El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Poco a poco Cali supera las emergencias registradas por las fuertes lluvias ocurridas entre la tarde y la noche de este jueves, las cuales generaron graves afectaciones en el norte, el oeste y el centro de la ciudad.En varios sectores se reportó caída de granizo, mientras que en vías principales como la Avenida Sexta, en inmediaciones del sector de Chipichape, hubo inundaciones por el colapso del alcantarillado. Los bomberos atendieron la caída de once árboles en diferentes calles, en algunos de estas atenciones se rescataron personas que quedaron atrapadas dentro de los vehículos.Entre las situaciones atendidas por los organismos de socorro, hubo varias casas destechadas en los barrios Nacional, Brisas de Mayo y Terrón Colorado, en este último además se rescataron dos personas que habían sido arrastradas por la creciente de una quebrada. Mientras que en zona rural, en el corregimiento de Montebello, el desbordamiento del río Aguacatal inundó varias casas inundadas."Atendimos la rotura de un ventanal por caída de una valla, por los fuertes vientos en un cuarto piso de edificación. También tenemos otras múltiples viviendas, las cuales por efecto del viento sus techos han salido desprendidos y sus ventanales. Y así mismo estamos haciendo evaluación de la salida de una quebrada en la vía Montebello", explicó el bombero Jefferson Agudelo, Coordinador del centro de Telemática de bomberos Cali.Cabe recordar que en el resto del Valle del Cauca otros once municipios también han tenido afectaciones por las fuertes lluvias, durante esta semana. Por lo que más de la mitad del departamento está en alerta.
Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado sorpresa, risas y todo tipo de comentarios entre los usuarios, luego de mostrar el momento exacto en que una mujer adulta mayor decide lanzar agua a una persona que se identifica como therian frente a un local comercial. La escena, captada por un testigo, rápidamente acumuló miles de reproducciones debido a lo inesperado de la reacción y la particular conducta del protagonista.En las imágenes, grabadas en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz (México), se aprecia a un joven desplazándose en cuatro extremidades sobre la acera, imitando de forma detallada los movimientos de un canino. Su presencia llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona, quienes observaron con curiosidad el inusual comportamiento en plena vía pública.El momento que desató la reacción ocurrió cuando el individuo se detuvo frente a la pared de una dulcería. Allí, levantó una de sus piernas, simulando la acción de orinar, como parte de su representación. Fue entonces cuando una mujer de edad avanzada, que se encontraba en un establecimiento cercano, decidió intervenir.Sin decir una sola palabra, la mujer salió con un recipiente lleno de agua y lo arrojó directamente sobre el joven. La respuesta fue inmediata: el sujeto se levantó y se alejó rápidamente del lugar, mientras algunas personas que presenciaron la escena no ocultaban su asombro.Este es el videoEl episodio se volvió viral en cuestión de horas. Usuarios destacaron la naturalidad de la reacción de la mujer, mientras que otros se centraron en el fenómeno que representa el joven.¿Qué son los therian?Este caso ha puesto nuevamente en el foco el término “therian”, utilizado para describir a personas que afirman tener una conexión interna o psicológica con un animal. Quienes se identifican de esta manera explican que no se trata de una transformación física, sino de una identificación emocional o simbólica con determinadas especies.Dentro de estas comunidades, algunos aseguran experimentar lo que denominan “shifts”, episodios en los que sienten impulsos o emociones relacionadas con el animal con el que se identifican. Los animales más mencionados suelen ser lobos, felinos, aves o reptiles.
Un terremoto sacudió este viernes el este de Afganistán, reportaron periodistas de AFP en la capital, Kabul, y en la provincia de Nangarhar.El sismo de magnitud 5,8 se produjo a unos 130 kilómetros al noreste de Kabul, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).Por el momento no se conocen informes sobre daños o víctimas.Residentes de las provincias de Bamiyán y Wardak, al oeste de la capital, también dijeron a AFP que sintieron el temblor.Los terremotos son comunes en Afganistán a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, cerca de donde se encuentran las placas tectónicas euroasiática e india.En agosto de 2025, un terremoto poco profundo de magnitud 6,0 en el este del país arrasó pueblos en las laderas y provocó la muerte de más de 2.200 personas.Semanas más tarde, un sismo de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán mató a por lo menos 27 personas.En 2023 y 2022, cientos de personas murieron y miles de viviendas quedaron destruidas por otros terremotos ocurridos en Herat, cerca de la frontera con Irán, y en Nangarhar.Las deficientes redes de comunicación e infraestructuras en las zonas montañosas de Afganistán han dificultado la respuesta ante desastres, impidiendo que las autoridades lleguen a pueblos remotos durante horas o incluso días.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
En calles terciarias, plazas de mercado y centros de acopio regionales hay un vehículo que gana protagonismo en Colombia. No es el carro tradicional ni la motocicleta convencional. Se trata del motocarro, una categoría que en 2025 alcanzó su mayor registro histórico y hoy se consolida como herramienta productiva clave en municipios intermedios y zonas rurales.De acuerdo con cifras de la ANDI, a través de su Cámara de la Industria de Motocicletas, durante 2025 se comercializaron 24.370 motocarros nuevos en el país, lo que representó un crecimiento del 51,33 % frente a 2024. Si se compara con 2015, el aumento acumulado alcanza el 220 %.Actualmente, el parque de motocarros ronda las 150.000 unidades, equivalentes a cerca del 0,8 % del parque automotor nacional.¿Por qué el motocarro crece más que la moto y el carro?El crecimiento sostenido de esta categoría está vinculado a su función como vehículo de trabajo. Más del 90 % de los motocarros comercializados en 2025 fueron ensamblados en Colombia, lo que también genera encadenamientos industriales y empleo directo.Según Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, cada motocarro representa una fuente de ingresos diarios para miles de familias. No se trata de un vehículo de uso particular, sino de un activo productivo utilizado para transporte de mercancías, acarreos, entregas y movilización de personas en trayectos cortos.Las proyecciones del gremio indican que, si se mantiene la tendencia de doble dígito, en 2026 los motocarros podrían representar cerca del 10 % de los nuevos vehículos de trabajo que ingresen al mercado colombiano.¿Cuál es el uso principal de los motocarros en Colombia?Las cifras muestran que el 70 % de los registros en 2025 correspondieron a motocarros de carga, con 16.887 unidades matriculadas. Los 7.222 restantes fueron de pasajeros.Este comportamiento evidencia que su principal función está relacionada con la logística local y la llamada “última milla”. Ferreterías, tiendas de barrio, talleres, emprendimientos familiares y pequeños negocios los utilizan para abastecimiento y distribución de corta distancia.En municipios donde el transporte público formal es limitado o inexistente, también cumplen un rol en la movilidad de personas, conectando veredas con cabeceras municipales y facilitando el acceso a servicios como salud, educación y comercio.¿En qué regiones se venden más motocarros?El comportamiento regional muestra mayor dinamismo fuera de las grandes capitales. En 2025, los departamentos con más registros fueron:Antioquia: 4.108 unidades (16,86 %)Guaviare: 2.000 unidades (8,21 %)Cesar: 1.608 unidades (6,60 %)Cundinamarca: 1.585 unidades (6,50 %)Valle del Cauca: 1.440 unidades (5,91 %)Atlántico: 1.367 unidades (5,61 %)Bolívar: 1.159 unidades (4,76 %)Huila: 1.093 unidades (4,49 %)Chocó: 1.072 unidades (4,40 %)Santander: 1.002 unidades (4,11 %)En algunas zonas rurales y municipios pequeños, estos vehículos pueden representar hasta el 10 % del flujo vehicular local.Además de su aporte al transporte de carga, el motocarro actúa como articulador económico en regiones apartadas. Su bajo costo operativo y su capacidad de adaptarse a infraestructuras complejas lo han convertido en una herramienta frecuente para micro y pequeñas empresas.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El presidente Gustavo Petro advirtió que Colombia enfrenta un momento “que atemoriza” luego de las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien insinuó posibles ataques directos contra cárteles del narcotráfico en Venezuela y, sin precisar alcances, afirmó que Colombia también sería “susceptible de ser atacada”.“Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos; barbarie de la que no se puede esperar más, sino la muerte misma de la gente y que, por tanto, debemos frenar, frenar aquí, frenar allá, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima”, dijo Petro durante su intervención.Las palabras del presidente colombiano llegan horas después de que Trump afirmara que “muy pronto” Estados Unidos iniciará ataques directos contra cárteles dentro de territorio venezolano, en el marco de una ofensiva que, según él, ya cuenta con rutas y responsables plenamente identificados. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, aseguró ante la prensa.La tensión aumentó cuando el mandatario estadounidense añadió que “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”, sin aclarar si se trataba de una advertencia militar concreta o de un mensaje político.Este es el segundo pronunciamiento del presidente Petro sobre el tema. "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", había respondido el mandatario inicialmente en su cuenta de X.“Venga señor Trump a Colombia, lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, agregó el presidente en su primera respuesta.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno nacional emitió un paquete de medidas con el fin de estabilizar el precio del gas en el corto y mediano plazo. El objetivo es proteger a usuarios residenciales, pequeños comercios, taxistas y sectores productivos.“Este Gobierno actúa con decisión y transparencia. Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”, afirmó.Cabe resaltar que, Colombia enfrenta una crisis de gas debido a la caída drástica de las reservas nacionales y la creciente dependencia de las importaciones, lo que ha llevado a un aumento en los precios y a proyecciones de racionamiento. La situación se agrava porque la producción local no ha sido suficiente y no se han encontrado nuevos yacimientos de forma masiva, mientras que la entrada en producción de proyectos como el offshore (exploración y producción de petróleo y gas en el mar) se prevé para finales de la década.La resolución que se emitirá consta de 20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país. El proyecto también permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata. De acuerdo con el jefe de esta cartera, la especulación no puede marcar el rumbo del mercado.“Nuestro compromiso es garantizar el gas a millones de familias colombianas y darle tranquilidad al país. Actuamos con rigor, responsabilidad y pensando siempre en el interés general y la protección del usuario”, concluyó el ministro Palma.El ministerio convocará a los productores y comercializadores para controlar y vigilar el comportamiento transparente y honesto en el sector; esta reunión será acompañada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Lo que se esperaba fuera un debate de control político en el que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez, por cuenta de las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol de la posible infiltración de alias ‘Calarcá’ en altas esferas del Estado; terminó siendo un enfrentamiento entre los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, Paloma Valencia y del Pacto Histórico, Iván Cepeda.Al retomarse el debate, la senadora Valencia enfiló sus denuncias en contra del candidato del petrismo recordando su presencia en varios temas como la participación en los diálogos de paz con el ELN, o la reunión en la que lograron la vinculación del general Juan Miguel Huertas en la campaña del hoy Presidente de la República.“El senador Cepeda los reincorpora y todos quedaron bien contentos, porque así se puede hacer política y ser miembro de la fuerza pública. Miren la trampa que le hacen al país, pero no es una trampita, es una trampota. El buen amigo del senador Iván Cepeda, el doctor Iván Velásquez, minDefensa, nombra a toda esta gente bonita”, sostuvo ValenciaAnte las reiteradas menciones, el senador Cepeda decidió responderle recordando hechos como la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe. “El cerco en torno al expresidente Uribe, porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares, es un jefe paramilitar, hoy por hoy, el señor Santiago Uribe. Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía, ¿sabía lo que pasaba en La Carolina? ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran 12 o 13? ¿Los apóstoles eran 12 o 13?”.En ese momento se calentó el debate hasta el punto que entre el rifirrafe entre Valencia y Cepeda, esta infirió que el senador Cepeda amenazaba su vida. “Cepeda, por favor no me vaya a mandar a matar”.Una vez se superaron los gritos, la discusión se alargó en la intervención de los voceros de los partidos sin que aún pueda dar su presentación los delegados del Gobierno.
El panorama de exportaciones en Colombia tiene grandes retos, puesto que se registra una variación en los sectores comerciales. Por una parte, el sector agrícola se ha posesionado como uno de los sectores con más ventas al exterior. Entre enero y septiembre del 2025, el agro tuvo un aumento de las ventas del 30% solo para Estados Unidos.Las agroexportaciones siguen siendo el principal soporte de las ventas externas del país, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá y México, que recibirán un aumento significativo de turistas durante el Mundial de Fútbol 2026.Especialmente, las exportaciones agrícolas de Colombia hacia Estados Unidos han experimentado un auge sin precedentes durante los primeros nueve meses de 2025, consolidando al sector como el principal motor del comercio no minero-energético del país. De acuerdo con cifras del DANE analizadas por AmCham Colombia, las ventas hacia Estados Unidos pasaron de 3.392,8 millones de dólares entre enero y septiembre de 2024 a 4.395,5 millones en el mismo periodo de este año.Entre los productos que más destacaron están el cacao en grano, que saltó del 2024 al 2025 de 1 millón a 40 millones de dólares, un incremento del 3.614,6%, también la comida para perros y gatos para venta al por menor, que creció 1.493,7% hasta alcanzar 8,5 millones de dólares, y agua mineral con adición de azúcar, que se elevó 355,9% con movimientos de 1,3 millones de dólares.Otros productos con crecimientos importantes incluyen yuca fresca o seca +255,5%, mantequilla de cacao +190,2%, chocolate y preparaciones con cacao +165,6%, aguacate hass +96,1%, café y extractos de café +76%, ron y aguardientes +66,3%, tilapia congelada +64,9% y bananos +55,9%.En cuanto a las exportaciones no minero-energéticas hacia Estados Unidos crecieron 14,1%, al pasar de 6.337,1 millones a 7.228,6 millones de dólares, mientras que las exportaciones totales del país aumentaron 3,1%, alcanzando 11.141,4 millones de dólares.Sin embargo, aunque las exportaciones se mantienen, el año que entra se vienen mayores desafíos. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia advirtió que el país enfrenta riesgos estratégicos frente a competidores que ya negocian beneficios arancelarios, mencionando que el próximo año se tiene 4 riegos bases:“Primero, los países competidores que ya negocian alivios y pueden llevar su arancel a 0%. Segundo, el mercado interno estadounidense que, cuando entren socios con beneficios, ese costo se trasladará a quienes no los tengan: Colombia. Eso significa presión en precios y márgenes. Tercero, la decisión de la Corte Suprema, que podría mantener o limitar la tarifa a sectores sensibles. Y cuarto, el riesgo político-relacional, tensiones bilaterales pueden activar medidas selectivas, como ya ha ocurrido en otros países.”Analdex para el 2025 se tiene previsto que las exportaciones terminen por debajo de los 50.000 millones de dólares, puesto que las exportaciones podrían no crecer al mismo ritmo que las importaciones, especialmente minero energéticas por las políticas de transición energética que tiene vigente el gobierno actualmente. Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, añadió que “el café, que va a cerrar un 2025 histórico, va a tener una menor producción y también se prevé una caída en el precio internacional, en 2026”.
El inicio de la temporada decembrina deja hasta el momento 50 personas lesionadas por el uso de pólvora en el país, según el Instituto Nacional de Salud (INS). De ese total, el 10 % corresponde a menores de edad, y en dos de los casos los niños estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo los efectos del alcohol.Los reportes indican que Antioquia es el departamento con mayor número de afectados, con 27 casos; le siguen Valle del Cauca con 6; Caldas y Norte de Santander con 2 cada uno; y con un caso se encuentran Quindío, Bolívar, Buenaventura, Cali, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Risaralda y Sucre.De acuerdo con el análisis epidemiológico, el 93 % de los casos corresponde a quemaduras y el 23 % a laceraciones, es decir, heridas o lesiones superficiales.Lo que produce más lesionesLos artefactos que más han causado lesiones son los voladores (26 %), seguidos de otros elementos pirotécnicos (24 %) y los tradicionales totes (20 %). Aunque se mantiene la vigilancia por riesgos asociados a sustancias tóxicas, el INS informó que, a la fecha, no se han registrado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por consumo de licor adulterado con metanol.
El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) expresó su profunda consternación por la recomendación del Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. La decisión será presentada ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, los días 4 y 5 de diciembre.El IDPC cuestiona que esta resolución se base en estudios con sesgos históricos y raciales que desconocen la importancia cultural, religiosa y medicinal de la hoja para los pueblos indígenas andinos y amazónicos. A pesar de un año de evaluación científica, el Comité descartó su uso terapéutico y minimizó los derechos de las comunidades a preservar sus prácticas tradicionales. Agricultores y representantes indígenas recordaron que “la hoja de coca ha sido un elemento fundamental de nuestras culturas durante milenios” y denunciaron que su criminalización “afecta nuestra identidad y derechos humanos”.La organización advierte que presiones políticas, en especial desde Europa, pudieron influir en la decisión, aunque recuerda que la hoja, en su forma natural, no implica riesgos para la salud ni relación directa con la cocaína, cuya producción requiere procesos químicos complejos.Desde Colombia, Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, calificó la decisión como “previsible, pero un revés” para el país. Según explicó, “mantener la clasificación actual limita la posibilidad de desarrollar usos tradicionales y alternativos de la hoja de coca y prolonga el control de actores armados sobre la cadena ilícita”.El IDPC hizo un llamado a los gobiernos a impugnar la recomendación y avanzar hacia un enfoque de salud pública, desarrollo rural y respeto a los derechos indígenas, desmontando el legado colonial del sistema internacional de fiscalización de drogas.