Juan David Pérez, reconocido deportista colombiano que hace parte de la selección nacional de fútbol 5 para ciegos, publicó un video en sus redes sociales contando, con sorpresa, que él y varios amigos con discapacidad visual fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Pérez señaló que la citación les llegó sin ningún filtro que considerara sus condiciones, pese a los problemas que representaría para las funciones técnicas y de vigilancia que implica la tarea.“¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”, dijo en un video en su cuenta de Instagram ante la imposibilidad de desempeñar esas labores sin visión.El deportista acudió a la Registraduría para tramitar su exoneración, presentando los documentos requeridos y el certificado que acredita su condición de discapacidad visual total, pero la la respuesta de la entidad fue que debían presentar un documento “más actualizado”, aunque se trata de una condición médica que no cambia y, por ende, los respaldos no requieren renovación.Ante esto, la Registraduría emitió un pronunciamiento público tras la difusión del video y aclaró que, aunque inicialmente el sorteo los incluyó debido a la falta de información sobre su discapacidad, una vez conocida su condición, Pérez y quienes estaban en la misma situación fueron exonerados de forma inmediata de la responsabilidad como jurados de votación.“Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”, aseveró la entidad.Finalmente, la Registraduría ofreció disculpas por el inconveniente y reiteró que aquellos ciudadanos con discapacidades permanentes deben informar formalmente a los empleadores o a quienes generan los listados para evitar su inclusión en el proceso automatizado de selección.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró en entrevista con Recap Blu que, pese a las diferencias del pasado con Abelardo De La Espriella, espera que a toda la oposición de vaya bien, incluyendo al abogado, pues recalcó que al único candidato al que considera una amenaza para el país en las próximas elecciones es Iván Cepeda."Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza", afirmó la también periodista.En esa misma línea, expresó que espera que los colombianos voten por el candidato que más les gusta, pero reiteró que Cepeda afectaría al país por seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro."Que elijan lo que quieran, para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda ni por Roy, porque Roy ahí va con nadadito de perro, ahí va. Y le digo sinceramente que Roy también representa cosas muy feas de la política. Hoy la gran amenaza es Iván Cepeda. Ni un voto por Cepeda", agregó.Polémica Ecopetrol, Constituyente y saludEn materia económica y energética, fue contundente frente al manejo de Ecopetrol y cuestionó la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Propuso reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking “técnico y responsable”, y recuperar el gobierno corporativo de la empresa. "El señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol", afirmó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, la precandidata manifestó que no prosperará y sostuvo que el actual gobierno “tiene fecha de vencimiento”. En ese contexto, señaló que la oposición debe mantenerse unida frente a lo que considera una amenaza política representada por Iván Cepeda, a quien calificó como el principal riesgo electoral.Finalmente, sobre la crisis del sistema de salud, Dávila planteó pagar de inmediato las deudas del sistema de salud para normalizar la entrega de medicamentos, mantener las mejores EPS y sacar del sistema a las que no cumplan estándares. "Las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó", concluyó.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
La crisis política de Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década, y dio un nuevo y sorprendente giro con el nombramiento como mandatario interino del octogenario congresista José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, con el que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años.Balcázar, un abogado de 83 años que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú pero que acumula numerosas polémicas en su trayectoria judicial y política, dio el inesperado campanazo al ser el más votado en la sesión extraordinaria del Congreso para reemplazar a José Jerí, destituido tras poco más de cuatro meses como presidente interino.Con 64 votos frente a 46, el legislador se impuso a la derechista María del Carmen Alva, que a inicios del día partía como gran favorita para asumir temporalmente la Presidencia con la misión de conducir el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando asumirá el mando el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril.Sin embargo, en un enrevesado juego de intereses políticos y cálculos electorales de cara a los comicios que tendrán lugar en pocas semanas, Balcázar salió triunfante con el respaldo de un conjunto de partidos de derecha que inicialmente se preveía que votarían por Alva, pero a última hora variaron su voto.Así, el Legislativo peruano, que destituyó a Jerí por las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias, acabó poniendo de presidente encargado a una figura igualmente polémica por los cuestionamientos e imputaciones en su contra, si bien él los rechaza y tilda de "leyendas negras".Como juez supremo, Balcázar fue sancionado por prevaricato al variar una sentencia que ya era firme, mientras que el colegio de abogados del que formaba parte lo expulsó por presuntamente haberse apropiado de fondos cuando fue su decano.Como congresista destacó por haber dirigido la comisión en la que se nombrado nuevos jueces del Tribunal Constitucional, pero por lo que más se le recuerda es por su postura contraria a prohibir el matrimonio infantil en Perú bajo el argumento de que "mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".También promovió un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo.En los días previos a la votación, Balcázar llegó a insinuar en declaraciones a periodistas la posibilidad de indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022 para evitar precisamente ser destituido por el Congreso.En su primer discurso como jefe de Estado, Balcázar garantizó a sus compatriotas "una transición democrática electoral pacífica" y pidió "que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones" generales que se celebrarán en abril próximo.También aseguró que mantendrá la actual política económica, porque "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos" y que buscará fortalecer la seguridad ciudadana, que es la principal exigencia de la ciudadanía.En el transcurso de esta semana, Balcázar deberá nombrar al Consejo de Ministros que lo acompañará en este nuevo periodo, tras el cisma provocado por su designación en los partidos de derecha como el fujimorismo y el ultraconservador Renovación Popular, que se acusan mutuamente de haber entregado el Gobierno a la izquierda.
Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán mañana jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó este miércoles la Casa Blanca."El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia", dijo en rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. "Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés", explicó.La portavoz de la Casa Blanca reiteró que Trump anunciará el compromiso de más de 5.000 millones de dólares de los miembros de la Junta de Paz para "los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza", como ya había adelantado el propio mandatario el fin de semana en su red Truth Social.La entidad también enviará a "miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los habitantes de Gaza", agregó Leavitt.Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte.Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en la reunión.También confirmaron su asistencia el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense y en su lugar enviará a su ministro de Exteriores, Gideon Saar.México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.Este lunes, Trump dijo que la Junta de Paz trabajará con las Naciones Unidas "en algunos casos", y reiteró que la entidad irá "más allá de Gaza", enfocándose en "la paz en todo el mundo".El republicano ha resaltado el "potencial ilimitado" de la organización, creada inicialmente para supervisar el plan de paz en el enclave palestino tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.La secretaria de Prensa de la Casa Blanca calificó este miércoles de "profundamente lamentables" estas críticas. "No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida", dijo.El estatuto de la entidad otorga amplios poderes a su presidente, en este caso a Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.La membresía permanente en la junta cuesta 1.000 millones de dólares.A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza alcanzado en octubre como parte de un plan impulsado por el presidente estadounidense, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
La Lotería del Valle realizó el sorteo número 4836 en la noche del miércoles 18 de febrero de 2026, manteniendo la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el premio mayor fue de $9.000 millones, una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías tradicionales en Colombia.Premio mayor – $9.000 millonesEl número ganador del premio mayor fue: 6080 de la serie 156. El afortunado ganador se quedó con uno de los premios más altos del país en esta categoría.Premios secos del sorteo 4836 de la Lotería del ValleAdemás del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:PREMIO SECO – $500 MILLONES4259 – Serie 185PREMIOS SECOS – $100 MILLONES4226 – Serie 2575940 – Serie 168PREMIOS SECOS – $60 MILLONES4890 – Serie 0548580 – Serie 2591933 – Serie 253PREMIO SECO – $40 MILLONES9010 – Serie 18625 PREMIOS SECOS – $30 MILLONES1837 – Serie 1594556 – Serie 1896107 – Serie 0553195 – Serie 1273919 – Serie 1600830 – Serie 2457840 – Serie 0187241 – Serie 0926275 – Serie 2376168 – Serie 0417023 – Serie 1152147 – Serie 0471984 – Serie 0252553 – Serie 1181131 – Serie 0223160 – Serie 0885487 – Serie 0987549 – Serie 2752278 – Serie 0414376 – Serie 1263547 – Serie 2459032 – Serie 1502579 – Serie 1081879 – Serie 1045341 – Serie 290Se recomienda comparar cuidadosamente el billete con la imagen oficial del sorteo 4835, publicada por la entidad, para confirmar cualquier posible acierto.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?Los premios pueden reclamarse directamente en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador.Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas principales ubicadas en:Calle 9 # 4-50, CaliAllí se realiza el proceso de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.Proceso de validaciónVerificación del premio según el listado oficial.Firma del billete con número de cédula y huella.Entrega de copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.Revisión de seguridades y tira de control.Para premios mayores a $20 millones, se solicita además certificación de autenticidad al proveedor impresor.Una vez confirmada la autenticidad, se emite la resolución de pago y el desembolso se realiza mediante consignación bancaria.El pago se efectúa en un plazo máximo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador.¿A qué hora juega la Lotería del Valle?La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m., mediante un sistema de baloteras electroneumático que garantiza transparencia y seguridad.La transmisión se realiza en vivo a través del canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo en directo y verificar los resultados oficiales.
El programa Conexión Social, Bogotá me conecta, alcanzó un nuevo hito al conectar 25.000 hogares vulnerables a internet gratuito de fibra óptica en la capital del país, consolidándose como una de las principales apuestas para cerrar la brecha digital en la ciudad. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), busca integrar a miles de familias a la infraestructura tecnológica pública.Los hogares beneficiados, pertenecientes a los estratos 1 y 2 y clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén, cuentan ahora con conexión de fibra óptica de 25 Mbps, disponible las 24 horas del día y con capacidad para conectar hasta 15 dispositivos por vivienda. El servicio incluye, además, herramientas de control parental y ciberseguridad, lo que fortalece la protección digital de niñas, niños y jóvenes.En esta nueva etapa, el programa pone especial énfasis en la población joven, reconociendo su papel clave en el desarrollo social y económico de Bogotá. Según destacó Diego Molano, presidente de ETB, no se trata únicamente de ofrecer acceso a internet, sino de garantizar conectividad estable y de calidad que permita a los jóvenes formarse en entornos virtuales, desarrollar habilidades digitales y acceder a oportunidades laborales remotas.Con una meta proyectada de 100.000 hogares conectados, lo que representaría alrededor de 400.000 personas, y una inversión estimada de 234.000 millones de pesos entre 2025 y 2028, Conexión Social se perfila como uno de los mayores despliegues de infraestructura digital con enfoque social en la ciudad.Podrán acceder al beneficio los hogares de las localidades priorizadas: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Kennedy, siempre que cuenten con cobertura de red ETB y cumplan los criterios técnicos y sociales definidos por la Secretaría de Integración Social.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
Blu radio conoció la denuncia de varios contratistas del Ministerio del Interior que aseguran no han recibido el pago de su sueldo de diciembre del año pasado.“Hoy es 19 de febrero del 2026 y aún no nos pagan y no nos dan razón de cuando se realizará el pago. Tengo hijos, mi espos@ recibe un salario menor al mío y aunque hemos tratado de resolver con créditos, ya los bancos no nos esperan más. Tengo compañeros que no ha recibido pagos desde noviembre y sobre los pagos de enero, no tenemos explicación”, narró una persona afectada.Vía correo electrónico, el Ministerio del Interior explicó a sus funcionarios que las cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025 fueron constituidas como reserva presupuestal, es decir, que el pago quedó aplazado para este año y debe surtir un trámite administrativo antes de desembolsarse.Explicaron que el 4 de febrero comenzaron a generar las cuentas por pagar y que ese proceso debía quedar listo máximo el 9 de febrero; luego, el 10 y 11 de febrero se solicita el PAC Reserva al Ministerio de Hacienda, trámite clave para que autoricen los recursos. Advierten que, si alguna cuenta es devuelta para ajustes y no queda obligada antes del 10 de febrero, el pago se corre al mes siguiente, porque Hacienda solo habilita dos días para pedir ese PAC. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda puede tardar entre tres y cinco días hábiles, y solo después de eso tesorería inicia los desembolsos, que, según el cronograma, comenzarían aproximadamente a partir del 23 de febrero de 2026.Cabe mencionar que el PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la nación.Esta situación ha afectado a cerca de 1.400 contratistas del ministerio. Por otro lado, Blu radio conoció otro testimonio de un contratista que trabaja en el despacho del ministro Armando Benedetti; el último pago se lo hicieron el 10 de diciembre, fue correspondiente a noviembre, y desde esa fecha no recibe sueldo.Este medio también contactó al Ministerio de Hacienda para preguntar por su presunta responsabilidad en la falta de pagos; sin embargo, por ahora no hubo respuesta.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) lanzó su campaña anual #CelebraConCuidado, un llamado urgente a prevenir quemaduras durante las celebraciones decembrinas. La iniciativa busca alertar a las familias sobre un problema de salud pública que ha ido en aumento y que afecta, sobre todo, a niñas, niños y adolescentes.Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el año 2024 cerró con la mayor incidencia de quemados por pólvora en la última década: un incremento del 15 % frente a 2014 y del 23,8 % respecto a 2023. Solo este año se reportaron 1.982 víctimas, y durante la temporada de vigilancia, del 1 de diciembre a la segunda semana de enero, se registraron 1.354 casos, la segunda cifra más alta en diez años.Al menos 1 de cada 3 víctimas son menores de edad, muchos de ellos con cicatrices permanentes, secuelas funcionales, cirugías futuras y afectaciones psicológicas. El 70 % de los casos corresponde a manipulación de pólvora, mientras que el 30 % son personas que simplemente se encontraban cerca.“Las quemaduras no solo dejan marcas en la piel que son atendidas por los cirujanos plásticos. Pueden generar amputaciones, secuelas físicas y psicológicas, largos procesos de rehabilitación y en algunos casos la muerte. Por eso, la SCCP recuerda que no son accidentes inevitables, sino eventos prevenibles si se eliminan las situaciones de riesgo”, menciona la entidad.¿Cómo evitar quemaduras?Las recomendaciones de la SCCP para prevenir quemaduras en diciembre se enfocan en evitar por completo la manipulación de pólvora y mantenerse a una distancia segura de quienes la usan; reforzar las precauciones dentro del hogar, especialmente en la cocina, donde los líquidos calientes siguen siendo la principal causa de quemaduras en niños. Asimismo, revisar instalaciones eléctricas y no sobrecargar enchufes para reducir riesgos con luces navideñas.También se recomienda almacenar productos químicos en lugares seguros y fuera del alcance de menores. Ante cualquier quemadura, actuar de inmediato enfriando la zona con agua corriente sin aplicar hielo ni remedios caseros, y acudir cuanto antes a un centro médico, sobre todo cuando la lesión es extensa o la víctima es un menor.“Las quemaduras dejan cicatrices visibles e invisibles y muchas requieren años de cirugías y rehabilitación. Este diciembre, la invitación es a celebrar con responsabilidad, proteger a los niños, fortalecer la prevención en casa y buscar atención a tiempo si ocurre una lesión”, menciona la presidenta de la SCCP, la doctora Damaris Romero.
Durante la Cumbre de Ameripol, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la tensa relación con Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico y los bombardeos ordenados por el gobierno Trump en el Caribe. Afirmó que, pese a las diferencias, la cooperación con ese país continuará y, en ese contexto, se refirió a la prohibición de sustancias usadas para producir fentanilo.Cabe mencionar que van 22 bombardeos en el caribe y 87 muertos como resultado. El mandatario ha planteado su rechazo a esto y más recientemente lo relacionó con la aparición de cuerpos en La Guajira y pidió verificar el posible vínculo.“Yo vivo recogiendo ya cadaveres que llegan por el mar. Los últimos que tengo indicios son de República Dominicana. Salieron de Venezuela y sus cuerpos terminaron por las corrientes llegando a la Guajira. Eso está por confirmar. Lo que me extraña es que las familias de estas personas parece que no existieran, solo hemos encontrado una”, agregó.Por otra parte, el anuncio sobre los precursores del fentanilo fue realizado inicialmente por el ministro del Interior y de Justicia. La decisión implica que las seis sustancias empleadas para producir fentanilo, aunque tienen usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, quedarán bajo vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales. Además, los ministros informaron que será radicado en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de esta sustancia, con el fin de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.
Luego de un consejo de seguridad que se cumplió este martes, 9 de diciembre, en el municipio de Isnos, Huila, las autoridades determinaron ofrecer una recompensa de hasta 17 millones de pesos para quien entregue información oportuna y les permita esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de tres casos de homicidios ocurridos en menos de 15 días en esa localidad.El alcalde de Isnos, José Alfredo Muñoz, informó que la policía ha recaudado videos de cámaras de seguridad y demás evidencias, con las que han avanzado en la identificación de los posibles autores de los recientes asesinatos donde una de las víctimas es una menor de ocho años de edad.“La administración municipal se solidariza con las familias de las víctimas con los hechos de homicidios ocurridos en los últimos días, como alcalde de Isnos, la Policía y el Ejército hemos definido ofrecer una recompensa de hasta 17 millones de pesos para quien suministre información veraz que les permita a las autoridades capturar a los responsables de estos crímenes” dijo el mandatario local José Alfredo Muñoz.Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Alvarado, de 23 años de edad; Noralba Rojas, de 39 años y la menor Laura Fernández de 8 años, quien murió tras ser alcanzada por una bala perdida en un hecho de sicariato cuando departía con su familia la noche de las velitas.En el caso de Noralba Rojas Carvajal, otra de las víctimas que también perdió la vida por una bala perdida en otro hecho de sicariato donde resultó gravemente herido un hombre, permanece en estado crítico en un centro asistencial del departamento.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
Diciembre es sin duda el mes más esperado por millones de colombianos, especialmente para el sector trabajador del país. Muchos esperan esta época para recibir la tradicional ancheta, la Prima de Servicios e incluso asistir a la fiesta de fin de año que la mayoría de empresas suele organizar. Esta reunión es una de las más esperadas, quizá porque durante unas horas las jerarquías desaparecen, la alegría toma fuerza y más de uno espera ganarse un bono o una licuadora en las rifas que nunca faltan.Sin embargo, no todo se queda en regalos y música. También es común que algunos empleados se pasen de tragos, que haya confesiones inesperadas entre compañeros y jefes, y que, en situaciones más delicadas, se presenten discusiones o peleas cuando el ambiente se sale de control.Despido en fiesta empresarial: qué dice la normativa laboralA pesar del ambiente relajado, estas celebraciones siguen siendo eventos corporativos. Así lo recuerda Asuntos Legales, al señalar que estas prácticas son delicadas porque cualquier conducta indebida o indecente puede terminar en una sanción o incluso un despido.El tema volvió a ser tendencia tras el video viral en Ecuador donde dos mujeres terminaron enfrentadas a golpes en plena fiesta navideña de su empresa. En Colombia, la respuesta depende del marco legal.Según Sebastián Mejía, líder de Derecho Laboral en Scola Abogados, cometer una conducta indebida que represente una falta laboral, ya sea leve o grave, habilita a la empresa para sancionar o despedir al empleado. Esto porque estos espacios son considerados una extensión del ambiente laboral. Sin embargo, aclara que la ley exige que primero se garantice el derecho a la defensa del trabajador.Las conductas que pueden generar sanciones en una fiesta empresarial incluyen:Agresiones físicas o verbales, riñas y amenazas.Acoso sexual, tocamientos o comentarios de connotación sexual, besos no consentidos.Humillaciones, discriminación o maltrato.Daños a bienes del empleador o del establecimiento donde se realiza el evento.Actos que afecten la reputación institucional o la convivencia laboral.Consumo de sustancias prohibidas.Peleas en fiesta de empresa: si ocurren afuera, ¿también sancionan?La abogada Gina García, gerente de GLR Abogados, explica que el análisis no depende del lugar exacto donde ocurren los hechos. Lo fundamental es el nexo con el trabajo. Si la conducta está relacionada con la actividad oficial de integración, puede considerarse falta laboral y generar sanciones.Agrega que una conducta puede ser reprochable cuando afecta la convivencia, la imagen corporativa o los derechos de otros trabajadores.Blu Radio consultó al abogado Óscar Sierra sobre este mismo tema. El experto señala que las peleas o insultos dentro de una fiesta empresarial pueden justificar la terminación del contrato de trabajo. Pero aclara que, cuando estas situaciones ocurren por fuera del evento oficial y en un espacio privado, no existe fundamento laboral para sancionar o despedir al empleado. “De cara a peleas que se generan por fuera de la fiesta de la empresa… no tienen por qué ser reprochables en el sentido eminentemente laboral… eso escapa a la posibilidad de despedir al trabajador”.
Con estos recursos, la banca de desarrollo triplicó el número de municipios y departamentos que han accedido a financiación con condiciones favorables para la ejecución de iniciativas que transformen los territorios.En ese sentido, la entidad pasó de financiar 111 entidades territoriales (16 departamentos y 95 municipios) en el período 2018–2022 a desembolsar recursos para 259 entidades territoriales (18 departamentos y 241 municipios) entre 2022 y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 133 %.Así mismo, la financiación para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, en donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, también aumentó y pasó de $293.068 millones a $771.538 millones, un incremento de más del 163 %.En lo corrido de 2025, con corte al 30 de noviembre, Findeter ha desembolsado más de $4 billones para la financiación de 531 proyectos que han impactado a 425 municipios, de los cuales 369, es decir, el 87 %, son de las categorías con mayores brechas, a los cuales se les ha financiado más de $1,4 billones.Entre los municipios impactados con los recursos de Findeter están Aguachica (Cesar), Albania (La Guajira), Chiquinquirá (Boyacá), El Cerrito (Valle del Cauca), Miranda (Cauca), Altos del Rosario (Bolívar), Andes (Antioquia), Arbeláez (Cundinamarca), Astrea (Cesar), Campoalegre (Huila), Dibulla (La Guajira), Fómeque (Cundinamarca), Frontino (Antioquia), Garagoa (Boyacá), Guamal (Meta), Guamo (Tolima), Luruaco (Atlántico), La Virginia (Risaralda), Palestina (Caldas), Purísima (Córdoba), Timaná (Huila), Cumbal (Nariño), entre otros.Algunos de los proyectos financiados y que benefician a estos municipios son la construcción de la concha acústica del municipio de El Peñón en Bolívar; el mejoramiento de la malla vial en Mompox (Bolívar); la construcción de cancha sintética en San Pablo (Bolívar) y la ampliación de servicios del hospital San José de Mariquita (Tolima).También la entidad ha financiado la optimización del alcantarillado, del acueducto y el mejoramiento de vías urbanas del corregimiento de San Roque, Curumaní (Cesar); el mejoramiento de la intercomunicación terrestre en la zona rural del municipio de Puerto Escondido (Córdoba); la construcción de infraestructura educativa en Colosó (Sucre); la construcción de la concha acústica en El Peñón (Bolívar), entre otros.