Desde Cartagena, el procurador Gregorio Eljach rechazó las recientes declaraciones y publicaciones en las que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la legalidad y transparencia de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales programadas para este 8 de marzo.Para Eljach, no hay respeto ni derecho a cuestionar, además, a las entidades de control que acompañan el proceso."Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento", aseveró Eljach.El jefe del Ministerio Público contó que este miércoles tendrá una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para evaluar las tareas alrededor de la jornada electoral."Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan, está bien, decimos que está bien", detalló.Más temprano, Eljach dijo que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades o fraude, como lo ha mencionado Petro en varias ocasiones.Por su parte, Penagos, la semana pasada, también había pedido respeto por el trabajo de las entidades que, insistió, son independientes."Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera", afirmó el funcionario.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
El viceministro de Comercio Exterior, Tito Yepes, se refirió a las negociaciones con Ecuador en el marco de la guerra arancelaria y el decreto del Gobierno colombiano que responde recíprocamente a los aranceles anunciados por el presidente de ese país, Daniel Noboa.“Ya se iba a firmar por el presidente, pero se revisó para blindar jurídicamente al Estado, ahora estamos a la espera. Hemos hecho demandas ante la Comunidad Andina. Ecuador se inventó esa tasa de seguridad y eso es un arancel y está prohibido dentro de lo acordado. Hemos hecho dos demandas de diferente tipo y ya fueron aceptadas por el tribunal para su estudio. Son procesos largos y estamos esperando señales positivas de Ecuador para que dialoguen de nuevo con nosotros”, dijo.Cabe mencionar que Ecuador respondió a las demandas anunciando tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Argumentan “vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional” y agregan que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.Colombia aplicó aranceles del 30 % a 23 líneas de productos provenientes de Ecuador, entre ellos arroz, fríjol, plátano y pescado. El Gobierno también anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia ese país.Ahora será la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) la encargada de evaluar si estas decisiones contravienen lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, que contempla el libre comercio intracomunitario con arancel cero. En caso de encontrar irregularidades, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podría ordenar que se retiren los gravámenes e incluso habilitar la imposición de sanciones comerciales.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que apenas tres de las 23 medidas técnicas recomendadas a la Aeronáutica Civil han sido implementadas para aumentar la capacidad de operaciones por hora en la principal terminal aérea del país.El origen de esta discusión se remonta a 2023, cuando un monitoreo técnico concluyó que, si se aplicaban 23 acciones de corto, mediano y largo plazo, el Aeropuerto Internacional El Dorado podría alcanzar hasta 100 operaciones por hora. Esto significaría un aumento del 47 % en su capacidad, una cifra clave para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Colombia.Sin embargo, según la IATA, el avance ha sido mínimo: además de las tres medidas ya ejecutadas, solo seis más están en proceso, mientras que el resto no registra progresos concretos. Para el gremio, que representa a más de 360 aerolíneas y cerca del 85 % del tráfico aéreo mundial, la operación actual es insuficiente frente al panorama operativo que enfrenta el aeropuerto.Uno de los puntos más sensibles es la gestión de los llamados “slots”, es decir, las franjas horarias de despegue y aterrizaje. La IATA insiste en que se debe implementar un sistema de monitoreo alineado con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), utilizados globalmente para organizar la operación en aeropuertos congestionados.Sin embargo, antes de tener en cuenta las medidas, la Aerocivil anunció que trabaja en una nueva política para la asignación de slots en El Dorado, decisión que ha generado inquietud en el sector aéreo, lo que representaría consecuencias directas para los viajeros y la economía del país."La demanda para el transporte aéreo en Colombia sigue siendo fuerte, pero la capacidad en los principales aeropuertos, especialmente en Bogotá, sigue estando severamente limitada. Existen medidas claras que pueden mejorar la eficiencia de inmediato en El Dorado, e instamos a las autoridades y al operador aeroportuario a actuar con antelación. El cumplimiento integral de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) por parte del gobierno sigue siendo esencial, incluyendo los procesos de monitoreo de slots”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.Entre los riesgos señalados están menos opciones de vuelo, lo que limitaría rutas disponibles; aumento en los precios de los tiquetes debido a una menor oferta; debilitamiento de los enlaces comerciales, especialmente en el transporte de carga como flores y productos perecederos; y una posible caída del turismo.Además, la IATA aseguró que el hecho de que se presente una menor conectividad podría restarle competitividad a Colombia frente a otros centros regionales como Panamá o São Paulo. En 2025, más de 47 millones de pasajeros viajaron por Colombia, consolidando al país como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica y un centro creciente de comercio e inversión.
La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, en el municipio de Aracataca, Magdalena, como consecuencia de recientes enfrentamientos entre los grupos armados autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).La entidad advirtió que los hechos confirman el riesgo alto señalado en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, donde se ha intensificado la disputa por el control territorial entre estructuras armadas ilegales.De acuerdo con la Defensoría, aunque no se han reportado víctimas civiles hasta el momento, las comunidades continúan expuestas a graves riesgos, entre ellos la posible presencia de artefactos explosivos, la restricción de movilidad y la zozobra generada por los combates. Estas condiciones han obligado a varias familias a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca y otros municipios cercanos.“Si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos. Las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas las motocicletas”, indicó la Defensoría.La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para implementar de manera inmediata las recomendaciones de la alerta temprana y activar los planes de contingencia, con el fin de garantizar atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. También solicitó el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para las víctimas, así como el fortalecimiento de la atención a menores por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno nacional en los procesos de diálogo y a cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
Este domingo, 22 de febrero, usuarios de Bancolombia reportaron que no pueden hacer transferencias desde la aplicación a otras entidades, demoras para recibir dinero desde otras cuentas y que no es posible usar la clave dinámica.Estos reportes llegan luego de que desde este sábado 21 de febrero a las 10:30 de la noche hasta el domingo 22 de febrero a las 3:30 de la mañana la aplicación estuviera en mantenimiento. Sin embargo, usuarios señalan errores en horas de la tarde de este domingo.De acuerdo con datos del portal de monitoreo de servicios online, los reportes empezaron a incrementarse con fuerza alrededor de las 9:00 a.m. Las ciudades con más quejas incluyen Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.¿Qué respondió Bancolombia ante la caída de este domingo 22 de febrero?A través de su cuenta de X, Bancolombia señaló en respuesta a diferentes usuarios que reportaron errores en diferentes servicios de la aplicación: "Puedes usar la app para revisar tus cuentas, saldos y movimientos y transferir a cuentas Bancolombia. Adicional, puedes pagar en comercios con tus tarjetas, sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales".Estos son los servicios sin fallasPor otro lado, la entidad reveló cuáles son los servicios en específico que no presentan fallas:En la aplicación de Bancolombia:Transferencias a cuentas Bancolombia inscritas o no inscritas.Consulta de cuenta, saldo y moivimientos. Verá su saldo total, incluido lo que tiene en bolsillos.Pagar en comercios con tarjeta débito y crédito.Sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales.
Mientras caía la lluvia en la capital colombiana este domingo, 22 de febrero, la cita era en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la Liga BetPlay para el apasionante choque entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.La pelota rodó sobre las 4:03 de la tarde, tres minutos más tarde de lo programado, pero con la misma emoción de siempre. Un estadio rojiblanco, de hinchas cardenales y tiburones, encendió la emociones en el coloso de la 57 de dos equipos que llegaron con la necesidad de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.Fue Independiente Santa Fe el que decidió controlar el ritmo del partido y desde el primer minuto comenzó a atacar la portería defendida por el uruguayo Mauro Silveira, quien fue fuerte ante el ataque de Hugo Rodallega y Omar Fernández por parte de los dirigidos por Pablo Repetto.El primero cayó de los pies de Víctor Moreno al minuto 22' para Independiente Santa Fe, que ya había avistado antes por los errores que estaban cometiendo Jermein Peña y Edwin Herrera y que dejaron el espacio para que el defensor pusiera el grito de gol en El Campín.Sin embargo, la alegría cardenal duró muy poco en un despiste de Emmanuel Olivera y un rebote de Andrés Mosquera Marmolejo, este último termina impactando a Cristian Barrios y William Roldán (tras revisar el VAR) indicó la pena máxima y al minuto 29 lo empató Luis Fernando Muriel.Para el segundo tiempo las cosas no cambiaron mucho y el duelo de uruguayos lo siguió liderando Pablo Repetto, que, con diferencia, tuvo mejor lectura de partido y sus cambios le dieron frescura al ataque cardenal, tanto así, que la salida de Moreno por Scarpetta fue ideal para que cayera el segundo del cuadro capitalino (56').Pese a los cambios de Alfredo Arias, el Junior no encontró su fútbol y con el paso de los minutos el desgaste fue mayor en donde la confianza de un empate comenzó a caer en Teófilo Gutiérrez. La altura, una vez más, le jugó en contra a los tiburones que siguen en esa mala racha cuando visita Bogotá, ya sea contra Santa Fe o Millonarios.De ahí el partido no tuvo mayores emociones y fue un constante choque entre los equipos, de algunas amarillas y palabras de un jugador a otro, hasta que al minuto 90 se fue expulsado Helibelton Palacios por doble amarilla. Así se sentenció el partido para darle la victoria a Santa Fe (2-1).Ahora, los cardenales deberán preparar su próximo partido contra Atlético Nacional el próximo miércoles, 25 de febrero, nuevamente en Bogotá, para seguir escalando posiciones y poderse meter entre los ocho primeros y llegar a los cuadrangulares finales.Por su parte, Junior se prepara para visitar Montería para enfrentar a Jaguares el sábado, 28 de febrero, por la novena fecha de la Liga BetPlay.
Una reconocida creadora de contenido digital en China atraviesa una fuerte caída en su popularidad luego de que un fallo técnico expusiera su apariencia sin los filtros de belleza que utilizaba habitualmente en sus transmisiones en vivo. El incidente, que quedó registrado en video, se propagó rápidamente en redes sociales y desató una avalancha de reacciones, tanto de críticas como de apoyo.El episodio ocurrió mientras la influencer interactuaba con su audiencia en una de sus habituales transmisiones en directo. Durante algunos segundos, la herramienta digital que suavizaba su piel y modificaba sus rasgos dejó de funcionar, mostrando un rostro con características más naturales. Aunque el filtro volvió a activarse casi de inmediato, el momento fue suficiente para que varios usuarios capturaran el video y lo compartieran ampliamente en internet.Este es el videoEn cuestión de horas, la creadora de contenido perdió más de 130.000 seguidores en la plataforma donde transmitía. Muchos de ellos manifestaron su decepción y aseguraron sentirse engañados, al considerar que la imagen que la influencer proyectaba no correspondía con su apariencia real. Algunos comentarios señalaban que el uso constante de filtros creaba expectativas irreales y cuestionaban la autenticidad de su contenido.No obstante, la reacción del público no fue completamente negativa. Un sector de sus seguidores salió en su defensa, destacando que su apariencia natural no era motivo de crítica. “Se ve hermosa sin filtro” y “No necesita editar su rostro para verse bien”, fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales, evidenciando el contraste de opiniones frente al caso.Asimismo, el caso pone en evidencia la presión constante que enfrentan los creadores de contenido para mantener una apariencia que se ajuste a los ideales estéticos predominantes en redes sociales. En un entorno altamente competitivo, muchos recurren a filtros como una forma de mejorar su imagen y atraer más público, lo que puede convertirse en un arma de doble filo cuando ocurren fallos técnicos.Por ahora, la influencer no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.
En un mensaje cargado de dolor, el mandatario del municipio en el que secretario de Gobierno les quitó la vida a sus propios hijos rompió el silencio y se pronunció públicamente por primera vez sobre la tragedia que enluta a su familia y a toda la comunidad.A través de sus redes sociales, el alcalde de Itumbiara expresó palabras de agradecimiento por las múltiples manifestaciones de solidaridad recibidas tras la muerte de sus nietos, de 12 y 8 años. En su publicación, dejó ver la profunda huella que dejó la pérdida y el difícil proceso que enfrenta junto a sus seres queridos. “Nada puede disminuir la añoranza por nuestros pequeños. La ausencia es irreparable y la añoranza inolvidable. Pero todo el amor que nos ha llegado ha sido un abrazo para el alma, una fuerza extra para seguir adelante… un día a la vez”, manifestó el mandatario de Itumbiara, localidad ubicada en el estado de Goiás, en Brasil.Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero dentro de la vivienda familiar. Según las autoridades, Thales Naves Alves Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno municipal y además era yerno del alcalde, atacó con un arma de fuego a sus dos hijos menores de edad y posteriormente se quitó la vida.Tras el ataque, los niños fueron trasladados de urgencia a centros médicos. El mayor falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió horas más tarde pese a los esfuerzos del personal médico por salvarlo.Dentro de las investigaciones, uno de los elementos clave es un mensaje que el funcionario había publicado en sus redes sociales antes del crimen y que posteriormente fue eliminado. En el texto, el hombre hacía referencia a problemas personales y mencionaba una presunta infidelidad de su esposa, situación que ahora es analizada por los investigadores como posible detonante emocional previo al ataque. Sin embargo, las autoridades continúan verificando todas las circunstancias para establecer con claridad qué ocurrió.Tras conocerse el caso, el Ayuntamiento de Itumbiara decretó tres días de luto oficial en señal de respeto y solidaridad con la familia. La tragedia generó una profunda conmoción entre los habitantes, quienes han expresado su rechazo y tristeza ante lo sucedido.Esposa del secretario que les quitó la vida a sus hijos se pronuncióPor su parte, Sarah Tinoco Araújo, madre de los menores, también se pronunció mediante una carta abierta en la que expresó el dolor que enfrenta tras la pérdida de sus hijos. En su mensaje, reconoció errores en su relación de pareja, pero aseguró que nada puede justificar la violencia que acabó con la vida de los niños."Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido. Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido".Entre tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer completamente los hechos, en un caso que ha causado indignación y tristeza, y que deja una herida profunda en una familia y en todo un municipio que hoy permanece de luto.
Las autoridades encontraron este lunes a los tres soldados colombianos que desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de las Farc en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos."Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados", detalló el Ejército en un comunicado.Los uniformados desaparecieron tras los enfrentamientos en la vereda (aldea) Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.Una vez fueron hallados, el Ejército le informó a las familias de los soldados, que "estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos".En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.El EMBF, entre tanto, surgió de la ruptura de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.
La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.
Luego de 25 años, se cierra un capítulo de una larga y prolongada espera en la búsqueda de Orfanid Torres Collo por parte de su familia, que nunca perdió la esperanza de encontrar a su ser querido en Huila.Hoy esa incertidumbre terminó para esta familia oriunda del municipio de La Plata, en el occidente del Huila, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) les hiciera entrega digna del cuerpo de su hija y hermana.“En el marco de la investigación humanitaria extrajudicial que se adelantó en la quinta fase de intervención sobre el Cementerio Central de Neiva, en sitios en tierra, se tenía conocimiento del caso de Orfanid Torres Collo. Este caso fue un reto para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, territorial Huila, por las complejidades de su identificación”, señaló Ángela Patricia Cordon Quintero, investigadora de la UBPD – Huila.Según el testimonio de su familia, Orfanid salió muy joven de su hogar en La Plata y mantuvo comunicación ocasional hasta el año 2000. Desde entonces, no volvieron a tener noticias ciertas sobre su paradero.Durante la cuarta fase de intervención en el Cementerio Central de Neiva, desarrollada entre el 9 y el 21 de diciembre de 2024, con el acompañamiento de personas firmantes del Acuerdo de Paz, se recuperó el cuerpo de Orfanid, quien había sido sepultada como persona no identificada en este camposanto.Para su identificación fue fundamental el trabajo previo de investigación con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros y las familias buscadoras, así como el proceso técnico y forense adelantado por la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, que permitió confirmar plenamente su identidad.“Este resultado fue posible gracias a la articulación interinstitucional que permitió llevar a cabo la entrega digna, junto con el apoyo de entidades municipales, para que la familia pudiera cerrar este ciclo de zozobra al conocer qué ocurrió con su ser querido”, indicó la profesional de la UBPD.A la fecha, en siete intervenciones realizadas en el Cementerio Central de Neiva, se han recuperado al menos 97 cuerpos de personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en medio del conflicto armado.
La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
La influencia de alias ‘El Mencho’ en el narcotráfico colombiano iba más allá de las fronteras de México. Fuentes de inteligencia señalan que el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, mantenía vínculos directos con estructuras criminales en Colombia, especialmente con el Clan del Golfo, considerado el mayor exportador de cocaína del país.Según información de inteligencia, los nexos entre el cartel mexicano y organizaciones colombianas eran amplios, pero el Clan del Golfo fungía como socio estratégico. Esta estructura aportaba rutas, cargamentos y logística para envíos a gran escala, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más rentable para las redes de narcotráfico transnacional.El rol de ‘El Mencho’ habría sido el de articulador. Inteligencia señala que funcionaba como enlace directo entre productores y traficantes en Colombia y la red de distribución internacional del cartel. Bajo ese esquema, el flujo de droga se mantenía estable, teniendo en cuenta que las organizaciones colombianas aseguraban producción y salida, mientras el cartel mexicano garantizaba recepción, distribución y lavado de activos.Aunque en los últimos años se abrieron corredores hacia Europa, la mayor parte de los envíos continuaba orientada al mercado estadounidense. Esa dependencia hacía que la figura de Oseguera Cervantes fuera clave para sostener la arquitectura criminal que conectaba Sudamérica con Norteamérica.La muerte del capo en México, confirmada por las autoridades y que desató reacomodos dentro del crimen organizado, provocó un remezón inmediato en esas dinámicas. Fuentes señalan que su ausencia obliga a los criminales a replantear rutas, intermediarios y alianzas, especialmente en los corredores que conectan a Colombia con carteles mexicanos.En Colombia, el impacto se sentiría principalmente en el Clan del Golfo, que habría perdido a uno de sus principales interlocutores internacionales. Sin esa figura, las organizaciones deben redefinir canales de negociación, lo que abre escenarios de disputas internas, nuevos intermediarios y posibles fracturas en las cadenas de exportación.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a las elecciones legislativas y presidenciales asegurando que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades del registrador, Hernán Penagos.“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, dijo Eljach.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que, supuestamente, algunas de ellas podrían abrir la puerta al fraude.El procurador también se refirió a una pregunta que hizo el presidente en las últimas horas, en la que planteaba si era posible que los militares fueran testigos electorales.“Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, agregó Eljach.
A puertas de un nuevo ciclo electoral, un estudio nacional puso sobre la mesa lo que piensan los colombianos sobre la democracia: existe preocupación por su rumbo, pero no se ha perdido la confianza en el voto como herramienta de cambio.La iniciativa “Cuidar la democracia”, liderada por once universidades junto a organizaciones empresariales y sociales, presentó los resultados de una encuesta aplicada a 1.700 personas en 81 municipios del país, con cobertura urbana y rural, realizada por Invamer.El 62 % de los encuestados considera que la democracia se está debilitando. Entre las principales razones mencionadas aparecen la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el 92 % afirma que su voto hace la diferencia, lo que evidencia que, pese a la insatisfacción con el desempeño del sistema, se mantiene la convicción de que la participación electoral puede generar cambios.La desinformación es uno de los factores que más inquieta. El 60 % la identifica como una amenaza seria para la democracia. A esto se suma la falta de transparencia, señalada por el 56 % de los consultados. Según el informe, estas percepciones influyen en la desconfianza hacia las instituciones y en la evaluación del sistema democrático.En cuanto a las prioridades ciudadanas, el 56 % considera que mejores oportunidades de educación y trabajo aumentarían su satisfacción con la democracia. También se mencionan la mejora en seguridad (54 %) y en transparencia (50 %) como aspectos clave.El estudio muestra además que la mayoría de los encuestados atribuye la responsabilidad principal de cuidar la democracia al Gobierno nacional (70 %), seguido por el Congreso (59 %), los gobiernos locales (58 %) y las Cortes (57 %). No obstante, la iniciativa plantea que la protección del sistema también requiere la participación de universidades, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía.La alianza está conformada por la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Icesi, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Minuto de Dios, CESA, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con aliados como SURA, Comfama y VélezReyes+.Los resultados serán presentados en la Universidad de los Andes y posteriormente se realizarán foros regionales para discutir propuestas y compromisos de cara a las elecciones de 2026.El informe propone abrir conversaciones públicas en las regiones, fortalecer la calidad del debate y promover compromisos verificables que permitan hacer seguimiento a lo que se promete en campaña.
En diálogo con Mañanas Blu, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó la solidez y las garantías que ofrece el andamiaje institucional de Colombia. Según los representantes de la misión, el país cuenta con un sistema diseñado para proteger la voluntad popular, lo cual se traduce en una estructura transparente que permite el ejercicio democrático sin sesgos ideológicos.Garantías para la alternancia y el cambio políticoUno de los puntos centrales destacados por la Misión, representada en la voz de Gabriel, es la capacidad del sistema para facilitar transiciones de poder de manera legítima. Se subrayó que el sistema electoral colombiano es tan "garantista" que ha permitido, basándose en datos concretos, la llegada al poder de un gobierno de tendencias políticas distintas a las tradicionales, como es el caso del actual gobierno de izquierda que ocupa la Casa de Nariño.Este hecho es interpretado como una prueba de fuego superada por las instituciones electorales, demostrando que las reglas del juego son claras y se respetan, permitiendo que cambios profundos en la tendencia política de los votantes se vean reflejados en los resultados finales sin interferencias sistémicas. La transparencia, por tanto, no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que ha quedado evidenciada en los procesos de escrutinio más recientes.El impacto de la retórica oficial sobre la institucionalidadA pesar de la robustez del sistema, la Misión también fue consultada sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando las figuras de alto nivel cuestionan la integridad de los procesos. Existe una preocupación legítima sobre qué tanto se puede lesionar un proceso electoral cuando un jefe de Estado pone en duda los resultados o el funcionamiento del sistema electoral mismo.Esta situación plantea un desafío para la confianza ciudadana. Si bien el sistema posee mecanismos técnicos de verificación y vigilancia, la narrativa pública que emana desde el poder central puede generar tensiones innecesarias. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad de una democracia depende no solo de la precisión técnica de sus votos, sino también de la responsabilidad en el discurso de los líderes políticos para no minar la credibilidad de las instituciones que ellos mismos presiden.El valor de la observación internacionalLa presencia de la Unión Europea refuerza la idea de que el sistema colombiano está bajo un escrutinio constante y técnico. La transparencia mencionada se sustenta en la posibilidad de auditar cada fase del proceso, asegurando que, a pesar de las dudas que puedan surgir en el debate político cotidiano, la estructura electoral permanezca como un pilar inamovible de la democracia colombiana. Escuche aquí la entrevista: