El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que los recientes bloqueos en la Autopista Sur no obedecen a problemas de extorsión, sino a las acciones contundentes que su administración, en coordinación con la Policía Nacional, viene adelantando contra el transporte ilegal en el municipio.En entrevista en Mañanas Blu, el mandatario explicó que el llamado 'Plan Guitarra' es una estrategia de acompañamiento integral a los transportadores formales. “Hace parte del acompañamiento de toda la ruta del transporte, desde el despacho, desde cada uno de los paraderos, por supuesto todo el seguimiento tanto dentro del transporte público como en las vías, hasta conectar con TransMilenio y el corredor de la Autopista Sur tiene acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad”, señaló el alcalde de Soacha.En los últimos días, un grupo de transportadores se ha concentrado en el sector de San Mateo, cerca del centro comercial Unisur, generando plantones que en ocasiones han derivado en bloqueos parciales de la Autopista Sur, una de las arterias más importantes para la movilidad entre Soacha y Bogotá.Sánchez fue enfático en desligar estos hechos de supuestas amenazas o problemas de seguridad generalizada. “Los bloqueos del día lunes y lo sucedido esta semana en el transporte público de la ciudad de Soacha no obedece en materia de seguridad y de extorsión”, afirmó. No obstante, reconoció que sí existen hechos puntuales que han sido atendidos por las autoridades.El alcalde reveló que detrás de las protestas está el impacto de un operativo de gran escala contra la ilegalidad en el transporte público. “Venimos adelantando de la mano de la Policía Nacional y de la DIJIN el operativo más grande que se había hecho en Colombia frente al delito de falsedad marcaria y la reducción y falsificación de documentos públicos en transporte público en nuestro territorio”, aseguró.Según detalló, la operación dejó como resultado 30 vehículos inmovilizados, dos personas capturadas y la recuperación de dos automotores reportados como hurtados en Bogotá. Además, fue recuperado un cabezote de tractomula robado en Villavicencio y se intervinieron judicialmente dos parqueaderos que funcionaban como “deshuesaderos” para desmantelar vehículos.De acuerdo con el diagnóstico de la DIJIN, en Soacha operarían 260 vehículos ilegales. “Treinta fueron inmovilizados el día martes y estamos diseñando operaciones que nos permitan tener la oportunidad de inmovilizar los demás”, indicó el alcalde.Para Sánchez, las recientes manifestaciones son una reacción directa de quienes se han visto afectados por las medidas. “Son las personas que han intentado de manera colateral afectar el corredor de la Autopista Sur a través de bloqueos, intimidaciones y algunos espacios de vandalismo ante los vehículos formales”, sostuvo.Mientras tanto, aseguró que el transporte formal continúa prestando servicio con normalidad y que la administración mantendrá los operativos para garantizar condiciones equitativas y seguras para quienes trabajan legalmente.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
A través del pago de indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, y procesos de reparación a comunidades que han sufrido violencia de forma colectiva, el Gobierno actual ha sido el que más víctimas del conflicto armado ha reparado desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Superando a los tres gobiernos anteriores con 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los $787 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Respecto al Gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de $357 mil millones de pesos, nuevamente se posiciona la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64% del total histórico. Mientras que para las víctimas de violencia sexual, se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. En este sentido, este ha sido el gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.Estos avances se suman también a la jornada que benefició a víctimas provenientes de Aguachica, Agustín Codazzi, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Tamalameque y Valledupar, en el departamento del Cesar; así como de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, en La Guajira, en el mes de febrero. Consolidando así, el compromiso del actual Gobierno con el bienestar de las poblaciones que más han sufrido las consecuencias del conflicto en el país.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
En lo que va corrido de 2026, el precio de la energía en la bolsa eléctrica colombiana ha tocado mínimos históricos. Según datos del operador del mercado XM, el precio promedio en los primeros días de febrero fue de aproximadamente 120 pesos por kilovatio hora, cerca de cuatro veces menor que en el mismo periodo de 2025.La caída se explica principalmente por las abundantes lluvias y la recuperación de los embalses, lo que ha permitido aumentar la generación hidroeléctrica, considerada la más barata del sistema, reduciendo el uso de plantas térmicas, que tienen costos más altos.Sin embargo, gremios del sector eléctrico aseguran que esta reducción no se traduce automáticamente en una disminución del costo de la energía para los usuarios finales. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez explicó, a través de su cuenta de X, que el precio de la bolsa representa solo una parte del costo total de la energía.“Gracias a las lluvias y a una operación responsable del recurso hídrico, en lo que va corrido de 2026 el precio de bolsa cayó a un mínimo de 101,3 $/kWh el 8 de febrero de 2026, similar a los precios que pudimos ver en el Fenómeno de La Niña en 2021. El sistema colombiano es altamente sensible a variaciones del clima, de la demanda y a la disponibilidad de máquinas. Por ejemplo, en periodos de sequía extrema, cuando llueve menos y los embalses bajan su nivel (menos agua disponible para generar energía), el precio de bolsa sube, y cuando hay abundancia de lluvias y se recuperan los embalses, el precio de bolsa baja”, aclaró.Alrededor del 80% de la energía que consumen los usuarios se compra mediante contratos de largo plazo entre empresas generadoras y comercializadoras, a precios pactados por varios años. Solo cerca del 20% se adquiere en la bolsa de energía, que funciona como una subasta diaria donde los generadores ofrecen la energía que no tienen contratada.La tarifa de energía no solo incluye el costo de generación. También incorpora otros componentes como generación (36%), transmisión (6%), distribución (17%), comercialización (29%), pérdidas (8%) y restricciones del sistema (4%). La generación representa un pequeño porcentaje, frente a la comercialización, distribución y transmisión suman una proporción importante del valor final.Aunque el precio de la energía en bolsa ha caído a mínimos históricos en 2026, los expertos aseguran que esto no implica una reducción inmediata en la tarifa que pagan los usuarios. La estructura del mercado eléctrico, los contratos de largo plazo y los costos fijos del sistema hacen que las tarifas sean más estables y menos sensibles a las fluctuaciones diarias del mercado.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció un acto de intimidación que se presentó el pasado viernes en su casa familiar, donde residen sus padres.Rodríguez asegura que cinco personas ingresaron a la vivienda, pero solo se llevaron una bolsa azul con documentos personales.“Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, dijo Rodríguez.Estas personas habrían estado en la vivienda durante más de una hora.“No se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima. Lo que sí hubo fueron daños de chapas, puertas, ventanas, muebles y elementos personales. La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República, Gustavo Petro, entre ellos la gerencia del Fondo de Adaptación”, agregó la funcionaria.Rodríguez explicó que por esta situación su hijo tendrá que salir del país en los próximos días; además, agregó que ya hizo las denuncias pertinentes ante las autoridades.“Hubo un hecho que me preocupa: lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre; las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo”, señaló la saliente directora del Dapre.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una seria advertencia sobre el futuro del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, al revelar dos alertas críticas que podrían poner en un grave riesgo la implementación del sistema e incluso comprometer recursos públicos por más de un billón de pesos.La primera alerta se relaciona con la ausencia de la maquinaria necesaria para imprimir las libretas de pasaporte, los documentos de viaje y las etiquetas de visa, puesto que no se registran los documentos necesarios para la legalización de la entrada del equipo tecnológico. Esta situación, afirma, pone en riesgo la continuidad del proceso y evidencia un retraso que podría afectar la producción de los pasaportes y demás documentos.El proceso de financiación para materializar el nuevo modelo de pasaportes es la segunda alerta. El organismo de control señala posibles fallas en la gestión de vigencias futuras y en los compromisos presupuestales, que podrían ascender a 1,3 billones de pesos, recursos que además serían ajenos a la misionalidad de la Imprenta Nacional Colombiana. De confirmarse estas falencias, el país se enfrentaría a un riesgo financiero de grandes proporciones.“Hemos colocado unas alertas y esas alertas tienen que ver en que no se detecta de manera clara cómo se van a importar esos equipos, quién lo va a pagar. De manera muy clara nosotros señalamos una serie de inquietudes que nos demandan a que no existe como la preparación suficiente frente a lo que demanda ya prácticamente algo de lo que estamos hablando a tres meses”, aseguró el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.Entonces, la Contraloría definió que entre las actividades críticas que aún no han sido gestionadas se encuentra la indefinición de la entidad que importará las mercancías y el responsable del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el trámite aduanero. Por consiguiente, no hay definición de negocios jurídicos que sustenten la importación, que en este caso, el importador sería la Imprenta Nacional de Colombia y, además, no se cuenta con una estimación del “valor de las mercancías a importar” en términos de tributos aduaneros y del costo del servicio de aduanas.La Contraloría General de la República enfatizó que, si estas alertas no se aclaran o solucionan antes del 8 de diciembre, la ejecución del contrato con la nueva firma encargada podría quedar al aire, comprometiendo el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025. En ese escenario, se activaría el pago de la Garantía de Primer Requerimiento, equivalente a 6.375.000 euros, un golpe económico adicional para el Estado.Ante este panorama, el contralor propuso al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y al Gobierno nacional instalar una nueva mesa de trabajo que permita aclarar cada uno de los hallazgos encontrados por la Contraloría en el control interno de la ejecución de los contratos, con el fin de evitar una crisis institucional y financiera que afecte la expedición de pasaportes en el país.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que la Contraloría no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición de los aviones Gripen, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa. La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad.Esto se da luego de que el contralor enviara una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, obteniendo una respuesta firmada por un funcionario que solicitó una reunión bajo “carácter de reserva”, y no por el ministro. El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos, por lo que la información debe ser entregada sin restricciones. “Para la Contraloría General de la República no existe ese tema de reserva frente a los recursos de carácter reservado”, anunció el contralor general de la República.El organismo de control ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de iliquidez.Frente a todo el escenario, el contralor, Hernán Rodríguez, envió un mensaje directo a los candidatos presidenciales, pidiendo que consulten los insumos oficiales de la entidad para conocer con precisión el país que recibirán en caso de ganar las elecciones, y evitar así que los millonarios compromisos heredados se conviertan luego en excusas o en sorpresas presupuestales.“Llamarle la atención a las personas que están ahora en campaña presidencial y frente a los cuales vamos a tener un nuevo presidente en el próximo año, que utilicen los insumos de la Contraloría. Ahí están los insumos y que sepan que van a recibir un país que tiene dificultades frente al tema. Lo primero que yo voy a tener que ver cuando me estoy comprometiendo algo es saber qué tan comprometido tengo el recurso, qué tantas vigencias futuras están”, afirmó el contralor.La Contraloría espera recibir por fin todos los documentos relacionados con la negociación de los Gripen, analizarlos y fijar una posición clara frente al que podría convertirse en el contrato militar más billonario del país.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizó un sobrevuelo técnico para evaluar el estado del cráter del volcán Puracé y los cambios recientes en su actividad. La operación se desarrolló con apoyo del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP) y del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).Para la misión, una aeronave C-90 despegó desde Bogotá equipada con sensores electro-ópticos. Desde el aire recogió datos de la superficie, la boca del volcán y la emisión de gases y ceniza, información que luego fue georreferenciada y entregada al SGC y a la UNGRD para reforzar el monitoreo constante del Puracé y facilitar decisiones en la atención de emergencias.El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, recordó que el Puracé es “uno de los volcanes mejor instrumentados del país” y explicó que, aunque la alerta naranja refleja un aumento en la actividad interna, no implica una erupción inminente. “No es inminente que haya una erupción, pero debemos aumentar las precauciones. Es una realidad que aumenten las probabilidades de que haya un proceso eruptivo, por eso se cambia el nivel de alerta”, señaló.La situación se mantiene estable desde el sábado, lo que llevó a la convocatoria de un Comité Nacional de Manejo extraordinario. Entre sus decisiones están el aumento de precauciones, el preposicionamiento de capacidades militares y civiles, y la evacuación preventiva inmediata de las familias ubicadas en los perímetros de mayor riesgo.“Teniendo los mapas de amenaza que tenemos del volcán, tenemos la recomendación de evacuar esos perímetros (…) serían cerca de 70 familias. La invitación es a que comiencen el proceso de evacuación. Esto es una orden que da el alcalde”, enfatizó Carrillo.La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que mantiene todas sus capacidades aéreas y tecnológicas disponibles para proteger a la población y mitigar cualquier amenaza mientras continúa el seguimiento estricto a la evolución del volcán Puracé.
El partido que busca ser la unión de todas las fuerzas de izquierda ya tiene vida jurídica. En la mañana de este miércoles 3 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Partido Pacto Histórico, surgido de la fusión de los partidos de izquierda Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.Con la inscripción de la personería jurídica del Pacto Histórico en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, el nuevo movimiento de izquierda podrá postular candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso; y también se habría superado el condicionamiento establecido por la Sala Plena del CNE de la culminación de los procesos sancionatorios de los partidos que se van a fusionar.En la fusión quedaron por fuera los partidos Colombia Humana y Progresistas al no haber cumplido los requisitos legales previos a la decisión adoptada. Sin embargo, estas dos colectividades ya hicieron la solicitud de ser incluidos y podrían participar en una coalición con la nueva fuerza política para las elecciones del 8 de marzo de 2026.En el registro también se acuerda la designación de una Coordinación Nacional Provisional del Partido Político de 15 integrantes con sus respectivos suplentes mientras se lleva a cabo la primera convención del partido.
Si bien el alto tribunal declaró exequible este proyecto de ley, retiró algunas expresiones por inconstitucionales y dejó otros artículos bajo constitucionalidad condicionada, con el fin de proteger derechos como la intimidad, el debido proceso y el habeas data.Según la Corte Constitucional, el propósito central de la norma, crear un sistema ágil de difusión de información para la pronta localización de menores desaparecidos, se ajusta a la Constitución al priorizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de emergencias.No obstante, el alto tribunal hizo ajustes sustanciales al alcance de la norma; en particular, declaró inconstitucionales las expresiones que limitaban la aplicación de la alerta a menores entre 0 y 12 años, contenidas en los artículos 2 y 9. En su lugar, la Corte amplió el ámbito de protección a todos los menores de 18 años, al considerar que la diferenciación carecía de justificación constitucional.Por esa razón, la Corte Constitucional condicionó el tratamiento de información personal dentro del sistema; como, por ejemplo, la autorización para el uso de datos personales del menor extraviado deberá acreditar formalmente la condición de familiar de quien la suscriba.Asimismo, la duración y periodicidad de la alerta deberán limitarse al tiempo estrictamente necesario, y en casos excepcionales de seguridad, la alerta podrá no activarse o aplicarse bajo condiciones especiales.