Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
Si bien la lluvia le ha dado un respiro a Cali en la mañana del viernes, los sectores más afectados por la fuerte precipitación del día de ayer aún están recuperadonse, siendo las zonas del norte, el oeste y el centro de la ciudad los de mayor afrectación.En la ladera, el fuerte vendaval destechó ocho casas, provocó la caída de once árboles, además de generar daños en una vivienda por el desprendimiento de una valla publicitaria."Empezamos por San Antonio, San Cayetano y Siloé. La tormenta se originó en el centro oeste de la ciudad, donde tuvo mayor precipitaciones, las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros y esto lo que provoca es el destechamiento. Recomendamos ajustar los techos, no con rocas ni con ladrillos, sino que tienen que hacer un ajuste responsable para que esto no se vuelva un arma, porque esto vuela y no es solamente es 'perdí mi techo', sino donde cayó", indicó el secretario de gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.Las autoridades indicaron que lluvias como las de ayer son difíciles de predecir, por lo que la recomendación siempre será tomar medidas preventivas como el buen manejo de residuos para evitar el colapso del alcantarillado."Estas lluvias son de improvisto, se cargan rápidamente, y tienen cargas eléctricas. Para las personas que vayan a transitar en días lluviosos, la recomendación inicial es que no salgan de su casa, pero si usted tiene que salir, pues tiene que ser cuidadoso. También necesitamos la contribución de todos los ciudadanos con el tema de la disposición de los residuos, que nos afectan demasiado, el tema de los canales de agua lluvia, los sumideros y el alcantarillado", finalizó el secretario.
Los espacios musicales en Medellín lideran la agenda cultural para este fin de semana en el Valle de Aburrá, donde habrá eventos para toda la familiaUno de los eventos musicales será mañana sábado, desde las siete de la noche, el concierto sinfónico de clásicos de rock en español en el teatro del Tesoro, donde sonarán cerca de 20 canciones de himnos del género.Alejandro Vallejo, director del Teatro, entregó más detalles de lo que tendrá el evento: "Aquí tendremos 56 músicos en escena interpretando los grandes himnos y clásicos del rock en español de reconocidas bandas y agrupaciones como Kraken, Enanitos Verdes, Toreros Muertos", indicóTambién en Medellín hoy y mañana, pero en el Parque Biblioteca La Quintana y el Carlos E. Restrepo, se vivirán jornadas de Cultura al Parque, con presentaciones de distintas agrupaciones."Pensados para que los parques sigan siendo escenario de convivencia, apropiación positiva y construcción colectiva de acuerdos para vivir bien juntos, la invitación es para que disfruten la programaciónj diseñada para todas las edades", explicó el secretario de cultura de la ciudad, Santiago Silva.Finalmente, durante sábado y domingo, se vivirá en Plaza Mayor una nueva edición de Expofitness.
Golpe a la minería ilegal en el municipio de Cáceres, Antioquia. En el operativo adelantado por las autoridades fueron destruidas 16 excavadoras avaluadas en 8.500 millones de pesos.Las acciones de la Policía Nacional en contra de la explotación ilegal de terrenos en el territorio antioqueño no bajan la guardia. En las más recientes ofensivas de las autoridades a esta práctica, se dio una afectación directa a esta práctica ilegal en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.En una acción articulada entre la Policía de Antioquia y la Fuerza Aérea Colombiana, se llevó a cabo un operativo en el que se logró la localización y posterior destrucción de dos puntos de explotación ilegal de yacimientos mineros. Estos terrenos son atribuidos por las autoridades al Clan del Golfo.De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante los procedimientos fueron incautadas un total de 16 excavadoras, las cuales fueron destruidas por uniformados expertos en estas actividades. La maquinaria estaría avaluada en una cuantiosa suma, que asciende a los 8.500 millones de pesos.Estos artefactos tenían una capacidad de extraer un aproximado de 22.100 gramos de oro mensuales, y con su comercialización ilegal, se obtenían recursos que eran destinados a sostener las economías ilícitas y estructuras armadas de este grupo delincuencial.Con la ejecución de estos operativos, las autoridades generan acciones que protegen los recursos naturales de esta zona del país y afectan de manera directa las rentas criminales que genera este delito en el Bajo Cauca antioqueño.
A través de una comunicación, la Secretaría de salud de Bogotá confirmó un caso de sarampión importado de un pasajero proveniente desde México. Según explicó el distrito, el caso se identificó en un punto de control de la Secretaría de Salud instalado en las entrada internacionale del aeropuerto El Dorado.Así las cosas, el caso se comprobó tras hacer pruebas técnicas PCR en la que el resultado dio positivo notificado en la mañana del jueves 19 de febrero. Sin embargo; el distrito aseguó que en pruebas de orina realizadas el 15 febrero ya estaba la alerta en análisis científico.“Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.Así las cosas, la secretaria de salud de Bogotá confirmó que la persona identificada ya está en su domicilio, recibiendo atención médica y cumpliendo con la cuarentena. Entre tanto, algunas recomendaciones para evitar la propagación es aislamiento domiciliario al tener la alerta y así mismo cuando el caso es confirmado, reportar a las instituciones e implementar el cerco vacunal preventivo.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
En el marco de las tensiones que se han presentado entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, el precandidato presidencial Roy Barreras publicó unas fotos en la que aparecen congresistas y precandidatos presidenciales que harían parte del Frente Amplio. En la imagen aparecen el presidente Gustavo Petro y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero."Gracias a la Embajada de España en Colombia por la invitación a la recepción de anoche en saludo al exPresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fue el encuentro del progresismo colombiano en el Frente Amplio. Hay dos caminos para dar la batalla en 2026. Y no tengo dudas de el de nosotros es el ganador!", dijo Roy Barreras en el mensaje que acompaña las fotos.Es importante recordar que a Zapatero la DEA le puso la lupa por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles y presuntas actuaciones ilegales que se pudieron presentar por su cercanía con Nicolás Maduro."Queda más que comprobado que Gustavo Petro es aliado de la dictadura. Se toma una foto con el señor Zapatero, el mayor aliado de Maduro que ha protegido la dictadura de Maduro ante Europa y España. Todos son aliados, son amigos y tratan de poner en riesgo la democracia. ¿Viene Zapatero a poner en riesgo la democracia de Colombia?", dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal.Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, asegura que con la foto Petro demuestra que es el jefe de debate del Frente Amplio."Ha sido Petro un activista político desde el día uno de su Gobierno. Ha perdido la vergüenza y el respeto por la institución presidencial y por supuesto que ha dedicado el Gobierno y sus esfuerzos no a resolver los graves problemas de Colombia, como la inseguridad, sino a resolver una coalición que le permita tener un candidato con opciones", dijo Triana.En la foto también aparecen los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Clara López. Además del expresidente Ernesto Samper y las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez.
En el marco de un foro en donde participó el Procurador General, Gregorio Eljach, donde tiene como bandera el lema de la Paz Electoral impulsada por el Ministerio Público, Eljach se refirió a los comicios del próximo año y reiteró que habrá elecciones como ordena la Constitución.Sin embargo, en su intervención, Eljach también aprovechó el espacio para lanzar una dura crítica a quienes, según él, “gobiernan a través de las redes sociales”, sin dar un nombre en específico, pero sí advirtiendo que esas prácticas no alimentan la democracia en Colombia.“Que Colombia enderezca su camino y retome la senda de la tranquilidad, del sosiego y la conversación; que deje la agresión, que deje la pugnacidad y que se enfoque realmente en gobernar a los colombianos, y superemos esa moda un poco incómoda de gobernar por Twitter o por mensajes de redes que además son farragosos, ininteligibles, con mala ortografía y con muy pésima puntuación”, dijo Eljach.Las críticas por parte del Procurador General no fueron solo durante su intervención, sino que además, en declaraciones a los medios de comunicación volvió a referirse al tema y aseguró que no es sano que, aun cuando la tecnología está mandando la parada en la actualidad, se gobierne a través de mensajes de redes sociales.“Pero si esa gobernanza se ejerce libremente allí, a cualquier hora, en unas escrituras casi que interminables, con mala ortografía y con pésima puntuación, eso no va a salir bien”, aseveró el Procurador.
El reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en Colombia está migrando aceleradamente hacia los entornos digitales. Así lo advierte una reciente investigación de la Fundación Vivamos Humanos, que documenta cómo plataformas como TikTok, Facebook, Telegram, Instagram e incluso videojuegos están siendo utilizadas por grupos armados ilegales para captar, manipular y seducir a menores de edad.El estudio identificó 40 casos directos y rastreó 70 cuentas que tendrían presunta relación con estructuras como el Estado Mayor Central (EMC), el ELN, el Clan del Golfo (EGC), las disidencias del Bloque Occidental (EMBF) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Algunas de estas publicaciones superan las 200.000 visualizaciones y utilizan estrategias de propaganda digital que romantizan la vida combatiente, exaltan el uso de armas y prometen falsas oportunidades de empleo, estatus y pertenencia.Las zonas donde se concentra este fenómeno coinciden con los territorios más golpeados históricamente por el conflicto armado: Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo y Magdalena Medio. Desde esas regiones, líderes sociales alertan que el reclutamiento ha alcanzado niveles inéditos de sofisticación.Yiner Quiguantar, líder juvenil del Cauca, denunció que “los menores reclutados están siendo entrenados en el manejo de drones que luego son usados para atacar a las mismas comunidades”. Su testimonio refleja la manera en que los grupos armados están instrumentalizando a los jóvenes en una guerra cada vez más tecnológica.La Fundación Vivamos Humanos advierte que este tipo de reclutamiento digital normaliza la violencia, deteriora el tejido social y perpetúa el conflicto armado. Por eso, hace un llamado urgente a fortalecer las rutas de prevención en entornos digitales, la protección comunitaria y el control de contenidos que promuevan o faciliten la vinculación de menores.La organización concluye que proteger la infancia en el mundo digital es, hoy más que nunca, un compromiso fundamental para avanzar hacia la paz.
La Armada logró uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en lo corrido del año, luego de interceptar una lancha GoFast equipada con cuatro motores fuera de borda y cargada con 180 pacas, al parecer, de clorhidrato de cocaína. La operación, ejecutada en el Caribe colombiano, se desarrolló entre la tarde del martes y la madrugada de este miércoles, en un despliegue coordinado de vigilancia y control marítimo.El contralmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, confirmó a Blu Radio que la acción se dio tras varias horas de seguimiento en altamar. “Es otra operación de intervención marítima que inició en la tarde de ayer y finalmente, en horas de la noche y la madrugada, se logró consolidar la interdicción a una lancha GoFast de cuatro motores fuera de borda con ciento ochenta pacas de sustancia ilegal, presumiblemente clorhidrato de cocaína”, explicó.La embarcación fue detectada cuando navegaba a alta velocidad a 80 millas náuticas al noroeste del golfo de Morrosquillo, una zona utilizada por organizaciones narcotraficantes como corredor hacia Centroamérica. Al advertir la presencia de las unidades de superficie de la Armada, los tripulantes intentaron evadir el cerco, pero las maniobras de interdicción permitieron detener la embarcación sin poner en riesgo la integridad del personal.Tras el aseguramiento, el cargamento fue trasladado al muelle de Coveñas, donde avanzan los procedimientos judiciales. “En estos momentos se están adelantando los actos urgentes por el CTI y la Fiscalía en Coveñas, lugar a donde se consolidó este resultado, porque la interdicción fue a ochenta millas náuticas al noroeste del Golfo de Morrosquillo”, precisó el contralmirante Oramas.Aunque el pesaje oficial está en proceso, la Armada estima que la droga supera ampliamente las cuatro toneladas. “En el transcurso del mediodía o la tarde ya tendremos las cifras oficiales, una vez termine el CTI y sus actos urgentes del pesaje oficial de esta droga, pero le calculamos que sean un poco más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en otro evento del servicio”, afirmó el comandante.La operación se suma a una serie de golpes recientes en aguas del Caribe, en los que la Fuerza Naval ha reforzado sus capacidades de interceptación nocturna para frenar las rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales transnacionales.
La coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, Edna Rocío Pinto, reveló que en el Huila sigue en aumento el desplazamiento forzado de familias rurales por cuenta del conflicto armado y de amenazas, al parecer, por parte de grupos armados ilegales.Agregó la representante de víctimas que, en lo corrido del año 2025, al menos 1.200 familias se han visto obligadas a salir de sus territorios, siendo el municipio de La Plata el más afectado por los graves problemas de orden público y la presencia de las disidencias de las Farc.“Lamentablemente, en el Huila sigue aumentando el desplazamiento forzado. Muchas familias han salido desplazadas de diferentes municipios. Aquí en Neiva hemos recibido registros de familias que vienen de Isnos, San Agustín, de veredas de Neiva y de La Plata, que es de donde más han llegado solicitando protección. Son 1.200 familias desplazadas durante este año 2025”, expresó Edna Rocío Pinto.De acuerdo con las denuncias recibidas en la Mesa Departamental de Víctimas, el reclutamiento de menores y jóvenes por grupos al margen de la ley es otro de los flagelos que ha obligado a padres de familia a abandonar sus propiedades, todo por proteger la integridad de sus hijos.Puntualizó Edna Rocío Pinto, líder de Derechos Humanos del Huila, que, según los registros de la Mesa de Víctimas, algunas familias desplazadas decidieron salir del país y otras han buscado protección en ciudades como Neiva y Bogotá.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, está denunciando que su teléfono personal estaría intervenido con el software Pegasus; lo anterior, tras un análisis que hizo un investigador sobre el dispositivo.“En mi teléfono se encontró, por parte de un técnico experto e idóneo, con un software especializado, el virus malicioso de Pegasus, el cual puede intervenir mi teléfono a través de una llamada perdida”, dijo Benedetti sobre el tema.El ministro del Interior va a poner en conocimiento de las autoridades esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.“Con ello puede que mi dispositivo se vuelva una cámara, se vuelva un micrófono y en tiempo real se pueda ver todo lo que estoy haciendo. Eso tiene que ver con muchas situaciones que me han pasado, como los sobrevuelos de helicópteros sobre mi casa, el tema de la lista OFAC, el allanamiento ilegal. Tengo que decir que tengo la rodilla encima”, agregó Benedetti.