Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia inicia la semana con una alta expectativa entre los apostadores. Como es habitual cada mañana, el sorteo Dorado Mañana ha revelado su combinación ganadora, consolidándose como uno de los productos más dinámicos y de mayor recordación en el mercado del chance nacional.Para la jornada de este lunes 16 de febrero de 2026, el número que ha favorecido a miles de colombianos es el: 7485 - Serie 3 Para aquellos que realizan apuestas bajo diferentes modalidades, el desglose de las cifras ganadoras es el siguiente:Número ganador: 7485Dos últimas cifras: 85Tres últimas cifras: 485La quinta (serie/complemento): 3Úlimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana14 febrero 20268477 - 3Dorado Mañana13 febrero 20266824 - 1Dorado Mañana12 febrero 20267697 - 5Dorado Mañana11 febrero 20267973 - 9Dorado Mañana10 febrero 20264492 - 4Dorado Mañana9 febrero 20261950 - 7Dorado Mañana7 febrero 20264848 - 7Dorado Mañana6 febrero 20265554 - 7Dorado Mañana5 febrero 20266073 - 6Dorado Mañana4 febrero 20265146 - 3¿Cuánto paga el Dorado Mañana?El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación ha despertado mayor interés entre los apostadores, al ofrecer más oportunidades de ganar.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.Es importante tener presente que no hay sorteos los domingos ni en días festivos. Por ello, quienes participan deben tener en cuenta este calendario al momento de realizar sus apuestas y consultar los resultados.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de manera ágil, segura y transparente, fortaleciendo la confianza en el Dorado Mañana como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.
Por medio de un comunicado, la Fundación Universitaria Los Libertadores advirtió que, debido al alza del salario mínimo, que se estableció en 1.750.905 pesos, el sector educativo del país enfrenta desafíos significativos que están afectando tanto a instituciones como a estudiantes y a sus familias.“El primer impacto está en la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”, explicó Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores.Los costos operativos de las instituciones educativas se ven presionados por la subida salarial; deben tener en cuenta los contratos de servicios tercerizados y las cargas prestacionales. Además, en el caso de las universidades, los aportes sociales se incrementan, impactando en el valor de las matrículas y en la sostenibilidad de las instituciones.Según el comunicado, expertos en economía y educación aseguran que el aumento sostenido en estos costos podría mantener la inflación del sector educativo entre el 6,5 % y el 7,5 %. Más allá de los porcentajes, el verdadero riesgo es que más jóvenes vean interrumpido su proyecto de vida por razones económicas.Es importante recordar que, en Colombia, acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio del centro urbano. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane (2024), solo el 36 % de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa estudios superiores. En las capitales, la cobertura alcanza el 42,6 %, pero en el campo apenas llega al 16,3 %. En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8 % de los jóvenes logra ingresar a la universidad. Esto demuestra que el acceso ya es desigual y que un aumento en los costos puede profundizar esa diferencia.
El informe preliminar sobre el accidente del Beechcraft 1900D matrícula HK-4709, operado por Satena, concluye que la aeronave se estrelló contra una zona montañosa de Norte de Santander mientras descendía hacia el aeropuerto de Ocaña. Según la investigación, el avión inició el descenso con normalidad y mantuvo comunicación con el control aéreo hasta minutos antes del impacto. Los investigadores describen un choque frontal en trayectoria definida y sin fallas previas aparentes.Los últimos registros muestran que el avión descendía rápidamente y perdió contacto tras reportar que estaba a unas 15 millas del destino. Poco después, los sistemas dejaron de enviar datos y se confirmó el impacto en una montaña a unos 6.881 pies de altura, en una zona de difícil acceso. El reporte técnico indica que la aeronave chocó con rumbo aproximado de 286° contra una ladera empinada, en un impacto frontal.La dispersión de restos en un tramo superior a 140 metros y los daños severos en fuselaje, alas y cabina evidencian un choque directo con el terreno, lo que apunta preliminarmente a un evento de tipo vuelo controlado contra el terreno durante la fase de descenso. Aún falta que la investigación profundice en factores humanos y otras variables operacionales.“En el marco de las actividades de inspección y reconstrucción se logró establecer, de manera preliminar, la dinámica del impacto contra el terreno montañoso. La segunda inspección de los restos no evidenció, en la estructura ni en sus componentes, trazas de hollín ni fallas pre-impacto”, destaca puntualmente el informe.El documento también advierte que la escena del accidente fue alterada antes de la llegada de los investigadores, ya que habitantes del sector manipularon restos y recuperaron víctimas, lo que complicó la reconstrucción exacta de los últimos segundos. Aun así, el análisis de los registradores de vuelo y la distribución de piezas permitió establecer que no hubo explosión en el aire y que la aeronave se destruyó al impactar la montaña.La investigación sigue abierta y aún faltan análisis técnicos clave, como factores humanos, condiciones meteorológicas detalladas y funcionamiento de sistemas. Sin embargo, los hallazgos preliminares apuntan a que la combinación de descenso, terreno montañoso y pérdida de referencia situacional fueron determinantes en la tragedia aérea que dejó 15 personas fallecidas.
Una escena de violencia generó alarma en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde un grupo de hombres armados con cuchillos de gran tamaño protagonizó una riña en vía pública, según confirmaron las autoridades, por una gorra. El hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, quedó registrado en video y muestra momentos de tensión entre varias personas en plena calle 45 con carrera 13.En las imágenes se observa a varios hombres intimidando a otros ciudadanos con armas blancas de gran tamaño. Incluso, en uno de los momentos más impactantes, uno de los implicados golpea su cuchillo contra el suelo, generando chispas, mientras otro aparece con sangre visible en su ropa, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron el altercado.El video también muestra la reacción de una mujer que atendía un puesto de comida en el sector, quien intervino con un palo al notar que, al parecer, intentaban agredir a un hombre que había tropezado y caído al suelo. La escena ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de presencia de autoridades en una zona concurrida de la ciudad.Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho sí ocurrió y que, según las primeras versiones, se trató de una discusión entre personas que estaban en el lugar. Sin embargo, indicó que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, pese a que en el video se observan individuos con aparentes heridas y manchas de sangre.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
Colombia vive un momento doloroso tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso ha conmocionado al país por este lamentable suceso.Frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y de sectores del Ministerio de Salud, quienes señalaron que el accidente en bicicleta fue la causa principal de la muerte del menor y cuestionaron su cuidado, Katherin Pico, madre de Kevin, afirmó que el niño no murió por una caída, sino por la falta del medicamento que nunca se le suministró a tiempo.Según explicó la madre, tras el golpe fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde la atención fue deficiente. "Me lo demoraron 24 horas sin medicamentos, sin atención; es decir, solamente con oxígeno", afirmó la mujer.De igual manera, Katherin asegura que el problema no es montar bicicleta, sino la falta de medicamentos, pues sostiene que existen ciclistas profesionales con la enfermedad y aun así pueden participar en competencias de alto rendimiento.Ciclistas con hemofilia compiten en toursTras las críticas del Gobierno por permitir que un niño con hemofilia montara bicicleta, Katherin Pico defendió el derecho de su hijo a tener una vida normal. "El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera realizar actividades... no lo podía tener atado a una cadena, amarrado o bajo llave", afirmó.La mujer recordó que hay atletas de alto rendimiento que participan en competencias como el Tour de Francia: "Mire, hay muchas personas, como muchos hemofílicos, que están participando en el Tour de Francia y ahí siguen; participan y en ningún momento les han prohibido hacerlo".De hecho, el periodista deportivo Ricardo Orrego confirmó las declaraciones de Katherin Pico y señaló que ciclistas como Alex Dowsett, británico especialista en pruebas de ruta, padecen hemofilia."Ha corrido toda su vida en competencias de alto nivel, es decir, en primera categoría. Incluso ha sido medallista de plata en contrarreloj en los Juegos de la Commonwealth", afirmó Orrego.Dowsett ha vestido los jerseys de Sky y Movistar Team, compartiendo equipo con el colombiano Nairo Quintana; incluso estuvo en el Katusha-Alpecin en Israel. Sin embargo, estos deportistas pueden competir al más alto nivel, siempre y cuando reciban los medicamentos adecuados. "La culpa no es de la bicicleta", concluyó.Otros ciclistas que padecen de esta enfermedad son: el español Pau Salvá, Fabio Blasco y Barry Haarde.Respuesta al presidente PetroSobre las palabras del presidente Petro, quien sugirió que las madres "no nacen aprendidas" y deben ser educadas sobre los riesgos de la enfermedad, Pico respondió que conoce perfectamente la condición, pues tiene otros familiares con hemofilia y ha convivido con ella toda la vida. "Él juzga sin saber... yo soy consciente de la enfermedad que él tiene", sentenció, pidiendo que la muerte de Kevin sirva para que otros niños, incluidos sus propios primos que hoy esperan medicina, no corran la misma suerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La Dirección Nacional de Inteligencia se pronunció tras la controversia por el llamado a calificar servicios del general Edwin Urrego, una decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro luego de recibir información en su despacho que revelaba un supuesto complot en su contra y el ministro del Interior, Armando Benedetti.La entidad aseguró que el mandatario, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía, tiene la autoridad constitucional y legal para retirar del servicio activo a integrantes de la Fuerza Pública. Según la DNI, esta atribución se enmarca dentro de las competencias del jefe de Estado como máxima autoridad administrativa.La DNI también aclaró que las fuentes de información del presidente no se limitan a la inteligencia estatal y agregó que el flujo de datos proviene de distintas agencias de inteligencia, así como de reportes ciudadanos, lo que, según la entidad, fortalece la protección institucional y la defensa de la democracia.En el documento, la Dirección de Inteligencia reiteró su compromiso con el respeto de los derechos humanos y recordó que cualquier persona puede acudir a los canales oficiales para denunciar hechos o aportar información relevante.El informe que llevó a la salida del general Urrego de la PolicíaUn documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” puso bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual, con políticos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro, diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca, en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En una jornada marcada por la tensión en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, Alexis Mina, consejero mayor de 43 consejos comunitarios del norte del Cauca, explicó las razones detrás de las movilizaciones que han paralizado sectores estratégicos de la capital. A pesar de los vínculos territoriales y personales con la vicepresidenta, las comunidades exigen soluciones estructurales a una crisis de seguridad y abandono estatal que, según denuncian, no ha sido resuelta por el actual gobierno.Vínculo con Francia Márquez y la realidad del "Vivir Sabroso"Una de las declaraciones más llamativas de Mina fue el reconocimiento de su proximidad con la vicepresidenta. "Aquí todos somos cercanos a Francia Márquez", afirmó, señalando que al provenir de una región pequeña como el norte del Cauca, la gran mayoría de los líderes se conocen entre sí. Sin embargo, esta cercanía no ha impedido la protesta, ya que consideran que su agenda de lucha es autónoma y responde a necesidades históricas de la organización.Ante los cuestionamientos sobre la consigna gubernamental de "vivir sabroso", el líder afrodescendiente matizó que las condiciones actuales en sus territorios están lejos de ese ideal. Mina vinculó el deterioro de la situación con la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016, señalando que, tras una aparente calma inicial, la decisión de gobiernos anteriores de no avanzar en lo pactado desencadenó la crisis actual que el presente gobierno aún no logra revertir.Crisis de seguridad en el Cauca: El motor de la protestaEl núcleo de las exigencias de los 43 consejos comunitarios, que representan a unos 90,000 habitantes de municipios como Padilla, Puerto Tejada, Suárez y Santander de Quilichao, es la seguridad. Mina denunció que sus territorios están "asediados por carteles transnacionales, disidencias de las Farc, pandillas y el crecimiento de cultivos de uso ilícito".La movilización busca presionar al Estado colombiano —más que al gobierno de Petro específicamente— para saldar una deuda histórica que data desde 1986. El líder enfatizó que la protesta es una forma de exigencia frente a temas neurálgicos como la protección de la vida y la pervivencia en los territorios, los cuales serían discutidos en mesas técnicas con funcionarios con capacidad de decisión.Bloqueos en el CAN y la respuesta de las autoridades de BogotáLa protesta incluyó la retención de más de 1.100 personas el pasado lunes en edificios gubernamentales, una acción que Mina calificó como una medida de presión ante la falta de condiciones sanitarias y de alimentación para los manifestantes, así como la ausencia de interlocutores válidos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó su profunda preocupación por estos hechos. Restrepo criticó que el Gobierno Nacional impidiera la actuación de la policía para restablecer el orden al mantener abiertas mesas de diálogo, lo que, en su opinión, dejó desprotegidos a los ciudadanos bogotanos. Además, el secretario sugirió que estas movilizaciones podrían estar siendo instrumentalizadas con fines políticos electorales, e hizo un llamado a la Fiscalía para investigar posibles nexos entre los bloqueos y campañas políticas.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios.“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a) EGC en días previos”.Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC.En el comunicado también indican que durante la sesión se acordaron compromisos que buscan impulsar el proceso, con beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto.El encuentro se llevó a cabo por invitación del Grupo de Países Mediadores, conformado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y de la Conferencia Episcopal.Es importante recordar que la suspensión de los diálogos se había producido tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, según afirmaron, generaron inconformidad en el grupo armado ilegal y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones.
Una tormenta eléctrica desató momentos de pánico en Popayán, luego de que un rayo impactara una instalación militar y dejara a un soldado lesionado, además de causar daños en una aeronave del Ejército.El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero en el Cantón Militar José Hilario López, donde el uniformado cumplía labores de centinela cerca de un helicóptero cuando se registró la descarga eléctrica. El momento quedó captado en video y muestra el instante exacto en el que el rayo golpea la zona donde se encontraba el militar y este quedó tendido en el suelo por la descarga.Tras el impacto, el soldado fue trasladado a un centro médico de la capital caucana. Según información oficial, su estado es estable y permanece en observación, sin que las lesiones revistan gravedad.Este es el video La descarga también alcanzó el helicóptero que se encontraba en plataforma. La aeronave, adscrita a unidades de aviación del Ejército, presentó daños en el rotor de cola y tuvo que ser retirada temporalmente para revisiones técnicas.Pese al susto que generó el incidente, fuentes militares indicaron que la aeronave ya está en condiciones para operar. Testigos del hecho relataron que el estruendo se escuchó en buena parte de la instalación militar y generó momentos de angustia entre el personal que se encontraba en la zona, pues el impacto fue casi simultáneo con el aguacero.Tras la descarga, se activaron los protocolos de emergencia y se restringió el acceso al área mientras especialistas verificaban posibles afectaciones adicionales en equipos y estructuras dentro del cantón.
Una intensa operación de búsqueda se mantiene en zona rural de Córdoba, donde autoridades y organismos de socorro intentan dar con el paradero de un hombre desaparecido en medio de la emergencia por inundaciones que golpea la región.El despliegue es liderado por la Armada, a través de la Fuerza Naval del Caribe y la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en articulación con la Policía, la Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales.El desaparecido fue identificado como Luis Eduardo Rivero Oviedo, un médico veterinario de 38 años, quien fue visto por última vez el 14 de febrero mientras apoyaba labores humanitarias en áreas afectadas por las lluvias en las zonas rurales de Montería y sus alrededores.Las labores se concentran en corredores fluviales y sectores anegados, donde rescatistas emplean maniobras de gancho y cuerda, patrullajes en botes tipo Zodiac y sobrevuelos con drones para ampliar el radio de rastreo. Las condiciones del terreno, marcadas por crecientes súbitas y zonas inundadas, han dificultado el avance de los equipos.Mientras avanzan las operaciones, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicar al profesional. La búsqueda continúa sin descanso, en medio de una emergencia climática que ya ha dejado múltiples afectaciones en el Caribe.
Comprar vivienda o pagar estudios superiores siguen siendo de los mayores retos que enfrentan los colombianos; ante ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales alternativas para quienes sueñan con tener casa propia o avanzar en su formación.La entidad pública no solo administra la prestación social, también ofrece créditos hipotecarios, leasing habitacional y préstamos educativos. La vía más conocida es trasladar las cesantías al Fondo, que funcionan como respaldo al momento de solicitar el crédito.Cuánto le prestan con sus cesantías en 2026Para 2026, el Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer que financiará hasta el 100 % del valor del inmueble a quienes cumplan los requisitos establecidos; es decir, los solicitantes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial.Sin embargo, el monto definitivo dependerá de:La capacidad de pago del solicitante.El puntaje mínimo de calificación exigido.Que no existan embargos sobre los recursos.Tener las cesantías consignadas en el Fondo.Adicionalmente, las cesantías administradas por el FNA generan rendimientos atados a la UVR, lo que busca proteger su valor frente a la inflación; además, la entidad no cobra cuotas de administración ni comisiones por retiros.En educación, los afiliados pueden usar sus cesantías para financiar estudios propios, de su pareja o incluso de sus hijos.Con ahorro también le prestaría el FNAQuienes no reciben cesantías también pueden vincularse mediante el Ahorro Voluntario Contractual. Esta modalidad permite acceder al crédito siempre y cuando el afiliado realice aportes mensuales constantes. El método está disponible tanto para residentes en Colombia como para quienes viven en el exterior.Surge entonces una pregunta: ¿los afiliados por cesantías reciben préstamos más altos que quienes ahorran voluntariamente? Lo cierto es que no; en ambos casos la financiación puede ser hasta del 90 % del valor del inmueble, según la capacidad de endeudamiento.Por lo tanto, el FNA dispone de un simulador. Por ejemplo, si un apartamento tiene un costo de 180 millones y se financian 144 millones:En cuota fija en pesos a 20 años (9,5 % EA), la cuota aproximada sería de $1.443.160 mensuales con seguros.En UVR a 30 años, la cuota inicial rondaría los $810.331, aunque con un mayor número de pagos totales.Veamos un caso: Andrés tiene 29 años y desea comprar un apartamento cuyo valor es de 180 millones de pesos. Al utilizar el simulador eligió la opción por valor de la vivienda. Estos fueron los datos: Cuota constante en pesosCuota total con seguros: $1.443.160Valor de seguros: $137.364Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 20 añosTasa de interés efectiva anual: 9,5 %Tasa de interés mensual: 0,759 %Número de cuotas: 240Cuota constante en UVRCuota total con seguros: $810.331Valor de seguros: $88.404Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 30 añosTasa de interés efectiva anual: UVR + 4,5 %Tasa de interés mensual: UVR + 0,367 %Número de cuotas: 360Vale recordar que desde marzo de 2026 estará disponible la opción de financiar el 100 % de la vivienda, lo que ampliará las posibilidades para quienes buscan dar el paso hacia casa propia.
La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentaron los hechos de violencia registrados este lunes en el CAN y se comprometieron a no bloquear edificios públicos.Durante más de seis horas se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios, que llegaron a la capital desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.Como resultado del encuentro, se acordó la instalación formal de una mesa de diálogo que articulará a 20 entidades del Gobierno nacional para avanzar en soluciones a las demandas de la comunidad durante tres días consecutivos.Asimismo, se pactó el cese de los bloqueos luego de que este lunes se registrara la retención de al menos 1.300 funcionarios públicos de cuatro entidades, entre ellas, los ministerios de Educación y Minas; la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el Dane y el resto complejo del Centro Administrativo Nacional, CAN.Fuentes confirmaron que las comunidades se comprometieron a permitir el ingreso de trabajadores a las instituciones mientras avanzan las conversaciones. Incluso, algunos campesinos ya habrían empezado a abandonar las instalaciones de la Universidad Nacional.En la jornada inicial se alcanzaron acuerdos preliminares en materia agrícola. Este martes continuaban las negociaciones.La agenda de negociación incluye temas como condiciones de seguridad, inversión social, fortalecimiento del sector agrícola, mejoramiento de vías e infraestructura y acceso a la educación, entre otros puntos prioritarios para las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca.La mesa cuenta con la mediación de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de garantizar transparencia, respeto por los derechos fundamentales y avances concretos en favor de las comunidades.
En las últimas horas, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, ha sido escenario de un amplio despliegue de la Fuerza Pública, en el marco de las operaciones orientadas a recuperar el control territorial y restablecer las condiciones de seguridad para las comunidades. La acción se da tras recientes hechos de alteración del orden público que obligaron a reforzar la presencia institucional en esta zona del departamento.De acuerdo con información oficial, unidades de la Tercera División del Ejército Nacional avanzan en el ingreso de más tropas al casco urbano y a las áreas rurales del municipio, con el objetivo de apoyar el desarrollo de operaciones militares y brindar protección a la población civil. El dispositivo ha sido fortalecido con varios pelotones adicionales, lo que permite ampliar el control y la vigilancia en puntos estratégicos.El despliegue operacional cuenta, además, con apoyo aéreo. Aeronaves artilladas del Ejército, junto con capacidades de la Fuerza Aérea y la Policía, realizan sobrevuelos de seguridad y acompañamiento a las tropas en tierra, en una estrategia coordinada para neutralizar posibles amenazas y garantizar la movilidad segura en la zona.Paralelamente, equipos especializados adelantan labores de desactivación de explosivos en la parte alta del municipio, una de las áreas priorizadas dentro de la operación. Estas acciones buscan reducir riesgos para la población y para las unidades que permanecen en el territorio, en medio de un contexto complejo por la presencia de artefactos que representan un peligro latente.Las autoridades reiteraron que las operaciones continuarán de manera sostenida, con énfasis en la defensa del territorio y la protección de la vida de los habitantes de Buenos Aires, Cauca, mientras se consolidan las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de las actividades en la región.
En jurisdicción del municipio de Palermo, en el Huila, fue construida la primera planta de energía solar, la cual tuvo una inversión de 3.500 millones de pesos, una obra que beneficiará a más de 700 usuarios en todo el departamento y a un sector del gremio comercial con tarifas especiales.La gerente de la Electrificadora del Huila, Nika Cuéllar, explicó que la planta denominada Granja Solar el Bote es la primera que se construye en el Huila con recursos propios de la empresa generadora de energía de la región.“Esta planta de energía solar fue ejecutada por ingenieros y personal de la empresa. Se hizo una inversión de 3.500 millones de pesos y fue construida en 79 días. Los beneficiarios de energía solar son más de 700 en todo el departamento, con una tarifa especial mucho más económica y tenemos en marcha tres proyectos similares más de energía fotovoltaica para el año 2026”, indicó la gerente de Electrohuila Nika Cuéllar.Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, dijo que en el territorio colombiano al menos 300.000 familias de distintas regiones cuentan con energía solar a través del programa comunidades energéticas.“Comunidades energéticas es un programa para llevar energía solar y barata a las poblaciones más vulnerables del país. En este caso, tenemos aprobados un billón de pesos para llevar energía limpia a Chocó, Guaviare, La Guajira, es decir, que de este programa comunidades energéticas más de 300.000 familias ya tienen energía solar”, afirmó el ministro Edwin Palma.Puntualizó el ministro Palma que del programa Colombia Solar se aprobaron ocho billones de pesos para llevar energía fotovoltaica a comunidades de escasos recursos en el país y el proyecto iniciaría por la región Caribe, donde muchas familias vulnerables carecen del servicio de energía.
La solicitud fue presentada por el presidente de la Veeduría Nacional, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación. La petición busca establecer si la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P., como máximo órgano de dirección y control de la empresa, conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es investigado.Marimón Reyes afirmó que “el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011”. La ausencia de estos elementos, añadió, podría constituir delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y peculado.La Veeduría fundamenta su solicitud en el rol de la Junta Directiva en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público. Además, recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que los órganos directivos no pueden eludir su deber de control y que la Corte Constitucional señala que la vigilancia y supervisión deben ser reales y efectivas, con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales en caso de incumplimiento.Con esta acción, la Veeduría busca que la Fiscalía determine si la Junta Directiva actuó de manera negligente o permitió irregularidades en un contrato de gran impacto financiero para la ciudad, reafirmando la necesidad de proteger los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una noticia criminal para indagar los ataques y hostigamientos atribuidos a las disidencias de alias Iván Mordisco contra la población civil del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. La investigación será asumida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, ante la gravedad de los hechos y el impacto directo sobre los habitantes de la zona.La decisión se produce luego de una incursión armada que derivó en un intenso ataque contra la estación de Policía del municipio, acción que se prolongó durante varias horas y que dejó a la población en una situación de alto riesgo. Durante los enfrentamientos, los habitantes de Buenos Aires quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre integrantes de la Fuerza Pública y los disidentes armados.De acuerdo con los reportes oficiales, el temor se apoderó del casco urbano cuando los ataques se intensificaron y los disidentes bloquearon las principales vías de acceso al municipio, impidiendo la movilidad y el ingreso oportuno de ayuda. Ante este escenario, decenas de familias tuvieron que confinarse en sus viviendas para proteger sus vidas, en medio del pánico generado por los disparos y las explosiones.El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, explicó que uno de los aspectos más críticos de la situación fue la demora en la llegada del apoyo necesario para repeler el ataque. Según detalló, el refuerzo tardó aproximadamente cinco horas y media, debido a una combinación de factores adversos.Entre las razones expuestas por el oficial se encuentran sabotajes en las vías terrestres, la instalación de emboscadas previamente preparadas por los grupos armados y condiciones meteorológicas que impidieron el uso inmediato de apoyo aéreo. Estas circunstancias, señaló, dificultaron de manera significativa la respuesta oportuna de las autoridades frente a la incursión armada.Además del impacto en materia de seguridad, el ataque dejó afectaciones materiales en la infraestructura policial y en bienes del municipio. Frente a esta situación, el coronel Bedoya anunció que en las próximas horas iniciará gestiones ante el Gobierno nacional para obtener apoyo financiero que permita reparar los daños ocasionados durante los enfrentamientos.Mientras avanzan las investigaciones penales para establecer responsabilidades por los hechos violentos, las autoridades mantienen presencia en la zona con el objetivo de restablecer el orden público y brindar garantías de seguridad a los habitantes de Buenos Aires, quienes siguen a la espera de medidas que eviten la repetición de este tipo de acciones armadas.
El encargado de negocios de Colombia en Nicaragua había enviado una carta a la Cancillería solicitando el uso de recursos de la Embajada para hacer la fiesta el 11 de diciembre. Incluso, el documento habla de una cofinanciación con el Teatro Nacional Rubén Darío, que fue el lugar en el que se realizó el evento. En ese documento, Muñoz entrega detalles de lo que tenían previsto con 120 invitados, entre ellos funcionarios diplomáticos, empresarios y connacionales. Entre esos asistentes estuvo Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El 15 de diciembre, después de que se había realizado el evento y el mismo día que se conoció la presencia de Carlos Ramón González, la Cancillería respondió a Muñoz con otra carta en la que negaba esta petición y argumentaba que no estaba claro en qué se usaría el dinero.En ese documento, en poder de este medio, se niega la reasignación de recursos solicitada por la Embajada de Colombia en Nicaragua, al considerar que la iniciativa no se ajusta a los lineamientos vigentes de la Estrategia de Diplomacia Cultural 2025. Y reiteran que ninguna actividad puede adelantarse ni generar compromisos sin la aprobación previa y formal de la Dirección de Asuntos Culturales.En esta carta, la Cancillería dice que no tuvo conocimiento de que la actividad propuesta se realizó, pero asegura que no se ejecutó con cargo a recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que no contaba con la autorización correspondiente.Finalmente, la Dirección de Acción Cultural precisó que los recursos del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior (PPCE) no están destinados al patrocinio de actividades y que la solicitud presentada no cumplió con el nivel de detalle requerido. En particular, se cuestiona que el formato remitido solo consignara de manera genérica un aporte en “otros gastos de producción”, sin la desagregación necesaria para su evaluación y aprobación.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.