El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático y aspirante al Senado en la lista cerrada de esa colectividad, expuso sus principales propuestas legislativas de cara a las elecciones del 8 de marzo. En entrevista con Recap Blu habló sobre seguridad energética, salud, reforma política y la postura frente a una eventual Asamblea Nacional Constituyente.Seguridad energética como política de EstadoEspinal aseguró que su principal bandera ha sido la defensa de la seguridad energética. “Ya llevo 8 años defendiendo la seguridad energética. Solo con seguridad energética Colombia no se apaga”, afirmó. Advirtió que la demanda energética crece por encima del 4% y que actualmente solo un proyecto entraría al sistema, al referirse a Hidroituango.Entre sus propuestas planteó tres ejes: “Primero, que la seguridad energética sea declarada como una política de Estado, elevado a derecho de tercera generación. Segundo, disminuir los tiempos de licenciamiento ambiental y los permisos ambientales (…) especialmente mineroenergético. Y tercero, Silvia, se hace urgente la reglamentación de la consulta previa en nuestro país”.“No rotundo” a la constituyenteFrente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre presentar un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente al nuevo Congreso, Espinal fue enfático: “Nosotros desde el Centro Democrático le decimos no a una asamblea constituyente”. Agregó que el mandatario “falta a la verdad” y sostuvo que su posición es un “no rotundo a la constituyente de Gustavo Petro”.Salud y crisis del sistemaSobre la situación del sistema de salud en Colombia, el congresista afirmó: “Yo creo que eso no se trata de reformar la salud. Acá, gracias a Dios, tenemos el marco normativo de la Ley 100”. Señaló que el sistema “resistió, por ejemplo, la pandemia” y que el problema actual es “más económico”. En ese sentido, indicó que el próximo Congreso deberá “sentarse con todas las EPS a nivel nacional para replantear y fondear la UPC”.Reforma fiscal y tamaño del EstadoEn materia fiscal, propuso “hacer una reforma fiscal estructural” y sostuvo que “nosotros necesitamos que el Estado sea más pequeño”. También se mostró dispuesto a apoyar reformas estructurales: “Sí necesitamos reformas estructurales, la reforma política y la justicia”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
El próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar por las listas al Senado y Cámara que conformarán el próximo Gobierno en el Congreso de la República. Por parte del Partido de la U encabeza el senador Juan Felipe Lemos, que aspira volver a tener su curul para “avanzar en temas que beneficien a los colombianos”.“Soy un congresista dedicado única y exclusivamente a este ejercicio político. Formado en los temas públicos, particularmente en Hacienda Pública, en las económicas. Y el Congreso requiere voces autorizadas, respetadas, que den el debate con argumentos, con seriedad, con rigor técnico. Eso es lo que he hecho durante estos últimos 16 años de mi vida, y quiero hacer este último periodo porque veo que el país no va bien, porque habrá que llegar a hacer una reforma a la salud, porque habrá que llegar a reformar la seguridad, porque habrá que llegar a devolverle el orden económico al país, y para eso se necesita gente experimentada con la capacidad de incidir a través del debate, la discusión, el respeto que ya nos hemos ganado en la toma de decisiones que beneficien a los colombianos”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.¿Cuáles son las propuestas de Juan Felipe Lemos en el Congreso?Primero fue enfático al mencionar que seria uno de los principales opositores de quienes intenten impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y que en el Congreso trabajará para tramitar reformas estructurales.Uno de los puntos centrales de su agenda legislativa es la reforma tributaria. Lemos afirmó que el país necesita una nueva reforma, pero con un enfoque distinto al implementado recientemente. Criticó el aumento de la carga tributaria al sector productivo, que pasó del 32 % al 35 %, ubicándose, según indicó, por encima del promedio de los países de la OCDE.“El país tiene una deuda con el sector rural. Yo quiero impulsar la creación del sector agropecuario. Hay 5 millones de trabajadores en el país que son los trabajadores de la tierra, los que producen el café, la caña, el arroz, el algodón, en fin, todos los productos que hoy estamos exportando. La gran mayoría de esos trabajadores están en la informalidad. La tasa de informalidad en el sector rural de Colombia es del 83 % comparada con la tasa de informalidad en el sector urbano. ¿Qué queremos nosotros? Crear una figura de contratación especial de los trabajadores del campo que atienda las realidades de ese sector”, puntualizó.Por eso, puso sobra la mesa la creación de la “primera banca agropecuaria en la historia”, para fortalecer la economía rural. Destacó que Colombia cuenta con más de 20 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos.“Estos años de incertidumbre han mostrado que la producción agropecuaria ha crecido de manera significativa. Tenemos un gran potencial, siempre y cuando el Estado y el Congreso direccionen su mirada hacia el campo”, afirmó.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se explayó en su primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato, y habló de todo: desde la economía hasta América Latina e Irán.Estos son los momentos clave de su intervención de una hora y 47 minutos, la más larga de su tipo en la historia:Trump y la seguridad en América Latina "Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos" en América Latina, dijo Trump, quien se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero.La aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas, fue un momento de gran emoción.El republicano aseguró asimismo que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio "El Mencho" Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).Tensión con la Corte Suprema Al entrar en el Capitolio, Trump estrechó la mano de varios jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales votaron días antes a favor de anular los aranceles globales que el republicano había convertido en su política económica insignia.Trump expresó su descontento durante el discurso y calificó el fallo de "muy desafortunado". Pero no se detuvo mucho en el tema y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal para mantener los gravámenes.Equipo olímpico Uno de los pocos momentos de unidad de un discurso marcado por las divisiones entre republicanos y demócratas se vivió cuando el equipo olímpico masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, entró en la sala. La audiencia se levantó y aplaudió coreando: "¡Estados Unidos!, ¡Estados Unidos!".Resistencia de los demócratasNormalmente, durante el discurso sobre el estado de la Unión, los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.En este caso decenas de demócratas se saltaron el acto y la gran mayoría de los que asistieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones. Varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucían insignias que exigían cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía "¡Los negros no son simios!", en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.Congresista interrumpe a Trump -La tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba. "Deberían avergonzarse", dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso."Ustedes han matado a estadounidenses", gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado.La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar. El discurso más largo -Trump pronunció el discurso del estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos.Con una hora y 47 minutos superó el récord anterior de una hora y 20 minutos establecido por el expresidente demócrata Bill Clinton en 2000.Incluso fue más extenso que la propia intervención de Trump ante el Congreso del año pasado, que duró una hora y 40 minutos.
El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en la cuenta individual del afiliado. Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.El documento fue divulgado por el MinTrabajo en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, actualmente suspendida en su aplicación general por la Corte Constitucional.¿Qué establece el borrador de decreto del MinTrabajo?El proyecto de decreto señala que, una vez el afiliado ejerce la opción de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media, las AFP deberán transferir a Colpensiones el 100 % del saldo existente en la cuenta individual.Esto comprende:El capital acumulado por aportes.Los rendimientos financieros generados.Los valores adicionales que correspondan hasta la fecha de giro efectivo.La medida aplicaría a quienes se acogieron a la denominada “ventana de traslado” creada en el marco de la reforma pensional.Suspensión parcial de la reforma pensionalLa Reforma Pensional se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional analiza posibles vicios de trámite en su aprobación. No obstante, el alto tribunal permitió la implementación de dos artículos, entre ellos el artículo 76, relacionado con los traslados entre regímenes.El artículo 76 habilita a las personas que estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión para trasladarse entre el régimen privado (RAIS) y el público (Régimen de Prima Media), según les resulte más conveniente. Antes de la reforma, este grupo tenía restricciones para cambiarse.De acuerdo con el propio borrador del decreto, 119.632 afiliados se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones en el marco de esta disposición.Punto de controversia: administración de los recursosEl parágrafo del artículo 76 establece que el ahorro de cada afiliado trasladado continuaría siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona alcanzara la pensión.Sin embargo, el borrador del MinTrabajo modifica esa dinámica al ordenar que las AFP consignen de manera inmediata la totalidad de los recursos en Colpensiones.Esta diferencia ha generado interrogantes sobre la coherencia entre el decreto reglamentario y lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso.¿Cuántos recursos estarían en juego?Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2023 los traslados representaron 12,9 billones de pesos sobre una nómina total de 47,2 billones. En 2024, los traslados ascendieron a 15,3 billones de pesos frente a 55,5 billones en nómina.Aunque el borrador no precisa el monto total que debería girarse a Colpensiones, estimaciones preliminares indican que la cifra podría superar los 15 o incluso 20 billones de pesos, dependiendo del número final de afiliados trasladados y del saldo acumulado en cada cuenta individual.Reacciones y debate públicoEl periodista económico de Blu Radio, Víctor Grosso, señaló en su cuenta de X que el borrador es “muy importante” porque obligaría a los fondos privados a consignar en Colpensiones todo el ahorro acumulado (stock) de quienes utilizaron la opción de traslado habilitada por la reforma.El debate se centra en si un decreto reglamentario puede establecer una obligación distinta a la prevista en la ley, así como en el destino y administración de los recursos trasladados. El Ministerio de Trabajo mantiene abierto el periodo de comentarios al borrador antes de su eventual expedición definitiva.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó la noche del martes 24 de febrero de 2026 su sorteo número 3141, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 24 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 2581 de la serie 152. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha del sorteo, una vez presentado el billete original.Premios secos – Sorteo 3141Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Seco de $200 millones1226 – Serie 114Seco de $100 millones4572 – Serie 233Secos de $50 millones6256 – Serie 1838976 – Serie 109Secos de $30 millones5559 – Serie 2032382 – Serie 1935632 – Serie 3160629 – Serie 3178228 – Serie 2138450 – Serie 235Secos de $20 millones7888 – Serie 1324308 – Serie 2279640 – Serie 1345278 – Serie 2627672 – Serie 1570962 – Serie 0077802 – Serie 0806390 – Serie 1994315 – Serie 2590608 – Serie 2504910 – Serie 0274075 – Serie 0835175 – Serie 2994859 – Serie 2091923 – Serie 146Secos de $10 millones1739 – Serie 1177914 – Serie 1029153 – Serie 1230648 – Serie 1995413 – Serie 3005517 – Serie 2405477 – Serie 1201855 – Serie 2191554 – Serie 2553609 – Serie 1764792 – Serie 0608151 – Serie 1913351 – Serie 2805273 – Serie 2825481 – Serie 1162365 – Serie 1952883 – Serie 2742137 – Serie 2798186 – Serie 1598635 – Serie 271Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.
El Gobierno expidió cinco decretos (0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026) como parte del paquete de medidas para enfrentar la emergencia causada por inundaciones y fenómenos climáticos extremos en ocho departamentos del país.El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia provocada por la ola invernal.El tributo aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000) al primero de marzo de 2026.La tarifa general será del 0,5%, pero sube al 1,6% para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo como petróleo y carbón.Se pagará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026, y los recursos se destinarán exclusivamente a atender la crisis.El Gobierno expidió el Decreto 0174 de 2026 para agilizar la compra y saneamiento de tierras tras las inundaciones en el norte del país. La norma declara de utilidad pública los predios necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción. Cuando el Estado adquiera un terreno, quedará libre de deudas o embargos para uso inmediato.La Agencia Nacional de Tierras podrá hacer compra, registro y adjudicación en un solo trámite, incluso usando bienes incautados a grupos criminales mediante extinción de dominio, como fincas o empresas. También se permite contratación directa y registro en un día.El Decreto 0175 habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la Ley de Garantías, en periodo electoral. Además, permite adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la crisis.El Decreto 0176 asegura la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de un millón de estudiantes, permitiendo entregar raciones en casa si se suspenden las clases.El Decreto 0177 establece un aporte adicional del 2% a generadoras eléctricas para financiar la recuperación ambiental y ordena ajustes obligatorios en la operación de represas.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
Ad portas de las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo y a tres meses de la primera vuelta presidencial, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Invamer que mide el panorama electoral antes de los comicios.Realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país con un total de 3.800 encuestas, dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.Así se encuentra la aprobación del presidente PetroDe acuerdo con la encuesta, la aprobación por su gestión se encuentra en 49.1 % y su desaprobación en 46.1 %. Cabe recordar que, en noviembre, en la última realizada antes de esta, un 37,7 % de los colombianos aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprobaba.En materia de país, el mayor problema para los colombianos ha sido el orden público con un 30.9 %, destacando también la economía (18.0 %), necesidades básicas (14.6 %), corrupción (13.3 %) y mala función del Gobierno y/o sistema político (8.3 %).¿Cuál es el escenario de cara a las votaciones?“Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, planteó la encuesta y la respuesta de los resultados dio que Iván Cepeda lidera con un 37.1 % la intención de voto en Colombia.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.La primera jornada electoral del 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en donde los colombianos no solo votarán la consulta de precandidatos, sino que elegirán los nuevos senadores y representantes el Congreso de la República.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completA
Para la mayoría de trabajadores en Colombia, el domingo es un día sagrado para descansar; sin embargo, existen quienes deben salir a trabajar. Comercio, vigilancia, salud, transporte, restaurantes e industria no se detienen, y detrás de esa dinámica hay reglas que no todos conocen o que pasan por alto.Según dicta la ley laboral, ese día no pasa inadvertido y establece beneficios cuando el trabajo dominical se convierte en una situación habitual para el trabajador.La duda suele centrarse en si solo se tiene derecho al recargo dominical o también a un día libre, y la respuesta depende de cuántos domingos se trabajen al mes y de lo que señala el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en sus artículos 180 y 181.Esto dice la ley sobre trabajar los domingosEl artículo 180 señala que cuando el trabajo dominical es excepcional, es decir, uno o dos días al mes, el empleado tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a un pago adicional con el recargo correspondiente. Es decir, el trabajador puede escoger una de esas dos opciones.Sin embargo, el panorama cambia cuando la jornada dominical se convierte en habitual, es decir, cuando se trabajan tres o cuatro domingos al mes. Es allí donde entra en juego el artículo 181, el cual establece un beneficio doble.Pago con recargo.Descanso compensatorio remunerado.En este escenario no tiene que elegir, pues de manera obligatoria le deben reconocer ambos derechos.Si trabaja domingo, recibirá más dinero en la quincenaCon la reciente reforma laboral, el recargo por trabajo dominical o festivo quedó establecido en el 80 % sobre el valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora normalmente vale $10.000, el domingo se pagaría a $18.000.Por lo tanto, si trabaja las ocho horas, la diferencia en el ingreso mensual del trabajador tendrá un peso considerable, especialmente en sectores donde el fin de semana registra mayor movimiento. Por ejemplo:Si se trabajan cuatro domingos en el mes, se recibe el 80 % adicional por cada hora.Además, se deben otorgar cuatro días de descanso compensatorio remunerado.Si solo se laboran dos domingos:Se puede elegir entre el pago con recargo o el día libre.Trabajo dominical habitual: así funciona el compensatorioPara muchos colombianos diferenciar entre trabajo dominical habitual y excepcional es crucial para identificar qué deben percibir. Muchas empresas manejan turnos rotativos y es ahí donde pueden surgir confusiones. No reclamar el descanso compensatorio o aceptar un pago inferior al legal representa una afectación directa a los ingresos mes a mes.De hecho, el Ministerio de Trabajo ha reiterado que estos recargos y descansos son obligatorios; su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.Si bien para muchos hogares trabajar el domingo implica un sacrificio, la ley contempla una compensación para los trabajadores, la cual no debería verse afectada por el desconocimiento ni dejarse pasar.
La intención de voto en segunda vuelta presidencial cambia según el enfrentamiento planteado, de acuerdo con la encuesta Colombia Opina #20 realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol .El estudio evaluó cuatro posibles duelos entre candidatos, con base en quienes definitivamente o probablemente votarían y excluyendo a los indecisos.Cepeda vs. De la EspriellaEn este escenario, Iván Cepeda obtiene 59,4 % frente a 37,4 % de Abelardo de la Espriella. El voto en blanco alcanza 3,2 %.Cepeda vs. FajardoSi la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el resultado sería 53,9 % frente a 42,8 %, respectivamente. El voto en blanco se ubica en 3,2 %.Fajardo vs. De la EspriellaEste es el escenario más ajustado. Abelardo de la Espriella registra 47,1 %, mientras que Sergio Fajardo marca 46,4 %. El voto en blanco llega a 6,5 %.Cepeda vs. ValenciaEn un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la diferencia es más amplia: 65,2 % frente a 30,7 %. El voto en blanco alcanza 4,1 %.¿A favor o en contra del Gobierno?Al cierre del bloque de intención de voto, la encuesta preguntó si los ciudadanos preferirían votar por un candidato a favor o en oposición al gobierno de Gustavo Petro. El 52,6 % respondió que optaría por uno a favor, mientras que el 43,5 % lo haría por un aspirante de oposición. Un 3,9 % no sabe o no responde.La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 encuestas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La tarde del 25 de febrero ocurrió un lamentable suceso en la provincia de Ricaurte: durante la instalación del puente metálico El Triunfo, entre Moniquirá y San José de Pare, la estructura colapsó y dejó varias personas lesionadas. La emergencia activó de inmediato a los organismos de socorro.De acuerdo con los primeros reportes, seis personas resultaron heridas tras el desplome, aunque por fortuna no se reportaron casos de gravedad. La mayoría de los afectados eran obreros que trabajaban en la instalación de la placa de concreto, fase que se adelantaba cuando ocurrió el colapso.Gobernación de Boyacá envió equipo tras colapsoEn un comunicado oficial, la Gobernación informó que “un equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura ya se desplaza hacia el lugar para evaluar la situación”. Adicionalmente, señalaron que “la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de fundición del concreto para la placa”.Ante el suceso, el Cuerpo de Bomberos de Boyacá reveló que enviaron dos máquinas de ataque rápido, cinco unidades desde Moniquirá, cinco unidades desde Barbosa y una ambulancia para apoyar la atención en la zona.Los seis lesionados fueron trasladados por la comunidad a centros asistenciales cercanos. El alcalde de Moniquirá señaló que “afortunadamente, seis personas resultaron lesionadas, pero no de gravedad”, y explicó que presentaron golpes.Autoridades investigan desplome del puenteLa obra, de 34 metros de longitud, contaba con una inversión de 2.800 millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron aportados por la Alcaldía y el resto por la Gobernación. El proyecto hace parte de la estrategia departamental “Así va la obra”, enfocada en el seguimiento de proyectos viales.Por su parte, la Alcaldía indicó que los hechos son materia de investigación y que “se adelantan las visitas técnicas correspondientes para esclarecer lo sucedido”. A su vez, la Gobernación anunció que se realizará “un estudio riguroso de las causas para comunicar a la ciudadanía”.De esta manera, entre las hipótesis que se estudian están posibles fallas en la construcción, condiciones climáticas al momento de la instalación, así como aspectos técnicos relacionados con la fase de concreto.Cabe recordar que el puente buscaba restablecer la conectividad afectada desde hace más de tres años, cuando una creciente del río provocó el colapso de la estructura anterior. Ahora la prioridad es atender a los heridos y esclarecer qué ocurrió con la obra que dejó seis lesionados.
La intención de voto para la primera vuelta presidencial de 2026 muestra a Iván Cepeda en el primer lugar en los distintos escenarios evaluados, seguido por Abelardo De La Espriella por la encuesta Colombia Opina #20, realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol.¿Qué tan probable es que los colombianos voten?Ante la pregunta: “Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones?”, el 52,9 % respondió que definitivamente sí votaría y el 19,2 % que probablemente sí lo haría.En contraste, el 11,2 % no sabe si votará, el 5,5 % probablemente no lo haría y el 10,5 % afirmó que definitivamente no votaría.Escenario con ganadores de consultasCuando se plantea el escenario: “Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, Iván Cepeda obtiene el 37,1 %.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.Escenario con tarjeta cerrada de candidatosFrente a la pregunta: “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, Cepeda alcanza el 43,0 %.En segundo lugar, está Abelardo De La Espriella con 23,4 %. Luego aparecen Claudia López con 12,5 %, Sergio Fajardo con 10,3 % y Paloma Valencia con 7,8 %. Daniel Quintero registra 1,4 % y el voto en blanco 1,6 %.La encuesta se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 entrevistas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La intención de voto en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 muestra una alta dispersión y un amplio margen de indecisos, según la encuesta Colombia Opina #20 de Invamer, para Blu Radio y Noticias Caracol, realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país .De acuerdo con el estudio, el 46,4 % de los encuestados afirma que “definitivamente sí votaría” en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo, y un 20,1 % señala que “probablemente sí votaría”. Es decir, cerca de dos tercios manifiestan disposición a acudir a las urnas. Sin embargo, un 15,0 % aún no sabe si votará y un 17,9 % se inclina por no participar .¿Quién lidera la intención de voto en las consultas?Entre quienes aseguran que votarán y pedirán el tarjetón de las consultas, el 62,6 % respondió que sí participará en estos mecanismos partidistas, frente a un 37,4 % que no lo hará .En el escenario “todos contra todos”, el 43,9 % no sabe o no responde por cuál precandidato votaría.Al observar la sumatoria por bloques, la llamada “Gran consulta por Colombia” concentra el 34,3 % de la intención de voto; la “Consulta de las soluciones”, el 13,0 %; y la “Consulta frente por la vida”, el 8,9 %. El resto corresponde a indecisos .Resultados por cada consulta sin indecisosAl excluir el voto no definido, dentro de la Gran consulta por Colombia lidera Paloma Valencia con 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %).En la Consulta de las soluciones, Claudia López encabeza con 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %).En la Consulta frente por la vida, Daniel Quintero obtiene 68,1 %, seguido por Roy Barreras con 23,0 % .Esta edición de Colombia Opina fue realizada en todas las regiones de Colombia, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026. En total se hicieron 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
Una de las obligaciones legales en Colombia que muchos ciudadanos pasan por alto es la definición de la situación militar. Aunque el servicio militar ha sido históricamente obligatorio para los hombres mayores de edad, miles de colombianos llegan a la adultez sin cumplir con este requisito.Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1861 de 2017, el panorama cambió. Antes, el cumplimiento era prácticamente obligatorio en todos los casos; hoy existen nuevas disposiciones que han modificado de manera significativa su aplicación.A pesar de ello, persiste el mito social de que al cumplir 24 años el servicio militar deja de ser una obligación. Frente a esta creencia, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado para aclarar la situación y precisar cuáles son las responsabilidades reales de los ciudadanos en materia de definición de la situación militar.¿Es obligatorio el servicio militar después de los 24 años?No. De hecho, el Ministerio de Justicia aclaró que los ciudadanos en este rango mayor de edad tampoco tendrán que pagar algún tipo de sanción, sin embargo, sí exigen cumplir con la libreta militar para acceder a algunos cargos y normativas.Estos son los requisitos para aclarar la situación militarCopia de la cédula de ciudadanía.Copia de la cédula de ciudadanía de los padres.Certificación de la universidad donde conste que ha cursado más de 5 semestres.Certificación de ingresos mensuales (desprendibles de pago de los últimos 3 meses, las últimas 3 planillas de pago de seguridad social si es independiente o si no tiene ingresos una declaración que lo manifieste).El valor de la cuota única de compensación militar no podrá superar los siguientes rangos, de acuerdo con los ingresos mensuales del ciudadano:Para personas sin ingresos económicos mensuales: hasta el 5 % de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).Para personas con ingresos mensuales iguales o inferiores a 2 SMLMV: hasta el 15 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales entre 2 y 4 SMLMV: hasta el 25 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales superiores a 4 SMLMV: hasta el 50 % de un (1) SMLMV.
La insinuación de la precandidata Paloma Valencia sobre una fórmula vicepresidencial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó reacciones políticas en todas las orillas.“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Ustedes qué piensan”, dijo Valencia.En la consulta del Frente por la Vida, el precandidato Roy Barreras aseguró que Valencia le copió su idea. Previamente, Barreras había propuesto que el presidente Gustavo Petro fuera su fórmula vicepresidencial; sin embargo, esta iniciativa no tuvo acogida por parte del mandatario y abrió un debate sobre la legalidad y viabilidad jurídica de que mandatarios o exmandatarios puedan asumir este rol.“Lo que quiero es preguntarle a millones de colombianos que quieren al presidente, si quisieran que él pudiera ser vicepresidente en una fórmula que garantice que el cambio siga comprometido con la inclusión social. No está impedido ni inhabilitado, puede hacerlo”, dijo en su momento.Tras conocerse el anuncio de la precandidata del Centro Democrático, el precandidato volvió a referirse al tema y esta vez extendió una pregunta a los colombianos.“Ya que Paloma se copió de mi idea y ya que los expresidentes no se quieren jubilar, yo pregunto: ¿tú con qué vicepresidente te quedas, el que quiere el cambio, las reformas sociales y justicia social o con el que quiere que nos regresemos al pasado de la represión, la inequidad social y la exclusión?”, concluyó.Por ahora, no se han concretado las fórmulas vicepresidenciales de la mayoría de los candidatos, que están a la espera de los resultados de las consultas el próximo 8 de marzo.
Aunque ya es oficial el pedido de 17 aviones Gripen a la empresa sueca Saab, lo que no conoce el país todavía es el detalle del contrato y en especial su valor. Se estima que podría ser aproximadamente 4 mil millones de dólares, pero no se ha publicado en específico el valor por unidad.Por eso, el contralor Carlos Hernán Rodríguez le envió una carta al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, pidiéndole explicaciones detalladas.En la comunicación le da cinco días a Sánchez para que le envía a la Contraloría una copia del contrato con la empresa que asesoró al ministerio en el proceso de adquisición de los aviones, pero también copia del expediente del contrato comercial, incluyendo los documentos de la etapa precontractual y la etapa contractual.Dice la Contraloría que lo que busca es verificar la transparencia y legalidad del proceso adelantado por la cartera de Defensa.Otro de los puntos solicitados es la remisión del contrato suscrito con la empresa asesora encargada de apoyar al Ministerio en el trámite de adquisición de los aviones. La Contraloría busca conocer los alcances de dicha asesoría, así como las responsabilidades contratadas y los criterios utilizados durante la evaluación técnica del proceso.El ente de control también pidió el envío de todos los soportes que documenten las distintas alternativas evaluadas por el Gobierno para modernizar la flota de combate de la Fuerza Aérea.Entre estas opciones estarían aeronaves francesas, los reconocidos F-16 de fabricación estadounidense y otros modelos considerados. La solicitud incluye la exposición de las razones técnicas, legales y económicas que llevaron finalmente a escoger los aviones Gripen.La Contraloría puntualizó su pedido recordando que la reserva de información no puede ser invocada para negar el acceso a los documentos requeridos, dado que la Constitución establece que la Contraloría tiene facultades plenas para revisar la ejecución y uso de los recursos públicos.
Desde las 5:00 de la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, se llevará a cabo la quincuagésima edición de los Premios Simón Bolívar, los cuales reconoces a los periodistas de Colombia y eligen los mejores trabajos que se hicieron en el último reconocido tanto labor periodística como profundidad de la investigación.Este es el link para ver EN VIVO los premios Simón Bolívar 2025Dele click aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6EJeCG57gysCabe recordar que el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar otorga los siguientes premios:Gran premio a la Vida y Obra de un Periodista.Premio al Periodista del Año.Premios al Trabajo Periodístico.Estímulos al Periodismo Universitario.Estos son los jurados de los Premios Simón Bolívar 2025José Navia (presidente del jurado): ha lanzado seis libros de crónica periodística y profesor, cronistas y editor de reportajes de El Tiempo, apoyando también Semana, SoHo y El Malpensante.Marisol Cano: doctora en Comunicación y fue directora de El Magazín de El Espectador y la Unidad de Medios de la Universidad Nacional.Patricia Gómez: periodista, documentalista e investigadora. Experiencia en proyectos de Noticias Uno, RCN, Caracol Radio, entre otros.Juan Camilo Maldonado: periodista y politólogo, exdirector y miembros del Consejo Rector de Mutante.John Otis: periodista estadounidense, reporte de la guerra en Irak y Afganistán e investigador del conflicto armado en Colombia. Corresponsal en América Latina de National Public Radio (NPR).León Darío Peláez: fotógrafo y comunicador social con experiencia en El Tiempo, Semana, entre otros.Sandra Sánchez: filósofa, magíster en Historia y Cultura y doctora en Historia. Investigadora y analista de medios en clave de poder y género.
En su paso por España la canciller Rosa Villavicencio dio una entrevista a Bloomberg en la que habló del régimen de Nicolás Maduro y la postura de Colombia frente a una transición del poder en el vecino país.La ministra aseguró que Colombia estaría dispuesta a respaldar un plan para que el líder de este régimen entregara el poder a un Gobierno de transición y que se hagan nuevas elecciones. “Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento (…) puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y pueda haber una elecciones que estén legitimadas”, dijo.Esta postura va muy en línea de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre la situación política en Venezuela. El mandatario ha rechazado en varias oportunidades la posibilidad de una intervención de EEUU en ese país, argumentando que afectaría la soberanía y generaría una nueva ola migratoria. Incluso el mandatario ha cuestionado la postura de la líder opositora María Corina Machado por, según el, invitar al Gobierno Trump a que tome este tipo de acciones.Desde agosto, el Gobierno americano ha desplegado operaciones con buques de guerra en el sur del Caribe, lo que ha incrementado el temor a un ataque en territorio venezolano. El mandatario se pronunció nuevamente a través de sur cuenta de X:“No hay acuerdo en el Caribe, hay 84 personas pobres asesinadas. Colombia es el país que concentra la mayor experiencia antimafiosa del Caribe y puede alimentar el Caribe en alimentos, y en acción eficaz contra las mafias. El mundo necesita el gran acuerdo de la descarbonización, donde se quedó corta la COP 30, y debe hacerse ya”, escribió.Horas más tarde, la Cancillería emitió un comunicado sobre lo dicho por Villavicencio: El MInisterio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la Canciller Villavicencio Mapy en la entrevista.El gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela.Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicadas en medios de comunicación.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el sargento viceprimero del Ejército Nacional Diego Barrios Aguilar, por presuntas conductas de acoso sexual contra una auxiliar de inteligencia, ocurridas entre 2021 y 2022 en los municipios de Ibagué y Chaparral, Tolima.Según el ente de control, Barrios Aguilar, quien para esa época estaba adscrito al Batallón de Inteligencia Militar N.° 5, habría aprovechado su posición de mando para ejercer hostigamientos físicos y verbales con fines sexuales no consentidos.Las conductas, presuntamente reiteradas, habrían vulnerado la dignidad, tranquilidad y derechos fundamentales de la víctima durante actividades de entrenamiento y reentrenamiento.La actuación disciplinaria incluyó la activación de protocolos de protección para garantizar la seguridad de la auxiliar, quien, de acuerdo con la Procuraduría, guardó silencio por temor a posibles represalias del suboficial investigado.En una decisión provisional, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó la presunta falta como gravísima a título de dolo, por lo que ahora el sargento deberá responder dentro del proceso disciplinario que avanza en su contra.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por más de $ 22.000 millones contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por presuntas irregularidades en la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, así como en contratos del programa Hambre Cero en La Guajira y Arauca.El anuncio fue hecho por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien detalló que las investigaciones involucran dos procesos fiscales derivados de la adquisición de 80 vehículos cisterna, así como sobrecostos detectados en programas de alimentación humanitaria en regiones vulnerables del país.El jefe del ente de control informó que los primeros hallazgos están relacionados con contratos del programa ‘Hambre Cero’ en 2023. Según la Contraloría, se detectaron presuntos sobrecostos superiores a $ 2.000 millones, discriminados en $1.000 millones en La Guajira y $1.064 millones en Arauca.“Sobre un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Albania y Manaure durante 90 días, con una inversión de $5.240 millones, se inicia un proceso de responsabilidad fiscal mediante el cual se determina la existencia de sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos en la contratación de raciones alimentarias para la población wayúu. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos en total, con sobrecostos que superan los mil millones de pesos. Los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUES del sector educativo y falta de soporte técnico”, dijo el contralor general.En Arauca, el contrato por $9.200 millones buscaba entregar raciones alimentarias a 6.200 beneficiarios en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauca, en zonas urbanas y rurales. El proceso arrojó un presunto detrimento fiscal de $1.064 millones.Pero el caso de mayor envergadura corresponde al suministro de 80 carrotanques destinados a garantizar el acceso al agua potable en La Guajira.La Contraloría imputó dos procesos fiscales. El primero, por $9.573 millones (sin indexar), contra Impoamericana Roger S. A. S., pues de acuerdo con el ente de control, la empresa sobrestimó el valor de los vehículos, no ejecutó obligaciones contractuales y no presentó soportes que justificaran pagos anticipados.En este mismo proceso fueron imputados, a título de dolo, Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres y supervisor del contrato.La investigación determinó que los carrotanques, pagados como entregados en noviembre de 2023, solo fueron recibidos a satisfacción el 16 de enero de 2024, evidenciando incumplimientos y manejos irregulares.Aunque el sobrecosto inicialmente calculado superaba los $10.772 millones, la cifra quedó en $1.708 millones tras descontar reintegros efectuados en el proceso penal adelantado por la Fiscalía.La segunda imputación, por $12.579 millones (sin indexar), fue contra la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú) y exdirectivos de la UNGRD. Este proceso se refiere a la compra de otros 40 carrotanques mediante una orden de proveeduría por $29.000 millones, suscrita entre el FNGRD y la Corporación Yapurutú.Según la Contraloría, hubo sobrecostos frente a valores de mercado, pagos por mantenimientos que nunca se ejecutaron, además de falencias en la planeación y ejecución del contrato.Por estos hechos, se imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y la Corporación Yapurutú.Asimismo, la entidad ordenó archivar la actuación a favor del actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, al comprobar que los carrotanques ya se encuentran operando en la región.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP citó a audiencia pública al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco para determinar si ha incumplido el régimen de condicionalidad, lo que podría dejarlo por fuera del sistema transicional y exponerlo a la justicia ordinaria.El proceso se relaciona con los crímenes cometidos entre 1997 y 2001, cuando Santoyo fue comandante del Gaula en Antioquia, y con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero, ocurrida en Medellín en 2000. La JEP abrió el incidente de incumplimiento en marzo de este año, tras considerar que sus aportes de verdad eran insuficientes frente a la magnitud de los hechos y a la información que debía conocer por su rango y funciones.Durante la diligencia, programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, la JEP verificará si Santoyo ha cumplido sus compromisos de verdad, reparación y no repetición, pilares del régimen de condicionalidad. Si la Sala concluye que no lo ha hecho, podría revocarle los beneficios judiciales y remitir su caso a la justicia ordinaria.La defensa presentó nuevas pruebas sobre su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las cuales fueron admitidas de manera excepcional. Sin embargo, la JEP advirtió que solo se considerarán relevantes si aportan información nueva, útil y verificable.Con este proceso, la Jurisdicción reafirma que los comparecientes deben cumplir plenamente sus compromisos de verdad para conservar los beneficios transicionales y que el centro de su labor continúa siendo la protección de los derechos de las víctimas.