Capturaron la tienda de un barrio en Medellín a un colombiano pedido en extradición por Perú al ser señalado de integrar una red de narcotráfico en ese país que enviaba estupefacientes a México. Al parecer el hombre se encargaba de reclutar personas necesitadas de dinero como “mulas”Luego de tres años de investigación y recopilación de pruebas, las autoridades capturaron en una tienda del barrio Santa Fe, en la Comuna 15 de Medellín, a Gildardo de Jesús Taborda, un hombre colombiano señalado de integrar una red de narcotráfico en el Perú.Taborda era buscado por las autoridades del vecino país, luego de que, a mediados de diciembre del año anterior, la Corte Superior de Justicia del Callao emitiera una orden de captura en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.La decisión de la justicia peruana se produjo tras conocerse el testimonio de al menos dos mujeres sorprendidas en el aeropuerto de Lima transportando cocaína hacia Ciudad México a través de fajas y donde habrían revelado detalles de la organización criminal para la cual actuaban.Al parecer, el rol de Taborda en esta estructura no solo era la de coordinador financiero, sino además el encargado de reclutar personas necesitadas de dinero para que transportaran estas sustancias ilícitas hasta México, país que servía de puente para que a través de otros grupos criminales la droga llegara a Estados Unidos.“Como resultado de la investigación adelantada por las autoridades peruanas, se estableció que el hoy capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de la sustancia estupefaciente, así como el pago de los lugares utilizados para la preparación y adaptación de las personas empleadas como correos humanos”, precisó sobre el capturado la Policía Nacional.Mientras avanzan las diligencias para lograr la presentación de Taborda ante la justicia peruana, las autoridades investigan si otros ciudadanos colombianos estarían implicados en las acciones en la red criminal extranjera, incluso, si tendrían vínculos con otras estructuras narcotraficantes colombianas.
Por llamarla guerrillera, la influencer Lalis denunció ante la Fiscalía al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez y a David Toledo Ospina, candidato del Centro Democrático a la Cámara. La denunciante, también candidata pero del Pacto Histórico, les pidió a ambos políticos retractarse públicamenteDe nuevo el concejal de la ciudad, Andrés Rodríguez, es protagonista de una polémica por el uso como emblema del bate que lo hizo “famoso” en 2025, durante una manifestación propalestina en Medellín. Esta vez, por un video en el que saliendo con este mismo elemento llamó guerrillera a Laura Daniela Beltrán ‘Lalis’, en respuesta a unas declaraciones de la también influenciadora en una entrevista, en las que habla del paramilitarismo en el país.“Ella dice que porque los ve con unos palos, a nosotros con unos bates estamos formando grupos paramilitares, ¿viste? Entonces que ella no fue una de las que acusó los ánimos que valían para destruir la ciudad. Y el problema es que eso ya está aprobado que fue el ELN, ya con capturados y documentados. ¿Y el azar? Entonces sos guerrillera. Pues sí, debe ser guerrillera entonces”, aseguró.La candidata a la Cámara por Bogotá anunció que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en contra del concejal y de quien lo acompañaba en el video, David Toledo Ospina, candidato a la Cámara del Centro Democrático, pues en este aseguraron que Lalis tiene alianzas con grupos criminales como el ELN o las Farc.“Estas personas, de manera irresponsable y peligrosa, el pasado 24 de enero en un video aseguraron que tengo alianzas con grupos criminales con el ELN o las FARC. En un país como Colombia no se puede señalar falsamente a una líder social, a una candidata, a una mujer y a cualquier persona a pertenecer a un grupo armado. Estas acusaciones no solo dañan mi buen nombre, sino que alimentan discursos de odio que históricamente nos han cobrado vidas”, agregó.Ante la situación, Beltrán les solicitó a Toledo y Rodríguez retractarse públicamente y así mismo le pidió a las autoridades competentes investigar y sancionar estas conductas. “No voy a permitir que se ponga en riesgo mi seguridad ni la de mi equipo con mentiras”, insistió.Rodríguez ha sido cuestionado en varias ocasiones por el uso no solo del bate en el mes de octubre durante una protesta en El Poblado, sino porque presuntamente en ese año contrató a un escolta bajo el cargo de gestor comunitario, hechos en los que, incluso, fue radicada una queja ante la Procuraduría y admitida una demanda de pérdida de investidura por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Ante la negativa de la Registraduría para inscribir al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, surge una nueva figura en el panorama electoral: su esposa y exgestora social, Diana Osorio. El Partido de los Trabajadores (PT) le ha ofrecido formalmente asumir la candidatura presidencial, una posibilidad que Osorio admite estar considerando seriamente tras los recientes obstáculos legales que enfrenta su esposo.Una respuesta al "atropello democrático"Osorio asegura que, aunque nunca había contemplado dar un paso al frente en la política electoral, la situación de Quintero la ha impulsado a replantearse su papel. La exgestora social califica la decisión de la Registraduría como un "atropello" y una "afrenta contra la democracia", argumentando que dicha entidad no tiene la potestad para decidir sobre la participación política, labor que debería recaer en el Consejo Nacional Electoral. Para ella, su motivación nace de la necesidad de enfrentar lo que considera una injusticia y de participar en un debate que nutra al país.Trayectoria y el "amor por Colombia" como credencialAl ser cuestionada sobre su capacidad para ocupar la Presidencia, Osorio destaca su formación académica, que incluye dos maestrías —una en Estudios de Paz por la Universidad de York y otra en Ciencia Política por la Universidad Javeriana—, además de su experiencia en economía solidaria y cooperativismo.Sin embargo, uno de sus argumentos centrales es el amor por la nación. “Lo que necesita Colombia son personas que verdaderamente la amen”, afirmó, criticando a gobernantes anteriores por, según ella, "vender" el país en lugar de potenciarlo. Al ser preguntada sobre competencia técnica para el cargo, ella insiste en que conocer la "Colombia real" y haber vivido los dolores de la violencia en Medellín son factores que la preparan para el cargo.Reformas, tecnología y la cuarta revolución industrialLa propuesta de Osorio sigue la línea tecnológica de su esposo, enfocándose en la robótica y la inteligencia artificial para llevar al país a una "cuarta revolución industrial". En este contexto, defiende la necesidad de una Asamblea Constituyente no para cerrar instituciones, sino para fortalecerlas y adaptarlas a la era digital. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra la eliminación de las notarías, a las que califica de "feudales", argumentando que la tecnología actual las hace innecesarias.Escuche aquí la entrevista:
Por segunda ocasión y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, se refieren a Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde de estos hoy, se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.Sin embargo, mencionó un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle.El fiscal del caso aseguró que conocieron el relato de un testigo del caso que manifestó que el hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero Calle fue quien entregó los seis contratos, en un hecho que demostraría la injerencia de Miguel Quintero Calle en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá."Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero, y desde la estructura interna de la entidad, Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", mencionó el fiscal.Sobre el otro nombre que menciona la Fiscalía General de la Nación se trata de Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y quien ya fue imputado por presuntas irregularidades en contratos firmados entre el AMVA y Metroparques, otro de los hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín.Ahora, nuevamente en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la Alcaldía de Daniel Quintero; las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones. De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero.“Una conversación de fecha 20 de febrero del 2020 en la que el ciudadano Miguel Quintero consulta por una contratación de una persona en el área metropolitana del Valle de Urabá. De la cual se rinde cuenta Álvaro Alfonso Villada se evidencia conversación del 4 de abril del 2020 en la que Miguel Quintero indica acabo de reunirme con JP y Laura consulta quién es JP…()...ante lo cual Miguel Quintero le indica que es Juan Palacios”, dijo.Además, reveló el fiscal que durante el tiempo de administración de Palacio Cardona se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad.Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.“Frente a Juan David Palacio, a quien considera uno de los mayores artífices de este entuerto, pues era el director del área metropolitana, quien debió ejercer control, quien debió realizar los manejos y, sin embargo, pues diluye su responsabilidad en favor de Ana María Roldán y con Diana María Montoya Bailey”, aseguró.Los sobrecostos revelados por la FiscalíaSegún dio a conocer el fiscal 40 para los delitos contra la administración pública, el exdirector del AMVA, Juan David Palacio Cardona, registra posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes o servicios no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102. Entre ellos figuran recargas de celular por cerca de 60 millones de pesos y servicios de transporte por 41.700.000 pesos.En el mismo informe, la exsubdirectora ambiental Ana María Roldán Ortiz presenta presuntos sobrecostos por $251.915.280 y bienes no entregados por $474.441.800, mientras que Diana María Montoya Velilla acumula posibles sobrecostos por $960.333.022 y bienes no entregados por $794.460.000, alcanzando $1.754.793.022.En el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí, el representante legal Misael Alberto Cadavid Jaramillo y el tesorero Juan Alberto Cardona figuran cada uno con posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102. Además, el representante legal suplente Elkin de Jesús González Correa registra presuntos sobrecostos por $178.400.002, y la supervisora de contratos María Yaneth Rúa García aparece con los mismos valores atribuidos a Cadavid y Cardona.Vale la pena recordar que el entramado de corrupción ocurrió entre 2020 y 2023, periodo en el que se celebraron seis contratos de contratación directa entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de $17.656 millones. Según la Fiscalía, el peculado por apropiación se estima en $2.481 millones, correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante sobrecostos y bienes contratados que no fueron entregados.
Luego de tres meses de dar inicio formal al proceso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció en las últimas horas que adjudicó a Millicom Colombia Holding S.A.S., empresa del Grupo Millicom, la totalidad de sus acciones en UNE durante la Audiencia de Adjudicación realizada este martes 27 de enero.La compañía indicó que en esta Segunda Etapa, recibió un único Sobre para Precalificación, el cual cumplió con todos los requisitos exigidos. La propuesta de compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, por 418.741 pesos por cada una de las 5.014.958 acciones, para un valor total de 2.099.968.527.878.Así las cosas, la empresa aceptó la oferta y adjudicó la totalidad de las acciones a Millicom Colombia Holding S.A.S., que tendrá cinco días hábiles, contados a partir del miércoles 28 de enero, para efectuar el pago. De acuerdo con la información oficial, una vez se valide la recepción de los recursos, EPM solicitará a UNE la inscripción del comprador en el Libro de Registro de Accionistas, con lo cual se hará efectiva la transferencia y se dará por concluido el proceso de enajenación.Indicó la compañía que en la Primera Etapa del proceso, dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, se adjudicaron 77 acciones a 11 nuevos accionistas. Posteriormente, las acciones remanentes fueron ofrecidas al público en general en la Segunda Etapa, cuyo Aviso de Inicio fue publicado el 30 de diciembre de 2025.Finalmente, señaló que, de confirmarse el pago dentro del plazo establecido, no se producirán cambios en el control de UNE, dado que el Grupo Millicom ha sido su accionista controlante desde 2014.
Violencia en Briceño deja cerca de 50 personas desplazadas y afectaciones a la Misión Médica y a las instituciones educativas aledañas a la zona donde se registraron combates entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo. El gobernador solicitó al Ejército que retome cuanto antes el control de la zona.De nuevo el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, es epicentro de una crisis humanitaria por los enfrentamientos armados que se vienen registrando desde el pasado sábado entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo, en zona rural.De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, estos combates han afectado de manera directa el normal funcionamiento del Centro de Salud de la vereda El Roblal, limitando la atención médica de la comunidad aledaña, pues el personal de la salud tuvo que salir de la zona. Además, afectó 28 sedes educativas, poniendo en riesgo la continuidad académica de 375 estudiantes, quienes tuvieron que suspender las clases presenciales y continuarán con educación semiescolarizada.Ante la situación, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Ejército mantener su presencia en la zona rural para garantizar la seguridad de la población. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.“Allí hay un enfrentamiento entre estructuras del clan del Golfo, la subestructura Edgar Edgar Madrid Benjumea y el frente Edgar Amílcar Grimaldos varón del ELN. Estos enfrentamientos tanto en el Magdalena Medio en el sector rural de Yondó, como en Briceño lo que lo lleva a enfrentarse es el control del territorio”, aseguró el secretario Martinez.El gobernador recordó que desde octubre pasado el Ejército se había comprometido a permanecer en la zona para garantizar la seguridad de los campesinos de las áreas más apartadas.En ese sentido, insistió en que la Fuerza Pública no debe retirarse sin que existan condiciones reales de protección para la población civil del municipio de Briceño, donde su alcalde Noé Espinosa aclaró que ya no hay confinamiento, pues los medios de transporte ya pudieron entrar a las veredas afectadas. El secretario Martínez reiteró la petición a las autoridades.“El Ejército va a copar el corregimiento de Pueblo Nuevo y el corregimiento de travesías, porque ya en las auras en este momento tengo entendido que hay tropas de la cuarta brigada. Vamos a solicitar que la Policía estudie la posibilidad de instalar una estación de policía en uno de estos corregimientos”, agregó.Por su parte, en un comunicado, el ente departamental reiteró que ningún actor ilegal puede arrogarse el control de los territorios ni someter a las comunidades al miedo, el confinamiento o el desplazamiento. También enfatizó que la salud y la educación son derechos inviolables que deben ser respetados conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El abuso sexual a menores de edad es una las problemáticas que hoy en día tiene preocupando a la cuidadanía, los casos no se detienen y las autoridades continúan su trabajo para poner tras las rejas a aquellos que atentan contra la integridad fisica, psicologica y emocional de las víctimas.La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer la captura, mediante orden judicial, de un hombre investigado por el delito de acto sexual violento, en reiteradas ocasiones, en hechos que ocurrieron el año pasado en el barrio Santa Cruz, nororiente del municipio de Medellín.De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el victimario sostenía una relación sentimental desde el 2023 con la madre de la víctima. Los hechos ocurrieron exactamente el 13 de julio de 2025, ese día, el hombre quedó al cuidado de la menor, y cometió el delito por el que hoy se le captura.“Este depravado tenía una relación sentimental de tres años con la madre de la menor que él mismo abusaba. En una ocasión la mujer lo dejó precisamente al cuidado de la adolescente de tan solo 15 años, momento en el que el sujeto presuntamente le tocó las partes íntimas a la menor de edad. El hecho se presentó en la residencia que está ubicada en el barrio Santa Cruz y la investigación tuvo una duración de casi siete meses”, detalló el secretario de seguridad y convivencia Manuel Villa MejíaSegún los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, la estadística ha demostrado que, el 81 % de las víctimas de abuso sexual son mujeres y el 90 % de los agresores son hombres, siendo los familiares con un 40,7 % los que mas cometen este delito y las parejas o exparejas en 19 % por ciento los principales responsables de los abusos.El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación para establecer responsabilidades y continuar con el proceso judicial. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y del acompañamiento institucional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio
“Necesitan poner personas en ese contrato”, dijo la directora del Jardín Botánico en Medellín, Claudia García, durante una audiencia preparatoria del juicio por presunta corrupción en contrato para el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad.Aseguró que le quitaron recursos para ese fin por presuntamente haber negado a realizar acciones ilegalesEl inicio de la audiencia de imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento contra el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, y otros tres exfuncionarios más no fue la única que se llevó a cabo recientemente por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración de Medellín.Y es que, ante el Juzgado Décimo de Conocimiento, se llevó a cabo la primera audiencia preparatorio del juicio por posibles irregularidades en un contrato de 12.000 millones de pesos para el mantenimiento de zonas verdes en la capital antioqueña y que involucra a Metroparques, la Secretaría de Infraestructura y la Reforestadora El Líbano.En medio de un dossier de 200 pruebas y 21 testimonios, en la primera sesión fue escuchada la versión de la directora del Jardín Botánico, Claudia García, entidad que por años se encargó de esas labores y que fue entregado durante la administración de Daniel Quintero a Metroparques.Durante su intervención, García recordó una serie de comunicaciones que en mayo de 2020 tuvo inicialmente con la subsecretaria de Infraestructura, Jennifer Quiceno, sobre cómo eran los procesos de contratación en el Jardín Botánico.La directiva recordó que le explicó a Quiceno cómo se llevaban a cabo estos procesos con convocatorias abiertas y diferentes filtros, pero posteriormente recibió una llamada de la supervisora de ese contrato, Astrid Elena Barrera, quien habría sido mucho más clara sobre las intenciones de la subsecretaria."Me preguntó que yo qué le había dicho a la subsecretaria, le expliqué cómo lo acabo de hacer en este momento, el contenido de esa conversación. Me dijo que es que a mí me faltaba experiencia, que yo no había entendido lo que me estaban pidiendo. Que me dijo, esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato", reveló.Luego de ese cruce de mensajes, la directora del Jardín Botánico advirtió que fue notificada dos días después frente a la disminución en 5.000 millones de pesos del contrato que tenían, pues la administración distrital debía “atender la emergencia del Covid-19”.En el caso en el que son procesados Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano SAS, se investiga un presunto direccionamiento de ese contrato favoreciendo a tres empresas de un mismo núcleo familiar mediante estrategias como invitaciones privadas.Como precedente en el actual juicio, la Procuraduría General de la Nación ya destituyó e inhabilitó por nueve años a Urrego y Liévano por la celebración y modificación de ese contrato sin los estudios técnicos requeridos acerca de las dificultades derivadas de la pandemia. Además no hubo justificación adecuada para su extensión e inyección de más recursos a los 5.200 millones de pesos iniciales.
Este martes se mantienen las protestas en la cárcel de El Pedregal de Medellín, por lo que han calificado una alimentación deficiente a las reclusas. Por esto, con una protesta pacífica, exigen que se les permita retomar el ingreso de la alimentación casera como era habitual hasta hace algunos meses.Organizaciones sociales en favor de la población reclusa aseguraron que, al interior de la cárcek, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal de la capital antioqueña, los 1300 reclusos, entre hombres y mujeres, internos en este centro de reclusión han manifestado en múltiples ocasiones que las condiciones alimentarias no son las mejores. Además, los problemas que tienen para la atención en salud.De acuerdo con información entregada a Blu Radio, algunas de las reclusas han denunciado que funcionarios del Inpec estarían cobrando hasta 500.000 pesos a las familias de las reclusas para permitirles el ingreso del almuerzo casero y el kit alimentario. A raíz de esta situación, las internas entraron en desobediencia civil.Y es que, según Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos de las cárceles, a los familiares se les permitió por parte de la Dirección General del Inpec, el ingreso de un kit humanitario, que se compone de alimentos como pan, galletas, algunos dulces y pasabocas.“La alimentación de empleados de libertad al día de hoy año 2026 está por el orden de 2400 pesos diarios. Desayuno, almuerzo, comida y cena. Yo desde la vivienda de pensión y otras familiares comenzamos a liberar el tema y finalmente fue aprobado por la dirección general del INPE que les permitiera el ingreso de una comida casera cada mes y después de eso autorizaron un equipo humanitario. Y todo iba más o menos bien hasta que de un momento a otro se comenzó a convertir este tema en un tema de corrupción”, relató.Por lo pronto, y según Carmona, a raíz de esta situación se espera que en el transcurso de esta semana se de una reunión entre defensores de los derechos humanos de los internos, la Personería distrital de Medellín, la Procuraduría provincial de Medellín, la procuraduría regional de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y personal de la regional Inpec, entre otros, solicitando una solución a las dificultades que tienen los internos e internas en El Pedregal.
Un colombiano requerido por la justicia peruana por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada fue capturado en Medellín, en un operativo desarrollado en el marco de la cooperación judicial internacional, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía.Se trata de Gildardo de Jesús Taborda, quien tenía una orden de captura vigente emitida el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao, en Perú. La captura se realizó con fines de extradición, en coordinación entre autoridades colombianas y organismos internacionales.De acuerdo con las investigaciones, Taborda haría parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, en la que presuntamente cumplía funciones como coordinador y responsable del manejo financiero de la estructura.La red utilizaba la modalidad conocida como “body packer” o “mula”, empleando personas para el transporte de clorhidrato de cocaína en rutas internacionales, principalmente entre Perú y México. En 2023, autoridades peruanas detectaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a dos mujeres que llevaban la droga adherida a sus cuerpos mediante fajas.Las investigaciones señalan, de acuerdo con el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijin, que el capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de los estupefacientes, así como de financiar los lugares donde se preparaba y acondicionaba a los correos humanos antes de los viajes.Con esta captura, las autoridades avanzan en el desmantelamiento de estructuras de narcotráfico con alcance internacional, apoyadas en mecanismos de cooperación judicial entre países de la región.
La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín que los investigados por el escándalo de contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) sean reconocidos como integrantes de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), al considerar que habrían actuado de manera coordinada y sostenida para desviar recursos públicos.Los imputados son Juan David Palacio Cardona, exdirector del AMVA; Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes se desempeñaron como subdirectoras ambientales de la entidad en distintos periodos; y Juan Alberto Henao Cardona, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.Durante la audiencia de imputación, el ente acusador explicó que los hechos investigados se habrían presentado entre 2020 y 2023, periodo en el que se celebraron seis contratos de contratación directa entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de $17.656 millones. Según la Fiscalía, los contratos fueron adjudicados de forma reiterada al mismo contratista, sin estudios de mercado y en contravía de los principios de transparencia, planeación y selección objetiva.Para la Fiscalía, el caso cumple los requisitos legales para configurar un Grupo de Delincuencia Organizada, al advertir la participación de más de tres personas, continuidad en el tiempo y una finalidad común orientada a la comisión de delitos contra la administración pública. Así lo indicó el fiscal 40 penal para delitos contra la administración pública.En ese contexto, imputó a los tres exfuncionarios del AMVA los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por $2.481 millones, correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante sobrecostos y bienes contratados que no fueron entregados.Durante la diligencia, tanto la procuradora judicial penal 132 como los abogados defensores solicitaron a la Fiscalía sustentar de manera precisa la configuración del GDO, más aún cuando entre los cargos imputados no se ha formulado ningún presunto concierto para delinquir.Por su parte, el abogado del exdirector Juan David Palacio, Andrés López, aseguró que esto se trataría de una estrategia para que no se venzan los términos.La diligencia continuará este martes, a las 2:30 de la tarde, por decisión del juez, tras escuchar los argumentos de los tres defensores frente a la presentación de la Fiscalía.
En medio de las denuncias en Medellín por costos exagerados en el alquiler de Airbnb, la Policía empezó las inspecciones de esos hoteles y apartamentos y están sellando los que incumplen las normas, justo después del auge por el concierto de Bad Bunny.Ante la indignación que causó las denuncias que se hicieron por parte de quienes visitaban a Medellín para estar en los conciertos del artista Bad Bunny, por los precios exorbitantes de los propietarios de casas, apartamentos y habitaciones en barrios El Poblado, Laureles - Estadio, Belén, además de Envigado y Sabaneta, con precios que iban entre 25 millones, 30 millones de pesos y hasta 98 millones de pesos.Aunque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que no se trataba de algo generalizado, según se ha conocido, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, habría hechos varios cierres de estos sitios, como lo contó en sus redes sociales Esteban Niño, quien aseguró que ha pesar de cumplir con todos los requisitos de ley, le sellaron su apartamento.“Llegó la Policía, nos quiere hacer el sellamiento del apartamento porque supuestamente estamos incumpliendo el manual de convivencia de la propiedad. Mediante el Gobierno nacional tengo todos los documentos exigidos, no se presentó nadie de la alcaldía ni inspector de policía como la ley lo dice. ¿Tienes algo que decir?. Tengo todos los documentos de la ley colombiana para hacer rentas cortas”, insistió el señor Niño.Desde la semana pasada a la fecha fueron unas 30 denuncias recibidas, entre la Alcaldía, el Concejo Municipal y la misma plataforma. Según datos oficiales, Medellín cuenta con alrededor de 13.000 propiedades ofertadas en Airbnb y más de 76.000 camas hoteleras disponibles.Hay que recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio, puso la lupa sobre esas situaciones denunciadas y recordó que irrespetar las condiciones de reservas puede derivar en millonarias multas, que puede llegar hasta los 3.500 millones de pesos.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia formalmente su temporada lírica 2026 con El holandés errante, de Richard Wagner, una de las obras más influyentes del repertorio operístico. La producción, dirigida escénicamente por Marcelo Lombardero, tendrá tres funciones: el jueves 19 a las 8:00 p. m., y el sábado 21 y domingo 22 a las 5:00 p. m. Aún quedan pocas entradas disponibles.En entrevista con El Radar de Blu Radio, Lombardero destacó la relevancia histórica de la obra: “Es una obra fundamental de la historia de la literatura dramático-musical”. Según explicó, Wagner planteó en esta ópera una concepción revolucionaria del espectáculo, entendida como una “obra de arte totalizante”, donde confluyen distintas disciplinas artísticas y el teatro deja de ser solo entretenimiento para convertirse también en un espacio de reflexión.“El hilo dramático es conducido por la música y no tiene interrupciones”, afirmó el director. La puesta en escena dura aproximadamente dos horas y quince minutos, “de corrido, sin intervalos, sin interrupciones”, lo que exige del público “una profunda concentración”. Lombardero subrayó que, además del texto y la acción, la música aporta una dimensión psicológica: “Los personajes ya no solamente dicen lo que dicen, sino que ese discurso es completado por la subjetividad de la música”.Elenco sudamericano y figuras destacadasLa producción cuenta con un elenco mayoritariamente sudamericano, con artistas de Colombia, Costa Rica y Argentina. La dirección musical está a cargo del suizo Estefan Lano, con amplia trayectoria en América Latina.Entre las voces colombianas sobresalen Betty Garcés y Valeriano Lanchas. Sobre Garcés, Lombardero aseguró: “Es una artista de primer nivel mundial”, y calificó como un placer trabajar con ella. De Lanchas, resaltó no solo su calidad artística sino el vínculo personal: “Además de ser un gran artista es un gran amigo”.Completan el reparto los argentinos Hernán Iturralde y Gustavo López Manzitti, este último activo en el Teatro de Coburgo en Alemania. La producción cuenta además con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro Nacional de Colombia, al que el director definió como “una institución fabulosa”.“Quedan poquitas entradas, apúrense”, invitó Lombardero, al señalar que esta es una oportunidad única para presenciar una obra clave del repertorio wagneriano en Bogotá.Escuche la entrevista completa acá:
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está preparada para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados.El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.”La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló el registrador.En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de diferentes países, quienes simularon la transmisión y recepción de resultados desde regiones como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó.El ejercicio contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de organizaciones políticas y observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.Según la Registraduría, el simulacro se desarrolló de manera eficiente y el procesamiento de los datos fue “impecable”, lo que permite avanzar en el alistamiento final para los comicios.“Venimos trabajando en un simulacro que transcurrió de manera eficiente y los resultados y el procesamiento fue impecable”, agregó.Penagos anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevos simulacros enfocados en la transmisión de los formularios E-14, así como exposiciones del código fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información.Estas actividades buscan reforzar la seguridad tecnológica y brindar mayores garantías de integridad electoral.Finalmente, la Registraduría reiteró que continuará afinando todos los detalles logísticos y tecnológicos de cara a las elecciones del 8 de marzo, e hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en el proceso y participen activamente en la jornada democrática.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Un grave caso de violencia tiene en conmocionada a la comunidad de Teresina, estado de Piauí, Brasil, tras el asesinato de un joven de 21 años, presuntamente por motivos sentimentales.La víctima fue identificada como Bruno Lima dos Santos, quien fue atacado dentro de una vivienda del barrio Mário Covas. De acuerdo con la información preliminar, el hecho estaría relacionado con celos por parte de la expareja de la mujer con quien se encontraba el joven.El señalado agresor fue identificado como João Pedro da Silva, también de 21 años. Según el reporte de las autoridades, el hombre habría llegado a la casa con el argumento de visitar a su hija, pero al encontrar a su excompañera sentimental, con quien se habría separado días antes, en compañía de la víctima, se produjo una discusión que terminó en un ataque con arma blanca.Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el sospechoso persigue a Bruno Lima dos Santos por la vía pública, luego de un primer ataque dentro del inmueble.En las imágenes se puede observar cómo la víctima intenta huir; sin embargo, fue alcanzada y apuñalada en varias oportunidades. El joven fue trasladado al Hospital de Urgência de Teresina (HUT), donde falleció debido a la gravedad de las heridas.El caso quedó en manos del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), que adelanta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de João Pedro da Silva, quien huyó tras el crimen y permanece prófugo.
Las lluvias algunas veces se convierten en el peor enemigo de las personas que habitan zonas rurales o lugares donde no hay servicio de alcantarillado, pues el agua llega a causar estragos tras su paso.Cada tormenta despierta el mismo temor, calles inundadas, hogares con filtraciones y familias que, una vez más, deben enfrentar pérdidas y daños. Frente a esto, un municipio de Cundinamarca dentro de poco verá esta problemática como cosa del pasado, por lo que una obra muy valiosa le cambiará la vida a sus habitantes.Valiosa obra en municipio de Cundinamarca acabará con inundacionesChocontá ha luchado por décadas contra una problemática estructural en su casco urbano. la ausencia de un plan maestro de alcantarillado que permita separar adecuadamente las aguas lluvias de las aguas sanitarias.Esta falencia ha generado "inundaciones recurrentes, afectaciones directas a viviendas y ha frenado, durante años, el mejoramiento de las vías urbanas".El gobernador Jorge Emilio Rey manifestó que “en momentos de lluvias intensas, las aguas se devuelven e inundan barrios enteros, impactando a cerca de 4.000 personas”. Frente a esto surgió una solución que integra al municipio y la Gobernación de Cundinamarca, liderada junto al alcalde Javier Garzón.La obra, que permitirá separar adecuadamente las aguas, contempla una inversión de $15.800 millones y ya cuenta con viabilidad técnica y recursos asegurados. El proyecto será contratado en marzo e incluye:La construcción de 5 kilómetros de redes para la separación de aguas lluvias y sanitarias. La instalación de un sistema de bombeo que conducirá las aguas hacia la planta de tratamiento.La construcción de pozos de inspección, sumideros y nuevos interceptores que duplican el diámetro actual, pasando de 8 a 16 pulgadas.De acuerdo con la Gobernación, con esta intervención se alcanzará una cobertura cercana al 35 %, mitigando de manera significativa las inundaciones en este sector y saldando una deuda histórica con la comunidad.
