En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura de la congresista Isabel Cristina Zuleta por considerar que la demanda en su contra no cumplió la exigencia para decretar la muerte política.Cabe recordar que ella fue demandada por haber adelantado el trámite como coordinadora de Mesas de Paz Urbanas para que salieran varios privados de la libertad de organizaciones de alto impacto a una manifestación pública en La Alpujarra, centro de Medellín.Para la Procuraduría, dicha tarea se hizo dentro de las funciones que tiene como coordinadora de dichos procesos de conversación socio jurídica.Mientras tanto, la congresista Isabel Zuleta, en audiencia pública, defendió que ella hizo esta labor buscando gestiones de paz, como siempre lo ha hecho, y señala que no tenía ningún tipo de interés.“Esos traslados que se dan por parte del INPEC, que es la entidad competente hacia el Congreso de la República para hacer todo el control sobre el estado de cosas inconstitucional que se vive hoy en las que se padece hoy en las cárceles de nuestro país, también es recurrente, yo misma he participado de varios de estos espacios sin haberlos yo gestionado. No es cierto que la única manera de que se pueda desplazar un privado de la libertad a otro sitio es sola y únicamente porque su juez lo autorice, porque si no, nosotros no habríamos podido realizar tantas audiencias con privados de la libertad”, recordó.En esa línea, Zuleta contó que han sido varios los congresistas, como Iván Cepeda, Roy Barreras o David Racero, quienes han hecho solicitudes y trámites en el marco de otros procesos y que, en este caso de Medellín, obedeció a la petición del presidente Gustavo Petro de mostrar los avances en la conversación con las bandas que allí delinquen.“Para mí es muy importante que ustedes sepan que hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”, puntualizó la congresista.De esta manera, el Consejo de Estado estudiará si le decreta o no la muerte política a Isabel Cristina Zuleta por supuesto tráfico de influencias.
Desde el próximo 1 de abril comenzará a implementarse en Colombia el nuevo modelo de pasaportes. El anuncio se hizo en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, y otros funcionarios presentaron las nuevas libretas que empezarán a ser expedidas.El proceso de producción tendrá cuatro fases. El documento es elaborado inicialmente por la Casa de la Moneda de Portugal. Luego es trasladado a Colombia y, en virtud de un contrato por 13.000 millones de pesos firmado por la Imprenta Nacional, las libretas son transportadas desde el Aeropuerto El Dorado hasta la sede de la entidad. Allí cada pasaporte es cosido y personalizado con los datos biográficos y biométricos de los ciudadanos, además del respectivo grabado de seguridad. Posteriormente, en el marco del contrato de transporte, son distribuidos a los distintos puntos de entrega en el país.El secretario jurídico de la Cancillería, Uberney Marín, se refirió al estado legal del convenio para la elaboración de los documentos y aseguró que el proceso avanza sin inconvenientes. “En este momento se adelanta el proceso sin ningún contratiempo y jurídicamente ya están en ejecución los contratos, son válidos y están en perfecta ejecución”, afirmó.Según lo pactado en el acuerdo con Portugal, en un plazo de diez años la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, incorporando la tecnología y el conocimiento transferido por ese país europeo.Con este nuevo esquema, después de más de una década, la empresa Thomas Greg & Sons dejará de producir estos documentos. La compañía ha estado en el centro de una controversia con el Gobierno, en medio de cuestionamientos del presidente Petro, quien ha señalado a la firma en el marco de presuntas irregularidades electorales.La canciller Rosa Villavicencio aclaró que los pasaportes actualmente vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los ciudadanos no deberán cambiar el documento de manera inmediata, salvo que esté próximo a expirar.
Luego de que fuera reportada como desaparecida tras salir de una fiesta en Theatron, la reconocida discoteca ubicada en Chapinero, Bogotá, el pasado domingo 22 de febrero en horas de la mañana, finalmente Diana Ospina fue encontrada con vida este lunes 23 a altas horas de la noche.La mujer fue hallada en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí.Según la versión oficial, la mujer habría sido abordada por delincuentes que le hicieron el paseo millonario e ingresaron a sus cuentas bancarias, de donde le sustrajeron hasta 150 millones de pesos.Galán confirmó la aparición de la mujerEn su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio detalles tras la aparición de la mujer y reveló que ya se encuentra en compañía de sus seres queridos.“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán.Ahora las autoridades investigan para dar con el paradero de los delincuentes que secuestraron y robaron las pertenencias de Diana Ospina.¿Qué pasó con Diana Ospina el día de su desaparición?Diana Ospina se encontraba en una fiesta en Theatron, ubicado en Chapinero, Bogotá, cuando en horas de la madrugada se disponía a regresar hacia su casa y, en compañía de una amiga, se dirigió a tomar un vehículo pedido por plataforma. De hecho, Diana acompañó a su amiga, quien fue la primera en abordar un vehículo particular.Posteriormente, Diana se subió a lo que parecía ser un taxi; desde ese momento no se volvió a saber nada de la mujer. Solo algunos videos captaron la escena y el momento en el que otra persona abordó el carro en el que viajaba Diana.Ante esto, los familiares señalaron que llegaron a la casa de Diana y no la encontraron; el inmueble estaba con las luces encendidas y las mascotas adentro, lo que despertó preocupación. De hecho, reportaron a Blu Radio que habían recibido llamadas extrañas solicitando entre 5 y 10 millones de pesos para liberarla.
Ya son varias décadas desde la muerte de Elvis Presley, un artista que revolucionó la industria musical con sus presentaciones y su imponente voz. Durante años demostró ser un diferencial y sus conciertos eran algo único, pero lamentablemente muchas generaciones no pudieron vivirlos en vivo.La expectativa en torno a EPiC: Elvis Presley in Concert crece a pocos días de su estreno en cines, una cinta que traerá una historia gráfica de un concierto, que, ahora suma un nuevo hito con la disponibilidad digital de su banda sonora original.El álbum, titulado EPiC: Elvis Presley in Concert (Original Motion Picture Soundtrack), reúne 27 grabaciones que funcionan como columna vertebral del filme. Más que un simple acompañamiento musical, el soundtrack es el eje narrativo que sostiene la experiencia cinematográfica, celebrando la potencia vocal, el magnetismo escénico y la energía irrepetible de Elvis Presley, ícono eterno del rock & roll.Estas son las canciones de esta cintaCan’t Help Falling In Love (EPiC Intro)Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version)That’s All Right (EPiC Version)Tiger Man (EPiC Version)Wearin’ That Night Life LookHound Dog (EPiC Version)Polk Salad Annie (EPiC Version)You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version)Little Sister / Get Back (EPiC Version)Burning Love (EPiC Version)Never Been To Spain (EPiC Version)Love Me (Jamieson Shaw Remix)I Can’t Stop Loving You (EPiC Version)Are You Lonesome Tonight (EPiC Version)Always On My Mind (EPiC Version)How Great Thou Art (EPiC Version)Oh Happy Day (EPiC Version)Big Hunk O’ Love (EPiC Version)Bridge Over Troubled Water (EPiC Version)In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix)Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version)Suspicious Minds (EPiC Version)Bring The Curtain Down (EPiC Outro)Can’t Help Falling In Love (EPiC Version)American David (EPiC Version)A Change Of Reality (Do You Miss Me?)Don’t Fly Away (PNAU Remix)Un puente sonoro entre 1970 y la actualidadLa colección destaca por integrar mezclas actualizadas de actuaciones icónicas en directo, así como nuevos remixes y popurrís de grabaciones clásicas del llamado Rey del Rock. El resultado es una propuesta sonora que conecta la fuerza original de los conciertos de la década de 1970 con una producción contemporánea diseñada para amplificar su impacto en nuevas generaciones.Para nadie es un secreto de la influencia que tuvo Presley en sus años de carrera y el ritmo que marcó para que muchos artistas pudieran llegar tan lejos como él, si bien su final no fue del todo bueno, su legado sí quedará para toda la eternidad demostrando el gran artista que fue.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 23 de febrero de 2026:La fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor se cierra hoy con el duelo entre Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima desde las 4:00 p. m.Revelan los audios del VAR por la polémica mano en el partido entre Llaneros Fútbol Club y Independiente Medellín.Suma un nuevo capítulo el caso de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien sigue con restricción para salir del país por una investigación financiera.Horas decisivas para Marcelo Gallardo: el técnico definirá si continúa o da un paso al costado en el banquillo.Escuche el programa completo aquí:
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, emitió declaraciones explosivas tras las recientes revelaciones sobre los archivos de alias 'Calarcá', cabecilla de las disidencias de las Farc, calificando el manejo del caso como un "entramado criminal". Rendón no solo ratificó su denuncia de un "concierto criminal" sino que hizo un llamado directo al gobierno de Estados Unidos para que incluya en la Lista Clinton a todas las personas vinculadas en este entramado, "empezando por la fiscal Camargo".El gobernador Rendón ha sostenido que las nuevas informaciones confirman lo que sospechaban y denunciaban hace 16 meses: que existió un "concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y ese sector de las Farc". Según la interpretación del mandatario departamental, lo ocurrido implica que Petro les pagó a los "pelotones criminales" su apoyo y financiación de campaña, entregándoles a cambio no solo la inteligencia del Estado, sino también la "lealtad de algún sector de los oficiales de las fuerzas militares".Alias 'Calarcá'El origen del escándalo se remonta al 23 de julio del año pasado (2023). El gobernador recordó que en esa fecha, durante un Consejo de Seguridad, el entonces comandante de la Séptima División, general Fajardo, le informó que se había realizado un retén rutinario en Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. En el retén fueron detenidos alias 'Calarcá' y otros "ecuaces de parte de estas disidencias criminales de las Farc".Los detenidos se negaban a bajar del carro y a dejarse requisar, y el General Fajardo estaba bajo mucha presión para liberarlos. Tras ser trasladados a un batallón, se realizó una inspección judicial en conjunto con la fiscalía, donde se comprobó que allí estaba una buena parte de los cabecillas de las disidencias, y se les encontraron armas, municiones y dinero. La fiscal seccional de Antioquia que adelantaba el caso dejó las capturas en firme. Sin embargo, pocas horas después, una "contraorden de la fiscal Camargo" los dejó nuevamente en libertad, y posteriormente fueron convertidos en "gestores de paz".Deterioro de la seguridadEl gobernador Rendón afirmó que, desde que Petro asumió el gobierno, las disidencias de las Farc han crecido un 70% en Antioquia. Estos grupos criminales son responsables de la mayor parte de los homicidios, tanto de uniformados como de población civil, además de los confinamientos y los desplazamientos.Rendón criticó la disparidad en la estrategia de seguridad, señalando que ha habido una "muy baja operatividad de las fuerzas militares" contra las Farc y el En. Puso como ejemplo que, en lo que va de su mandato, "nunca se ha bombardeado ni a las Farc ni al Eln," mientras que todos los bombardeos se han ejecutado contra el Clan del Golfo.Adicionalmente, el gobernador denunció haber sido víctima de una "persecución inusitada" por parte de la Fiscalía desde que él hizo públicas estas denuncias. Rendón interpretó esta persecución como un intento de la Fiscalía de "robarme la libertad y a entregarle la gobernación a Petro para ponerle un gobernador de bolsillo".Escuche aquí la entrevista:
Las disidencias de las Farc tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia, reveló este domingo una investigación de Noticias Caracol.En las revelaciones, también dejan en evidencia lo que habría sido el apoyo de las disidencias a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Vicepresidencia del país. La vicepresidenta emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos e insiste que no se ha reunido con criminales y que su campaña fue genuina y transparente. "Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes", aseguró en su comunicado. Y agregó, "Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia", enfatizó. Supuesto apoyo guerrillero a campaña de PetroLa investigación periodística revela además conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de supuesto apoyo de esa guerrilla a la campaña presidencial de Petro en 2022.El presunto apoyo se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, y otros guerrilleros."Todo se hizo a través de Francia Márquez", señala, sin dar detalles, el diálogo publicado por Noticias Caracol.El 20 de marzo de 2024, 'Iván Mordisco' ya había dicho que el EMC apoyó la campaña electoral de Petro, luego de que el mandatario dijera que el jefe de las disidencias es "un 'traqueto' (narcotraficante) vestido de revolucionario"."Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo", expresó entonces Mordisco en una cuenta de X.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) enfrenta una de las controversias más delicadas de los últimos años tras la revelación de un informe periodístico que vincula a Wilmer Mejía, actual director de Inteligencia de la entidad, con jefes de las disidencias de las FARC. La investigación, presentada por Noticias Caracol, expone chats, correos, fotos, cartas y memorias digitales en las que Mejía —identificado en esos registros como “El Chulo”— habría mantenido comunicación con integrantes de la estructura comandada por alias Calarcá.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, aseguró que no tenía conocimiento previo sobre los posibles vínculos de su funcionario y que, por el momento, mantiene la presunción de inocencia.La posición de la DNI frente a las acusacionesSegún Lemus, las revelaciones de Noticias Caracol tomaron por sorpresa a la institución. “No hay conocimiento, no tengo trazabilidad sobre el asunto”, declaró al ser consultado sobre si tenía información previa acerca de acercamientos entre Mejía y las disidencias.El director explicó que la DNI sí puede sostener reuniones con grupos ilegales, pero únicamente para labores de caracterización, en el marco de la Ley 2272 de 2022. “Nosotros podemos reunirnos con ellos para caracterizarlos. La norma así lo permite”, señaló, aunque insistió en que no existe rastro de que Mejía hubiera realizado comisiones oficiales hacia Venezuela, punto clave de las acusaciones.El ascenso de Wilmer Mejía dentro de la DNIUno de los puntos que generó mayor atención durante la entrevista fue la trayectoria interna de Wilmer Mejía. Lemus aclaró que el funcionario ingresó a la entidad durante la dirección de Alberto Casanova, entre octubre y noviembre de 2023, y que inicialmente se desempeñó como agente.Posteriormente, tras la renuncia del coronel Edwin Chavarro, Mejía fue promovido. “Necesitábamos un director, ya que había renunciado el anterior… y él tenía el perfil para ser director de Inteligencia”, explicó Lemus. La experiencia de Mejía en inteligencia no quedó completamente clara: “No sé la verdad por qué, pero sí es conocedor… Confiabilidad revisó su experiencia para el cargo”, afirmó.Asimismo, el director negó rotundamente que el presidente Gustavo Petro hubiera influido en el nombramiento. “El presidente nunca se mete en los nombramientos que uno hace… Así fuera su amigo o no fuera su amigo, él no se mete en esas cosas”, enfatizó.Relación de Mejía con el presidente PetroUno de los señalamientos mediáticos ha sido la supuesta cercanía de Mejía con el presidente Gustavo Petro. Lemus confirmó que existe una amistad, pero descartó que esto tenga incidencia en las labores o decisiones de la inteligencia nacional. “Ellos son amigos, sí, pero todo lo que tiene que ver con trabajo él me lo reporta a mí”, aseguró. También afirmó que, a su juicio, el presidente no conocía las denuncias divulgadas por Noticias Caracol.Viajes a Venezuela y contactos con disidentesUno de los elementos más sensibles del informe televisivo gira en torno a presuntos viajes de Mejía a Venezuela para reunirse con jefes de disidencias como Richard, André, Mechas y Calarcá. Lemus fue categórico: “No tengo conocimiento. No hay trazabilidad aquí de alguna comisión para ir a Venezuela”.Durante la conversación, Lemus admitió que no profundizó en estos temas con su funcionario. “Lo que hablamos fue muy rápido anoche… Tenemos que investigar”, dijo. Añadió que la investigación en curso será “efectiva, no exhaustiva”, a fin de esclarecer hechos con precisión.Las sanciones en caso de comprobarse los vínculosAl ser consultado sobre el impacto que tendría una eventual confirmación de las denuncias, Lemus fue firme: “Eso tiene una sanción dura, si es que fuera cierto”. Reconoció que, de comprobarse, se trataría de hechos graves y posiblemente delictivos. “Obviamente… estaríamos hablando de delitos cometidos eventualmente”, afirmó.Por el momento, sin embargo, el director insiste en mantener el principio de presunción de inocencia: “Hasta que no se demuestre lo contrario, yo sí respeto el derecho”.¿Quién es Wilmer Mejía?Lemus describió a Mejía como un líder universitario de la Universidad de Antioquia, licenciado en Educación Física y con conocimiento en temas de inteligencia. Aunque no detalló la experiencia previa de su funcionario en esta área, aseguró que el área de Confiabilidad evaluó su perfil antes de su ascenso.También descartó rumores sobre una supuesta participación de Mejía en el M-19: “No, no fue integrante del M-19”, sostuvo.Una investigación en desarrolloLa polémica sobre los presuntos vínculos de un alto funcionario de la DNI con disidencias de las FARC abre un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre el Estado y estructuras armadas ilegales. Mientras la opinión pública espera claridad, la entidad asegura estar adelantando los procedimientos internos necesarios: “La inspectora y contrainteligencia ya están investigando”, confirmó Lemus.
Las disidencias de las Farc tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia, reveló este domingo una investigación de Noticias Caracol.El canal de televisión señaló que tuvo acceso exclusivo a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en un retén militar en la localidad de Anorí, en el departamento de Antioquia.En uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un oficial al que la investigación identifica como el general retirado Juan Miguel Huertas.El oficial, que regresó al servicio activo y es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército, les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, siempre según la carta publicada por la investigación periodística."El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas" para que cuando los diálogos de paz del Gobierno con el EMBF fracasen, las disidencias puedan quedar "con hombres legales".Protección a las disidenciasEl oficial también les ofreció protección para sus desplazamientos y les dijo "que el vínculo con el presidente (Gustavo Petro) le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado", agrega la investigación.Sobre los supuestos vínculos del oficial con Petro, el programa recuerda que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces comandante de esa fuerza, general Eduardo Zapateiro, y meses después, junto con otros dos generales retirados, se sumó a la campaña electoral del hoy mandatario, que incluso le dio la bienvenida en su cuenta de X.El pasado 6 de agosto, Petro reintegró a Huertas al servicio activo y quedó al frente del Comando de Personal del Ejército, según Noticias Caracol.Otro alto funcionario mencionado en la carta del jefe de ese bloque de las disidencias es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual gobierno se convirtió en un importante agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.Según Noticias Caracol, la información a la que tuvo acceso está en manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien no solo no ha investigado ese material, sino que el día en que fueron incautados ordenó la liberación de cuatro guerrilleros detenidos, entre ellos aliás 'Calarcá', con el argumento de que eran gestores de paz.Supuesto apoyo guerrillero a campaña de PetroLa investigación periodística revela además conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de supuesto apoyo de esa guerrilla a la campaña presidencial de Petro en 2022.El presunto apoyo se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, y otros guerrilleros."Todo se hizo a través de Francia Márquez", señala, sin dar detalles, el diálogo publicado por Noticias Caracol.El 20 de marzo de 2024, Iván Mordisco ya había dicho que el EMC apoyó la campaña electoral de Petro, luego de que el mandatario dijera que el jefe de las disidencias es "un 'traqueto' (narcotraficante) vestido de revolucionario"."Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo", expresó entonces Mordisco en una cuenta de X.
El titular de la cartera de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, anunció desde su cuenta de X la apertura de investigación interna para esclarecer los supuestos vínculos que tendría el general Juan Miguel Huertas, director del comando de personal del Ejército Nacional con las disidencias de alias ‘Calarcá’, según Noticias Caracol.Sánchez aseguró que las pesquisas se realizarán “en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia” y que todo lo que requiera la Fiscalía será dispuesto para acelerar la investigación.El ministro hizo énfasis en que la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y la defensa de la Constitución, afirmando: “Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni por retirados, funcionarios o particulares. La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”.En otro aparte de su extenso mensaje, el ministro Sánchez calificó a alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ como criminales y advirtió que “serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”. Subrayó la gravedad de sus delitos, que incluyen violencia, reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico en diversas regiones del país.Aunque alias ‘Calarcá’ tenga la orden de captura suspendida en el marco de la Ley de Paz Total (ley 2272), el ministro recordó que si es sorprendido en flagrancia, “procederá de inmediato a su captura”, cumpliendo con el deber constitucional que no admite excepciones.Este domingo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los "archivos secretos de ‘Calarcá’", que contienen elementos que demostrarían los supuestos vínculos entre el grupo armado y altos funcionarios del Estado.El texto describe la presunta infiltración de las disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes habrían propuesto la creación de una empresa de seguridad fachada para permitir el movimiento y armamento legal de los guerrilleros.Los computadores de alias ‘Calarcá’, incautados el 23 de julio de 2024, un retén del Ejército en Anorí, Antioquia, revelan docenas de comunicaciones que evidencian la filtración de información reservada. Esta información filtrada provendría de entidades estratégicas como la Fiscalía. el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades de Inteligencia.Esta incautación ocurrió cuando una caravana compuesta por alias ‘Calarcá’ y otros seis jefes de disidencias fue detenida por un retén del Ejército en Anorí, Antioquia. En este operativo se les hallaron armas y dinero.Los archivos incautados, que suman cerca de un centenar de dispositivos electrónicos, permanecen en poder de la Fiscalía. La información en estos dispositivos lleva más de un año acumulando polvo en la Fiscalía, de acuerdo con el informe periodístico.
Los computadores y celulares confiscados a alias ‘Calarcá’, cuando fue detenido en el año 2024 y posteriormente dejado en libertad, revelaron la presencia de un enigmático empresario chino que habría visitado a las disidencias en el Catatumbo y otras zonas del país.Detrás de esta relación, según los hallazgos, existirían negocios vinculados a la compra de armas, el tráfico ilegal de oro y la inversión en empresas fachada controladas por estas estructuras.El ciudadano chino aparece en varias fotografías extraídas de uno de los celulares de ‘Calarcá’, líder disidente que actualmente participa en diálogos con el Gobierno. En una de las imágenes reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el empresario posa junto a alias ‘Richard Catatumbo’, otro de los jefes de peso dentro del grupo, quien ejerce influencia en la frontera entre el Catatumbo y Venezuela.Además, en los chats recuperados ambos cabecillas mencionan reiteradamente al visitante extranjero y comparten una tarjeta de presentación donde se identifica como Jixing Zhang. En ella figuran tres cargos: subgerente de Henan Dongshan, gerente del departamento de comercio e inversiones internacionales del Grupo Dongshan y gerente de Lianyungang Wance Comercio Internacional, una firma ubicada en la provincia china de Henan.La presencia del empresario genera interrogantes sobre el tipo de vínculo que sostiene con los jefes de las disidencias de las Farc y su objetivo en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.¿Por qué este empresario chino estuvo en el Catatumbo?Las conversaciones entre alias ‘Calarcá’ y ‘Richard Catatumbo’ dejan ver pistas contundentes. En los mensajes hablan de armas como morteros y explosivos, e incluso uno de ellos comparte una fotografía del arsenal. También, discuten sobre un taller de armas y un laboratorio de cocaína que habrían sido destruidos en el estado Zulia, en Venezuela, durante una operación militar.Pese al golpe, ‘Richard Catatumbo’ le aseguró a ‘Calarcá’ que ya contaban con un taller de reemplazo. Para su montaje, envió la imagen de un torno industrial de última tecnología fabricado en China. Durante ese periodo, el empresario extranjero permaneció en las zonas bajo control de las disidencias, ofreciendo millonarias inversiones en proyectos agrícolas. También habría visitado el sur de Bolívar, Antioquia y Caquetá.De acuerdo con testimonios de integrantes de estas estructuras, conocieron al empresario bajo el nombre de Mit Chih y lo identificaban como su representante en diversos negocios. Sus actividades, según esas versiones, incluían no solo inversiones agrícolas, sino también la adquisición de ametralladoras y la participación en la fabricación de morteros u otras armas.Estos hallazgos dejaron en evidencia que las disidencias de las Farc están adquiriendo armamento en el mercado negro y estarían aprovechando el proceso de paz para fortalecerse militarmente. Toda esta información (contratos, movimientos financieros y comunicaciones) permanece documentada en los dispositivos electrónicos bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación desde hace más de un año.Desde la embajada China respondieron, sobre el empresario, que van a remitir la consulta a la oficina de Economía y Comercio de la embajada.