El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, presentó una denuncia y contrapropuesta ante la Defensoría del Pueblo, en la que advierte que Colombia enfrenta un "riesgo real, estructural y progresivo de deterioro democrático". De la Espriella se dirigió a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a través de una carta en la que afirma que, en las actuales condiciones, no existen garantías suficientes para un proceso electoral libre y en paz.En el documento, el candidato sostiene que la oposición "no compite hoy en igualdad de condiciones". Su denuncia se centra en el presunto uso político de los medios públicos, la intervención política de altos funcionarios y la estigmatización de la oposición al Gobierno Petro. Según la carta, los medios del Estado estarían siendo utilizados para "atacar sistemáticamente a sectores opositores" y para "promover narrativas favorables al Gobierno como si fueran información institucional".Otro de los ejes centrales de la denuncia es la violencia política. El candidato cita cifras de la Misión de Observación Electoral, según las cuales en 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, y un aumento del 22 % en hechos de violencia letal frente a 2021. El documento advierte que esta situación estaría afectando directamente la participación política y la campaña electoral en varias regiones del país.El texto también señala el fracaso de la política del Gobierno de Gustavo Petro, la Paz Total, por la presencia y el control de grupos armados ilegales en amplias zonas del territorio nacional, donde estas estructuras estarían teniendo capacidad de intimidar votantes, condicionar campañas y alterar resultados electorales. "No puede hablarse de elecciones libres y democráticas cuando quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben vivir bajo miedo constante", señaló Abelardo de la Espriella.Como parte de su contrapropuesta, el candidato y su movimiento, el Movimiento Defensores de la Patria, piden que cualquier acuerdo por las garantías electorales incluya compromisos verificables del Gobierno, entre ellos, cero uso político de medios públicos; la prohibición de participación política del presidente y altos funcionarios; sanciones por uso indebido de recursos públicos; protección reforzada para candidatos en riesgo; recuperación del control territorial, y veeduría independiente del proceso electoral.
A nueve días de la primera jornada electoral de 2026, en la que se elegirán los miembros del Congreso de la República, el Gobierno expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se dictan medidas para la conservación del orden público durante el proceso electoral. El decreto también cobija la jornada del 31 de mayo, correspondiente a la primera vuelta de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República.Entre las medidas más importantes se encuentra el cierre de los pasos terrestres y fluviales fronterizos, que regirá desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo de 2026. La única excepción será para los casos de fuerza mayor o emergencia.De igual forma, el Gobierno reiteró la medida de ley seca. El decreto establece que los alcaldes deberán restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo de 2026 hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, con el fin de preservar el orden público.Durante los días de las elecciones también se prohíbe cualquier tipo de propaganda política, entrevistas de promoción, manifestaciones públicas, publicación de encuestas o apoyo a movimientos políticos en los medios de comunicación. Asimismo, se ordena a los alcaldes municipales restringir la propaganda en el espacio público, a través de pancartas, vallas y otros elementos publicitarios. En ese sentido, las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.Adicionalmente, se prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación por parte de funcionarios del Ministerio Público, testigos y observadores electorales. También se fijan reglas para el transporte, con el fin de que al menos el 80 % de los buses esté en servicio; se autoriza a alcaldes y gobernadores a restringir la movilidad si es necesario; se garantiza el suministro de energía eléctrica en los puestos de votación, y se advierte que cualquier incumplimiento podrá ser sancionado por autoridades como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El nuevo arancel del 50% impuesto por el gobierno ecuatoriano a las importaciones colombianas amenaza con golpear de lleno el intercambio comercial entre ambos países.Según advirtió Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio, la medida no discrimina sectores: "...los eh eh productos más afectados de Colombia, que son todos, la verdad, no hay uno que no sea, son todos los productos que de Colombia se exportan a Ecuador..."Colombia exporta a Ecuador cerca de 18.800 millones de dólares al año en bienes como energía, hidrocarburos, medicamentos, vehículos, textiles, plásticos, papel, químicos y alimentos para la industria avícola. Incluso, buena parte de los buses que circulan en ese país son de fabricación colombiana.Con las restricciones, explicó la dirigente gremial, el comercio legal ya venía cayendo cerca de 70% y, con el nuevo arancel, podría paralizarse por completo. Las pérdidas acumuladas superarían los 250 millones de dólares desde que comenzaron las medidas.Pero más allá del impacto económico, Díaz Granados advirtió un efecto colateral: el fortalecimiento del contrabando. "...se acaba totalmente el comercio entre Colombia y Ecuador... el comercio legal, porque el contrabando sigue", señaló.En departamentos como Nariño, Putumayo y Cauca donde históricamente existe intercambio agrícola con Ecuador las restricciones podrían alterar el abastecimiento y empujar a comerciantes y consumidores a rutas ilegales.Para la Cámara binacional, la decisión termina castigando la economía formal y debilitando el control estatal en la zona limítrofe.El gremio pidió revisar las medidas y buscar soluciones diplomáticas que eviten un freno total al comercio, en una relación que durante años ha sido clave para empresarios y consumidores de ambos lados de la frontera.Escuche la entrevista completa aquí:
El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su reconocimiento se debe a la variedad de modalidades de apuesta y a los bajos montos necesarios para participar, lo que lo convierte en una opción accesible y atractiva para el público general.Número ganador del Chontico DíaEl número ganador del chance Chontico Día de este viernes 27 de febrero del 2026 es el 1131 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 1131Dos últimas cifras: 31Tres últimas cifras: 131La quinta: 1Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día26 febrero 20267566 - 3Chontico Día25 febrero 20262965 - 4Chontico Día24 febrero 20260133 - 2Chontico Día23 febrero 20265243 - 8Chontico Día22 febrero 20264025 - 5Chontico Día20 febrero 20267972 - 8Chontico Día19 febrero 20268976 - 3Chontico Día18 febrero 20261919 - 8Chontico Día17 febrero 20265566 - 5Chontico Día16 febrero 20262254 - 8Modalidades de juego del Chontico DíaUno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades disponibles, que permiten a cada jugador elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.Las principales modalidades son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren opciones más sencillas con mayores probabilidades de acierto.Cuánto cuesta jugar el Chontico DíaEl costo de las apuestas es uno de los factores que mantiene la popularidad de este sorteo en Colombia. Los valores establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.Este rango facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar en igualdad de condiciones.Cómo reclamar un premio del Chontico DíaLos ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar los documentos requeridos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original y fotocopia legible.Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se exige el documento y el tiquete.Entre 48 y 181 UVT: se requiere documento, tiquete y el formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: además de los anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.Este proceso garantiza que la entrega de premios se realice de manera segura, legal y transparente, fortaleciendo la confianza de los jugadores que siguen diariamente los resultados del Chontico Día en Colombia.
Un nuevo episodio de violencia mantiene en alerta al municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, pues se ha confirmado el desplazamiento de decenas de personas desde la vereda La Jagua hacia Arenales, también en zona rural.El desplazamiento se produjo, luego de que un grupo armado ilegal lanzara una carga explosiva desde un dron contra una vivienda, ataque que dejó a una madre y a sus dos hijos muertos, y a otro hijo de 50 años gravemente herido. Tras el hecho, las familias decidieron abandonar el sector por temor a nuevos ataques.Según el personero Hambler Patiño, lo preocupante es que el desplazamiento de 130 personas ya se puede catalogar como masivo y hasta ahora, casi 48 horas después de lo sucedido, todavía no hay una respuesta de la Fuerza Pública ante lo ocurrido."Es un desplazamiento interno que se hace de la vereda que está en conflicto hacia otra vereda más cercana. Todas estas personas se refugiaron allí y estamos esperando pues que los organismos del Estado nos den un parte de tranquilidad que todavía no aparecen.Para el gobernador Andrés Julián Rendón es apenas lógico el temor que hoy sienten las comunidades, por lo que fue enfático en que cuando piden asistencia militar al Ministerio de Defensa no es por capricho."¿Cómo es que el Ejército no ha llegado? Es que cuando acontece una situación como esta, donde mueren tres personas y hay una herida, ¿cómo es que el Ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es para que tome cinco días ni tres, tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros, los aviones, todo lo que dispone para controlar el territorio", indicó. El representante del Ministerio Público también confirmó que entre las víctimas hay líderes comunitarios: uno se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal y otro integraba el comité de conciliación, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de los liderazgos sociales en la zona rural.La vereda La Jagua se ubica aproximadamente a una hora y media del casco urbano de Segovia en condiciones climáticas favorables, y la distancia entre La Jagua y Arenales es corta, lo que facilitó el desplazamiento de las familias.Para este jueves está previsto un comité de justicia transicional en el que se espera que las autoridades entreguen respuestas y definan acciones urgentes frente a la crisis humanitaria que vive esta zona del nordeste antioqueño.
Frisby está simplificando sus procesos operativos para mejorar la eficiencia. Además, se está ajustando a las recientes modificaciones en los horarios de algunos centros comerciales donde tiene presencia, así como a la reducción de la jornada laboral.Estas, entre muchas otras medidas, están siendo analizadas e implementadas por la cadena de restaurantes para mitigar el impacto del incremento del 23,7 % en el salario mínimo. Con esto, Frisby busca compensar el mayor gasto laboral mediante cambios internos, en lugar de trasladar completamente el aumento a los precios o reducir su personal.Sara Baena, gerente general de Frisby, explicó que el ajuste si tiene un efecto directo sobre la estructura de costos. “El 77% de nuestras personas ganan salario mínimo, así que el aumento nos afecta de manera importante. Sin embargo, estamos comprometidos con no despedir y en asumir el impacto entre todos, generando iniciativas para contrarrestar ese efecto que no estaba inicialmente estimado”, afirmó.Frisby cuenta actualmente con 6.000 colaboradores en 61 municipios del país y opera 290 restaurantes. De esa planta, el 77% devenga un salario mínimo, lo que explica la magnitud del impacto financiero que genera el aumento decretado para 2026.Según un comunicado de prensa, la compañía cerró el 2025 con crecimiento de posiblemente 10% en ventas, pues no se especifica la cifra y además, anunció una inversión integral de sus servicios de 65.000 millones de pesos para este año.Estas declaraciones se producen en un contexto en el que distintos sectores empresariales han manifestado preocupación por el efecto del aumento salarial en costos operativos, especialmente en actividades intensivas en mano de obra como el comercio y la gastronomía.
La Registraduría informó que debido a los hostigamientos de los grupos armados contra el comando de Policía de Río de Oro, Cesar, se tuvo que suspender el proceso de capacitación de jurado de votación.“La Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, explicó la Registraduría.En este momento las autoridades evalúan la posibilidad de citar a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, para evaluar las medidas que se deben tomar para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo.“Es de señalar que, hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, la Registraduría Nacional del Estado Civil no podrá asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, agrega la Registraduría.
Dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes 27 de febrero en la ciudad italiana de Milán (norte) en el descarrilamiento de un tranvía mientras atravesaba el centro, chocando contra un muro y atropellando a varios peatones, informaron las autoridades.El accidente ocurrió en torno a las 16:00 (15:00 GMT) y se ha saldado con la muerte de dos personas y unos 37 heridos, todos ellos pasajeros del tranvía, según explicó el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los medios en el lugar de los hechos.Sala precisó que las víctimas mortales son un pasajero del convoy y un transeúnte."Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor", dijo el alcalde a los medios desde el lugar del accidente.La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pésame por el "grave accidente" en Milán, su cercanía a las familias y deseo "de todo corazón" una pronta y completa recuperación a los heridos.El tranvía accidentado corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.Sobre las causas del siniestro el alcalde de Milán destacó que "no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor".El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, según los medios italianos.Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".Según una primera reconstrucción de los hechos, apuntalada con vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también agradeció a las fuerzas del orden "lo que están haciendo para ayudar a los necesitados": "Mi pensamiento está con todos los implicados (...) Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos", escribió en su cuenta de X.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que avance en la discusión y aprobación del proyecto de ley ordinaria que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un instrumento clave para garantizar justicia en el campo colombiano y cumplir con los compromisos del acuerdo de paz.“La justicia agraria es una discusión urgente y necesaria. Este Gobierno tiene toda la disposición de encontrar las rutas jurídicas para el mejor proyecto de ley, para devolverle la esperanza a los colombianos y colombianas que trabajan la tierra”, afirmó la ministra durante su intervención ante la plenaria.El debate estaba programado para este martes, pero fue suspendido luego de que los representantes disolvieron el quórum, evitando así la discusión. Carvajalino lamentó la decisión, recordando que desde el pasado 28 de octubre el ministerio ha asistido a todas las sesiones en las que el proyecto ha sido agendado.“A pesar de que logramos acuerdos con distintas bancadas, no hemos conseguido que el Congreso inicie el debate en la última legislatura posible. Con sorpresa debo decir que se ha bloqueado la discusión”, denunció.La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural busca resolver conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra representando, según el Gobierno, una deuda histórica con la ruralidad colombiana.Carvajalino también aclaró que el proyecto no resta facultades a la justicia ordinaria, sino que llena un vacío legal dejado por el decreto ley 902 de 2017.“No es cierto que le estemos quitando competencias a la justicia. Lo que hacemos es ordenar un vacío jurídico. Que el miedo y las voces sin justificación técnica no impidan que el país asuma este debate tan importante para el campesinado”, enfatizó.Con esta iniciativa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca fortalecer los derechos del campesinado y avanzar en las reformas rurales que garanticen equidad, acceso a la tierra y desarrollo en el territorio.
La Defensoría del Pueblo se pronunció en respaldo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, tras el rechazo que este expresó frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana Velásquez.El organismo advirtió que las palabras del ministro socavan la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de Derecho y la democracia en nuestro régimen constitucional. Además, señalaron que las expresiones de Benedetti "son ofensivas, discriminatorias y pueden constituir violencia de género”.“La Defensoría recuerda que todos los funcionarios y funcionarias públicas tienen el deber de respetar las decisiones judiciales y controvertirlas únicamente a través de los canales procesales. Este deber es más alto en el caso de altos funcionarios del Estado, pues su actuación es referente para los servidores públicos y la ciudadanía”, puntualizó la entidad.En este sentido, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro, también se había pronunciado para rechazar “las descalificaciones personales y los ataques verbales” del ministro contra una magistrada, advirtiendo que este tipo de comportamientos pueden afectar las investigaciones y debilitar la confianza ciudadana en la justicia.El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia que generaron las declaraciones tanto del ministro Benedetti como del presidente Gustavo Petro sobre la magistrada Lombana.De hecho, el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el jefe de Estado por presunta “violencia moral agravada” y “encubrimiento”, luego de que calificara como “secuestro familiar” el allanamiento ordenado por la magistrada a la residencia del ministro del Interior.
Cuarenta años después de la tragedia de Armero, el geólogo Víctor Hernán Cubillos regresó acompañando a Blu radio a los confines de los cañón de los ríos Lagunilla y Azufrado, el lugar donde comenzó uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Colombia.“Este cañón es la expresión máxima del poder de la naturaleza. Es la geología en acción en su máximo esplendor”, afirma con voz pausada, mientras observa el cauce que hace cuatro décadas se transformó en una avalancha de lodo, piedra y fuego.Cubillos, quien entonces era estudiante de geología, fue testigo directo de la magnitud del fenómeno que sepultó a Armero en cuestión de minutos.“Yo viví la tragedia como estudiante. Pude ver las consecuencias de este fenómeno que se origina aquí, y que llegó a Armero con un poder tal que fue capaz de borrar un municipio entero. Para mí, fue la reafirmación de la insignificancia del ser humano frente a la naturaleza”, recuerda.El geólogo habla con respeto, pero también con una mezcla de temor y admiración por las fuerzas naturales que estudia: “Siempre lo he dicho: somos una brizna comparados con el poder de un volcán o de la geología de nuestro planeta. Es algo aterrador, pero también admirable. Siento veneración por nuestra madre tierra, Gaia, y creo que debemos sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio natural.”, apuntó.El milagro de sobrevivirHace cuarenta años, Cubillos y un grupo de 31 estudiantes viajaban en una excursión académica hacia Ibagué. Por una serie de coincidencias y cambios de ruta, terminaron pasando la noche en Armero el 13 de noviembre de 1985.“Fue un milagro, una concurrencia de casualidades negativas y positivas. De los 31 que estábamos en la excursión, sobrevivimos 20. Puedo contarlo hoy y lo relaté en mi libro No íbamos para Armero , publicado en 2015 con motivo de los 30 años de la tragedia.”, agregóDesde entonces, el geólogo Cubillos ha dedicado su vida a reconstruir la memoria de ese episodio y a trabajar en la prevención de desastres naturales en Colombia: “Esa experiencia me aferró más a mi profesión y me comprometió con la tarea de difundir la historia de Armero. Mi granito de arena ha sido insistir en que el país no vuelva a vivir una tragedia como la de 1985", concluyó.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda denunció que el Gobierno habría firmado 1.5 billones de pesos en contratos en solo 24 horas y justo antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías.“Entre el 7 y el 8 de noviembre, el valor total de los contratos registrados por el Estado pasó de $1,02 billones a $2,52 billones, lo que representa un incremento de más del 140 %, justo antes de que la Ley de Garantías limitara la contratación directa con fines electorales”, aseguró Miranda.La representante asegura que esta es una maratón de contratos que pone en duda la transparencia de los recursos comprometidos.La congresista dijo que este tipo de prácticas “ponen en riesgo la confianza ciudadana y abren la puerta a la utilización política de los recursos del Estado”.Por eso, la representante solicitó a la Contraloría General y a los órganos de control abrir una investigación inmediata sobre los contratos firmados en esas horas con el fin de determinar si se vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad administrativa.
El pasado 13 de noviembre de 1985 ocurrió el desastre natural más fuerte de la historia de Colombia. Hoy, cuatenta años después, el país recuerda las historias de aquellos que sobrevivieron y que hoy narran los días de terror que se tuvieron que vivir en Armero y en todo el Tolima.Ariel Alarcón Prada era uno de los médicos del Hospital Psiquiátrico San Rafael de Armero, ubicado en el casco urbano del municipio, y uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia. Alarcón, en entrevista en Mañanas Blu, narró los momentos que vivió cuando el lahar del Nevado del Ruiz sepultó al municipio.Armero: salvar la vida y superar el traumaPara Alarcón, el proceso de salvar su vida en medio de la tragedia pasó por dos fases: la primera, mientras logró ser rescatado por los socorristas, donde tuvo que sentir cómo su cuerpo se congelaba en medio de las más de 48 horas que estuvo atrapado: "yo no me podía mover, solamente tenía los brazos afuera y estaba sepultado por el lodo", dijo.La segunda fase correspondió a esos momentos posteriores a su rescate. El doctor narró el temor constante que sentía por su vida al sentir que se podría repetir una tragedia que acabara con su vida, lo que explicó que es un modo de supervivencia hiperactivo, en el que se cuestionaba todo lo que no pudo hacer antes de ser atrapado por el lodo.Alarcón fue contundente al afirmar que recibió ayuda de muchas partes: familia, amigos, allegados y los terapeutas a quienes acudió para sobrellevar su trauma y continuar con su vida.Un homenaje a los niñosEn gran parte del departamento del Tolima se ha rendido homenaje a los niños que desaparecieron en la tragedia y de los que se desconoce su paradero. Es por eso que, desde el municipio de Honda, se rindió tributo a los menores desaparecidos.Los hondanos decidieron rendir tributo haciendo barquitos con las fotografías y los nombres de los niños desaparecidos. Son aproximadamente 500 menores de quienes se desconoce su paradero, algunos porque fueron dados en adopción, mientras que otros nunca fueron encontrados.¿Qué pasó con los pacientes del hospital mental de Armero?Uno de los recuerdos más dolorosos para el doctor Alarcón tiene que ver con los pacientes que se encontraban internados aquella noche. Según relató, todos los pacientes fallecieron durante la avalancha, pues el hospital fue arrasado por completo por el flujo de lodo y escombros.“Todos los pacientes del hospital fallecieron, porque en ese momento estaban bajo sedación, adormilados, y las puertas de las habitaciones permanecían cerradas por seguridad”, explicó el médico, quien además agregó que "en psiquiatría es común mantener las puertas con llave para evitar que los pacientes se escapen o se hagan daño, y eso impidió que pudieran salir cuando llegó la avalancha”.Aunque en los años posteriores surgieron relatos —como el de la escritora María Antonia León, quien narra en una novela el caso de una paciente mental que habría sobrevivido—, el doctor Alarcón asegura que, hasta donde tiene conocimiento, la mayoría de los pacientes del San Rafael no lograron sobrevivir.Para él, este recuerdo es una herida que permanece abierta y que se mezcla con el sentimiento de culpa de no haber podido hacer nada por los pacientes.Escuche la entrevista completa aquí:
En la tarde de este miércoles se llevó a cabo una inspección por parte de la Comisión de Acusaciones a la Secretaria General del Consejo de Estado, la medida se origina en quejas interpuestas por personas que actuaron como sujetos procesales, es decir, demandantes en dos acciones de tutela, en las cuales aseguran que algunos consejeros del alto tribunal habrían incurrido en presuntas irregularidades.Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez y Pedro Pablo Vanegas Gil son los magistrados mencionados, una de las tutelas hace referencia a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de un usuario del servicio público de salud, quien sostiene que los magistrados resolvieron su caso a pesar de encontrarse en curso una recusación en su contra, lo que, a su juicio, configuraría una posible infracción penal.La segunda demanda está relacionada con alegadas violaciones al debido proceso dentro del trámite de nulidad de la elección del gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.El alto tribunal mediante un corto comunicado señaló que, presto toda la colaboración durante la diligencia llevada a cabo en el Palacio de Justicia.“El Consejo de Estado prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”, señalaron.