La Universidad Nacional confirmó que está adecuando la capilla Cristo Maestro, ubicada en la sede de Bogotá, con el fin de albergar dignamente los restos mortales del padre Camilo Torres Restrepo, si su cuerpo logra identificarse plenamente.Así lo informó la vicerrectora Carolina Jiménez Martín, quien agregó que, si bien están pendientes de los resultados científicos finales, es necesario adelantar dichas intervenciones como parte del plan por honrar el legado de Torres a servicio de la institución y del país.La universidad reiteró ahora la propuesta a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, teniendo en cuenta la importancia del sacerdote para la institución desde su rol como estudiante de Derecho, docente de Sociología Urbana y Trabajo Social, editor de textos académicos, capellán de esa capilla y cofundador del Departamento de Sociología en 1960.“De allí que la Universidad Nacional haya albergado, desde que se produjo su fallecimiento, la esperanza de que en la capilla “Cristo Maestro” de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales; así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en este espacio sacro, que simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria por su profunda vinculación con la vida universitaria en las dimensiones académica y pastoral”, recordó la universidad.El pronunciamiento llega luego de conocerse una serie de trabajos en la capilla, así como la realización de grafitis alusivos al ELN en varias partes de la sede universitaria.Este 2026 se cumplen 60 años de la muerte de Torres, el llamado ‘Cura guerrillero’ y símbolo tanto de la lucha armada como política del ELN. Fue uno de los pioneros en Colombia de la Teología de la Liberación que priorizaba en atender la pobreza urbana y desigualdad rural siempre defendiendo la postura de un cristianismo atado a la realidad social.Dichas tareas, que lo llevaron por ejemplo a impulsar la creación de las juntas de acción comunal, las combinó como su trabajo académico y pastoral, en el que impulsó la visión de una universidad pública comprometida con esa realidad social avanzando en investigaciones fuera de la institución.Su nombre ha sido también símbolo del ELN, grupo al que se sumó poco antes de su muerte, el 15 de febrero de 1966, cuando cayó en su primer combate contra el Ejército colombiano.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda, así como Medicina Legal, informaron que estaban en el estudio de restos óseos con altas probabilidades que correspondieran al sacerdote Torres.“La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses”, explicó en ese momento Luz Janeth Forero, director de la Unidad de Búsqueda.
En entrevista con Recap Blu, el precandidato presidencial David Luna lanzó una frase contundentes: “Hay que desbogotanizar a Colombia”. Con esa idea, el dirigente cuestionó el centralismo del país y aseguró que, como exministro de las TIC, fue testigo de cómo los alcaldes deben viajar a la capital “a mendigar los proyectos”, en lugar de contar con autonomía real y recursos efectivos en las regiones.Luna sostuvo que Colombia necesita profundizar la descentralización y fortalecer la responsabilidad política y presupuestal en los territorios, especialmente en zonas históricamente olvidadas como el Pacífico. Propuso que su eventual fórmula vicepresidencial tenga un papel activo en resolver problemas estructurales como agua potable y alcantarillado en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño.“La plata está, lo que falta es voluntad y ejecución”, afirmó el precandidato que integra la Gran Consulta por Colombia.¿Votaría por Iván Cepeda?En materia de gobernabilidad, el precandidato se mostró dispuesto a dialogar con la oposición, aunque dejó claro que no votaría por candidatos del Pacto Histórico y, por su puesto, eso incluye a Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quinero. “Yo no cancelo, yo convoco”, señaló, al insistir en que gobernaría para todos los colombianos y no solo para quienes voten por él. Defendió la necesidad de construir acuerdos, incluso entre sectores ideológicamente opuestos.Críticas al Gobierno PetroAl evaluar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Luna le dio una calificación de 3 sobre 10. Aunque reconoció algunos avances, como el aumento del subsidio a adultos mayores y el trabajo técnico de funcionarios como Jorge Iván González en Planeación, criticó los escándalos de corrupción y lo que calificó como promesas incumplidas. También aseguró que retomaría la presencia activa del Ejecutivo en las regiones, con ministros y vicepresidente trabajando directamente en territorio.En seguridad, fue enfático en rechazar la paz total y calificó al ELN como una organización criminal dedicada al narcotráfico. Propuso una ofensiva frontal contra estructuras ilegales, modificar la ley para que menores desde los 15 años respondan penalmente y concentrar esfuerzos en los 15 municipios donde se ubica la mitad de los cultivos de coca del país. Por último, de cara a la consulta del 8 de marzo, Luna insistió en que su apuesta es representar una alternativa de “sensatez y mesura”, con una política menos centralista y más conectada con las regiones, así como un discurso alejado de los insultos y basado en argumentos.
La Corporación El Minuto de Dios anunció la activación de una campaña a nivel nacional con la que buscan brindar ayuda a las miles de familias damnificadas por la ola invernal en el país.Aseguraron que gran parte de la ayuda humanitaria que enviarán se concentrará en el departamento de Córdoba, el cual hasta el momento es el que presenta mayor afectación. Sin embargo, no descartan la entrega de insumos en los departamentos de Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca, si lo llegan a necesitar.El Minuto de Dios señaló que estos aportes los reciben en dinero y en donaciones como alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas y frazadas.De acuerdo con reportes oficiales, hasta la fecha se registran graves pérdidas en 104 municipios que han dejado más de 69.000 familias afectadas.Si usted desea llevar alguna donación, la corporación habilitó un punto de entrega en Bogotá, en el Banco de Ropas, ubicado en la Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios, en el horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana – 4:00 de la tarde y los sábados 9:00 de la mañana – 1:00 de la tarde.¿Cómo puede donar?Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa solidaria pueden realizar su donación a través de los siguientes canales:Cuenta corriente Davivienda No. 004069997585.En la página web oficial www.minutodedios.orgO comunicándose al teléfono 601 5874441 para obtener más información.¿Cuáles son los elementos que puede donar?Alimentos no perecederos: arroz, pasta, atún/sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar, bebidas en polvo.Elementos de aseo e higiene: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales (niños y adultos).Ayudas de abrigo y descanso: colchonetas y frazadas (nuevas).Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad de toda ciudadanía para que de esta forma la ayuda llegue a tiempo y se convierta en un alivio para aquellas personas que lo necesitan en estos departamentos.
Durante el consejo de ministros adelantado en Montería, dedicado a la emergencia de inundaciones en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro denunció que antes de la reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un plan para frustrar dicho encuentro.Según el mandatario, fue un general retirado de la Policía, quien, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington. Aseguró, además, que más involucrados fueron retirados.El presidente también aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe. Denunció que hubo un supuesto plan para atentar contra su integridad y que el retraso fue por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos."Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro desde la capital de Córdoba durante el consejo de ministros que inició en la noche del lunes y se retomó este martes.Según Petro, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro.El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde, según dijo en su cuenta de X, estuvo ayer antes de viajar a Montería, en la Costa Atlántica. Hasta ahora ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.En septiembre de 2024, por ejemplo, señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la violación de "las condiciones" de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención, horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.El también ministro de Interior y Justicia dijo que el Gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896 porque "una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada"."Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad, criticó Cabello durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Señaló que el Ministerio Público solicitó ante un tribunal revocar la excarcelación de Guanipa, luego de que el opositor ofreciera declaraciones a la prensa y participara en una caravana por varios centros de detención, donde están en vigilia permanente los familiares de presos políticos."Eso es una muestra de que la justicia está funcionando", dijo.En este sentido, reiteró que las excarcelaciones son una "oportunidad", que estas personas estaban detenidas "por haber cometido delitos" y cuestionó que haya opositores que "se creen intocables".Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".Sin embargo, durante la noche se reportó que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.Más temprano, Ramón Guanipa, hijo del opositor, declaró no tener "información oficial de su paradero" y denunció que los sujetos que se llevaron al exdiputado no tenían uniforme ni estaban identificados.
El Comando sur de EE.UU. atacó este lunes una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y durante el ataque dos tripulantes fueron asesinados y otro más sobrevivió.Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que luego del ataque la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.En su cuenta de X, el Comando Sur detalló que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.El ataque contra la lancha, que se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, fue realizado en una "conocida ruta del narcotráfico", de acuerdo con la misma fuente.Este mismo lunes, Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York. EFE
La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista en el calendario de los juegos de azar en Colombia con la realización de su sorteo número 4789, llevado a cabo en la noche del lunes 9 de febrero de 2026.En esta jornada, miles de apostadores estuvieron atentos a la posibilidad de alcanzar uno de los premios millonarios que ofrece este tradicional sorteo, cuyo premio mayor fue de $6.000 millones, uno de los más atractivos a nivel nacional.Premio mayor de la Lotería de CundinamarcaEl número ganador del premio mayor en el sorteo 4789 fue el 8059 de la serie 170, correspondiente al sorteo realizado el lunes 9 de febrero de 2026. El afortunado ganador se llevó un premio de $6.000 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más esperadas por los jugadores.La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. y, cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión en vivo puede seguirse a través del fan page oficial de Facebook, donde también se publican los resultados oficiales una vez finaliza el sorteo.Resultados de los secos de la Lotería de CundinamarcaTunjo de Oro – $300 millonesNúmero: 9790 - Serie: 221Guaca Secreta – $100 millonesNúmero: 2957 - Serie: 11132 Tesoros de $6 millones9869 – Serie 0204477 – Serie 0960299 – Serie 1410928 – Serie 2657364 – Serie 1148294 – Serie 2151033 – Serie 0139736 – Serie 1376812 – Serie 2963460 – Serie 2895477 – Serie 1020551 – Serie 0398373 – Serie 1270379 – Serie 0408898 – Serie 1966061 – Serie 2896801 – Serie 2732864 – Serie 2733430 – Serie 2467501 – Serie 2652231 – Serie 1413378 – Serie 1881397 – Serie 2217351 – Serie 1582257 – Serie 2087728 – Serie 1463663 – Serie 2466919 – Serie 0178918 – Serie 2655107 – Serie 0369509 – Serie 1846657 – Serie 29915 Tesoros de $10 millones4105 – Serie 1928697 – Serie 2398653 – Serie 2563192 – Serie 1302782 – Serie 0191679 – Serie 1775016 – Serie 0149852 – Serie 2197956 – Serie 0367614 – Serie 1227609 – Serie 0885221 – Serie 1860092 – Serie 0688792 – Serie 0290585 – Serie 1255 Tesoros de $20 millones1722 – Serie 2939497 – Serie 0257293 – Serie 2759061 – Serie 2351125 – Serie 239Una lotería con historia en ColombiaLa historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, se ha consolidado como una de las loterías más antiguas del país y hace parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.Se recomienda comparar el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo 4789, publicada por la lotería, para confirmar cualquier premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes, manteniendo el mismo horario.Los billetes pueden adquirirse de forma virtual a través de la página oficial y de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo, así como de manera física en los puntos oficiales de Paga Todo.¿Cómo reclamar los premios?Los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Para el cobro es indispensable presentar el billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones, junto con el documento de identidad.Plan de premios de la Lotería de CundinamarcaEl plan de premios está encabezado por un premio mayor de $6.000 millones, acompañado por varias categorías de premios secos:Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones (por fracción: $100 millones).Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es retenido directamente por la lotería u operador autorizado al momento del pago.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, declaró que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la "estabilidad" en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos."Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato", afirmó Rodríguez en la primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año, que en este caso ha sido Newsmax, un medio conservador de la órbita de Donald Trump que se ha desplazado a Caracas.El presidente de la Asamblea, que es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que primero buscan asegurar "la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela".En la entrevista con el periodista Rob Schmitt, conocido comunicador y comentarista conservador, Rodríguez abrió la puerta a los comicios si se "logra avanzar en la estabilización nacional" y se pacta "un acuerdo con todos los sectores de la oposición".El líder chavista puso sobre la mesa la ley de amnistía que actualmente tramita la Asamblea para los presos políticos encarcelados desde 1999 cuando Schmitt le preguntó por la líder opositora María Corina Machado: "Permíteme no hablar de un solo nombre, porque hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación (...) A través de esta ley de amnistía estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país".La conversación fue difundida con doblaje en inglés para Jorge Rodríguez, cuyas intervenciones en español no se pueden escuchar completas.Rodríguez y Schmitt también hablaron sobre la industria petrolera, que el gobierno chavista está abriendo a las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses.El presidente de la Asamblea reconoció que, económicamente, Venezuela ha atravesado "dificultades bajo el bloqueo" y que el Gobierno ha "cometido algunos errores", pero que este momento abre una "oportunidad de oro" para "ir hacia adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado"."Tenemos una gran posibilidad de trabajar, y como ha dicho Trump hay mucho que hacer y lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela", explicó el líder chavista.Respecto a su relación con la Administración Trump, Rodríguez ha reconocido que "en los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido, ha sido muy intenso", pero que existe la oportunidad de construir una relación de "beneficio mutuo": "Tenemos un futuro brillante por delante", ha agregado.Desde la captura de Maduro y la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Venezuela ha reformado su ley de hidrocarburos para permitir la inversión estadounidense, ha vuelto a comercializar su petróleo a través de la tutela económica de Estados Unidos, ha empezado un proceso de excarcelación de centenares de presos políticos y está debatiendo una amplia ley de amnistía para la "reconciliación" en el país.Todo esto, entre la expectativa de las organizaciones civiles y la oposición del verdadero alcance de esta reconciliación anunciada por el Gobierno chavista y del impacto económico que tendrá esta nueva etapa entre Caracas y Washington.
ras la realización del sorteo número 482 de MiLoto, llevado a cabo el pasado lunes 09 de febrero de 2026, la entidad organizadora confirmó que el premio mayor no fue otorgado, lo que genera un incremento automático en el atractivo del juego: el nuevo acumulado asciende a $250 millones de pesos.Resultados y cifras del Sorteo #482Los números seleccionados por las balotas en esta ocasión fueron: 03, 05, 15, 28 y 31. Pese a que ninguna combinación vendida coincidió con los cinco dígitos necesarios para reclamar el premio mayot, el sorteo registró un volumen significativo de actividad.Según el reporte oficial, se contabilizaron un total de 10.505 ganadores en las categorías secundarias, repartiendo una bolsa de premiación total de $91.088.950. Esta cifra resalta la capilaridad del juego, que permite que miles de personas recuperen su inversión o multipliquen sus apuestas incluso sin acertar la totalidad de los números.Desglose de la premiación por categoríasLa estructura de premios de MiLoto permite recompensar a los jugadores desde los dos aciertos. El comportamiento de la premiación en el sorteo #482 se distribuyó de la siguiente manera:5 Aciertos: Se declaró desierto, con 0 ganadores.4 Aciertos: 19 personas lograron esta combinación, recibiendo un premio individual de $1.006.650. La suma total entregada en esta categoría fue de $19.126.350.3 Aciertos: Esta categoría reportó 918 ganadores. Cada uno recibió un pago de $36.700, acumulando una premiación sectorial de $33.690.600.2 Aciertos: Fue la categoría con mayor afluencia, registrando 9.568 ganadores. El premio por persona fue de $4.000, sumando un total de $38.272.000 distribuidos.¿Qué es MiLoto?MiLoto se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los colombianos debido a su mecánica sencilla y la frecuencia de sus sorteos. Este juego, operado bajo la supervisión de Coljuegos, contribuye directamente al sistema de salud del país mediante las transferencias legales derivadas de la explotación de monopolios rentísticos.El fenómeno de los "acumulados" es una de las estrategias de marketing y operatividad más efectivas en el sector. Al no haber un ganador de la categoría máxima, el premio aumenta, lo que históricamente se traduce en un incremento de la venta de tiquetes para el sorteo subsiguiente. Con un acumulado de $250 millones, se espera que la participación de los ciudadanos aumente considerablemente para la próxima fecha.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
La Federación Nacional de Departamentos hizo una propuesta para atender la ola invernal que se presenta en diferentes zonas del país pero especialmente en el departamento de Córdoba.Los gobernadores piden que para atender la emergencia se utilicen los saldos no ejecutados de las regalías que son administrados por la nación.“Ante la necesidad de la declaratoria de emergencia económica y ambiental en razón de las graves inundaciones en la región Caribe y Pacífica del país, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), se propuso como una alternativa para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas, la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales, que ascienden a más de 6 billones de pesos y corresponden a los recursos disponibles de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) (4,6 billones)”, dice el comunicado de la federación.La propuesta se le hizo formalmente al Gobierno durante el consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en Montería. La idea la llevó a la mesa el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta."Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que en virtud de la misma se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos", señaló el Gobernador Zuleta.
Los recursos para atender la crisis por lluvias en el país dependen de la decisión que adopte la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica, según afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario indicó que el Gobierno nacional fijó plazo hasta el miércoles 11 de febrero para que se reactive la medida, con el fin de garantizar financiación para las acciones de atención.Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó los alcances del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo. Señaló que, tras la suspensión provisional de las medidas adoptadas en la anterior emergencia económica, estas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo.Ante ese escenario, el Gobierno plantea enfocar la nueva emergencia en la obtención de recursos a través de una medida tributaria. La propuesta consiste en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con un esquema progresivo que excluye a las pequeñas y medianas empresas.De acuerdo con el ministro de Hacienda, el gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para ese rango, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que los patrimonios que superen las 600.000 UVT tendrían una tarifa del 1,2 %.El Gobierno sostiene que esta medida busca asegurar recursos para la atención de la emergencia, mientras se define la situación jurídica del decreto ante la Corte Constitucional.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos. Para financiar esa intervención, el Gobierno evalúa la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con carácter progresivo, una medida que, según explicó, busca obtener recursos sin afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Lo que durante años fue sinónimo de miedo, control armado y despojo para 619 hectáreas de tierra rural, ubicadas en los municipios de San Luis y Guamo, Tolima, ahora serán una nueva oportunidad para comunidades campesinas, víctimas del conflicto, como parte de los procesos de Reforma Agraria que adelanta el Gobierno Nacional.Se trata de predios que, según registros oficiales del Fondo de Reparación para las Víctimas, estuvieron presuntamente vinculados al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que hoy ingresan a un proceso institucional orientado a su uso social, productivo y reparador.La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideró la recuperación y administración de estas tierras, que, por décadas, estuvieron marcadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la informalidad en la tenencia. Los predios El Paraíso y El Jardín, en Guamo, y Guamal, en San Luis, suman en conjunto las 619 hectáreas que ahora tendrán un nuevo propósito: producir alimentos y garantizar acceso a la tierra a familias campesinas.Según Javier Marín, experto grado 6 de la Dirección General de la ANT, este proceso representó un giro histórico para el territorio. “Estos predios provienen del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas y hacen parte de los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en su entrega a comunidades campesinas, en el marco de la Reforma Agraria”, explicó.Marín precisó que uno de los predios más representativos está ubicado en San Luis, con una extensión superior a las 370 hectáreas, y que habría sido señalado en procesos judiciales como un punto estratégico del Bloque Tolima. “Hoy ese mismo predio deja atrás su pasado ligado a la guerra y pasa a manos de campesinos y víctimas del conflicto, con fines productivos y de reconstrucción del tejido social”, señaló.La recuperación de estas tierras se sumó a otros procesos similares en el departamento. Con estas 619 hectáreas, el Tolima alcanza 1.374 hectáreas recuperadas para la Reforma Agraria, consolidando una de las apuestas centrales del Gobierno para saldar la deuda histórica con el campesinado.Desde la ANT se reiteró que estos procesos no solo buscan devolver la tierra, sino transformar territorios golpeados por la violencia en espacios de producción, arraigo y paz rural. Para las comunidades campesinas, el paso de estos predios a manos legales representa la posibilidad de reconstruir proyectos de vida y fortalecer la economía del campo.
La senadora Aida Quilcué fue rescatada este martes tras un operativo de presión civil y militar en la zona rural del departamento del Cauca. La congresista, que había sido interceptada por hombres armados en jurisdicción del municipio de Totoró, ya se encuentra bajo la protección de la Guardia Indígena y en proceso de traslado hacia la ciudad de Popayán para reencontrarse con su familia.Detalles del rescate de la senadora Aida QuilcuéEl operativo de liberación se concentró en el páramo de Guanacas, una zona de difícil acceso ubicada en la parte alta del municipio de Inzá. Según confirmó el alcalde del municipio, Delio Trujillo, la recuperación de la libertad de la líder indígena fue resultado de una acción coordinada. "La presión de la ciudadanía, de la guardia y las autoridades indígenas, en conjunto con la fuerza pública, sirvió", señaló el mandatario local.La senadora fue hallada junto a los dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector donde la comunicación por señal de celular o radio es inexistente. Tras el contacto inicial, se reportó que Quilcué se encuentra en buen estado físico. "Hablé con ella, estaba tranquila, estaba bien, por lo menos en su voz", añadió el alcalde.Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió sobre la peligrosidad del sector donde ocurrió el incidente. "Es una zona bastante complicada en la que ya se han dado varios hechos anteriores", explicó el vocero, subrayando que el área es escenario recurrente de afectaciones contra comuneros y ciudadanos.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado ilegal estuvo detrás de la retención. La congresista será trasladada a un centro asistencial para una valoración médica detallada mientras los organismos judiciales inician las investigaciones para esclarecer los móviles del secuestro.
Más de 70 niños y niñas de zonas rurales del Catatumbo, en Norte de Santander, estrenarán mejores espacios para estudiar. El Ministerio de Educación, en articulación con Findeter, entregó este domingo varios proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en tres municipios de la región, con una inversión total que supera los 1.800 millones de pesos.Las obras se realizaron en Teorama, Hacarí y San Calixto, territorios históricamente golpeados por el conflicto y por las dificultades de acceso a servicios básicos. En total fueron destinados $1.839 millones para la adecuación de aulas, cocinas y comedores escolares, cubiertas, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de dotación básica de mobiliario.En Teorama se intervino la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural del municipio. Allí se invirtieron cerca de $279 millones en trabajos que se ejecutaron entre julio y diciembre de 2025 y que beneficiarán directamente a cinco estudiantes de la vereda.Por su parte, en Hacarí se desarrollaron dos proyectos. El primero se llevó a cabo en la Institución Educativa – Sede El Cerro, donde se invirtieron aproximadamente $680 millones para mejorar las condiciones de estudio de 13 alumnos. El segundo correspondió a la Institución Educativa El Valle, que recibió adecuaciones por $410 millones y beneficia a 17 estudiantes.En el municipio de San Calixto también hubo buenas noticias. Allí se entregaron las obras en la Institución Educativa Quebrada Azul, que atiende a 36 estudiantes de la zona rural y que contó con una inversión cercana a los $470 millones.Según el Ministerio de Educación, estas intervenciones buscan cerrar brechas históricas en el acceso y la calidad educativa en regiones apartadas del país, garantizando espacios dignos para el aprendizaje.Con estas entregas, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la educación rural en el Catatumbo y con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades educativas de Norte de Santander.
A través de un plan candado y en una persecución de película la Policía de Tránsito detuvo a un camión que había sido hurtado cargado con más de 120 bultos de sal en el sector conocido como Bajo Sartenejo, en la vía principal que comunica al municipio de Garzón con Neiva.Minutos después, los uniformados motorizados lograron la captura de otras cuatro personas involucradas en el hurto del automotor de carga, cuando se movilizaban en dos automóviles particulares en inmediaciones del centro poblado de La Jagua en la vía Garzón – Pitalito.“Hemos capturado a seis delincuentes, quienes en plena vía nacional Ruta 45 habían hurtado un camión con la mercancía que llevaba, las dos personas propietarias de la carga, de inmediato dieron aviso a la policía de Garzón, se coordinó con policía de carreteras y con los comandantes de las estaciones de policía de Gigante y Altamira y se logró la captura de estos delincuentes” indicó el coronel Javier Alberto Duarte, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las autoridades, el vehículo hurtado y recuperado es un camión de estacas marca HINO línea FC500, color blanco, avaluado en aproximadamente 150 millones de pesos, mientras que los 120 bultos de sal estarían avaluados en la suma de 12 millones de pesos.Los seis capturados identificados como Juan Camilo Gómez, Luis Fernando Vivas, Gisela Juliana, Maicol López, Alexis Mosquera y Fredy Varón, fueron imputados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado y un Juez de Control de Garantías de Garzón, Huila, les impuso medida privativa de la libertad en centro penitenciario. La mujer tendrá casa por cárcel.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El presidente Gustavo Petro presentó el diseño del nuevo pasaporte colombiano, asegurando que este documento se posicionará entre los cuatro más seguros a nivel global. Durante un consejo de ministros, el mandatario exhibió la primera imagen de la libreta, señalando que la actualización es el resultado de una reestructuración profunda en el modelo de contratación para erradicar presuntas irregularidades.El jefe de Estado vinculó la transformación del documento con el fortalecimiento de la soberanía tecnológica. "Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte", afirmó Petro, resaltando que la seguridad será el pilar fundamental de esta nueva versión. Según el mandatario, el nivel de protección de los datos permitirá que Colombia destaque en el escalafón internacional por la calidad de su identificación migratoria.Petro también denunció intentos de sabotaje al proceso, relacionando la emisión del pasaporte con el control de softwares sensibles en el país. "Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia", sostuvo. El presidente advirtió que la transparencia en los algoritmos es clave para evitar fraudes, añadiendo que la reforma en la contratación "casi le cuesta la cárcel".Finalmente, el mandatario evitó profundizar en detalles técnicos para no incurrir en faltas legales.
El Estado colombiano fue declarado responsable por los graves perjuicios sufridos al soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia tras la toma criminal de la base militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en zona rural de La Tagua, Putumayo, uno de los episodios más violentos del conflicto armado en el sur del país.Según la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar una indemnización por perjuicios morales a las víctimas del caso. Al soldado Rubén Leonardo Bolaños, víctima directa de los hechos, se le reconocerán 125,61 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a su madre, 80 salarios mínimos; y a cada uno de sus tres hermanos, 40 salarios mínimos. Adicionalmente, el Estado deberá pagarle 80 salarios mínimos por daño a la salud y otros 80 salarios mínimos por concepto de reparación pecuniaria.¿Cómo ocurrió la toma de Las Delicias?Los hechos se remontan a la noche del 30 de agosto de 1996, cuando hacia las siete de la noche, en plena formación de tropa, la base militar de Las Delicias fue atacada por el Bloque Sur de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asalto dejó 27 militares muertos, 17 heridos y 60 soldados secuestrados, entre ellos Rubén Leonardo Bolaños, quien permaneció en cautiverio durante 288 días y fue liberado el 15 de junio de 1997.El fallo establece que el soldado sufrió un daño desmedido como consecuencia de los hechos, con secuelas que no se limitaron en términos morales o materiales, sino que se extendieron al ámbito fisiológico y psicológico, por lo que el soldado desarrolló una grave crisis mental que ha ido empeorando de manera progresiva desde su liberación.¿Cuál fue el resultado del fallo?La investigación concluyó que la toma de las FARC fue posible por una cadena de fallas graves en el batallón. Entre ellas se destacan las deficientes condiciones del armamento, la falta de equipos adecuados y las irregularidades en la conducta de quienes estaban al mando. Los oficiales no aplicaron los procedimientos de comando exigidos para una base ubicada en una zona de alto riesgo y, al momento del ataque, se encontraban dentro y fuera de las instalaciones, lugar en el que no adoptaron medidas básicas de seguridad.La sentencia también señala que la base carecía de elementos básicos como barricadas, trincheras o zanjas de arrastre, lo que afectó que la tropa pudiera maniobrar frente al ataque armado. A ello se sumó la falta de experiencia y entrenamiento de los soldados, quienes llevaban apenas cuatro meses de servicio, solo cuatro días en la base de Las Delicias y no habían realizado simulacros o ensayos de defensa frente a un ataque como el que se presentó en 1996.Otro elemento determinante fue la ausencia de control en el ingreso y salida de personas a las instalaciones militares, así como la omisión de alertar e instruir oportunamente a la tropa sobre el riesgo de un ataque, frente a que existían informaciones previas y confiables sobre una posible toma, que incluso fueron comentadas entre la población civil que permanecía en la zona.Respecto al secuestro, se estableció que los 60 soldados sobrevivientes fueron retenidos bajo amenaza de armas en las selvas del Putumayo y Caquetá, hasta su liberación en junio de 1997. La entrega se produjo en el municipio de Cartagena del Chairá, con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.El fallo reconoce que las omisiones, negligencias y fallas en la planeación y ejecución de las medidas de seguridad constituyeron una violación al deber de protección del Estado hacia sus propios soldados, lo que derivó en una de las tragedias más recordadas del conflicto armado colombiano.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia liderada por esa cartera que busca proteger a la población civil, a los integrantes de la Fuerza Pública y a las instalaciones estratégicas del país frente al uso de drones con fines criminales.La iniciativa, cuyo valor total supera los 6,3 billones de pesos, responde, según el ministro, al creciente desafío que representan los sistemas de drones utilizados por estructuras criminales y organizaciones narcoterroristas para realizar ataques, espionaje, transporte de explosivos o actividades de vigilancia ilegal. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del proyecto es fortalecer el control del espacio aéreo y prevenir la pérdida de vidas.Para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos para la primera fase del proyecto, que comenzará a desarrollarse durante 2026.Según el Ministerio de Defensa, esta decisión obedece a la importancia estratégica de la iniciativa y a la necesidad de actuar con rapidez frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años.Uno de los pilares del proyecto es la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que aportará su conocimiento para definir, desarrollar y validar las especificaciones de los sistemas que se adquirirán.La idea, según explicó el ministro, es que la solución se ajuste a las necesidades reales del terreno y a las particularidades geográficas y operacionales del país.El proyecto también contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa. Como parte del proceso, el próximo viernes 16 de enero se realizará una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa, a la que están invitadas empresas y países interesados en participar en el desarrollo del proyecto, para conocer los alcances técnicos, operativos y contractuales del Escudo Nacional Antidrones.MinDefensa explicó que uno de los criterios centrales del proyecto es que la contratación se realizará de manera directa entre el Gobierno colombiano y los fabricantes de la tecnología, o sus representantes legales, con el acompañamiento del Estado al que pertenezcan dichas compañías. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras, y el proceso contará con el respaldo de las embajadas de los países involucrados.Además, quienes resulten seleccionados deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.Con la adquisición de esta herramienta, el Gobierno busca reforzar la seguridad de la población civil, proteger a los miembros de la Fuerza Pública y blindar las instalaciones militares y policiales ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Un amplio remezón en la estructura de mando del Ejército comenzará a ejecutarse en los próximos días, tras la notificación de un decreto que ordena traslados de generales, redefine jefaturas estratégicas y confirma la salida definitiva de por lo menos cinco altos mandos de la institución. Las decisiones marcan uno de los movimientos más profundos de los últimos meses en la cúpula militar.Entre las salidas confirmadas y las notificadas está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien dejará la institución en los próximos días como parte del mismo paquete de decisiones que busca renovar el alto mando y cerrar ciclos en áreas estratégicas de planeación.También está la del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, actual inspector del Ejército Nacional, quien ya fue notificado de su desvinculación. Su salida se produce en medio de una investigación interna por presunto maltrato y abuso de autoridad contra hombres bajo su mando, quienes denunciaron ser obligados a realizar oficios domésticos personales.En el marco del reordenamiento, la Inspección General del Ejército pasa a ser asumida por el mayor general Giovanni Rodríguez León, quien llega desde el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).Otro de los retiros confirmados es el del mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio, quien pasa de la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza a la condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Este tipo de traslado administrativo, sin mando operativo ni estratégico, es interpretado dentro de la Fuerza como antesala del retiro, el cual ya le fue oficialmente notificado.En la misma situación se encuentra el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, hasta ahora comandante de la Trigésima Primera Brigada, quien fue trasladado a Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Su salida de la institución también ya fue comunicada, cerrando así su ciclo en el mando operativo.Otro general que sale de la institución es el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien pasa del Comando de Personal (COPER) a PACE. El general Huertas ha estado en el centro de un escándalo mediático y de investigaciones oficiales por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con el grupo armado liderado por alias ‘Calarcá’, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y decisiones disciplinarias de la Procuraduría.El decreto, sin embargo, no se limita a las salidas. También redefine de manera amplia el mapa de mandos del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga pasa del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas como jefe, mientras que el mayor general Ricardo Heriberto Roque Salcedo sigue como comandante de la Cuarta División. A su vez, el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez sigue como comandante de la Primera División.Otro movimiento clave es el del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien deja la Quinta División para asumir la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe asciende desde la Fuerza de Tarea Omega para comandar la Quinta División. El general Néstor Nieto, por su parte, pasa de subdirector de la Escuela Superior de Guerra a recibir el Comando de la Brigada 30.El reordenamiento continúa con el traslado a la Octava División del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, desde el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que pasará a la comandancia del general Alex Mena; del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, de la Vigésima Séptima Brigada a la Fuerza de Tarea Omega; y del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, de la Décima Primera Brigada a la Séptima División.También se registran cambios administrativos y de formación, como el del brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé, quien deja la Trigésima Brigada para asumir el Comando de Personal; el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, que pasa de la FUDRA 1 a comandar la Décima Primera Brigada; y el brigadier general Milton César Escobar Gallego, quien sale de la Escuela Militar de Cadetes para asumir la Décima Sexta Brigada.El paquete se completa con el nombramiento del brigadier general Raúl Perilla Monroy como comandante de la División de Fuerzas Especiales. El general Walther Giraldo, quien comanda el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), pasa a recibir la Jefatura de Operaciones del Ejército, mientras que el CCOES queda al mando del general Omar Yesid Moreno. El brigadier general Edgar Rodríguez Pérez comandará la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1.
En distintos operativos coordinados entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fueron capturadas cuatro personas e incautados dispositivos electrónicos que contenían vídeos y fotografías con evidencia de actividades sexuales contra varios menores de edad.Aunque los hechos ocurrieron en diferentes regiones y bajo modalidades similares, se trata de casos aislados sin vínculo entre sí. Dos de los hechos investigados ocurrieron en Bogotá, donde fue judicializada una niñera acusada de abusar sexualmente de dos niños que estaban bajo su cuidado, de 2 y 8 años. Según el ente investigador, la mujer grababa las agresiones y posteriormente compartía los vídeos.En el segundo caso fue capturada una mujer señalada de someter a sus propias hijas, de 4 y 9 años, a vejámenes sexuales que eran transmitidos a través de una aplicación virtual. De acuerdo con la Fiscalía, estas transmisiones se realizaban a cambio de pagos efectuados por un contacto residente en Estados Unidos, que oscilaban entre los 600 y los 2.000 dólares.La tercera detenida es una adulta mayor señalada de explotar sexualmente a su nieta de 15 años en Medellín. La investigación indica que la mujer presuntamente obligaba a la adolescente a sostener relaciones íntimas con adultos y grababa los encuentros a cambio de dinero.El cuarto proceso se adelantó en Ibagué (Tolima), donde fue capturado Albeiro Martínez Quevedo, quien sería responsable de obtener, acopiar y distribuir material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes a través de sistemas de mensajería instantánea entre marzo y junio de 2025. En este caso, las autoridades señalaron que el capturado no tenía contacto directo con las víctimas, pero sí facilitaba la circulación del material ilegal.Los cuatro capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). De acuerdo con su presunta responsabilidad individual, les fueron imputados delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.
Los peajes en Colombia volverán a registrar un incremento total en sus tarifas a partir del 16 enero de 2026, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración. Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.Según la entidad, 15 peajes tendrán, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050. En estos casos, el aumento final corresponde a la suma del IPC y un porcentaje adicional definido de manera individual para cada peaje mediante resoluciones del Ministerio de Transporte. Los peajes que tendrán este ajuste adicional son:El Placer (Rumichaca Pasto).Cisneros (VINUS).Aburra (Autopistas Mar 1).Machetá (Transversal del Sisga).El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso).La Pintada (Pacifico 2).Fusca, Andes, Unisabana (Accesos Norte).Supia (Pacifico 3).Puerto Berrío (Autopista Rio Magdalena).Boquerón I, Boquerón II, Naranjal, Pipiral (Chirajara Fundadores).La ANI también señaló que algunos peajes ya aplicaron el incremento antes del 16 de enero, debido a disposiciones contractuales. Es el caso de los proyectos Devimed, Armenia–Pereira–Manizales, Autopistas del Caribe y Briceño–Tunja–Sogamoso, cuyas tarifas comenzaron a actualizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026.De otro lado, los peajes correspondientes a los proyectos Pacífico 1 y Santana–Mocoa–Neiva tendrán un incremento compuesto por el IPC y un porcentaje gradual, el cual está vinculado a la entrega de unidades funcionales previamente pactadas en los contratos de concesión.En el proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, siete peajes tendrán un aumento adicional del 2 % sobre el IPC, con el fin de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de transporte público y privado. Los peajes incluidos en este ajuste son La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, estos incrementos buscan garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de los proyectos de infraestructura vial.