En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó que los escoltas de la candidata Ana Guetio, desaparecida en el Cauca, reportaron a la entidad que su vehículo fue robado. Según explicó, en este momento se dirigen al municipio de El Tambo en un carro particular. “El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, dijo.Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles, no conocían su paradero. Según informaron a través de un comunicado, la candidata se desplazaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella. En el momento de la desaparición, Guetio cumplía compromisos propios del cierre de campaña en los departamentos de Nariño y Cauca y horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en el municipio de El Tambo.Por ahora, no es claro que fue lo que ocurrió durante las horas en las que no se supo sobre su paradero. En la misma situación está Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar y ahora está desaparecido.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a esto:“El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero si el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información de comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.El jefe de la cartera de defensa insistió en que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita deducir qué pasó con los candidatos al congreso. “No tenemos información de qué se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad así que ha medida de que avance, informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el César, estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
Un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’, fue expulsado del partido de este miércoles contra el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ser captado por las cámaras de la transmisión del partido realizando el saludo nazi.Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio. Situación que se dio antes del arranque del partido y tras la que, además, se le abrió un expediente disciplinario.El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80.El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga.
Las opciones de crédito en Colombia son clave cuando se atraviesa un momento financiero retador. Según DataCrédito Experian, siete de cada 10 colombianos han accedido a algún producto crediticio, lo que equivale a 33,2 millones de personas, reflejando su papel en la vida económica del país.De acuerdo con la compañía, el crédito es una herramienta habitual para impulsar proyectos y cubrir necesidades. Sin embargo, cualquier ciudadano puede enfrentar dificultades como cambios laborales, disminución de ingresos o gastos imprevistos que obligan a reorganizar el presupuesto.La DataCrédito señala que la clave para superar estos escenarios está en identificar productos que se ajusten a la situación actual y tomar decisiones basadas en información clara y educación financiera.¿Qué opciones de crédito existen en Colombia?El crédito en Colombia es multisectorial. Bancos, fintech, cooperativas y comercios ofrecen alternativas para distintos perfiles e ingresos.Entre las opciones se encuentran los microcréditos o créditos de bajo monto, diseñados para cubrir necesidades inmediatas con cuotas accesibles y plazos cortos. Son útiles para trabajadores independientes o emprendedores con ingresos variables.También están las compras a crédito en comercios y servicios, que permiten adquirir electrodomésticos, tecnología o planes de telecomunicaciones mediante cuotas fijas.Las fintech ofrecen créditos simplificados, con aprobaciones rápidas y procesos digitales, ideales para cubrir necesidades puntuales de liquidez.Por su parte, las cooperativas y entidades del sector solidario brindan condiciones flexibles y acompañamiento cercano, especialmente para quienes manejan ingresos familiares o mixtos.Educación financiera: ¿cómo elegir el crédito adecuado?DataCrédito destaca que elegir bien comienza por conocer la información financiera personal. Por ejemplo, a través de Midatacrédito.com, los ciudadanos pueden consultar su historial y puntaje, activar alertas contra fraude, acceder a contenidos educativos e incluso negociar obligaciones con entidades aliadas.Además, recomienda entender la capacidad real de pago, comparar condiciones entre alternativas, planear la inclusión del crédito en el presupuesto y mantener hábitos financieros saludables.Con información y planeación, el crédito puede convertirse en un aliado para retomar el equilibrio financiero y enfrentar con mayor tranquilidad los momentos económicos complejos.
La espera terminó y, finalmente, todo listo en Medellín para disputarse el duelo de la fase previa de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en una edición de uno de los clásicos más famosos del fútbol profesional colombiano.Precios y localidades boletas Atlético Nacional vs. MillonariosSur: $75.000.Norte: $75.000.Gramilla: $75.000.Oriental Baja: $136.000.Oriental Alta: $150.000.Occidental Baja: $214.000.Occidental Alta: $235.000.Platea: $358.000.Para adquirir las boletas, los hinchas verdolagas deberán ingresar a la página web oficial de Tribuna Verde, portal utilizado por el equipo para la distribución de entradas en este semestre, en este link: https://www.tribunaverde.com/¿Habrá ingreso de hinchada visitante?No. Atlético Nacional llegó a un acuerdo con la Conmebol para no permitir ingreso de hinchas de Millonarios, pese que el reglamento de la competencia obligaba. Esta decisión en pro a cuidar la seguridad del estadio ante el historial de rivalidad de ambos equipos.“Sabemos que es el partido que a los dos nos obsesionado. Por suerte jugamos en el Atanasio y con nuestra gente, es un plus grande. Estamos confiados con la plantilla que tenemos para afrontar ese partido de la mejor manera, que nos salga de la mejor manera. En especial por esta Sudamericana tan linda que se armó este año”, expresó Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, sobre la necesidad de jugar con la hinchada 100 % verde, en diálogo con Win Sports.Historial Atlético Nacional vs. Millonarios en torneo internacionalesBalance general (partidos con resultado):Millonarios: 6 victoriasAtlético Nacional: 4 victoriasEmpates: 6La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.Series mano a mano disputadas: 5Atlético Nacional: 3 clasificacionesMillonarios: 2 clasificacionesDetalle por torneos:Copa Libertadores 1989 (Cuartos): avanzó Atlético NacionalCopa Libertadores 1995 (Cuartos): avanzó Atlético NacionalCopa Merconorte 1998 (Semifinales): avanzó MillonariosCopa Merconorte 2000 (Final): campeón Atlético NacionalCopa Sudamericana 2007 (Segunda fase): avanzó Millonarios
El chance Paisita Noche sigue siendo uno de los sorteos diarios más esperados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la tradición regional. Gracias a su trayectoria y amplio reconocimiento, se mantiene entre los juegos de azar más consultados por quienes buscan una oportunidad de ganar cada noche.Resultado oficial del Paisita Noche – 25 de febrero de 2026En el sorteo realizado el miércoles, 26 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 9117 - Toro.Número ganador: 9117.Animal: Toro.Dos últimas cifras: 17.Tres últimas cifras: 117.Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.Quinta balota: más opciones de premio desde 2025Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto.Esta modalidad adicional no modifica la estructura tradicional del juego ni su dinámica habitual. El sorteo se realiza de la misma manera, pero ahora ofrece una opción extra para quienes desean aumentar el valor potencial de su premio.Cómo funciona el Chance Paisita NocheEl Chance Paisita Noche se caracteriza por su mecánica sencilla y accesible. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, genera alta consulta en portales de resultados y puntos autorizados.Horarios del sorteoLunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Modalidades disponiblesEl Paisita Noche ofrece varias formas de jugar:Cuatro cifras directo o superpleno: se aciertan las cuatro cifras en orden exacto.Combinado cuatro cifras: coinciden las cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en orden.Combinado tres cifras: sin importar la posición.Dos cifras o pata: coinciden las dos últimas cifras en orden.Una cifra o uña: se acierta únicamente el último número.Chance en línea en Colombia: plataformas autorizadasEl chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este servicio de manera legal.Operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75 cuentan con sitios web y aplicaciones móviles donde los usuarios pueden:Registrarse y validar su identidad.Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales.Elegir el sorteo y confirmar la apuesta.Conservar el comprobante digital es fundamental, ya que funciona como respaldo en caso de resultar ganador.Requisitos para cobrar premios del Paisita NochePara reclamar un premio es obligatorio presentar:El tiquete original en buen estado.Documento de identidad y copia.Los requisitos adicionales dependen del valor ganado, calculado en UVT:Menos de 48 UVT: documentación básica.Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT.Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.Últimos resultados del Paisita NocheEstos han sido los números recientes del sorteo:24 de febrero de 2026: 3891 - Perro.23 de febrero de 2026: 6961 - Tigre22 de febrero de 2026: 2325 – León21 de febrero de 2026: 4095 – DelfínEl Paisita Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas en Antioquia y otras regiones del país, combinando tradición, facilidad de juego y múltiples modalidades de premio que mantienen viva la expectativa noche tras noche.
Un momento de tensión familiar quedó expuesto ante miles de personas luego de que dos hermanas descubrieran a la pareja de su hermano en una situación comprometedora con otro hombre. La escena, que fue grabada con un teléfono celular, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde generó una ola de comentarios por la reacción de las jóvenes y la forma en que decidieron enfrentar el supuesto engaño.En el video, que comenzó a circular ampliamente en distintas plataformas digitales, se observa a la mujer sentada sobre las piernas de un hombre mientras ambos conversaban en una plaza pública de Formosa, en Argentina. La situación fue descubierta por las hermanas, quienes al verla decidieron acercarse sin dudarlo y confrontarla directamente, mientras registraban todo con la cámara de su celular.La reacción fue inmediata. Una de las jóvenes, visiblemente afectada, le reclamó con dureza y le expresó su dolor por lo ocurrido. “Me decepcionaste, yo te quería, vos eras mi amiga. Yo te defendía”, le reprochó en medio de la discusión, dejando en evidencia que la relación entre ambas iba más allá de un simple vínculo familiar.Este es el videoEl reclamo no se limitó a la supuesta infidelidad. Las hermanas también le recordaron el apoyo que, según ellas, le había brindado su familia en el pasado. En medio del fuerte cruce, le exigieron que abandonara la vivienda que compartían con la madre de los jóvenes, al considerar que había traicionado la confianza que le habían dado cuando más lo necesitaba.Otro momento que llamó la atención fue cuando mencionaron que su madre ya había advertido una situación similar anteriormente, pero en ese momento no fue tomada en serio. Según expresaron, ahora comprendían que las sospechas tenían fundamento. La escena se volvió aún más tensa cuando la mujer pidió que no le contaran al hermano sobre lo ocurrido, lo que provocó una nueva reacción de enojo por parte de una de las hermanas, quien insistió en que él tenía derecho a saber la verdad.En un intento por contener la situación, la mujer aseguró que sería ella misma quien hablaría con su pareja para contarle lo sucedido. Sin embargo, el ambiente ya estaba marcado por el enojo, la decepción y el sentimiento de traición que expresaron las jóvenes durante toda la grabación.El video se difundió rápidamente y generó muchos comentarios entre los usuarios. Mientras algunos apoyaron la decisión de las hermanas de confrontar la situación, otros cuestionaron la exposición pública del conflicto y el hecho de que todo haya sido grabado y compartido en redes sociales.Hasta ahora, ninguna de las personas involucradas se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, celebró el repunte que registró en la más reciente encuesta de Invamer y aseguró que su campaña está enfocada en una meta clara: “La primera vuelta consiste en ganarle a De la Espriella el paso a segunda vuelta”.López calificó los resultados como una señal de que su mensaje “está calando” entre los ciudadanos. “Nos dan entusiasmo y esperanza. Es la confirmación de que la propuesta de defender lo que va bien, corregir lo que va mal y agregar lo que hace falta está llegando”, afirmó.La candidata explicó que, a su juicio, deben mantenerse avances como el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma pensional, pero insistió en que el Gobierno ha fallado en temas clave como salud y seguridad. “Lo de salud ha sido un desastre. Que a la gente le nieguen medicamentos es inaceptable. Y en seguridad la paz total es un caos absoluto”, sostuvo.Frente a su propuesta programática, destacó la creación de un sistema público y gratuito de cuidado para mujeres, un millón de becas de educación y trabajo, y un plan de apoyo a microempresas. “Una mujer con autonomía económica no se deja humillar ni golpear. El cuidado debe dejar de ser una condena invisible”, señaló.Sobre la estrategia electoral, López rechazó la idea de “quitarle votos” a otros sectores y aseguró que su apuesta es hablarle a quienes buscan soluciones concretas y no peleas ideológicas. En ese contexto, lanzó críticas a lo que calificó como una política basada en confrontaciones personales. “Con prometer meter preso a uno u otro no se le resuelve la vida a nadie”, dijo.En cuanto a la consulta del 8 de marzo, defendió su decisión de participar y marcar distancia frente a otros líderes de centro como Sergio Fajardo, con quien dijo mantener afecto y respeto. “Yo creo que las decisiones deben tomarlas los ciudadanos en las urnas, no cuatro políticos tomando tinto”, afirmó.Al proyectar el escenario electoral, la candidata fue enfática: “Aspiro a hacer la primera votación individual el 8 de marzo”. Según su lectura, el verdadero reto inicial es superar a Abelardo de la Espriella y asegurar el paso a segunda vuelta. De cara a un eventual balotaje, anticipó que el contendor sería Iván Cepeda, de acuerdo con los sondeos.Finalmente, López hizo un llamado a votar en la consulta presidencial y reiteró su eslogan: “Soy una mujer frentera, sin corrupción y con experiencia. Esta campaña es para resolver problemas reales, no para alimentar peleas”.
Un total de 11 universidades del país realizaron un estudio en el marco de la iniciativa "Cuidar la Democracia", liderada por las universidades de Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB. Esta encuesta la respondieron 1.700 personas en 81 municipios en áreas rurales y urbanas. Todas las personas eran mayores de edad.Uno de los datos que arrojó este estudio es que al menos el 62% de los colombianos encuestados considera que la democracia está en riesgo."Ahora tenemos una democracia que normalizó la corrupción y que no ha atendido la desigualdad que es el mayor problema de este país. Algo que es muy interesante es que las personas que contestan dicen que más allá de la ideología no están viendo resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, es una exigencia de que la democracia no está ateniendo los dolores de la población, entre ellos la corrupción la desigualdad", explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes.En el estudio también se puede evidenciar que los colombianos consideran que el voto hace la diferencia, por lo que es importante participar activamente en la política."Les parece que el voto es muy importante y que esa es la manera en la que el ciudadano tiene participación en su democracia. Eso nunca coincide con lo que pasa en realidad porque por miles de inconvenientes la gente ese día no sale a votar", explicó Bernal.Además, se refirió a un tema sobre el que se ha hablado mucho recientemente y es la información falsa que se puede ver en diferentes escenarios."Mucho de lo que ha ocurrido con la democracia y la razón por la que está tan polarizada y frágil tiene que ver con las redes y la desinformación. Yo lo que creo que es muy importante es que todos actuemos frente a eso, hay una corresponsabilidad con la democracia. La encuesta también dice que es muy importante que las instituciones educativas estén al frente de eso, los países con mejores democracias son los países donde la educación es de mayor calidad", explicó la rectora de Los Andes.
Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las Farc en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto."Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso", expresó Campbell.Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a "prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016" por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.Violencia que no cesaEl informe señaló que en 2025 el conflicto "afectó agudamente" varias regiones del país, como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.Estas matanzas son cometidas en su mayoría "por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas"."Ese es un dato muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %", expresó.En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.Erosión del liderazgo socialLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes."Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver", manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho avances" en aspectos como las "garantías para personas defensoras de derechos humanos".Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta "implementación de estas políticas" y de otras como la de "desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales" en algunas zonas del país."Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable", expresó.Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a "tomar acciones más concretas para implementar estas políticas".
El registrador, Hernán Penagos, estuvo en un evento con el procurador, Gregorio Eljach, sobre paz electoral. Desde allí se refirió al proceso electoral que se dará el próximo 8 de marzo. Penagos respondió a algunas de las polémicas y narrativas que se han creado según las cuales podría haber fraude en elecciones.En un primer momento, Penagos hizo referencia a las consecuencias de la desinformación, recordando el ataque que sufrieron algunos funcionarios de la entidad en Gamarra por una información falsa.“¿Cuánto le tiene que costar a la nación colombiana mantener la democracia de nuestro país? ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que golpearse la economía? ¿Cuánto más tienen que sufrir las personas, generar hostilidades y de pronto hasta padecer vidas humanas? No puede ser que un semejante asesine a otro por política ¿Será que no podemos ser más racionales y simplemente ver esto como un proceso democrático donde unos ganan y otros pierden?”, señaló el registrador Penagos.En el mismo sentido el registrador reiteró que se le han otorgado todas las garantías a todos los partidos y candidatos e incluso hizo un llamado frente a la inscripción de testigos electorales, un proceso que hacen las organizaciones políticas.“Puede haber cuatro millones de testigos en las elecciones del 8 de marzo. En cada mesa de votación pueden, y si los partidos quieren y hoy los llamo, designen todos los testigos que estimen pertinente que pueden ser 30 por cada mesa. Millones de personas están al frente del proceso electoral ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar a alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza”, dijo Penagos.
A través del convenio 9677 suscrito por 20.000 millones de pesos entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Gobernación del Huila, entró en operación el nuevo kit de maquinaria amarilla para atender las emergencias ocasionadas por el invierno que se presentaron en el transcurso del año 2025.La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Huila, Isabel Hernández, confirmó en Blu Radio que la maquinaria recibida por el gobierno departamental inicia con la recuperación de vías secundarias y rurales afectadas por deslizamientos de tierra, entre otras necesidades de las comunidades campesinas.“En esta oportunidad se entregaron cinco vibrocompactadoras, tres retroexcavadoras, una motoniveladora, dos retroexcavadoras de llantas y dos volquetas, con esta nueva entrega se suma tres kits más que hicieron gobiernos anteriores para el departamento. Estas nuevas máquinas y demás equipamiento van a fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier emergencia, también se va a realizar mantenimiento preventivo y recuperación de vías rurales que se encuentran obstruidas por las temporadas de lluvias”, explicó Isabel de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.Por su parte, Sebastián Azuero, asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el Huila, afirmó que la adquisición de esta maquinaria amarilla se realizó a través del aplicativo ‘Colombia compra Eficiente’ con el fin de garantizar la calidad de las máquinas para que tengan uso por largo tiempo.“En esta administración le hemos entregado al Huila un total de 32.800 millones de pesos en proyectos y maquinaria amarilla como esta que estamos entregando. Se fortalece, además, el banco de maquinaria amarilla del departamento, la cual permanece a disposición de los municipios para la atención de la gestión del riesgo” dijo.De acuerdo con las cifras de la Oficina de Gestión de Riesgo, durante el año 2025 las dos temporadas de lluvias en el Huila dejaron alrededor de 620 familias damnificadas, vías rurales obstruidas, puentes averiados, acueductos regionales destruidos, cerca de 90 viviendas afectadas y cuatro personas fallecidas, entre otras emergencias que en su momento fueron atendidas por el gobierno departamental y las alcaldías municipales.
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó la segunda rendición de cuentas de su actual administración, un informe de puertas abiertas a los habitantes que dio cuenta de los avances de estos dos años de gobierno en el trabajo emprendido para recuperar a la ciudad en temas como seguridad y convivencia; empleo y reducción de la pobreza; salud física y mental; educación y cultura; infraestructura; confianza ciudadana e inversión transparente de los recursos públicos.En medio de los retos sociales, el mandatario local destacó que la ciudad va por buen camino y que ya se superó la meta propuesta a la fecha en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. En mitad del actual gobierno, la ejecución avanza en un 56 %.“Hay tres instrucciones muy claras. Austeridad al 100 transparencia al 100 y eficiencia en el gasto. Nos quedan dos años más de gobierno, vamos por encima de las metas, pero tienen que ser mucho mejores los indicadores, tenemos que generar más empleo, más condiciones de vida, para que más personas salgan de la pobreza, como ya lo han hecho tantas familias”, expresó el alcalde.Este logro tuvo una importante influencia de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública y se evidencia en el pago de impuesto predial y de industria y comercio. De igual forma, se redujeron los fondos fijos de alrededor de $289 millones en 2023 a $1,2 millones en 2025, un 99.7 % menos.“Logramos estabilizar la ciudad del desastre que la recibimos, hay transparencia, recorte en el gasto de funcionamiento, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre todo hay confianza. Más del 80 % de los ciudadanos de Medellín hoy se sienten orgullosos de su ciudad”, agregó el mandatario local.La apuesta por la inversión transparente y eficiente de los recursos para aumentar el bienestar de las familias ha dado buenos resultados. Medellín reporta la tasa con la menor desocupación en el país, con 6,7 % en el corte de agosto a octubre, según cifras del Dane. En el Distrito se han realizado 136 Ferias de Oportunidades, 50.000 personas han sido acompañadas para la generación de ingresos y 41.390 han iniciado la ruta de la empleabilidad. Esto se suma a la recuperación del trabajo conjunto con el sector privado, que genera el 97 % de los empleos.La Administración Distrital ha fortalecido el ecosistema emprendedor con 12 programas y 2.600 emprendedores acompañados, lo que ha derivado en un 59 % de crecimiento en sus ventas y un 49 % de aumento en empleos desde este sector. De igual forma, en los cinco corregimientos se implementaron 15 proyectos de inversión y se han beneficiado 1.650 productores campesinos con ventas de $20.878 millones en Mercados Campesinos, un 21 % más frente a 2024.En este año que cierra el Distrito se consolidó como epicentro de grandes eventos, que dejaron una derrama económica de 365 millones de dólares, beneficiaron a 4.254 emprendedores, generaron 169.000 empleos directos e indirectos y aumentaron las ventas en un 26 % frente a 2024. A esto se suman 23 ruedas de negocio nacionales e internacionales que han dejado expectativas de negocios de 168 millones de dólares.Movilidad social: reducción del hambre y la pobreza En su segundo año de mandato, el alcalde Gutiérrez Zuluaga resaltó los logros en materia social, con resultados tan importantes como la reducción de la pobreza del 27 % al 22 % y la disminución del hambre del 28 % al 19 %, lo que se traduce en un descenso de personas que comen menos de tres comidas al día.La primera infancia ha sido prioridad. Se impulsaron estrategias como Buen Comienzo 365, que aumentó sin precedentes los días de atención a niñas y niños, así como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que acompaña a 18.000 menores de 5 años, a mujeres gestantes y lactantes; además, permitió la entrega de 197.000 paquetes alimentarios.Esto ha contribuido a una reducción histórica en los índices de desnutrición, al pasar del 1.1 % al 0.4 % en la actualidad, que se suman a cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025, cuando en 2023 se registraron cuatro.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también creció su cobertura y llegó a 244.000 estudiantes, mientras que la Alianza Medellín Cero Hambre permitió la entrega de 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios a las familias más vulnerables, en una apuesta que reúne al sector privado y social y que hoy cuenta con 200 madrinas aliadas.Por otro lado, Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, presenta avances significativos en el acompañamiento de las familias para reducir los niveles de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y promover la crianza amorosa. 76.169 personas fueron orientadas con talleres para fortalecer los vínculos en los hogares, 2.334 participaron en la Gran Escuela para la Familia y 2.800 menores de edad víctimas de violencias sexuales fueron atendidos con un modelo renovado en los hogares de protección. La formación se extendió a empresas de transporte, instituciones educativas y al sector privado.En materia social también se abrieron nueve círculos de cuidado, se brindaron oportunidades de empleo y becas a 8.000 mujeres y se entregará el primer centro de lavado comunitario en Manrique, que permitirá ahorrar cada semana al menos seis horas en tareas de lavado, secado y doblado de ropa, una apuesta que se extenderá a otras comunas.En estos dos años, la Administración Distrital ha entregado 1.630 subsidios para compra de vivienda, ha invertido $6.000 millones para compra de crédito hipotecario, $16.164 millones para subsidios de cuota inicial y $124.000 millones en mejoramientos. A la par de facilitar un techo digno, con el programa Unidos por el Agua se avanzó en el acceso de 7.257 hogares a agua potable y alcantarillado.Además, en estos dos años, Medellín registra un hito en protección y bienestar animal. Solo en 2025, el número de adopciones de perros y gatos se incrementó en un 21 %, con lo cual se superó la meta propuesta.Educación, juventud y culturaProgramas como Parceros y Referentes dan un voto de confianza a las nuevas generaciones. El primero ha formado a 8.041 jóvenes en la meta de llegar a 15.000 en el cuatrienio, todo con el fin de que aquellos que están en mayor riesgo de ser reclutados por estructuras criminales tengan opciones de empleo y educación para construir sus proyectos de vida. Con Referentes, 50 jóvenes han sido certificados en liderazgo público en la Universidad EIA.En este segundo año de gobierno, se logró la tasa de deserción más baja en 20 años, con 2,5 % frente a 3,18 % en 2024 y 5,40 % en 2023; esto se traduce en 5.000 estudiantes que regresaron al sistema educativo, gracias a estrategias como 238 recorridos de búsquedas activas en los barrios, 10.742 beneficiarios con transporte escolar gratuito y 11.960 estudiantes en riesgo de deserción beneficiados con modelos flexibles.A esto se suman las oportunidades de estudio con los programas de Sapiencia, Matrícula Cero y Ruta N, además de las posibilidades que se les brindan a los docentes de realizar posgrados formados desde Mova. Este año, Medellín logró que más jóvenes ingresaran a la educación superior, con alrededor de 31.200 beneficios de Matrícula Cero.Adicionalmente, 16.912 personas fueron formadas en habilidades digitales con Estud-IA, otras 21.000 en inglés y más de 96.000 se matricularon en programas ofrecidos en @Medellín.Además, aumentó la participación en los eventos culturales de la ciudad, principalmente en los estratos 1 y 2; han sido invertidos más de $430.000 millones en cultura: conciertos, ,visitas a centros históricos, museos, galerías, cines, proyecciones y asistencia a musicales. El talento juvenil también se fortaleció: en 2025, 316 jóvenes accedieron a formación gratuita en industria musical y creativa, a través de Music Lab.Salud física y mentalEntre 2024 y 2025, se invirtieron más de $77.600 millones en salud mental en la ciudad, que permitieron atender a 45.596 personas en los 21 Centros de Escucha, orientar a 17.673 en la Línea Amiga, capacitar a 643 profesionales de salud, consolidar 71 Escuchaderos en la ciudad y brindar 165.001 intervenciones psicológicas.Esto va de la mano del fortalecimiento de la red pública de salud, con una inversión de $383.000 millones entre 2024 y 2025, de los cuales $183.618 millones se destinaron este año. Solo en el Hospital General de Medellín, que esta administración recibió en una crítica situación, se invirtieron en los dos años $197.788 millones. Esto permitió logros como el aumento en un 46 % de ayudas diagnósticas, un 39 % en atenciones de urgencias y un 31 % en las cirugías. Por su lado, para la recuperación de la red deMetrosalud se invirtieron $174.047 millones en ambos años, y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, $11.296 millones. Seguridad y reducción de delitos Medellín registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, alrededor de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, se registró reducción en todas las modalidades de hurto y en la extorsión. Los resultados también se han visto reflejados en golpes a las estructuras criminales, incautaciones, personas capturadas y vehículos recuperados. Asimismo, se fortaleció el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad, al llegar a un total de 3.261.Este año, se desarrollaron 962 allanamientos, se aplicó extinción de dominio a 34 bienes de estructuras criminales avaluados en más de $15.000 millones, se capturaron 16 cabecillas, 85 coordinadores y 286 integrantes. Igualmente, se fortaleció la capacidad de la Fuerza Pública: se invirtieron alrededor de $36.700 millones para dotar de parque automotor a la Policía, Fiscalía y Ejército.Medellín es la primera ciudad no capital en contar con una oficina de Interpol, que ha dejado importantes resultados en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 131 personas han sido capturadas por este delito, entre ellos alias ‘Lili’, condenada a 21 años por proxeneta, y siete extranjeros. Además, se hicieron 63 inadmisiones por alertas migratorias y del sistema Angel Watch, lo que representa un aumento del 52 % frente al año anterior.Grandes proyectos estratégicos de infraestructura Medellín cierra 2025 con avances cruciales en uno de los hitos de ciudad: la mayor inversión en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura física, una de las apuestas primordiales del alcalde Gutiérrez Zuluaga. Son casi $8 billones para infraestructura educativa de calidad, espacio público renovado, mejores escenarios deportivos y recreativos, obras de impacto que mejoran la calidad de vida de los habitantes y aportan a la equidad.La ciudad tiene más de 1.800 obras activas, entre las que se destacan la intervención de todas las sedes educativas oficiales de la ciudad, la construcción de 10 nuevos megacolegios y siete jardines infantiles de Buen Comienzo; la renovación de 282 escenarios deportivos solo este año con la meta de llegar a 1.044 antes de finalizar 2027.La ciudad también tendrá siete nuevos ReCreo Deportivos y cinco ReCreo Culturales. El compromiso con la generación de más espacio público para el disfrute de los medellinenses abarca la construcción de dos grandes parques para la ciudad. El Parque Primavera Norte, que beneficiará a casi un millón de personas, y el Gran Parque Medellín, que tendrá un área de 21 hectáreas para agrupar escenarios deportivos que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento; así como el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que va a dar paso a un complejo de piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas. Todo esto sumado a zonas verdes, espacios de recreación y lagunas artificiales para que las familias disfruten juntas.El estadio Atanasio Girardot tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina: aumentará su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha y una fachada novedosa.“Vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, a seguir administrando bien la ciudad y a seguir trabajando. Yo estoy dedicado a que a la ciudad le vaya bien. No estamos en discusiones de izquierdas, derecha o centro, estamos enfocados a hacer que las cosas pasen y que la gente viva bien”, concluyó el alcalde.*Información tomada de la Alcaladía de Medellín por acuerdo comercial con Blu Radio
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la fuerza pública activó todas sus capacidades para ubicar a los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el partido Conservador, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial por la Paz, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos ocurridos en Cesar y Cauca.Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, Andrés Vásquez fue visto por última vez en el municipio de Pelaya, mientras que Anita Guetío desapareció en zona rural de El Tambo. Frente a esta situación, aseguró que se desplegó de manera inmediata la capacidad operativa de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la fuerza pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro, al detallar que se activaron componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.El ministro enfatizó que la fuerza pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos”, afirmó.Además, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los desaparecidos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren. “Cada dato es clave y puede ser decisivo”, puntualizó, al reiterar que Colombia no retrocederá ante la criminalidad.
En un momento de alta tensión política y en vísperas de los próximos ciclos electorales, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ha formalizado su proceso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Armando Wouriyu Valbuena, vocero de dicho comité, defendió e Mañanas Blu la iniciativa como una respuesta a las "leyes de la naturaleza" y a la urgencia de millones de colombianos que buscan ajustes estructurales en el Estado.Descentralización y deuda con los territoriosEl argumento central de Wouriyu Valbuena para justificar una nueva Constitución radica en la descentralización efectiva. Según el vocero, la actual República está diseñada principalmente para beneficiar a las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, dejando en la exclusión a los bordes territoriales, las áreas fronterizas y a más de 15 millones de campesinos.A pesar de que la Constitución de 1991 ya contempla la autonomía regional, Wouriyu sostiene que no ha existido voluntad política ni intelectual en el poder legislativo para implementar estos mandatos. Como ejemplo, citó que solo hasta mayo de 2025 se pudo concretar la primera entidad territorial indígena, amparada en facultades de la propia carta del 91 que tardaron décadas en materializarse.El fin del "modernismo europeo" y la ética del EstadoWouriyu asocia el sistema democrático actual con un "modernismo europeo" que considera agotado. Para el vocero, es necesario adecuar la República a un momento "contemporáneo", superando estructuras que, a su juicio, han fomentado una "estética de la corrupción" heredada de siglos atrás.Esta propuesta implica, según sus palabras, realizar ajustes en el sistema de pesos y contrapesos (ramas ejecutiva, legislativa y judicial) para que las instituciones funcionen en favor de la vida y la paz, eliminando obstáculos que han mantenido una deuda pública no resuelta por 207 años.Reelección y el futuro de las institucionesAl ser consultado sobre si esta Constituyente busca facilitar la reelección del presidente Gustavo Petro, Wouriyu calificó estas afirmaciones como "especulaciones periodísticas" y de sectores sociales específicos. No obstante, al profundizar en el tema, señaló que la reelección es algo que "hay que analizar" y que inicialmente no estaba en su consideración, pero que ahora surge en el debate público.Escuche aquí la entrevista:
Las víctimas de este primer caso de secuestro en 2026 son dos empleados de una comerciante del sur del departamento, quienes fueron plagiados el pasado 20 de enero en la zona rural de Íquira.Según información preliminar, la pareja se trasladó desde Isnos hasta la vereda Río Negro, en Íquira, tras una citación dirigida a la dueña del establecimiento donde trabajaban. Al parecer, la convocatoria fue realizada por disidencias que exigían el pago de una extorsión.“Desafortunadamente, desde enero de este año se presentó un hecho en el que fueron secuestradas dos personas por integrantes de organizaciones armadas ilegales en el occidente del departamento. La Policía Nacional, a través del Gaula, ubica a los familiares y a las posibles víctimas, quienes fueron requeridas por estos criminales con el objetivo de exigir dinero a cambio de la libertad de sus empleados”, explicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Las autoridades ya iniciaron la investigación y despliegan operativos en la zona para lograr la liberación de la pareja y dar con el paradero de los responsables.“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestro Gaula de la Policía, se han realizado actividades judiciales y la recolección de elementos documentales, testimoniales y tecnológicos para dar con la ubicación de estas personas”, señaló el comandante del Departamento de Policía Huila.Por último, hizo un llamado a la comunidad para denunciar e informar a las autoridades sobre cualquier pista que permita localizar a las dos personas, que lamentablemente hoy continúan secuestradas.En esta zona del Huila opera la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván ‘Mordisco’.
La familia de Jonathan Mauricio Román Giraldo vive días de angustia tras confirmarse su muerte en la guerra entre Ucrania y Rusia. El colombiano, nacido en Manizales y residente toda su vida en Bogotá, falleció el pasado 14 de febrero durante una operación militar en zona fronteriza, luego de que el grupo en el que combatía fuera impactado por un dron.La historia fue relatada por su primo, Luis Eduardo Castriñón, quien contó que Jonathan había sido integrante de la Policía y, más recientemente, trabajaba como programador de software en el sector privado. Sin embargo, el 29 de octubre de 2025 tomó la decisión de viajar a Europa y enlistarse en unidades que combaten del lado ucraniano.Según el relato familiar, en el ataque murieron cuatro combatientes: dos colombianos, un peruano y un brasileño. La noticia solo fue confirmada oficialmente el 20 de febrero, días después de que comenzara a circular en redes sociales con fotos. Posteriormente, el comandante del grupo al que pertenecía ratificó que Jonathan había perdido la vida en medio de la misión.Desde entonces, la familia ha iniciado una carrera contrarreloj para intentar repatriar el cuerpo. Sus allegados viven en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Sierra Morena, y aseguran que no cuentan con los recursos económicos para asumir los costos ni los trámites internacionales que implica traerlo de regreso.El proceso, explican, ha sido especialmente complejo por las condiciones de guerra. Ante la falta de representación consular activa en Ucrania, han intentado establecer contactos con autoridades diplomáticas en países cercanos, como Polonia, sin obtener resultados concretos hasta ahora.“Estamos tocando todas las puertas posibles para que su familia pueda darle el último adiós”, señaló su primo, quien hizo un llamado para visibilizar el caso y buscar apoyo institucional o humanitario. Mientras tanto, los familiares continúan gestionando ayuda en medio del dolor y la incertidumbre, con la esperanza de que el cuerpo de Jonathan pueda regresar a Colombia.
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha marcado una clara distancia frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que ha generado intensos debates en el entorno del gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con Mañanas Blu, el alto funcionario reveló que, desde el momento en que aceptó liderar la cartera, manifestó su desacuerdo con este proceso, priorizando una agenda técnica sobre las causas políticas que han caracterizado a otros sectores del Ejecutivo.Una postura técnica frente a la políticaCuervo explicó que, al reunirse con el presidente Petro para aceptar el cargo, la única observación que planteó fue su posición respecto a la constituyente. El ministro fue enfático al señalar que este tema no debe ser manejado desde el Ministerio de Justicia. "Yo no creo que ese tema deba estar en el ministerio. Nosotros tenemos una agenda técnica, eso es un tema político. Creo que eso me saca del foco de lo que yo quiero hacer", afirmó el funcionario. Según su relato, el mandatario recibió esta postura con total tranquilidad, aceptando que el tema no formara parte de las prioridades de la cartera.Esta posición contrasta significativamente con la del exministro Eduardo Montealegre, quien, durante su paso por el gobierno, convirtió la constituyente en una causa personal y ministerial con especial protagonismo. Cuervo, por el contrario, ha mantenido su compromiso con las políticas de gobierno en las que está concentrado, sin que su negativa a firmar el proyecto haya generado conflictos internos en el gabinete.¿Iniciativa ciudadana o política de Estado?Para el ministro Cuervo, el proceso hacia una constituyente sigue siendo un "proyecto ciudadano" y no una política oficial del gobierno nacional. Su argumento se basa en que, si el Ejecutivo tuviera la intención formal de convocarla, habría presentado un proyecto de ley directamente ante el Congreso. En cambio, la iniciativa es promovida por ciudadanos, y cuando el presidente o sus ministros firman las planillas, lo hacen a título personal, con su nombre y cédula, sujetos a la validación de la Registraduría como cualquier otro ciudadano.El ministro relató incluso una anécdota ocurrida durante un Consejo de Ministros en Cartagena. Mientras otros miembros del gabinete firmaban la planilla en un momento de distensión, a él no se la ofrecieron porque sus colegas conocen y respetan su postura. "Lo han tomado incluso con bromas y con tranquilidad", señaló, enfatizando que este tema no ha sido objeto de discusión en las sesiones formales del Consejo de Ministros, donde se priorizan decretos de emergencia y otras políticas públicas.Escuche aquí la entrevista:
La Cancillería colombiana había confirmado que el presidente Gustavo Petro y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvieron una conversación telefónica en la que acordaron una visita oficial para afianzar relaciones en materia energética, de seguridad y cooperación en las fronteras.Fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron que dicho encuentro está previsto para el próximo 14 de marzo en Cúcuta. Se haría en zona de frontera para dar un mensaje de cooperación de ambos países en esa región en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico.Cabe mencionar que este encuentro fue precedido por la propuesta del presidente Gustavo Petro de buscar un diálogo tripartito. “Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, a ella la conozco desde el principio de todo esto (la crisis con Estados Unidos), la invité a Colombia, y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana y evitar que, como Colombia, pueda estallar en violencia", dijo en su momento.Luego en la reunión del mandatario con Donald Trump se planteó que Colombia participe activamente de una recuperación económica en el vecino país a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros. En ese punto también se centraría el encuentro, además de otros temas económicos como la zona binacional creada entre ambos países.La propuesta sobre Ecopetrol la explicó la canciller desde Washington, en entrevista con Blu Radio: “Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidad”.