Hace unos meses surgió una controversia tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para ser embajador, incluso, sindicatos de la Cancillería alzaron la voz para oponerse a esto.Blu Radio conoció un auto en donde el Consejo de Estado admite para estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que pidió anular la norma con la que la Cancillería actualizó el manual de funciones de la entidad y suprimió la exigencia de conocimientos en idiomas para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.Los demandantes sostienen que el cambio afecta la profesionalización del servicio diplomático y vulnera principios constitucionales como la eficacia y la celeridad administrativa.Señalan que un embajador que no domine el idioma del país de destino o una lengua de uso diplomático dependerá de traductores, lo que genera barreras de comunicación, demoras y mayores costos para el Estado.La Fundación también cuestiona el trámite con el que se expidió la resolución y aseguran que el proyecto solo estuvo cinco días en consulta pública y que, pese a recibir observaciones de organizaciones y expertos, el Ministerio no introdujo ninguna modificación antes de expedir el acto definitivo.Otro de los puntos claves de la demanda es que, según los accionantes, la eliminación del requisito habría respondido a una directriz política y no a criterios técnicos.En el documento señalan que, en junio de 2025, el presidente Gustavo Petro a través de un consejo de ministros manifestó públicamente su intención de suprimir requisitos para ser embajador, con el argumento de democratizar el acceso a esos cargos.Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y le concedió un plazo de 30 días para responder. Pero además pidió remitir todo el expediente administrativo relacionado con la expedición de la norma.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
Ese viernes el presidente Gustavo Petro anunció que declarará la emergencia económica en los departamentos de Córdoba y Sucre ante la grave crisis generada por las lluvias. El mandatario no descartó extenderla a todo el país y pide a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica.El jefe de Estado confirmó que las emergencias dejan hasta el momento 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas y 35.000 hectáreas inundadas en todo el país, siendo la región Caribe la más afectada.En desarrollo...
Este viernes quedó definido el tarjetón para votar una de las 3 consultas el 8 de marzo. De acuerdo con el sorteo de la Registraduría, en el primer lugar estará la consulta de las soluciones, en la mitad aparecerán los candidatos de la Gran Consulta por Colombia y al final del tarjetón aparecerán los cinco candidatos del Frente por la Vida.El sorteo dejó en firme la ubicación oficial de cada bloque en el documento que recibirán los ciudadanos en sus mesas de votación. Según explicó la Registraduría, las tres consultas aparecerán claramente diferenciadas en un mismo tarjetón, el cual deberá ser solicitado expresamente por el elector si desea participar en alguno de estos procesos interpartidistas.En la parte superior del tarjetón estará la consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, que contará con dos candidatos ubicados en ese primer bloque. Más abajo figurará la Gran Consulta por Colombia, que incluye nueve aspirantes organizados en el orden definido por el sorteo. Finalmente, en la parte inferior aparecerá la consulta del Frente por la Vida, con cinco candidatos habilitados.En el caso del Frente por la Vida, el tarjetón sufrió cambios tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no avalar la candidatura de Iván Cepeda. Así, las cinco caras que quedarán impresas son las de Héctor Elías Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Estos nombres ocuparán el último segmento del documento.El proceso también ha estado marcado por movimientos políticos recientes. El retiro de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo generó un fuerte pronunciamiento de Roy Barreras, quien afirmó que estas decisiones fragmentan el progresismo. Posteriormente, el candidato confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro y anunció que hará un pronunciamiento al país en las próximas horas. A esto se sumó la renuncia de Camilo Romero a la consulta.La Registraduría recordó que cada ciudadano recibirá tres tarjetas el día de la votación: una para la consulta interpartidista —si la solicita—, otra para el Senado y una más para la Cámara de Representantes. Es clave marcar únicamente una opción en la consulta escogida para evitar que el voto sea anulado. Con el sorteo ya realizado, el camino queda despejado para la jornada electoral del 8 de marzo.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, instó este jueves al chavismo a pedir perdón y a perdonar a propósito del primer debate del proyecto de ley de amnistía propuesto por su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, para los presos políticos."Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también, pedimos perdón porque lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos", dijo Rodríguez durante la sesión.El diputado, que inició su intervención recordando la historia de su padre, quien, dijo, fue asesinado por un extinto cuerpo policial en el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, pidió también a los disputados ponerse "la mano en el corazón" y preguntarse si "han rectificado"."Que no quede una víctima que no haya sido escuchada", pidió también Rodríguez.El Parlamento de Venezuela, de contundente mayoría chavista, aprobó este jueves en un primer debate la propuesta de ley de amnistía anunciada por Rodríguez, quien quedó al frente del Ejecutivo tras la captura de Maduro.La propuesta de ley abarca desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder, hasta la actualidad, pero excluye a aquellos procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto en el Parlamento sin revelar el contenido total de la ley.Jorge Rodríguez insistió "en la necesidad de sanación, en la necesidad de restañar las heridas, en la necesidad de siempre tener presente la madrugada del 3 de enero del año 2026, el asesinato de 120 seres humanos, el secuestro del presidente".El parlamentario se refería así al ataque que sufrió Venezuela la madrugada del 3 de enero por parte de Estados Unidos y que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, ambos ahora detenidos en Nueva York."¿Ustedes van a pedir por sus presos? Nosotros vamos a pedir mientras nos quede vida por nuestros presos, por Nicolás Maduro Moros, por nuestro secuestrados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro", continuó.El proyecto legislativo llega en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por Jorge Rodríguez. Desde esa fecha, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal que hasta el 2 de febrero cifraba en 687 los detenidos.Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el lunes el total de excarcelados en 895 desde noviembre y negó la existencia de presos políticos en el país.La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con especial presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la constancia de sus sorteos lo han convertido en una referencia obligada para quienes consultan a diario los resultados del chance en esta zona del país.El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: 3507 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 3507Dos últimas cifras: 07Tres últimas cifras: 507La quinta: 6Desde 2025, este juego de azar permite a los apostadores incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas. Esta modalidad ha añadido un nuevo atractivo para quienes buscan mayores premios.En el Sinuano Noche se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, según la modalidad elegida.A qué hora juega Sinuano NocheEl sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.Cómo se juega el chanceEste juego ofrece distintas modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?El trámite para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.Documentos requeridos para cualquier premio:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos sorteos chance Sinuano NocheSorteoFechaResultadoSinuano Noche4 Febrero 20265021 - 5Sinuano Noche3 Febrero 20266253 - 0Sinuano Noche2 Febrero 20269408 - 7Sinuano Noche1 Febrero 20263371 - 4Sinuano Noche31 Enero 20269512 - 9Sinuano Noche30 Enero 20265143 - 7Sinuano Noche29 Enero 20260660 - 9Sinuano Noche28 Enero 20267089 - 0Sinuano Noche27 Enero 20262443 - 0Sinuano Noche26 Enero 20266660 - 0Sinuano Noche25 Enero 20262448 - 0Sinuano Noche24 Enero 20268756 - 0Sinuano Noche23 Enero 20268450 - 3
Camilo Romero se baja de la consulta del Frente por la Vida y se adhiere a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.Vale recordar que el presidente Gustavo Petro anunció que no votará la consulta del 8 de marzo. Esto, luego de que el CNE no permitiera a Iván Cepeda integrar la consulta. “Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.
La Defensoría del Pueblo alertó por los enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias al mando de alias 'Calarcá Córdoba', y la Segunda Marquetalia, que desde finales de diciembre se registran en las veredas Linderos y La Libertad, en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.La Defensoría recordó que este territorio ya había sido priorizado en una alerta temprana, y señaló que la continuidad de los enfrentamientos evidencia el deterioro en la seguridad, especialmente en un periodo en el que las familias realizan actividades agrícolas y se movilizan de manera constante por la zona.También informó que estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres ocasiones, mediante comunicaciones en las que se advierte la materialización de riesgos graves y se solicita la adopción de medidas urgentes de protección. No obstante, señalan que hasta el momento no se evidencian respuestas con impacto en el territorio.De acuerdo con la entidad, los enfrentamientos han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explosionar, así como por amenazas, homicidios selectivos y el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento. La situación es especialmente grave para niños, niñas y adolescentes, ante el peligro de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados.La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de cometer acciones que los pongan en peligro, y pidió al Estado acciones inmediatas para proteger a las comunidades y evitar que la situación humanitaria siga agravándose en esta zona del país.“Además, recuerda que en el marco de los compromisos adquiridos en el Ciclo VII de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el frente hizo expresa su voluntad de desescalar las afectaciones a civiles. Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”, añaden.Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA también expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, así como en otras zonas del departamento del Caquetá.Según la misión, los hechos registrados en los últimos días representan graves riesgos para la población civil, en especial para líderes y lideresas sociales, y para niños, niñas y adolescentes de la región.La MAPP/OEA rechazó de manera categórica estas acciones y pidió el cese inmediato de la violencia, recordando a los grupos armados su obligación de respetar la vida, la integridad y la movilidad de la población civil. Además, reiteró la necesidad de no obstaculizar la labor de quienes adelantan acciones humanitarias y de construcción de paz en los territorios.
La Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa, ASSPPMIDEFENSA, que incluye a los administrativos y trabajadores de la cartera, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ser incluidos en la mesa técnica donde se discute la nivelación salarial del personal militar.El sindicato, que agrupa a más de 300 trabajadores civiles no uniformados del sector Defensa, aseguró que existe una desigualdad salarial y prestacional frente a los militares, pese a que muchos civiles desempeñan funciones administrativas, operativas y de apoyo con responsabilidades similares y, en varios casos, con altos niveles de riesgo laboral.En la solicitud, la asociación recordó que históricamente los civiles han acompañado a las Fuerzas Militares desde labores administrativas hasta apoyo logístico y operativo, incluyendo conductores, mecánicos y personal de servicios, algunos de los cuales resultaron heridos o perdieron la vida en el marco del conflicto.El gremio también señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los civiles del sector Defensa contaban con mejores condiciones salariales y pensionales, amparadas por normas como el Decreto Ley 1214 de 1990. Sin embargo, tras su inclusión en el régimen general, aseguran haber sufrido un deterioro en sus ingresos, prestaciones y expectativas de pensión, pese a un aumento en la carga laboral.“Muchos de los trabajadores cuentan con más de 20 años de servicio y aún a la espera de una década más para pensionarse, han adquirido enfermedades laborales por estrés y sobrecarga laboral. Con habernos incluido en la Ley 100 de 1993 nos compararon con cualquier otro civil que labora con el Estado a sabiendas que nosotros tenemos un alto grado de riesgo mayor que el de otros ministerios”, aseguró el sindicato en un documento.La organización sindical afirmó estar lista para participar en la mesa técnica y aportar elementos jurídicos y técnicos que permitan avanzar hacia una negociación que, según indican, dignifique el trabajo del personal civil del Ministerio de Defensa, en línea con los principios de equidad laboral y protección constitucional de los derechos de los trabajadores.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Ante la emergencia generada por la primera temporada de lluvias de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de articular acciones para atender las afectaciones en el sector educativo y asegurar la prestación del servicio.De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se registran 426 sedes educativas afectadas en cerca de 15 departamentos por daños en infraestructura y por la interrupción de vías de acceso, lo que ha limitado el desarrollo de las actividades académicas en varias zonas del país.El escenario podría agravarse en los próximos días, según el Boletín 104 del Ideam del 4 de febrero de 2026, que declaró alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca.El Ministerio de Educación orientó a las 97 Entidades Territoriales Certificadas a activar sus Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, en el marco de la política de gestión del riesgo en el sector. Entre las medidas impartidas están la identificación de sedes vulnerables, la realización de adecuaciones en infraestructura cuando sea posible, la protección de materiales pedagógicos y la implementación de estrategias de educación en emergencias para dar continuidad a las clases.Debido a la magnitud de la situación, la cartera de Educación planteó la necesidad de desplegar acciones a nivel nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. La activación del comité busca coordinar apoyos interinstitucionales, atender los daños en la infraestructura educativa e iniciar procesos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Leonardo Huerta, precandidato presidencial y abogado con diez títulos académicos, oficializó su participación en la denominada "Consulta de las Soluciones", donde se enfrentará a la exalcaldesa Claudia López el próximo 8 de marzo. Tras recolectar firmas de manera independiente durante siete meses, Huerta se presenta como una alternativa de centro frente a las estructuras políticas tradicionales de Colombia.Quién es Leonardo Huerta y su trayectoria académicaEl aspirante se define como un ciudadano forjado en la educación pública y la academia. "Yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando", afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M. Huerta destacó su preparación profesional como una de sus mayores fortalezas para dirigir el país, tras haber aplazado la revisión de su tesis doctoral para enfocarse en la campaña.Además de su faceta como profesor, el precandidato ocupó cargos técnicos como Defensor del Pueblo para el derecho a la salud y Secretario de Educación de Pereira, donde resaltó la entrega de tres instituciones educativas en un solo año.Cómo se financia la campaña de Leonardo HuertaAnte los cuestionamientos sobre el origen de sus recursos, Huerta aclaró que su campaña se sostiene con ahorros personales y la liquidación de su cargo en la Defensoría. "Con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia", explicó, desmarcándose de las financiaciones de grandes partidos o grupos económicos.Asimismo, aclaró que la reposición de votos no es un beneficio automático ni lucrativo, sino un reembolso de gastos debidamente facturados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Propuestas de Leonardo Huerta para la PresidenciaUbicado en el centro político, Huerta propone un enfoque de "soluciones inoculpables", alejándose de la polarización entre izquierda y derecha. Su estrategia para ganar la consulta se basa en capitalizar el voto del electorado que busca figuras nuevas. "El outsider es el que nadie conoce. Estoy convencido de que la gente en esta elección va a votar por el outsider", sentenció con optimismo frente a su competencia con López.
El Ejército de Colombia recibió este viernes once vehículos blindados para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales, como resultado de los compromisos de cooperación en defensa alcanzados tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el pasado martes en la Casa Blanca.El acto militar tuvo lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el centro del país, y estuvo presidido por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, y por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien dejará el cargo la próxima semana tras anunciar su jubilación.La entrega se realizó con motivo del acuerdo de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), gracias al cual Colombia ha podido financiar en los últimos años helicópteros, vehículos blindados y otros sistemas destinados a la lucha contra grupos armados ilegales y el narcotráfico.Según informó el Ejército en X, los once vehículos ASV M1117 Guardián "se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la fuerza".Este será uno de los últimos actos públicos de McNamara al frente de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, cargo que ocupa desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios a Francisco Palmieri ante la demora en la designación de un nuevo embajador.Con más de dos décadas en el servicio diplomático y cuatro asignaciones en Colombia, McNamara, veterano del Ejército estadounidense y graduado de la Academia Militar de West Point, ha desempeñado un papel relevante en la relación bilateral, especialmente durante la reciente crisis entre Washington y Bogotá.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio inicio formal a sus actividades en Colombia con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República previstas para 2026, marcando el comienzo de un acompañamiento internacional que abarcará todas las etapas del proceso electoral. Este despliegue se realiza en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha manifestado su disposición para facilitar el trabajo técnico e independiente de la misión.Como parte de esta fase inicial, el equipo directivo de la Registraduría sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la MOE UE, encuentro orientado a consolidar la articulación institucional y a definir mecanismos de coordinación que permitan un flujo constante y oportuno de información. El objetivo central es garantizar condiciones de apertura, transparencia y acceso a los datos necesarios para el ejercicio riguroso de la observación electoral en el país.Durante la reunión, se confirmó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional. Estos expertos internacionales realizarán seguimiento a las diferentes fases del proceso, desde la organización y preparación de los comicios hasta la jornada electoral y las etapas posteriores. La Registraduría Nacional brindará el acompañamiento institucional requerido, subrayando el respeto absoluto por la autonomía y neutralidad que caracteriza a este tipo de misiones.En el marco del encuentro, la autoridad electoral presentó de manera detallada el plan logístico y operativo previsto para las elecciones de 2026. Este contempla la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán ubicados dentro del territorio colombiano y 254 funcionarán en el exterior, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos residentes fuera del país. Asimismo, se expusieron las estrategias de coordinación interinstitucional diseñadas para asegurar condiciones adecuadas de seguridad durante todo el proceso electoral.Uno de los ejes centrales de la conversación fue el abordaje de asuntos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la integridad electoral. Entre ellos se destacaron el uso de herramientas tecnológicas en la organización y supervisión de los comicios, las acciones orientadas al monitoreo y combate de la desinformación, así como las medidas destinadas a proteger el secreto del voto. También se discutió la realización de simulacros electorales, en los cuales la Misión de Observación participará como parte de su labor de evaluación y seguimiento.José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, resaltó la importancia de este primer acercamiento institucional. Según indicó, el encuentro evidencia la disposición de la Registraduría Nacional para permitir la presencia de observadores internacionales en todas las fases del proceso. Además, subrayó que mantener un contacto permanente resulta fundamental para asegurar que la información circule de manera adecuada y que la misión pueda dar testimonio informado, objetivo y riguroso sobre la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia.Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y la credibilidad del proceso electoral, así como con el fortalecimiento de la confianza ciudadana. En este sentido, reafirmó su respaldo al trabajo de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, reconociéndolas como actores clave para el fortalecimiento de la democracia colombiana y para la garantía de procesos electorales confiables y legítimos.
La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.