La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.
La Defensoría del Pueblo alertó por los enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias al mando de alias 'Calarcá Córdoba', y la Segunda Marquetalia, que desde finales de diciembre se registran en las veredas Linderos y La Libertad, en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.La Defensoría recordó que este territorio ya había sido priorizado en una alerta temprana, y señaló que la continuidad de los enfrentamientos evidencia el deterioro en la seguridad, especialmente en un periodo en el que las familias realizan actividades agrícolas y se movilizan de manera constante por la zona.También informó que estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres ocasiones, mediante comunicaciones en las que se advierte la materialización de riesgos graves y se solicita la adopción de medidas urgentes de protección. No obstante, señalan que hasta el momento no se evidencian respuestas con impacto en el territorio.De acuerdo con la entidad, los enfrentamientos han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explosionar, así como por amenazas, homicidios selectivos y el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento. La situación es especialmente grave para niños, niñas y adolescentes, ante el peligro de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados.La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de cometer acciones que los pongan en peligro, y pidió al Estado acciones inmediatas para proteger a las comunidades y evitar que la situación humanitaria siga agravándose en esta zona del país.“Además, recuerda que en el marco de los compromisos adquiridos en el Ciclo VII de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el frente hizo expresa su voluntad de desescalar las afectaciones a civiles. Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”, añaden.Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA también expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, así como en otras zonas del departamento del Caquetá.Según la misión, los hechos registrados en los últimos días representan graves riesgos para la población civil, en especial para líderes y lideresas sociales, y para niños, niñas y adolescentes de la región.La MAPP/OEA rechazó de manera categórica estas acciones y pidió el cese inmediato de la violencia, recordando a los grupos armados su obligación de respetar la vida, la integridad y la movilidad de la población civil. Además, reiteró la necesidad de no obstaculizar la labor de quienes adelantan acciones humanitarias y de construcción de paz en los territorios.
La Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa, ASSPPMIDEFENSA, que incluye a los administrativos y trabajadores de la cartera, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ser incluidos en la mesa técnica donde se discute la nivelación salarial del personal militar.El sindicato, que agrupa a más de 300 trabajadores civiles no uniformados del sector Defensa, aseguró que existe una desigualdad salarial y prestacional frente a los militares, pese a que muchos civiles desempeñan funciones administrativas, operativas y de apoyo con responsabilidades similares y, en varios casos, con altos niveles de riesgo laboral.En la solicitud, la asociación recordó que históricamente los civiles han acompañado a las Fuerzas Militares desde labores administrativas hasta apoyo logístico y operativo, incluyendo conductores, mecánicos y personal de servicios, algunos de los cuales resultaron heridos o perdieron la vida en el marco del conflicto.El gremio también señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los civiles del sector Defensa contaban con mejores condiciones salariales y pensionales, amparadas por normas como el Decreto Ley 1214 de 1990. Sin embargo, tras su inclusión en el régimen general, aseguran haber sufrido un deterioro en sus ingresos, prestaciones y expectativas de pensión, pese a un aumento en la carga laboral.“Muchos de los trabajadores cuentan con más de 20 años de servicio y aún a la espera de una década más para pensionarse, han adquirido enfermedades laborales por estrés y sobrecarga laboral. Con habernos incluido en la Ley 100 de 1993 nos compararon con cualquier otro civil que labora con el Estado a sabiendas que nosotros tenemos un alto grado de riesgo mayor que el de otros ministerios”, aseguró el sindicato en un documento.La organización sindical afirmó estar lista para participar en la mesa técnica y aportar elementos jurídicos y técnicos que permitan avanzar hacia una negociación que, según indican, dignifique el trabajo del personal civil del Ministerio de Defensa, en línea con los principios de equidad laboral y protección constitucional de los derechos de los trabajadores.
La Alcaldía de Bogotá denunció que se presentó un nuevo bloqueo al ingreso de los equipos de las secretarías de Integración Social y de Salud en la UPI La Florida, lo que impidió la prestación de servicios sociales y de salud a la población emberá que permanece en el lugar, con afectación especial a niños, niñas y adolescentes.De acuerdo con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, el bloqueo se produjo luego de que cuatro voceros de la comunidad pusieran condiciones para su ingreso. “El día de ayer, en una reunión interinstitucional, nos amenazaron y dijeron que si no los contratábamos en servicios de infancia no iban a permitir que ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Integración Social entraran a la Unidad Operativa”, afirmó Angulo.La Alcaldía Distrital señaló que esta exigencia constituye una forma de presión indebida que interrumpe la atención institucional y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales, particularmente los de niños, niñas y adolescentes. “No es posible ni es admisible que una vocería dedicada a buscar sus intereses particulares se atraviese para que nosotros podamos llegar con servicios sociales a una población en exclusión extrema como es la comunidad emberá en Bogotá”, añadió el secretario de Integración Social.Como antecedente, la Alcaldía recordó que el pasado 4 de febrero, y en presencia de organismos de control, se socializó con los voceros emberá la oferta dirigida a la niñez, que incluye servicios de jardines infantiles y el programa Atrapasueños al interior de la UPI. Sin embargo, tras ese espacio de diálogo, se anunció que el ingreso de los equipos distritales sería bloqueado si no se accedía a las solicitudes de contratación.La Administración Distrital rechazó cualquier acción que limite o impida el acceso a servicios de salud y atención social, y reiteró que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden ser objeto de negociación. Asimismo, hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado para garantizar su protección integral, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política.
Una coalición de grupos defensores de migrantes en Estados Unidos emitió este jueves "una alerta de viaje" para advertir a turistas internacionales, en particular latinos, del peligro que corren por las redadas migratorias y abusos si acuden a Florida para el Mundial de Fútbol 2026.Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés) lanzaron un sitio web para advertir a los fanáticos que acudan a Miami, donde habrá siete partidos, de "riesgos sin precedentes de perfilamiento racial, detención ilegal en condiciones inhumanas y violaciones a derechos humanos"."Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales", expresó Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC. "Los visitantes internacionales deben preguntarse si vale la pena, por un partido de fútbol, correr el riesgo de un secuestro o un encarcelamiento", añadió.La alerta se produce mientras crecen las críticas contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes del Mundial, pues el expresidente de la FIFA, Joseph Blater, sugirió la semana pasada a los aficionados mantenerse "lejos de Estados Unidos".Las asociaciones civiles recomendaron ahora, en una conferencia frente a la sede de la FIFA en Miami, donde jugarán Colombia, Uruguay y Brasil, que los latinoamericanos consideren ir a México o Canadá en vez de Estados Unidos, que será sede de 78 de los 104 partidos que habrá del 11 de junio al 19 de julio."Florida en este momento no es un lugar seguro para muchos de los fanáticos que están siendo invitados. Bajo la presión autoritaria del presidente Trump y del Gobernador (Ron) DeSantis, las agencias policiales locales se han convertido en instrumentos de persecución", comentó Ysabella Osses, del grupo Florida Rising.Los activistas citaron el caso de dos hermanos mexicanos, uno casado con una estadounidense y otro con visa de turista, a los que la policía de Florida detuvo el año pasado y envió a 'Alligator Alcatraz', centro de detención en una zona natural al oeste de Miami.También citaron el caso de un ciudadano alemán de 25 años, Lucas Sielaff, que denunció que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo esposaron a él y a su prometida cuando intentaron visitar San Diego, en California, desde la ciudad mexicana de Tijuana.Las asociaciones, que negaron que estén pidiendo un boicot, avisaron que Florida firmó más del 80 % de todos los acuerdos de colaboración con ICE, lo que "ha convertido a policías locales en agentes migratorios"."No estamos aquí para esparcir miedo o pánico, estamos aquí para ofrecer un golpe de realidad", expuso Dariel Gómez, organizador de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) de Florida.
Fenalco puso en la lupa el futuro del empleo formal en Colombia, pues el 71 % del gremio de los empresarios y comerciantes ya tuvo que despedir o planea despedir a sus trabajadores como consecuencia del aumento del salario mínimo en un 23 %, la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral, un escenario que califican como el más crítico de los últimos 18 meses.Estos ajustes también se trasladan al costo de operación de las empresas y al bolsillo de los consumidores. El 31 % de las compañías anunció que incrementará el precio para tener mayor rentabilidad, el 28 % acelerará procesos de automatización y el 21 % congelará las nuevas contrataciones.Estas decisiones, advierte Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afecta directamente a la generación de empleo formal y estaría profundizando la desaceleración económica del sector comercial .El presidente de Fenalco calificó los resultados como “altamente alarmantes”. Según el dirigente, cerca del 50 % de los empresarios manifestó tener un alto riesgo de enfrentar dificultades para sostener su operación. “Estamos empezando y no sabemos qué va a pasar a mitad de año ni cómo vamos a terminar el 2026”, advirtió.También se reveló un deterioro acelerado de la competitividad frente a la informalidad. El 66 % de los empresarios afirma que la informalidad ha aumentado en su sector, lo que debilita la formalidad y generaría una competencia desigual.Cabal señaló sobre el tema que, aunque el Gobierno podría argumentar que no se reflejará una pérdida de empleo en las cifras oficiales de desempleo, el impacto real se dará en la calidad del empleo. “No se trata solo de desempleo, sino de empleo formal. Lo que estamos previendo es que la brecha de competitividad con la informalidad pase del 56 % en agosto de 2025 a un 64 % en la actualidad”, explicó.Desde Fenalco insisten en que, sin políticas de transición ni compensaciones en productividad, el aumento del salario mínimo y las reformas laborales están trasladando el ajuste al empleo, a los precios y a la sostenibilidad empresarial, en un contexto que amenaza con debilitar aún más el tejido productivo del país.
Lo que comenzó como una jornada laboral ordinaria el pasado 30 de enero, se transformó en una tragedia que hoy tiene a una familia santandereana clamando por justicia. María Fernanda Vargas Díaz, una joven de 22 años de edad, que trabajaba desde noviembre en un establecimiento hotelero de Bucaramanga, permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Universitario de Santander tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo, en medio de presuntas irregularidades laborales.El drama, relatado por la mamá, Liliana Díaz, pone al descubierto una alarmante desprotección prestacional. Según la denuncia, al momento de ingresar de urgencia al centro hospitalario, se constató que la joven no contaba con vinculación a seguridad social ni a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), pese a desempeñar funciones en el hotel desde hace tres meses. Ante esta situación, el hospital debió realizar el registro bajo el régimen subsidiado para garantizar la atención inicial de la paciente.“Yo llego al hospital y después llega la ambulancia y cuando yo veo que entra mi hija, casi totalmente desnuda, quemadita… me dicen que vaya y me registre. Y oh, sorpresa, no tiene seguridad social, no tiene ARL, no tiene nada. El hospital muy amablemente me colabora y pasa por régimen subsidiado. El caso aquí es que mi hija sufrió un accidente laboral, no es que ella era una huésped. Ella es una niña de 22 años que tiene toda la vida por delante, que tiene muchos sueños, en el nombre de Dios ella se va a sanar”, expresó la madre en diálogo con Blu Radio.El accidente ocurrió en dos tiempos, según el crudo relato basado en testimonios y registros de video. Inicialmente, María Fernanda sufrió quemaduras leves en sus manos; sin embargo, en lugar de ser remitida a un centro médico, se le habría aplicado un ungüento para que continuara con sus labores. Minutos después, mientras intentaba encender una cocina donde se calienta la comida (se utiliza alcohol etílico), procedimiento que realizaba con dificultad debido a sus lesiones previas, se produjo una deflagración que la envolvió en llamas.Las secuelas son devastadoras. El fuego alcanzó su rostro, cuello, pecho y extremidades inferiores. Mientras la joven lucha por su recuperación y por mantener vivos sus sueños, su familia exige que el establecimiento asuma la responsabilidad por lo ocurrido.“Lo mejor, lo que quiero es de verdad que mi hija tenga algo integral, que ella quede muy bien en el nombre de Dios. Estoy agradecida con todo el mundo, incluso hasta aquí con el Hospital. Han sido muy humanos con mi hija. La parte médica, enfermeras, jefes, doctores e incluso la parte de donación de sangre han estado muy atentas a ella y las oraciones de todos ustedes”, concluyó la madre de María Fernanda.Blu Radio se comunicó con el hotel donde ocurrió el accidente y precisaron que el abogado del establecimiento revisará el tema y posteriormente hablarían del tema.
Por cerca de dos horas, nuevamente cielos oscuros y lluvias generaron inquietud en varias zonas de Medellín y el Valle de Aburrá, pues organismos de gestión del riesgo en la subregión metropolitana siguen en alerta ante posibles emergencias por las precipitaciones que continúan en Antioquia y han ocasionado emergencias en zonas como Urabá.Durante el evento climatológico, el Sistema de Alertas Tempranas reportó 28 descargas eléctricas en cuestión de 30 minutos, 27 de ellas en la capital antioqueña y la restante en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá.También, se registraron aumento en niveles de riesgo naranja para sectores de la quebrada Santa Elena como La Paz, La Estrechura y Caicedo. Además, nivel de riesgo rojo para la quebrada La Presidenta en el sector del Éxito de El Poblado, el mismo afluente que ocasionó graves inundaciones hace varios días en vías principales del sur de la ciudad como las avenidas Regional y Las Vegas.Sin embargo, la situación más compleja se reportó en el oriente de la ciudad, pues por un movimiento en masa cerca del sector Paso Malo quedó totalmente inhabilitada la vía principal hacia el corregimiento de Santa Elena.Mientras avanzan las labores de inspección del terreno y la remoción de material para habilitar el corredor, las autoridades de movilidad recomendaron tomar como vías alternas para llegar a esta zona rural la ruta vereda Llano, vereda Perico y Pantanillo, para salir hacia la avenida Las Palmas. De igual manera, se puede tomar la Autopista Medellín – Bogotá y la vía al Parque Arví.
Ante la emergencia generada por la primera temporada de lluvias de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de articular acciones para atender las afectaciones en el sector educativo y asegurar la prestación del servicio.De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se registran 426 sedes educativas afectadas en cerca de 15 departamentos por daños en infraestructura y por la interrupción de vías de acceso, lo que ha limitado el desarrollo de las actividades académicas en varias zonas del país.El escenario podría agravarse en los próximos días, según el Boletín 104 del Ideam del 4 de febrero de 2026, que declaró alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca.El Ministerio de Educación orientó a las 97 Entidades Territoriales Certificadas a activar sus Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, en el marco de la política de gestión del riesgo en el sector. Entre las medidas impartidas están la identificación de sedes vulnerables, la realización de adecuaciones en infraestructura cuando sea posible, la protección de materiales pedagógicos y la implementación de estrategias de educación en emergencias para dar continuidad a las clases.Debido a la magnitud de la situación, la cartera de Educación planteó la necesidad de desplegar acciones a nivel nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. La activación del comité busca coordinar apoyos interinstitucionales, atender los daños en la infraestructura educativa e iniciar procesos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Leonardo Huerta, precandidato presidencial y abogado con diez títulos académicos, oficializó su participación en la denominada "Consulta de las Soluciones", donde se enfrentará a la exalcaldesa Claudia López el próximo 8 de marzo. Tras recolectar firmas de manera independiente durante siete meses, Huerta se presenta como una alternativa de centro frente a las estructuras políticas tradicionales de Colombia.Quién es Leonardo Huerta y su trayectoria académicaEl aspirante se define como un ciudadano forjado en la educación pública y la academia. "Yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando", afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M. Huerta destacó su preparación profesional como una de sus mayores fortalezas para dirigir el país, tras haber aplazado la revisión de su tesis doctoral para enfocarse en la campaña.Además de su faceta como profesor, el precandidato ocupó cargos técnicos como Defensor del Pueblo para el derecho a la salud y Secretario de Educación de Pereira, donde resaltó la entrega de tres instituciones educativas en un solo año.Cómo se financia la campaña de Leonardo HuertaAnte los cuestionamientos sobre el origen de sus recursos, Huerta aclaró que su campaña se sostiene con ahorros personales y la liquidación de su cargo en la Defensoría. "Con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia", explicó, desmarcándose de las financiaciones de grandes partidos o grupos económicos.Asimismo, aclaró que la reposición de votos no es un beneficio automático ni lucrativo, sino un reembolso de gastos debidamente facturados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Propuestas de Leonardo Huerta para la PresidenciaUbicado en el centro político, Huerta propone un enfoque de "soluciones inoculpables", alejándose de la polarización entre izquierda y derecha. Su estrategia para ganar la consulta se basa en capitalizar el voto del electorado que busca figuras nuevas. "El outsider es el que nadie conoce. Estoy convencido de que la gente en esta elección va a votar por el outsider", sentenció con optimismo frente a su competencia con López.
El Ejército de Colombia recibió este viernes once vehículos blindados para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales, como resultado de los compromisos de cooperación en defensa alcanzados tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el pasado martes en la Casa Blanca.El acto militar tuvo lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el centro del país, y estuvo presidido por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, y por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien dejará el cargo la próxima semana tras anunciar su jubilación.La entrega se realizó con motivo del acuerdo de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), gracias al cual Colombia ha podido financiar en los últimos años helicópteros, vehículos blindados y otros sistemas destinados a la lucha contra grupos armados ilegales y el narcotráfico.Según informó el Ejército en X, los once vehículos ASV M1117 Guardián "se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la fuerza".Este será uno de los últimos actos públicos de McNamara al frente de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, cargo que ocupa desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios a Francisco Palmieri ante la demora en la designación de un nuevo embajador.Con más de dos décadas en el servicio diplomático y cuatro asignaciones en Colombia, McNamara, veterano del Ejército estadounidense y graduado de la Academia Militar de West Point, ha desempeñado un papel relevante en la relación bilateral, especialmente durante la reciente crisis entre Washington y Bogotá.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio inicio formal a sus actividades en Colombia con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República previstas para 2026, marcando el comienzo de un acompañamiento internacional que abarcará todas las etapas del proceso electoral. Este despliegue se realiza en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha manifestado su disposición para facilitar el trabajo técnico e independiente de la misión.Como parte de esta fase inicial, el equipo directivo de la Registraduría sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la MOE UE, encuentro orientado a consolidar la articulación institucional y a definir mecanismos de coordinación que permitan un flujo constante y oportuno de información. El objetivo central es garantizar condiciones de apertura, transparencia y acceso a los datos necesarios para el ejercicio riguroso de la observación electoral en el país.Durante la reunión, se confirmó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional. Estos expertos internacionales realizarán seguimiento a las diferentes fases del proceso, desde la organización y preparación de los comicios hasta la jornada electoral y las etapas posteriores. La Registraduría Nacional brindará el acompañamiento institucional requerido, subrayando el respeto absoluto por la autonomía y neutralidad que caracteriza a este tipo de misiones.En el marco del encuentro, la autoridad electoral presentó de manera detallada el plan logístico y operativo previsto para las elecciones de 2026. Este contempla la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán ubicados dentro del territorio colombiano y 254 funcionarán en el exterior, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos residentes fuera del país. Asimismo, se expusieron las estrategias de coordinación interinstitucional diseñadas para asegurar condiciones adecuadas de seguridad durante todo el proceso electoral.Uno de los ejes centrales de la conversación fue el abordaje de asuntos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la integridad electoral. Entre ellos se destacaron el uso de herramientas tecnológicas en la organización y supervisión de los comicios, las acciones orientadas al monitoreo y combate de la desinformación, así como las medidas destinadas a proteger el secreto del voto. También se discutió la realización de simulacros electorales, en los cuales la Misión de Observación participará como parte de su labor de evaluación y seguimiento.José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, resaltó la importancia de este primer acercamiento institucional. Según indicó, el encuentro evidencia la disposición de la Registraduría Nacional para permitir la presencia de observadores internacionales en todas las fases del proceso. Además, subrayó que mantener un contacto permanente resulta fundamental para asegurar que la información circule de manera adecuada y que la misión pueda dar testimonio informado, objetivo y riguroso sobre la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia.Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y la credibilidad del proceso electoral, así como con el fortalecimiento de la confianza ciudadana. En este sentido, reafirmó su respaldo al trabajo de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, reconociéndolas como actores clave para el fortalecimiento de la democracia colombiana y para la garantía de procesos electorales confiables y legítimos.
La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
El presidenteGustavo Petro, volvió a referirse a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será "determinante" para él y para "la vida de la humanidad"."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.En el mismo escenario, Petro cuestionó el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, tras un discurso improvisado a favor de la causa Palestina en septiembre pasado en Nueva York después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para otorgársela ahora, previo a su viaje a Washington el próximo domingo."Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero", indicó el mandatario.Además, Petro reveló que norteamericanos le dijeron al presidente Trump que su esposa, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había recibido dineros de Nicolás Maduro para financiar a grupos en Colombia, una acusación que, da a entender, EE.UU. desestimó."Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira", dijo."Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo 'indictment' (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro", prosiguió.Más temprano este martes, en otro evento oficial también en Bogotá, Petro manifestó que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario chavista."Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.Las declaraciones de Petro se dan a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Petro, que se presenta a sí mismo como un jaguar suramericano que rivaliza con el águila estadounidense y que temía una operación militar en su contra como la que depuso a Maduro, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.Sin embargo, la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.
A través del decreto 019 del 2026 expido por la Alcaldía de Neiva, las autoridades regularán y le harán control a todo tipo de material publicitario, incluso, hasta la pauta radial de los candidatos que por estos días adelantan sus campañas políticas para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.La directora de Justicia de Neiva, Diana Margarita Morales Cortés, explicó que, para la instalación de cualquier de estos elementos publicitarios, las organizaciones políticas y campañas deberán solicitar previamente un permiso ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.“Este acto administrativo busca establecer límites claros para cada uno de los candidatos, campañas y grupos políticos en relación con el material electoral que será expuesto en los espacios públicos. Con este decreto, la Administración Municipal busca generar equidad, confianza y transparencia en la contienda electoral, además de proteger el espacio público y reducir la contaminación visual en nuestra ciudad”, expresó la directora de Justicia, Diana Morales.¿Cómo regularán la propaganda política en Neiva?La directora de Justicia, Morales Cortés, señaló que, en cuanto a la publicidad en medios de comunicación, el decreto autoriza la emisión de hasta 70 cuñas radiales y 70 cuñas televisivas, cada una con una duración máxima de 30 segundos.Asimismo, se permite la publicación de cinco avisos diarios por campaña en prensa escrita, los cuales podrán ocupar una página por edición. También se autoriza la publicidad móvil, siempre en cuando hallan solicitado la autorización previa de la Secretaría de Movilidad de Neiva.Por otra parte, el decreto establece zonas y espacios donde está estrictamente prohibida la instalación de publicidad electoral. Entre estos se encuentran el tramo de la calle Cuarta, Avenida La Toma, la carrera Octava y la Avenida Circunvalar, con excepción de las sedes oficiales de los candidatos.De igual manera, se prohíbe la instalación de material publicitario político o electoral en separadores viales, zonas verdes, postes, puentes, parques, rondas hídricas, murales, instituciones educativas y puestos de votación.Por último, la funcionaria les advirtió a los movimientos políticos y candidatos que una vez termine la jornada electoral de Congreso, se establecerá un plazo máximo de 48 horas para el desmonte o retiro de toda la publicidad instalada, de lo contrario se tomarán sanciones para quienes incumplan la norma.
Juan Fernando Cristo ha confirmado su retiro definitivo de la consulta interpartidista del 8 de marzo, asegurando que el bloque político que se había intentado construir originalmente ha dejado de existir. Según el líder de En Marcha, la exclusión o las dificultades legales de ciertos sectores han alterado la naturaleza del acuerdo programático inicial."La coalición que se había conformado desapareció. Es totalmente absurdo e inconveniente ir a una consulta o conformar una coalición de centro izquierda sin la participación del candidato de la izquierda y la participación del Pacto Histórico", indicó Cristo.A su vez, dijo que el acuerdo programático que se había radicado en la legisladuría, ya no existe."Ya lo que tenemos hoy es una coalición y una consulta distinta. Quedó desaparecida la figura de la consulta en donde podíamos competir todos. Yo creo que eso desnaturaliza mucho esa posibilidad para el 8 de marzo", indicó.Sobre las diferencias con Iván Cepeda y el Pacto HistóricoEl precandidato señala que el propósito de la consulta era debatir visiones de país opuestas, algo que ahora deberá hacerse directamente en las elecciones de mayo."Coincidimos en la necesidad de profundizar las reformas sociales, pero tenemos profundas diferencias en materia de seguridad, en materia institucional frente al tema de la constituyente. Me parece que era el escenario y la oportunidad para plantear muchas diferencias que tenemos desde En Marcha con el candidato Iván Cepeda y con el Pacto Histórico", expresó Juan Fernando Cristo en Mañanas Blu.Sobre la decisión de ir a la primera vueltaAnte el nuevo panorama, Cristo ha decidido medir sus fuerzas directamente en la contienda presidencial de mayo y fortalecer su presencia en el Congreso."Consultamos con los candidatos al Congreso de En Marcha y creemos que el camino es ir a la primera vuelta. Esa decisión ya es definitiva", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno recibió a 101 colombianos deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), informó la Cancillería.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, entre los retornados hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes "recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno".Según las imágenes difundidas por la Cancillería, la mayoría de los retornados descendieron del avión con chándales grises de los centros de detención en los que estaban recluidos en Estados Unidos y portando grandes sacos plásticos con sus pertenencias.A pie de pista los esperaban tres autobuses dispuestos para su traslado, en medio del operativo coordinado por la FAC y las autoridades migratorias.La canciller Rosa Villavicencio, anunció la semana pasada la firma de un acuerdo entre Bogotá y Washington con el que pactaron realizar cerca de veinte vuelos, a razón de uno semanal, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión."Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas (...) y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal", explicó entonces la ministra.El anuncio se produjo tras la reactivación de los vuelos de repatriación, un año después de una crisis diplomática que se desató cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.En ese momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con la imposición de aranceles del 25% a productos colombianos y la suspensión temporal de la expedición de visados en Bogotá, medidas que fueron revertidas tras gestiones diplomáticas.Villavicencio ha reiterado que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con una situación migratoria irregular y no de delincuentes.Asimismo, recordó que, de acuerdo con la ley política integral migratoria, los deportados son considerados "retornados", lo que les permite acceder a programas de acompañamiento para su inclusión social, educativa y laboral.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.