En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
Durante años, el antiguo Bronx de Bogotá fue sinónimo de horror. Sus calles, marcadas por la droga, la violencia y la muerte, escondían historias que parecían sacadas de una película de terror. Sin embargo, hoy, sobrevivientes que lograron escapar de ese infierno han comenzado a hablar. Entre sus relatos, uno destaca por su crudeza y misterio: la historia de Pepe, el supuesto cocodrilo que, según testigos, fue utilizado como instrumento de terror y muerte.Pedro Ruiz, de 38 años, vivió seis años consumido por el bazuco, el alcohol y el abandono en esas tres calles que funcionaban bajo reglas propias. Hoy, en proceso de rehabilitación, recuerda con claridad la rutina del horror. “Era normal ver niños de 9 o 10 años consumiendo pegante o bazuco. Nadie decía nada. Era parte del paisaje”, relató para 'Los Informantes'.Pero el consumo era apenas la superficie de una estructura criminal mucho más profunda. Los llamados 'sayayines', encargados de mantener el control interno, imponían castigos brutales a quienes consideraban “sapos”, ladrones o infiltrados. Uno de los testimonios más estremecedores describe la ejecución de un hombre acusado de ser informante.Sin embargo, ninguna historia genera tanto impacto como la de Pepe.La aterradora historia de Pepe, el cocodrilo del Bronx“Yo lo conocí pequeño. Era una lagartijita”, contó Pedro. Según su testimonio, el animal fue llevado al Bronx cuando aún era joven. Con el tiempo, creció hasta alcanzar más de dos metros. Entonces, sus dueños construyeron un estanque más grande, con espacio para que tomara el sol.“Sí existió. Yo doy fe de eso. Y sí le echaban gente”, afirmó con contundencia.El cocodrilo, aseguró, se convirtió en una herramienta de intimidación y castigo. Aunque algunos cuerpos eran sacados en bolsas o enterrados, otros, según estos relatos, terminaban en el estanque.A esta historia se suman los perros pitbull entrenados para atacar. Testigos aseguran que las víctimas eran encerradas en habitaciones con puertas de hierro, donde los animales las destrozaban vivas. “Ese era el castigo para el que robaba o no obedecía”, explica otro sobreviviente.Los hallazgos recientes de restos humanos han comenzado a dar sustento a lo que durante años fueron considerados simples rumores. Fragmentos óseos encontrados en bloques de cemento son analizados por Medicina Legal, mientras la Fiscalía busca determinar cuántas personas murieron realmente allí.Hoy, muchos de los sobrevivientes viven en centros de atención del Distrito. Reciben comida, atención psicológica y, por primera vez en años, una oportunidad de reconstruir sus vidas.Mientras avanzan las investigaciones, la figura de Pepe permanece envuelta entre el testimonio y la incredulidad. Para quienes sobrevivieron, no hay duda. El cocodrilo fue real. Y representa, quizá mejor que nada, el nivel de barbarie que reinó durante años en el corazón de Bogotá.
En medio de la contienda por la gran consulta de la centro-derecha, una figura ha cobrado relevancia silenciosa pero determinante en el entorno de Mauricio Cárdenas: su esposa, Cristina Fernández Mejía. Economista, doctora en la materia por la Universidad del Rosario y profesora universitaria, Fernández no solo acompaña al candidato en tarima, sino que también incide en los contenidos y enfoques de su discurso.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Fernández dejó claro que su papel trasciende el apoyo emocional. “Claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si influye en las decisiones y posturas del exministro. Su especialidad es la informalidad laboral, un tema estructural en la economía colombiana, y desde allí —según explicó— ha buscado incorporar propuestas concretas en la agenda de campaña.Uno de los debates recientes ha sido el aumento del salario mínimo del 23%. Para la académica, la discusión no puede centrarse en reversar decisiones ya tomadas. “Una vez aumentado el salario no se le puede rebajar a los trabajadores”, afirmó. Sin embargo, advirtió que hacia adelante se deben evitar sorpresas para los empresarios, quienes proyectan costos laborales con anticipación. En su visión, el reto está en generar reglas claras y previsibilidad.Pero es en la informalidad donde Fernández marca mayor distancia frente a algunos sectores académicos. Aunque hay quienes defienden que el camino es fortalecer grandes empresas que absorban empleo informal, ella considera que “eso no se da tan fácil y no se da orgánicamente”. Su apuesta está en fortalecer al trabajador por cuenta propia, mejorar su productividad e impulsar mecanismos como el monotributo para facilitar su inserción formal en la economía.Ese enfoque también ha permeado el documento programático de la campaña. La propia Fernández reconoce que, además de acompañar a Cárdenas en actividades como el volanteo —“ya soy experta”, dijo entre risas—, también ha escrito artículos y aportado en la construcción de propuestas sobre pequeñas empresas e informalidad.El respaldo no ha sido solo técnico. En los momentos en que la consulta era vista por algunos como el “club del 1%”, Fernández insistió en que su esposo debía perseverar. Destacó su capacidad para unir sectores políticos que antes parecían irreconciliables, incluidos quienes trabajaron en gobiernos distintos y enfrentados. “No era tan fácil”, subrayó, al referirse al trabajo de filigrana que implicó consolidar esa alianza.En lo personal, reconoce que no es sencillo “tener un marido candidato”. La exposición pública, los tiempos familiares y la presión constante forman parte del paquete. Sin embargo, también reivindica el ejemplo que, según dice, sus hijas ven en su padre: la persistencia frente a la adversidad.Sobre una eventual llegada a la Casa de Nariño, Fernández no descarta asumir un rol activo, especialmente en temas de microempresas e informalidad, aunque insiste en que no abandonaría del todo la academia. “Uno tiene una responsabilidad”, aseguró, al señalar que el poder de convocatoria de una primera dama no puede desperdiciarse.Así, entre ecuaciones que —según aclara— no dominan las conversaciones cotidianas en casa y jornadas de campaña que exigen paciencia, Cristina Fernández se consolida como una pieza clave en la estrategia de Mauricio Cárdenas.
Autoridades estadounidenses están tras la pista de David Varela, un colombiano señalado de haber asesinado a Lina María Guerra, la mujer paisa con la que estaba casado desde hace 11 años y residían en Norfolk, una ciudad del estado de Virginia.El caso ha generado revuelo en la opinión pública por las circunstancias que rodean el crimen, pues Guerra, de 39 años de edad, fue hallada sin vida en el congelador de su propia vivienda tres días después de haber sido reportada como desaparecida por parte de un familiar.Durante el tiempo en el que no se conocía sobre su paradero, el presunto victimario le informó a la familia que ella había sido capturada y detenida por robos en tiendas, sin embargo, hasta ahora no se conocen registros judiciales que dieran cuenta de estos procedimientos.Le puede interesar: “Si no es mía, no es de nadie”: el crudo testimonio de un intento de feminicidio en el sur de BogotáUna cuñada de la víctima, en declaraciones a un medio regional aliado de CBS, indicó que desde hacía algún tiempo temían por su seguridad, pues el principal sospechoso de perpetrar el crimen tenía conductas celosas y manipuladoras.Investigadores del caso indicaron que, gracias a información de agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se pudo determinar que Varela, de 38 años, y reservista en servicio activo de la Marina de ese país, habría abordado un vuelo hacia la ciudad de Hong Kong en China, por lo que ya se iniciaron las primeras gestiones con Interpol para lograr su captura.El hombre deberá responder ante una corte de Virginia por los delitos de homicidio en primer grado y por fuga.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizó un sobrevuelo técnico para evaluar el estado del cráter del volcán Puracé y los cambios recientes en su actividad. La operación se desarrolló con apoyo del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP) y del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).Para la misión, una aeronave C-90 despegó desde Bogotá equipada con sensores electro-ópticos. Desde el aire recogió datos de la superficie, la boca del volcán y la emisión de gases y ceniza, información que luego fue georreferenciada y entregada al SGC y a la UNGRD para reforzar el monitoreo constante del Puracé y facilitar decisiones en la atención de emergencias.El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, recordó que el Puracé es “uno de los volcanes mejor instrumentados del país” y explicó que, aunque la alerta naranja refleja un aumento en la actividad interna, no implica una erupción inminente. “No es inminente que haya una erupción, pero debemos aumentar las precauciones. Es una realidad que aumenten las probabilidades de que haya un proceso eruptivo, por eso se cambia el nivel de alerta”, señaló.La situación se mantiene estable desde el sábado, lo que llevó a la convocatoria de un Comité Nacional de Manejo extraordinario. Entre sus decisiones están el aumento de precauciones, el preposicionamiento de capacidades militares y civiles, y la evacuación preventiva inmediata de las familias ubicadas en los perímetros de mayor riesgo.“Teniendo los mapas de amenaza que tenemos del volcán, tenemos la recomendación de evacuar esos perímetros (…) serían cerca de 70 familias. La invitación es a que comiencen el proceso de evacuación. Esto es una orden que da el alcalde”, enfatizó Carrillo.La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que mantiene todas sus capacidades aéreas y tecnológicas disponibles para proteger a la población y mitigar cualquier amenaza mientras continúa el seguimiento estricto a la evolución del volcán Puracé.
El partido que busca ser la unión de todas las fuerzas de izquierda ya tiene vida jurídica. En la mañana de este miércoles 3 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Partido Pacto Histórico, surgido de la fusión de los partidos de izquierda Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.Con la inscripción de la personería jurídica del Pacto Histórico en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, el nuevo movimiento de izquierda podrá postular candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso; y también se habría superado el condicionamiento establecido por la Sala Plena del CNE de la culminación de los procesos sancionatorios de los partidos que se van a fusionar.En la fusión quedaron por fuera los partidos Colombia Humana y Progresistas al no haber cumplido los requisitos legales previos a la decisión adoptada. Sin embargo, estas dos colectividades ya hicieron la solicitud de ser incluidos y podrían participar en una coalición con la nueva fuerza política para las elecciones del 8 de marzo de 2026.En el registro también se acuerda la designación de una Coordinación Nacional Provisional del Partido Político de 15 integrantes con sus respectivos suplentes mientras se lleva a cabo la primera convención del partido.
Si bien el alto tribunal declaró exequible este proyecto de ley, retiró algunas expresiones por inconstitucionales y dejó otros artículos bajo constitucionalidad condicionada, con el fin de proteger derechos como la intimidad, el debido proceso y el habeas data.Según la Corte Constitucional, el propósito central de la norma, crear un sistema ágil de difusión de información para la pronta localización de menores desaparecidos, se ajusta a la Constitución al priorizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de emergencias.No obstante, el alto tribunal hizo ajustes sustanciales al alcance de la norma; en particular, declaró inconstitucionales las expresiones que limitaban la aplicación de la alerta a menores entre 0 y 12 años, contenidas en los artículos 2 y 9. En su lugar, la Corte amplió el ámbito de protección a todos los menores de 18 años, al considerar que la diferenciación carecía de justificación constitucional.Por esa razón, la Corte Constitucional condicionó el tratamiento de información personal dentro del sistema; como, por ejemplo, la autorización para el uso de datos personales del menor extraviado deberá acreditar formalmente la condición de familiar de quien la suscriba.Asimismo, la duración y periodicidad de la alerta deberán limitarse al tiempo estrictamente necesario, y en casos excepcionales de seguridad, la alerta podrá no activarse o aplicarse bajo condiciones especiales.
Blu Radio conoció que el general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional (COPER), no salió suspendido de la institución pese a que la Procuraduría General de la Nación profirió hace varios días el fallo disciplinario que ordena retirarlo temporalmente de su cargo. En lugar de acatar la decisión, que también cobija al director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, Huertas solicitó un permiso de cinco días, manteniendo en los hechos su condición de comandante y dejando en pausa la ejecución de la medida disciplinaria.El fallo del Ministerio Público, que está en firme y ordena suspender a los funcionarios por tres meses por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, pedía al presidente Gustavo Petro aplicar de inmediato la sanción. Sin embargo, la suspensión no se ha materializado. Lo que sí ocurrió fue que el propio oficial gestionó un permiso temporal para ausentarse brevemente del cargo, lo que permitiría su regreso una vez cumplido el tiempo autorizado.La decisión administrativa quedó consignada en la Resolución 001016 del 03 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, en la que se certifica que Huertas, “a través de oficio de fecha 02 de diciembre de 2025, solicita permiso por el término de 05 días”. El documento agrega que dicho permiso fue autorizado por el Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza dentro de las “Novedades de Personal”, habilitándolo entre el 3 y el 7 de diciembre de 2025 para atender “trámites de índole personal”.En consecuencia, el Ejército procedió a encargar temporalmente al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón para asumir las funciones del Comando de Personal, “sin perjuicio de sus funciones como Director de Sanidad del Ejército Nacional”. Según la resolución, este encargo es estrictamente provisional, limitado al periodo del 3 al 7 de diciembre, lo que implica que Huertas retomaría su cargo en cuanto se cumpla el plazo del permiso.Pese a la gravedad de las acusaciones de la Procuraduría, que apuntan a presuntas alianzas con la estructura residual comandada por alias ‘Calarcá’, el Ejército solo ha tramitado internamente una ausencia temporal del oficial, sin hacer referencia alguna a la suspensión ordenada por el órgano de control. La resolución no menciona el fallo disciplinario ni contempla una separación del cargo más allá de los cinco días solicitados por el propio general.Mientras tanto, la suspensión que debía ejecutarse de inmediato sigue sin aplicarse, manteniendo un limbo institucional frente al rol de uno de los oficiales de mayor poder dentro del Ejército. Todo queda supeditado, al menos por ahora, al vencimiento del permiso: una vez pasen los cinco días, el general Juan Miguel Huertas volverá, en el papel, a sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.
El abogado Mauricio Camacho, defensor de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, aseguró en Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio que el proceso que adelanta la Fiscalía por el caso UNGRD presenta fallas estructurales que permitirían demostrar la inocencia de su clienta. “Hay todas las posibilidades de ser absuelta”, afirmó, insistiendo en que el expediente contiene inconsistencias y vulneraciones de garantías.Camacho cuestionó el ritmo del proceso y la magnitud del descubrimiento probatorio entregado por la Fiscalía. Explicó que recibieron más de 400 elementos, “más pruebas que el caso de Uribe”, pero con apenas mes y medio para analizarlos. Aunque reconoce que ya tiene las evidencias del ente investigador, dijo que la defensa necesita tiempo para reunir su propio material y presentarse “en igualdad de armas”.Uno de los puntos que la defensa busca controvertir es el supuesto préstamo de 4.000 millones de pesos que habría sido transportado por Ortiz. Para Camacho, la hipótesis es insostenible. “El prestamista no tenía dinero, entonces Sandra no podría transportar nada”, señaló. Además, calificó como poco seria la explicación del origen del dinero. “Es más posible creer que ni siquiera hubo dinero; por cómo explican el origen, es un chiste, siendo absolutamente franco”.El abogado anunció que solicitará comparar “las celdas de Sneyder con las del supuesto prestamista”, con el fin de corroborar si realmente hubo encuentros en las fechas clave. Si esos registros no coinciden, dijo, “es menos posible que existiera el préstamo de 4.000 millones que supuestamente le entregaron a Sandra Ortiz”.Camacho incluso planteó que, si se demuestra que ese dinero nunca existió, la conducta imputada carece de fundamento. “Si no existió, Sandra Ortiz transportó fue una maleta y eso no es delito”, afirmó, asegurando que la Fiscalía construyó un relato débil y sin soporte jurídico.Sobre la medida de aseguramiento en centro penitenciario, el defensor criticó la disparidad en el trato judicial frente a otros funcionarios investigados. “Tiene que llamar la atención cómo la Fiscalía trata a unos y a otros. Si no sale el escándalo de ‘Calarcá’, no los imputa”, dijo, describiendo la situación como un proceso con “sabor agridulce”.Para cerrar, Camacho reiteró que en el caso se configuró un montaje judicial. “Se creó un falso positivo frente a esta señora y la Fiscalía le arrebató un sinnúmero de garantías”, aseguró. Pese a ello, insistió en su confianza: “Estoy absolutamente convencido de que va a ser absuelta”.
En la manzana 3 del barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia, según las autoridades, un hombre identificado como Duval Stevem Colorado Cabrera, de 20 años, oriundo de Buenaventura, estaba consumiendo una sustancia conocida como “esacol”. En estado de alteración, le pegó a uno de los perros de la cuadra con una guadua seca y luego lo cortó con un machete. El ataque produjo heridas en el hocico y en una pata del perro de raza criolla. El secretario de Gobierno, Carlos Ramírez Hincapié, confirmó la atención del animal herido:“En la ciudad de Armenia, donde no agreden a una persona sino a un peludito con un arma blanca, le propinan varias heridas y, ante la queja de la ciudadanía, de inmediato el grupo de reacción de la alcaldía fue y atendió al peludito”. Ante la gravedad de las lesiones, el equipo de atención de la Secretaría de Gobierno atendió al perro herido en el lugar del ataque.Sobre la captura del agresor, el capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía Armenia, indicó: “El ciudadano es capturado por el delito de la Ley del Ángel y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.El hombre capturado será procesado bajo las normas de la Ley Ángel, que protege jurídicamente a los animales y aumenta las sanciones económicas y las medidas restrictivas de la libertad contra las personas responsables de este tipo de agresiones. El proceso está en desarrollo.