La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentaron los hechos de violencia registrados este lunes en el CAN y se comprometieron a no bloquear edificios públicos.Durante más de seis horas se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios, que llegaron a la capital desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.Como resultado del encuentro, se acordó la instalación formal de una mesa de diálogo que articulará a 20 entidades del Gobierno nacional para avanzar en soluciones a las demandas de la comunidad durante tres días consecutivos.Asimismo, se pactó el cese de los bloqueos luego de que este lunes se registrara la retención de al menos 1.300 funcionarios públicos de cuatro entidades, entre ellas, los ministerios de Educación y Minas; la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el Dane y el resto complejo del Centro Administrativo Nacional, CAN.Fuentes confirmaron que las comunidades se comprometieron a permitir el ingreso de trabajadores a las instituciones mientras avanzan las conversaciones. Incluso, algunos campesinos ya habrían empezado a abandonar las instalaciones de la Universidad Nacional.En la jornada inicial se alcanzaron acuerdos preliminares en materia agrícola. Este martes continuaban las negociaciones.La agenda de negociación incluye temas como condiciones de seguridad, inversión social, fortalecimiento del sector agrícola, mejoramiento de vías e infraestructura y acceso a la educación, entre otros puntos prioritarios para las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca.La mesa cuenta con la mediación de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de garantizar transparencia, respeto por los derechos fundamentales y avances concretos en favor de las comunidades.
Durante el consejo de ministros de la noche de este lunes, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.“El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneo encefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”, dijo Jaramillo.Es importante recordar que la madre de Kevin ha dicho que al menor no se le dio un tratamiento oportuno ni adecuado. El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema durante el consejo de ministros.“¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. si se educa más pues está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la a la bicicleta pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo Petro."No hay una crítica alrededor de la atención. Esto es a investigar, a fondo, la causa por la cual no le dieron el medicamento hay que investigarlo. Porque hay personas responsables individuales que no fueron suficientemente eficaces, la cuestión financiera no es obstáculo, porque sí hay fondos", añadió el presidente.Cabe recordar que, después de las 4 de la tarde de este lunes, habitantes de Charalá, Santander, despidieron al niño de 7 años que murió esperando un medicamento en un centro de salud de Pitalito, en Huila, a donde fue remitido de urgencia.“Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, recordó, con la voz quebrada, la madre de Kevin.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El consolidado nacional de eventos por lluvias entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 16 de febrero, reporta 165 emergencias registradas en 18 departamentos y 123 municipios del país, con un total de 83.773 familias y 169.721 personas afectadas.De acuerdo con el informe, las lluvias han impactado 111.309 hectáreas y han provocado la destrucción de 1.101 viviendas, mientras que otras 17.020 presentan averías. Los eventos más recurrentes corresponden a movimientos en masa, con 71 casos, seguidos de inundaciones, con 61 reportes, y crecientes súbitas, con 19.El departamento de Córdoba concentra el mayor número de familias afectadas, con 59.703 registros. Le siguen La Guajira, con 11.286; Antioquia, con 3.907; Chocó, con 3.393; y Magdalena, con 2.827, según el consolidado oficial.La entidad señaló que el seguimiento a las emergencias se mantiene en coordinación con autoridades territoriales, mientras avanzan las acciones de respuesta y atención a las comunidades afectadas en las zonas reportadas.
La sobreabundancia de información en el móvil obliga a los usuarios a buscar herramientas que filtren y prioricen las fuentes que consideran fiables, como lo es Blu Radio. Google Discover se ha convertido en uno de esos puntos de entrada: ofrece un feed personalizado de noticias, vídeos y publicaciones sociales adaptado al uso y las búsquedas de cada persona. Después de septiembre, Google habilitó nuevas funcionalidades y la novedad principal es que los usuarios ya pueden seguir directamente a medios, editores y creadores dentro de Discover. Al hacerlo, Discover crea una sección dedicada y muestra con más frecuencia contenido del medio seleccionado —incluyendo artículos web y publicaciones de redes como X, Instagram o YouTube—, lo que facilita no perder actualizaciones relevantes sin entrar a otras apps. Y es que, hasta ahora, Google mostraba contenidos dependiendo de las preferencias del usuario, por lo que esta nueva alternativa la describió como una forma de “atender mejor” las fuentes que cada lector prefiere.Paso a paso de cómo seguir a Blu Radio en Google DiscoverBlu Radio, líder en audiencias en Colombia desde radio hasta en Internet, se puede seguir en Google Discover para que las noticias y los segmentos, como Mañanas BLU, Blog Deportivo y Voz Populi, tengan mayor presencia en el feed del usuario:Abra la aplicación de Google o Chrome en el dispositivo móvil y acceda a la pantalla de Discover (en Android suele encontrarse deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio; en iOS, desde la app de Google).Compruebe que está iniciado sesión con la cuenta de Google que desea usar para personalizar el feed.Busque en Discover un artículo o una tarjeta que provenga de Blu Radio o, si no aparece, puede seguir al medio directamente haciendo clic en este enlace.En la tarjeta o junto al nombre del medio aparecerá la opción Seguir (o el icono similar que muestra la posibilidad de seguir al editor). Pulse ese botón para registrar la preferencia.A partir de ese momento, las publicaciones de Blu Radio se priorizarán en la pestaña correspondiente dentro de Discover.Blu Radio tiene una oferta variada para todos sus oyentes con diferentes programas, entre ellos Mañanas Bu con Néstor Morales, que se emite en la franja matutina y concentra análisis y noticias de actualidad. Seguir al medio en Discover facilita que las noticias y los segmentos vinculados a esos espacios lleguen con mayor regularidad al lector que ya confía en la emisora.Para optimizar la experiencia, Google recomienda interactuar con las noticias (abrir, leer y compartir), seguir los perfiles oficiales de Blu Radio en redes y utilizar la propia app de la emisora; todas estas señales ayudan al algoritmo a identificar las preferencias del usuario y aumentar la frecuencia de aparición del contenido seguido. Asimismo, la disponibilidad y experiencia pueden variar según la región y la versión de la app, por lo que Google recuerda comprobar la configuración de la cuenta y la versión de Discover en cada dispositivo.
En Autos y Motos de este sábado, 14 de febrero de 2026, estos fueron los temas:Wolkswagen supera a Tesla en autos eléctricos en Europa. Ford Territory híbrida, entre los 10 vehículos más vendidos en Colombia.Peugeot alcanza récord histórico en Colombia.Indrive crece 20% en día sin carro y sin moto en Bogotá.Cabify aumenta demanda y conectividad de taxis.Escuche el programa completo aquí:
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
Por años, lo que ocurría en el antiguo Bronx, en el centro de Bogotá, fue visto como una leyenda urbana. Muchas personas creían que eran historias usadas para asustar y evitar que ingresaran a ese lugar; y es que esos relatos de torturas, asesinatos y prácticas inimaginables eran rumores difíciles de comprobar. Sin embargo, luego de la intervención del 28 de mayo de 2016, varias de esas versiones dejaron de ser un mito para convertirse en realidad.Entre los testimonios más desgarradores está el de Óscar Rosas, quien afirmó para Los Informantes que fue obligado a cocinar carne humana para los ‘Sayayines’.Rosas pasó de ser un chef con proyección internacional a convertirse en habitante de calle. Su relato reconstruye un descenso marcado por el consumo de drogas desde los 13 años, su paso por restaurantes de prestigio en Estados Unidos, Brasil, Italia y Holanda, y un regreso a Colombia con la intención fallida de cambiar de vida.“Era un problema para mi familia. Yo empecé a consumir a los 13 años”, recordó. Su madre le pidió que se fuera del país para cambiar, pero conoció la heroína y la espiral se profundizó.¿Cómo llegó al Bronx y a los ‘Sayayines’?Cuando regresó a Colombia, Óscar quiso empezar de nuevo, pero las cosas no salieron como esperaba. “Llegué a Bogotá porque quería comprar una finca en Tenjo, formar mi familia, dejar las drogas. Solo iba a fumar marihuana”, relató. La idea no duró mucho y terminó consumiendo en el barrio Santa Fe y luego en el Bronx.Para sostener su consumo, empezó limpiando calles, luego vendiendo y pesando droga. Su talento en la cocina despertó interés entre los ‘Sayayines’. “Yo les cocinaba para la novia, cuando nació el hijo, en fiestas privadas”, explicó.El relato dio un giro más crudo cuando habló del lugar donde estuvo encerrado tres años. Describe el momento en que entendió lo que preparaba: “Saco lo que está en la bolsa de cuero, la extiendo. Cojo el ajo, la cebolla, miro bien la carne y era un cuerpo humano completo, sin pies, sin cabeza, sin manos, sin huesos”. Aunque intentó negarse, recibió amenazas. “No solo lo va a cocinar, lo va a probar y se lo va a comer, o si no, nos lo comemos a usted”.Lo que hallaron las autoridades en el BronxEl operativo de 2016 contó con 2.500 uniformados, según reveló Julián Quintana, agente encubierto que alertó sobre desmembramientos para alimentar a habitantes de calle.La intervención también dejó al descubierto túneles, casas clandestinas y redes de explotación sexual. Aunque el relato de Rosas generó dudas al inicio, los hallazgos confirmaron que allí operaban estructuras criminales con altos niveles de violencia.Rosas logró salir luego de intentar quitarse la vida. “Me declararon loco, porque decía que yo comía gente. Decían que fue una mala traba”, contó. Hoy vive en Santander, junto a su esposa, y lidera una fundación para ayudar a personas con adicciones.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, ratificó el respaldo de los sindicatos al incremento del 23,7 % del salario mínimo para el año 2026. Tras la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, Arias afirmó que las movilizaciones convocadas para este jueves buscan proteger lo que consideran un acto de "justicia social" frente a las demandas de sectores empresariales.Aunque inicialmente las centrales obreras solicitaron un reajuste del 16 %, Fabio Arias explicó que la cifra final de 23,7 % responde a un informe de la OIT sobre la brecha del "salario vital" en Colombia. "El Gobierno profundizó en ella y por eso nosotros la estamos respaldando. De pronto fuimos muy conservadores y la propusimos demasiado lenta", admitió el dirigente sindical sobre la propuesta inicial de los trabajadores.Para la CUT, el decreto expedido el pasado 29 de diciembre se ajusta a la normatividad jurídica y constitucional. Arias señaló que, ante las amenazas de desmejorar el ingreso de los trabajadores y pensionados, el gremio ha decidido "cerrar filas" para asegurar que el monto no retroceda en el nuevo decreto transitorio que prepara el Ejecutivo.Convocatoria a marchas por el salario mínimo vitalA pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo decreto mantendrá la esencia del salario vital de dos millones de pesos, las movilizaciones siguen en firme. "Preferimos entonces movilizarnos, aceptar obviamente la invitación que también está haciendo el presidente de la República", indicó Arias. El encuentro está pactado para este jueves a las 4:00 p. m. en las plazas públicas del país.El líder de la CUT celebró que gremios como la ANDI coincidan en la necesidad de mantener la cifra actual, aunque por motivos distintos. Según el dirigente, el objetivo central es llamar la atención del pueblo colombiano sobre la importancia de defender un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable.
Tras cuatro horas de reunión y de opiniones divididas, concluyó la mesa de Concertación Extraordinaria convocada para analizar la modificación del salario mínimo en Colombia, dejando al país a la expectativa de la expedición de un nuevo decreto y evidenciando profundas diferencias entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales.Por ahora, el incremento del 23,7 % se mantiene vigente mientras avanzan los días clave para cumplir con el Auto del Consejo de Estado. Las centrales obreras respaldaron firmemente la permanencia del aumento, calificándolo como un “derecho adquirido, legal y constitucional”. Además, insistieron en que el nuevo decreto debe expedirse en las mismas condiciones en que fue promulgado el Decreto 1469 del pasado diciembre, es decir, conservando el incremento del 23,7 %.“Estamos interesados en que el decreto que le exige el Consejo de Estado se haga en las mismas condiciones en que se expidió el 1469 del pasado diciembre, es decir, con un incremento 23,7 %”, afirmó Fabio Arias, presidente de la CUT.Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Ejecutivo acudirá a todos los recursos legales disponibles, entre ellos solicitudes de aclaración y recursos de súplica, al tiempo que cumplirá con lo ordenado por el Consejo de Estado. La intención, afirmó, es garantizar seguridad jurídica sin retroceder en los derechos de los trabajadores.A la par, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que la principal preocupación del Ejecutivo está centrada en el impacto que el aumento pueda tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se adelanta un paquete de medidas que incluiría mecanismos como la inversión forzosa para mitigar posibles afectaciones.Ávila también lanzó una crítica directa a la junta directiva del Banco de la República por el incremento de las tasas de interés.“Lo que va a observarse en el corto plazo son más bien los efectos inflacionarios de haber ellos incrementado la tasa de referencia porque esto le está implicando al sector productivo y empresarial mayores costos de financiación y esos mayores costos de financiación se traducen en mayores precios en el mercado”, sostuvo el jefe de la cartera de Hacienda.Por su parte, Fenalco expresó su desacuerdo con mantener el incremento del 23,7 %, advirtiendo que podrían ponerse en riesgo cerca de 700.000 empleos en el país y que más de un millón de microempresas resultarían afectadas.No obstante, el gremio aclaró que, en caso de que la medida sea definitiva, la acogerá. Sus voceros señalaron que la reunión se dio con el fin de conocer los diferentes puntos de vista de los implicados y definir cómo se verían afectados frente a un eventual retroceso y si la decisión es segura tanto para trabajadores como para empresarios.Mientras los sindicatos defienden el incremento como un logro irrenunciable, los empresarios advierten sobre impactos en el empleo y el Gobierno busca equilibrar la estabilidad económica con la protección de los derechos laborales.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 les ha garantizado a los ciudadanos la libertad de culto. Según el artículo 19 de la carta magna, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional habría fijado un límite a este derecho.La Corte se pronunció sobre la libertad religiosa en el país y dejó claro un detalle que muchos han pasado por alto: considera que ninguna creencia puede ponerse por encima de otra.El alto tribunal estudió una tutela que una mujer interpuso contra un condominio que, de acuerdo con su reclamo, adecuó una capilla común para el culto católico, pese a que todos los residentes aportan para su mantenimiento.De acuerdo con la sentencia T-437 de 2025, la decisión abrió un debate sobre el alcance que deben tener los cultos en espacios compartidos, especialmente frente a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política.Corte puso freno a capillas católicas en conjuntos residencialesEl caso sobre la capilla al interior de un conjunto residencial, que aparentemente estaba destinada solo al uso de prácticas católicas, abrió una disputa amplia, pues la mujer solicitó que el espacio regresara a su uso original o que también fuera empleado para todas las creencias.De ese modo, la Corte señaló que los espacios semiprivados también deben respetar los derechos fundamentales. “Esa medida era innecesaria, pues podían adoptarse alternativas menos restrictivas, como convertir la capilla en un espacio multirreligioso con elementos portátiles o adecuar otra zona común al culto de distintas creencias. También era desproporcionada, pues sacrificaba de manera irrazonable la libertad de cultos de la accionante y de los demás residentes no católicos”, indicó el alto tribunal.El principal inconveniente, según la Corte, es que la creación de este tipo de espacios puede limitar a quienes no comparten la creencia. “Puede ser la limitación de la libertad de cultos de quienes no comparten la misión de la organización o la destinación del bien”.¿Qué pasará con la capilla al interior del conjunto residencial?Ante la tutela, la administración del conjunto tomó la decisión de cubrir las imágenes y los símbolos católicos; sin embargo, la Corte Constitucional lo consideró insuficiente y explicó que esa solución no garantizaba una alternativa digna para quienes no profesan esa fe.Por ello, ordenó convocar a los copropietarios para definir medidas que puedan significar igualdad y libertad religiosa al interior de la propiedad horizontal y proponer alternativas como:Convertir la capilla en un espacio multirreligioso.Usar elementos portátiles según cada culto.Adecuar otra zona común para distintas creencias
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta amarilla en Manizales ante la intensificación de la temporada invernal y el aumento sostenido de las lluvias durante febrero.La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian niveles críticos de saturación de suelos. Según el informe técnico, se han registrado precipitaciones que superan los promedios históricos, con eventos extremos de hasta 50 milímetros en menos de una hora.Actualmente, la mayoría de estaciones superan el umbral preventivo de 200 milímetros acumulados en un periodo inferior a 25 días. En el caso de la estación de La Palma, el acumulado ya alcanza los 300 milímetros.“Estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”, señaló el mandatario.Sectores bajo monitoreoEl reporte indica que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería superaron la barrera de los 200 milímetros, lo que eleva el nivel de vigilancia en estas zonas.Equipos de geólogos e ingenieros, junto con el programa Guardianas de la Ladera, intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico para identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en deslizamientos.Llamado a la ciudadaníaLa Administración Municipal reiteró la importancia del manejo adecuado de residuos y pidió evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales, ya que esto reduce la capacidad hidráulica del sistema y aumenta el riesgo de inundaciones que comprometan la estabilidad de viviendas.La comunidad puede reportar cualquier anomalía, como grietas en vías o laderas, a las líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).
El año 2026 arrancó con una novedad, pues el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reveló un nuevo esquema de financiación que les permitiría a los colombianos adquirir viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) sin tener que contar con cuota inicial.La medida tiene la tarea de facilitar el acceso a vivienda a los hogares con ingresos limitados, siempre y cuando los solicitantes cumplan con las condiciones requeridas en temas de afiliación y evaluación financiera que exige el FNA.De acuerdo con lo revelado por el Fondo Nacional del Ahorro, el crédito hipotecario cubriría el 100 % del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada dentro de las categorías VIS y VIP; con esta medida, las personas ya no necesitarían contar con un ahorro previo destinado a la cuota inicial, que en Colombia normalmente representa entre el 10 % y el 30 % del precio de la vivienda.¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la financiación del 100 %?Cabe recordar que para acceder a la financiación total del FNA primero se debe contar con una serie de documentos, así como cumplir algunos requisitos.Lo principal es que las personas interesadas en adquirir su primera vivienda VIS o VIP deben estar afiliadas y activas al Fondo Nacional del Ahorro.Si no tienen sus cesantías en el FNA, deberán solicitar el traslado; esto es clave para evaluar el crédito sin cuota inicial.Ahorro Voluntario Contractual (AVC o AVC Plus): los afiliados pueden hacer aportes de ahorro voluntario que sean reconocidos por el FNA como prueba de disciplina financiera, requisito que sirve para calificar al crédito.Cumplir con la afiliación y con alguno de estos mecanismos permite que la entidad estudie la capacidad crediticia de la persona, sin necesidad de exigir un pago inicial del inmueble.Documentos que pide el FNA para crédito de viviendaDocumentos de la persona:Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, que indique sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.Desprendibles de nómina de los últimos tres meses.Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.Extractos bancarios de los últimos tres meses.Declaración de renta del último año gravable.Documentos de la vivienda nueva o usada:Certificado de Tradición y Libertad con vigencia no mayor a 30 días.Fotocopia de la cédula del vendedor.Promesa de compraventa firmada.Impuesto predial del año vigente.Reglamento de propiedad horizontal, en caso de ser conjunto o edificio.Certificación bancaria del beneficiario del giro.¿Qué pasa si no es beneficiado? Condiciones de elegibilidadSi bien la cuota inicial deja de ser obligatoria, la aprobación del crédito seguirá siendo validada y dependerá de la capacidad de pago y del comportamiento financiero del aspirante. De ese modo, el FNA evaluará el historial de ahorro reconocido, los ingresos, la estabilidad económica, así como sus políticas internas.
Después de seis décadas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al padre Camilo Torres Restrepo, desaparecido el 15 de febrero de 1966 en medio de hostilidades armadas en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí.La entidad informó que la identificación fue posible tras un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que se extendió por más de dos años y medio e integró análisis históricos, forenses y genéticos. Entre las fuentes revisadas estuvo el testimonio de una fuente militar que, en entrevistas realizadas 20 años atrás, señaló que el cuerpo del sacerdote habría sido exhumado tres años después del combate y trasladado al pabellón militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga.El hallazgo se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la UBPD intervino ese camposanto y recuperó una urna funeraria de color caoba con apliques en alto relieve, coincidiendo con la descripción aportada. En su interior fueron hallados varios cuerpos, entre ellos uno cuyas estructuras óseas presentaban concordancia con el perfil biológico del sacerdote, incluyendo sexo, edad, estatura y lesiones compatibles con las heridas que le causaron la muerte, según registros históricos y actas oficiales de 1966.Como parte del proceso, el 16 de diciembre de 2024 la UBPD realizó una intervención en el Cementerio Central de Bogotá para la toma de muestras a familiares fallecidos de Torres Restrepo, con el fin de avanzar en los análisis genéticos comparativos. Entre julio de 2025 y enero de 2026 se ampliaron los estudios de individualización y reasociación ósea, reforzando la hipótesis de identidad con base en características biológicas y documentación histórica.“En diciembre del 2025, se entregaron muestras a un laboratorio especializado en Texas (EE. UU.) que permitió orientar la preselección de muestras con mayor contenido de ADN para su análisis en Colombia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.La UBPD precisó que los análisis osteológicos fueron complementados con estudios genéticos del Instituto, los cuales confirmaron coincidencia con el perfil genético del padre de Camilo Torres, Calixto Torres. Según los resultados, “es 1.230.000.000 de veces más probable que el individuo analizado sea el hijo del señor Calixto, a que sea otro individuo de la población de referencia”.La entrega del cuerpo se realizó el domingo 15 de febrero de 2026 al padre Javier Giraldo, quien hizo la solicitud de búsqueda. Giraldo indicó que los restos permanecerán en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia y que se está a la espera de definir la fecha de una ceremonia de homenaje, luego de que el acto previsto inicialmente no pudiera llevarse a cabo.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
La discusión por el aumento del salario mínimo volvió al centro del debate público luego de que el presidente citara un estudio académico para defender un incremento superior al 23 %. Sin embargo, su autor, el economista Daniel Ossa, salió a aclarar el alcance real de esa investigación y a poner paños fríos a una discusión que, según él, tiene varias aristas.En entrevista este lunes 16 de febrero de 2026 en Mañanas Blu, Ossa explicó que se enteró del uso de su trabajo “por la publicación del presidente en X” y fue claro en señalar que su análisis no plantea aumentos de un solo golpe, sino una discusión de fondo sobre cómo se reparte el crecimiento económico.El estudio que abrió el debate sobre el salario mínimoOssa, profesor asistente de economía en la Universidad de Denver, explicó que su investigación fue publicada en 2018 y analiza la brecha entre el crecimiento del salario mínimo y la productividad laboral desde 2002.“El salario mínimo ha crecido por debajo de la productividad laboral por el uso de una medida errónea”, señaló. Según explicó, en Colombia se ha usado la productividad total de los factores, cuando lo relevante para hablar de ingresos es cuánto produce cada trabajador.Ahí lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si los salarios no crecen al ritmo de la productividad laboral, ese crecimiento económico se va a otro lado”. Y fue más allá: “Se va a ganancias, dividendos, intereses y rentas, y eso agrava la desigualdad”.¿Subir el salario mínimo genera más informalidad?Frente a las críticas que apuntan a que un salario mínimo más alto dispara el desempleo y la informalidad, Osa fue directo. “Ese cálculo incluye el sector informal, porque también aporta al PIB”, aclaró, desmontando la idea de que su análisis ignore esa realidad.Además, cuestionó que el debate se concentre solo en el salario. “Los países con más informalidad son los que producen bienes de bajo valor agregado. Si queremos reducirla, la discusión no es el salario mínimo, es una política industrial”, afirmó.Inflación, gradualidad y decisiones de fondoOssa reconoció que un aumento fuerte puede tener efectos inflacionarios, como advirtió el Banco de la República, pero insistió en que su propuesta apunta a cerrar la brecha de forma progresiva. “No de un sopetón”, enfatizó.Finalmente, subrayó que su trabajo es solo una pieza del rompecabezas. “La comisión de concertación debe evaluar todos los argumentos y tomar una decisión bien informada”, concluyó el economista, citado recientemente por el presidente Gustavo Petro en medio de la polémica nacional.
A través de un comunicado, el partido Centro Democrático lanzó una alerta por riesgos electorales en el departamento del Casanare, a causa del traslado del lugar de los escrutinios para las elecciones del próximo 8 de marzo.Según la denuncia, el lugar definido para este proceso es alejado de la zona urbana de Yopal, y no cuenta con la infraestructura y la seguridad necesaria.“No existe ese encerramiento, está en obra el área y eso no brinda unas garantías físicas de seguridad. La denuncia es grave. A hoy, la Gobernación de Casanare tampoco tiene punto donde van a ser los escrutinios departamentales”, señaló a BLU Radio Jonathan Camargo, coordinador departamental, el partido Centro Democrático.En el mismo documento, el partido Centro Democrático llama la atención a su militancia a rodear el proceso electoral y pide a los entes de control las garantías necesarias para el ejercicio democrático.“El llamado es a la Procuraduría y a la Registraduría que no nos permitamos que tengamos una vulneración de los derechos electorales de los casanareños, que esto es grave para nosotros y es grave para el proceso electoral. Creemos que se puede estar configurando hasta delitos electorales de este proceso, teniendo en cuenta que no tenemos la logística”.Por estos, hechos el Centro Democrático ya interpuso una acción de tutela que ya fue admitida por un juez de Yopal.
El informe preliminar sobre el accidente del Beechcraft 1900D matrícula HK-4709, operado por Satena, concluye que la aeronave se estrelló contra una zona montañosa de Norte de Santander mientras descendía hacia el aeropuerto de Ocaña. Según la investigación, el avión inició el descenso con normalidad y mantuvo comunicación con el control aéreo hasta minutos antes del impacto. Los investigadores describen un choque frontal en trayectoria definida y sin fallas previas aparentes.Los últimos registros muestran que el avión descendía rápidamente y perdió contacto tras reportar que estaba a unas 15 millas del destino. Poco después, los sistemas dejaron de enviar datos y se confirmó el impacto en una montaña a unos 6.881 pies de altura, en una zona de difícil acceso. El reporte técnico indica que la aeronave chocó con rumbo aproximado de 286° contra una ladera empinada, en un impacto frontal.La dispersión de restos en un tramo superior a 140 metros y los daños severos en fuselaje, alas y cabina evidencian un choque directo con el terreno, lo que apunta preliminarmente a un evento de tipo vuelo controlado contra el terreno durante la fase de descenso. Aún falta que la investigación profundice en factores humanos y otras variables operacionales.“En el marco de las actividades de inspección y reconstrucción se logró establecer, de manera preliminar, la dinámica del impacto contra el terreno montañoso. La segunda inspección de los restos no evidenció, en la estructura ni en sus componentes, trazas de hollín ni fallas pre-impacto”, destaca puntualmente el informe.El documento también advierte que la escena del accidente fue alterada antes de la llegada de los investigadores, ya que habitantes del sector manipularon restos y recuperaron víctimas, lo que complicó la reconstrucción exacta de los últimos segundos. Aun así, el análisis de los registradores de vuelo y la distribución de piezas permitió establecer que no hubo explosión en el aire y que la aeronave se destruyó al impactar la montaña.La investigación sigue abierta y aún faltan análisis técnicos clave, como factores humanos, condiciones meteorológicas detalladas y funcionamiento de sistemas. Sin embargo, los hallazgos preliminares apuntan a que la combinación de descenso, terreno montañoso y pérdida de referencia situacional fueron determinantes en la tragedia aérea que dejó 15 personas fallecidas.
Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable al cargo de superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS, en medio de la controversia política que se está gestando desde hace semanas y que incluyó tensiones internas en la Casa de Nariño.En una carta fechada el 17 de diciembre de 2025 y dirigida al presidente Gustavo Petro, Rodríguez explicó que su decisión está relacionada con una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto uso indebido de su nombre para el cobro de comisiones ilegales a EPS intervenidas. En el documento, la funcionaria señaló que se trata de una investigación por “los presuntos delitos de estafa y otros, debido al uso de mi buen nombre para cobrar coimas a las EPS intervenidas”.La directora del Dapre precisó que el proceso ya fue formalmente radicado. Según explicó, su renuncia busca proteger la institucionalidad y evitar cualquier interpretación errónea sobre su rol dentro del Gobierno.“Con el fin de preservar la transparencia institucional, mi buen nombre y la rectitud del ejercicio de la función pública, he decidido dar un paso al costado”, señaló, agregando que su salida también busca evitar “escenarios que puedan prestarse a confusión, instrumentalización o favorecimiento indebido”.La renuncia se produce en un contexto de creciente desgaste político para Rodríguez, quien en los últimos meses protagonizó un choque interno con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, al señalarlo por la baja ejecución y posibles irregularidades en el Fondo de Adaptación.
La Procuraduría General de la Nación decretó una serie de pruebas por los videos donde se ve al prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en una fiesta en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, Nicaragua, una de ellas tiene que ver con la inspección disciplinaria que harán los delegados de la Procuraduría a la Cancillería para obtener información sobre la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese evento.En ese sentido, el Ministerio Público también busca establecer si la Cancillería tuvo conocimiento previo de la asistencia de Carlos Ramón González al evento en Managua, adicionalmente la Procuraduría ordenó a la Embajada de Colombia en Nicaragua informar si tuvo participación en la organización o desarrollo del evento “La Noche Vallenata”, y para que remita documentación relacionada con contratos, pagos, recursos invertidos y demás actuaciones vinculadas a su realización.Los vídeos en donde se ve a Carlos Ramón González de fiesta mientras que en su contra pesa una circular roja de Interpol por su vinculación al escándalo de corrupción al interior de la UNGRD han generado una enorme polémica que derivó en estas investigaciones disciplinarias.El ente de control, ya había ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en aquella fiesta que se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre.Principalmente, la Procuraduría busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la embajada avisaran a las autoridades competentes.
El presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que, si continúan utilizando a la población civil contra la fuerza pública, “se pasará del programa de sustitución de cultivos en Argelia al programa de fumigación con glifosato”.“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo”, escribió el mandatario.El presidente reiteró que este grupo armado se encuentra en combate con el Estado y que no existe ningún tipo de negociación. Esta declaración se da tras el ataque en Buenos Aires, Cauca, que dejó a ocho uniformados asesinados y varias edificaciones públicas destruidas, entre ellas el puesto de Policía, la Alcaldía Municipal y la sede del Banco Agrario, además de daños en viviendas y otros bienes, producto del uso de explosivos y del fuego cruzado durante más de siete horas de hostigamiento.Por su parte, el Ministerio del Interior anunció que destinará recursos para la reconstrucción de la infraestructura afectada y confirmó que este miércoles se reunirá el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, con el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió cerrar 16 procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro, una determinación que desató una nueva controversia política en el Congreso, debido a que se trataba de una actitud de la mayoría de los integrantes de la célula legislativa para favorecer al mandatario.La decisión fue duramente cuestionada por el representante a la Cámara Hernán Cadavid, quien anunció su retiro de la sesión y calificó lo ocurrido como “un regalazo de Navidad”. Cadavid aseguró que no podía ser parte de “semejante barbaridad y abuso”.En una constancia dirigida a la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, quien llegó a su curul por la coalición Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, el congresista explicó que se ausentó de la sesión del 17 de diciembre al considerar que la Comisión estaría siendo instrumentalizada para archivar procesos contra Petro sin el rigor, la objetividad ni la imparcialidad que exige la Constitución.Cadavid también cuestionó que 19 expedientes nuevos contra el mandatario, no tratados previamente, fueran incluidos como primeros puntos del orden del día, pese a que existen otros procesos antiguos aún pendientes, lo que evidenciaría un uso indebido de la Comisión.El representante a la Cámara rechazó que este órgano sea utilizado para promover impunidad o legitimar actuaciones que no garanticen una investigación independiente, rigurosa y transparente.
A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo desatado por los videos en los que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y hoy prófugo de la justicia, participando en una parranda vallenata realizada el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío de Managua, un evento que había sido promocionado por la Cancillería colombiana.En su mensaje, el mandatario aclaró la situación diplomática en Nicaragua y negó que actualmente exista un embajador en ese país. “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, escribió Petro, en referencia a la periodista que había sido postulada para ocupar ese cargo. En el mismo trino, el presidente ordenó que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.Esto se da en medio de versiones encontradas sobre la organización y financiación del evento. Aunque la Cancillería negó una solicitud de recursos para la parranda, hecha por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada en Nicaragua, el evento finalmente se realizó. Muñoz incluso aparece en los videos bailando junto a González, señalado por las autoridades de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.Por estos hechos, la Cancillería anunció una investigación disciplinaria en contra de este funcionario, que se suma a la que ya tenía por haber gestionado la renovación de la residencia para Carlos Ramón González.