La Contraloría General de la República evidenció presuntos giros injustificados por $23.426 millones a prestadores de servicios de salud en medio de la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, según los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la entidad durante las vigencias 2023 y 2024.De acuerdo con el organismo de control, en total se determinaron hallazgos fiscales por $24.849 millones relacionados con la gestión administrativa, contractual y financiera de la EPS, en el manejo de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.El principal hallazgo corresponde a pagos autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud. Según la auditoría, la firma habría modificado de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para giro directo a la red prestadora.Aunque Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, la Contraloría estableció que a 74 de ellos se les giraron valores superiores a los autorizados. A la fecha, se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, pero aún permanecen pendientes por recuperar $23.426 millones.Si bien la EPS señaló que no autorizó dichos pagos y que estos obedecieron a decisiones de la interventoría, además de haber informado la situación a la Superintendencia, el ente de control indicó que no encontró evidencia de acciones administrativas o judiciales emprendidas por la entidad contra la firma interventora para recuperar los recursos públicos.En 2024, la EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados. Sin embargo, de los 74 implicados, solo 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 mantienen procesos suspendidos, lo que ha frenado el avance en la recuperación efectiva del dinero.
Una sola pastilla diaria, que combina dos medicamentos actuales, se perfila como "una prometedora alternativa" a los complejos regímenes de tratamiento del VIH con múltiples comprimidos.Esta es la principal conclusión de un ensayo clínico en fase III realizado con 557 personas; los detalles se publican en la revista The Lancet.El estudio, llamado ARTISTRY-1, se llevó a cabo en 90 hospitales y clínicas de Australia, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Puerto Rico, la República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y el Reino Unido.¿Qué combina la pastilla contra el VIH?La pastilla combina los fármacos bictegravir y lenacapavir y el ensayo demostró que el nuevo tratamiento en un solo comprimido era muy eficaz para mantener la supresión del VIH.Casi el 96 % de los 371 participantes que cambiaron a este régimen simplificado mantuvieron la supresión viral sin que se notificaran nuevos casos de resistencia a los medicamentos.En comparación, los 186 voluntarios que continuaron con los tratamientos existentes de múltiples comprimidos mostraron resultados similares, manteniendo también la supresión viral en una proporción de entre el 94 % y el 96 %.Por lo tanto, la nueva pastilla podría sustituir eficazmente los regímenes de tratamiento más complicados, concluyen los autores.La media de edad de los participantes era de 60 años (la edad oscilaba entre los 22 y los 84 años) y tomaban un promedio de tres comprimidos antirretrovirales al día (con un rango que iba desde 2 a 11 pastillas). Aproximadamente el 40 % de los ellos ingería antirretrovirales más de una vez al día.Muchos participantes también informaron de otras afecciones de salud, como enfermedades cardiovasculares o renales, y la mayoría presentaba resistencia a tratamientos previos contra el VIH.En el estudio no se identificaron problemas de seguridad significativos o novedosos, y la mayoría de las personas experimentaron menos efectos secundarios relacionados con los lípidos, como el aumento de los niveles de colesterol, lo que sugiere un beneficio potencial adicional para aquellas con riesgo de padecer enfermedades cardíacas.Los participantes informaron de que la nueva opción de tratamiento era más fácil y cómoda de tomar, lo que puede ayudar a mantener una adherencia constante a la medicación diaria.Los autores afirman que esto es especialmente importante para los adultos mayores que viven con el VIH, las personas con antecedentes de resistencia a los tratamientos contra este virus o aquellas que toman medicamentos adicionales para ayudar a controlar afecciones de salud relacionadas con la edad junto con la medicación contra el VIH.En la actualidad, se están llevando a cabo ensayos clínicos adicionales para confirmar la seguridad y la eficacia a largo plazo de este comprimido combinado.Asimismo, este estudio se presenta en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, Colorado (Estados Unidos).
La IPS Integral Solutions SD S. A. S. suspendió de manera inmediata la atención a los afiliados de Nueva EPS diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatías, tras declarar la "imposibilidad absoluta" de continuar prestando los servicios por la falta de pago.La medida aplica tanto para pacientes antiguos como para los que habían sido asignados de manera preliminar en enero de este 2026.La entidad explicó que, aunque dispuso de la "capacidad técnica, científica y humana para iniciar el proceso de atención integral", Nueva EPS incumplió los acuerdos alcanzados el 16 de enero y el 20 de febrero.Estos compromisos, que incluían aportes a las deudas que superan los $8.000 millones, eran indispensables para garantizar la ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos por esta población de alto costo, cuya atención implica recursos especializados, terapias permanentes y respaldo financiero oportuno.Integral Solutions señaló que la falta de cumplimiento por parte de la EPS "limita e imposibilita completamente cualquier oportunidad de realizar la atención clínica integral para todos los usuarios".Y que, de haber continuado con la prestación de servicios en esas condiciones, habría asumido "un riesgo inminente para la institución", pues no están dadas todas las garantías para sostener la operación y asegurar la calidad en la atención de pacientes con patologías complejas como la hemofilia.Ahora, Nueva EPS deberá iniciar la reasignación de estos pacientes a otras instituciones que presten este tipo de servicios médicos, lo que significa un reto complejo, pues Integral Solutions SD S. A. S. tiene presencia en 17 departamentos y ha estado operando por más de 13 años.
La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica para analizar las inquietudes que han surgido frente al ingreso de Drogas La Rebaja como nuevo participante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.De acuerdo con el Ministerio Público, la cadena farmacéutica se encuentra actualmente en una etapa inicial de su proceso de incorporación y adelanta trámites de habilitación con operadores logísticos y puntos de dispensación de medicamentos.Durante la mesa técnica, liderada por la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, se precisó que el ingreso efectivo de este gestor farmacéutico será progresivo y estará sujeto al cumplimiento de los mismos requisitos normativos, técnicos y operativos que se exigen a los demás actores del sistema.El ente de control explicó que la intención de este espacio de diálogo es aclarar las expectativas que se han generado alrededor del proceso, así como su alcance real y estado actual, con el fin de disminuir la incertidumbre manifestada por varios usuarios y trabajadores del sector salud.Además, señalaron que en este espacio se discutieron aspectos relacionados con la experiencia, las capacidades operativas y la cobertura territorial que tendría Drogas La Rebaja en caso de consolidarse como gestor farmacéutico dentro del sistema.Finalmente, la Procuraduría reiteró que, por ahora, se trata de un proceso preliminar y que su avance dependerá de la verificación que realicen las autoridades competentes para garantizar que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente.
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
Un delicado caso que involucra a menores de edad se registró en el conjunto residencial Vida Nueva, en el municipio de Soacha, luego de que un adolescente fuera sorprendido en un presunto acto de abuso contra un niño en zonas comunes del lugar.De acuerdo con el reporte oficial, hacia las 3:44 de la tarde del 18 de febrero, uniformados que realizaban labores de patrullaje recibieron una alerta a través del dispositivo institucional, en la que se informaba sobre la existencia de un video que evidenciaría tocamientos indebidos a un menor dentro del conjunto.Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el guarda de seguridad, quien indicó que el hecho habría ocurrido detrás de unos arbustos en áreas comunes del conjunto. El video, grabado por una vecina desde un apartamento, muestra a un joven con camiseta verde ocultándose entre la vegetación, donde también se encontraba un niño de aproximadamente cinco añosDe acuerdo con el informe, el adolescente se baja el pantalón y, presuntamente, hace tocamientos al menor de edad. En las imágenes se escucha a la mujer que graba gritarle para que se detenga.Tras recibir la denuncia, los uniformados lograron la aprehensión del señalado. Luego de verificar su identidad, establecieron que se trataba de un adolescente de 16 años, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el joven ya contaría con una medida de aseguramiento vigente. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes.
El fabricante sueco Volvo anunció el retiro de más de 40.000 unidades de su superventas eléctrico EX30 debido a un posible riesgo de sobrecalentamiento en el paquete de baterías de alto voltaje. La información fue revelada inicialmente por Reuters y confirmada por la compañía.El llamado a revisión involucra específicamente 40.323 ejemplares de las versiones Single-Motor Extended Range y Twin-Motor Performance del Volvo EX30 equipados con determinadas celdas de batería.¿Cuál es el problema detectado?Según explicó la marca al ya citado medio, algunos módulos del sistema de alto voltaje podrían presentar un comportamiento que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Como medida preventiva, se reemplazarán los módulos afectados.Mientras se ejecuta la campaña, Volvo solicitó a los propietarios limitar la carga al 70 % de la capacidad total para reducir cualquier posibilidad de incendio. Además, desde diciembre la compañía ha recomendado en más de una docena de países —incluidos Estados Unidos, Australia y Brasil (aunque la marca no ha precisado si también Colombia)— estacionar los vehículos lejos de edificaciones.La empresa indicó que ya está contactando a los dueños de las unidades involucradas para informar los pasos a seguir.¿Cuánto le costará a Volvo este llamado a revisión?El EX30 es un modelo estratégico dentro del portafolio eléctrico de Volvo, diseñado para competir en el segmento de SUV compactas frente a fabricantes chinos de menor costo. La revisión podría representar un impacto económico relevante.Un análisis de Reuters estimó que la sustitución de los módulos podría alcanzar los 195 millones de dólares, sin contar gastos logísticos ni de mano de obra. La compañía calificó esos cálculos como especulativos y confirmó que mantiene conversaciones con el proveedor.Las baterías fueron fabricadas por Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., una empresa conjunta respaldada por el grupo Geely, accionista mayoritario de Volvo. El fabricante señaló que el proveedor ya corrigió la situación y suministrará nuevas celdas.Tras conocerse la noticia, las acciones de Volvo registraron una caída cercana al 4 %.Volvo no es la única marcaLos incidentes relacionados con baterías han afectado anteriormente a otros fabricantes en el proceso de electrificación. En 2020, General Motors debió retirar aproximadamente 140.000 unidades del Chevrolet Bolt por riesgo de incendio asociado a baterías producidas por LG Electronics, lo que representó un costo cercano a 2.000 millones de dólares.En el caso de Volvo, la situación ocurre mientras la compañía avanza en un plan de ahorro por 1.900 millones de dólares y profundiza su integración con el grupo Geely.Además, el EX30 es un modelo clave dentro de la estrategia global de la firma sueca, a tal punto de convertirse en su best seller en muchos mercados. Sam Fiorani, vicepresidente de pronósticos globales de AutoForecast Solutions, afirmó que el fabricante debe resolver la situación de manera precisa debido a la importancia del vehículo en su portafolio.Andy Palmer, exdirectivo que participó en el lanzamiento del Nissan Leaf, señaló que la reputación de seguridad es un eje central en la identidad de Volvo, lo que reduce el margen para errores en este tipo de situaciones.Antes de que se hiciera público el retiro, algunos propietarios consultados por Reuters manifestaron su intención de devolver sus vehículos, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad y autonomía, debido a la limitación temporal de carga.
Tras gestiones de la Cancillería colombiana con el gobierno de Estados Unidos, regresará al país Rafael Vergara, el joven de 22 años e hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hace 20 días.Según su madre, el joven estaba a la espera de que se definiera su situación legal, contaba con permiso de trabajo y número de seguro social, y no tenía asuntos pendientes con la justicia en ese país.“La situación cada día va un poco peor, deteriorando su salud física, mental, pero sobre todo las condiciones en las que ellos se encuentran allá. Hace unos dos días hablamos y en la celda donde él se encuentra habían 70 personas. Hoy ya superaron las 80 personas en un estado de hacinamiento que obviamente no se les pueden garantizar unas buenas condiciones”, contó la congresista.En las próximas horas, la canciller Rosa Villavicencio se reunirá con la congresista en Cartagena. El tiquete aéreo para el regreso del joven ya fue adquirido: viajará mañana desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente a Bogotá, con llegada prevista a las 11:00 de la noche.Cabe mencionar que la representante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano denunció la detención de su hijo a través de su cuenta de X.“Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”, explicó.En ese momento, Vergara solicitó apoyo del Gobierno nacional y de la Cancillería para su retorno. “Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el regreso, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”, concluyó.
La Alcaldía de Bogotá aseguró que es cuestión de horas para que se materialicen las capturas de los responsables del ataque contra Diana Ospina, en un caso que ha generado indignación en la capital.En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que el operativo avanza con apoyo del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá. Según detalló, el seguimiento a través de cámaras de seguridad y labores de inteligencia permitió establecer la ruta de escape de los implicados, quienes finalmente dejaron en libertad a la víctima en la vía hacia Choachí.El Distrito buscará que el caso sea tipificado como secuestro, con el objetivo de que los responsables enfrenten penas más severas y evitar que recuperen la libertad en el corto plazo. “No se trata de un simple robo. Aquí hubo privación de la libertad y una estructura organizada detrás”, subrayó el funcionario.Por su parte, el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, quien recibió a Diana al llegar a la estación, reveló detalles en Noticias Caracol. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, dijo.“Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, indicó.El hombre también dijo que en el momento no sabían quién era; simplemente era una mujer buscando ayuda, “y lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”.En medio de la investigación también surgieron cuestionamientos sobre el vehículo utilizado para cometer el crimen. Desde el gremio de taxistas tomaron distancia de los hechos. María Botero, gerente de Radio Taxi, explicó que tras verificar en las bases oficiales se evidenció que el automóvil no contaba con tarjeta de control vigente ni registro activo en el sistema distrital de monitoreo.La directiva advirtió que esta modalidad, conocida popularmente como “paseo millonario”, se apoya en vehículos que simulan prestar un servicio legal para generar confianza en las víctimas y evadir controles empresariales. Por su parte, la defensa de la víctima pidió celeridad en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado de Ospina reveló que durante las más de 40 horas que estuvo retenida, los delincuentes realizaron entre 10 y 13 transacciones bancarias, logrando retirar cerca de 50 millones de pesos.El jurista calificó el caso como un “secuestro extorsivo agravado” y solicitó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para identificar a todos los integrantes de la red criminal y establecer si estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.Mientras tanto, Diana Ospina permanece bajo el cuidado de su familia y recibe acompañamiento tras el impacto emocional que dejó el cautiverio.
Colombia se encuentra en un momento decisivo para el desarrollo del cannabis medicinal. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene plazo hasta marzo para expedir una reglamentación técnica que definirá los estándares de calidad, control y uso de estos productos en el país. La medida busca cerrar vacíos que han limitado su integración al sistema de salud y fortalecer la confianza en su uso terapéutico.Esta reglamentación se desprende del Decreto 1138 de 2025 y responde tanto a una necesidad de salud pública como a una oportunidad económica. El mercado global del cannabis medicinal mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, lo que abre la puerta para que Colombia fortalezca su participación en esta industria.Reglas para garantizar calidad y seguridadEl nuevo marco normativo establecerá criterios técnicos obligatorios para asegurar que los productos cumplan con estándares similares a los de cualquier medicamento. Esto incluye controles sobre la composición, estabilidad y potencia de los cannabinoides.Entre los principales lineamientos que deberá definir el Invima se encuentran:Buenas prácticas de elaboración para preparaciones magistrales.Protocolos actualizados de dispensación y entrega.Estándares analíticos obligatorios para compuestos como THC y CBD.Reglas claras para ensayos clínicos.Normas estrictas sobre etiquetado, publicidad e información al paciente.Sistemas de inspección, vigilancia y control sanitario.Estas medidas buscan garantizar que los tratamientos sean seguros, consistentes y confiables para los pacientes.Uno de los principales retos del sector ha sido la falta de claridad normativa. Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, explicó que el fortalecimiento de los controles permitirá que el cannabis medicinal sea percibido como un tratamiento con respaldo científico.En paralelo, el sistema de trazabilidad será reforzado mediante la interoperabilidad con la plataforma SEED, administrada por el Ministerio de Justicia, lo que permitirá rastrear los productos desde su origen hasta el paciente.Además, el Ministerio de Salud actualizará los protocolos médicos, definiendo criterios de prescripción, seguimiento y uso seguro. Esto reducirá la incertidumbre jurídica y facilitará que más profesionales incorporen estos tratamientos.Con esta reglamentación, Colombia busca consolidar la seguridad sanitaria, fortalecer la confianza clínica y posicionarse como un actor relevante en una industria con alto potencial de crecimiento.
Cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha orientada a promover la cultura de la donación y reconocer la labor médica y solidaria que permite salvar y mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas.En el marco de esta conmemoración, expertos advierten que la situación del sistema de salud también impacta a los pacientes trasplantados, especialmente en lo relacionado con la continuidad y el acceso oportuno a los medicamentos inmunosupresores, indispensables para evitar el rechazo del órgano recibido.De acuerdo con estimaciones médicas, entre el 30% y el 45% de las pérdidas de órganos trasplantados estarían directamente relacionadas con la falta de adherencia al tratamiento. Omitir dosis o modificar los horarios indicados puede aumentar la variabilidad del medicamento en el organismo, lo que incrementa el riesgo de un rechazo crónico silencioso. Este tipo de daño no siempre presenta síntomas inmediatos, pero puede deteriorar progresivamente el órgano hasta comprometer su funcionamiento.Las consecuencias clínicas son significativas. Los pacientes que no siguen estrictamente el tratamiento tienen mayor probabilidad de perder el injerto en comparación con quienes cumplen de manera rigurosa las indicaciones médicas.En este contexto, organizaciones y profesionales de la salud insisten en la necesidad de fortalecer las acciones para aumentar el número de donantes de órganos y tejidos en el país. Señalan que el trabajo conjunto entre instituciones, personal médico y ciudadanía es clave para consolidar la cultura de la donación y garantizar que cada órgano y tejido donado llegue a quienes lo requieren.La conmemoración también busca recordar que la donación representa una oportunidad de vida para miles de personas que permanecen en lista de espera, y que el acceso continuo a los tratamientos es determinante para preservar los resultados de cada trasplante realizado.
La muerte de una mujer adulta mayor mientras hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta desató un fuerte pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que calificó lo ocurrido como una evidencia de la crisis que atraviesa el sistema de salud. “Estamos asistiendo a una desgracia y a un fracaso colectivo”, afirmó la defensora.“La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes”, sostuvo. Y fue enfática: “No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.Según explicó, la mujer fallecida era cuidadora, estaba enferma y vivía en condiciones extremas de vulnerabilidad. Tenía un hijo víctima del conflicto y en condición de discapacidad. “Es una mujer cuidadora enferma que muere en una fila. Es decir, esto es como una foto muy trágica que nos debe llevar a una reflexión profunda”, dijo.Para la defensora, se trata de un “fracaso colectivo” porque involucra a todos los actores del sistema. “Es colectiva porque es un fracaso del sistema de salud y el sistema de salud tiene muchos actores: actores institucionales, actores privados. También ha habido muchas instituciones que hemos hecho control, veeduría, seguimiento y, de alguna manera, no lo hemos logrado”, reconoció.Frente a esto, insistió en la necesidad de una respuesta coordinada. “Creemos que el canal es una respuesta interinstitucional, coordinada, sentarnos a hablar de las soluciones. Hay planes de mejora en curso, hay que cumplirlos y hay que agilizarlos”, afirmó.Además, hizo un llamado directo a bajar el tono de la confrontación: “sentarnos a trabajar juntos y juntas, dejar de estar peleando y más bien sentarnos a resolver los problemas”.Sobre el mismo tema se pronunció monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien señaló que el país enfrenta “grandes desafíos” en el campo de la salud. Indicó que “Colombia ha venido experimentando distintos modelos en el tema de atención y garantía de la salud de los colombianos, pero esto muestra que todavía hay un largo camino por recorrer y que el país tiene que priorizar el proteger la vida de la población, sobre todo la más vulnerable”.El obispo subrayó que el sistema debe garantizar cobertura efectiva, especialmente en territorios donde ni siquiera existen servicios básicos, y llamó a priorizar la protección de la vida.“Hay que seguir trabajando para encontrar los mejores caminos para asegurar que el sistema de salud tenga cobertura para toda la población colombiana, que llegue a territorios donde no existen accesos a los servicios, ni siquiera a los básicos, donde se requiere una presencia mucho más sólida”, concluyó.
La muerte de Cecilia Quintero en Cúcuta volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud en Norte de Santander. La mujer falleció mientras esperaba medicamentos para su hijo con discapacidad, un caso que sindicatos del sector califican como reflejo de un modelo que atraviesa una profunda crisis financiera y, según denuncian, un proceso de “deshumanización”.En entrevista con MañanasBlu10:30AM, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander, Aristides Hernández, responsabilizó al Gobierno Nacional por la gestión de las EPS intervenidas, especialmente de la Nueva EPS, y cuestionó los constantes cambios en su dirección."El gobierno nacional ha cambiado 5 veces la interventoría en menos de 2 años... estratégicamente cambian el interventor porque cuando nos sentamos a hacer las conciliaciones y concertaciones, y cuando llegamos a la nueva mesa para mirar el desarrollo, lo que vemos que no se ha cumplido en nada", afirmó.Según el dirigente, cada relevo en la interventoría implica retrocesos en los acuerdos de pago con hospitales y clínicas, lo que mantiene en asfixia financiera a la red prestadora.Aunque desde la intervención se asegura que se realizan giros directos de entre el 80 % y 90 % a hospitales y farmacias, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz —principal centro asistencial del departamento— aseguran que esos recursos no se reflejan en la práctica. Hernández, quien participa en la mesa de control de gastos del hospital, sostiene que las deudas siguen creciendo.El sindicato advierte que el caso de Cecilia Quintero no sería aislado. Hernández habló de un patrón de desatención que estaría generando consecuencias fatales."Nosotros ya decimos a los medios de comunicación que muera una persona por desatención ya no es noticia, porque todos los días, todos los días podemos llevar en este momento más de 5.000 personas que han fallecido por la desatención", expresó.Además del impacto en los pacientes, la crisis golpea directamente al personal médico. En varias IPS del departamento se reportan salarios adeudados desde octubre del año pasado y pagos parciales que no permiten estabilidad económica. Esto ha provocado renuncias y despidos, debilitando aún más la capacidad de atención.Frente a las declaraciones del Ministerio de Salud sobre llevar a las EPS a “cuidados intensivos”, Hernández respondió: "Los que estamos en cuidados intensivos somos los colombianos".
A través de la circular externa 003 de 2026, el Ministerio de Salud ordenó a las EPS intervenidas o las que están bajo una vigilancia especial priorizar a los hospitales públicos en la postulación mensual del mecanismo de giro directo.Estas entidades, al momento de presentar ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, su plan para el giro directo mensual, deberán garantizar que la red pública hospitalaria tenga prioridad en la asignación de recursos. El no cumplir la instrucción puede llevar a sanciones.“En caso de detectarse incumplimiento, la ADRES, en cumplimiento de las funciones de control y seguimiento para el giro directo establecidas en el Decreto 489 de 2025, devolverá la postulación correspondiente y requerirá a las EPS intervenidas para efectos de que la reformulen en un plazo no superior a tres días hábiles”, dice la circular.El argumento detrás de la circular es la de garantizar el derecho a la salud y responder a las advertencias de la Corte Constitucional que ha insistido en que no basta con expedir normas, sino que debe velar por un flujo real y oportuno de recursos para una prestación efectiva y continúa de los servicios de salud, algo que no se está cumpliendo con las altas deudas y el desbalance, dice el ministerio, en la entrega de recursos.Pero también, esta circular retoma observaciones recientes de la Contraloría General de la República y decisiones judiciales que han señalado que el mecanismo de giro directo no ha logrado corregir de manera suficiente los problemas de liquidez del sistema y que ha beneficiado en mayor proporción a prestadores privados, mientras la red pública hospitalaria continúa enfrentando altos niveles de deuda y dificultades financieras.El Ministerio insiste en que busca incrementar la liquidez inmediata de los hospitales públicos, especialmente de las Empresas Sociales del Estado, que cumplen una función estratégica en la atención de poblaciones vulnerables y en territorios donde la oferta privada es limitada y al tratarse de EPS intervenidas, el Estado cuenta con un mayor margen de dirección y control de los recursos.
La Nueva EPS respondió a la Procuraduría General de la Nación sobre el caso del menor Kevin Arley Acosta, pero solo atendió parcialmente el requerimiento del ente de control.En el documento enviado el 20 de febrero de 2026, el agente interventor, Óscar Gálvez, indicó que la entidad dio respuesta a los puntos cuatro, cinco y seis del oficio radicado bajo el número E-2025-516920. Frente a los puntos uno y dos, señaló que la información solicitada se encuentra en proceso de consolidación y será remitida dentro del plazo establecido.En su respuesta, la EPS explicó que el caso continúa en análisis por parte de los distintos intervinientes. Detalló que el menor, de siete años, ingresó inicialmente a un centro asistencial en Pitalito tras sufrir un trauma craneoencefálico y que, debido a la complejidad del diagnóstico y a la falta de disponibilidad de servicios especializados, se inició el trámite de remisión a una institución de mayor nivel.Según la entidad, la gestión de traslado tomó 12 horas, tiempo que afirma estuvo relacionado con la necesidad de estabilizar al paciente y con la verificación de disponibilidad en centros de mayor complejidad. Finalmente, el menor fue trasladado a la Fundación Hospital de la Misericordia, en Bogotá.La EPS también informó que durante el traslado el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y que, al ingresar a la institución en la capital, registró un segundo evento similar. El fallecimiento se produjo el 13 de febrero.En el oficio, la entidad reiteró que el proceso de remisión se realizó bajo los lineamientos del sistema de referencia y contrarreferencia y aseguró que no se identifican fallas atribuibles a omisiones en la gestión. Entretanto, la Procuraduría permanece a la espera de la información correspondiente a los puntos que aún no han sido respondidos.
El 39 % de los niños con cáncer en Colombia ha tenido dificultades para acceder a sus medicamentos. El dato surge de una encuesta aplicada el año pasado a 244 padres por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil y encendió las alertas sobre el impacto de la crisis del sistema de salud en esta población.En entrevista con Blu Radio, Yolima Méndez, integrante del comité directivo del Observatorio, explicó que el acceso a medicamentos es la principal barrera reportada por las familias. “Nos llamó la atención que el principal problema, al igual que en otras patologías, está siendo el acceso a medicamentos”, señaló.Además del suministro de fármacos, los encuestados reportaron demoras en citas con especialistas y en autorizaciones. Sin embargo, el retraso en la entrega de medicamentos como mercaptopurina y metotrexato, usados en tratamientos ambulatorios y de mantenimiento, concentra la mayor preocupación, pues son claves para sostener la respuesta alcanzada en fases previas de la quimioterapia.Méndez recordó que el cáncer infantil es considerado una urgencia médica por su rápida progresión. Las demoras, afirmó, exponen a los menores a recaídas y aumentan el riesgo de mortalidad. “Los niños con cáncer tienen altas probabilidades de sobrevivir siempre que puedan recibir de manera oportuna, integral e integrada su tratamiento”, indicó.Según el Observatorio, ya se han conocido casos de recaídas asociadas a interrupciones en tratamientos. En enfermedades como la leucemia aguda, la más frecuente en la población pediátrica, la primera línea terapéutica es determinante. Cuando el menor recae, los procedimientos son más complejos, más costosos y con menores probabilidades de éxito.El estudio también evidenció un aumento en el gasto de bolsillo. El 29 % de las familias reportó mayores costos en el último año, con un promedio superior a 700.000 pesos y casos que alcanzan hasta cinco millones de pesos. Más del 70 % de los hogares encuestados pertenece a estratos 1 y 2.De acuerdo con Méndez, aunque en años anteriores se percibía una mayor protección para los niños, el deterioro se ha hecho más evidente en el último año. Por ello, hicieron un llamado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que vigilen la garantía del derecho a la salud y la vida de los menores.El Observatorio también advirtió sobre un listado de 56 fármacos que no cuentan con indicación del Invima para uso pediátrico. De estos, 24 figuran en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud para cáncer infantil. Aunque han sido utilizados durante décadas y cuentan con respaldo científico y de asociaciones médicas, padres de familia han tenido que acudir a acciones de tutela para acceder a ellos.El organismo prevé que, de mantenerse las barreras, en uno o dos años podrían verse más recaídas y un aumento en la mortalidad, lo que representaría un retroceso en los avances logrados en supervivencia infantil frente al cáncer.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, prendió las alertas por la situación financiera de la red pública hospitalaria del departamento: las deudas acumuladas de las EPS con las E.S.E. ascienden a $304.264 millones, según el último reporte disponible, con corte a septiembre de 2025.Del total, $154.870 millones corresponden a cartera con más de 360 días de mora, es decir, obligaciones vencidas por más de un año. Los $149.394 millones restantes están por debajo de ese rango de tiempo.En su pronunciamiento, la mandataria advirtió que la falta de pago está golpeando la operación diaria de los hospitales y que, pese a los esfuerzos administrativos, la prestación de los servicios se está viendo comprometida por el desbalance de caja.“Estamos hablando de más de $304 mil millones que hoy las EPS retienen, lo que está llevando a que el sistema de salud pueda colapsar. Se hace necesario el flujo de caja y que se respete lo conciliado”, señaló Guerra. Añadió que esos recursos deberían respaldar la compra de medicamentos e insumos, el pago oportuno al talento humano en salud y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.La situación, dijo, ya fue expuesta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien le pidió medidas urgentes de inspección, vigilancia y control frente a las EPS morosas y mecanismos efectivos que garanticen el flujo de recursos hacia la red pública.Las EPS con mayor cartera reportadaDe acuerdo con el listado entregado por la Gobernación, las entidades con mayor deuda acumulada son:Coosalud EPS S.A.: $125.913 millonesNueva EPS S.A.: $60.523 millonesComparta (Cooperativa de Salud Comunitaria): $21.575 millonesAsociación Mutual SER: $19.817 millonesSalud Vida EPS S.A.: $18.241 millonesLa Gobernación del Magdalena advirtió que mantendrá acciones administrativas y legales para proteger la estabilidad financiera de los hospitales y la atención a los usuarios. En el mismo comunicado insistió en que los recursos del sistema deben llegar “a donde pertenecen: a la comunidad magdalenense”.
Las fallas en la detección oportuna, los trámites administrativos y la falta de disponibilidad de algunos medicamentos están incidiendo en la atención de menores con cáncer en el país. Así lo expone el "Manifiesto por la vida y la dignidad de los niños y niñas con cáncer en Colombia", presentado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), junto con entidades médicas y del sector salud.El documento señala que en Colombia se registran cerca de 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año y que 784 menores fallecen por esta causa. Aunque seis de cada diez niños y niñas logran sobrevivir, las organizaciones advierten que, dependiendo del tipo de cáncer, la probabilidad de curación puede aumentar si se garantiza diagnóstico temprano y continuidad en el tratamiento.El manifiesto expone que persisten demoras en el primer nivel de atención para sospechar la enfermedad, así como en la remisión a especialistas y en la realización de exámenes diagnósticos. También menciona fragmentación en la prestación de servicios, traslados entre ciudades y cambios de institución que generan interrupciones en las terapias.Uno de los puntos señalados es el acceso a medicamentos. El texto indica que existe un listado de 56 fármacos sin indicación aprobada por el Invima para uso en niños, de los cuales 24 están incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Según el documento, la falta de disponibilidad o las demoras en la entrega pueden afectar la continuidad de los tratamientos.El manifiesto también hace referencia a diferencias territoriales en los indicadores de mortalidad, con mayores tasas en regiones como Amazonas y Orinoquía. Las organizaciones plantean que estas brechas están asociadas a barreras en el acceso y a condiciones del sistema de salud.En el apartado de compromisos, los firmantes anuncian que impulsarán la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con metas verificables y seguimiento público, en articulación con el Ministerio de Salud y el Invima, para revisar la situación de los medicamentos y proponer soluciones que permitan reducir las barreras identificadas.
La propuesta de eliminar el triage en los servicios de urgencias, planteada por la presidenta de la Asociación de Educadores de Bogotá (ADE), Nelly Daza, desató una ola de críticas por parte de médicos y colegios médicos en Colombia, pues argumentó que el triage actúa como “una barrera para la atención”; una nueva polémica en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud del país.Una de las voces que se pronunció y rechazó estas afirmaciones fue la médica emergencióloga Juliana Granada, quien aseguró que no es una barrera. Según mencionó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, no es un mecanismo utilizado para negar la atención a los pacientes, sino un proceso de clasificación que permite determinar qué pacientes necesitan ser asistidos de manera más rápida y en qué tiempo, según la normatividad en Colombia.“Nosotros, desde la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, creemos que es una declaración desafortunada porque se la están dando a la opinión pública sin tener el conocimiento del tema con un profundo desconocimiento de qué es el triage, para qué se hace cuando y dónde se inventó y cuál es la finalidad. El triage no es un mecanismo de barrera, no es un mecanismo utilizado para no atender a un paciente. El triage es un proceso de clasificación en el cual podemos definir qué paciente necesita más rápidamente ser atendido y en qué tiempo, pero en ningún momento es una barrera de atención a los pacientes”, aseveró.Cabe recordar que el sistema del triage no es exclusivo en el país, por el contrario, se aplica en hospitales de todo el mundo. La clasificación se realiza con base en los signos vitales y el motivo de consulta del paciente. Se asigna una clasificación que va desde el triage uno hasta el cinco. La doctora Granada recalcó que el triage no es una consulta médica, sino que ayuda a priorizar la atención de las personas.En relación al tiempo de atención, cada institución determina cuánto tiempo se debe esperar según la clasificación del paciente, añadió. Por ejemplo, en algunas instituciones, los pacientes con triage tres son atendidos en 70 minutos, mientras que en otras pueden esperar hasta 90 minutos. Sin embargo, Granada aclaró que en ningún momento se devuelve a un paciente a casa en función de su triage.En ese sentido, reconoció que en Colombia se abusa un poco de las emergencias debido a la falta de citas y asignaciones ambulatorias. Las personas acuden a urgencias porque es el único lugar donde pueden recibir atención, incluso, para problemas que podrían ser atendidos en una cita prioritaria. Por eso, resaltó la importancia de priorizar la atención de pacientes con verdaderas urgencias, como infartos, por sobre aquellos con síntomas leves.
El Ministerio de Hacienda y altos funcionarios del Gobierno ya tenían algunas dudas sobre la sostenibilidad financiera de la atención en salud de los maestros mucho antes de que el Gobierno cambiara el modelo de atención y ordenara atención sin autorización previa, según las actas del Confis.En febrero se aprobó el pago de 250.000 millones de pesos de obligaciones del Fomag (el fondo al que van a dar los aportes en salud de los maestros). El pago se hizo con deuda, es decir con bonos del Gobierno y se decidió en medio de una reunión compleja en la que se habló de un gran recorte de gastos para el Gobierno."El Confis recomienda que la Dirección de Regulación para la Seguridad Social realice un análisis de sostenibilidad para el Fomag, dadas las solicitudes de recursos que profundizan el déficit del Gobierno nacional Central", señala el acta del 1 de febrero.El Confis es una instancia de decisiones internas del Gobierno en donde participan el Ministerio de Hacienda, pero también funcionarios de Planeación Nacional y de la Dian.La advertencia se dio exactamente tres meses antes de que el presidente Gustavo Petro y su equipo iniciaran el despliegue de un nuevo sistema en el que desapareció la intermediación financiera de 'operadores' y se dio paso a la contratación directa con clínicas y hospitales.El cambio terminó en medio de filas y reclamos, al punto que el 17 de mayo el Gobierno ordenó atender a cualquier maestro sin autorizaciones. Un hecho que podría disparar el gasto de recursos en el Fomag.A pesar de esa orden, los problemas continuaron al igual que las protestas y el escándalo le costó su salida del Gobierno a Mauricio Marín, director de Fiduprevisora que es la entidad encargada de administrar la plata del Fomag.
Este jueves 30 de mayo, se conoció que John Mauricio Marín se va de la presidencia de Fiduprevisora. La renuncia fue aprobada por la junta directiva de la entidad en común acuerdo y su salida se da en medio de la polémica por el cambio en el modelo de atención en salud para los profesores del país.En las últimas horas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que quien llegue debe trabajar de la mano con los maestros para implementar de manera efectiva el modelo.“¿A quién le corresponde ponerlo en la práctica? Le corresponde fundamentalmente a la Fiduprevisora, entonces sea quien sea, esté quien esté, le corresponde hacerlo. Lo que yo siempre he insistido es que tiene que ir de la mano de los maestros, son los maestros a quienes se les debe llamar, trabajar de la mano con ellos y hacer claramente todo lo que fue diseñado y fue propuesto”, aseguró Jaramillo.El pasado 21 de mayo, en la comisión sexta del Senado, el ministro de Salud sostuvo que el proyecto del Gobierno era muy diferente a lo que se estaba implementando y culpó directamente a Marín del fracaso; varios profesores denunciaron falta de atención, demoras en medicamentos y cero comunicación en los números telefónicos que se dieron para quejas, solicitudes o reclamos.
Debido a las denuncias que han realizado diferentes afiliados de la EPS Sanitas en las que aseguran que los han contactado telefónicamente para trasladarlos a otras Entidades Promotores de Salud, desde la Superintendencia de Salud explican que la intervención que rige sobre la EPS, no restringe la capacidad de afiliación de nuevos afiliados y tampoco implica el retiro de los servicios en los departamentos donde actualmente hacen presencia.En un comunicado aclaran que no se encuentran en ningún proceso de asignación o promoción de traslados obligatorios de usuarios a otras entidades, y por eso no han autorizado a personas externas a la compañía para adelantar procesos de traslados de afiliados a otras administradoras ni cobrando dinero por ningún tipo de trámite.Agregan que están enfocados en la implementación de las acciones necesarias para dar continuidad a la operación de la EPS, Y que la intervención no compromete los servicios que vienen prestando.“Los usuarios que actualmente se encuentren realizando el proceso de afiliación a la EPS pueden hacerlo sin ninguna restricción. Vale la pena precisar que la medida de intervención no restringe el trámite de afiliación ni la adquisición del plan premium que continúa ofertándose con normalidad”, indicó el agente especial interventor, Duver Vargas Rojas.Finalmente, pide a sus afiliados que, en el caso de presentar inquietudes, podrán resolverlas a través de los canales oficiales y reiteran su compromiso permanente con la salud de los usuarios.
Sigue el malestar por parte del magisterio por cuenta de los cambios en el sistema de salud de los maestros por parte de la Fiduprevisora. En diálogo con Mañanas Blu, Neli Daza, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Educación, habló sobre las exigencias para que se cumpla con las funciones determinadas por ley. Daza mencionó que antes tenían muchas dificultades con las EPS que ejercían como intermediarias y subcontrataban a entidades que prestaban el servicio. Sin embargo, la implementación del nuevo modelo también ha presentado problemas. Ante los cuestionamientos sobre las decisiones del Gobierno, destacó que apoyan las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que su crítica no está dirigida al Gobierno nacional, sino al incumplimiento de funciones por parte de funcionarios específicos. Sobre el presidente Gustavo Petro en esta crisis de salud de los maestros, la presidenta enfatizó que están exigiendo la implementación del nuevo modelo de salud y que adquiera un enfoque más inclusivo, eliminando las barreras de acceso y la burocracia en el proceso de atención médica. Escuche aquí la entrevista:
Este jueves se conoció que John Mauricio Marín se va de la presidencia de Fiduprevisora. La renuncia fue aprobada por la misma junta directiva de la entidad en común acuerdo y su salida se da en medio de la crisis por el cambio de modelo de atención en salud para los profesores del país. Esto, luego de que hace una semana en el Congreso de la República se delegó toda la responsabilidad del caos actual en el sistema a la Fiduprevisora.Ahí, se habló de la posibilidad de que Marín estuviera a punto de salir de su cargo. Cabe recordar que el día después de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hiciera esas polémicas declaraciones sobre la Fiduprevisora y su manejo de la situación, se conocieron unos audios de una de las reuniones en los que reconoció que el plan que tenía el presidente Gustavo Petro en la transformación del modelo no se podía ejecutar tal cual, pero que luego lo resolverían en las auditorias.Justamente, en la grabación también se escuchó a John Mauricio Marín responder que, por eso mismo, la entidad había advertido al jefe de Estado antes del 1 de mayo, cuando inició el cambio para la atención de los maestros, que necesitaban más tiempo para hacer una correcta transición, a lo que Petro se habría negado.Polémica por las grabaciones y el desacuerdo con el presidente PetroEl pasado 21 de mayo, en la Comisión Sexta del Senado, el ministro de Salud sostuvo que el proyecto del Gobierno era muy diferente a lo que se estaba implementando y culpó directamente a Marín del fracaso; varios profesores denunciaron falta de atención, demoras en medicamentos y cero comunicación en los números telefónicos que se dieron para quejas, solicitudes o reclamos.“Esto no fue lo que Salud prometió, esto no fue lo que nosotros les vendimos a los maestros. Esto no fue lo que ellos aceptaron. Entonces, ¿la participación dónde está? A los maestros no se les escucha. Yo sí he encontrado que desafortunadamente este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros, porque lo estudiamos porque tuvimos 45 consultores estructuradores y conformamos este modelo e hicimos tres revisiones muy concienzudas y claras, además una proyección para poner este modelo en funcionamiento, esto no se ha cumplido en la práctica”, dijo Jaramillo en ese momento.El ministro Jaramillo señaló a la Fiduprevisora de estaba teniendo “oídos sordos” sobre los reclamos de los docentes. Agregó que la entidad no está proporcionando información veraz sobre este proceso de transición.A esto Jhon Mauricio Marín, respondió y hasta habló de “pánico económico”.“Hay absolutamente cualquier cantidad de audios, videos, comunicados, que están desorientando los maestros los maestros, además que nos hacen un daño impresionante a los equipos de trabajo, pero también a las entidades. En el caso de la Fiduprevisora cualquier daño que se le haga, puede estar recurriendo en un delito de pánico económico”, concluyó.