En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa generando expectativa entre miles de apostadores, especialmente con sorteos tradicionales como el Dorado Mañana. Este chance se ha consolidado como uno de los más dinámicos y recordados en el país, gracias a su frecuencia y variedad de premios.Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 20 de febrero de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 20 de febrero de 2026 es el 9662 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 9662Dos últimas cifras: 62Tres últimas cifras: 662La quinta: 3Últimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana19 febrero 20261937 - 5Dorado Mañana18 febrero 20262051 - 2Dorado Mañana17 febrero 20262628 - 5Dorado Mañana16 febrero 20267485 - 3Dorado Mañana14 febrero 20268477 - 3Dorado Mañana13 febrero 20266824 - 1Dorado Mañana12 febrero 20267697 - 5Dorado Mañana11 febrero 20267973 - 9Dorado Mañana10 febrero 20264492 - 4Dorado Mañana9 febrero 20261950 - 7Cuánto paga el Dorado MañanaEl plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el interés entre los participantes.Hora del sorteo del Dorado MañanaEl Dorado Mañana se juega en el siguiente horario:Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.Domingos y festivos: no se realizan sorteos.Este cronograma permite a los jugadores planear sus apuestas y consultar los resultados de forma oportuna.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaLos premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Estos pasos garantizan que el proceso de pago se realice de forma segura y conforme a la normativa vigente.El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su estructura de premios, transparencia y frecuencia. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores que siguen de cerca este chance, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.
La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó en la noche de ayer, 19 de febrero, una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Cámara de Representantes. Para que la solicitud sea presentada formalmente se requieren 20 firmas de otros congresistas. Por ahora, el documento ya cuenta con el apoyo de 12 de ellos, encabezados por Pedraza.Entre los firmantes se encuentran los congresistas Julia Miranda, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho, Alejandro García, Katherine Miranda, Juan Sebastián Gómez, Juan Carlos Losada, Carolina Arbeláez, Carolina Giraldo y Óscar Rodrigo Campo. Además, la iniciativa también ha recibido respaldo ciudadano, pues en menos de 12 horas se han recogido cerca de 600 firmas en apoyo al debate de la moción de censura.En el documento, firmado por Pedraza, se solicita la citación a debate del ministro Jaramillo, al considerar que existen “circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio” y fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud, particularmente en la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Los argumentos que presenta la congresista son cuatro y se basan en la exposición de hechos que, según el documento, podrían demostrar responsabilidades políticas del ministro. En primer lugar, se señala el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de medicamentos y servicios. De acuerdo con la proposición, este comportamiento, advertido por la Defensoría del Pueblo, evidencia una falla estructural del sistema y refleja deficiencias en el ejercicio de las funciones de dirección del Ministerio.En segundo lugar, se menciona la crisis en el acceso y la continuidad en la entrega de medicamentos, con interrupciones de tratamientos, represamiento en la dispensación y demoras reiteradas en la asignación de citas médicas en distintos territorios del país. De acuerdo con el texto, estas situaciones vulneran los principios de disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.Otro de los hechos que sustentan la moción apunta a deficiencias en la dirección, el seguimiento y el control del sistema de salud, en un contexto de dificultades financieras de varias entidades, problemas en el flujo de recursos y ausencia de medidas estructurales acordes con la magnitud de la crisis. Para los firmantes, esta situación compromete la responsabilidad política del ministro.Finalmente, el documento incluye cuestionamientos a manifestaciones públicas del ministro frente a casos de pacientes afectados por barreras en el acceso a los servicios. Entre ellos, se refieren a las declaraciones relacionadas con el caso del menor Kevin Acosta, que, según el documento, han sido percibidas por familiares y organizaciones de pacientes como revictimizantes o carentes de empatía.Al respecto, la representante que lidera la solicitud fue enfática. “Es inadmisible un ministro que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que ‘los ricos también lloran’. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia”, señaló Pedraza.Una vez se completen las 20 firmas en la carta y se confirme formalmente la solicitud, los congresistas esperan que se defina la fecha para el debate en plenaria.
Durante años, el antiguo Bronx de Bogotá fue sinónimo de horror. Sus calles, marcadas por la droga, la violencia y la muerte, escondían historias que parecían sacadas de una película de terror. Sin embargo, hoy, sobrevivientes que lograron escapar de ese infierno han comenzado a hablar. Entre sus relatos, uno destaca por su crudeza y misterio: la historia de Pepe, el supuesto cocodrilo que, según testigos, fue utilizado como instrumento de terror y muerte.Pedro Ruiz, de 38 años, vivió seis años consumido por el bazuco, el alcohol y el abandono en esas tres calles que funcionaban bajo reglas propias. Hoy, en proceso de rehabilitación, recuerda con claridad la rutina del horror. “Era normal ver niños de 9 o 10 años consumiendo pegante o bazuco. Nadie decía nada. Era parte del paisaje”, relató para 'Los Informantes'.Pero el consumo era apenas la superficie de una estructura criminal mucho más profunda. Los llamados 'sayayines', encargados de mantener el control interno, imponían castigos brutales a quienes consideraban “sapos”, ladrones o infiltrados. Uno de los testimonios más estremecedores describe la ejecución de un hombre acusado de ser informante.Sin embargo, ninguna historia genera tanto impacto como la de Pepe.La aterradora historia de Pepe, el cocodrilo del Bronx“Yo lo conocí pequeño. Era una lagartijita”, contó Pedro. Según su testimonio, el animal fue llevado al Bronx cuando aún era joven. Con el tiempo, creció hasta alcanzar más de dos metros. Entonces, sus dueños construyeron un estanque más grande, con espacio para que tomara el sol.“Sí existió. Yo doy fe de eso. Y sí le echaban gente”, afirmó con contundencia.El cocodrilo, aseguró, se convirtió en una herramienta de intimidación y castigo. Aunque algunos cuerpos eran sacados en bolsas o enterrados, otros, según estos relatos, terminaban en el estanque.A esta historia se suman los perros pitbull entrenados para atacar. Testigos aseguran que las víctimas eran encerradas en habitaciones con puertas de hierro, donde los animales las destrozaban vivas. “Ese era el castigo para el que robaba o no obedecía”, explica otro sobreviviente.Los hallazgos recientes de restos humanos han comenzado a dar sustento a lo que durante años fueron considerados simples rumores. Fragmentos óseos encontrados en bloques de cemento son analizados por Medicina Legal, mientras la Fiscalía busca determinar cuántas personas murieron realmente allí.Hoy, muchos de los sobrevivientes viven en centros de atención del Distrito. Reciben comida, atención psicológica y, por primera vez en años, una oportunidad de reconstruir sus vidas.Mientras avanzan las investigaciones, la figura de Pepe permanece envuelta entre el testimonio y la incredulidad. Para quienes sobrevivieron, no hay duda. El cocodrilo fue real. Y representa, quizá mejor que nada, el nivel de barbarie que reinó durante años en el corazón de Bogotá.
La marca automotriz surcoreana KGM, antes conocida como SsangYong, anunció una alianza estratégica con Inter Bogotá, el nuevo club profesional de la capital. El equipo forma parte del grupo propietario que también controla al Wrexham A.F.C., institución vinculada a Ryan Reynolds.El acuerdo oficializa a KGM como patrocinador del club bogotano en una etapa de transformación tanto para la marca como para la institución deportiva.Según lo informado por ambas organizaciones, el objetivo es conectar procesos de renovación y crecimiento, con un enfoque centrado en Bogotá como escenario estratégico.Inter Bogotá nació como un proyecto que busca posicionarse como un club conectado con la ciudad, su cultura y nuevas generaciones. Por su parte, KGM atraviesa una nueva etapa global que redefine su posicionamiento y proyección en el mercado colombiano.Paulo Moreira, country manager de KGM en Colombia, señaló que este tipo de alianzas permite fortalecer el posicionamiento de la marca y acercarse a nuevas audiencias mediante experiencias compartidas con el club.¿En qué contexto se da el anuncio?El acuerdo se produce en un momento de recuperación del fútbol profesional colombiano. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, los clubes registraron ingresos operacionales cercanos a los 729.000 millones de pesos en 2024, reflejando mayor estabilidad financiera en la industria.Nicolás Maya, presidente de Inter Bogotá, indicó que la alianza responde a la visión de construir un proyecto en evolución permanente, vinculado con marcas que también representan transformación y proyección de futuro.¿Qué planes tiene KGM en Colombia para 2026?En paralelo al acuerdo deportivo, KGM proyecta para 2026 un crecimiento superior al 300 % frente al año anterior. La estrategia contempla consolidar su presencia en Bogotá y ampliar su portafolio con nuevos modelos.Dentro de esa expansión se prevé la llegada de opciones híbridas y eléctricas, como parte de la oferta que la marca planea fortalecer en el mercado colombiano.Como parte de la alianza, Inter Bogotá y KGM desarrollarán experiencias orientadas a conectar el fútbol con la ciudad, bajo un concepto que busca integrar deporte, territorio y dinámicas urbanas.
En algunas oportunidades ha ocurrido que las personas abren la llave y sale el agua amarilla, esto puede ocurrir por varias cosas como: el desprendimiento de sedimentos de hierro y magnesio acumulados en las tuberías que distribuyen el agua por cambios en la velocidad o presión del flujo, trabajos de mantenimiento o bajos niveles del agua.Lo anterior, lo válida el la Empresa de Acueducto y Alcantarillado al indicar que “el cambio de velocidad del agua en las tuberías generan el desprendimiento de partículas propias del tratamiento, lo que hace que el agua llegue con color, pero sin afectar la potabilidad de la misma”.Frente a esto, la compañía advirtió que dentro de poco llevará a cabo trabajos para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento Tibitoc, por lo cual, podría ocurrir un cambio de color del agua en sectores del norte de Bogotá y dos municipios de Cundinamarca.¿Qué sectores resultarían afectados por el agua amarilla?Según el Acueducto, el "agua amarilla" podría presentarse en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.Las labores de mantenimiento se desarrollarán durante un mes, entre este viernes 20 de febrero y el 20 de marzo.Para mitigar este fenómeno, la empresa manifestó que dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías. “Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”.Recomendaciones para los usuariosDe igual forma, la compañía indicó una serie de recomendaciones a los usuarios, para que las ejecuten en sus casas de ser necesario:Si se presenta coloración del agua en la vivienda se debe informar a la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.Si el agua sale con coloración, hay que abrir la llave y dejarla salir hasta que se torne incolora.Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, se debe verificar la transparencia del agua para evitar manchas.Hacer el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.No alarmarse si hay operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, se debe permitir la ejecución de la tarea.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Hacia las 10 de la noche de este sábado concluyó el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el puente internacional de Tienditas, en la frontera colombo-venezolana. La reunión fue liderada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, y contó con la participación de los ministros de Defensa, Hacienda, Igualdad y Minas y Energía, además de altos funcionarios del Gobierno nacional, la cúpula militar y de Policía, y autoridades locales y regionales.Entre las principales conclusiones del PMU, el Gobierno Nacional confirmó que evalúa la expedición de un nuevo decreto de emergencia económica, al tiempo que anunció la convocatoria de organismos multilaterales, entre ellos la ONU, para una reunión prevista el próximo lunes.El ministro del Interior no asistió al encuentro; sin embargo, estuvo representado por su delegado, Anderson Guerrero, quien explicó que el Ejecutivo evalúa un decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, enfocado principalmente en la situación migratoria en la frontera.“Tenemos un documento a la espera de instrucciones de la directora del DAPRE, sentada aquí a mi mano derecha, del señor presidente de la República y del ministro del Interior, que pasaría a firmas una vez se consolide ese escenario de grave calamidad. En materia de migración, por supuesto, porque se trata de medidas excepcionales y urgentes que no sería posible implementar por los medios ordinarios que tenemos hasta el día de hoy”, señaló Guerrero.El funcionario añadió que desde este domingo se iniciará un proceso de articulación con las autoridades territoriales.“Estamos convocando al señor gobernador encargado del departamento y a los señores alcaldes para que desde mañana nos ayuden a consensuar y articular este decreto de emergencia, que tendría vida jurídica una vez así lo disponga el señor presidente de la República”.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de 30 mil soldados en la zona de frontera y el fortalecimiento de la ofensiva contra el ELN y otros grupos armados ilegales que operan en la región. Frente a eventuales nuevos ataques desde territorio venezolano, el ministro descartó cualquier intervención militar de Colombia en la situación entre Estados Unidos y Venezuela.A su turno, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, confirmó que para el lunes serán citadas varias organizaciones multilaterales con el fin de coordinar acciones de cooperación y atención humanitaria.Finalmente, las autoridades aseguraron que, en el marco del enfoque preventivo y de lo establecido en el CONPES “Soluciones duraderas para las personas víctimas”, se adelanta la preparación y asignación de recursos para la atención integral de la población colombiana en zona de frontera. También se informó que se decretó la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región.
El Gobierno de Colombia desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.El anuncio lo hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), tras la instalación de un puesto de mando unificado para atender la situación fronteriza."El gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano", manifestó Rodríguez al leer las conclusiones de la reunión.
La Plaza de Bolívar, corazón político de Bogotá, se convirtió este sábado en un punto de encuentro para decenas de venezolanos que salieron a celebrar una noticia que, para muchos, parecía lejana: la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras los ataques registrados en Caracas y otras ciudades de Venezuela durante la madrugada.Entre banderas tricolor, pancartas y cánticos, los asistentes entonaron el himno nacional venezolano en un ambiente cargado de emoción. Hubo abrazos, lágrimas y palabras de alivio. Para esta comunidad migrante, el anuncio marcó un momento simbólico tras años de crisis, exilio y dolor.Banderas, himnos y lágrimas en la Plaza de BolívarCon mensajes como “Por una Venezuela libre”, los manifestantes expresaron su esperanza de un cambio profundo. Muchos llegaron desde distintos puntos de Bogotá para compartir lo que describieron como un día histórico.Uno de ellos fue Héctor Ignacio Rubio, ingeniero venezolano radicado en la capital colombiana desde hace varios años, quien aseguró que la noticia fue confirmándose a través de los medios mientras avanzaba la jornada. “Estaba en ejecución el plan de sacar a esos delincuentes que tantos años estuvieron doblegándonos”, afirmó, visiblemente conmovido.“Es el inicio de huracanes de cambio”, dicen los migrantesPara Rubio, lo ocurrido no solo impacta a Venezuela, sino a toda la región. “Este es apenas el comienzo de los huracanes de cambio que vienen para Suramérica”, señaló, al tiempo que defendió el aporte de los migrantes venezolanos en los países que los recibieron.En su testimonio, insistió en que quienes salieron de su país lo hicieron obligados por las circunstancias y no para desplazar a nadie. “Fuimos a ayudar a construir, para después ser bienvenidos a reconstruir nuestra patria”, dijo, agradeciendo al presidente estadounidense Donald Trump por la detención de Maduro.Expectativa por lo que viene para VenezuelaEl anuncio de Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación que calificó como “brillante” y que ambos se dirigen a Nueva York, donde deberán comparecer ante un juez federal en Manhattan por cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.Jesús Torres, otro venezolano presente en la Plaza de Bolívar, aseguró estar “emocionado” porque se trata de algo que su comunidad esperaba desde hace años. Sin embargo, aclaró que aún es pronto para pensar en el regreso. “El proceso apenas comienza y estamos atentos a cómo avanza la intervención”, explicó.Mientras tanto, en Bogotá, la celebración fue también un acto de memoria y esperanza. “Esto va en nombre de nuestros hermanos caídos y de los que sufrieron en cárceles”, concluyó Rubio, convencido de que algún día volverá a una Venezuela en reconstrucción.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al presidente Gustavo Petro, luego de ser consultado en rueda de prensa sobre la declaración del mandatario colombiano al afirmar que no tenía miedo ante lo que pudiera decir Nicolás Maduro sobre él tras su captura en Venezuela."Debe cuidarse el trasero", dijo Trump luego de acusar al presidente colombiano de "tener fábricas de cocaína" que son enviadas a Estados Unidos.Vale recordar que, desde que Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos, se han presentado diferentes tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos: desde la forma en la que realizaron la deportación de migrantes colombianos hasta los ataques de las Fuerzas Militares estadounidenses a las denominadas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.¿Qué escribió Petro?El presidente Petro aseguró que no siente ninguna preocupación frente a posibles declaraciones de Maduro. El pronunciamiento lo hizo a través de la red social X, en respuesta a un comentario que sugería inquietud por eventuales revelaciones."No estoy preocupado para nada", escribió Petro en X.El jefe de Estado colombiano reaccionó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura de Maduro en una operación que calificó como “brillante”. El episodio se da en medio de un escenario de fuertes tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, marcadas por críticas mutuas en los últimos meses debido a la ofensiva antidrogas impulsada por Estados Unidos en la región del Caribe.En ese contexto, Trump había advertido previamente a Petro que podría ser “el siguiente” objetivo, mientras que su Gobierno retiró a Colombia de la lista de países cooperantes en la lucha contra las drogas y sancionó al mandatario colombiano incluyéndolo en la llamada Lista Clinton. Frente a esto, Petro reiteró que no tiene nada que ocultar y defendió su trayectoria investigando y denunciando vínculos entre políticos y estructuras del narcotráfico.Ante esto, aliados del Gobierno nacional salieron en su defensa. El exsenador Gustavo Bolívar subrayó las diferencias entre Petro y Maduro, destacando que el presidente colombiano fue elegido democráticamente y que en el país existen garantías electorales, libertad de prensa, separación de poderes y cortes independientes, elementos que, según dijo, confirman la vigencia de la democracia en Colombia.
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.