agencia APP, habló sobre la financiación de este proyecto entre otros detalles, cómo, por ejemplo, la operación de la cárcel."Lo que hace el concesionario en estos tres primeros años es la financiación y, posteriormente, cuando entra en operación, es ahí donde el distrito de Medellín empieza a hacer la retribución", indicó Rodas.A su vez, ratificó que la función del Estado no delegará."La función estatal no se va a delegar. La función estatal de seguridad, vigilancia y custodia continuará a través del Distrito de Medellín", afirmó Rodas en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. ¿Qué dicen desde el concesionario? Johnny Romero, gerente de Carmet Medellín, habló sobre los pornmenores de la construcción del centro carcelario y de su experiencia."Somos eficientes en los estudios y diseños, en la construcción y en la operación y mantenimiento. Tenemos la experiencia para hacer esas eficiencias y transmitirlas aquí", afirmó Romero. Sobre el control de tecnología, Romero dijo que habrá tecnología en cada uno de los edificios del centro carcelario."Donde van a estar concentrados las personas privadas de la libertad hay unos inhibidores de señal. Además, vamos a tener tecnología en cada uno de estos edificios, arcos de detección", explicó Romero. Sobre el impacto social y el objetivo de la obra Javier Rodas dijo que con esta nueva cárcel se estaría solucionando el asinamiento en estaciones de Policía."Se está solucionando el asinamiento que hay en este momento en las estaciones de policía de Medellín, en la estación Candelaria, por ejemplo, en la Sijin, en Laureles", puntualizó.Escuche la entrevista aquí:
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a través de su representante en Colombia, Paula Bernal, manifestó en Mañanas Blu, su profunda preocupación ante la intención de la Aeronáutica Civil de modificar los criterios de asignación de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Bernal, el gobierno prepara una regulación que se apartaría de los estándares internacionales que rigen en más de 300 aeropuertos con altos niveles de congestión en el mundo.El peligro de abandonar los estándares internacionalesLos slots son herramientas de coordinación esenciales para aeropuertos de "Nivel 3", donde la infraestructura actual no es suficiente para satisfacer la demanda. Estos criterios no son impuestos unilateralmente por la IATA, sino que son fruto del consenso con la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Controladores Aéreos.Bernal advierte que modificar estas reglas de juego de manera local podría entorpecer la operación, generando un perjuicio directo a los usuarios en forma de congestión, demoras, retrasos y cambios inesperados en las rutas. Además, El Dorado perdería competitividad, pues las aerolíneas internacionales prefieren operar en terminales que sigan el lenguaje común del sector.Amenaza a la seguridad jurídica y tratados bilateralesUno de los puntos más críticos señalados por la directora de la IATA es el impacto en la seguridad jurídica. Colombia cuenta con más de 77 tratados bilaterales de aviación firmados con diversos países, los cuales suelen fundamentarse en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Un cambio unilateral en la normativa de slots podría poner en entredicho el cumplimiento de estos compromisos internacionales y afectar las relaciones aéreas del país.Falta de monitoreo y necesidad de expansiónDesde la IATA se enfatiza que el problema en El Dorado no radica en los criterios actuales, sino en la falta de gestión de la autoridad aeronáutica. Bernal reveló que en Colombia no se ha aplicado el monitoreo de los slots en más de 10 años, lo cual impide retirar los turnos mal utilizados por las aerolíneas para entregarlos a otros operadores.La asociación propone que, en lugar de cambiar la norma, se aplique el monitoreo estricto y se trabaje en la ampliación de la capacidad del aeropuerto, siguiendo estudios técnicos que ya han sido entregados al gobierno. Según Bernal, el estándar internacional ya contempla mecanismos para favorecer la aviación regional y a nuevos competidores sin necesidad de romper las reglas globales.Escuche aquí la entrevista:
A través del pago de indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, y procesos de reparación a comunidades que han sufrido violencia de forma colectiva, el Gobierno actual ha sido el que más víctimas del conflicto armado ha reparado desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Superando a los tres gobiernos anteriores con 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los $787 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Respecto al Gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de $357 mil millones de pesos, nuevamente se posiciona la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64% del total histórico. Mientras que para las víctimas de violencia sexual, se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. En este sentido, este ha sido el gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.Estos avances se suman también a la jornada que benefició a víctimas provenientes de Aguachica, Agustín Codazzi, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Tamalameque y Valledupar, en el departamento del Cesar; así como de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, en La Guajira, en el mes de febrero. Consolidando así, el compromiso del actual Gobierno con el bienestar de las poblaciones que más han sufrido las consecuencias del conflicto en el país.
Tras varios días de tristeza e incertidumbre por los estragos de las lluvias, buenas noticias empiezan a llegar para el Urabá antioqueño con los primeros anuncios por parte de las autoridades para el plan de recuperación de la región.En las últimas horas durante un encuentro en el municipio de Necoclí con alcaldes y representantes de las 13 localidades que declararon la calamidad pública por cuenta de estas emergencias, el gobierno departamental aseguró que ya están apropiados 70 mil millones de pesos para ejecutar obras y programas a corto plazo con el fin de atender las necesidades inmediatas.Entre las acciones más importantes el gobernador Andrés Julián Rendón destacó el enfoque en la infraestructura vial, educativa, la recuperación de cultivos, la erosión costera y el impulso al turismo."Eso en cuanto la estabilización de la zona, por supuesto vamos a valorar en algunos sitios de Necoclí y otros donde todavía hay unas familias que requieren la atención humanitaria de emergencia y nos queda la tarea de seguir trabajando sobre lo que son las inversiones de mediano y largo plazo", declaró.El mandatario también invitó a entidades como Corpourabá a trazar planes a mediano y largo plazo para tomar las acciones que permitan que este tipo de fenómenos climáticos no vuelvan a generar los daños evidenciados en la subregión donde ya son más de 13 mil las familias damnificadas.Del total de recursos anunciados, la administración departamental hizo énfasis en unos 11 mil millones que estarían específicamente destinados al sector agropecuario con la entrega de mil kits para productores de plátano, dos mil de seguridad alimentaria y 250 para acuicultura.
En los últimos meses, los llamados therian se han vuelto virales en redes sociales. Se trata de personas, en su gran mayoría jóvenes que se identifican espiritualmente con un animal y que, en algunos casos, adoptan comportamientos, accesorios o dinámicas asociadas a esa especie.Videos en TikTok, Instagram, Facebook y X los muestran usando máscaras, colas o desplazándose en cuatro patas en espacios públicos, lo que ha generado tanto curiosidad y desconcierto en las personas que los han visto.En ese sentido, en México, ocurrió un hecho que quedó captado en cámaras y que hoy es viral en redes sociales.Conductor le cierra la puerta del bus a joven therianTodo comenzó cuando tres jóvenes therian esperaban el transporte en un paradero de buses. Mientras aguardaban, algunas personas los observaban con extrañeza, pues llevaban accesorios alusivos a un zorro, un tigre y un lobo y se movían imitando gestos animales.Cuando el bus llegó, los pasajeros comenzaron a subir con normalidad. Sin embargo, cuando el joven therian intentó abordar, el conductor le cerró la puerta justo antes de que pudiera entrar y arrancó el vehículo.En el video, captado, al aparercer, por una persona que esperaba en el paradero, se observa cómo el joven con máscara de zorro retrocede, sorprendido por lo que acababa de suceder, mientras sus acompañantes reaccionan con desconcierto.El episodio ha generado todo tipo de reacciones, pues no es la primera vez que algo así ocurre. Días atrás se conoció otro video de una joven que fue bajada de un carro, un servicio que había solicitado, debido a que se identificó como Daysi, una galgo española.Algunos usuarios comentaron que el conductor actuó de manera discriminatoria al negarle el servicio por su apariencia o comportamiento. Otros opinaron que este tipo de expresiones pueden generar incomodidad en espacios públicos.
Confrontaciones entre grupos armados en zonas limítrofes entre el Nordeste y el Magdalena Medio siguen causando temor en las comunidades y cobrando vidas de habitantes de esta zona.El más reciente hecho fue denunciado por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de Antioquia, desde donde reportaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un tramo de la vía que comunica a los municipios de Remedios y Yondó.Una de las víctimas ya fue identificada como Armando Montero Hernández, un reconocido campesino de la zona como lo confirmó a Blu Radio una fuente del territorio que prefirió reservar su identidad por razones de seguridad."Él es un habitante histórico, o sea, un habitante de la vereda Campo Bijao. Prácticamente nació y se crió en esa zona. Tenía su paraselita y familia, y pues, era un habitante muy reconocido en la región", recordó.Sobre Montero Hernández se conoce que en la tarde del pasado martes fue interceptado por miembros del Clan del Golfo, cuando se movilizaba en una línea de transporte comunitario que cubría la ruta entre el municipio de Puerto Berrío y la vereda Campo Bijao de Remedios.Montero, de 42 años de edad, fue obligado a descender el vehículo y se perdió todo rastro sobre él cuando en las últimas horas fue hallado junto a otras dos personas sin vida en el sector conocido como la “Y de la Virgen”, punto que conecta la vía hacia los municipios de Remedios y Yondó.Hay preocupación en la comunidad de la zona por la frecuente presencia y disputa de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, pese a la cercanía de instalaciones de la fuerza pública."Eso ahí está lleno también de fuerza pública, a escasos kilómetros está Cerro Grande, que es una base militar, está la Décima Cuarta Brigada, el batallón Bomboná, pues estos grupos se siguen paseando por la región como si fueran Pedro por su casa", dijo.Se espera que en las próximas horas, tras la llegada de organismos judiciales a la zona, se conozca la identidad de las otras dos personas asesinadas que habrían sido también secuestradas en otros puntos de esta vía.
Al gestor cultural Johan Parra se le cumplió el sueño de tomarse una foto con Shakira en el barrio por el que tanto trabaja para que se proyecte el talento de su gente. Él, quien es conocido por ser un líder del barrio Abajo, logró conocer a la artista mientras participaba en la logística del rodaje que esta realizó el pasado miércoles 19 de febrero. Aunque Parra cuenta que llegó hasta allí a trabajar, no perdió la esperanza de poder hacerse a la fotografía con una artista. "Estábamos en el trabajo. Dios nos regaló esta oportunidad de estar con ella. Feliz porque ahora todo el mundo hablando del barrio Abajo y viniendo a visitarnos", contó. Le puede interesar: Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas localesA lo que se refiere Parra es al efecto que generó la visita de Shakira y Beéle, siendo que los turistas quieren llegar al 'Museo a cielo abierto' a conocer el mural en el que grabaron el video. "Yo vine al Carnaval y estaba disfrutando la ciudad. Hoy cuando me levanté y vi lo de Shakira, enseguida busqué para venir y conocer el sitio. Ahora me voy más contenta todavía para el aeropuerto", contó una caleña de visita en el sector.
Cuatro perros robot integrarán la nueva División K9-X para custodiar los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en el estado mexicano de Nuevo León. Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana C4 municipal, explicó que cumplirán “tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales” mediante recorridos previos a cada encuentro.La inversión en estos robots tácticos asciende a cerca de 146.000 dólares, equivalentes a más de 600 millones de pesos colombianos. Están equipados con cámaras de video, visión nocturna, comandos de voz y sistemas de advertencia, además de materiales resistentes para operar en eventos masivos.IA genera choque con HollywoodLa semana tecnológica también estuvo marcada por la controversia que desató un video hiperrealista que muestra a Brad Pitt y Tom Cruise peleando, creado con Seedance 2.0, una nueva inteligencia artificial desarrollada por ByteDance, propietaria de TikTok.La Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses, denunció que este tipo de contenidos vulnera derechos de autor y habló de la creación de una “biblioteca pirateada”, recordando casos anteriores con personajes de Star Wars y Marvel.Zuckerberg y la edad en redes socialesEn una corte de Los Ángeles, Mark Zuckerberg defendió las prácticas de verificación de edad de Instagram durante un juicio por presunta adicción a las redes sociales. En la audiencia se presentó un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de la plataforma eran menores de 13 años.El fundador de Meta sostuvo que algunos usuarios mienten sobre su edad. La demanda también involucra a Google, matriz de YouTube, señalada de diseñar productos que deliberadamente crean adicciones.Google impulsa IA creativa y lanza Pixel 10ADemis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, aseguró que en un plazo de cinco a ocho años podría alcanzarse una inteligencia artificial capaz de razonar de manera similar al ser humano. Propuso el “Test de Einstein” para evaluar si una máquina puede innovar científicamente más allá de imitar datos.En paralelo, Google presentó el Pixel 10A por 499 dólares, con procesador Tensor G4 y 8 GB de RAM. Además, su IA Gemini, a través de la herramienta Lyria 3, ya genera pistas musicales de 30 segundos para creadores de YouTube Shorts, en medio de críticas de artistas como Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry sobre el uso de inteligencia artificial en la música.
La Universidad de La Sabana adquirió un predio que estaba en poder de la SAE y que perteneció al extiendo Cartel de Bogotá liderado por Luis Reinaldo Murcia Sierra, conocido con el alias de ‘Doctor Martelo’, y el ex capo Justo Pastor Perafán. La subasta se cerró en 20.000 millones de pesos y es un predio que queda al lado de las intalaciones del INALDE Business School. Según lo confirma Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos Unisabana, este predio sería utilizado para la ampliación del campus deportivo, contrucción de residencias universitarias o la ampliación de la Clínica Universidad de La Sabana antes llamada Clínica Teletón.“Se firmó la escritura que da por temrinada la negociación con la SAE de la compra vía subasta de este lote que estaba en manos del gobierno hace muchos años. Tenemos varios proyectos como la contrucción de residencias universitarias. Este lote tiene algo muy interesante es que queda unido a otras cinco hectareas que tiene la universidad”.El lote tiene un area total de 30.000 metros cuadrado de las cuales casi 1.400 corresponden a area construida. Cabe recordad que este predio entró en proceso de exctinción de dominió en el 2011 junto con más predios relacionados con las sociedades vinculadas a Mauricio Sierra, predios como locales comerciales, inmuebles y joyas."En la notaria segunda de Chía se suscribió la correspondiente escritura. Este predio fue recuperado en el 2004 cuando fue incautado y en el 2011 salió la sentencia en primera instancia de exticnión de dominio”, conlcuyó Amelia Pérez, directora de la SAE.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, encendió las alertas frente a lo que calificó como una “narrativa” que podría poner en entredicho la legitimidad de los resultados electorales en Colombia. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la vocera del organismo independiente aseguró que, a dos semanas de los comicios, no existe riesgo de fraude en el sistema de transmisión y consolidación de datos, aunque sí persisten amenazas tradicionales como la compra de votos y dificultades logísticas derivadas de emergencias climáticas.La preocupación surge tras los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha advertido públicamente sobre posibles vulnerabilidades en el software de transmisión de resultados y ha insistido en que no deben quedar espacios en blanco en los formularios E14.No hay riesgo de fraude en la transmisión de datosBarrios fue enfática al descartar un fraude estructural en el proceso electoral. “No,ese riesgo de fraude no existe. Pueden haber riesgos de que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, ese tipo de riesgo no hay en este momento en el país”, afirmó.La directora explicó que la Registraduría Nacional ha venido realizando simulacros técnicos y reuniones preparatorias que ofrecen “muchísima tranquilidad” sobre la entrega de resultados. En ese sentido, subrayó que la Presidencia de la República no tiene injerencia en la organización electoral.“La Registraduría es un ente autónomo, independiente y así debe ser. Es el árbitro de las elecciones”, puntualizó. Las palabras clave —fraude electoral, resultados electorales, Registraduría, MOE y elecciones en Colombia— han cobrado relevancia en el debate público, especialmente tras los mensajes difundidos en redes sociales por distintos sectores políticos.El antecedente de 2022 y los formularios E14Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno al diligenciamiento de los formularios E14, donde los jurados consignan los votos obtenidos por cada candidato. Petro ha sugerido que no deben dejarse espacios en blanco, una postura que, según la MOE, podría generar más problemas que soluciones.Barrios recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando en redes sociales circuló la idea de marcar con rayas, asteriscos o tachones los espacios sin votación, bajo la premisa de evitar manipulaciones posteriores.“Hacer eso nos va a llevar a lo que precisamente el presidente está señalando con preocupación: que haya errores u omisiones en la transmisión de la información”, advirtió. La razón es técnica. Los formularios pasan por un proceso de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), además de transmisión telefónica de datos. La presencia de marcas adicionales dificulta la lectura automática y puede generar inconsistencias.“Entre 700 y 800 mil votos no fueron transmitidos hace cuatro años debido a ese desorden que se armó”, explicó. Según Barrios, la llamada “creatividad” promovida en redes sociales provocó retrasos en los escrutinios y complicó la verificación que realizan tanto partidos políticos como la propia MOE.Garantías del sistema electoral colombianoLa directora insistió en que el sistema tiene mecanismos de control cruzado. Si en el E14 aparecen más votos de los que físicamente hay en la urna, se activa un reconteo. Además, los partidos toman fotografías de las actas y la MOE realiza comparaciones estadísticas con base en muestras representativas.“Aquí no hay una confianza ciega hacia nadie. Debe haber confianza en las garantías de cada punto del proceso”, sostuvo. Barrios también señaló que la narrativa de fraude, que hace cuatro años provenía de distintos sectores políticos, hoy adquiere una dimensión distinta al ser planteada desde la Presidencia.“Hay una preocupación muy grande desde la MOE y es que se ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó. En Colombia, históricamente las alertas electorales han estado relacionadas con compra de votos, financiación irregular de campañas o corrupción regional, pero no con fallas estructurales en la transmisión de resultados.Pruebas técnicas y combate a la desinformaciónLa MOE acompañará nuevas pruebas técnicas, incluso de los lapiceros que se usarán en las mesas de votación, como respuesta a cadenas virales que sugieren la posibilidad de borrar marcas en los tarjetones.“Nos vamos a ir con un secador, con un encendedor y con algodón mojado para hacer pruebas. Ese tipo de narrativas hay que enfrentarlas desde la evidencia”, explicó. La organización busca así desmontar versiones que circulan por WhatsApp y redes sociales, las cuales —según Barrios— pueden generar desconfianza injustificada en el proceso.El llamado a la responsabilidad institucionalDe cara a las elecciones legislativas y presidenciales, la MOE reiteró la importancia de que los jurados de votación asistan a las capacitaciones y sigan estrictamente las instrucciones oficiales.“El papel de los jurados es absolutamente clave. La garantía para un trabajo limpio, seguro y transparente es seguir estrictamente las instrucciones de la Registraduría”, enfatizó.Finalmente, Barrios expresó su expectativa de que, mediante pedagogía y claridad institucional, se preserve la legitimidad democrática.
El presidente Gustavo Petro trasladó su pulso político a la organización de las elecciones, al convertir el sistema electoral y los formularios E-14 en el eje de una nueva confrontación pública con la Registraduría Nacional, a menos de dos semanas de los comicios del 8 de marzo.El jefe de Estado llegó a esta nueva disputa después de una jornada de manifestaciones que no logró la masividad esperada por el Gobierno en varias ciudades del país y que, en el caso de Bogotá, dejó una Plaza de Bolívar lejos del “llenazo” que el oficialismo había proyectado. Ese aumento, del 23,7%, dejó fijado el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, según el decreto ya expedido por el Gobierno, lo que restó tensión a la protesta, pues la principal reivindicación –mantener el ajuste– ya estaba asegurada para los trabajadores que dependen de esa remuneración y para los sectores atentos al impacto en bienes y servicios. En esa tribuna, el presidente aprovechó para cambiar el eje del discurso: del salario mínimo pasó a una diatriba contra el resultado de las elecciones, la organización electoral y lo que describió como riesgo de fraude, abriendo un nuevo frente de choque institucional con el registrador nacional, Hernán Penagos.Desde la Plaza de Bolívar y luego en una intensa cadena de mensajes en la red X, con cerca de 30 publicaciones tras bajarse de la tarima, Petro empezó a “permear la idea de un presunto fraude” en las elecciones del 8 de marzo, apuntando sus críticas a la forma de diligenciar los formularios E-14, al software de preconteo y escrutinio y a las empresas privadas contratadas para esos procesos. “No deben dejarse casilleros en blanco en los formularios, el software de Thomas Gregg debe ser auditado por expertos a profundidad, el software de Indra ya es un resumen”, escribió el mandatario, al insistir en que la combinación entre el manejo de bases de datos de colombianos y el cómputo electoral configura, en sus palabras, un “100% de riesgo de fraude”.En su discurso en la plaza, el presidente aseguró ante los asistentes: “Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Y yo tengo que denunciárselo a ustedes de frente”. Petro recordó además el caso del movimiento Mira, al afirmar que “ya la firma Thomas Gregg hizo un fraude contra un movimiento político que se llama Mira, y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude”, y sostuvo que en las pasadas elecciones legislativas su sector perdió 700.000 votos que solo se habrían salvado por la presencia de testigos electorales.Los cuestionamientos del mandatario se concentraron en el diligenciamiento del formulario E-14, el acta general de escrutinio que tiene tres copias: una para los claveros, otra para los delegados de la Registraduría que la publican en la página web y una tercera para el área de transmisión que alimenta el preconteo. Petro rechazó la instrucción del registrador, que pidió a los jurados dejar en blanco las casillas donde no se registren votos, y defendió que esos espacios se marquen para, según él, cerrar la puerta a manipulaciones posteriores. “Ya vivimos fraude poniendo formularios con guion, ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo”, afirmó el presidente, quien pidió convocar la Comisión de Garantías y llamó a los partidos a formar al menos 123.000 testigos “bien preparados” para impugnar en mesa y fotografiar los formularios.La respuesta institucional llegó desde la cumbre de gobernadores, donde Hernán Penagos defendió la autonomía de la Registraduría frente a las presiones del Ejecutivo. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”, dijo el registrador, quien advirtió sobre “actitudes de asedio” y subrayó que “nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.Penagos explicó, además, que la instrucción de no llenar con equis o tachones las casillas sin votos obedece a dificultades técnicas detectadas en procesos anteriores, cuando la sobrecarga de marcas en los E-14 generó problemas de digitalización, transmisión y escrutinio. El funcionario recordó la presencia de misiones de observación internacional, en particular de la Unión Europea, y reiteró que el órgano electoral está implementando el calendario, definiendo instrucciones y adelantando simulacros para garantizar la integridad del proceso.Mientras tanto, Petro insistió en que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, al tiempo que mantuvo sus críticas al uso de software privado en el cómputo de votos y al papel de compañías como Thomas Greg & Sons en el manejo de datos sensibles y procesos electorales. Con el salario mínimo ya definido en decreto y una movilización menos multitudinaria de lo esperado, el centro de la confrontación política del Gobierno se desplazó así al corazón del sistema electoral, que ahora se configura como su nuevo frente de batalla.
Juan David Pérez, reconocido deportista colombiano que hace parte de la selección nacional de fútbol 5 para ciegos, publicó un video en sus redes sociales contando, con sorpresa, que él y varios amigos con discapacidad visual fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Pérez señaló que la citación les llegó sin ningún filtro que considerara sus condiciones, pese a los problemas que representaría para las funciones técnicas y de vigilancia que implica la tarea.“¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”, dijo en un video en su cuenta de Instagram ante la imposibilidad de desempeñar esas labores sin visión.El deportista acudió a la Registraduría para tramitar su exoneración, presentando los documentos requeridos y el certificado que acredita su condición de discapacidad visual total, pero la la respuesta de la entidad fue que debían presentar un documento “más actualizado”, aunque se trata de una condición médica que no cambia y, por ende, los respaldos no requieren renovación.Ante esto, la Registraduría emitió un pronunciamiento público tras la difusión del video y aclaró que, aunque inicialmente el sorteo los incluyó debido a la falta de información sobre su discapacidad, una vez conocida su condición, Pérez y quienes estaban en la misma situación fueron exonerados de forma inmediata de la responsabilidad como jurados de votación.“Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”, aseveró la entidad.Finalmente, la Registraduría ofreció disculpas por el inconveniente y reiteró que aquellos ciudadanos con discapacidades permanentes deben informar formalmente a los empleadores o a quienes generan los listados para evitar su inclusión en el proceso automatizado de selección.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), que agrupa a más de 6.200 empresarios del comercio minorista independiente de medicamentos y genera más de 30.000 empleos directos, fijó su posición institucional frente al nuevo escenario salarial.El gremio parte de un punto que califica como ética y es que el salario es el sustento de la dignidad de las familias y no una variable meramente contable. En ese sentido, Asocoldro manifestó que comparte el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y proteger su poder adquisitivo, destacando que empresarios y empleados hacen parte de un mismo tejido productivo cuya estabilidad es interdependiente.No obstante, la asociación advirtió que las aspiraciones sociales deben estar respaldadas por realidades económicas sostenibles. Citando el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordó que la fijación del salario mínimo debe considerar no solo las necesidades de los trabajadores, sino también factores como la productividad y la capacidad de mantener niveles adecuados de empleo.Según Asocoldro, el aumento del ingreso mínimo a dos millones de pesos, muy por encima de las proyecciones de inflación y productividad, introduce una presión significativa sobre la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base de la generación de empleo formal en el país. El impacto, señala el gremio, no es homogéneo y revela una brecha estructural entre los grandes conglomerados del retail farmacéutico y los empresarios independientes.Entre las principales dificultades se encuentra la competencia por el talento humano, ya que los droguistas independientes deben asumir el mismo incremento de costos laborales que las grandes cadenas, pero sin contar con economías de escala o respaldo financiero equivalente. A esto se suma una limitada capacidad de maniobra operativa, derivada de márgenes estrechos y altos costos fijos.Asocoldro consideró contradictorio que, en medio de una emergencia económica y social asociada a la estrechez fiscal, no se hayan anunciado medidas compensatorias inmediatas.Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo orientadas a un plan de respaldo que incluya alivios a la nómina, acciones contra la informalidad y apoyo a la liquidez, con el fin de preservar la viabilidad empresarial y la sostenibilidad del empleo formal en el sector.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, contra ella, al igual que contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, y el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández; al asegurar que “no existe el delito de opinión” y que se trata de un intento del Gobierno por silenciar a la oposición a través del aparato judicial.Tras conocer la acción legal, Cabal afirmó que invocar el artículo 455 del Código Penal para perseguir a congresistas por sus posturas políticas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia. En ese sentido, advirtió que ninguna crítica, disenso o propuesta contraria al Gobierno puede ser tratada como un delito.La denuncia fue radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra. Según el ministro de Justicia, las acusaciones se derivan de publicaciones en redes sociales que serían “delictuosas” por, presuntamente, promover acciones militares de Estados Unidos contra Colombia.Para la senadora, este tipo de actuaciones buscan sentar un precedente peligroso. “Hoy somos tres congresistas; mañana puede ser cualquier ciudadano que alce la voz”, afirmó Cabal, al señalar que se trata de una estrategia de intimidación contra la oposición política.La senadora dejó claro que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo control político, así como defendiendo el derecho de los colombianos a expresarse libremente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, tiene un "cerebro senil" porque, según él, lo llamó "forajido del narcotráfico", en un nuevo episodio de la escalada verbal entre ambos."El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo", expresó Petro en un largo mensaje en X en el que no precisó cuándo el presidente estadounidense lo llamó así.El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y en referencia a Petro dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo".Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia Flores y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: "A mí me suena bien eso".Petro atribuyó sus roces con Trump a que no está de acuerdo con "la irracionalidad del capitalismo" que está "llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción" por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón."Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos", añadió.Durante diciembre de 2025, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que sería "el siguiente" tras Maduro, a quien Estados Unidos acusaba de liderar el Clan de los Soles, una supuesta red de narcotráfico internacional.En su mensaje, Petro negó la existencia de esa entidad y afirmó que no hay evidencia de que opere como una organización real de narcotráfico en Venezuela, postura que coincide con la nueva imputación presentada este martes por el Departamento de Justicia de EE.UU., que eliminó gran parte de las alusiones a ese grupo y dejó de señalar a Maduro como su líder.Todo por el petróleo"Lo que indica es que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela", señaló Petro en referencia a la detención del presidente venezolano en Caracas y su posterior presentación ante un juez en Nueva York.Con Petro coincidió su canciller, Rosa Villavicencio, quien hoy dijo en una rueda de prensa en Bogotá que "todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos"."La necesidad del petróleo para una economía fuerte como la de Estados Unidos implica que haga esas búsquedas y que en función de la doctrina que ellos ponen por delante, que es la prevalencia de sus intereses económicos particulares como país, pase y cruce las líneas rojas de los principios y de la relación entre las naciones y el respeto a la soberanía", expresó la canciller.El mandatario colombiano convocó para este miércoles a una manifestación en Bogotá "por la soberanía" y advirtió que está dispuesto a defender al país frente a lo que calificó como una "amenaza ilegítima".
En el sector de Pericongo, jurisdicción del municipio de Timaná, al sur del Huila, sobre la vía Pitalito – Garzón, se presentó un accidente de tránsito en el que un vehículo de servicio público que cubría la ruta Florencia – Cali se salió de la vía y cayó en las aguas del río Magdalena.Unidades de Bomberos y de la Defensa Civil de municipios cercanos llegaron al lugar del siniestro y, con el apoyo de los operarios de la Concesionaria Ruta al Sur, rescataron a los pasajeros heridos dentro del automotor y los trasladaron en ambulancias a centros asistenciales de la región.El comandante de Bomberos del Huila, el capitán Edinson Fernández, confirmó que el volcamiento del vehículo, afiliado a la empresa Expreso La Gaitana y de placas WCW – 513, dejó un saldo de una persona fallecida y 15 heridas, quienes a esta hora reciben atención médica en hospitales de Pitalito y Timaná.“Tan pronto fuimos informados del accidente, los organismos de socorro —entre Bomberos, Defensa Civil y logística de emergencia de la concesionaria Ruta al Sur— llegaron hasta el sector de Pericongo y se adelantaron los trabajos de rescate de cada uno de los pasajeros del bus que cayó al río Magdalena. En total fueron 16 personas rescatadas, pero una de los pasajeros heridos falleció mientras era atendida en el hospital de Timaná. El conductor del vehículo, por fortuna, resultó ileso del accidente”, dijo el capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos del Huila.De acuerdo con las primeras hipótesis sobre el accidente de tránsito, el conductor al parecer perdió el control del vehículo en una curva muy cerrada y terminó cayendo en las caudalosas aguas del río Magdalena.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró en entrevista con Recap Blu que, pese a las diferencias del pasado con Abelardo De La Espriella, espera que a toda la oposición de vaya bien, incluyendo al abogado, pues recalcó que al único candidato al que considera una amenaza para el país en las próximas elecciones es Iván Cepeda."Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza", afirmó la también periodista.Dávila insistió en que, aunque con Abelardo De La Espriella ha tenido controversias públicas y desacuerdos políticos, considera que este no es momento de profundizar divisiones dentro de los sectores que se declaran en oposición al Gobierno. Según dijo, las diferencias personales deben quedar en un segundo plano frente a lo que calificó como la necesidad de “rescatar el rumbo del país”.En ese sentido, señaló que la competencia interna debe darse con altura y propuestas, y no a través de ataques que debiliten la posibilidad de construir una candidatura sólida de cara a la consulta interpartidista. “Aquí no se trata de egos ni de peleas personales, se trata de Colombia”, puntualizó.La precandidata reiteró que su apuesta es liderar un proyecto que convoque a distintos sectores, incluso a quienes en el pasado han tenido posiciones encontradas con ella. Subrayó que la consulta debe servir para unificar criterios y presentar una alternativa clara frente a lo que, en su opinión, representa el senador Iván Cepeda.Dávila sostuvo que su llamado es a la unidad estratégica y a la construcción de una agenda común basada en seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. “La oposición no puede llegar fragmentada. Tenemos que llegar fuertes, con una visión clara y con la capacidad de gobernar desde el primer día”, agregó.Igualmente, dejó claro que, más allá de las aspiraciones individuales, espera que el proceso de selección del candidato único se desarrolle con transparencia y reglas claras, y reiteró que está preparada para competir y, de resultar elegida, para enfrentar lo que considera “el mayor desafío político” en las próximas elecciones presidenciales.En esa misma línea, expresó que espera que los colombianos voten por el candidato que más les gusta, pero reiteró que Cepeda afectaría al país por seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro."Que elijan lo que quieran, para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda ni por Roy, porque Roy ahí va con nadadito de perro, ahí va. Y le digo sinceramente que Roy también representa cosas muy feas de la política. Hoy la gran amenaza es Iván Cepeda. Ni un voto por Cepeda", agregó.Polémica Ecopetrol, Constituyente y saludEn materia económica y energética, fue contundente frente al manejo de Ecopetrol y cuestionó la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Propuso reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking “técnico y responsable”, y recuperar el gobierno corporativo de la empresa. "El señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol", afirmó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, la precandidata manifestó que no prosperará y sostuvo que el actual gobierno “tiene fecha de vencimiento”. En ese contexto, señaló que la oposición debe mantenerse unida frente a lo que considera una amenaza política representada por Iván Cepeda, a quien calificó como el principal riesgo electoral.Finalmente, sobre la crisis del sistema de salud, Dávila planteó pagar de inmediato las deudas del sistema de salud para normalizar la entrega de medicamentos, mantener las mejores EPS y sacar del sistema a las que no cumplan estándares. "Las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó", concluyó.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.