Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
La divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció hace pocos días, junto con declaraciones del presidente Gustavo Petro y de miembros del Gobierno, desató un nuevo foco de controversia en medio del debate por la muerte del menor, quien era paciente de Nueva EPS.Para el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, se trata de una actuación contraria a la normatividad vigente y al respeto por los derechos fundamentales. “Es totalmente ilegal y no está bien. El respeto a la privacidad de las personas lo tenemos que cumplir todos los colombianos, no importa si es el presidente de la República o la persona más humilde de este país”, afirmó Galán.El director insistió en que la historia clínica está protegida por normas y regulaciones específicas y advirtió que la actuación del mandatario no solo tendría implicaciones legales, sino también un impacto humano sobre la familia. En particular, señaló que la exposición pública de la información médica revictimizó al niño y a sus familiares.Adicionalmente, Galán explicó que el caso de Kevin refleja la situación que hoy enfrentan miles de pacientes en el país. De acuerdo con el director, más de 4.500 personas con hemofilia estarían en riesgo de vivir escenarios similares, debido a las dificultades para acceder de manera oportuna a los medicamentos que requieren para sus tratamientos.En ese contexto, aseguró que la intermitencia en la prestación de los servicios de salud está relacionada con un problema de financiación del sistema. “Hay pacientes con otras enfermedades de alto costo, que lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, y la indolencia del Gobierno no lo ha querido solucionar. Y tiene que ver con la desfinanciación estructural que está diagnosticada desde hace bastante tiempo”, agregó.Durante el encuentro de socialización Colombia Progresa 2026, una iniciativa de seis centros de pensamiento que busca proponer una hoja de ruta al próximo gobierno sobre los principales desafíos del país, Galán sostuvo que el mayor problema del sistema de salud es la crisis financiera que atraviesa, la cual pone en riesgo su sostenibilidad, la continuidad en la prestación de los servicios y el derecho efectivo a la salud. Por esa razón, indicó que una de las principales recomendaciones es estabilizar el sistema mediante una mayor inyección de liquidez.Finalmente, el director del observatorio señaló que parte del deterioro actual también está relacionado con las recientes intervenciones del Gobierno a varias EPS. “El próximo gobierno va a tener que solucionar la intervención que hay sobre las EPS, que tienen en este momento aproximadamente 25 millones de afiliados y que esas EPS intervenidas por el gobierno nacional desde hace más de dos años, pues han visto deteriorar su operación y su patrimonio, y han visto incrementar las quejas, peticiones y reclamos”, concluyó.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
A mediados de 2025 llegó a Alemania el colombiano Luis Díaz tras su exitoso paso por el Liverpool de Inglaterra, que sin saber se terminó volviendo en el mejor momento de su carrera deportiva y grandes portales del mundo se lo reconocen cada fin de semana en donde sale como figura de su equipo.Ahora, el colombiano llegó a lo más alto tras superar a Lamine Yamal y Vinicius Jr del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, que durante meses fueron nombrados los mejores extremos izquierdos del mundo, pero gracias a su tremenda temporada, el guajiro se posicionó como el mejor de todo.Esto según el reconocido portal de Whoscored, que posicionó a Luis Díaz entre los 10 mejores jugadores del mundo y el mejor extremo de todos con una calificación de 7.7 gracias a su participación en ataque, tanto a la hora de hacer goles como de asistir con el Bayern Múnich. Portal que también resaltó a su compañero Harry Kane como el mejor en la actualidad, incluso, por encima de Kylian Mbappé.Los impresionantes números de Luis Díaz en AlemaniaEn tan solo sietes meses, Díaz ha disputado 21 partidos con la camiseta del FC Bayern y en poco tiempo superó, por ejemplo, las estadísticas de sus compatriotas James Rodríguez y ‘Tren’ Valencia con la misma camiseta.‘Lucho’ ha anotado un saldo de 32 goles y ha dado 19 asistencias, teniendo una alta participación en ataque en esta temporada en Alemania, una contribución del 16 % en cada resultado que han obtenido los dirigidos por el belga Vicent Kompany en esta temporada.Además, el colombiano ya conquistó su primer título en el fútbol alemán cuando alzó la Supercopa, demostrando así sus habilidades en poco tiempo y el por qué había obtenido tanto cariño de los hinchas del Liverpool, que hasta canciones le alcanzaron a hacer durante su etapa en Merseyside.
Las lluvias intensas, las inundaciones prolongadas y los deslizamientos no solo arrasan cultivos y viviendas; también golpean la economía familiar durante meses, e incluso años. Fenómenos climáticos como La Niña suelen dejar a su paso comunidades enteras tratando de reconstruir lo perdido, muchas veces dependiendo de ayudas estatales para cubrir necesidades básicas.En Cundinamarca, miles de hogares sintieron el impacto del fenómeno de La Niña 2021–2023, que provocó emergencias en varios municipios. Para mitigar esos efectos, el Gobierno nacional habilitó apoyos económicos dirigidos a jefas y jefes de hogar damnificados. Sin embargo, no todos los beneficiarios han podido recibir el recurso.Beneficiarios en Cundinamarca deben actualizar datos para recibir $500.000La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que más de 2.000 personas en Cundinamarca, incluidas como beneficiarias del programa Jefas y Jefes, aún no han recibido el subsidio único de $500.000 debido a errores o inconsistencias en sus datos personales.Ante esta situación, la entidad amplió hasta el 25 de marzo de 2026 el plazo para que los ciudadanos puedan actualizar la información y acceder al desembolso. El llamado está dirigido a quienes hayan sido notificados como beneficiarios y presenten inconsistencias en nombres, número de identificación u otros datos que impidan la transferencia del dinero.Los departamentos que concentran el mayor número de inconsistencias son:La Guajira (13.851)Chocó (10.391)Bolívar (7.277)Sucre (6.788)Córdoba (6.025)Magdalena (5.619)Cauca (4.828)Cesar (3.760)Cundinamarca (3.494)Valle del Cauca (3.285)Atlántico (2.474)Arauca (2.453)Antioquia (2.415)Tolima (1.897)Santander (1.871)Nariño (1.557)Norte de Santander (1.449)Putumayo (1.264)Según la UNGRD, tras una revisión estadística del RUNDA se detectaron múltiples errores en los registros, los cuales fueron informados en repetidas ocasiones a las entidades territoriales para que los corrigieran. Debido a estas fallas, algunas personas no fueron reconocidas oficialmente como damnificadas y, por lo tanto, no accedieron al apoyo económico que les correspondía.Es importante aclarar que la actualización de datos aplica única y exclusivamente para “84.194 personas inscritas que presentaron inconsistencias con corte al 2 de noviembre de 2024. No podrán ingresar nuevos beneficiarios, ya que los registros en el RUNDA cerraron el 1 de mayo de 2023. La subsanación de la información sólo podrá realizarse hasta el 25 de marzo de 2026”, manifestó la entidad.Para hacer la corrección, los beneficiarios deben enviar un correo electrónico a protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co, adjuntando una fotocopia totalmente legible de la cédula de ciudadanía.Con este procedimiento se validarán y actualizarán los datos para reactivar la entrega del apoyo económico.La UNGRD recordó que la información detallada sobre el proceso está disponible en su portal oficial y reiteró que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las familias damnificadas que aún no han podido recibir la ayuda.
El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
Blu radio conoció la denuncia de varios contratistas del Ministerio del Interior que aseguran no han recibido el pago de su sueldo de diciembre del año pasado.“Hoy es 19 de febrero del 2026 y aún no nos pagan y no nos dan razón de cuando se realizará el pago. Tengo hijos, mi espos@ recibe un salario menor al mío y aunque hemos tratado de resolver con créditos, ya los bancos no nos esperan más. Tengo compañeros que no ha recibido pagos desde noviembre y sobre los pagos de enero, no tenemos explicación”, narró una persona afectada.Vía correo electrónico, el Ministerio del Interior explicó a sus funcionarios que las cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025 fueron constituidas como reserva presupuestal, es decir, que el pago quedó aplazado para este año y debe surtir un trámite administrativo antes de desembolsarse.Explicaron que el 4 de febrero comenzaron a generar las cuentas por pagar y que ese proceso debía quedar listo máximo el 9 de febrero; luego, el 10 y 11 de febrero se solicita el PAC Reserva al Ministerio de Hacienda, trámite clave para que autoricen los recursos. Advierten que, si alguna cuenta es devuelta para ajustes y no queda obligada antes del 10 de febrero, el pago se corre al mes siguiente, porque Hacienda solo habilita dos días para pedir ese PAC. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda puede tardar entre tres y cinco días hábiles, y solo después de eso tesorería inicia los desembolsos, que, según el cronograma, comenzarían aproximadamente a partir del 23 de febrero de 2026.Cabe mencionar que el PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la nación.Esta situación ha afectado a cerca de 1.400 contratistas del ministerio. Por otro lado, Blu radio conoció otro testimonio de un contratista que trabaja en el despacho del ministro Armando Benedetti; el último pago se lo hicieron el 10 de diciembre, fue correspondiente a noviembre, y desde esa fecha no recibe sueldo.Este medio también contactó al Ministerio de Hacienda para preguntar por su presunta responsabilidad en la falta de pagos; sin embargo, por ahora no hubo respuesta.
En el marco de un evento sobre regalías realizado en el auditorio Jockey Club, en el centro de Bogotá, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y elcontralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunciaron sobre el caso del menor Kevin Acosta y la situación del sistema de salud en el país.El procurador Gregorio Eljach aseguró que la forma en que el presidente de la República y el ministro de Salud se refirieron al caso que generó indignación entre los colombianos y pidió a los funcionarios del Gobierno moderar su lenguaje.“Hago un llamado vehemente a todo servidor público especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.Eljach afirmó que su mensaje surgía desde lo más profundo de su sentir, al tratarse de un niño y pidió respeto por la memoria del menor y por sus padres. También recordó que Colombia atraviesa un momento convulsionado y que los altos funcionarios deben promover la unidad y el respeto.Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la crisis del sistema de salud, asegurando que la Contraloría había advertido sobre la situación y que esta trajo consecuencias graves, como la muerte del menor.“Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser” indicó.Rodríguez señaló que las decisiones tomadas han generado responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Gobierno debe revisar en qué está fallando. Además, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para su auditoría y recordó que la Superintendencia de Salud debe dedicarse a labores de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
El Consulado General de Colombia en Atlanta tiene a cargo la circunscripción de siete estados, lo que implica que es responsable de la atención y asistencia de todos los colombianos que residen en Misisipi, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky, con un potencial electoral de 24.500 connacionales.Atlanta abrirá su puesto de votación desde el 2 hasta el 8 de marzo. Sin embargo, están denunciando falta de jurados para garantizar el funcionamiento de todas las mesas.La encargada de funciones consulares, Andrea Rojas, pidió a los colombianos que se registren para participar como jurados en la jornada del domingo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., a través del enlace: https://jurados.cancilleria.gov.co/Cabe mencionar que esta labor será certificada y que las mesas de votación para colombianos en Greenville y Charlotte solo estarán disponibles el 8 de marzo, cuando el país decidirá quiénes asumirá el Senado y la Cámara, y también se votarán las tres consultas: Frente por la Vida, la Gran Consulta y la Consulta de las soluciones.
La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, encendió las alarmas al revelar lo que califica como un problema estructural en varios de los principales puertos de Colombia: cobros irregulares y las presuntas presiones que estarían afectando de manera directa a los camioneros.Según los transportadores, en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores, se estarían exigiendo pagos que van desde 30.000 hasta 300.000 pesos para agilizar trámites. La regla, es que quien paga, avanza más rápido; quien no lo hace, puede esperar hasta 10 días con el contenedor sobre su vehículo, e incluso arriesgarse a ser vetado y quedarse sin trabajo.“Esta situación es más extorsivo, es un enfoque que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC, tachando esta situación cómo “una estafa legalizada”.Los casos, principalmente se presentan con mayor frecuencia en puertos estratégicos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú, donde, según la ATC, algunos operadores portuarios estarían realizando estos cobros, obligando a los conductores a asumir costos que no les corresponden.“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, añadió Quiceno.Pero el impacto va más allá de los pagos irregulares. Cientos de camioneros deben permanecer durante días con la carga montada, funcionando en la práctica como bodegas móviles, mientras se resuelven trámites que son responsabilidad de importadores, exportadores o navieras. Ese tiempo perdido no es reconocido ni remunerado.Las cifras que entrega la asociación son alarmantes. Calculan que entre 200 y 300 camioneros pueden llegar a perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno, sumando parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las largas esperas. En conjunto, las afectaciones superarían los 5.000 millones de pesos por semana.Ante este panorama, la ATC exige al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que reconozcan un problema que, aseguran, lleva décadas sin resolverse y que trasladen las denuncias a las autoridades competentes.“Si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos. Hay que reconocerle a los camioneros para que a través del sistema de costos eficientes se los reconozca la empresa de transporte de carga. Pero no ha habido poder humano que haga entender a los funcionarios del ministerio, comenzando por la viceministra, cuál es el problema estructural en los puertos de Colombia”, exigió el Presidente de la ATC.De no haber intervención, plantean una alternativa. Así como las navieras cobran en dólares las demoras en la devolución de contenedores, los camioneros deberían poder cobrar automáticamente por el tiempo que permanecen retenidos con la carga. Para el gremio, se trata de dignificar al eslabón más vulnerable de la cadena logística nacional.
Luego de cumplirse un consejo de seguridad en la Gobernación del Huila, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables del asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy, ataque perpetrado por disidentes de las Farc en el municipio de La Plata.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que la millonaria recompensa fue direccionada desde el Ministerio de Defensa. Además, se ordenó aumentar el pie de fuerza ante los recientes hechos de orden público registrados en el occidente del departamento.“Entre las medidas, anunciamos un reforzamiento del pie de fuerza con Ejército y Policía en el occidente del Huila, y en ese sentido queremos informarle a la opinión pública que el señor ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien suministre información que permita la ubicación de los responsables del crimen de la patrullera Karen Estefany Pajoy”, sostuvo el secretario de Gobierno.El funcionario destacó, además, los recientes golpes propinados por las autoridades a las estructuras armadas ilegales que delinquen en el Huila, principalmente la captura de alias ‘Richard’, disidente del bloque Isaías Pardo de las Farc, señalado de haber instalado la moto con explosivos el Jueves Santo de este año en el municipio de La Plata, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.¿Quién era la patrullera de la Policía asesinada en La Plata, Huila?Cabe recordar que la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela tenía 21 años de edad y actualmente estaba adscrita a la Seccional de Inteligencia de la Policía en el municipio de Pitalito. Además, llevaba dos años y siete meses en la instituciónEl cuerpo de la patrullera Karen Pajoy permanece en Neiva, donde este jueves le realizarán un homenaje póstumo en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mañana viernes, el féretro será llevado al municipio de La Plata, donde se cumplirán las honras fúnebres con honores de la Policía y acompañamiento de sus familiares.
La Policía, través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la incautación de una tonelada con 52 kilogramos de clorhidrato de cocaina durante actividades de perfilación e inspección a contenedores con destino internacional en el puerto de Cartagena, el cual procedia de Bogotá y tenía como destino Milano, Italia.La sustancia ilicita, de acuerdo con las autoridades, fue encontrada bajo la modalidad de ocultamiento en mercancia, escondida en una máquina trituradora de impacto. Según las primeras investigaciones, la droga pertenecería al Clan del Golfo. Con esta incautación, destaca la Policía, se logró afectar las finanzas de la estructura criminal en más de 39.9 millones de dólares, y se evitó la circulación de más de 2.6 millones de dosis de cocaína."La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando de manera permanente para combatir el crimen organizado en todos los niveles”, indicó el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre Director de Antinarcóticos, tras la incautación del cargamento de cocaína en el puerto de Cartagena.En lo corrido del año se han incautado, agrega la autoridad, más de 444 toneladas de clorhidrato de cocaína. La Policia invitó además a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
El presidente Gustavo Petro le respondió a su homologo Donald Trump quien aseguró que él será el siguiente objetivo después de Venezuela. El jefe de Estado dijo que el mangante estadounidente está irrespetando a Colombia. "Esa desinformación terrible del presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia", dijo.Asimismo, señalón que Trump utiliza "frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana"."Si me demuestran con datos, mi equivocación puedo corregir. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen nueve al día", agregó.Según Trump, Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que su país está "produciendo mucha droga"."Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos", afirmó Trump.En ese sentido, Petro resaltó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, ha habido "1.446 combates en tierra contra las mafias" y "13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida"."Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno, hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas", expresó el mandatario colombiano, quien dijo que esta es "la mayor incautación en la historia del mundo".Igualmente afirmó que nunca ha sido "hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia", pero que no acepta "imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios".Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".Con el mensaje de hoy, el mandatario estadounidense pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado también la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 tripulantes.Al respecto, Petro, que es un crítico de esa operación, afirmó hoy que "no es cierto que con misiles sobre lancheros se esté luchando contra narcoterroristas".
La noche del 7 de junio de 2023 quedó marcada para siempre en la memoria de Angélica. Ese día recibió una breve llamada de su hijo David, joven que había hecho parte de la denominada Primera Línea y cuya desaparición ya la mantenía en una angustiosa búsqueda. Con voz entrecortada, él le pidió que no creyera todo lo que se estaba diciendo sobre su situación.“Me dijo que se había escapado, que no creyera en lo que decían, que estaba obligado”, relató su madre en diálogo con Relatos Al Límite. Aquellas palabras serían el último contacto directo que tendría con su hijo. Más de un año después, en julio de 2024, la incertidumbre se transformó en dolor. A través de un video difundido por alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de una estructura disidente, se conoció que David había sido asesinado por orden de alias ‘Calarcá’, líder de un grupo rival, presuntamente cuando intentaba desertar.Para Angélica, las imágenes donde aparece su hijo en zonas selváticas no reflejan al joven que ella conocía. “Lo vi triste, muy triste. No era mi hijo, no se expresaba como cuando estaba en casa”, señaló. En su testimonio, insistió en que David habría sido manipulado y obligado a permanecer en ese entorno.Desde el momento de la desaparición, la madre emprendió una búsqueda incansable. Caminó durante horas, pegó carteles, difundió avisos y pidió ayuda a distintas entidades. Sin embargo, asegura que no recibió respuestas efectivas por parte del Estado.Según relató, el único respaldo constante vino de una fundación y de Erika Bautista, así como de una mujer identificada como Jeannette, quien, según recordó, le brindó apoyo económico básico y la ayudó a gestionar asesoría jurídica y derechos de petición. “Ella fue como la mamá que yo no tenía en ese momento”, dijo.Angélica también denunció que entregó a la Fiscalía pruebas de llamadas que recibió durante los primeros días de la desaparición, en las que le advertían que dejara de buscar a su hijo. A pesar de ello, afirma que no ha visto avances significativos en la investigación.Tras conocerse públicamente la noticia de la muerte de David, el 31 de julio de 2024, fue citada a múltiples reuniones con entidades relacionadas con procesos de paz. Sin embargo, sostiene que nunca obtuvo respuestas claras. “Me decían que ya lo tenían, que ya lo iban a entregar, y nada pasaba. Sentí que se burlaron de mí”, expresó. Incluso afirmó que en una de las últimas citas fue dejada esperando más de una hora sin ser atendida.
En los primeros diez días de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 453 personas lesionadas por el uso de pólvora en el país. Aumentaron las lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, esta cifra representa un incremento del 8,6 % frente al mismo periodo del año anterior.Del total de casos, 155 corresponden a menores de 18 años, lo que equivale al 34,2 %. Entre ellos, 18 estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo los efectos del alcohol, según informó el INS. Hasta la fecha, no se han registrado fallecimientos asociados a estas lesiones.¿Dónde hay más quemados?Antioquia es el departamento con mayor número de lesionados, con 61 casos, seguido de Bogotá con 41. Otros territorios con reportes significativos son Cauca (32), Cundinamarca (24), Atlántico y Valle del Cauca (22 cada uno), Norte de Santander (20), Barranquilla, Cali y Córdoba (17 cada uno). Boyacá y Nariño registran 16 casos; Caldas y Magdalena, 15 cada uno; Santander, 14; Cesar, 13; y Quindío, 11.Entretanto, departamentos como Bolívar, Cartagena, Huila y Tolima presentan 9 casos cada uno; Buenaventura y Risaralda, 6; Casanare, Meta y Sucre, 5; La Guajira, 4; Guaviare y Santa Marta, 3; Chocó y Putumayo, 2; y Arauca, Caquetá y San Andrés, un caso cada uno.En las principales ciudades, Medellín lidera con 30 personas lesionadas. Le siguen Cúcuta con 11; Armenia con 10; Popayán con 8; Pasto e Ibagué con 7 cada una; Montería con 6; Manizales, Valledupar y Pereira con 5 casos cada una. También se reportan 4 lesionados en Yopal; 3 en Riohacha, San José del Guaviare y Bucaramanga; 2 en Villavicencio; y un caso en Tunja, Quibdó, Neiva y San Andrés.Las quemaduras son el principal tipo de lesión, con un 88 % de los casos, seguidas por las laceraciones, que representan el 53 %. Los artefactos más asociados a estos incidentes son los totes (30,8 %), seguidos de otros dispositivos pirotécnicos (18,6 %) y los voladores (18,4 %).En materia de intoxicaciones por fósforo blanco, inicialmente se reportaron tres casos en Barranquilla; sin embargo, uno fue descartado tras análisis de laboratorio, dejando un total de dos menores afectados.