El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Poco a poco Cali supera las emergencias registradas por las fuertes lluvias ocurridas entre la tarde y la noche de este jueves, las cuales generaron graves afectaciones en el norte, el oeste y el centro de la ciudad.En varios sectores se reportó caída de granizo, mientras que en vías principales como la Avenida Sexta, en inmediaciones del sector de Chipichape, hubo inundaciones por el colapso del alcantarillado. Los bomberos atendieron la caída de once árboles en diferentes calles, en algunos de estas atenciones se rescataron personas que quedaron atrapadas dentro de los vehículos.Entre las situaciones atendidas por los organismos de socorro, hubo varias casas destechadas en los barrios Nacional, Brisas de Mayo y Terrón Colorado, en este último además se rescataron dos personas que habían sido arrastradas por la creciente de una quebrada. Mientras que en zona rural, en el corregimiento de Montebello, el desbordamiento del río Aguacatal inundó varias casas inundadas."Atendimos la rotura de un ventanal por caída de una valla, por los fuertes vientos en un cuarto piso de edificación. También tenemos otras múltiples viviendas, las cuales por efecto del viento sus techos han salido desprendidos y sus ventanales. Y así mismo estamos haciendo evaluación de la salida de una quebrada en la vía Montebello", explicó el bombero Jefferson Agudelo, Coordinador del centro de Telemática de bomberos Cali.Cabe recordar que en el resto del Valle del Cauca otros once municipios también han tenido afectaciones por las fuertes lluvias, durante esta semana. Por lo que más de la mitad del departamento está en alerta.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 19 de febrero:La comediante Nana Sanabria habló sobre el show 'Estado de GravEdad' que será en marzo. Además, contó una curiosa anécdota con una mujer en silla de ruedas.El libretista y asesor de contenidos Sergio Borja realizó un #TBT sobre las visitas insoportables.
En un movimiento estratégico para garantizar la eficiencia en la dispersión de recursos, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció modificaciones importantes en el calendario de transferencias monetarias para el primer trimestre de 2026. Los ajustes responden principalmente al proceso de adjudicación del nuevo operador bancario que se encargará de llevar los subsidios a los rincones más apartados del país.Colombia Mayor: Ciclo doble para mitigar retrasosLa población de la tercera edad será la primera en recibir atención. Según la entidad, el próximo 27 de febrero iniciará el trámite para las transferencias de Colombia Mayor, las cuales llegarán con una novedad: un ciclo doble de pago.Esta medida busca compensar los tiempos de espera derivados de la transición contractual. Al respecto, Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, explicó la importancia de esta decisión: “Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”.Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿Qué pasará en marzo?Para los millones de hogares que dependen de la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, el primer desembolso del año ha sufrido una reprogramación. Según las proyecciones oficiales, la entrega de recursos está prevista para la segunda y tercera semana de marzo.Un punto clave para los beneficiarios es la focalización. Prosperidad Social aclaró que, en aras de la eficiencia administrativa, no habrá ingresos de nuevos hogares durante el primer ciclo de 2026. En su lugar, se utilizará la base de datos del último ciclo de 2025. Los interesados en ingresar al sistema deberán esperar a los ciclos 2 y 5, periodos establecidos para la actualización y entrada de nuevas familias.Situación de Renta Joven y adjudicación de operadoresEl programa Renta Joven presenta un escenario mixto. Los estudiantes y jóvenes que ya se encuentran bancarizados recibirán su incentivo de forma habitual el próximo martes 24 de febrero. No obstante, quienes dependen de la modalidad de giro deberán esperar a que el nuevo operador bancario inicie su ejecución formal.El cronograma de adjudicación se encuentra en una fase crítica. Este jueves 19 de febrero venció el plazo para la presentación de propuestas por parte de las entidades financieras interesadas. Se estima que el proceso de evaluación, selección y puesta en marcha de la nueva operación tome un máximo de cuatro semanas.Prosperidad Social hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en cadenas de desinformación o falsas convocatorias en redes sociales. Las fechas exactas de pago por municipio y los puntos de retiro autorizados se comunicarán exclusivamente a través de los canales oficiales:Sitio Web: prosperidadsocial.gov.coWhatsApp: 318 806 7329Línea Nacional: 01 8000 95 1100Atención en Bogotá: 601 379 1088
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
En el aeropuerto El Dorado, la Policía encontró e incautó dos armas de fuego tipo carabina que estaban escondidas en dos cajas con ropa y juguetes. Según las autoridades, venían desde el municipio de Guaduas, Cundinamarca, con destino hacia la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima.El paquete fue identificado al llegar a la terminal aerea en medio del proceso de verificación de contenido que se hace por medio del escaner. En video quedó registrado el momento en que un policía destapa las dos cajas y una de estas tenía varias chaquetas, y otra con varios juguetes que pretendían esconder las armas."La estación de Policía Aeropuerto, en actividades de registro y control en las bodegas de envíos nacionales, realizaron el hallazgo de dos armas de fuego tipo carabina. Usando los medios tecnológicos como el escáner y sus conocimientos detectaron estas armas en medio de una carga de juguetes y de ropa que tenían como destino final la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima”, señaló Carolina Ibagué, comandante de la estación de Policía Aeropuerto.Entra tanto, después de la incautación de estas dos armas de fuego, comenzaron las investigaciones para establecer el destinatario del paquete, así mismo confirmar para qué iba a ser usada. De acuerdo con la Policia, en lo corrido del 2026, en medio de controles de reconocimiento y verificación de ha logrado incautar más de 158 armas de fuero en Bogotá.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
En una ofensiva coordinada que abarcó el Pacífico, el Caribe y el suroccidente del país, las Fuerzas Militares lograron afectar de manera contundente las economías ilícitas del narcotráfico, consideradas la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados. Así lo confirmó el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FF. MM., al destacar que estos resultados son producto de “la inteligencia estratégica, la acción conjunta y la interoperabilidad que nos permiten debilitar sus capacidades y proteger a los colombianos”.La primera operación se desarrolló en zona rural de Tumaco, Nariño, donde unidades del Comando Contra Amenazas Transnacionales del Ejército localizaron y destruyeron un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Allí fueron halladas cerca de tres toneladas de droga, además de insumos sólidos y líquidos, maquinaria y elementos empleados para la producción de droga. Según el almirante Cubides, el complejo pertenecía a las disidencias de las Farc, estructura que viene siendo presionada por las tropas en este corredor estratégico del Pacífico.Al mismo tiempo, en el suroccidente del país, tropas de la Tercera División del Ejército interceptaron en Ginebra, Valle del Cauca, dos vehículos en los que tres sujetos transportaban más de media tonelada de marihuana. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para establecer su rol dentro de las redes de tráfico en la región.Entre tanto, en el Caribe, una operación de interdicción marítima ejecutada por la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de agencias internacionales, permitió detener una lancha rápida que movilizaba más de 2,6 toneladas de cocaína. En la embarcación fueron capturados tres colombianos, dos venezolanos y un ciudadano jamaiquino, quienes pretendían transportar la droga hacia Centroamérica.El almirante Cubides resaltó que estos contundentes golpes se suman al esfuerzo sostenido de soldados, marinos y aviadores que, solo en lo corrido del año, han logrado la incautación de más de 622 toneladas de clorhidrato de cocaína. “Este esfuerzo representa vidas protegidas, recursos ilícitos arrebatados a los criminales y condiciones favorables para el control institucional del territorio”, señaló el comandante general.Finalmente, Cubides envió un mensaje de reconocimiento a las tropas desplegadas en todo el país: “Todo mi reconocimiento a quienes, con honor, disciplina y carácter, aportan día a día a la lucha contra los delitos transnacionales. Seguimos avanzando, fortaleciendo la acción conjunta y manteniendo la presión permanente sobre las estructuras criminales. Vamos por más”, concluyó.
En su plan para defender la compra de los aviones Gripen para reemplazar la flota de aviones Kfir, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este miércoles una mesa de trabajo con la Procuraduría para socializar la estructuración del proceso de contratación con el fabricante sueco, Saab.Si bien el Ministerio Público no tiene ninguna actuación vigente sobre este contrato, que rodea los $16,5 billones, el ministerio pidió su acompañamiento para mantener los estándares de transparencia en la adquisición de las 17 aeronaves y los servicios complementarios.Durante la sesión, el ministro y su equipo reiteraron que cada fase del proyecto ha sido abordada con rigurosidad técnica y siguiendo protocolos de planeación previamente establecidos. Asimismo, subrayaron que toda la información relacionada con la compra ha sido puesta a disposición de los organismos competentes, atendiendo a los principios de transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, considerados por la entidad como sagrados.El encuentro se da previo al que tendrá este jueves el ministro Sánchez con la Contraloría, que sí ha emitido varias alertas por la falta de información sobre el proceso previo y la firma del contrato, del que no se tienen mayores detalles.Y es que el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que su dependencia no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa.La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2:00 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad, pues en una primera solicitud la respuesta fue que los datos tienen “carácter de reserva”.El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos y por eso ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de liquidez.Esta misma semana la multinacional sueca Saab defendió la transparencia del contrato firmado con el Gobierno colombiano, afirmando que no hubo intermediarios ni personas externas en el proceso y pide no comparar la oferta hecha a Colombia con la realizada a otros países, aunque no reveló los números fijos detrás de este.
En estas vacaciones de fin de año, algunos de los visitantes de Salento que vayan en sus vehículos serán atendidos por 24 cuidadores, la mayoría adultos mayores, que se prepararon en seguridad y turismo gracias a un programa de economía popular de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.En las calles de Salento, 24 personas, la mayoría adultos mayores, entre los 60 y los 85 años, cuidan los carros de algunos de los miles de visitantes que recorren este turístico municipio. Uno de ellos es Nelson Hoyos, que preside la Asociación de Zonas Azules del municipio de Salento, Quindio: "Estamos sectorizados en diferentes calles del municipio, en la Plaza principal, nos toca estar pendientes cuando están ingresando vehículos, recibir a los turistas, ayudarlos a estacionar; informarles sitios para visitar".¿En qué consiste el programa?En el caso de Salento, el presidente de la entidad, Rodrigo Estrada Reveiz, explicó en qué consiste su formación: "Es un programa que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con capacitación con ellos. Estamos capacitándolos en temas de seguridad, tema de turismo, tema de bienestar, tema de tecnología".
Por presuntos hechos de tortura y abuso de autoridad capturaron a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Manizales, quienes habrían cometido estas conductas dentro de un centro transitorio para privados de la libertad.Los dos uniformados que son oriundos de otras regiones del país, al parecer, golpearon brutalmente y le hicieron matoneo a un hombre que estaba ya condenado a 10 años de prisión y se encontraba aún recluido en ese centro que es transitorio, ya que no había sido trasladado a una cárcel donde tenía que estar pagando su condena.El comandante de la Policía de la capital caldense informó que, “producto de un trabajo investigativo adelantado por el grupo anticorrupción de la DIJIN, en articulación con la Seccional de Inteligencia de esta unidad policial y la Fiscalía General de la Nación, se hicieron efectivas dos órdenes de captura en contra de dos funcionarios activos de la institución”.Sobre esta captura también se conoció que las denuncias contra estos dos policías las emprendió la Personeria de Manizales, luego de conocer los presuntos hechos de brutales agresiones contra el hombre privado de la libertad.Por último, el comandante de la Metropolitana de Manizales indicó lo siguiente:"La Policía Nacional, en el marco de su política anticorrupción de la Inspección General, reitera su compromiso irrestricto con la transparencia, el cumplimiento de la ley, el respeto por los derechos humanos, y continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento integral de estos hechos”.
El Gobierno nacional quiere evitar que se hunda su reforma tributaria proponiéndole al Congreso eliminar medidas impopulares como el impuesto a los licores y el aumento del impuesto al carbono (que puede subir el impuesto a la gasolina) a cambio de revivir una medida que ya se hundió en la Corte Constitucional: la no deducibilidad de las regalías para empresas del petróleo y la minería.El artículo forma parte de una proposición presentada por la representante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro y con el apoyo de otros miembros de la bancada de gobierno como Támara Argote ¿Y qué cuenta con el aval oficial del Ministerio de Hacienda."En relación con el ya reducido nivel de impuesto al consumo de licores y, particularmente, en el caso de la cerveza, que podríamos excluirlo del proyecto totalmente con ese artículo aditivo. De igual forma, podemos revisar el impuesto al carbono para los 100 pesos que impactan el precio de la gasolina. Apreciado representante, senador, ha habido representantes que han estado inquietos con el tema de los 100 pesos de la gasolina, el senador Paulino (Riascos) también ha estado inquieto con los 100 pesos de la gasolina, pues los 100 pesos los podemos excluir también con la inclusión de este artículo que tiene que ver con la no deducibilidad de las regalías.busca impedir que petroleras deduzcan regalías (otra vez) en la tribuaria", señaló el ministro de Hacienda, German Ávila.Según Ávila, revivir la no deducibilidad de las regalías podría representar unos $3 billones al año.Para la bancada de gobierno no existe ningún inconveniente con revivir esta propuesta, que fue parte de la primera reforma tributaria del gobierno Petro, porque la Corte Constitucional la tumbó por un problema de forma y no de fondo. El argumento central es que la nueva versión no establece diferencias entre las compañías que pagan sus regalías en dinero y aquellas que lo hacen en especie y simplemente elimina la deducción para todo el mundo.Al momento de cierre esta nota, la reforma tributaria seguía siendo debatida por las comisiones económicas del Congreso.
Hace unos días La compañía Airbus informó a toda la comunidad aérea sobre un problema en sus aviones A320, un defecto en el control de vuelo en este tipo de aeronaves, provocado por una exposición a los rayos solares. El hallazgo afectó a más de la mitad de los aparatos de su familia más vendida.Los aviones afectados solo requirieron de un pequeño cambio informático, pero que repercutió en los vuelos programados de miles de pasajeros. Por medio de un comunicado, Avianca informó que más de 42.000 pasajeros resultaron afectados por esta falla y se generaron retrasos en 293 vuelos.Teniendo en cuenta lo anterior y que se pueden presentar más situaciones que alteren la normalidad de los vuelos, es preciso saber qué leyes protegen a los pasajeros en caso de cancelación por parte de las aerolíneas.Normas que protegen al pasajero ante cancelaciones de vuelosCuando ocurre una cancelación de este tipo, los viajeros están amparados por varias normas en Colombia, las cuales son las siguientes:El régimen especial del transporte aéreo, contenidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), estos regulan los derechos y obligaciones de pasajeros y aerolíneas.La Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, que garantiza los derechos de quienes adquieren un servicio, como un pasaje aéreo.Normas del comercio y contratos en el Código de Comercio Colombiano.Estas normativas establecen que, ante cancelaciones, los pasajeros tienen derecho a alternativas que pueden incluir reprogramación, reembolso y compensaciones, dependiendo de las causas.¿Cuándo la aerolínea debe compensar al pasajero?Según cómo se haya presentado el problema, las reglas cambian:Si la cancelación se debe a fuerza mayor, seguridad operacional, órdenes de autoridad, condiciones imprevistas como fallas técnicas detectadas por el fabricante, como ocurrió en el caso del A320, la aerolínea puede estar exenta de pagar compensaciones adicionales, y su obligación principal es devolver el valor del tiquete o reacomodar al pasajero.Lea también: (Esto recomiendan las autoridades a los pasajeros afectados por contingencia con Airbus).Esto se ajusta al numeral técnico de los RAC. En ese contexto, la medida se considera una excepción de responsabilidad.En cambio, si la cancelación se debe a errores administrativos internos, falta de la tripulación por mala planificación, sobreventa o fallos imputables directamente a la aerolínea, entonces sí hay obligación de compensación, además de reembolso o reacomodación.¿Qué hacer si le cancelaron el vuelo?Si a una persona le cancelaron el vuelo, el pasajero está en su derecho de:Presentar una reclamación ante la aerolínea. Por ley, se tienen hasta 15 días hábiles para responder. De no responder o la respuesta no es satisfactoria, el afectado debe acudir a la Aeronáutica Civil. Las autoridades deben verificar si se aplicaron correctamente reembolso, reacomodación y trato digno.De haber una vulneración a los derechos como consumidor como trato negligente, falta de información clara, demora en reembolso, también se puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta entidad tiene facultades para imponer sanciones cuando se incumplen las normas.Si la cancelación ocurrió cuando el viaje ya había iniciado, la aerolínea debería asumir costos razonables de alojamiento, alimentación y traslados, o permitir reembolso del trayecto no usado.El riesgo al que se exponen las aerolíneasSi la cancelación se debe a un evento externo o técnico de fuerza mayor, como en el caso de la falla del A320, y la aerolínea actúa conforme a lo regulado, no habría penalidades.Pero si se demuestra negligencia, incumplimiento de los deberes de información o vulneración de derechos del pasajero, las autoridades pueden sancionar hasta con multas.